Argentina

Una pericia del Gobierno confirmó que una minera chilena contaminó el lado argentino de la cordillera

Una pericia encargada por la Justicia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable confirmó que la empresa chilena Antofagasta Minerals contaminó San Juan, a la altura del departamento de Calingasta. El estudio encontró que la concentración de metales pesados en una laguna cercana a la mina Los Pelambres es hasta 71 mil veces superior a lo recomendado. Y que nueve de las diez muestras de roca que se tomaron pueden desencadenar un proceso capaz de generar daños irreversibles en el medio ambiente.

El tema fue puesto en agenda tras una investigación de Infobae publicada en junio del año pasado. Todo comenzó cuando en 2004 el gobierno chileno autorizó que la poderosa Antofagasta Minerals instalara la escombrera Cerro Amarillo al norte de Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. La empresa arrojó allí todos los desechos de su producción entre 2007 y 2012. Un año antes la firma se percató que la mitad de ese «megabasurero» minero está del lado argentino de la frontera. Son 52 hectáreas, algo así como 70 canchas de River Plate, en las que están alojadas 20 millones de toneladas de rocas supuestamente estériles, pero

potencialmente contaminantes.

En el gobierno argentino conocen la existencia de la escombrera al menos desde 2014, aunque el tema se mantuvo en las sombras. Este medio publicó hace unos meses, a partir de un pedido de acceso a la información pública, un estudio realizado ese año por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), que al igual que la pericia que ahora se conoció también halló niveles altos de metales pesados en una laguna y un arroyo ubicados en el valle del río de la Carnicería, que alimenta al río San Juan.

Habrá que ver cómo repercute este nuevo estudio en las relaciones bilaterales con Chile. Está probado a partir de una serie de mails publicados por la prensa del país vecino que el gobierno trasandino ayudó a la empresa a liberarse de culpa y cargo. En concreto, el Ministerio de Minería que conduce Aurora Williams, una ex empleada de Antofagasta Minerals, participó de una maniobra para hacer pasar un estudio del laboratorio privado SGS, que trabaja para la minera, por una pericia oficial que arrojaba que no había indicios de contaminación. Hubo también otras gestiones de dudosos fines.

La pericia

El nuevo análisis del gobierno argentino al que Infobae accedió confirmó lo que otros estudios ya habían detectado: que «la presencia de la Escombrera Cerro Amarillo constituye una fuente cierta de dispersión de sustancias contaminantes» y que es «una fuente de generación de Drenaje Ácido de Roca y metales pesados con potencial de generar un daño ambiental».

Lo primero que advirtieron los expertos del Ministerio de Ambiente es que la escombrera no está aislada. No hay ninguna obra para contener el flujo de sus aguas. Es un tema fundamental, ya que mientras los ambientalistas reclaman su remoción, Antofagasta Minerals se había comprometido a realizar un trabajo de aislamiento que, según la pericia, no parecería haber comenzado.

Con respecto a las lagunas que están alrededor de la escombrera, la pericia detectó que «una porción sustancial de la superficie de las lagunas se encuentra directamente ocluida por la escombrera, lo cual supone una afectación directa del 53% de la superficie original de las lagunas«. En otras palabras, desaparecieron la mitad de los cuerpos de agua por acción directa de la minera chilena. Esa superficie podía ascender al 94% por la influencia de los ciclos hidrológicos.

Con respecto a la calidad de las aguas que descienden de la escombrera y desembocan en el Río de la Carnicería «se observó una afectación con metales pesados significativa en el punto de muestreo más cercano a la escombrera».

En las lagunas más próximas a la escombrera se detectaron «altas concentraciones de sulfatos, lo que constituye un indicador de un posible proceso de acidificación» que también «se observa en las variaciones de pH de los distintos cuerpos de agua de la zona». Asimismo, se encontraron de manera significativa nitratos y nitritos que provienen de los explosivos utilizados por la mina.

Pero lo que más preocupa es que las concentraciones de metales pesados y otros elementos en esas lagunas «se ven incrementadas por la influencia directa de la escombrera» y «alcanzan valores que se encuentran hasta 71 mil veces por arriba de los niveles regulados» por el reglamento de la ley de residuos peligrosos.

Aquí hay que hacer una salvedad: los peritos subrayaron que no hay dudas de la relación causal entre las altas concentraciones de metales en la escombrera y en los cuerpos de agua aledaños, lo que queda claro, entre otras cosas, por los altos niveles de cobre, que es el mineral que se extrae de Los Pelambres. En la pequeña laguna LC04 hay 142.900 miligramos de cobre por litro, cuando el valor recomendado para la vida acuática es de 2 miligramos por litro. Los valores, a su vez, descienden a medida que el agua se aleja del botadero.

Pero la única preocupación no es por el cobre. En ese cuerpo de agua, la concentración del aluminio, por ejemplo, es 19 mil veces superior a la recomendada; en el caso del manganeso es 154 veces mayor. También es más de 100 veces superior la concentración total de metales pesados como el cadmio o el cinc.

