CIDH expresa preocupación por la modificación constitucional que permite criminalizar a defensores/as de derechos humanos en el Perú.

Buenos Aires, 25 de mayo de 2017.- FEDEPAZ participó a la audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Derecho a la verdad, justicia y reparación en el Perú”. El evento transcurrió de 9 a 10 a.m. en el Salón A del Sheraton Hotel de Buenos Aires (Argentina), en el marco de su 162º Período Extraordinario de Sesiones.

El Estado Peruano estuvo representado, entre otros, por el ProcuradorPúblico Adjunto Supranacional, Iván Bazán Chacón. La delegación de la sociedad civil estuvo integrada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Instituto de Defensa Legal (IDL) y Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ).

El representante y director de FEDEPAZ, David Velazco Rondón, denunció que se está generando una situación de impunidad sobre gran parte de las investigaciones y proceso judiciales, sobre casos suscitados durante el conflicto armado interno que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000.

Igualmente, precisó que esta situación de impunidad se está trasladando, como un mismo patrón, a los procesos penales generados alrededor de la problemática de los conflictos socioambientales, expresada en la criminalización de la protesta social en Perú.

En cuanto al tema de la criminalización de la protesta social se trató cuestiones fundamentales como la instrumentalización del derecho constitucional y del derecho penal, para perseguir a los dirigentes de las protestas que defienden sus derechos fundamentales, ampliándose por parte del Estado, supuestos de detención preliminar policial de 1 día a 15 días y la inexistencia de justicia y reparaciones para las víctimas de la criminalización de la protesta social.

Velazco inició su intervención explicando que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, deniega injustificadamente la información sobre la identidad de los efectivos militares investigados por graves violaciones a los derechos humanos, lo cual supone la dilación innecesaria de las investigaciones fiscales o judiciales. Asimismo, indicó que el Estado Peruano ha gastado más de 150 mil dólares en la defensa legal privada de presuntos perpetradores de violaciones de derechos humanos, tanto en el contexto del conflicto armado interno como en el de la actual protesta social.

Mientras tanto, las víctimas se encontraban en total desamparo en cuanto a la defensa legal. Sólo desde el 2014 se nombraron tres abogados de la defensa pública para los casos de víctimas en Ayacucho, Apurímac y Huánuco. Sin embargo, desde septiembre de 2016, dicha defensa ha reducido su atención por no recibir los recursos necesarios.

En cuanto a los conflictos sociales de hoy, el representante de FEDEPAZ expresó su gran preocupación porque mediante la modificación del artículo 2º inciso 24 apartado f de la Constitución Política del Perú, se ha incorporado el supuesto de organización criminal a los casos en que la policía puede disponer prisión preliminar de hasta por 15 días.

Esto resulta una grave amenaza para los defensores de derechos humanos y todos los que participan en la defensa de sus derechos fundamentales, ejerciendo su legítimo derecho a la protesta social, porque se les denuncia e investiga por asociación ilícita para delinquir (una modalidad de la organización criminal); y como tal son susceptibles de ser detenidos hasta por 15 días, sin cargos concretos y sin intervención del fiscal ni del juez.

Al respecto, los integrantes de la CIDH expresaron su preocupación por la situación de la modificación constitucional que expone a los defensores de derechos humanos a la criminalización y a la detención sin cargos concretos hasta por 15 días; porque son las propias víctimas las que solicitan la defensa legal estatal y no es el Estado quien se la ofrece; y por la falta de perspectiva de género en el Ministerio Público y Poder Judicial cuando se investiga y procesa a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, solicitaron al Estado peruano y a la delegación de la sociedad civil, conformada por FEDEPAZ, CNDDHH, IDL, APRODEH y DEMUS, a seguir informando a la CIDH sobre la evolución de la problemática expuesta.

Con el ruego de su difusión.

Lima, 25 de mayo de 2017.

Fuente:http://fedepaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=315:cidh-fedepaz-peru-reparacion-justicia-criminalizacion&catid=29&Itemid=146

El dieciséis de enero del 2011, campesinos de las comunidades campesinas de Huallacancha, Tarushcancha y Ninacocha, en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, en Áncash, hartos de los abusos y de las promesas incumplidas por parte de la empresa minera Antamina, que explota uno de los yacimientos de cobre más grande del mundo, decidieron bloquear la carretera de Conococha para impedir que sigan pasando los camiones de la empresa.

