Colombia

Pijao se une para prohibirle la entrada a la minería

En cada esquina de Pijao, en Quindío, hay un letrero que invita a los habitantes del municipio a ir a las urnas este domingo. Hasta en la casa cural del pueblo fijaron un colorido cartel que reza: “Vote no a la minería de metales, la montaña nos une”.

Los pijaenses aseguran que asistirán masivamente a las votaciones de la primera consulta popular que se lleva a cabo en el Eje Cafetero, que busca frenar los proyectos mineros en un municipio. Su promotora y exconcejal del municipio, Mónica Flórez, espera que triunfe el ‘no’ y que al menos 3.000 personas, de las 6.076 habilitadas para votar, acudan a los puestos de votación.

El llamado ha sido bien recibido entre la población, que incluso ha salido a marchar varias veces en contra de las actividades mineras. María Ligia Villamil, líder comunitaria de Pijao señaló: “Estamos muy motivados a salir a votar, nosotros queremos mucho a nuestro municipio y no vamos a permitir que llegue la minería a nuestro pueblo, vamos a salir a votar desde muy temprano. Si defendemos el pueblo, lo hacemos también por el agua, el alimento y la comunidad”.

Flórez añadió: “Todos están preocupados y lo tienen muy claro: la minería es un riesgo muy grande. Pijao es muy frágil por el origen de la tierra, hay otros cultivos que le han hecho daño y no conozco ningún lugar donde se haga minería responsable”.

Sin embargo, entre los promotores de la consulta hay preocupación, pues la Registraduría disminuyó el número de puestos de votación. Aunque en la jornada electoral del plebiscito por la paz del pasado 2 de octubre se instalaron 17 mesas de votación y solo acudieron 2.500 votantes, para esta consulta solo tendrán nueve mesas, seis en el área urbana y tres en el área rural.

“No se está garantizando el derecho del cien por ciento de los votantes. Antes teníamos 14 mesas en la zona urbana y ahora solo instalarán seis, esto nos da que si acuden 350 personas por mesa y cada una se tarda tres minutos en la mesa, eso nos da 1.050 minutos y eso nos da mucho más de las ocho horas que dura la jornada de votación”, señaló Orlando Osma, integrante del colectivo ecológico de Pijao.

El umbral para estas elecciones es de unos 2.026 votantes, es decir, la cantidad de personas que deben asistir a la jornada para validar el resultado de la consulta

popular que indagará ¿está de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?.

Estamos muy motivados a salir a votar, nosotros queremos mucho a nuestro municipio y no vamos a permitir que llegue la minería a nuestro pueblo.

Aunque en la actualidad en Pijao solo hay títulos para la explotación de material de arrastre, desde hace meses se busca blindar este municipio contra los proyectos de las multinacionales mineras.

La promotora de la consulta afirmó que tiene conocimiento de 18 solicitudes para exploración de metales. “El Gobierno todo el tiempo cambia la información, el año pasado había una solicitud de un área muy grande entre Pijao y Córdoba, nos preocupa la desinformación”

De ahí que tras varias actividades con la comunidad, incluido un cabildo abierto, hace varios años Flórez presentó la propuesta al Alcalde anterior, quien radicó en el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo sobre la consulta popular y esta corporación lo aprobó por unanimidad.

La iniciativa llegó al Tribunal Administrativo del Quindío, que declaró inconstitucional la pregunta inicial. Luego, con el apoyo de la organización Dejusticia, Flórez formuló una acción de tutela contra el Tribunal del Quindío que radicó en el Consejo de Estado y que en primera y segunda instancia fue negada. “Sentí que el Tribunal nos había negado el derecho para que los ciudadanos de Pijao decidiéramos sobre el uso del suelo”, dijo Flórez.

Pero esto no se quedó ahí, el casó pasó a la Corte Constitucional, que el año pasado, en un fallo que puso en jaque el sector minero de todo el país, decidió proteger el derecho de los habitantes de Pijao de expresar su opinión, a través de las urnas frente a los impactos de la actividad minera en este municipio que hace parte de la red mundial Cittaslow, o ciudades sin prisa del mundo, objetivo que se consiguió después de 11 años y también de la mano del trabajo de Flórez que logró que Pijao fuera incluido en 2014 en este listado que en ese momento tenía 221 pueblos de todo el mundo.

Además de Pijao, los municipios de Calarcá, Salento y Córdoba buscan realizar una consulta popular por iniciativa de sus alcaldes para frenar la minería.