La última cuestión que destacaron los especialistas tiene que ver con la capacidad de la escombrera de desarrollar Drenaje Ácido de Roca (DAR), que es un proceso que genera ácidos capaces de disolver metales y transportarlos a los cuerpos de agua. Puede perdurar por siglos si no es manejado adecuadamente y los daños que provoca pueden llegar a ser irreversibles. De las 10 muestras que se tomaron de la escombrera, nueve son capaces de generar DAR. «Existe un gran posibilidad de que estos metales lleguen a los suelos y a las napas generando contaminaciones«, fue la conclusión.

Fuente:http://www.infobae.com/sociedad/2017/07/10/una-pericia-del-gobierno-confirmo-que-una-minera-chilena-contamino-el-lado-argentino-de-la-cordillera/

Colombia

Arbeláez (Cundinamarca) y Pijao (Quindío) dijeron NO a la explotación minera y de hidrocarburos

Dos municipios del país le dijeron NO a la explotación minera en sus territorios. En Pijao, Quindío, con un total de 2.613 votos, ganó el NO, mientras que en Arbeláez, Cundinamarca fueron 4.312 personas quienes votaron negativo a la explotación de Hidrocarburos.

Pijao dice NO a la explotación minera de metales

En una jornada que se adelantó este domingo en el municipio de Pijao, departamento del Quindío, el 97.56% de los sufragantes votaron por el NO, tras una convocatoria que se realizó durante los últimos meses y en la que participaron la mayoría de grupos políticos y el sector administrativo de esta región del país.

La pregunta fue: Está ud de acuerdo SI o NO, con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de mineria de metales?

El liderazgo de esta actividad estuvo a cargo de organizaciones ciudadanas, que no pertenecen a ningún partido político. De esta forma se fija una posición frente a la posibilidad de que ingresen multinacionales a este territorio optando por alternativas como, el desarrollo de un turismo sostenible, la agroindustria y los cafés especiales.

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá se mostró muy satisfecho con los resultados de esta consulta popular minera. Se espera que en el Quindío, Calarcá y Salento también convoquen sus propias consultas.

Arbeláez también dijo NO a la explotación minera

Con un total del 98.54% de los votos los habitantes de Arbeláez le dijeron no a dos proyectos extractivos. Las votaciones para esta Consulta Popular se cerraron a las 4 de la tarde; y 51 minutos después con un total de 10 mesas escrutadas (correspondientes al 100%) los resultados fueron contundentes: 4.312 votos por el No y 38 por el sí.

La pregunta planteada fue: ¿Está ud de acuerdo, SI o NO, con que en la jurisdicción del municipio de Arbeláez, Cundinamarca se lleven a cabo procesos de sísmica, exploración, explotación de hidrocarburos, lavado de hidrocarburos y minería de gran escala?

La preocupación de los promotores del No estaba en no cumplir con el umbral requerido para validar esta consulta, el cual correspondía a 2.958, sin embargo este se logró superar y en total de esta jornada participaron 4.376 personas.

Con esta decisión quedarían en vilo dos proyectos de hidrocarburos que buscaban realizarse sobre la Provincia del Sumapaz los cuales incluyen varios municipios de Fusagasugá, Pasca, Arbeláez, San Bernardo e Icononzo, Tolima.

Uno de los proyectos fue adjudicado a la empresa Australian Drilling Associates, sucursal Colombia, y tiene un alcance en las jurisdicciones de Anapoima, Arbeláez, El Colegio, Fusagasugá, Granada, Nilo, Pasca, Sibaté, Silvania, Soacha, Tibacuy y Viotá, en el departamento de Cundinamarca.

El bloque Cor 33, por su parte, fue adjudicado en el mismo año a la empresa Alange Energy, con alcance en Bogotá, Fusagasugá, Pasca, Nilo, Arbeláez, Pandi, San Bernardo y Venecia, en Cundinamarca, y Melgar e Icononzo en Tolima.

 

Fuente:http://www.rcnradio.com/locales/arbelaez-cundinamarca-y-pijao-quindio-dijeron-no-a-la-explotacion-minera-y-de-hidrocarburos/

Argentina

Hensel por Pelambres: «Entendemos que la escombrera puede ser contaminante»

Tras los resultados de una pericia ordenada por la Justicia Federal que advierten índices de potencial contaminación sobre suelo calingastino,el ministro de Minería ratificó a Canal 13 que el gobernador Sergio Uñac solicitó una reunión con Cancillería para darle una solución diplomática al conflicto.

