Colombia

“Seguiremos con las marchas por la vida y por el agua, acciones directas contra las prácticas de los mercenarios mineros en el Macizo Colombiano”

Oscar Salazar, líder del Proceso Campesino y Popular del Municipio de La Vega, explica la situación que padece este municipio del macizo colombiano con relación a la problemática minera, los desarrollos en materia de movilización que las comunidades vienen llevando a cabo y la consulta popular que han decidido realizar para decir el futuro de esta región estratégica para la conservación de la vida de Colombia y parte de Suramérica.  Aquí la entrevista completa.

ACPA Cauca/ ¿Cuál es la situación del municipio de la Vega en relación a la problemática minera?

Oscar Salazar/ La situación del municipio de La Vega es bastante crítica si tenemos en cuenta que la minería legal tiene trece títulos otorgados, 69 solicitudes en proceso y uno de los bloques de las zonas estratégicas mineras. De modo que eso, conjugado con la minería ilegal que nosotros llamamos minería mercenaria hacen que la situación sea bastante grave y frente a eso es que hemos actuado en acciones de control de territorio por la defensa del medio ambiente y la cultura.

ACPA Cauca/ Frente a esta problemática que se vive en La Vega el fin de semana pasado las organizaciones y las comunidades del municipio conformaron el comité promotor de la Consulta Popular, ¿cuál es el objetivo de esta consulta?

O.S./ Bien. Nosotros hemos pensado en que es necesario hacer esta consulta popular a las comunidades de nuestro municipio y aún no hemos definido si lo focalizamos en minería, minería metálica o sí también vamos a incluir las hidroeléctricas, o si también vamos a incluir las exploraciones de los hidrocarburos. Es una discusión que aún tenemos al interior de los procesos organizativos porque todas estas tres formas de exploración de recursos son una amenaza contra nuestro territorio.

ACPA Cauca/ Este tipo de acción legal, constitucionalmente y jurídicamente soportado, se le suma la movilización social que las comunidades de La Vega han hecho en el municipio. ¿Qué otro tipo de acciones vienen en camino  para hacer frente al tema de la minería?

O.S./ Bueno, nosotros hemos generado por quince años ya, un proceso de formación respecto a lo que significa la gran industria minera y la problemática de la confianza inversionista, en esta actividad absolutamente agresiva frente al medio ambiente y las culturas. Ese proceso de formación nos ha llevado a generar dinámicas de choque contra la política minera y sus prácticas, pero adicional a eso también hemos generado iniciativas al interior de nuestras comunidades para el fortalecimiento, empoderamiento de nuestras comunidades con relación al medio ambiente, seguimos entonces con nuestros programas de política popular, como el de la apropiación colectiva integral del territorio o el de Ojos de Agua, Una Mirada al Futuro, son acciones en positivo para el empoderamiento de nuestras comunidades frente al territorio y el medio ambiente. Como lo decía, seguiremos con las marchas por la vida y por el agua, acciones directas contra las prácticas de los mercenarios mineros que llegan a nuestro territorio a tratar de convertir un territorio minero que no es minero. Son de las dinámicas que han marcado nuestro trasegar, es parte de la lucha que hacemos día a día.

ACPA Cauca/  En relación a la consulta popular: ¿cuáles son los siguientes pasos para que esta acción legal y legítima se pueda realizar?

O.S./ Como esta consulta popular es de iniciativa ciudadana, el primer paso es la constitución del equipo promotor y la inscripción del mismo. Hay unos formularios que se deben llenar, esa parte es fundamental. De ahí toca recoger las firmas en formularios que da la Registraduría, para lo cual se tiene un plazo de seis meses. Recogida las firmas, tiene que ser más del 10% de firmas válidas que tienen que estar dentro de las firmas de los ciudadanos que están censados en el censo electoral de la jurisdicción respectiva. Si se logra pasar al 20%, entonces se obviaría el siguiente paso, que es el control político por parte de concejo municipal en relación a lo conveniente o inconveniente la consulta popular por el concejo municipal. Es el siguiente paso repito, eso si se tiene entre el 10 y 20%. Sí se tiene más del 20% ese paso no tiene necesidad de surtirlo y se pasa al control constitución por parte del Tribunal Administrativo. En este caso del departamento del Cauca, entonces si ya se pasan estos controles se tienen que señalar una aprobación de la consulta popular y una vez, la aprobación de la consulta popular como procedimiento, se tienen tres meses para realizar la consulta; esto implica un periodo máximo en términos legales, de once meses  y mínimo si no se utilizan todos los lapsos que da la norma consideramos, cuatro meses es factible realizarlo.