Fuente:http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consulta-popular-minera-en-pijao-quindio-este-domingo-106590

Perú

Gobierno aplica estado de emergencia como estrategia para mediar conflictos

En abril de este año, durante su primera entrevista como viceministro de Gobernanza Territorial, Javier Fernández-Concha Stucker, declaró a El Comercio que la nueva estrategia del gobierno para disminuir la conflictividad social se basaría en mejorar la gestión pública pero además, incluía la opción de declarar el estado de emergencia en zonas en conflicto para «garantizar el respeto orden jurídico».

Este enfoque se evidenció claramente a partir de diciembre de 2016. Antes de esta fecha, la estrategia aplicada por el ex jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), Rolando Luque, fue el de la instalación de las mesas de diálogo, tal como se hizo en los conflictos en Saramurillo (Loreto) y Las Bambas (Apurímac).

Este cambio significó en el corto plazo la creación en febrero pasado del nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial (que reemplazó la ONDS), ente que desde esa fecha se ha hecho cargo de los conflictos sociales, la descentralización y organización territorial.

Desde diciembre del 2016 hasta la fecha, el Gobierno ha declarado el estado de emergencia (suspensión de derechos y mantenimiento del orden interno por parte de la policía y las Fuerzas Armadas) en cuatro localidades. En las provincias de Chumbivilcas en Cusco (20 de diciembre) luego de la destrucción de las oficinas de la empresa de agua potable en Santo Tomás y Cotabambas en Apurímac (10 de febrero) por las protestas en torno al proyecto Las Bambas; y en los distritos de Coporaque en Cusco (21 de febrero) por disturbios en torno a la minera Hudbay y ahora Tumán en Lambayeque (12 de junio), en todas estas localidades se registraron actos de violencia.

Excepto en la última, en todas se levantó el estado de emergencia una vez vencido el plazo otorgado.

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 064-2017-PCM, publicado ayer en una Edición Extraordinaria del boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno en Tumán por 30 días calendario. De acuerdo a la norma, esta medida de excepción se adoptó por actos contrarios al orden interno que afectan el normal desenvolvimiento de las actividades de la población de Tumán.

-Reunión con dirigentes en la PCM-

Fuentes de la PCM, confirmaron a este Diario que la declaratoria de emergencia en Tumán responde a la estrategia del gobierno para abordar la conflictividad. Hoy a partir de las 4 de la tarde se reúnen en Lima un grupo de dirigentes de Tumán con el viceministro Javier Fernández Concha en la PCM.

«Bajo el estado de excepción los dirigentes saben que podrían ir a prisión si realizan alguna actividad. La decisión ha sido viajar a Lima para llegar a un acuerdo», afirmó otra fuente desde Tumán. Ayer, la protesta entre trabajadores y accionistas de la empresa azucarera Tumán y la policía dejó al menos seis heridos y 16 detenidos.

Fuente:http://elcomercio.pe/peru/emergencia-estrategia-mediar-conflictos-434230

Perú

Conflictos mineros dejaron 50 muertos durante Gobierno de Ollanta Humala

Los conflictos mineros en Perú dejaron 50 muertos y 750 heridos durante los cinco años de Gobierno del presidente Ollanta Humala, cuya gestión concluirá el 28 de julio, afirmaron organismos no gubernamentales a partir de datos de la Defensoría del Pueblo.

Observatorio de conflictos. Las ONG ambientalistas CooperAcción, Fedepaz y Grufides presentaron el 18 reporte Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), referido al primer semestre de 2016 y con recomendaciones al próximo gobierno del economista Pedro Pablo Kuczynski. Los organismos ofrecieron, además, un balance sobre el tratamiento que el Gobierno de Humala dio a los conflictos sociales del país, en especial los relacionados con la minería.

217 conflictos por mes. El director ejecutivo de la ONG Fedepaz, David Velazco, indicó que en los últimos cinco años los conflictos sociales se mantuvieron en un promedio de 217 por mes, un 70 % de los cuales tuvo motivos socio-ambientales. En junio pasado se sumaron otros dos conflictos socio-ambientales a los 150 de mayo, de los cuales 95 se encuentran directamente relacionados con la minería, según la Defensoría del Pueblo.

Instituciones ambientales. El directivo de CooperAcción José de Echave consideró que durante el Gobierno de Humala Tasso hubo «un gran retroceso» en el manejo de conflictos ambientales y consideró que esto se debió al «desmantelamiento de las instituciones ambientales y la pérdida de sus capacidades para hacer frente a los conflictos». «Cuando Humala llegó al gobierno en 2011 se despertó una gran expectativa por un cambio político muy publicitado en el manejo de los conflictos sociales que al final no ocurrió y que, al contrario, generó mayores conflictos y llevó al gobierno a cambiar de estrategia de manejo», explicó De Echave.