Los resultados de una pericia encargada por la Justicia Federal al Ministerio de Ambiente de la Nación arrojaron índices de potencial contaminación sobre el suelo donde se encuentra la escombrera instalada por la minera chilena Pelambres en Calingasta.
De esta manera, la repartición elaboró un contundente informe en el que reveló la presencia de metales pesados en el curso de agua que baja de la escombrera. Este cauce desemboca en un río cordillerano y aunque en estos exámenes no se encontraron índices de contaminación, rige el alerta por potencial daño ambiental. Es por eso que el gobernador Sergio Uñac solicitó una reunión con el Canciller y el ministro de Ambiente de la Nación para evaluar el impacto generado por la escombrera.
El informe fue solicitado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo y el fiscal Francisco Maldonado en el marco de la investigación que recae sobre ex directivos y la actual conducción de la minera chilena por presunta contaminación  de agua y tierras.
El ministro de Minería la provincia, Alberto Hensel, contó a Canal 13 que Sergio Uñac instruyó al Fiscal de Estado para intervenir en la causa y solicitó a Cancillería gestiones diplomáticas.
«No tengo acceso a esa pericia pero si estamos al tanto que esa escombrera tiene todas las condiciones de tener impacto en el ambiente y puede ser contaminante por eso la provincia tomó medidas judiciales reclamando soluciones ambientales», explicó Hensel
El funcionario destacó la importancia de que «por la vía judicial se le de mayor celeridad a la cuestión».
«El gobernador tomó la decisión de darle intervención al Fiscal de estado para avanzar en la causa penal», dijo Hensel.
El ministro aclaró que además resta saber «cuál es el temperamento de la minera nacional en cuestiones diplomáticas».
«Hay dos causas, una penal y una civil. el 3 de julio nos llegó un oficio para que informemos al juez sobre un aislamiento previsional», añadió.
«Necesitamos un reunión para determinar el camino que pretende tomar Nación respecto a esto», concluyó.
Fuente:http://www.canal13sanjuan.com/san-juan/2017/7/10/hensel-pelambres-entendemos-escombrera-puede-contaminante-43193.html
Perú

Sombras y vacíos en el manejo del agua en el Perú

Licencias. La Autoridad Nacional del Agua, encargada de fiscalizar el uso del recurso, desconoce cuáles son las empresas y personas que extraen agua dulce de las cuencas del Perú. Aún así, Ojo-Publico.com conoció que en el país existen 780 mil usuarios oficiales y unos 2.6 millones que extraen agua de manera informal. Entre las principales consumidoras de agua, en el rubro minero, aparecen Yanacocha, Consorcio Minero Horizonte, Barrick y Volcan.

El agua en el Perú discurre y se usa a ciegas. Las estadísticas oficiales de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el ente del Estado encargado de administrar y fiscalizar el uso de este recurso, revelan que el 2015 se destinaron 40 mil millones de m3 de aguas superficiales a los sectores industrial, agrícola, minero y poblacional. Sin embargo, los reportes no identifican a las empresas y personas que manejan dicho recurso, apenas se conoce que hay 780 mil usuarios oficiales y que otras 2.6 millones de personas extraen agua al margen de la ley.

¿Entonces, si no existe un inventario exacto del uso del agua en el Perú, cómo se distribuye y prioriza el manejo de este recurso? Ojo-Publico.com accedió a información de la ANA que revela la existencia más de 16 mil licencias, permisos de excedentes y autorizaciones temporales entregadas en los diversos sectores productivos. De aquel total, al año 2014, existían 1.405 empresas extractivas que consiguieron 2.449 autorizaciones para explotar fuentes de agua en todo el país. De estas, el 32% corresponde a la actividad minera.

El ranking de la industria

El análisis de la base de datos de 16 mil licencias permite identificar a las empresas energéticas, mineras, pesqueras y de la industria en general que concentran el mayor número de derechos de agua. La compañía con más autorizaciones registradas es Pluspetrol Norte y su matriz Pluspetrol Perú Corporation que en conjunto tienen 48 autorizaciones para explotar el agua de ríos y quebradas de la Amazonía.

Esta petrolera de capitales argentinos tiene pendiente un litigio judicial con el Estado porque se niega a pagar S/ 39,4 millones de multa que le impuso el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por la desaparición y contaminación de lagunas en Loreto.

La segunda compañía con más licencias de agua es la minera Buenaventura (tiene 39 a su nombre), accionista de Yanacocha y que tiene como presidente de directorio a Roque Benavides. Esta compañía litiga con el Estado peruano para no pagar tributos por S/ 246 millones.

Uno de los varios conflictos sociales que involucran a Buenaventura está relacionado con el reclamo de la comunidad campesina de Mollebamba, en Apurímac.

Los agricultores denuncian que la minera estaría tratando de expandir sus operaciones hasta una quebrada cercana, donde hay un ojo de agua que abastece a un proyecto de irrigación y a los baños termales de la zona.

Consorcio Minero Horizonte de La Libertad ocupa el tercer lugar con 28 licencias y autorizaciones de uso del agua. La compañía fue sancionada por la OEFA con 316 UIT por faltas ambientales. A fines del 2016, dentro de su área de influencia, se registró un conflicto por su proyecto aurífero en Parcoy, que ocasionó la muerte de una persona y dejó 21 heridos.

