Hasta finales de los 90, el litio ocupaba un lugar periférico en el imaginario industrial que esencialmente se vinculaba con el sector nuclear de los Estados Unidos. Es que, hasta ese momento, y durante décadas, el Gobierno norteamericano compró grandes cantidades del mineral -identificado en la nomenclatura química con el símbolo Li y el número atómico tres- para resguardar la operatoria técnica de sus centrales nucleoeléctricas.
El Departamento de Estado lo consideraba un mineral estratégico, por lo que acopiaba un poderoso inventario de hidróxido de litio en depósitos militares. La otra línea histórica de la demanda provino del segmento de cerámicas y vidrios, que todavía lo consume como fundente reforzado en sus variables de disilicato y ortofosfato.
Para ese entonces, los smartphones eran todavía una ensoñación de las compañías de tecnología, y los vehículos híbridos y eléctricos no estaban presentes en la agenda prioritaria de las terminales automotrices. Cuando, en 1998, la administración de los Estados Unidos decide degradar la categoría del mineral y no considerarlo más como insumo estratégico, su precio se desplomó, lo que obligó a cerrar varios proyectos extractivos a nivel global.
Casi 20 años después, su realidad es completamente distinta. El litio, el mineral más liviano del planeta, vive hoy una especie de boom con precios que se elevaron casi un 50% en los últimos tres años. El valor de la tonelada de carbonato, el derivado que se utiliza para fabricar baterías de iones de litio para equipos electrónicos, autos eléctricos y fuentes de almacenaje de redes inteligentes de energía (o smart grids), registró el año pasado picos cercanos a los u$s 18.000, el triple que en 2014, cuando promedió los u$s 5.050. En 2016, el valor medio fue de u$s 7.450.
En ese contexto, la Argentina juega un rol protagónico en la película que promete la llegada de una fiebre por el litio. La razón puede cuantificarse: un 17% de las reservas certificadas del mineral se encuentran en el territorio nacional, fundamentalmente en provincias del NOA como Salta, Jujuy y Catamarca. El triángulo del litio se conforma con Bolivia y Chile, que cuentan con un 30% y 21% de los depósitos comprobados, respectivamente.
Sobre la base de ese guiño de la geología, la actualidad conjuga elementos sólidos que dan cuenta de un escenario de crecimiento de la minería de litio en el país.
Desembarco
Los tres mayores productores a nivel global están presentes en el país. La norteamericana Albermarle, primera en el ránking, está explorando el Salar de Antofalla, en Catamarca, donde se radicó en septiembre de 2016. La chilena SQM, segunda en esa nómina, también se radicó el año pasado en la Argentina en salares de Jujuy. Y el tercero, FMC, el único de esa tríada que cuenta con una producción a escala comercial, está presente en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) e inició la explotación de carbonato de litio grado batería en 1997.
La firma norteamericana -que en el país actúa bajo la subsidiaria Minera del Altiplano- produjo, en 2016, más de 17.000 toneladas del mineral, suficientes para cubrir un 10% de la demanda global del producto, según se desprende de un extenso informe sobre el mercado de litio presentado, en mayo, por la Secretaría de Desarrollo Minero, que depende del Ministerio de Energía y Minería.
«El principal motor del mercado global del litio será el de las aplicaciones de almacenamiento de energía. La tecnología de baterías de iones de litio sigue mejorando y los costos de fabricación de baterías continúan disminuyendo», explica Fernando Ruíz Moreno, gerente financiero de Minera del Altiplano.
El desembarco reciente de grandes players del negocio se complementa con la apertura, en 2015, del segundo proyecto en explotación del país, que estuvo a cargo de Orocobre, un emprendimiento que cuenta con el respaldo de la japonesa Toyota, ubicado en el Salar de Olaroz en Jujuy. «El proyecto Olaroz comenzó a producir en abril de 2015 marcando un hito a nivel mundial al ser el primer proyecto greenfield (desde cero) en salmueras tras casi 20 años», resalta el reporte redactado por la cartera que dirige Juan José Aranguren.
¿Hacia una industrialización?
El vértice de crecimiento es real. «La Argentina ofrece una oportunidad de inversión atractiva debido a sus depósitos de litio de alta calidad y un Gobierno que apoya la producción eficiente en términos de costos», señala, en esa línea, Ruíz Moreno.
Lo complejo es dimensionar el tamaño de la oportunidad. ¿Está la Argentina frente a la chance de convertirse en la nueva Arabia Saudita del litio?, como sostienen los más optimistas. A priori, parece una caracterización excesiva. ¿Cuán viable es el desarrollo en el país de una industria de tecnología para baterías que permita agregar valor a la actividad meramente extractiva? ¿Cuál es el beneficio económico que podría reportarle al país la explotación de litio en los próximos años? ¿Debe el Estado ponerse al frente del desarrollo a partir de la creación de una empresa estatal, como sucedió en una provincia argentina? Son interrogantes que conviene empezar a sopesar.