Flexibilización. El OCM indicó que Humala, que durante su campaña electoral de 2011 se manifestó en contra de varias proyectos mineros, terminó por establecer ya en el poder leyes ambientales a favor de la minería que generaron mayor conflictividad social. David Velázco agregó que entre las medidas ambientales negativas adoptadas por el actual Gobierno estuvo aquella que «flexibiliza los estudios de impacto ambiental» y que establece que de no obtener respuesta por parte del Estado en un determinado tiempo estos «sean aprobados».

Criminalización de la protesta. Asimismo, indicó que con las nuevas normas «se impide a los funcionarios pedir algún documento adicional que consideren necesario al estudio de impacto ambiental». El OCM alertó sobre el incremento de la criminalización de la protesta y la exoneración de responsabilidad de los militares o efectivos policiales que hagan uso reglamentario de sus armas al no permitir que sean investigados. EFE

Fuente: RPP.pe

 

Mexico

Autoridades agrarias de Ocotlán y Ejutla repudian proyecto minero en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Autoridades agrarias y municipales de los distritos de Ocotlán y Ejutla exigieron que se cancele el proyecto minero de la empresa Fortuna Silver Mines, así como se respeten las tierras de las comunidades zapotecas que han declarado sus territorios prohibidos para actividades extractivas.

De igual forma, culparon a la Semarnat, Conagua y Profepa por incumplir con sus responsabilidades, al permitir daños ambientales generados por el proyecto minero San José de las empresas mineras Cuzcatlán y Fortuna Silver Mines.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/493892/autoridades-agrarias-ocotlan-ejutla-repudian-proyecto-minero-en-oaxaca

Colombia

Arbeláez y Pijao tendrán consultas mineras este domingo

Cundinamarca y Quindío tienen 1.021 títulos mineros, lo cual representa 12,7% del total que hay actualmente en el país (7.996).

Después de las consultas populares en Cajamarca (Tolima) y Cumaral (Meta) en marzo y junio de este año, serán dos los municipios que realizarán este tipo de votaciones. Las poblaciones de Arbeláez, en Cundinamarca, y Pijao, en Quindío, irán a las urnas este domingo para decidir si están o no de acuerdo con el desarrollo de actividades del sector mineroenergético.

Y aunque el precedente de esta fiebre de consulta minera son las victorias del no por más de 97%, ¿cuál es la importancia de Cundinamarca y Quindío para la actividad minera? Los dos departamentos suman 1.021 títulos vigentes, es decir, 12,7% del total nacional, que asciende a 7.996. Según cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Cundinamarca cuenta con 978 títulos mineros vigentes, de los cuales 70 están en exploración, 59 en construcción y montaje y 849 en explotación.

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Guatemala

Suspensión temporal de minera agita entorno de conflictividad

Después de 20 años de que Guatemala ratificó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que incluye el mandato  referente a las consultas   a los pueblos indígenas, el Estado parece ausente para emitir normas o legislar al respecto.

Aunque ha habido intentos, no se ha logrado articular las   leyes que permitan aplicar el mandato del Convenio, situación que ha causado incertidumbre jurídica para la inversión, en especial para minerías e hidroeléctricas, informaron directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

En el 2008, durante el gobierno de Álvaro Colom, se trabajó una propuesta de reglamento  con dirigentes indígenas, pero cuando fue presentado  públicamente varias organizaciones comunitarias y sociales lo rechazaron y la Corte de Constitucionalidad (CC) los amparó, según  Miguel Ángel Balcárcel, excomisionado presidencial para el Diálogo Nacional.

“En otras palabras, la Corte dijo que no se podía reglamentar una consulta si no se consultaba a los pueblos”, comentó.

Balcárcel indicó que le correspondió hacer el acercamiento con el Congreso y otras instancias  acerca del tema, y  encontraron que esste organismo siempre ha tenido  temor de legislar al respecto,  debido a las reacciones que puedan mostrar las organizaciones en general, lo que significaría para los diputados pérdida de votos en elecciones, rechazo a su administración o incluso actos de violencia como amenazas o ataques.

“Lo que encontré fue temor de la reacción de la gente, amenazas, pérdida de votos”, afirmó Balcárcel.

En el 2012, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, en un gabinete de ministros de Estado se discutió acerca de la conflictividad, pero cada funcionario, según Balcárcel, tenía un criterio e interpretación diferentes del Convenio y de cómo hacer las consultas. Se dispuso integrar una comisión y traer expertos de la  OIT, y el tema se incluyó en un sistema de diálogo; sin embargo  ya no se le dio seguimiento, debido al escándalo por casos de corrupción detectados en el 2015, añadió.

Desde el 2016,  el presidente Jimmy Morales anunció que el  Ministerio de Trabajo   haría un reglamento, pero ahora las autoridades afirman que se trata de  una guía de estándares básicos para efectuar las consultas, ya que, luego de la resolución que emitió la CC por el caso de la hidroeléctrica Oxec, en mayo del 2017, le corresponde al Congreso  legislar al respecto —lo que conllevaría un reglamento—.

