Mexico

Señalan como evasoras fiscales a 12 mineras canadienses

Doce mineras canadienses fueron descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación como presuntas evasoras fiscales; de éstas, cuatro aparecen en la lista de seis mineras que exigen al Sistema de Administración Tributaria el reembolso de 360 millones de dólares

El gobierno canadiense presiona para que el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Osvaldo Santín, reembolse más de 360 millones de dólares en impuestos a mineras de aquel país que operan en México. Por el contrario, de acuerdo con la lista de 59 registros federales de contribuyentes (RFC) que corresponden a presuntas evasoras fiscales, hay 12 filiales de compañías canadienses, de acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los RFC revelados en el  Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2015, corresponden a: Agnico Eagle México, Agnico Sonora, Minas de Oro Nacional, Minera Real del Oro, Mina Bolañitos, Refinadora Plata Guanacevi, Obras Mineras y Tiros del Centro, Minera La Encantada, Minera El Pilón, First Majestic Plata, Compañía Minera Cuzcatlán, Minera Peñasquito, Plata Panamericana, Primero Empresa Minera, Minera Plata Adelante y Minera Meridian Minerales.

Estas son filiales de las canadienses: Agnico-Eagle Mines Limited, Alamos Gold, Argonaut Gold Inc., Endeavor, Engineering, Desing & Construction (EDC), First Majestic Silver Corporación, Fortuna Silver Mines, Goldcorp México, Pan American Silver Corp México, Primero, Southern Silver’s, Yamana Gold Inc.

Del listado de registros, el documento Recaudación y Aplicación de los Derechos Mineros. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-5-06E00-02-0085 indica que corresponden a los “contribuyentes que cuentan con títulos de concesiones mineras que se identificaron como presuntos evasores, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que no realizaron el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario de minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

 

Los deberes incumplidos

El artículo 268 de la Ley Federal de Derechos, se refiere a que los titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtuvieron ingresos por la enajenación o venta de la actividad extractiva, deberán pagar una tasa del 7.5 por ciento sobre sus ingresos.

El artículo 269 de la Ley aplica para los titulares de concesiones que no ejecuten obras y trabajos de exploración y explotación durante dos años continuos. Éstos deberán aportar las cuotas señaladas en el artículo 263, fracción VI, de la Ley Federal de Derechos, por hectárea concesionada.

En tanto que el artículo 27 obliga a titulares de concesiones y asignaciones mineras que obtengan ingresos por la enajenación de oro, plata y platino a pagar el 0.5 por ciento.

Miguel Mijangos Leal, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), dice que el gobierno canadiense lleva varios años presionando a los gobiernos latinoamericanos en el tema minero. “Lo han hecho para modificar leyes que eviten la que dicen es una ‘doble’ tributación y ésta principalmente se realice en Canadá, dónde están inscritas la mayoría de las mineras del mundo, porque obtienen mejores condiciones económicas.

 

“La fuerte apertura del gobierno mexicano a la inversión extrajera, bajo la equivocada creencia que la inversión trae crecimiento económico nacional, es una de las causas para tener un marco legal laxo (y cuando digo marco legal me refiero a todas las leyes que involucran al sector), incluyendo por supuesto la tributaria”, dice.

Al cruce de la información divulgada por el SAT a un medio de comunicación y lo evidenciado por la Auditoría Superior de la Federación, se observa que de las 12 supuestas evasoras, cuatro de ellas se encuentran en la lista que exige el reembolso de impuestos a través de funcionarios de su país de origen.

Aquellas que se encuentran en ambas listas son Goldcorp, Alamos Gold, Agnico Eagle Mines y Endeavour Silver Corp. Las otras dos compañías apoyadas por las autoridades canadienses: McEwen y Torex Gold Resources.

Goldcorp, que reclama al gobierno mexicano 230 millones de dólares, aparece en el sitio 1461 de lista de Forbes como Las empresas públicas más grandes del mundo 2017, que analiza 2 mil firmas trasnacionales. La publicación también la sitúa en el espacio 285 de los mejores empleadores de Canadá.

BNaméricas, la comunidad de negocios en línea más grande en América Latina, indica que esta empresa tiene sus principales activos en Canadá con cuatro minas, y el mismo número en México, en Centroamérica y Sudamérica. Actualmente opera los proyectos Peñasquito, Los Filos, El Sauzal y Camino Rojo en México; Marlin en Guatemala; las minas Alumbrera y Cerro Negro en Argentina, y Pueblo Viejo en República Dominicana.

Alamos Gold, que tiene retenidos 26 millones de dólares, dice su información institucional, es productor intermedio de oro canadiense con producción en la mina Young-Davidson, en el norte de Ontario, Canadá, y las minas Mulatos y El Chanate en Sonora, México. “La Compañía tiene un perfil de crecimiento líder con proyectos de exploración y desarrollo en México, Turquía, Canadá y los Estados Unidos…”, dice su página oficial.