Daniel Meilán, secretario de Minería de la Nación, recomienda la cautela. «Es cierto que existe un gran interés de inversores internacionales en llegar a la Argentina para explotar proyectos de litio. Como sucede en estos casos, hay empresas idóneas con un plan a largo plazo y otras que arriban con fines especulativos», analiza, en diálogo con este medio.
El riesgo de desplegar una lectura excesivamente optimista -añade- es caer en el maniqueísmo. Fue lo que le pasó, por ejemplo, a Bolivia, que, con el respaldo de contar con las mayores reservas de litio del planeta (buena parte de ellas están emplazadas en el turístico salar de Uyuni), inició un proceso de industrialización del litio en cabeza del Estado que obligó a los inversores interesados a industrializar el litio en territorio boliviano.
La respuesta mayoritaria de las firmas mineras fue dejar en stand by sus iniciativas, y redireccionar sus proyectos hacia Chile y la Argentina. Tampoco le fue bien al gobierno de Michelle Bachelet al declarar al litio como mineral estratégico y colocar su desarrollo bajo la órbita de la estatal Codelco, históricamente a cargo de la explotación de cobre. La administración chilena modificó también el esquema de cuotas de producción que le corresponde a cada minera. La respuesta de los privados frente a esa mayor intervención fue la esperable: para diversificar el riesgo político, Albermarle y SQM pusieron un pie del otro lado de la Cordillera de los Andes y llegaron a la Argentina.
Encontrar la fórmula que compatibilice la llegada de inversiones extranjeras con una mayor incidencia del Estado en el negocio no es sencillo. En Jujuy, por caso, la estrategia de establecer como obligatoria la asociación con la estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) no parece conseguir los resultados esperados. La provincia gobernada por Gerardo Morales cayó en 2016 al último lugar del ránking conformado por el prestigioso Instituto Fraser de Canadá, que mide cuáles son los mejores distritos mineros para invertir a nivel global.
«El hecho de que existe una empresa del Estado no significa algo negativo en sí mismo. Lo que no es bueno es que se establezca como obligatoria su participación en los proyectos de inversión. Si bien no está del todo claro si es o no mandatorio que Jemse tenga un porcentaje accionario, el tema genera ruido entre los inversores», admite Nilo Carrión, de la Cámara Minera de Jujuy.
Escalonamiento
Para Meilán, se debe «buscar un escalonamiento en la incorporación de valor en la cadena del litio». «Primero, debemos lograr la explotación comercial de los recursos que tenemos. Luego, avanzar en un proceso que permita procesar hidróxido de litio, que es más caro que el carbonato o el cloruro. Y tal vez, en un futuro, podamos refinar litio metálico, que posee todavía más valor, o fabricar insumos para las baterías de iones de litio. Pero es un proceso, no tiene sentido establecer ninguna etapa como obligatoria», advierte el funcionario, que ejerce su segundo período al frente de la Secretaría de Minería, tras su paso por el cargo a mediados de los 90.
La fabricación de baterías y artefactos de almacenamiento de energía está en poder de unas diez empresas líderes a nivel mundial, como Panasonic, Samsung SDI, LG Chem y Sony, entre otras, que concentran un 90% de ese negocio. A priori, parece complejo por un tema de costos, ubicación de mercado, logística y desarrollo tecnológico que alguna de ellas decida instalarse en el país. Sí sucede que, en algunos casos, como Toyota y Mitsubishi, están asociadas a firmas productoras de carbonato con proyectos en la Puna.
Con todo, existen algunos emergentes que alimentan la posibilidad de fabricar baterías de litio en el ámbito local. En esa clave, hace diez días el presidente Mauricio Macri, aprovechó la visita de su par de Italia, Sergio Mattarella, para ratificar un convenio entre la firma de tecnología Y-TEC, propiedad de YPF, y el Conicet, con la fabricante de baterías italiana FIB-FAAM y Jemse para montar una planta de celdas de litio en el país. La iniciativa, aún en etapa incipiente y germinal, apunta a traccionar una inversión de u$s 60 millones para inaugurar, en 2018, una planta piloto para procesar 68,6 toneladas anuales de carbonato de litio. La cifra equivale a menos de un día de la producción actual argentina, que el año pasado fue de 30.335 toneladas de carbonato.
Mercado de exportación
Toda la oferta doméstica de litio se coloca en el mercado internacional ante la falta de industrias locales que consuman el producto. Las exportaciones de carbonato facturaron u$s 191,1 millones el año anterior. Por lo que, en el Ministerio de Energía, estiman que las ventas de litio al exterior podrían reportar ingresos por alrededor de u$s 800 millones anuales a partir de la próxima década.
