Integrantes del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería y ejidatarios de localidades aledañas a la compañía Peñasquito, filial de Gold Corp que opera en el municipio de Mazapil, cumplieron cinco días de bloquear los accesos a las instalaciones de la firma, a la que acusan de haber agotado los pozos de agua potable y causar daños a los cultivos.

La minera asegura que se mantiene dispuesta al diálogo con quienes encabezan esta protesta, y sostuvo en un comunicado que ha cumplido con los convenios de ocupación temporal de tierras, así como beneficios derivados del convenio firmado con los ejidatarios, como becas, empleo local y apoyo a microempresas.

La filial de Gold Corp paga al año 524 dólares por cada hectárea que ocupa para sus actividades.

Sin embargo, según lo señalado por Felipe Pinedo, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, la empresa ha cumplido de manera parcial con dichos compromisos, mientras que ha afectado el derecho al agua y a un medio ambiente sano para los habitantes de la zona.

“Ellos están cumpliendo con los contratos de ocupación temporal, que es la renta de las cerca de 10 mil hectáreas que tienen en posesión para explotar oro, plata, plomo, así como donde están los pozos del agua y otras tierras donde les proveen obras de infraestructura hidráulica, eléctrica y demás… pero mientras tanto están afectando gravemente el acceso al agua de estos poblados”, dijo a Apro.

Como ejemplos, responsabilizó a la empresa de secar un manantial que durante más de 200 años corrió por San Juan de los Cedros, así como de agotar el agua de los pozos de abastecimiento de Cedros, El Vergel, Los Charcos, Las Mesas y Matamoros, además de pozos para riego.

“Tiene perforaciones de 700 a mil metros de profundidad, y el agua que obtienen la están repartiendo en pipas en las comunidades… es evidente que a esa profundidad ya se detectan altos niveles de metales cancerígenos, como el plomo y el selenio. Y a ese tema del agua no le quieren entrar”, señaló Pinedo.

Luego explicó que los directivos de Peñasquito han propuesto un plan de abastecimiento, pero únicamente a cinco años, con el que no están de acuerdo los ejidatarios.

“El daño es permanente, ellos lo tienen que resarcir”, advirtió.

Cruz Barrios, comisariado ejidal de El Vergel, afirmó que la minera invade ejidos sin permiso, daña los caminos y desvía el agua pluvial, por lo que los estanques “están secos”.

Ejidatarios de El Vergel explicaron que la misma compañía minera ha desviado y bloqueado vados y vías de abastecimiento para bordos y acequias, provocando inundaciones en cultivos y sequías en otros, con pérdidas para los agricultores y también daños al ganado.

“Nunca como ahora había llovido tanto en el semidesierto y no hay agua en los bordos para las cabras y vacas”, deploraron.

Pinedo acusó un contubernio de las autoridades federales, entre ellas de Conagua y Semarnat, con la empresa, “pues compraron mucha agua de uso agrícola y le están dando un destino industrial, pese a ello y siguen recibiendo concesiones”.

Para lavar los cientos de toneladas de piedra de mineral que extrae a diario, Peñasquito puede utilizar hasta 43 millones de metros cúbicos de agua.

El Frente de Comunidades Afectadas por la Minería gestionó una cita en la Secretaría de Gobernación para poner sobre la mesa federal su queja y la violación al derecho al agua, misma que también está planteando ante organismos internacionales, señaló Pinedo.

En tanto, la empresa interpuso denuncias penales en contra de quienes mantienen el bloqueo, a los que acusa de secuestro y delincuencia organizada, entre otros delitos.

En su comunicado, Peñasquito exigió la intervención de las autoridades para retirar el bloqueo y proceder contra los responsables, al argumentar que se pone en riesgo una fuente de empleo para más de 4 mil trabajadores.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/505810/ejidatarios-zacatecas-bloquean-la-minera-penasquito-la-acusan-agotar-pozos-danar-cultivos

El delegado en Zacatecas de la Secretaría de Economía (SE), Juan Carlos Pérez Frías, aseguró que pese a los conflictos presentados en el sector minero durante los últimos años, el crecimiento es mayor que las afectaciones.

En entrevista con NTR Medios de Comunicación, el funcionario federal minimizó los conflictos de las mineras en Zacatecas, al declarar, “definitivamente los avances que ha tenido la minería son muy importantes y están por encima de cualquier conflicto que pudiera haber”.

Comentó que “a veces se prestan para personas que muchas veces no tienen intereses reales y específicos en las mineras, traen de tomar ventaja para poder sacar algún beneficio, pero el tema de la minería sigue creciendo a nivel nacional y en Zacatecas, aún más todavía”.

El delegado comentó que en todo el país, el tema de la minería, “siempre es atacado, no sólo por los ejidatarios y a veces también los sindicatos. La minería es una fuente de ingresos muy fuerte y una fuente de riqueza tanto para los empresarios que tienen las concesiones mineras, pero también para los empleados que en ellas trabajan, que tienen condiciones laborales excepcionales y también para las personas que tienen trato con ellos”.