“Antes de enero del 2011, nosotros tuvimos una reunión en el distrito de San Marcos. Y Antamina no nos quiso recibir, porque éramos más de treinta comuneros y no tenían espacio. A raíz de eso, fuimos a nuestra zona para poder pararnos y decir que acá no pasan sus carros, era la única forma de que ellos nos escuchen. Llegaron Diroes, un montón de policías. No hubo enfrentamiento, simplemente nosotros éramos cantidad, seiscientas personas. Ahí le planteamos, yo fui el secretario en ese entonces y plasmamos en el acta que no nos vamos mientras no venga un representante de alto cargo. El señor Obando y la señorita Lesly llegaron ahí a la comunidad y nosotros les manifestamos si ellos podían hacer acta de compromiso con la comunidad y ellos nos dijeron que no. Pedimos la presencia de alguien que pudiera decidir. Les dijimos que, ustedes van a estar acá, nadie les ha faltado el respeto, nadie les ha pegado, normal han estado ahí. Al día siguiente llegó Pablo De la Flor, de la mina, hicimos el acta, los compromisos. Esta persecución, este secuestro, no sé de dónde lo sacan, es indignante. A los tres días, llegamos a enterarnos que los habían denunciado. La sentencia salió en el 2012. Estuvimos apelando. Mi papá ya está como tres semanas adentro. Él estaba en Huaraz, le han hecho seguimiento y lo han capturado en la calle. A mi tío le llegó la orden a su casa y el abogado de oficio nos comunicó de su orden de captura. Él ha tenido que esconderse porque también tiene niños que mantener” relata Alejandro Vargas Cadillo, campesino de Huallacancha.

El cinco de abril último, mientras se cumplían veinticinco años del autogolpe de Fujimori, el mismo gobierno que privatizó Centromín y llevó a Antamina a la vida de los comuneros de San Marcos, la Sala Mixta Descentralizada de Huari sentenció a veinticuatro años de cárcel a los comuneros Narciso Espinoza Amado y Melitón Cadillo Arce, por los delitos de secuestro y entorpecimiento del transporte público. Narciso ya está en el penal de Huari. Melitón, nadie lo sabe.

Según consta en la misma sentencia, aquel día del bloqueo, se apersonó Lesly Chojeda, representante de la minera, acompañada de Mario Obando, trabajador de seguridad, además de un contingente policial. Se quedaron a dormir con los campesinos hasta la mañana siguiente, cuando llegó Pablo De La Flor. En el testimonio de ella figura que si bien las señoras de la comunidad le dijeron que no se iba a ir de ahí mientras no llegue el otro representante, siempre estuvo en compañía de los uniformados y que nunca fue maltratada, así como que se pudo retirar por la mañana por decisión propia. Por otro lado, Mario Obando testificó que, si aunque tuvo algunos intercambios verbales con los comuneros, decidió quedarse porque era su deber velar por la seguridad de Lesly. Sin embargo, en el mismo documento se concluye que sí se cometió delito de secuestro en perjuicio solamente de ella.

Un tercer testimonio aparece, otro encargado de seguridad, Miguel Sandoval, que dice que Lesly fue arrinconada por las mujeres cuando quiso subirse al bus de la compañía. La sentencia alude al informe policial del comandante a cargo, que se limitó a corroborar que los imputados sí bloquearon la carretera sin mencionar el secuestro.

Todo un confuso incidente. Lesly ya no trabaja para Antamina, a la actualidad. Quien tampoco trabaja para la minera es Pablo De La Flor, en aquel entonces gerente de relaciones comunitarias de esa empresa, y hace unas pocas semanas, nombrado por el presidente Kuczynski como director de la Autoridad para la Reconstrucción, luego de los huaicos que han azotado el país. Al segundo día del bloqueo, De La Flor llegó al lugar y firmó un Acta de Compromiso con Melitón y Narciso, presidentes de las comunidades de Huallacancha y Tarushcancha, respectivamente. En el papel, hecho mano, se acordó la construcción de puentes, la remediación de la contaminación medioambiental y preservación de la biodiversidad, indemnizaciones por los daños, becas estudiantiles para los jóvenes hijos de los campesinos, transporte público, cuotas de puestos laborales en la empresa, antenas telefónicas y una serie de beneficios más para los campesinos. A la fecha, los comuneros siguen esperando que se cumplan.