Mientras   esa normativa se aprueba, “el reglamento temporal” es la sentencia  de la CC mencionada, que establece mecanismos de consulta, aseguró esta semana Martín Sacalxot, de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Trabajo.

Balcárcel señaló que no tiene   prueba de años anteriores sobre acciones  del empresariado para no legislar al respecto,  y que desde el año pasado ese sector presiona para que   se reglamente, con el argumento de  falta de certeza jurídica.

El presidente Morales   arremetió ayer contra el Congreso y el Organismo Judicial, aunque aseguró que no defendía a ninguna industria, y abogó por la certeza jurídica, en   un discurso durante  un  acto público  en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

“No es posible que estemos cerrando empresas sin haberle dado una salida  que sea responsabilidad plena de nuestra legislación y de nuestras instituciones”, dijo, y advirtió que nadie querría invertir en Guatemala  si a una empresa le suspendieron sus licencias y cayeron en  30 por ciento sus valores de acciones en una bolsa extranjera.

Además, afirmó: “Señores diputados, ¿no quieren una actividad? legislen. Dejen de hablar. Justicia. Parecemos chuchos corriendo sus mismas colas. Queremos justicia, justicia”, enfatizó.

Crece impacto

Cada vez los impactos por la falta de esa normativa  son más visibles, indicaron  empresarios.

El mensaje enviado esta semana, en este caso por una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que suspende en forma provisional las licencias de la minera San Rafael, propiedad de la empresa canadiende Tahoe Resources, es que la inversión no venga a Guatemala porque no se respetan las reglas, coincidieron  el presidente del Cacif, Antonio Malouf; el  de la Cámara de Industria de Guatemala, Óscar Emilio Castillo; y el  de la Cámara de Comercio de Guatemala, Jorge Briz.

El  valor de las acciones de la compañía canadiense cayeron hasta un 38 por ciento debido a la resolución. Según Andrés Dávila, gerente de Comunicación de la minera, Tahoe Resources  cotiza en las bolsas de valores de Nueva York y Toronto.

El fuerte golpe se debe a que es una suspensión judicial de operaciones, y aunque en  semanas anteriores ya afrontaban problemas por bloqueos de pobladores,   era un

problema temporal sobre el cual se estaba dialogando, añadió.

Postura empresarial

Ayer,  el Cacif se declaró en sesión permanente  para impulsar medidas en instancias locales o internacionales, ya que las resoluciones  recientes  ahuyentan  la  inversión extranjera. Presentaron  un recurso de apelación al fallo de la CSJ por el caso de la  mina.

El lunes, el empresariado   pidió  públicamente al Estado la emisión de un reglamento y ese día   Marco Augusto García Noriega, vicepresidente del Cacif, recordó  que  la CC fijó en la resolución del caso de la hidroeléctrica Oxec  los  principios para no suspender el funcionamiento de los proyectos,  pero, agregó:   “parece que   no ha sido suficiente y los tribunales siguen resolviendo” en forma contradictoria. “Debe  existir unidad de criterio”, señaló.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), existen 33 licencias vigentes para exploración de minería metálica y 31 para explotación. Ya se encuentra  suspendida  por orden  judicial  el proyecto de Progreso VII Derivada —en San José del Golfo— y, ahora, la

minera San Rafael El Escobal —Santa Rosa—.

Del  2016 a la fecha no se han autorizado licencias de minería, aseguró el MEM.

Datos del sector refieren que  se reportan 46 sentencias judiciales, 29 de estas relacionadas con minería e hidroeléctricas.

En el Congreso hay dos iniciativas de ley referentes al Convenio 169 que no se han concretado y  hasta ayer no había ingresado un nuevo proyecto.

Impacto empresarial

Según el sector privado, debido a los problemas  en la minera San Rafael se pone en riesgo el sustento de  más de  85  mil guatemaltecos que dependen de ingresos generados por estos  sectores.

Se habla de  17 mil empleos directos —mil cien de la minera y el resto, de empresas proveedoras—.

“El país deja de recibir Q5 millones diarios en regalías, salarios e  impuestos por un día de paralización de labores», advirtió Dávila.

Agregó que las regalías que deja esa minera al municipio de  San Rafael Las Flores son de Q50 millones anuales, mientras que el situado constitucional es de de Q9 millones,  lo que considera  una importante pérdida.

Fuente:http://www.prensalibre.com/guatemala/politica/suspension-temporal-de-minera-agita-entorno-de-conflictividad

Chile

Preocupación por yacimiento de tierras raras en Penco

La empresa Biolantanido proyecta explotar 500 mil hectáreas en la región del Bío-Bío. La experiencia de China es crítica por los profundos daños ambientales que han producido estas faenas. El alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa dice que Minera Activa propone un modelo limpio con cero impacto para el medioambiente.