Recordó que los conflictos en la minería que se han dado en Zacatecas, principalmente obstaculizan la movilidad de la misma; sin embargo, insistió que no afectan al desarrollo económico.

“A veces tapan los accesos a las plantas, ésto obviamente impide movilidad hasta que no llegan a arreglos y que los que están liderando estos movimientos les cumplan sus peticiones. Básicamente es eso, no son problemas laborales, no son problemas que la mina esté sin atender las necesidades de los mineros, o que les esté violando sus derechos. No tiene que ver con eso”, recalcó.

Enfatizó que “ahorita hay un conflicto en una mina, al parecer por los terrenos, que eran de los ejidatarios. Quizás en algunos temas no se han puesto de acuerdo. Tengo entendido que había un plan para atender eso, pero de repente hay algunos intereses que no son realmente los de los ejidatarios y toman partido para sacar ventaja de otros tipos. Pero no son de ninguna manera situaciones que tengan que ver con los funcionamientos de las minas”, resaltó.

Fuente:http://ntrzacatecas.com/2017/10/02/minimizan-conflicto-en-sector-minero/

Unos cinco mil hombres y mujeres, feligreses de las parroquias de San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas, realizaron este lunes una marcha-procesión para protestar contra la minería extractiva que amenaza sus territorios y contamina sus ríos, arroyos y el tejido social en la región.

Procedentes de varias comunidades, se congregaron en la cabecera municipal de Chicomuselo donde un nutrido contingente realizó la peregrinación con pancartas y consignas contra empresas mineras que han empezado a provocar conflictos entre los pobladores de las diversas comunidades.

Mujeres y hombres de diversos pueblos en resistencia que participaron hoy en la peregrinación denominada “Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la tierra”, denunciaron el “sistemático avasallamiento” en su contra por parte del Estado mexicano en sus distintos niveles.

Esta peregrinación se dio luego de que el domingo pasado sostuvieron un encuentro regional para analizar la amenaza que representa la minería extractiva y las empresas que se han acercado a las diferentes comunidades para hacer efectivas sus concesiones mineras.

“Después de haber escuchado los problemas de las distintas comunidades y organizaciones en resistencia, coincidimos en que nuestra lucha en defensa de la Madre Tierra nos ha traído como consecuencia, omisión, represión, intimidación, amenazas, persecución, encarcelamiento y asesinatos de defensores y defensoras comunitarias de derechos humanos en Chiapas y en otras partes del país y del mundo”, dijeron hoy los pobladores que realizaron una misa al final de la procesión.

Indicaron que las empresas mineras de capital privado, nacional y transnacional, en conjunto con el Estado en sus tres niveles de gobierno, están decididas a incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus derechos colectivos.

Señalaron que esta insistencia por parte de las compañías mineras sigue provocando división y confrontación en las comunidades al aprovecharse de la pobreza de los habitantes y ofrecerles recursos económicos para que acepten el proyecto minero.

Se declararon en resistencia civil, pero como parte de un movimiento pacífico a favor de la vida, siempre dispuestos al diálogo en la búsqueda de soluciones a sus problemas y a los “planes de muerte”, que dañan a sus comunidades.

Denunciaron que quienes han decidido defender la vida y la Madre Tierra ahora están en riesgo constante bajo las amenazas de los empresarios, de la delincuencia organizada y el Estado en sus tres niveles de gobierno “que sólo favorecen los caminos de la impunidad, la injusticia, la desigualdad, el despojo, la explotación, el desprecio en contra de los pueblos originarios, comunidades y ejidos”.

Respaldaron la lucha de los campesinos de los ejidos de Ricardo Flores Magón y Grecia en ese municipio de Chicomuselo, que se han opuesto a la minería en sus comunidades y denunciaron la represión, persecución, así como las amenazas de muerte y de despojarlos de sus derechos agrarios en sus respectivas comunidades.

De igual manera se solidarizaron con la organización de comisariados ejidales del municipio de Chicomuselo en sus demandas sociales en beneficio de los habitantes de la zona sierra y rechazaron todas las formas de intimidación y amenazas en su contra, pues en días pasados algunos representantes ejidales han recibido llamadas para amenazarlos de muerte si continúan en el movimiento en contra de la minería.

Es por eso que exigieron que se respete la autonomía y la autodeterminación de los pueblos en Chiapas y en México fundamentada en los Artículo 1º y 2º Constitucional y en convenios internacionales, así como también se garantice la integridad física de quienes defienden la vida, la Madre Tierra y la naturaleza.

Demandaron la cancelación de las concesiones mineras en Chicomuselo y de “todos los proyectos de muerte” en sus territorios que solo traen destrucción, despojo, pobreza, enfermedades, conflictos comunitarios y divisiones.