ACPA Cauca/ Finalmente, los acuerdos de paz y la respectiva implementación, ¿Cómo afecta al Macizo Colombiano?

O.S./ Los acuerdos de paz son una gran esperanza para el pueblo colombiano y los territorios, dado lo que ahí fue pactado. Pero para el caso del Cauca, que hayan solo 21 municipios dentro de los municipios PDET y que el gobierno nacional no haya permitido que se priorice más municipios y en este caso ninguno fue priorizado en el Macizo colombiano, creo que es de las peores faltas de voluntad política que ha mostrado el gobierno colombiano en la implementación de estos acuerdos, porque los PDET, son definitivamente una esperanza de redención para los territorios que han sido golpeados por las condiciones de pobreza en que han sido sumidos por las políticas estatales.

Por: Agencia de Comunicaciones Prensa Alternativa del Cauca (ACPA Cauca)

12 de julio de 2017.

Fuente:http://radiomacondo.fm/2017/07/13/seguiremos-las-marchas-la-vida-agua-acciones-directas-las-practicas-los-mercenarios-mineros-macizo-colombiano/

Colombia

Alcaldía socializó proyecto de acuerdo que busca prohibir la minería contaminante en Ibagué

La Alcaldía de Ibagué socializó este miércoles ante el Concejo Municipal el Proyecto de Acuerdo número 012, por medio del cual se busca prohibir la realización de actividades mineras contaminantes en todo el territorio urbano y rural de la capital del Tolima.

De acuerdo con César Picón, secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el objetivo de la Alcaldía es que el Concejo prohíba la ejecución de proyectos mineros que afecten el suministro del recurso hídrico de los ibaguereños y que generen un impacto ambiental irreversible para la ciudad.

“Expusimos ante el Concejo las consideraciones constitucionales y legales que dan soporte a esta corporación para poder ordenar el territorio, esto con el fin de que la actividad minera no pueda generar afectaciones al patrimonio ecológico y cultural de Ibagué”, dijo Picón.

Actualmente, en Ibagué existen 88 títulos mineros, 25 de ellos para la posible explotación metales como el oro, que comprenden un área de 40.000 hectáreas de la zona urbana y rural de la ciudad.

“En Ibagué tenemos aproximadamente 140.000 hectáreas, y 40.000 de ellas ya tienen títulos mineros. Por eso, este proyecto de acuerdo busca prohibir la explotación minera de mediana y gran escala y de metales, toda vez que este proceso genera afectaciones irreversibles en el medio ambiente”, sostuvo Picón.

Y añadió: “Los efectos de la minería a mediana y gran escala podría poner en riesgo el suministro de servicios ambientales para los ibaguereños. Esperamos que este proyecto de acuerdo surja un trámite positivo para que, entre todos, podamos preservar el patrimonio ecológico de Ibagué”.

Cabe mencionar que el proyecto de acuerdo socializado en el Concejo no prohíbe ni afecta a los pequeños mineros de la ciudad.

“En el proyecto de acuerdo se establece de manera puntual que la pequeña minería no va a ser afectada por la decisión que tome el Concejo Municipal. Al contrario, los mineros artesanales están siendo censados por la Administración Municipal y serán incluidos dentro de proyectos productivos para mejorar su actividad”, concluyó Picón.

Tras la socialización del proyecto, ahora el Concejo Municipal deberá fijar una fecha para realizar las ponencias respectivas y, posteriormente, realizar los debates de aprobación o desaprobación del mismo.

 Fuente:http://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-109013-alcaldia-socializo-proyecto-de-acuerdo-busca-prohibir-la-mineria-contaminante-iba
Mexico

Piden al Gobernador que detenga proyecto minero de exploración “Caballo Blanco”

Veracruz, Ver.-El físico matemático de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bernardo Salas Mar, exigió al gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares, intervenga para que de una manera u otra, detenga el “Proyecto Minero de Exploración Caballo Blanco”, ubicado en el municipio de Alto Lucero, por poner en riesgo la estabilidad de la Central Nuclear de Laguna y con ello a toda la población cercana.

Y es que advirtió que recientemente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó a la industria minera la puesta en marcha de este proyecto en el que utilizará grandes cargas de dinamita, cuyas explosiones podrían provocar sismos de mediana y gran intensidad, lo cual podría ocasionar fallas y fisuras en las instalaciones de Laguna Verde e incluso en los reactores.