Agnico Eagle Mines, que requiere al SAT 18 millones de dólares, es una empresa canadiense de minería de oro que produce metales preciosos desde 1957, según su portal corporativo. Sus ocho minas están ubicadas en Canadá, Finlandia y México, con actividades de exploración y desarrollo en cada uno de estos países, así como en Estados Unidos y Suecia.

Endeavour Silver Corp, que pide la devolución de 15.6 millones de dólares, anunció que en 2016 El Cubo (la tercera mina más grande de la compañía) produjo 2 millones de onzas de plata y 21 mil 327 onzas de oro. “La producción de plata y oro superó las previsiones debido a un mayor rendimiento, parcialmente compensado por menores recuperaciones de oro”, indicó en su plataforma de internet.

McEwen tiene sus plantas productoras en el norte del país, denominadas El Gallo Gold y El Gallo Silver, ubicadas en Sinaloa, México. Además, explota minas en Argentina y Canadá. A esta empresa, el SAT le tiene pendientes de entregar 6.2 millones de pesos.

Torex es un productor de oro, con sede en Canadá, dedicado a la exploración, desarrollo y explotación de un área de 29 mil hectáreas en el “Cinturón de oro de Guerrero”, indica. Dentro de esta propiedad, Torex cuenta con la mina El Limón-Guajes, que comenzó la producción de oro en diciembre de 2015, y el Proyecto Media Luna, en una etapa avanzada de exploración. Se define como un “productor creciente de oro y plata en las Américas”, en su página de internet. El gobierno mexicano le tiene retenidos 66.5 millones de dólares.

“Como el gobierno mexicano ha enviado a la opinión pública el discurso de las bonanzas de la inversión como crecimiento, y el cual está amarrado a tratados comerciales que obliga a pagos de compensación si hay incumplimiento, ahora las empresas condicionan su inversión a cambio de obtener más preferencias que las que de  por si obtienen en Canadá. Por ello, tratan por cualquier vía de abaratar, lo más que puedan, el costo de producción y el pago de impuestos y aranceles; prefieren menos sindicalizados y más empleados vía outsourcing, y así transfieren, evitan impuestos y ganan en renta. Por eso, les dan preferencias de cuotas en el pago de concesiones entre más superficie de tierra soliciten o, como sucede con el reciente impuesto (del 7.5 por ciento). Éste no tiene un mecanismo de supervisión transparente y permite la creación de lagunas legales que simplemente le evitan al fisco tener idea de cuánto sacó y vendió una empresa, para poder entonces tasar el impuesto real.

“En síntesis, es un juego entre las empresas y los gobiernos, y en este juego no hay negocio, ni nacionalidad ni ganancias… hay despojo y enriquecimiento de particulares y de políticos”, dice Mijangos Leal.

 

Goldcorp en la mira de Naciones Unidas

El respeto a los derechos humanos y ambientales también ha sido motivo de que funcionarios de organismos internacionales pongan su mirada en México, ya que el país es uno de los que más conflictos registra en América Latina.

En México, la principal productora de oro aparece entre los casos de violación a los derechos humanos que documentaron organizaciones defensoras, así como el Grupo de Trabajo de la ONU. También se le ha relacionado a dicha empresa con problemas fiscales en el país.

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) documentaron la “destrucción de la vida comunitaria y generación de daños a la salud y al ambiente en la comunidad de Carrizalillo”, en Guerrero.

 

En el informe México: Empresas y Derechos Humanos —compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU—se documenta:

“La empresa, actuando con dolo, compró de forma ilegal tierras del ejido en propiedad comunal.

“Durante las acciones de protesta de la comunidad ha utilizado a todo el aparato de gobierno para amedrentar, amenazar e incluso desalojar a la población, cuando ésta ha establecido plantones o cierres de las operaciones mineras.

“Durante la construcción del proyecto, dinamitó un área con resquicios arqueológicos (pirámide y otros sitios de rezo), pertenecientes a la cultura balsas-mezcala. No respetó las leyes ambientales mexicanas, al destruir una porción de la región terrestre prioritaria denominada RTP#118 [Cañón del Zopilote, denominado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)]. También destruyó una área protegida para aves migratorias IACA # 18 (Conabio).

“En su pileta de lixiviados se han reportado y detectado miles de muertes de aves que han sido ocultadas por la empresa. El proyecto minero ocupa el 90 por ciento de la microcuenca hidrológica, alterando y dañando toda la dinámica hídrica de la zona”.

México, atractivo para las mineras canadienses

El portafolios de Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero —de la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía— indica que en el país hay 803 con capital canadiense. También las hay de Argentina, Italia, India, Australia, Bélgica, Japón, Estados Unidos, China, Corea, Perú y España.

La Cámara  Minera de México (Camimex) indica: “Antes de la aprobación de los nuevos derechos mineros, el sector estimó para los próximos seis años una inversión de 30 mil millones de dólares, y la generación de 100 mil nuevos empleos, lamentablemente la entrada en vigor de los nuevos derechos y los bajos precios de los metales, propiciaron que las inversiones se contrajeran y el empleo redujera su ritmo de crecimiento”.