Smartphones, cámaras digitales, teléfonos inteligentes, televisores LED, láseres, electroimanes, memorias de computadoras, paneles fotovoltaicos, baterías recargables, aviones no tripulados o drones, sistemas de guías de misiles, son algunos artefactos que en su producción necesita de elementos químicos extraídos de tierras raras.

China cuenta con el 95% de la producción de estos componentes y Chile, en la ciudad de Penco, tiene un yacimiento que podría transformarse en una de las nuevas exportaciones de nuestro país. Los costos medioambientales que el gigante asiático ha tenido que pagar son las tensiones que tendrá que evaluar la institucionalidad chilena, altamente criticada por autorizar megaproyectos extractivitas sin poner atención a la posición comunitaria.

Durante la explotación y procesamiento de estas tierras en China, se crean cantidades considerables de desechos (tóxicos, radiactivos, gases y polvos). La obtención de una tonelada de tierras raras produce entre 9 mil y 12 mil metros cúbicos de gases ricos en polvo concentrado, conformado por ácido sulfúrico, dióxido de azufre y ácido fluorhídrico. Cerca de una tonelada de restos radioactivos y más de 75 mil litros de agua acidificada.

En Penco, la empresa Biolantanidos, firma asociada a LarrainVial, una de las vinculadas al Caso Cascada, pretende invertir cera de 40 millones de dólares para generar una explotación que podría llegar a una extensión de 500 mil hectáreas, aunque en un primer momento iniciarían con 100 mil.

Las condiciones de explotación serán a rajo abierto, por lo que existirá una remoción de tierra que generará una nueva composición del territorio. Los terrenos dispuestos para este proyecto hoy son plantaciones de monocultivo de pinos, uno de los principales conflictos socio-ambientales de la zona, ya que son justamente estas especies las que han generado una sobreexplotación de napas subterráneas por el nivel de consumo de estas especies.

El sector en el que se pretende explorar se encuentra a tres kilómetros de la comunidad más cercana, señal de alarma al considerar que una eventual explotación minera tendría un impacto directo a la forma de vida de quienes habitan en esos territorios.

Según plantea el Alcalde de Penco, Victor Hugo Figueroa, quien fue invitado a visitar la planta piloto de extracción de tierras raras que se instaló en la plantación de pinos, se siente tranquilo luego de conocer el proceso industrial que propone Biolantanidos, esto porque “este es un modelo cerrado que funciona con fuerza centrífuga, combinado con temas de gravedad que permitirá extraer estos elementos sin generar daño ambiental”.

Asimismo, asegura que mientras emprende la defensa de la iniciativa “en el modelo chino meten unos ácidos a la tierra para obtener el material, acá tiene que ver con trabajar con la tierra, remover metros cúbicos de tierra para extraer el mineral, sin usar ácidos ni líquidos en el proceso”.

A este proyecto se encuentran asociados profesores de la Universidad de Talca, miembros del departamento de ingeniería en minas de la casa de estudios estatal. Los académicos asociados a este proyecto declinaron referirse a la construcción de esta planta, ya que esperan tener la venia del privado que está ejecutando el proyecto.

Este proyecto minero de tierras raras, según lo ha planteado el Alcalde de Penco, pretende ser una revolución tecnológica, ya que sería la primera industria a nivel mundial que no generaría impacto ambiental en la producción de tierras raras.

Lo mismo ocurrió con la empresa, quienes se declinaron opinar explicando que tienen prohibido hablar con los medios de comunicación sobre este proyecto, cuya evaluación de impacto ambiental comenzará en los próximos días.

“Se está inventando una modalidad distinta, por lo tanto, cualquier persona que se va a oponer yo lo invito a que conozca el modelo chilensis de extracción de este mineral. Cualquier crítica sin conocer el modelo es una crítica que no tiene fundamento. Yo la aceptaría de alguien que haya conocido la planta, que haya conocido el mecanismo y que emita un informe respecto del daño ambiental”, planteó el alcalde de Penco.

Los riesgos de la producción de tierras raras

Para comprender de forma técnica las implicancias que podría tener la extracción de tierras raras con las tecnologías que hasta ahora se conocen en la metalurgia, la Doctora Lilian Velásquez, experta en hidrometalurgia de la Universidad de Santiago, hizo un recorrido por los diferentes procesos que se podrían abordar, dependiendo

de qué elementos se encuentren en las tierras de la región del Bío-Bio.