Dijo que la administración estatal pasada, Javier Duarte de Ochoa, se opuso rotundamente y canceló este proyecto, precisamente por estar a un costado de la misma planta lo que pone en riesgo a la población de toda esta zona del estado.

Acusó que la autorización irregular la firmó el delegado federal de la Semarnat, José Antonio González Azuara, de acuerdo al oficio SGPARN.02.IRA.0395/17, con fecha 23 de enero de 2017.

El científico veracruzano exigió una investigación a este funcionario federal, ya que dijo es el mismo que autorizó la construcción del Almacén de Combustibles Gastados dentro de la Central Nuclear Laguna Verde, sin exigir las manifestaciones de impacto ambiental.

Dijo que estas autorizaciones que tienen consecuencias graves sobre la salud y la vida de los veracruzanos, podrían también tipificarse como ecocidio y solo se pueden explicar como acto de corrupción, pues la causal de incompetencia resulta increíble.

“El pasado 13 de junio informe al Órgano Interno de Control de la Semarnat respecto a esta nueva irregularidad quedando ampliada la primera queja en contra de José Antonio González Azuara, con el oficio 16/113/TAQ0955/2017, con expediente 2017/SEMARNAT/DE88, de fecha 16 de marzo y firmada por la licenciada María Linda Alcántar Vargas, titular del área de quejas de Semarnat, quien hasta hoy no ha hecho absolutamente nada”, acusó.

“Igualmente el 16 de junio de 2017 informe a la Comisiona Nacional de Derechos Humanos de esta nueva irregularidad, pues se atenta contra la salud y la vida de los veracruzanos, queja que quedó radicada en la Sexta Visitaduria General a cargo de Nayeli Maricela Hacha Álvarez, quien tampoco ha hecho nada al respecto, es más ni siquiera se han pronunciado al respecto”, finalizó.

Fuente:http://www.noreste.net/noticia/piden-al-gobernador-que-detenga-proyecto-minero-de-exploracion-caballo-blanco/

Mexico

Grupo México tiene 2,600 denuncias en contra por derrame

 Las acusaciones fueron presentadas a la PGR y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los habitantes del Río Sonora y el Sindicato Minero.

SONORA, Jul. 08.- Reina Castro Longoria, integrante del departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, señaló que el expediente legal contra Grupo México será analizado por la Suprema Corte de Justicia la Nación.

El expediente está conformado por 2 600 denuncias. Las denuncias fueron presentadas a la PGR y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los habitantes del Río Sonora y la Sección 65 del Sindicato Minero.

Esto se debe a los daños que fueron ocasionados por el derrame de tóxicos de 2014. La investigadora Castro Longoria, mencionó que el hecho que la Suprema Corte tenga el caso es una buena señal. Castro Longoria ha encabezado varias investigaciones sobre el caso de la contaminación provocada por el derrame tóxico.

También, señaló que la administración ha limitado la atención en daños “ísicos a sólo 270 habitantes, cuando cada semana aparecen más personas afectadas.

lasillarota.com

Fuente:http://nopasanada.mx/grupo-mexico-2600-denuncias-derrame/

Mexico

Otorgan amparo a comunidad Me’Phaa contra la explotación minera en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comunidad Me’Phaa de San Miguel del Progreso (“Juba Wajiín”) obtuvo un amparo de la juez primero de Distrito, Estela Platero Salado, que protege su territorio de la explotación minera.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan precisó que el pasado 28 de junio, dentro del juicio de amparo 429/2016, la juez otorgó la protección de la justicia a los pobladores de esa comunidad contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos para la actividad minera, debido a que resultaron “esencialmente fundados” los conceptos de violación.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/494474/otorgan-amparo-a-comunidad-mephaa-contra-la-explotacion-minera-en-guerrero

Argentina

La Justicia ordenó la suspensión de las actividades de Minera Alumbrera por contaminación

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- La Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Tucumán ordenó hoy la inmediata suspensión de las actividades que realiza la empresa «Minera Alumbrera Limited» en los yacimientos «Bajo de la Alumbrera» y «Bajo del Durazno» , ubicados en Andalgalá, en la vecina provincia de Catamarca.

Con la firma de la jueza Marina Cossio de Mercau y de los conjueces Daniel Bejas y Guillermo Molinari, la sentencia dispone que la medida regirá hasta tanto la minera presente documentación que acredite la contratación de un seguro para hacer frente a la reparación del daño ambiental que pueda haber ocasionado con su accionar.