“En el periodo 2013-2015 se han invertido 16 mil millones de dólares y se han creado 16 mil 357 nuevos empleos, lo que dista mucho de las proyecciones originales, ante la pérdida de competitividad”, dice la Camimex.

Fuente:http://www.remamx.org/2017/07/senalan-como-evasoras-fiscales-a-12-mineras-canadienses/

 

 

 

Guatemala

Casillas: la represión policial afectó a niños y discapacitados

“Acá cayó una bomba de esas”, dijo Mara Azucena Pozuelos Gómez, e indicó el lugar preciso del corredor de su casa donde cayó una bomba de gas lacrimógeno, a unos tres metros de donde estaban sentados. De ese lugar salieron de emergencia dos niños intoxicados por el gas que utilizó el sector de  la policía el jueves 22 de junio.

Desde su corredor en Casillas, al lado de la carretera, a menos de 50 metros de la casa, se ve el campamento de la manifestación pacífica en resistencia contra la minería. La población en resistencia de Casillas y de los municipios vecinos de Santa Rosa y Jalapa están en pie de lucha desde el 7 de junio.

Desde entonces hay vía libre para el paso de todo vehículo menos los que llevan combustible, cemento, u otros materiales para la mina de El Escobal, ubicada a menos de 20 kilómetros de Casillas . Por los sismos y daños que provoca el movimiento, exigen que se cierre la mina y que se vaya la empresa Minera San Rafael, filial de la empresa matriz canadiense Tahoe Resources.

En la tarde del 22 de junio, llegaron más que 200 agentes de la policía y fuerzas especiales, relatan vecinos. Cuando tiraron gas lacrimógeno hacia la manifestación pacífica, la gente salió huyendo por varios lados, y la policía siguió tirando gases hacia las personas. Algunos huyeron hacia la casa de Pozuelos Gómez. Subieron ahí porque había una señora de edad avanzada y unos niños en malas condiciones de salud debido a la inhalación de gases lacrimógenos, relató Pozuelos el pasado 27 de junio

Pozuelos Gómez estaba durmiendo a su nieto de 10 meses de edad en un cuarto. La policía disparó gas lacrimógeno hacia su casa, y cuatro bombas cayeron en el patio. Aparte de esas cuatro, otra  cayó en el corredor, y entró al cuarto donde estaba el bebé. “El bebé iba muy mal. Es el más pequeñito iba como  muerto. Se había desmayado porque no alcanzaba ya la respiración”. Su esposo llevó al bebé de emergencia a un sanatorio en Nueva Santa Rosa.

La intoxicación de su nieto fue más grave, y la semana después de los hechos del 22 de junio, sigue sin recuperarse completamente, han tenido que nebulizarlo con oxígeno e inyectarlo. La abuela y la madre siguen en contacto con el médico que los atendió para darle seguimiento al estado del bebé. “Quedó un poco mal de sus pulmoncitos, porque todavía hay que estarlo nebulizando porque tiene como mucho hervorcito que le quedó. Como inhaló mucho eso, dijo el doctor que poco a poco iba a ir sacando”, comentó Pozuelos.

El gas afectó también al hijo de 11 años de edad de Pozuelos: “Lo llevaron rápido al Centro de Salud para ponerle oxígeno, porque estaba ya morado de aquí”, señaló, e indicó la parte de la cara alrededor de los labios. “Él me nació con labio leporino, entonces él siempre tiene problemas para respirar”. Después lo tuvo que llevar también al sanatorio porque una mano se le había quedado tiesa y sin sensación.

Según informaron vecinos de Casillas, unos niños en una guardería al otro lado de la carretera también salieron afectados por la gas lacrimógeno, pero los impactos más graves los sufrieron el nieto e hijo de Pozuelos Gómez. Son los dos niños sobre los cuales circularon reportes falsos en las redes sociales de que habían fallecido debido a los gases.

La familia está muy preocupada, ya que temen pueda suceder otro incidente de represión con gas lacrimógeno o peor, y desde el 22 de junio, Pozuelos Gómez ha estado mandando a los cuatro niños a dormir en otro lado. Su hijo de 11 años quedó muy asustado, dijo.

Otros vecinos de Casillas también sufrieron por la represión policial que tuvo lugar el 22 de junio. La policía detuvo a tres participantes en la resistencia pacífica y otro vecino del lugar, y permanecieron detenidos durante varias horas en Nueva Santa Rosa hasta su liberación sin cargos.