El proceso a abordar “depende de la clasificaciones frente a cómo se van a procesar estos 17  elementos químicos que contienen las tierras raras, por ejemplo, las clasificadas como monacita se pueden tratar a altas temperaturas o procesar con soda caustica. El problema es que contienen elementos como el uranio y el torio, los que son radioactivos, algo altamente riesgoso para la vida”.

Los impactos que podrían generarse de darse la explotación, tal como plantea la profesora Lilian Velásquez es “primero remoción de terreno, porque esto se haría a cielo abierto, se utilizarían componentes químicos y esos productos podrían ser sulfato de amonio, cloruro de sodio y que obviamente después de la extracción o durante la extracción, se van a generar gases residuales,por lo tanto deben existir regulaciones para este tipo de operaciones”.

Según la académica “Chile tiene la tecnología para procesar esas tierras raras, pero falta capacitación a todo nivel, sobre todo si este yacimiento se encuentra en un lugar donde hay comunidad, donde se presentan todas las estaciones del año y hay aguas subterráneas. Para autorizar una faena de este tipo se debe realizar un estudio de impacto ambiental muy detallado”, finalizó la experta.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2017/06/02/preocupacion-medioambiental-por-yacimiento-de-tierras-raras-en-penco/

Internacional

Cómo es Clarion-Clipperton, el botín de las mineras en el océano Pacífico

(Hawai-México).-Ahí, a 4.000 metros bajo la superficie marina, equivalente a cinco veces el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, se encuentran los nódulos de manganeso una de las mayores riquezas de minerales esenciales para fabricar desde teléfonos móviles hasta baterías para autos eléctricos y paneles solares. Es un botín para las compañías mineras, pero también para el mundo entero, que cada día depende más de artefactos electrónicos y se mueve hacia energías renovables.

“Necesitamos más metales”, le dice a BBC Mundo Michael Johnston, director de Nautilus Minerals, una de las empresas con licencia para explorar la zona Clarion-Clipperton con fines mineros. “De algún lado tenemos que sacarlos”.

En busca de la riqueza mineral del lecho marino
Pero la zona Clarion-Clipperton (CCZ, por sus siglas en inglés) también es uno de los lugares de mayor interés para científicos y ambientalistas.

Primero, porque se sabe muy poco de ella y segundo, porque con lo poco que se ha logrado explorar, ha mostrado ser una zona particularmente diversa, con un mayor número de especies respecto a otros abismos submarinos.

“Corremos el riesgo de destruir algo que aún no entendemos del todo”, le advierte a BBC Mundo Astrid Leitner, una de las biólogas marinas que trabaja en el Proyecto Abyssline, que busca establecer un panorama del ecosistema de la CCZ, antes de que comience la extracción minera.

“Podríamos perder una rica diversidad de animales incluso antes de saber que existen”.

Clipperton alberga a una diversidad de especies que dependen de los nódulos de manganeso.
Cómo es la Zona Clarion-Clipperton
El área de la CCZ equivale aproximadamente a dos veces el tamaño de México, y se extiende entre este país y Hawái.

Toma su nombre porque al norte limita con la isla Clarion, que pertenece a México y al sur con la isla Clipperton, que pertenece a Francia.

Su fondo marino es una zona oscura, con temperaturas menores a los 2 grados centígrados y con una presión 400 veces mayor a la de la superficie.

Aunque se pensaba que era sólo una planicie, las más recientes observaciones han mostrado que es un terreno heterogéneo, con colinas y valles, montañas, cráteres y calderas con paredes escarpadas causadas por erupciones volcánicas.

Imágenes de la vida en lo más profundo del océano
El fondo marino, aunque a primera vista parece inerte, está lleno de erizos, pepinos de mar, estrellas, esponjas, anémonas, gusanos, crustáceos y corales.

También hay peces de hasta un metro de largo, que circundan el fondo marino en busca de alimento.

Los nódulos de la discordia
La comunidad científica y las compañías mineras están de acuerdo en que es muy poco lo que se sabe de esta zona, y de hecho trabajan juntas para recolectar la mayor cantidad de información sobre la CCZ antes de que se permita la extracción de minerales.

Derechos de autor de la imagenISAImage captionLa franja amarilla representa la zona Clarion-Clipperton.
Y aunque por razones distintas, ambas centran su atención en un mismo objetivo: los nódulos de manganeso. Este es el tesoro que los mineros quieren conquistar y los ambientalistas quieren preservar.

Estos nódulos, del tamaño de una pelota de béisbol, son acumulaciones de minerales especialmente ricos en cobre, níquel y cobalto, que se utilizan en la producción de gran parte de los aparatos tecnológicos que utilizamos a diario.

El preciado metal que los inversores se están guardando y que grandes empresas tecnológicas necesitan
Cada una de estas “piedras” tarda entre miles y millones de años en formarse.