“De los 127 conflictos socioambientales registrados hasta mayo de este año, 82 están relacionados a la actividad minera; seguido por la de hidrocarburos con 17 casos”, se advierte en el informe 159 de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales. La mayoría de ellos se asocia al uso y calidad del agua.

El ranking de empresas continúa con la minera Yanacocha y la fábrica de bebidas Ajeper (cada una con 21 autorizaciones); Barrick y Volcan (18 permisos cada uno), Milpo y Las Bambas (16), Electroandes y Votorantim (14) y Southern Cooper Corporation (12).

Las bases de datos a las que Ojo.Publico.com tuvo acceso incluyen en algunos casos los volúmenes de agua otorgado a cada usuario. Sin embargo, no se pudo realizar un análisis integral de los mismos porque varias de estas autorizaciones están incompletas. Incluso, las estadísticas que la ANA tiene publicadas en su web son parciales y no detallan todas las autorizaciones y permisos otorgados.

Débil fiscalización

Ojo-Publico.com entrevistó a Santos Núñez Cotrina, especialista de la Dirección de Recursos Hídricos del ANA, para conocer la labor de fiscalización que ejerce su sector sobre las licencias y autorizaciones. El funcionario dijo que el control era competencia de las Administraciones Locales de Agua, que tienen descentralizadas en diferentes provincias. “El trabajo consiste en observar si una autorización, por ejemplo, de uso doméstico, no esté siendo usada para fines energéticos, o si la captación es realizada en una zona no autorizada”, agregó. No obstante, esta fiscalización es solo aleatoria por falta de personal, detalló.

La Ley de Recursos Hídricos que está vigente desde el 2008 plantea dos requisitos iniciales para las empresas o personas interesadas en obtener una licencia para extraer agua: poner un aviso en un medio de circulación nacional indicando la zona en la que quieren captar agua, y enviar su propio estudio técnico que confirme la disponibilidad y demanda hídrica en la misma. Núñez aseguró que la ANA coteja la información y lo deriva a los ministerios de Energía y Minas o Producción, y solo cuando regresa con la certificación ambiental el expediente es aprobado.

Durante la última semana, solicitamos a la ANA el número total de licencias de agua por sectores y el número de casos en los que rechazaron los informes hidrológicos que llegan de parte de los interesados. Se comprometieron a enviar la información, pero nunca la remitieron.

Lo que sí enviaron fue el listado de sanciones aplicadas el 2016: solo seis multas de entre 0.5 y 10 UIT (entre 2.000 soles y 39.500 soles) fueron impuestas a usuarios por usar volúmenes mayores a los permitidos y por desviar el agua de su cauce en todo el país. Las empresas sancionadas fueron Complejo Agroindustrial Beta, Agraria Don Oscar, Agrícola El Rancho, Agro Victoria y Segundo Sánchez Retamozo.

Las sanciones más severas tampoco son efectivas, pues según nuestra base de datos, el retiro de licencia por falta grave solo se aplicó a 46 usuarios en las últimas tres décadas.

CUENCAS SATURADAS

Las licencias de uso de agua otorgadas a la industria, la minería y al sector energético se concentran en Lima, Áncash, Junín, La Libertad, Arequipa y Cajamarca. Las mismas provincias que en diciembre del año pasado fueron declaradas en emergencia por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) “por peligro inminente debido a déficit hídrico”, como indica la resolución 089-2016-PCM.

En la industria la captación de agua es mayoritaria en las cuencas de los ríos Chillón, Lurín y Rímac, que a su vez son la principal fuente de abastecimiento de agua potable en el desierto de Lima, en donde habita casi la tercera parte de los peruanos. La empresa que tiene más licencias en esta zona es Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., y le siguen otras 282 empresas del rubro de las hidroeléctricas, agroexportadoras, pesqueras, textiles, etc.

Iquitos es la segunda cuenca donde predominan las licencias de uso industrial para Pluspetrol; Ajeper del Oriente, empresa de la familia Añaños; y Perenco Perú Limited, subsidiaria anglofrancesa que se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos en Loreto. Las tres empresas reúnen el 54% de los permisos industriales que se entregaron en este río.

La minería, por el contrario, se concentra en las cuencas del Mantaro (Junín), Alto Marañón (nororiente), Alto Apurímac (Arequipa-Cusco) y El Santa (Áncash). Son 395 mineras que obtuvieron 784 licencias para explotar los recursos hídricos en quebradas, ríos, lagunas y manantiales.

Dentro del sector minero, después de Buenaventura y Horizonte, la compañía con más licencias en este sector es Barrick Misquichilca, cuyas operaciones en Áncash han provocado denuncias por afectar las reservas de agua de las comunidades cercanas a su proyecto aurífero Pierina. Barrick, que posee 18 licencias, está en conflicto con las organizaciones de usuarios de los caseríos ancashinos de Atupa y Antaurán que exigen la remediación del manantial Yarcok que, según ellos denuncian, se habría secado como consecuencia de la actividad extractiva.