Nacido en Casillas, Miguel Ángel Payeras Herrarte ha participado en la manifestación pacífica desde que inició la resistencia. Tiene problemas de vista, entonces no permanece allí en la noche, pero sí cada día. El jueves 22 de junio andaba con una silla eléctrica, pero no arrancó bien y permaneció en la zona del cruce de entrada hacia Casillas, donde tiraron bombas de gas lacrimógeno la policía. Es diabético, tiene una pierna amputada arriba de la rodilla, y ninguna sensación en la otra. Relató: “aquí dos policías me amenazaron, me dijeron, vos estás enfermo, y por qué estás en esta manifestación, entonces directamente les digo yo, pues, tengo que estar en esta manifestación porque yo estoy haciendo por los que vienen después, no por mi, sino que por los que vienen después, o sea los niños”.

En medio de la  humazón, dos policías lo llevaron de un lado a otro en el sector, añadiendo que, “arrastrando me llevaban en la silla, pero en la silla llevaba yo donde uno pone el pie, y esta canilla como no la siento, entonces la llevaba debajo de donde pone uno el pie, y golpearon todo”, dijo.

La represión policial no detuvo la resistencia pacífica en Casillas. Cuando llegó la policía, solo estaban unas 50 personas en el sitio de la manifestación permanente, pero antes de que saliera la policía ya eran miles de manifestantes en el lugar, dijo Payeras Herrarte. A raíz de su indignación por la represión y por los rumores de niños fallecidos, llegaron rápido al sitio la población de Casillas e incluso de otros municipios y aldeas vecinos.

Payeras concluyó diciendo: “Que se cierre la mina. Por eso es que estamos aquí en esta manifestación pacífica, pero como al gobierno no le conviene eso, entonces nos manda la policía. Aquí estoy en esta resistencia, y como ya tengo medio cuerpo nomás no me importa la muerte. Un pueblo unido, la misma palabra dice que no será vencido”.

Fuente:http://www.prensacomunitaria.org/casillas-la-represion-policial-afecto-a-ninos-y-discapacitados/

Colombia

Consulta popular en Pijao busca impedir actividad minera

El 9 de julio se llevará a cabo la consulta popular en el municipio de Pijao en el Quindío. Los promotores de la campaña, que busca impedir los procesos de extracción de metales en el municipio, esperan superar el umbral de 2,026 votos y así defender los recursos naturales del lugar emblema del eje cafetero.

Para Mónica Flórez, miembro del Comité Ecológico y la Fundación Pijao CittaSlow, “hemos recorrido todo el municipio, vereda por vereda para trabajar con las comunidades y que ellas comprendan la importancia de salir a votar en la consulta popular”.

Florez manifestó que buscarán que un tercio de las 6,055 personas habilitadas para votar en Pijao lo hagan respondiendo no a la pregunta “¿Está usted de acuerdo, si o no, en que en el municipio de Pijao, se lleven a cabo procesos de minería de metal?”

Flórez además manifestó que la Registraduría Nacional “hizo un recorte de 17 a 6 mesas de votación argumentando que la consulta es un derroche de dinero”. Sin embargo, ella destacó el entusiasmo general que hay en el municipio, desde las autoridades hasta los estudiantes, por el desarrollo de la consulta popular. “En conjunto con el grupo Marcha Carnaval de Quindío le estamos pidiendo a la gente que salga a votar temprano para que a pesar del recorte en las mesas logremos alcanzar el umbral”.

Adicionalmente, Pijao es un distrito minero que tiene hasta el momento 6 títulos mineros y 8 solicitudes mineras de oro, plata y Niquen de empresas relacionadas con Anglo Gold Ashanti. Ante esto Flórez aseguró que el Vice Ministro de Minas, Carlos Andrés Cante, “ha estado en Pijao planteando una campaña por el si en la consulta popular”.

Según ella, “no es gratuito que el Vice Ministro de minas venga, pues hay en cola solicitudes que necesitan del apoyo del Gobierno”.

Pijao es el primer lugar de Latinoamérica que hace parte de la red CittaSlow

La consulta popular en Pijao es especialmente importante debido a que este municipio hace parte de los 153 lugares en el mundo que pertenecen a la Red Internacional CittaSlow que significa “cuidad lenta” en italiano. Los miembros de esta Red se caracterizan por ser lugares que viven en comunión con la naturaleza, las tradiciones culturales y el patrimonio arquitectónico.

La preservación del entorno natural y la reactivación de las economías locales que se articulan alrededor de la familia, se verían fuertemente afectadas con la presencia de grandes empresas mineras. Estas afectarían el ritmo de vida desacelerado que hace parte del movimiento CittaSlow y pondrían en riesgo los ecosistemas de páramo, montaña y los afluentes hídricos.

Fuente:http://www.contagioradio.com/consulta-popular-pijao-articulo-43082/

Colombia

Minería revive en Santurbán, el primer páramo delimitado

A menos de tres años de firmarse la delimitación del páramo de Santurbán, el primero de estos ecosistemas en tener una zona demarcada para la conservación, los incumplimientos de las promesas del Gobierno para reactivar la economía de una comunidad históricamente dedicada a la minería, le han abierto el camino a una empresa multinacional que va detrás de las aproximadas 9 millones de onzas de metales preciosos que albergan estas montañas.