«La causa por contaminación contra Minera Alumbrera y su socia Estatal, YMAD, fue iniciada a principios de 2010 por un recurso de amparo presentado por la ciudadana catamarqueña Felipa Cruz y otros pobladores de Andalgalá que son propietarios de los terrenos donde se encuentran los yacimientos.

Con el apoyo del fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, la denunciante había solicitado el dictado de una medida cautelar con el fin de que se ordene la suspensión inmediata de la actividad de Minera Alumbrera en sus terrenos hasta tanto se realizaran informes periciales in situ para medir el alcance de la contaminación provocada por la empresa.

Esos estudios, según la denuncia, también permitirían constatar la degradación del medio ambiente provocada por las filtraciones originadas en el llamado «dique de colas» donde la empresa deposita el líquido contaminado con metales pesados y otras sustancias como resultado de sus actividades. En la demanda, la parte actora pidió que se mantenga la suspensión de las actividades mineras hasta que la empresa minera acredite haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental ocasionado.

Un largo proceso

En abril de 2010, un juez de primera instancia rechazó la medida cautelar y dicho fallo fue ratificado en 2012 por la propia Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (en distinta composición a la que actuó ahora).

La denunciante y el fiscal Gómez apelaron la decisión en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 23 de febrero de 2016 decidió hacer lugar al reclamo y ordenó que el máximo tribunal federal local dicte un nuevo pronunciamiento.

Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán (ejerce como tribunal de alzada de los juzgados federales de primera instancia de esta provincia, de Catamarca y de Santiago del Estero), hizo lugar a la cautelar y ordenó la inmediata suspensión de las actividades de Minera Alumbrera hasta tanto se concrete la inspección requerida y acredite la contratación de un seguro.

El daño ambiental

En la sentencia dictada hoy, a la que LA NACION tuvo acceso, el tribunal advirtió que los informes periciales que obran en la causa permiten suponer que la empresa minera provocó un daño ambiental que debe ser reparado.

Los jueces Cossio de Mercau, Bejas y Molinari señalaron que «el dique de colas -presa de residuos construido por la demandada para retener temporalmente efluentes líquidos procedentes de las plantas de tratamiento- fue construido sobre un terreno con elevada permeabilidad, lo que compromete ‘la impermeabilidad de dicho dique'», lo que constituye un riesgo para el medio ambiente. Según los magistrados, «se puede interpretar, a priori, que si los efluentes residuales almacenados en el dique son tóxicos, los mismos se podrían filtrar causando al ambiente y por consiguiente a la vida humana, vegetal y/o animal que en él se ubica, daños que podrían tornarse irreversibles e incluso afectar a las generaciones futuras».

Para fundamentar las sospechas sobre el daño ambiental que habría provocado Minera Alumbrera, el tribunal destacó que «la demandada habría incorporado un sistema de retrobombeo para el manejo del ‘dique de colas’ a fin de detener el proceso de contaminación del subsuelo, tratándose de un método de limpieza de acueríferos contaminados».

En su pronunciamiento los jueces indicaron que, de acuerdo a los estudios adjuntados al expediente, «el recurso hídrico se encuentra en este caso alterado».

Además, recordaron que «la restauración de la calidad de un acuerífero deteriorado por el ingreso de uno o varios contaminantes, constituye una tarea complicada en el aspecto técnico y generalmente de altísimo costo, siendo muy compleja su restitución a su condición original».

Por las razones expuestas, el tribunal ordenó «la suspensión inmediata de la actividad minera llevada a cabo en los yacimientos mineros denominados ‘Bajo de la Alumbrera’ y ‘Bajo el Durazno’, a fin de que se realicen los informes periciales in situ para determinar la posible contaminación y degradación del medio ambiente y hasta que las demandadas acrediten fehacientemente haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño, según lo dispone el Art. 22 de la Ley General del Ambiente 25.675».

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2041761-la-justicia-ordeno-la-suspension-de-las-actividades-de-minera-alumbrera-por-contaminacion

Mexico

Indígenas ganan a trasnacionales mineras

La Jueza Primero de Distrito, Estela Platero Salado, otorgó el amparo a la comunidad indígena de San Miguel del Progreso -“Juba Wajín”- frente a la “amenaza minera” que pretendía explorar y explotar su territorio. La sentencia se dictó dentro del juicio de amparo 429/2016.

“No permitiremos la entrada de empresas trasnacionales y nacionales que pretendan explotar nuestro territorio”, sentenció en conferencia de prensa Miguel Santiago, del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio.

Y es que desde 2010, la comunidad de San Miguel del Progreso, en la Montaña de Guerrero inició un litigio en contra de ña Declaratoria de Libertad de Terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera.