La minera Yanacocha, una de las principales productoras de oro del país y protagonista de una larga batalla legal contra la reconocida comunera Máxima Acuña, quien busca proteger la intangibilidad de una laguna, concentra 21 autorizaciones para extraer agua en Cajamarca. Los comuneros de las provincias cajamarquinas de Celendín y Hualgayoc demandan que se declare inviable el proyecto porque temen que se afecte cuatro lagunas que forman la cabecera de cuenca de sus ríos.

Nos comunicamos con Carlos Peña Reluz, presidente de la Junta Nacional de Usuario de los Distritos de Riego del Perú, pero se excusó de hacer comentarios indicando que necesita coordinar previamente con sus agremiados. Para este reportaje, Ojo-Publico.com también solicitó una entrevista con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), pero el área de prensa indicó que su único vocero autorizado es el presidente de la institución, Luis Marchese Montenegro, quien no respondería por estar en el extranjero.

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/sociedad/893049-sombras-y-vacios-en-el-manejo-del-agua-en-el-peru

Colombia

Pijao se une para prohibirle la entrada a la minería

En cada esquina de Pijao, en Quindío, hay un letrero que invita a los habitantes del municipio a ir a las urnas este domingo. Hasta en la casa cural del pueblo fijaron un colorido cartel que reza: “Vote no a la minería de metales, la montaña nos une”.

Los pijaenses aseguran que asistirán masivamente a las votaciones de la primera consulta popular que se lleva a cabo en el Eje Cafetero, que busca frenar los proyectos mineros en un municipio. Su promotora y exconcejal del municipio, Mónica Flórez, espera que triunfe el ‘no’ y que al menos 3.000 personas, de las 6.076 habilitadas para votar, acudan a los puestos de votación.

El llamado ha sido bien recibido entre la población, que incluso ha salido a marchar varias veces en contra de las actividades mineras. María Ligia Villamil, líder comunitaria de Pijao señaló: “Estamos muy motivados a salir a votar, nosotros queremos mucho a nuestro municipio y no vamos a permitir que llegue la minería a nuestro pueblo, vamos a salir a votar desde muy temprano. Si defendemos el pueblo, lo hacemos también por el agua, el alimento y la comunidad”.

Flórez añadió: “Todos están preocupados y lo tienen muy claro: la minería es un riesgo muy grande. Pijao es muy frágil por el origen de la tierra, hay otros cultivos que le han hecho daño y no conozco ningún lugar donde se haga minería responsable”.

Sin embargo, entre los promotores de la consulta hay preocupación, pues la Registraduría disminuyó el número de puestos de votación. Aunque en la jornada electoral del plebiscito por la paz del pasado 2 de octubre se instalaron 17 mesas de votación y solo acudieron 2.500 votantes, para esta consulta solo tendrán nueve mesas, seis en el área urbana y tres en el área rural.

“No se está garantizando el derecho del cien por ciento de los votantes. Antes teníamos 14 mesas en la zona urbana y ahora solo instalarán seis, esto nos da que si acuden 350 personas por mesa y cada una se tarda tres minutos en la mesa, eso nos da 1.050 minutos y eso nos da mucho más de las ocho horas que dura la jornada de votación”, señaló Orlando Osma, integrante del colectivo ecológico de Pijao.

El umbral para estas elecciones es de unos 2.026 votantes, es decir, la cantidad de personas que deben asistir a la jornada para validar el resultado de la consulta

popular que indagará ¿está de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?.

Estamos muy motivados a salir a votar, nosotros queremos mucho a nuestro municipio y no vamos a permitir que llegue la minería a nuestro pueblo.

Aunque en la actualidad en Pijao solo hay títulos para la explotación de material de arrastre, desde hace meses se busca blindar este municipio contra los proyectos de las multinacionales mineras.

La promotora de la consulta afirmó que tiene conocimiento de 18 solicitudes para exploración de metales. “El Gobierno todo el tiempo cambia la información, el año pasado había una solicitud de un área muy grande entre Pijao y Córdoba, nos preocupa la desinformación”

De ahí que tras varias actividades con la comunidad, incluido un cabildo abierto, hace varios años Flórez presentó la propuesta al Alcalde anterior, quien radicó en el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo sobre la consulta popular y esta corporación lo aprobó por unanimidad.

La iniciativa llegó al Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró inconstitucional la pregunta inicial. Luego, con el apoyo de la organización Dejusticia, Flórez formuló una acción de tutela contra el Tribunal del Quindío que radicó en el Consejo de Estado y que en primera y segunda instancia fue negada. “Sentí que el Tribunal nos había negado el derecho para que los ciudadanos de Pijao decidiéramos sobre el uso del suelo”, dijo Flórez.

