Chile

Planes de cumplimiento de firmas por faltas ambientales triplican monto de multas en 4 años

1 febrero, 2018 Autor: Constanza Leiva, Pulso.

Dentro de las empresas que lideran las sanciones se ubican las mineras. Entre ellas, Caserones, Pascua Lama y Anglo American Sur.

Unos US$60 millones en multas medioambientales ha cursado la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en los últimos cuatro años, es decir, entre 2014 a 2017, siendo el principal destinatario la minería. Sin embargo, en el mismo período los planes de cumplimiento han triplicado dicho monto. Se trata de herramientas que los infractores pueden utilizar para enmendar sus infracciones y corregir los efectos negativos derivados de éstas, a cambio de una exención o rebaja en el monto de multas.

Y es que parte importante de las empresas optan por este mecanismo cuando se les formula cargos. Dentro de los casos más recientes está Alto Maipo, que presentó un plan de cumplimiento a principios de 2017 luego de que la autoridad ambiental formulara 14 cargos por incumplimientos en las condiciones, normas y medidas establecidas en la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto hidroeléctrico. A este se suma SQM, que está trabajando en un plan para evitar la multa de hasta US$23 millones que se le podría cursar por la serie de infracciones sobre el Salar de Atacama. En el caso de esta última, el plan inicialmente propuesto incluía el desembolso de unos US$18 millones, el monto más alto que se ha considerado para estos fines.

“Los programas de cumplimiento los estamos fiscalizando más que la RCA, desde el primer día que comenzamos a potenciar el cumplimiento de los programas. Es una herramienta muy virtuosa que tenemos que cuidarla y eso significa que no pierda su reputación (…) si los programas los dejan caer los titulares, los incumplen, la herramienta hasta ahí llega, muere”, comentó el Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz.

Desde que se comenzó a implementar la Ley 20.417 que creó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2012, el organismo ha finalizado 158 procedimientos sancionatorios, de los cuales 118 han concluido con multas.

Por sectores, el principal destinatario es la minero, que suma 37.956 UTA (US$35,2 millones), es decir 63% del total. Le siguen energía y acuicultura con 18% y 10% del total, respectivamente.

Minería lidera además el ranking de las mayores multas: de las 10 sanciones más altas, seis son operaciones de extracción de mineral. Caserones lidera el listado, con una multa de 14.745 UTA. Le sigue la recién cursada multa a Pascua Lama de unos 12.360 UTA.

Multas impagas

De acuerdo a los datos recopilados por la superintendencia, el 18% de las multas cursadas no han sido pagadas a la fecha, lo que equivale a unos 10.813 UTA.

De ellos, casi la mitad corresponde a la sanción de 5.049 UTA a Minera Candelaria en 2015. Esta fue por diversas infracciones a las resoluciones de calificación ambiental del complejo minero, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama, y concretó luego que plan de cumplimiento fuese rechazado por la SMA.

Le sigue la sanción a Pampa Camarones y en tercer lugar, al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por los incumplimientos ambientales detectados en el proceso de fiscalización del proyecto Embalse Ancoa, ubicado en la Región del Maule.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/planes-cumplimiento-firmas-faltas-ambientales-triplican-monto-multas-4-anos/

Perú

En el Perú no se están consultando, medidas que pueden afectar derechos colectivos de Indígenas

1 febrero, 2018 Autor: Nylva Hiruelas -CooperAccion.org.pe

Ana Leyva, directora de CooperAcción, hace un balance de los procesos de consulta previa en las industrias extractivas que se han desarrollado en el país, y afirma que en casi todos los casos se está consultando decisiones operativas, excluyéndose las que son más relevantes y que pueden afectar los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellas están las decisiones sobre el uso del territorio y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Leyva señala que en minería ninguno de los actos que se consulta permite establecer las condiciones sobre las que se dará esta actividad, ni las medidas de prevención, mitigación o compensación de sus impactos. Sostiene además que no hay margen para un diálogo real sobre la medida consultada.

Han pasado tres años desde que se implementó la consulta previa en minería, el número de consultas previas concluidas ha superado a las realizadas en el sector de hidrocarburos iniciadas hace cinco años. ¿Qué piensa al respecto?

R.-El gremio minero ya no ve a la consulta previa en minería como una traba, porque la manera en que se ha implementado la convierte en solo una formalidad. A lo largo del ciclo del proyecto minero, el Ministerio de Energía y Minas ha decidido consultar los últimos actos administrativos de la cadena de decisiones, es decir, los menos importantes.

P.- ¿Qué efectos jurídicos produce en los pueblos indígenas la autorización del inicio actividades de exploración?