Derivado de este proceso judicial, la primera sentencia de amparo contra concesiones mineras fue notificada el 12 de febrero de 2014; lo que llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Después de ello, “en una maniobra estratégica las empresas desistieron de sus títulos de concesión, “lo que obligó a la SCJN a sobreseer el amparo y evitó que entrara al análisis de la constitucionalidad en inconvencionalidad de la Ley Minera”, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Talchinollan.

Es en la Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015, publicada por la Secretaría de Economía el 24 de noviembre de 2015, en la que se declaraba a los terrenos Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de tinieblas, libres “con el fin de otorgar nuevamente concesiones mineras”.

La abogada Claudia Gómez Godoy dijo que desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) “no creemos que haya minería buena,verde, sustentable o responsable, sino que toda la minería significa despojo, enfrentamiento, significa conflictos intercomunitarios, significa muerte y significa contaminación, por lo cual; el amparo que hoy se gana es sin duda una noticia que hay que celebrar porque abre surco, camino, para un montón de pueblos que a lo largo del país se están oponiendo a estos proyectos de muerte”.

Contra las disposiciones del gobierno federal, indicó Tlachinollan, el 30 de junio pasado las autoridades agrarias de San Miguel del Progreso y Tlachinollan fueron notificados de la sentencia “inédita” dictada por la juez Platero Salado, “en la que ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistente la Declaratoria de Libertad de Terrenos y que en caso de que pretenda continuar con el procedimiento de otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad, deberá respetar los derechos colectivos de la comunidad entre ellos la consulta”.

 

Maribel González Pedro, asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, comenta en que “la lucha de San Miguel del Progreso que ha emprendido desde 2010 es frente a la amenaza minera, ya con esta sentencia es la segunda que gana frente a tribunales judiciales  y frente a la política extractivista del gobierno mexicano. Los pueblos de la Montaña tienen concesiones vigentes; sin embargo, también tienen una lucha que al día de hoy se encuentra más fortalecida gracias a este amparo que no sólo es un logro de la comunidad sino del consejo de autoridades agrarias en defensa del territorio y ellos están siguiendo otras vías de fortalecer la comunidad y su organización comunitaria…”.

Fuente:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/07/11/indigenas-ganan-a-trasnacionales-mineras/

Chile

El reacomodo del sector minero: profundizando la adicción extractivista

En 2014 se presentó la nueva política minera, bajo el lema de “Minería Virtuosa, Inclusiva y Sostenible”, como un impulso para proyectar al sector como el pilar de la economía nacional, y que, entre otras cosas, planteó un aumento de la extracción en un 36% desde el 2015 al 2024. Esto significa llevar la megaminería a lugares donde nunca ha existido e intensificar aún más la sobreexplotación en territorios ya devastados, como ocurre en Chañaral, uno de los sitios más contaminados del planeta, donde se pretende explotar las 350 millones de toneladas de relaves depositadas por 50 años en la cuenca del Río Salado y que hoy está bancado en la bahía de esa ciudad.

Chile será sede de la primera versión en América Latina de la cumbre más importante sobre inversión minera mundial, basada en Indaba Mining Africa, que reúne desde hace 20 años a múltiples actores para explotar ese continente.

Se trata de “Invertir en América Latina: Donde el mundo se conecta con la Minería de Latinoamérica”, a realizarse los días 11 y 12 de julio en Santiago.

Chile, como país anfitrión, busca, por sobre todo, promover y posicionar a América Latina como el paraíso ideal para la inversión minera, proyectando y alimentando la base cultural extractivista de que la región posee riquezas ecológicas infinitas.

Hoy estamos ante un escenario en que la minería adquiere dimensiones de impacto ambiental nunca antes conocidas, sobrepasando todo límite racional de explotación.

En las últimas dos décadas, América Latina (período 1990-2010) casi duplicó su participación mundial en la extracción de oro, molibdeno de mina y cobre (CEPAL; UNASUR, 2013), insertándose en el sistema global como una de las principales regiones proveedoras de materias primas sin procesamiento a países industrializados. Este crecimiento exponencial ha estado acompañado de un acelerado aumento de pasivos ambientales que han desencadenado un vasto número de conflictos socioambientales con comunidades locales en toda la región. Según la información del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), se registran 219 conflictos mineros en América Latina, concentrándose la mayor cantidad de ellos en Perú, México y Chile.