Buscando alejarse de los fantasmas del fallido proyecto de la empresa canadiense Greystar, que volvieron a Santurbán el símbolo de la lucha ambientalista contra la minería expansiva, la Sociedad Minera de Santander, Minesa, propiedad del grupo árabe Mubadala, presentará antes de septiembre una solicitud para adelantar un proyecto de explotación por 25 años ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla.

Mubadala es una empresa que pertenece a la familia real saudí y adquirió los títulos mineros del empresario brasileño Eike Batista en 2015.

Sin embargo, para blindarse de resultados adversos en una eventual consulta popular, como las que ha tumbado los proyectos mineros en Cumaral y Cajamarca este año, la empresa ha puesto empeño en enviar el mensaje que su idea es la de desistir del uso del cianuro y el mercurio para la extracción de los minerales y en poner a las alcaldías de la zona (Vetas, Suratá, Matanza y California) de su lado.

Para lo primero, Minesa ha desplegado una vasta estrategia comunicativa en la que explican que su interés es extraer concentrados polimetálicos, un producto que no es definitivo ni puro como un lingote de oro y lejos de la línea de páramo. Este material se enviaría a otros países donde se culminaría el proceso de extracción del metal precioso.

En ese sentido, como no estarían realizando el proceso químico completo para tener el oro, pueden prescindir del uso del mercurio y el cianuro. O al menos esa es la idea.

Lo segundo ha sido más fácil, pues la situación económica de los municipios les ayuda.

Orlando Rodríguez, alcalde de Vetas y cabeza de la Asociación de Municipios del Páramo de Santurbán, manifestó que ni el proyecto de guardaparques, ni el pago por servicios ambientales, ni los proyectos productivos alternativos (principales promesas del Gobierno) se han cumplido.

La apuesta del Estado

Contrario a la opinión del alcalde, Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, indicó que los planes trazados por el Gobierno para no abandonar a agricultores y mineros de la zona incluyen el pago por servicios ambientales, la transformación de los cultivos de químicos a orgánicos; la promoción de la zona como destino turístico y el impulso a otras actividades productivas, como la cosecha de uvas.

El funcionario destacó que en diciembre informó que destinará 32.000 millones de regalías para impulsar la delimitación de todos los páramos.

Es de anotar que en mayo, la Cdmb y la empresa de la familia árabe firmaron un acuerdo de cooperación con el objeto de “proteger los recursos hídricos de las microcuencas de la región” que, además de la retórica a favor de la protección, incluyó $157 millones de la empresa para la corporación, con el fin de mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios vecinos.

Respeto al ambiente

El alcalde Rodríguez insistió en que no están apoyando a Minesa “sino a una minería bien hecha y estamos trabajando para que nos dejen ejercerla, como siempre hemos hecho, respetando el ambiente”, recalcó.

Rodríguez recordó que la delimitación de Santurbán, que contempla 98.954 hectáreas de tierra (un 76% del total del ecosistema de páramo en donde no se puede desarrollar ninguna actividad productiva), dejó gran parte de la extensión de su municipio de brazos cruzados.

“Nos quedó solo un 21,5% de nuestro territorio sin la restricción de la delimitación. En estos momentos tenemos un porcentaje de desempleo del 82% en hombres y 92% en mujeres”.

Como “paciente cero” de la lucha contra la minería, en los municipios cercanos a Santurbán se desarrolló un feroz debate entre ambientalistas y las comunidades. Los primeros, en defensa de un ecosistema que genera agua para la región y los segundos, por su derecho a ejercer una tradición de más de tres siglos.

Ante la reanudación del debate, los movimientos contra la intervención del páramo advirtieron que los anuncios de cambio que propone Minesa no son más que cambiar espejos por oro.

“Una cosa es el proceso del mineral y productos que se extraigan del socavón y otra cosa es cómo vamos a perforar la montaña para sacar ese material. Los daños ambientales están en esa perforación enorme”, explicó Florentino Rodríguez, miembro del Movimiento por la Defensa del Páramo de Santurbán.

Agregó que esa perforación genera una alteración química que terminará por contaminar las aguas subterráneas que, en últimas desembocan en yacimientos naturales.

Asimismo, por la técnica que anuncia Minesa para desechar el uso de químicos, el uso del agua para la destilación del material sería descomunal.

A pesar de su exposición, Rodríguez dice ser consciente que la minería vencerá en una eventual consulta minera. “Ante el incumplimiento de las necesidades mínimas, los pueblos caen seducidos por la plata, aunque esas funciones de bienestar sean del Gobierno”.

Por ello, sin planes aún exactos, aseguró que buscarán la intervención desde el gobierno departamental y desde Bucaramanga para impedir esta minería, “después de todo, es el agua que nos tomamos y por eso, sí nos incumbe a todos”

Fuente:http://www.elcolombiano.com/colombia/mineria-en-paramo-de-santurban-LM6842926

 

Ecuador

Lenín Moreno se reúne con indígenas

El Gobierno del Ecuador, ha sido calificado como un hito, el encuentro que ha desarrollado la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), con Lenín Moreno.