R.- Es poco significativa, es una decisión operativa que no tiene mayores consecuencias jurídicas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Cuando se otorga dicha autorización, ya casi todo sobre el proyecto está decidido y nada de ello se puede cambiar.

P.- Pareciera que ha habido un antes y un después en el gremio minero. Antes señalaban que era un obstáculo para las inversiones, y ahora tras ser implementada, Carlos Gálvez presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), afirmó el año pasado que las consultas positivas podían ser tomadas como modelo y que a veces «se crean fantasmas ante lo desconocido». ¿Por qué ese cambio?

R.- Porque la consulta previa en minería se ha neutralizado. La consulta se ha convertido en un instrumento de legitimación de los proyectos. Ninguno de los actos que se consulta permite participar de las decisiones sobre si el proyecto va o no va ni sobre las condiciones necesarias para prevenir sus impactos sobre los derechos indígenas o para determinar las medidas que permitan mitigarlos o compensarlos. Además el proceso no permite un diálogo real sobre la medida. En un estudio realizado por CooperAcción que analiza 10 consultas desarrolladas, se puede observar que tan solo tres llegaron a la fase de diálogo, etapa previa a la decisión final. ¿Por qué la mayoría de consultas concluyeron luego de terminada la etapa de evaluación interna y no llegaron a la fase de diálogo? Porque no hay materia para debatir. Ante este problema, la metodología conduce a los participantes a conversar sobre impactos generales de la actividad minera. Pero al ser tan general, no se llega a nada concreto y los acuerdos terminan refiriéndose a obligaciones que el Estado ya tiene legalmente, independientemente de la consulta. La propia Defensoría del Pueblo se pronunció, afirmando que los acuerdos no versan sobre acciones concretas para prevenir afectaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

P.- ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llega?

R.- Son muy generales. Por ejemplo, que el Estado cumpla con fiscalizar y supervisar las actividades de la empresa, que la comunidad esté informada de las actividades del proyecto, que la empresa cumpla con sus compromisos ambientales y sociales o que los incumplimientos de ésta, sean sancionados por el OEFA u OSINERGMIN. Gran parte de los casos no llegaron a la fase de diálogo porque no había discrepancias entre las comunidades y los representantes del Estado sobre esas propuestas. En esos casos el diálogo quedó agotado. Al plantearse cosas que ya estaban en la ley o en los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, las reuniones de cada etapa carecían de sentido. Los casos que llaman la atención, son las dos consultas realizadas casi simultáneamente sobre el proyecto Apumayo que corresponden a las decisiones casi finales sobre exploración y explotación, algo que materialmente debía ser imposible. Es más, algunas reuniones de la consulta sobre la medida referida a la explotación se dieron antes que las que correspondían a la autorización de inicio de la exploración.

P.- Afirmas que el EIA debe ser consultado. ¿Sobre qué podrían decidir los pueblos indígenas si se consultara?

R.- Si se consultara, en el proceso se podrían debatir los impactos ambientales, económicos, sociales, culturales que tendrá el proyecto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, las canchas de relave podrían poner en riesgo alguna fuente de agua o estar ubicada en un espacio culturalmente importante. El ruido podría ahuyentar a los animales y con ello dificultar la caza. La llegada de gente foránea podría debilitar la identidad cultural. Si se consultara el EIA estos temas serían materia de la consulta.

P.- ¿Qué información se les alcanza a los pueblos indígenas que van a ser consultados sobre un proyecto?

R.- Les hablan de los impactos de la actividad en general. Les presentan una tabla de impactos genérica sin dar detalles del proyecto en concreto. Se evita en todo momento remitirse al estudio ambiental porque podría generar la expectativa de realizar cambios y eso no es posible porque el estudio ya se encuentra aprobado. Ante ello, podemos afirmar que la consulta no canaliza la preocupación de los pueblos indígenas.

Por otro lado, la información que se proporciona es muy técnica, y poco asequible para los pueblos indígenas. Además, si bien hay traductores, estos traducen generalmente lo que los técnicos dicen, pero no los comentarios que hacen los representantes de los pueblos y que deberían ser escuchados por los funcionarios. Esto significa que no hay un diálogo real.

P.- En el caso de los hidrocarburos, ¿la medida que se consulta es más relevante que en minería?

R.- Son varias los actos que se consultan, pero solo uno de ellos tiene relevancia, me refiero a la aprobación del contrato. En el contrato se establecen las cláusulas socioambientales que guardan estrecha relación con los derechos de los pueblos indígenas. Es por esta razón que las comunidades de la zona de influencia del Lote 192 han reclamado ser consultadas sobre el nuevo contrato que se celebrará para que se continúe explorando y explotando el Lote.