Constantemente se están realizando cumbres mineras en Chile, y a nivel región, pero ¿qué hace especial esta cumbre de todas las demás?, ¿qué proyecta para el futuro del extractivismo minero en Latinoamérica? Muchas dudas surgen, sobre todo, porque es la primera versión en América Latina de una “exitosa” cumbre que subasta año tras año el devenir de uno de los continentes más pobres y devastados del globo.

¿América Latina como el nuevo África?

La justificación de esta cumbre se basa en generar un nuevo escenario para Latinoamérica, dado el contexto en el que se encuentra el sector a nivel global, luego del fin del súper ciclo. En el caso del cobre, su precio ha observado una baja hasta en un 30% en los últimos dos años.

La apuesta principal de la cumbre es reincentivar la inversión minera en la región, luego de que el sector dejará de hacerlo para adecuarse a la baja del precio. El encuentro busca instalar la idea que América Latina se encuentra en un “escenario estable” para llevar a cabo las inversiones, ve “con buenos ojos” que Perú, Brasil y Argentina estén bajo la conducción de gobiernos de derecha: “Gran parte de América Latina está escencialmente bajo una nueva dirección, con políticas que cambian para favorecer el sector minero, ver, por ejemplo, la reciente reducción de impuestos a la exportación de productos mineros en Argentina. Todo esto proporciona una perspectiva mejorada para los inversores, los mineros y la economía de la región”.

Asimismo, logran proyectar “un optimismo cauteloso” sobre la explotación de litio, oro y cobre, dada la constante necesidad de estos minerales en el mercado.

¿Qué y quiénes están detrás de esta cumbre?

El evento cuenta con el apoyo de Prospectors & Developers Association of Canadá (Asociación Canadiense de Prospección & Desarrollo), entidad que anualmente organiza uno de los encuentros en minería más importantes de ese país. También tiene la ayuda de sponsors (financiamiento a cambio de publicidad) por parte de empresas mineras como Newmont Mining Corporation, dueña de los cuestionados proyectos Yanacoha y Conga en Perú, debido a las afectaciones ambientales y sociales a los habitantes de Cajamarca, en especial de Máxima Acuña, ganadora del Goldman Prize 2016; y YamanaGold, propietaria de los proyectos auríferos El Peñon, en la Región de Antofagasta, y Florida, en Alhue. Este último, ha generado un impacto ambiental en el territorio debido a filtraciones constantes en su tranque de relaves. También aparece la firma de abogados transnacional Baker McKenzie, la Bolsa de Comercio de Santiago, la multinacional en construcción Black&Veatch, entre otras entidades.

Dentro de los patrocinadores oficiales del evento están los principales gremios mineros del país, como el Consejo Minero, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN), entidades defensoras acérrimas de esta “adicción extractivista” a basar nuestra economía en la explotación y exportación de minerales sin procesamiento. El encuentro contará con la presencia de la ministra de Minería, Aurora Williams, y con autoridades del rubro de Argentina, Perú, Ecuador y Sudáfrica. Esta diversidad de actores público-privados nos evidencia que para el poder político y económico de estos países los límites irracionales de expansión de la minería no son suficientes, y que la respuesta a la crisis en la baja del precio debe enfrentarse con más explotación.

El caso particular de Chile: horrorosas prospecciones

En 2014 se presentó la nueva política minera, bajo el lema de “Minería Virtuosa, Inclusiva y Sostenible”, como un impulso para proyectar al sector como el pilar de la economía nacional, y que, entre otras cosas, planteó un aumento de la extracción en un 36% desde el 2015 al 2024. Esto significa llevar la megaminería a lugares donde nunca ha existido e intensificar aún más la sobreexplotación en territorios ya devastados, como ocurre en Chañaral, uno de los sitios más contaminados del planeta, donde se pretende explotar las 350 millones de toneladas de relaves depositadas por 50 años en la cuenca del Río Salado y que hoy está bancado en la bahía de esa ciudad. Con esta proyección se requiere aumentar la demanda de agua y energía, además de pavimentar un camino sin retorno hacia la destrucción de ecosistemas frágiles e irrecuperables, como son los glaciares.

A través de esta cumbre, la ministra de Minería dará inicio a una suerte de subasta regional, donde empresarios/especuladores, a partir de una laxa legislación, han logrado concesionar gran parte del territorio nacional en pro de estos proyectos que incluyen en su maleta altos índices de conflictividad social en cada localidad en que se instalan, contaminación atmosférica, de suelo y agua versus unas sobreganancias para las empresas, que para el caso de nuestro país, según constata un estudio de la Universidad de Chile, llega a los 120 mil millones de dólares, que equivale al 45% del PIB que alcanzó en el año 2014.