Exigieron un alto a la militarización y patrullaje del Ejercito mexicano en el territorio de las comunidades de Chicomuselo y responsabilizaron al Estado mexicano y sus tres niveles de gobierno de cualquier agresión o ataque contra ellos y los pueblos y comunidades.

Tras la misa, pidieron a todos los pueblos, comunidades, ejidos, organizaciones de base, a los hombres y mujeres de este país “que mantengan firme su lucha, su resistencia y que se organicen, que no claudiquen, no se vendan, y no se dejen engañar”.

Destacaron la importancia de articular sus luchas en todos los rincones de la entidad, pues la tierra es una herencia de sus ancestros, por lo que se debe cuidar y defender.

“Nuestros pueblos y organizaciones hemos decidido firmemente defender la vida, el territorio y el medio ambiente porque está en riesgo el futuro de nuestro país”, concluyeron.

Además de los sacerdotes y feligreses de las parroquias de San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, estuvieron en el encuentro de ayer y la procesión de hoy, miembros de la Vicaria General de La Diócesis de San Cristóbal, la Coordinación Diocesana de Derechos Humanos, Diócesis de San Cristóbal, la Vicaria de la Pastoral Social, la Vicaria de la Pastoral de la Madre Tierra.

También llegaron líderes religiosos y feligreses de la Parroquia de San Miguel Arcángel, Huixtán, la Parroquia de San Juan Dieguito, San Cristóbal de Las Casas, de la Parroquia de San Augustín,

Teopisca, de la Parroquia de San Juan Bautista, Nuevo San Juan Chamula, de la Parroquia San Antonio de Padua, Simojovel, de la Parroquia de San Juan Evangelista, Cancuc, de la Parroquia de San Jacinto de Polonia, Ocosingo, de la Parroquia de José y María, Zamora Pico de Oro, de la Parroquia Señor del Pozo, Comitán, de la Parroquia de Santo Niño de Atochan, Frontera Comalapa, de la Parroquia de Santa Catarina, Pantelhó, de la Parroquia de San Sebastián, Comitán.

También de la Misión de Bachajón, de la Misión de Guadalupe, Comitán Pueblo Creyente de Simojovel, del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE), del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC, del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC y del Servicio de Apoyo Intercultural.

Fuente:http://www.proceso.com.mx/505864/defensa-la-tierra-nos-ha-traido-represion-amenazas-asesinatos-denuncian-en-chiapas

El 6.2 por ciento de la superficie de Puebla se encuentra concesionada para realizar actividades extractivas, cifra que equivale a 211 mil 454.92 hectáreas, reveló un estudio realizado por Fundar.

A pesar de la cantidad de territorio donde se realizan diferentes actividades relacionadas con la industria, la entidad no tiene la mayor superficie autorizada, pues destacan Colima, con el 39.4 por ciento; Zacatecas, con el 22.5, y Sonora, con el 22.3.

En contraste, Campeche y Tabasco, con el 0.1 por ciento de su superficie concesionada, así como Yucatán, con 0.6, registraron hasta el año pasado el menor territorio autorizado para llevar a cabo actividades extractivas.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) pretende licitar todavía más superficie de Puebla, equivalente a mil 100.04 kilómetros cuadrados, de los cuales el 99.4 por ciento será para técnicas no convencionales.

Son 11 entidades las que tendrían áreas que serán autorizadas para la extracción, solamente, de hidrocarburos, de las cuales Tamaulipas y Veracruz concentran las dos terceras partes de toda la superficie, que asciende a 73 mil 135.46 kilómetros cuadrados.

“Debido a los cambios del último plan, la información ya no se presenta por Rondas, ya que la selección de las áreas y el momento en que se abrirán l

En Puebla, la firma canadiense Almaden Minerals -a través de sus filiales Minera Gavilán, Minera Gorrión y Compañía Minera Zapata- tiene una notable predominancia en el control territorial de la Sierra Norte de Puebla con más de 70 por ciento de la superficie concesionada a la minería.

Fundar añade que, en el caso de la industria de hidrocarburos, el derecho a la tierra y territorio fue el derecho humano más afectado, pero destacan violaciones a un medio ambiente sano, al acceso a la información y a la consulta previa, libre e informada; además, en cuatro casos relacionados con esta actividad se detectaron intimidación, amenazas y dos asesinatos.

El estado de Puebla, añade, se encuentra involucrado en la mayor cantidad de casos, con cuatro; seguido por Tabasco, con tres, y Veracruz, con dos. Colima, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala presentan un caso cada uno (es decir, los 11 abarcan 13 entidades, ya que un gasoducto -el de Tuxtepec-Tula- atraviesa por Hidalgo y Puebla, y otro -el Proyecto Integral Morelos-, Puebla, Morelos y Tlaxcala).

El informe completo puede ser consultado en http://fundar.org.mx/presentacion-las-actividades-extractivas-en-mexico-estado-actual-anuario-2016-martes-6-de-junio-2017/

Fuente:https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/concesionan-6-2-del-territorio-de-puebla-para-mineria