Pero esto no se quedó ahí, el casó pasó a la Corte Constitucional, que el año pasado, en un fallo que puso en jaque el sector minero de todo el país, decidió proteger el derecho de los habitantes de Pijao de expresar su opinión, a través de las urnas frente a los impactos de la actividad minera en este municipio que hace parte de la red mundial Cittaslow, o ciudades sin prisa del mundo, objetivo que se consiguió después de 11 años y también de la mano del trabajo de Flórez que logró que Pijao fuera incluido en 2014 en este listado que en ese momento tenía 221 pueblos de todo el mundo.

Además de Pijao, los municipios de Calarcá, Salento y Córdoba buscan realizar una consulta popular por iniciativa de sus alcaldes para frenar la minería.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consulta-popular-minera-en-pijao-quindio-este-domingo-106590

Perú

Gobierno aplica estado de emergencia como estrategia para mediar conflictos

En abril de este año, durante su primera entrevista como viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha Stucker, declaró a El Comercio que la nueva estrategia del gobierno para disminuir la conflictividad social se basaría en mejorar la gestión pública pero además, incluía la opción de declarar el estado de emergencia en zonas en conflicto para «garantizar el respeto orden jurídico».

Este enfoque se evidenció claramente a partir de diciembre de 2016. Antes de esta fecha, la estrategia aplicada por el ex jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), Rolando Luque, fue el de la instalación de las mesas de diálogo, tal como se hizo en los conflictos en Saramurillo (Loreto) y Las Bambas (Apurímac).

Este cambio significó en el corto plazo la creación en febrero pasado del nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial (que reemplazó la ONDS), ente que desde esa fecha se ha hecho cargo de los conflictos sociales, la descentralización y organización territorial.

Desde diciembre del 2016 hasta la fecha, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia (suspensión de derechos y mantenimiento del orden interno por parte de la policía y las Fuerzas Armadas) en cuatro localidades. En las provincias de Chumbivilcas en Cusco (20 de diciembre) luego de la destrucción de las oficinas de la empresa de agua potable en Santo Tomás y Cotabambas en Apurímac (10 de febrero) por las protestas en torno al proyecto Las Bambas; y en los distritos de Coporaque en Cusco (21 de febrero) por disturbios en torno a la minera Hudbay y ahora Tumán en Lambayeque (12 de junio), en todas estas localidades se registraron actos de violencia.

Excepto en la última, en todas se levantó el estado de emergencia una vez vencido el plazo otorgado.

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 064-2017-PCM, publicado ayer en una Edición Extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno en Tumán por 30 días calendario. De acuerdo a la norma, esta medida de excepción se adoptó por actos contrarios al orden interno que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la población de Tumán.

-Reunión con dirigentes en la PCM-

Fuentes de la PCM, confirmaron a este Diario que la declaratoria de emergencia en Tumán responde a la estrategia del gobierno para abordar la conflictividad. Hoy a partir de las 4 de la tarde se reúnen en Lima un grupo de dirigentes de Tumán con el viceministro Javier Fernández Concha en la PCM.

«Bajo el estado de excepción los dirigentes saben que podrían ir a prisión si realizan alguna actividad. La decisión ha sido viajar a Lima para llegar a un acuerdo», afirmó otra fuente desde Tumán. Ayer, la protesta entre trabajadores y accionistas de la empresa azucarera Tumán y la policía dejó al menos seis heridos y 16 detenidos.

Fuente:http://elcomercio.pe/peru/emergencia-estrategia-mediar-conflictos-434230

Perú

Conflictos mineros dejaron 50 muertos durante Gobierno de Ollanta Humala

Los conflictos mineros en Perú dejaron 50 muertos y 750 heridos durante los cinco años de Gobierno del presidente Ollanta Humala, cuya gestión concluirá el 28 de julio, afirmaron organismos no gubernamentales a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.

Observatorio de conflictos. Las ONG ambientalistas CooperAcción, Fedepaz y Grufides presentaron el 18 reporte Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), referido al primer semestre de 2016 y con recomendaciones al próximo gobierno del economista Pedro Pablo Kuczynski. Los organismos ofrecieron, además, un balance sobre el tratamiento que el Gobierno de Humala dio a los conflictos sociales del país, en especial los relacionados con la minería.

217 conflictos por mes. El director ejecutivo de la ONG Fedepaz, David Velazco, indicó que en los últimos cinco años los conflictos sociales se mantuvieron en un promedio de 217 por mes, un 70 % de los cuales tuvo motivos socio-ambientales. En junio pasado se sumaron otros dos conflictos socio-ambientales a los 150 de mayo, de los cuales 95 se encuentran directamente relacionados con la minería, según la Defensoría del Pueblo.