Cifras devastadoras que dan cuenta del negocio redondo que significa “invertir” en Chile y del empobrecimiento planificado que ha sufrido el “arca estatal” frente a sus ojos y bajo su venia, a la espera de que un nuevo súper ciclo o boom se instale y con ello volver a mitificar en torno a la minería, bajo el lema de que, cuando crece, todos crecemos. Una ecuación que en la práctica, podemos comprobar, está muy lejos de ser real.

Lucio Cuenca y Stefanía Vega
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
Tania Muñoz
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)

Fuente:http://m.elmostrador.cl/mercados/2017/07/11/el-reacomodo-del-sector-minero-profundizando-la-adiccion-extractivista/

Mexico

México: Indígenas reciben amparo jurídico histórico para frenar la minería en su territorio

En el territorio de esta comunidad mexicana, compuesta por 3.800 personas, han existido 44 concesiones mineras, la mayoría de Canadá y Perú.

La comunidad mexicana de San Miguel del Progreso, en el municipio de Malinaltepec, Estado de Guerrero, ha obtenido un amparo histórico que protege sus territorios de la actividad minera, informa el periódico ‘Sin Embargo’.

El patrocinio de la comunidad, compuesta por 4.500 hectáreas y 3.800 personas, fue otorgado a finales del pasado mes de junio por la Jueza Primera de Distrito, Estela Platero Solano. Según los indígenas, en su territorio han existido 44 concesiones mineras, la mayoría de la cuales provienen de Canadá y de Perú. La mitad de ellas han sido canceladas.

En una conferencia de prensa celebrada en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, se justificó la decisión de otorgar patrocinio y protección a la comunidad y a sus territorios por «resultar esencialmente fundados los conceptos de violación y, por ende, quedar demostrado el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena agraria».

Por su parte, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad, Valerio Amado Solano, subrayó que el amparo a favor de los indígenas se debe a la lucha que emprendieron los pobladores hace unos siete años. «Rechazamos a las empresas mineras en nuestra comunidad», recalcó Valerio Amado.

Este es el segundo amparo que obtienen los indígenas frente a la amenaza de la esfera de minería en su territorio. La primera victoria de esta comunidad tuvo lugar el 12 de febrero de 2014.

Fuente:https://actualidad.rt.com/actualidad/244126-mexico–historico-amparo-indigenas-mineria

Chile

Organizaciones se manifestaron contra cumbre minera que busca profundizar expansión extractivista en Chile y América Latina

Organizaciones de comunidades afectadas por los impactos sociales, ambientales y económicos de la megaminería en Chile se manifestaron este mediodía en contra de la realización de la Cumbre “Investing in Latam Mining”, que congrega a los principales inversionistas mineros y a ministros del ramo de la región, el 11 y 12 de julio, en el Hotel Sheraton en Santiago.

Bajo la consigna “Minería invirtiendo en saqueo, despojo y contaminación», representantes de distintas comunidades del norte, centro y sur del país, junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de América (OCMAL), protestaron contra el evento que busca promover y posicionar a la región como el paraíso ideal para la inversión minera y así profundizar la expansión extractivista.

Acompañados con músicos, los asistentes leyeron una declaración pública con la adhesión de más de 70 organizaciones chilenas y latinoamericanas que manifiesta el repudio al evento.

Francisca Fernández, del Movimiento por el Agua y los Territorios, advirtió que Chile se ha convertido en una suerte de baluarte del crecimiento económico a costa de la actividad minera. “La realización de esta cumbre es emblemática porque da cuenta como hoy más allá de generarse políticas de desarrollo sostenibles, estamos nuevamente anclados en el modelo más clásico del extractivismo, reforzando la actividad minera a pesar de la gran cantidad de investigaciones y estudios de impacto ambiental que evidencian el arrase de la contaminación y la vinculación de la emisión de gases de la minería con el calentamiento global. Es un gesto completamente contradictorio con las grandes reflexiones que estamos haciendo respecto de la mega crisis ambiental y ecológica que vivimos”.

Ramón Balcazar, Agrupación Defensa del Salar de Atacama, acusó que el Estado está siendo cómplice de un modelo extractivista, que favorece a transnacionales, afecta los ecosistemas, el agua y las formas de vida de las comunidades. “El norte grande ha sido considerado históricamente una zona de sacrificio, que ha afectado a las comunidades indígenas hace más de 100 años,primero con el salitre, luego el cobre y el litio».