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, dijo llegar a este diálogo con las manos extendidas, otorgando ya 5 indultos a indígenas apresados por generar disturbios en diversas protestas, y con planes concretos para el campesinado y sector indígena.

Además ofreció devolver la educación intercultural a los pueblos indígenas, su sistema de transporte comunitario, y dio en comodato por 100 años las sedes de la Conaie, lo que fue reconocido por la dirigencia.

Parte de los programas en el campo será también la chatarrización de todas las herramientas campesinas, para modernizar los sistemas agrícolas.

El gobierno a cambio, espera el respaldo del movimiento indígena para fortalecer la minería a gran escala en el país, la Conaie ha pedido meses atrás, cuando confrontaba con el anterior gobierno, que se declare al Ecuador libre de minería. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 7% de ecuatorianos corresponde a población indígena.

Esta ‘minga’ o trabajo comunitario propuesto por el presidente Lenín Moreno, arrancaría el próximo uno de agosto, con énfasis en los territorios campesinos e indígenas de todo el país.

Robinson Robles, Quito.

Fuente:http://www.hispantv.com/noticias/ecuador/346520/presidente-moreno-reunion-indigenas-conaie

Perú

La evolución del empleo minero y los conflictos por temas laborales

Un tema que no ha estado muy presente en los informes sobre el sector minero es el de la evolución del empleo minero y los conflictos por temas laborales. En una coyuntura en que se ha confirmado el inicio de una huelga nacional de la Federación Minera a partir del 19 de julio, es oportuno revisar algunas cifras.

Según información del propio Ministerio de Energía y Minas, actualmente 173,615 personas trabajan en el sector minero, de las cuales 60,915 (35%) tienen una relación laboral directa con las empresas mineras y 112,650 (65%) son contratistas.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, luego de alcanzar un pico en el número de trabajadores el año 2013 (214,122), la cifra cayó el año siguiente (27,513 puestos menos) y luego de una ligera recuperación volvió a retroceder en 2016 y se ha movido ligeramente en lo que va del año 2017.

Nueve regiones (Arequipa, La Libertad, Junín, Pasco, Lima, Cajamarca, Apurímac, Ancash, Moquegua) concentran el 75.95% del empleo directo en minería. En la zona sur del país está el 46.07% de la fuerza laboral minera; mientras que en el centro y en el norte, el 29.16% y el 24.77% respectivamente.

En los últimos años, las cifras en cuanto al número de huelgas y las horas-hombre perdidas, han ido fluctuando, pero en términos generales se puede afirmar que el sector minero no se ha caracterizado por paralizaciones crecientes en los últimos tiempos. El primer gráfico nos muestra una retrospectiva de largo plazo, en la que se puede apreciar en primer lugar, una caída importante en buena parte de la década del 90; luego un ligero repunte en el número de huelgas a mediados de la década pasada y, finalmente, un descenso importante en los dos últimos años.

En cuanto al número de horas-hombre perdidas, indicador que muestra con mayor precisión la intensidad y duración de las huelgas, en los últimos años se nota un descenso entre el 2008 y 2010, luego una reactivación el año 2011 y en el último año una caída significativa. Pese a ello, las estadísticas del Ministerio de Trabajo muestran que el sector de explotación de minas y canteras registró el mayor número de huelgas a nivel nacional el año pasado.

No se conocen estadísticas oficiales del número de huelgas en lo que va del presente año. Sin embargo, cabe notar que en los primeros meses se han producido paralizaciones en importantes empresas mineras: es el caso de la huelga en Cerro Verde, que duró 21 días en el mes de marzo y la de Southern que, durante dos semanas, paralizó las operaciones de Cuajone y Toquepala.

En la mayoría de casos, las demandas de los trabajadores han girado en torno a temas de seguridad laboral y/o exigencias económicas por el menor reparto de utilidades registrado en los últimos años como consecuencia de los menores precios de los minerales. Habrá que estar atentos a la evolución futura de la problemática laboral en la minería peruana.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/737-la-evolucion-del-empleo-minero-y-los-conflictos-por-temas-laborales

Mexico

El derrame tóxico de la minera de Grupo México en el río Sonora continúa afectando a la población tres años después

La cifra de afectados por uno de los desastres ambientales más grandes registrados México, el vertido hace ya tres años de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora por parte de la empresa minera Buenavista –del Grupo México– no deja de ascender.

Actualmente, tal y como indica el diario mexicano ‘La Jornada’, el número de personas a las que se les ha detectado residuos tóxicos en sangre y orina ha ascendido de 360 a 381.

Según indica el citado medio, el responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), Lázaro Euardo Ávila, ha informado de que todas las personas son atendidas y monitoreadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a través de análisis de sangre y orina cada cuatro meses.