Aún no existen cálculos exactos, pero se estima que la CCZ podría albergar unas27.000 millones de toneladas de nódulos.

La intensa vida de los microorganismos del fondo más profundo del mar
Tampoco se sabe con precisión qué cantidad de estos minerales será accesible.

Sin embargo, Michael Johnston, de Nautilus Minerals, calcula que al ritmo de consumo de hoy, en la CCZ hay suficiente cobre para abastecer al mundodurante los próximos 30 años.

Por su parte, los científicos han encontrado que de alguna manera todo el ecosistema de la CCZ está conectado con los nódulos.

Algunas especies de esponjas y anémonas necesitan la superficie dura de los nódulos para vivir. Los videos que han grabado en la CCZ también muestran que en los lugares donde hay más nódulos hay mayor cantidad de peces, de mayor tamaño y mayor diversidad de especies que en las áreas con menos nódulos.

“Esto tiene grandes implicaciones para la minería submarina”, le dice a BBC Mundo la bióloga Leitner, “pues básicamente lo que hace es remover estos nódulos para siempre”.

Derechos de autor de la imagenNAUTILUS MINERALSImage captionEn la zona Clarion-Clipperton, científicos y mineros trabajan para tener más información sobre el ecosistema.
Los expertos advierten que hace falta más investigación para medir con precisión cuál será el impacto de la minería sobre este ecosistema.

La semana pasada, un grupo de científicos, algunos de los cuales incluso han recibido financiación de Nautilus para explorar la CCZ, publicaron una carta en la revista Nature en la que afirman que “es probable que la mayoría de la pérdida de biodiversidad causada por la minería en el fondo del mar dure para siempre”.

“Han ido demasiado lejos”, dice Johnston, refiriéndose a las advertencias de los científicos.

“Nadie está buscando destruir esa zona, estamos viendo qué se puede hacer causando el menor impacto. La minería submarina es una oportunidad para no repetir los errores que se han cometido en la minería terrestre”.

Derechos de autor de la imagenCRAIG SMITH Y DIVA AMON / UNIVERSIDAD DE HAWÁIImage captionEn el fondo del mar hay mucha más vida de lo que parece.
Los científicos trabajan para tener un diagnóstico de la zona que permita regular la explotación en el área.

Por su parte, las empresas mineras también se preparan para cuando llegue el momento de poder extraer los nódulos.

“Me preocupa que la tecnología minera avanza mucho más rápido que la ciencia que podría proteger la Zona Clarion-Clipperton”, le dice a BBC Mundo Craig Smith, investigador principal del proyecto Abyssline y profesor de oceanografía en la Universidad de Hawái.

¿Quién manda en la CCZ?
La CCZ es Patrimonio de la Humanidad, es decir, que ningún país puede reclamar soberanía sobre ella.

La entidad encargada de mediar entre los intereses mineros y la protección del medio ambiente en la CCZ es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), un órgano adscrito a la ONU.

Derechos de autor de la imagenNAUTILUS MINERALSImage captionNódulos de manganeso en la zona Clarion Clipperton
La ISA, de la que son parte 167 países y la Unión Europea, organiza y controla las actividades que se realizan en el fondo marino de aguas internacionales, es decir, que no pertenecen a la jurisdicción de ningún país.

La ISA ha otorgado 16 licencias de exploración con fines mineros en la CCZ.

Entre los contratistas están gobiernos de estados miembros de la ISA y compañías privadas patrocinadas por estos países.

Hoy, la CCZ tiene 32 por ciento de su territorio bajo contratos de exploración, 35 por ciento está asignada como área protegida y otro 33 por ciento está reservada para exploración por parte de países en desarrollo.

La ISA trabaja en la creación de un reglamento para la explotación, que podría estar listo hacia 2020, aunque todavía no tiene una fecha definitiva.

Una de las reglas que sí están definidas, es que cuando comience la explotación, entre los países miembros de la ISA se hará un reparto equitativo de los beneficios que se deriven de los recursos minerales que ahí se encuentren.

Aunque se calcula que dentro de 5 a 10 años podría comenzar la explotación minera en la CCZ, según la ISA esa fecha aún no se puede determinar y hasta ahora ninguna de las 16 compañías o consorcios con presencia en la zona ha manifestado un interés explícito en comenzar la extracción.

Mineros y científicos siguen en su carrera contra el tiempo y depende de sus hallazgos el futuro de esta enigmática zona que pertenece a toda la humanidad.

Fuente:http://www.bbc.com/mundo/noticias-40502277

Chile

Abogados piden intervención diplomática por escombrera de Los Pelambres en Argentina

Abogados querellantes pidieron a las autoridades argentinas y chilenas evaluar la situación de la minera Los Pelambres, de propiedad del Grupo Luksic, por una escombrera ubicada en el límite entre ambos países.