La ampliación global del mercado de litio gira en torno a dos vectores: la penetración de los autos eléctricos y el desarrollo de megabaterías para almacenar la energía generada por fuentes renovables como la eólica y la fotovoltaica, la mayor apuesta de la industria eléctrica, que podría significar una verdadera revolución en el sector. Hoy por hoy, el del litio es negocio más bien pequeño. El año pasado, el consumo global de carbonato de litio ascendió a las 201.000 toneladas. La Argentina cubrió un 16% de ese volumen. En total, la facturación total del mercado en su conjunto no superó los u$s 1800 millones. Es un número modesto si se lo compara con las cifras que mueve el negocio petrolero. Solo YPF, por ejemplo, invertirá este año cerca de u$s 4.000 millones; más del doble de lo que facturó el negocio global del carbonato de litio.
Ahora bien, el gran interrogante es si la expansión de los autos eléctricos e híbridos cumplirá con las proyecciones esperadas. En la actualidad, estos cubren apenas un 3% del parque automotor a nivel mundial. Y, según los cálculos que trazan los productores de litio, ese guarismo podría trepar al 25% para 2025. La decisión de Tesla, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del planeta, de construir una enorme planta en Nevada para fabricar masivamente baterías de iones de litio -denominada Gigafactory- en asociación con Panasonic robustece esa proyección. La planta, que está operativa desde enero pasado, posiciona a los Estados Unidos como competidor en el mercado de baterías, controlado hasta ahora por Japón, Korea y China.
De cumplirse esas coordenadas, el negocio del litio registraría un salto exponencial y hasta podría quintuplicarse. En ese caso, si los precios del carbonato grado batería se mantienen en una franja cercana a los u$s 8.000, el negocio global pasaría a traccionar unos u$s 9.000 millones al año. Con todo, son números mucho más humildes que los que movilizan otras industrias.
De ahí la cautela que pide Meilán, que, sin embargo, permite ilusionarse. «Si bien los países con tecnología tienen la llave del desarrollo, el control de las materias primas jugará un rol clave a futuro. ¿De qué sirve tener la tecnología si uno no puede asegurarse el acceso a la materia prima?», se pregunta. Y concluye: «Esa es la ventaja que debemos aprovechar con relación al litio. Las reservas están acá. Debemos ponerlas en producción».
Foco de la agenda minera
La explotación de las reservas de litio es uno de los ejes de la agenda minera -industria que podría movilizar inversiones por u$s 20.000 millones en los próximos cinco años, según datos de Caem- del Gobierno. Para posicionarse en el frente global, en mayo, el país fue anfitrión de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas.
Es la primera vez en más de 10 años que se realiza este evento que contó con la presencia de funcionarios de los Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Brasil y Bolivia, entre otros, y apunta a consolidar una agenda regional, con foco en la promoción de políticas comunes que impulse el desarrollo del sector.
Regeneración, 16 de mayo de 2017, Huauchinango, Puebla.- La agresión de Almaden Minerals contra pobladores de Ixtacamaxtitlán y miembros del Consejo Tiyat Tlalli que se oponen a sus actividades se inscribe en una campaña de difamación, criminalización, estigmatización y amenazas para “concretar sus acciones de despojo” en la Sierra Norte, consideró la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Tras la votación en Cajamarca en contra de la explotación en La Colosa, el presidente dijo que presentará un proyecto de ley para aclarar el procedimiento de las consultas previas.
La industria extractiva, a través de proyectos mineros, ha logrado concesiones federales para explotar 182 mil 774 hectáreas de territorio poblano en 48 municipios, que representan el 5.3 por ciento de la superficie total del estado, informó la Secretaría de Economía (SE).
“Nuestro movimiento nació en el 2015 para defendernos de la contaminación de nuestros ríos por la minería. Somos miembros de la Rema [Red Mexicana de Afectados por la Minería] y luchamos por la cancelación de las 21 concesiones mineras que existen en nuestros municipios”, denunció una integrante del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) ante Léo Heller, relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
El pasado 7 de mayo se cumplieron 15 años de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que ordenaba reubicar en 48 horas a la comunidad afrodescendiente de Tabaco, que vivía en la Serranía del Perijá, Departamento de la Guajira, hasta que fue desalojada en 2001 por la actividad minera de extracción de Carbocol S.A e Intercor, hoy Cerrejón.
El Fuerte, Sin.- “No hay que sembrar maíz en zonas donde existan residuos generados por una actividad minera”, afirma la doctora María Aurora Armienta Hernández.
(España).-Las Plataformas “No a la mina en la Sierra de Ávila”, “No a la mina en la Sierra de Yemas” y “No a la mina en el Valle del Corneja” convocaban para este sábado una manifestación en la capital abulense contra los proyectos mineros que pretenden ejecutarse en la provincia.