Chile

Mina Invierno cerraría en dos años de no contar con tronaduras

1 febrero, 2018 Autor: Diario Financiaro.
Conflicto Relacionado: Isla Riesco- Mina Invierno

Sin esta aprobación, el proyecto es “inviable”. Durante febrero, presentarán reclamación ante el SEA.

Una nueva advertencia realizó ayer la plana ejecutiva de Mina Invierno, proyecto relacionado a las familias Angelini y Von Appen, luego del rechazo al sistema de tronaduras por parte de la Comisión de Evaluación de Magallanes, anunciada hace dos semanas.

Según explicó el gerente regional de la compañía, Guillermo Irarrázaval, de no ser factible revertir en corto plazo la decisión de rechazo a la incorporación de tronaduras de baja carga en la extracción del estéril, la operación no podría proyectarse más allá de dos años, con la excepción de las tareas que tienen que ver con un posible cierre ambiental de la minera.

“Estamos trabajando en la preparación de un recurso de reclamación ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, ya que tenemos la convicción de que la evaluación ambiental del proyecto de tronaduras cuenta con suficientes y sólidos argumentos que avalan la incorporación de esta técnica de fracturamiento de la roca, ampliamente utilizada en la minería nacional e internacional”, comentó Hernández.

Respecto a la fecha de presentación de los recursos, el ejecutivo explicó que el plazo máximo es a fines de febrero, “estamos trabajando con nuestro equipo de abogados, elaborando el documento y en el momento que esté listo se pide la autorización del directorio para hacer la presentación”.

El ejecutivo comentó que no hay posibilidad de que se desarrolle un cierre inminente, pero en el corto plazo, “de no revertir la decisión a pesar de contar con un ICE favorable sin condición, Mina Invierno no es viable. Esa no es una situación deseada por nosotros, vamos a poner todos nuestros recursos y talentos para que podamos revocar la decisión lo más temprano posible”.

Fuente:http://www.mch.cl/2018/01/30/mina-invierno-cerraria-dos-anos-no-contar-tronaduras/

Internacional

La mina de oro más grande de Europa está en Asturias y es una pesadilla para sus vecinos

1 febrero, 2018 Autor: No a la Mina.org

AsturGold lo apostó todo y llegó a iniciar la formación de sus empleados con vistas a ponerse a trabajar cuanto antes. Hasta que en diciembre de 2014 el Principado de Asturias vetó la explotación. En febrero de 2017 el Tribunal Superior del Principado confirmó el veto y todo parecía indicar que el proyecto estaba en vía muerta. Ahora, la empresa acaba de anunciar que vuelve a la carga con apoyo financiero exterior. Los vecinos temen la degradación medioambiental, sanitaria y de calidad de vida. Algunos, ya dan por hecho que, si la mina arranca finalmente, la expropiación de sus casas es cuestión de tiempo. ( España).

Hay 487 yacimientos de oro en Asturias y los romanos lo sabían. Lo sabían tan bien que la forma más sencilla de encontrar una acumulación de minerales es mirar el mapa de los vestigios mineros de dejó. Uno de ellos estaba en Tapia de Casariego, a orillas del Cantábrico.

Allí, bajo la apariencia de un idílico pueblo asturiano, se esconde la que posiblemente sea la mina de oro más grande de Europa. 300.000 kilos de oro que son el objeto de deseo de la industria minera de medio mundo y la pesadilla de los habitantes de la comarca.

El reino bajo la montaña

A Roma le encantaba el oro. Plinio el Viejo, que fue procurador en Hispania, contaba en su ‘Historia Natural’ que, durante el primer siglo de nuestra era, el Imperio era capaz de extraer más de seis toneladas de oro de las minas del noroeste peninsular cada año.

Estamos hablando de un prodigio industrial de la maquinaria administrativa del Imperio que llenó de cicatrices no solo Asturias, sino todos los territorios que rodean el Mediterráneo. La minería romana usaba fundamentalmente un método llamado ‘ruina montium’; este sistema usa la fuerza del agua para conseguir derrumbar grandes extensiones de estructuras geológicas con el menor esfuerzo posible.

Las Médulas, en León, eran la joya de la corona de la minería aurea romana, pero en las minas de Salave, en Tapia, los romanos también se emplearon a fondo. Movilizaron cuatro millones de metros cúbicos de tierra cambiando para siempre la configuración del terreno. Es poco si lo comparamos con las Médulas (donde se movieron casi 100 millones de metro cúbicos), pero lo suficiente para extraer unos 7.000 kilos de oro.

La fiebre del oro

Como explicaba Luna Adrados, después del Imperio, la mina de Salave fue casi olvidada. La zona de Tapia tiene una característica relativamente rara en Asturias, los suelos son de granito. Eso, que es lo que facilitó la creación de yacimientos de oro y otros metales, ha sido lo que ha ‘protegido’ la mina con el tiempo. El resto de yacimientos asturianos, rodeados por tierras sedimentarias, eran más fáciles de explotar.