La minera fue denunciada en 2014 por el proyecto minero El Pachón, de la empresa suiza Glencore, la que se encontró con la escombrera Cerro Amarillo al querer instalarse en territorio argentino. El botadero mide 105 hectáreas y tiene cerca de 70 metros de altura, y en ella se habrían arrojado residuos peligrosos entre 2007 y 2012.

Por lo anterior, medios argentinos lo llamaron el “basurero” de Chile, situación que podría cambiar en los próximos meses luego que la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ratificara el fallo que señala que la minera depositó escombros en territorio trasandino.

Si bien la empresa cumplió con un acuerdo que concretó con la provincia de San Juan, que consistía en aislar la escombrera, los querellantes ahora buscan que se retiren los desechos, tal como sucedió con 570 neumáticos que habían despositado en el lugar y que eran visibles incluso con Google Maps.

Al respecto, la compañía, propiedad de Andrónico Luksic, aseguró que para su instalación contó con todos los permisos de autoridades nacionales, ya que se trataba de territorio chileno.

Por esto, el abogado Diego Seguí presentó una acción judicial, ya que se estaría afectando la soberanía del país vecino.

Marcelo Arancibia, uno de los abogados querellantes, señaló que la escombrera debe ser retirada y el tema analizado por las cancillerías, ya que hubo un cambio en los límites entre ambos países. Sin embargo, reconoció que no está en la agenda bilateral.

El organismo también determinó que el Juzgado Federal deberá analizar la nulidad e inconstitucionalidad del acuerdo que se firmó en octubre del año pasado, entre la provincia de San Juan y la firma del grupo Luksic.

El ministro de Minería de esta localidad, Alberto Hensel, si bien reconoció que no intervienen en procesos judiciales, aseguró que recibió un plan de aislamiento provisorio de los residuos, mientras se revisa la causa.

Se espera que en los próximos días la minera nacional Los Pelambres y la suiza Glencore, entreguen su respuesta ante el tribunal.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/07/05/abogados-piden-intervencion-diplomatica-por-escombrera-de-los-pelambres-en-argentina.shtml

Mexico

LA SUPREMA CORTE ATRAE DEMANDA CONTRA GRUPO MÉXICO POR DERRAME DE 2014

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió atraer la denuncia de la asociación civil Defensa Colectiva contra la compañía y su minera por contaminar los ríos Sonora y Bacanuchi hace 3 años.

CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo una demanda colectiva contra Grupo México y su mina, Buena Vista del Cobre, por contaminar los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, luego de que se derramaran miles de metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre.

La demanda fue interpuesta por la asociación civil Defensa Colectiva porque, según ella, el derrame ocasionó un severo daño al medio ambiente y a los ecosistemas de las aguas y tierras en Sonora; sin embargo, el Juez de Distrito desechó dicha denuncia y el Tribunal Unitario confirmó esta acción, por lo que la organización interpuso un amparo.

Aunque Grupo México también promovió otro amparo por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte decidió atraer ambos amparos para resolverlos.

«El caso tiene enorme importancia y trascendencia ya que permitirá establecer la interpretación adecuada de las acciones colectivas en materia ambiental y la capacidad de apreciación de los mismos de parte del Juez de Distrito en la etapa de certificación», indicó la Corte en un comunciado publicado este miércoles.

El derrame de 40,000 metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014 por una falla en las tinajas de la mina Buenavista del Cobre, fue calificado por las autoridades federales como «el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos».

La empresa indicó en ese entonces que el derrame fue provocado por lluvias atípicas en la zona, argumento que fue rebatido por las autoridades.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó a Grupo México con casi 23 millones de pesos y en noviembre de 2015, el gobierno federal dio por concluida la fase de reparación de daños del Río Sonora a cargo de la empresa Grupo México.

Agricultores y ganaderos se vieron afectados puesto que sus animales y los sembradíos. Algunos ganaderos recibieron una indemnización de 14,500 pesos si tenían de una a 50 cabezas de ganado; los que tenían 300 cabezas recibieron 100,000 pesos. Algunos aseguraron que la cantidad recibida no compensaban las pérdidas.

Sin embargo, la asociación civil indica que la contaminación del agua con sustancias tóxicas como sulfato de cobre acidulado ha causado severos daños no solo a las localidades sonorenses, también a todos los mexicanos.

La Corte determinará si es apegado a derecho que se deseche una demanda de acción colectiva cuando una o varias de las pretensiones de la parte actora pudieran ser incompatibles con la vía procesal.

Fuente:http://expansion.mx/empresas/2017/07/05/la-suprema-corte-atrae-demanda-contra-grupo-mexico-por-derrame-de-2014