Y es que, según publica ‘La Jornada’, un estudio a cargo del Grupo Microanálisis –un laboratorio que realiza trabajos específicos para Eveas– los habitantes de lugares cercanos al río Sonora continúan consumiendo agua con altos niveles de plomo, arsénico y hierro.

Dicha situación llevó a que Grupo México, una vez ocurridos los hechos, se comprometiera a instalar un total de 27 plantas potabilizadoras, número que posteriormente reduciría a 9 y que, a día de hoy, no ha entregado ni instalado ninguna, rechazando asimismo que los niveles de residuos en los análisis se deban a la contaminación de la empresa.

“Esos niveles son muy bajos para atribuírselos a la mina, podría ser que en ese municipio (Banámichi) la causa sea la toma de red municipal, tanto por un daño en la tubería o por que están muy antiguas”, indicó a una entrevista al citado medio.

Fuente:http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-derrame-toxico-minera-grupo-mexico-rio-sonora-continua-afectado-poblacion-tres-anos-despues-20170703151147.html

Mexico

Mineras y petroleras extranjeras generan más daños que beneficios en el país

Gran parte de las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en México carecen de políticas de transparencia sobre sus beneficiarios, generan graves afectaciones sociales y medioambientales, y pagan una cantidad ínfima de impuestos, en comparación con las ganancias que obtienen.

Regeneración, 3 de julio de 2017.- De acuerdo con el informe Las actividades extractivas en México: estado actual 2016, la organización advierte, en primer lugar, que la participación de algunas empresas trasnacionales despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación ambiental.

Uno de los aspectos más destacados en el estudio es que tanto la minería como la extracción de hidrocarburos reciben trato de privilegio en las leyes mexicanas al ser consideradas actividades de utilidad pública, lo cual las pone por encima de otras labores económicas o sociales, e incluso del respeto a la naturaleza o los derechos humanos.

De esa forma, indican los autores del estudio, “los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, los ecosistemas, el clima y el futuro de México, en un contexto donde, además, el Estado le apuesta a la extracción de gas y petróleo no convencional (…) a través de la peligrosa técnica de la fractura hidráulica” o fracking.

Este esquema de privilegios ha hecho que en la actualidad haya un total de 25 mil 178 concesiones otorgadas a empresas de hidrocarburos, que ocupan 21 millones de hectáreas del territorio nacional, así como 885 proyectos mineros, la mayoría de los cuales son de firmas canadienses (65.3 por ciento) y estadunidenses (13.2 por ciento).

Acerca de la aportación de este tipo de iniciativas a las arcas del país, el estudio de Fundar revela que la minería únicamente significó 0.32 por ciento de los ingresos del gobierno federal en 2016, a pesar de la inclusión de nuevos impuestos en la reforma hacendaria de 2013. En tanto, la explotación de hidrocarburos representó 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) del año pasado.

El informe señala también que la extracción de minerales e hidrocarburos genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a los alimentos saludables, al tiempo que genera gran cantidad de gases de efecto invernadero, lo cual hace aumentar los efectos del cambio climático.

Fundar destacó que la imposición de ese tipo de megaproyectos suele generar altos niveles conflictividad social en las comunidades donde se asientan, como lo demuestra el hecho de que en 2016 se documentaron 37 conflictos generados por la minería y al menos 11 más por la explotación de hidrocarburos.

Fuente:http://regeneracion.mx/mineras-y-petroleras-extranjeras-generan-mas-danos-que-beneficios-en-el-pais/

Argentina

Minería: un acuerdo de espaldas a la sociedad

Son notorias y muy alarmantes las modificaciones que introduce el reciente Acuerdo Federal Minero firmado entre el Presidente de la Nación y 14 gobernadores. Detrás de una fachada discursiva que propone una mejor gestión del ambiente, este acuerdo en realidad dispone todo lo contrario. El mismo busca consolidar un modelo minero netamente extractivista, ideado en la década de los noventa, a expensas de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales.

Hace tiempo que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), conformada por las grandes transnacionales del sector, viene realizando un poderoso lobby que, por un lado, apunta a profundizar el generoso marco jurídico y económico que beneficia la actividad; por otro lado, desconoce y pasa por encima de la normativa ambiental provincial y nacional, gestada en la última década al calor de las luchas socioambientales. En efecto, este Acuerdo tiene la tarea de atacar los escollos que, desde la óptica de la CAEM, vienen a “ensombrecer” el despliegue de la actividad.

Así, ante la evidente ausencia de Licencia social (siete provincias sancionaron leyes que prohíben la actividad, como consecuencia de las movilizaciones populares), el acuerdo obliga a incorporar propaganda minera en la currícula de las escuelas primarias, secundarias y terciarios. En otras palabras, los departamentos de marketing de las grandes empresas mineras tendrán el ingreso asegurado a las escuelas públicas de todo el país.

El Acuerdo desconoce también la vigencia de la Ley Nacional de Glaciares pues pretender autorizar la actividad en zonas prohibidas, con supuestos “cuidados ambientales”. Esto constituye una grosera violación de la ley que es clara y contundente al respecto; esto es, no permite bajo ninguna modalidad la explotación minera en glaciares y zona periglaciar.