Instituciones ambientales. El directivo de CooperAcción José de Echave consideró que durante el Gobierno de Humala Tasso hubo «un gran retroceso» en el manejo de conflictos ambientales y consideró que esto se debió al «desmantelamiento de las instituciones ambientales y la pérdida de sus capacidades para hacer frente a los conflictos». «Cuando Humala llegó al gobierno en 2011 se despertó una gran expectativa por un cambio político muy publicitado en el manejo de los conflictos sociales que al final no ocurrió y que, al contrario, generó mayores conflictos y llevó al gobierno a cambiar de estrategia de manejo», explicó De Echave.

Flexibilización. El OCM indicó que Humala, que durante su campaña electoral de 2011 se manifestó en contra de varias proyectos mineros, terminó por establecer ya en el poder leyes ambientales a favor de la minería que generaron mayor conflictividad social. David Velázco agregó que entre las medidas ambientales negativas adoptadas por el actual Gobierno estuvo aquella que «flexibiliza los estudios de impacto ambiental» y que establece que de no obtener respuesta por parte del Estado en un determinado tiempo estos «sean aprobados».

Criminalización de la protesta. Asimismo, indicó que con las nuevas normas «se impide a los funcionarios pedir algún documento adicional que consideren necesario al estudio de impacto ambiental». El OCM alertó sobre el incremento de la criminalización de la protesta y la exoneración de responsabilidad de los militares o efectivos policiales que hagan uso reglamentario de sus armas al no permitir que sean investigados. EFE

Fuente: RPP.pe

 

Mexico

Autoridades agrarias de Ocotlán y Ejutla repudian proyecto minero en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Autoridades agrarias y municipales de los distritos de Ocotlán y Ejutla exigieron que se cancele el proyecto minero de la empresa Fortuna Silver Mines, así como se respeten las tierras de las comunidades zapotecas que han declarado sus territorios prohibidos para actividades extractivas.

De igual forma, culparon a la Semarnat, Conagua y Profepa por incumplir con sus responsabilidades, al permitir daños ambientales generados por el proyecto minero San José de las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/493892/autoridades-agrarias-ocotlan-ejutla-repudian-proyecto-minero-en-oaxaca

Colombia

Arbeláez y Pijao tendrán consultas mineras este domingo

Cundinamarca y Quindío tienen 1.021 títulos mineros, lo cual representa 12,7% del total que hay actualmente en el país (7.996).

Después de las consultas populares en Cajamarca (Tolima) y Cumaral (Meta) en marzo y junio de este año, serán dos los municipios que realizarán este tipo de votaciones. Las poblaciones de Arbeláez, en Cundinamarca, y Pijao, en Quindío, irán a las urnas este domingo para decidir si están o no de acuerdo con el desarrollo de actividades del sector mineroenergético.

Y aunque el precedente de esta fiebre de consulta minera son las victorias del no por más de 97%, ¿cuál es la importancia de Cundinamarca y Quindío para la actividad minera? Los dos departamentos suman 1.021 títulos vigentes, es decir, 12,7% del total nacional, que asciende a 7.996. Según cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Cundinamarca cuenta con 978 títulos mineros vigentes, de los cuales 70 están en exploración, 59 en construcción y montaje y 849 en explotación.

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Guatemala

Suspensión temporal de minera agita entorno de conflictividad

Después de 20 años de que Guatemala ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye el mandato  referente a las consultas   a los pueblos indígenas, el Estado parece ausente para emitir normas o legislar al respecto.

Aunque ha habido intentos, no se ha logrado articular las   leyes que permitan aplicar el mandato del Convenio, situación que ha causado incertidumbre jurídica para la inversión, en especial para minerías e hidroeléctricas, informaron directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

En el 2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, se trabajó una propuesta de reglamento  con dirigentes indígenas, pero cuando fue presentado  públicamente varias organizaciones comunitarias y sociales lo rechazaron y la Corte de Constitucionalidad (CC) los amparó, según  Miguel Ángel Balcárcel, excomisionado presidencial para el Diálogo Nacional.

“En otras palabras, la Corte dijo que no se podía reglamentar una consulta si no se consultaba a los pueblos”, comentó.

Balcárcel indicó que le correspondió hacer el acercamiento con el Congreso y otras instancias  acerca del tema, y  encontraron que esste organismo siempre ha tenido  temor de legislar al respecto,  debido a las reacciones que puedan mostrar las organizaciones en general, lo que significaría para los diputados pérdida de votos en elecciones, rechazo a su administración o incluso actos de violencia como amenazas o ataques.

“Lo que encontré fue temor de la reacción de la gente, amenazas, pérdida de votos”, afirmó Balcárcel.

En el 2012, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, en un gabinete de ministros de Estado se discutió acerca de la conflictividad, pero cada funcionario, según Balcárcel, tenía un criterio e interpretación diferentes del Convenio y de cómo hacer las consultas. Se dispuso integrar una comisión y traer expertos de la  OIT, y el tema se incluyó en un sistema de diálogo; sin embargo  ya no se le dio seguimiento, debido al escándalo por casos de corrupción detectados en el 2015, añadió.