Lo que sí ha pasado desde ese entonces es que matones merodean las comunidades, ubicadas en las alturas donde difícilmente llega la Policía. En noviembre del 2014, Rubén Romero, otro líder campesino, caminaba hacia su casa cuando alrededor de las ocho de la noche, un grupo de desconocidos lo atacaron con palos y piedras, dejándolo inconsciente. Ahora, le falta un ojo, producto de la golpiza. Afirma que fueron enviados por la minera.

Justicia postergada

“La mina entró al lugar abriendo carreteras sin permiso. Después nosotros reclamamos, hicimos convenios. Pero nunca han cumplido, han pasado quince años, nos prometieron hacer proyectos de apoyo social. Nos ha contaminado el ambiente, nos afecta kilómetros de espacios, por los mineroductos, las carreteras. Los convenios prometían independizarnos de la zona afectada, de la contaminación. Camiones todos los días transportan combustible, entonces se derrama aceite, petróleo, eso contamina. Prometieron que iba a mejorar, a cuidar los derrames Se ha contaminado el agua, se mueren los animales” cuenta Jaime Cadillo, también campesino y ganadero.

“Nosotros hemos denunciado hace mucho tiempo el tema del mineroducto, porque ya cumplió hace tiempo su vida útil y no olvidemos que hace tres años reventó. Se dijo que el Estado estaba haciendo una sanción administrativa, pero no se ha hecho efectivo. Nos preocupa que este proyecto tan grande viene contaminando las aguas que sirven para consumo humano. Pero la OEFA ahora no tiene ese carácter sancionador. Con esta Ley 30230, entonces está pasando desapercibida. Hay muchos conflictos sociales con comunidades campesinas que están alrededor de la mina, tanto por incumplimiento de responsabilidad social como por contaminación ambiental” enfatiza Carlos Milla, presidente de la Federación Agraria

Departamental de Áncash.

El caso de Melitón y Narciso ahora será revisado por la Corte Suprema. Víctor Álvarez, el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que está llevando la defensa de ambos, indica que es imposible que se perpetre un secuestro por parte de los campesinos si la Policía en todo momento estuvo presente.

Carlos Milla continúa despotricando contra la administración de justicia en su región: “En Áncash tenemos conflictos sobre derrame de minerales, contaminación de agua, sobre derrame de petróleo, sobre procesamientos de minerales. Sin embargo los fiscales de Huari nunca han formalizado una investigación. En el caso de una cantera que es para extraer agregados, ahí si la Fiscalía hizo una investigación preparatoria porque había pasado los límites máximos permisibles. Yo no sé cómo el polvo de estos materiales puede pasar los límites permisibles frente a un material tóxico. La Fiscalía de Huari nunca ha formalizado una denuncia, peor aún va a haber una sentencia o un juicio. El doctor Fernando González Huamán, que fue fiscal provincial de Huari, me dijo una vez, sigue denunciando, que seguiré archivando”.

Fuente: http://la-plaza.net/laplaza/campesinos-san-marcos-luchan-minera-antamina-perseguidos/

El paro indefinido contra la expansión minera en la provincia de Hualgayoc continúa desde el pasado 25 de mayo. Los organizadores de la paralización anuncian que irán hasta que el Gobierno central llegue a la zona y se comprometa a detener la voracidad destructiva de la minera Tantahuatay, en la cabecera de cuenca. El presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Hualgayoc, Elías Gálvez, indicó que la resistencia campesina sin bloqueo de carreteras está dando resultados y gente organizada está vigilando la laguna Aurora, ubicada cerca al proyecto minero Tantahuatay. Precisó que los pobladores permanecen día y noche en la zona y han acordado no moverse del lugar hasta que la mina se retire y el Gobierno nacional llegue a la zona.

Fuente: La República