Además de consolidar el tope de regalías provinciales del 3%, impuesto en los ´90, el acuerdo arremete contra las empresas provinciales mineras, cuyo objetivo era capturar algo más de renta, un punto que la CAEM venía cuestionando hace tiempo. El Acuerdo prácticamente aniquila la posibilidad de creación de este tipo de empresas públicas. Por último, el Acuerdo se arroga el derecho de definir “la participación ciudadana”, ítem que está lejos de ser precisado. No se menciona la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas (una normativa internacional incluida en la Constitución nacional y constituciones provinciales), como tampoco aquellos dispositivos constitucionales ligados a la democracia participativa, que exigen numerosas comunidades locales.

Que la realidad es más controversial y compleja que los discursos engañosos del lobby minero lo demuestra el hecho de que, a diferencia del Acuerdo de 1993, firmado por todas las provincias, éste sólo es suscripto por 14, con la ausencia de importantes jurisdicciones como Chubut, La Rioja o San Luis. Recordemos que fue en Esquel (Chubut) donde nació la lucha contra la megaminería en Argentina a principios de siglo XXI, que luego se propagó a otras provincias y en 2012 tuvo en el levantamiento de Famatina (La Rioja) una de sus expresiones más emblemáticas. Graves accidentes como los de la Barrick Gold en la mina Veladero (antes considerada como “el modelo”, impulsado por la provincia de San Juan), pusieron en evidencia el carácter insustentable de este tipo de minería.

Por otro lado, hay que preguntarse qué posición adoptarán Mendoza y Córdoba, dos provincias que cuentan con comunidades académicas concientizadas e importantes movimientos socioambientales, y donde las leyes de prohibición de la megaminería fueron reconfirmadas por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, después de un largo período de judicialización, promovido por sectores promineros.

En suma, dicho Acuerdo no solo se firma sin participación alguna de la sociedad civil. Pretende además instalarse en la realidad de las provincias como si éstas fueran territorios ausentes de conflictos y no existieran normativas que prohíben ciertas actividades extractivas en pos del cuidado del ambiente. La lupa está puesta ahora en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales, quienes tienen la potestad de rechazar legislativamente dicho Acuerdo.

Maristella Svampa es socióloga. Enrique Viale es presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Fuente:https://www.clarin.com/opinion/mineria-acuerdo-espaldas-sociedad_0_ryv6iir4W.html

Internacional

Stop Uranio pide parar la carretera de acceso a la mina de Retortillo por carecer de permisos

(Europa).- Stop Uranio pide a la Diputación de Salamanca que actúe y haga algo tras el inicio de las obras de desvío de una carretera “sin permiso” hecho por Berkeley.

Stop Uranio ha lamentado que la empresa minera Berkeley haya iniciado el desvío de la carretera SA-322 que comunica Retortillo con Villavieja de Yeltes (Salamanca) “sin contar con los correspondientes permisos” y ha pedido a la Diputación de Salamanca que actúe sobre este caso. A este respecto, la plataforma ha recordado que la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, en su reunión de 1 de febrero de 2017, dejó “claro” que para realizar esta construcción debía contar con autorización de uso excepcional de uso de suelo rústico y licencia urbanística.

 

La actuación de Berkeley “al margen de la Ley”, y tras el atestado levantado por la Guardia Civil, “ha obligado al ayuntamiento de Retortillo a abrir expediente sancionador a la empresa minera mediante Resolución de alcaldía de fecha 17 de febrero, a la vez que ordenar la paralización de las obras que se estaban ejecutando sin los oportunos permisos”.

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Para ello ha contado con el informe del arquitecto de la Mancomunidad de las Dehesas, que “ya advirtió el 31 de octubre de 2016 que era necesario disponer de autorización de uso y licencia urbanística para realizar el desvío de la carretera”, ha apuntado Stop Uranio. “Entendemos que ejecutar las obras sin licencia municipal suponen un incumplimiento flagrante del convenio firmado, lo que conlleva la resolución del mismo, tal y como se estipula en la cláusula sexta del convenio, donde se establece como motivo de finalización del compromiso contraído”.

Los bomberos luchan durante horas contra un fuego en Villaseca de los GamitosTAMARA NAVARRO
Varias dotaciones de Bomberos de la Diputación trabajan desde las 6.23 horas de este 2 de julio en un fuego en Villaseco de los Gamitos (Salamanca).
Ante esta situación, Stop Uranio ha valorado que Ganemos Salamanca lleve este asunto al próximo pleno de la Diputación Provincial, pues esta institución “debe velar por el estricto cumplimiento de las normas urbanísticas y no permitir que una empresa multinacional se las salte por conveniencia”.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/36675-stop-uranio-pide-parar-la-carretera-de-acceso-a-la-mina-de-retortillo-por-carecer-de-permisos