Desde el 2016,  el presidente Jimmy Morales anunció que el  Ministerio de Trabajo   haría un reglamento, pero ahora las autoridades afirman que se trata de  una guía de estándares básicos para efectuar las consultas, ya que, luego de la resolución que emitió la CC por el caso de la hidroeléctrica Oxec, en mayo del 2017, le corresponde al Congreso  legislar al respecto —lo que conllevaría un reglamento—.

Mientras   esa normativa se aprueba, “el reglamento temporal” es la sentencia  de la CC mencionada, que establece mecanismos de consulta, aseguró esta semana Martín Sacalxot, de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Trabajo.

Balcárcel señaló que no tiene   prueba de años anteriores sobre acciones  del empresariado para no legislar al respecto,  y que desde el año pasado ese sector presiona para que   se reglamente, con el argumento de  falta de certeza jurídica.

El presidente Morales   arremetió ayer contra el Congreso y el Organismo Judicial, aunque aseguró que no defendía a ninguna industria, y abogó por la certeza jurídica, en   un discurso durante  un  acto público  en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

“No es posible que estemos cerrando empresas sin haberle dado una salida  que sea responsabilidad plena de nuestra legislación y de nuestras instituciones”, dijo, y advirtió que nadie querría invertir en Guatemala  si a una empresa le suspendieron sus licencias y cayeron en  30 por ciento sus valores de acciones en una bolsa extranjera.

Además, afirmó: “Señores diputados, ¿no quieren una actividad? legislen. Dejen de hablar. Justicia. Parecemos chuchos corriendo sus mismas colas. Queremos justicia, justicia”, enfatizó.

Crece impacto

Cada vez los impactos por la falta de esa normativa  son más visibles, indicaron  empresarios.

El mensaje enviado esta semana, en este caso por una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que suspende en forma provisional las licencias de la minera San Rafael, propiedad de la empresa canadiende Tahoe Resources, es que la inversión no venga a Guatemala porque no se respetan las reglas, coincidieron  el presidente del Cacif, Antonio Malouf; el  de la Cámara de Industria de Guatemala, Óscar Emilio Castillo; y el  de la Cámara de Comercio de Guatemala, Jorge Briz.

El  valor de las acciones de la compañía canadiense cayeron hasta un 38 por ciento debido a la resolución. Según Andrés Dávila, gerente de Comunicación de la minera, Tahoe Resources  cotiza en las bolsas de valores de Nueva York y Toronto.

El fuerte golpe se debe a que es una suspensión judicial de operaciones, y aunque en  semanas anteriores ya afrontaban problemas por bloqueos de pobladores,   era un

problema temporal sobre el cual se estaba dialogando, añadió.

Postura empresarial

Ayer,  el Cacif se declaró en sesión permanente  para impulsar medidas en instancias locales o internacionales, ya que las resoluciones  recientes  ahuyentan  la  inversión extranjera. Presentaron  un recurso de apelación al fallo de la CSJ por el caso de la  mina.

El lunes, el empresariado   pidió  públicamente al Estado la emisión de un reglamento y ese día   Marco Augusto García Noriega, vicepresidente del Cacif, recordó  que  la CC fijó en la resolución del caso de la hidroeléctrica Oxec  los  principios para no suspender el funcionamiento de los proyectos,  pero, agregó:   “parece que   no ha sido suficiente y los tribunales siguen resolviendo” en forma contradictoria. “Debe  existir unidad de criterio”, señaló.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), existen 33 licencias vigentes para exploración de minería metálica y 31 para explotación. Ya se encuentra  suspendida  por orden  judicial  el proyecto de Progreso VII Derivada —en San José del Golfo— y, ahora, la

minera San Rafael El Escobal —Santa Rosa—.

Del  2016 a la fecha no se han autorizado licencias de minería, aseguró el MEM.

Datos del sector refieren que  se reportan 46 sentencias judiciales, 29 de estas relacionadas con minería e hidroeléctricas.

En el Congreso hay dos iniciativas de ley referentes al Convenio 169 que no se han concretado y  hasta ayer no había ingresado un nuevo proyecto.

Impacto empresarial

Según el sector privado, debido a los problemas  en la minera San Rafael se pone en riesgo el sustento de  más de  85  mil guatemaltecos que dependen de ingresos generados por estos  sectores.

Se habla de  17 mil empleos directos —mil cien de la minera y el resto, de empresas proveedoras—.

“El país deja de recibir Q5 millones diarios en regalías, salarios e  impuestos por un día de paralización de labores», advirtió Dávila.

Agregó que las regalías que deja esa minera al municipio de  San Rafael Las Flores son de Q50 millones anuales, mientras que el situado constitucional es de de Q9 millones,  lo que considera  una importante pérdida.

Fuente:http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/suspension-temporal-de-minera-agita-entorno-de-conflictividad