A través de un comunicado, se denunció los efectos que la minería del Litio está teniendo sobre el ecosistema en la Cuenca del Salar de Atacama. Mencionan que SQM opera hace décadas sin ninguna fiscalización y con un oscuro historial de prácticas ilegítimas, a lo que se suma la decisión del Estado de autorizar la ampliación de las operaciones que la estadounidense Albemarle realiza bajo el nombre de Rockwood Lithium, y a la amenaza de entrada de un tercer “competidor” al Salar: la canadiense Wealth Minerals.

Para Esperanza Álvarez, de Putraintu, parte de Putaendo Resiste, “la cumbre es nefasta pues busca propiciar el escenario para imponer el extractivismo en un territorio que ni conocen, sin ética por la vida, sin arraigo. El Estado no está representando los intereses del pueblo”.

La dirigenta denunció que la calidad del agua de toda la región de Valparaíso está siendo amenazada con esta actividad. La compañía Minera Vizcachitas Holding, de Andes Cooper, realiza sondajes exploratorios con el fin de concretar eventuales explotaciones mineras en el sector de Los Patos, en Putaendo.

“Con este proyecto, se quiere aniquilar miles de millones de toneladas no solo de tierra, sino de flora de fauna, de cerros..”.

Por su parte, Sebastián Cruz, de la Comunidad Patay Ko, de Valle del Huasco, sostuvo que “el Estado impulsa estos proyectos extractivistas por sobre la ley y los derechos humanos. A toda costa, busca viabilizar la inversión, aunque las empresas incumplan las resoluciones de calificación ambiental y haciendo vista gorda a las consecuencias que han tenido los proyectos mineros en la cuenca, sin escuchar a la comunidad”.

El principal proyecto de la zona es Pascua Lama, que está en la naciente de la cuenca del río Huasco y sobre los glaciares que nutren de agua a todo el valle. Denunció que las empresas mineras buscan dividir a las comunidades ofreciendo incluso ser accionistas de los proyectos industriales que destruyen y contaminan los territorios, para funcionar sin ninguna oposición. “Como habitantes y representantes indígenas en el territorio nos organizamos para demostrar que no estamos a favor de la responsabilidad social empresarial, que no queremos plata a cambio de la contaminación de los ríos”.

El 11 de Julio de 1971, bajo la presidencia de Salvador Allende, se votó por unanimidad en el parlamento la nacionalización de la Gran Minería chilena.

Lucio Cuenca, del OLCA, afirmó que “a 46 años de ese hecho histórico, la Ministra de Minería, Aurora Williams, inauguró el evento internacional más importante de la minería transnacional para Latinoamérica en el último tiempo, que busca seguir expandiendo y privatizando la minería en Chile y la Región. Es una provocación haber elegido esta fecha para tan infame evento”.
Cuenca agregó que a través de esta cumbre, “la Ministra Williams dará inicio a una suerte de subasta regional, donde empresarios/especuladores, quienes a partir de una laxa legislación, han logrado concesionar gran parte del territorio nacional en pro de estos proyectos que incluyen en su maleta altos índices de conflictividad social en cada localidad en la que se instalan, contaminación atmosférica, de suelo y agua versus una sobre ganancias para las empresas”.

Para Tania, Muñoz, OCMAL, “la justificación de esta cumbre se basa en generar un nuevo escenario para Latinoamérica, dado el contexto en el que se encuentra el sector a nivel global, luego del fin del súper ciclo. En el caso del cobre, su precio ha observado una baja hasta en un 30% en los últimos dos años”. En esta línea, sostuvo que la apuesta principal de la cumbre es reincentivar la inversión minera en la región, luego de que el sector dejará de hacerlo para adecuarse a la baja del precio. El evento busca instalar la idea que América Latina se encuentra en un “escenario estable” para llevar a cabo las inversiones, ve “con buenos ojos” que Perú, Brasil y Argentina estén bajo la conducción de gobiernos de derecha.

Desde la organización del evento minero se intentó acallar la acción de protesta pacífica, bajo el argumento que se estaba en un recinto privado.

La declaración pública advierte que el gobierno de Chile ha venido suscribiendo una serie de acuerdos de comercio para blindar al negocio minero, y de manera absolutamente irresponsable Bachelet se ha impuesto firmar 12 Tratados de Libre Comercio remozados, sin consulta ciudadana y a meses de finalizar su mandato; y que esta cumbre es corolario funesto de estas gestiones.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/multimedia/2017/07/11/video-organizaciones-se-manifestaron-contra-cumbre-minera-que-busca-profundizar-expansion-extractivista-en-chile-y-america-latina/