Por eso, desde que en 1825 se aprobó la Ley de Minas en España, la mina de Salave ha sido el lugar donde las grandes ambiciones mineras iban a morir. En 1850, se llegaron a secar las lagunas de la zona para iniciar una prospección que no llegó a buen puerto. Solo entre 1948 y 1952, en plena autarquía franquista, la necesidad de molibdeno (usado en el proceso de fabricación del hierro) fue tal que logró reactivar la mina.

Pero el oro sigue ahí

Desde los años 60, decenas de empresas han recorrido el término municipal de Tapia y han realizado más de 62 km de sondeos. Nada prosperó hasta que en 2010 AsturGold propuso su proyecto. Como se dijo muchas veces, en los últimos 2000 años, nunca se ha estado tan cerca de volver a explotar el oro de Salave como en ese momento.

El asunto es muy polémico porque 250 empleos (850 durante la construcción) era música celestial gran parte del occidente asturiano y la provincia de Lugo. Sin embargo, los problemas ambientales se acumulan en una Asturias que trata de reconvertir su oscuro pasado industrial y minero en un futuro más verde y saludable. Una mina, por muchos controles que tenga, supone un impacto ambiental y sanitario inmenso.

Asturias Verde

No es el caso: la empresa acaba de anunciar que vuelve a la carga con apoyo financiero exterior. Los vecinos temen la degradación medioambiental, sanitaria y de calidad de vida. Algunos, ya dan por hecho que, si la mina arranca finalmente, la expropiación de sus casas es cuestión de tiempo. Es una incógnita.

Lo que está claro es que Salave es un caramelo demasiado jugoso para que la minería renuncie a él. Según los últimos datos, bajo el suelo de Tapia hay al menos 300.000 de kilos de oro. Es decir, con la cotización actual, bajo el suelo de Tapia hay cinco mil millones de euros.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/38745-la-mina-de-oro-mas-grande-de-europa-esta-en-asturias-y-es-una-pesadilla-para-sus-vecinos

Argentina

En Buenos Aires ya armaron el proyecto para arrasar Chubut con la minería

1 febrero, 2018 Autor: El Chubut, No a la mina.org

Altos funcionarios nacionales ya tienen en sus manos un proyecto de ley de zonificación minera de la provincia del Chubut al que accedió de manera exclusiva un medio de prensa de Trelew. Aproximdamente un 70% del territorio de la provincia y prácticamente toda la cuenca media e inferior del Río Chubut junto a los valiosos acuíferos subterráneos de la meseta estarían seriamente comprometidos. Aún no hubo ninguna presentación en la Legislatura.

En los despachos de altos funcionarios del Gobierno Nacional ya hay copias de un breve proyecto de Ley para la zonificación de la actividad minera en la provincia del Chubut. Se trata en realidad de un proyecto para modificar el artículo 2º de la Ley Provincial Nº XVll-68 (ex 5001).

El proyecto consta apenas de dos carillas: la primera estableciendo las coordenadas de un amplio polígono en el territorio chubutense donde se permitiría el desarrollo minero metalífero, y una segunda como anexo con el mapa en cuestión.

El proyecto está elaborado y aún no tiene firma, porque se desconoce quién o quiénes serán los encargados de impulsarlo en la Legislatura provincial, aunque se presume que ya habría contacto con algunos diputados para avanzar con la iniciativa que ya está redactada.

Un alto funcionario que participó esta semana de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri, confirmó que ese proyecto está en algunos despachos oficiales junto a otra documentación vinculada con la posible explotación minera en la provincia.

Hasta ayer, el proyecto no había sido presentado en la Legislatura, donde la última iniciativa al respecto data de la gestión de Martín Buzzi y de aquel intento fracasado de avanzar con una zonificación minera que fracasó ante la absoluta resistencia de la sociedad chub

Ley 5001

La Ley Provincial XV-Nº 68 (antes Ley 5001), detalla en su primer artículo: «Prohíbase la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera».

Y en su segundo articulado, establece que «el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) creado por la LEY XI Nº 35 (Antes Ley 5439), determinará en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de la sanción de la presente Ley:
a) La zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso.
b) La definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente Ley».

Sin embargo, nunca se avanzó con la zonificación que establecía la norma impulsada poco después del recordado plebiscito de Esquel en contra de la explotación de la mina de oro en cercanías de la localidad cordillerana.

El artículo 3º de dicha Ley, marcaba que «la aprobación de la zonificación propuesta por el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) en los términos del artículo 2º de la presente, se efectuará por Ley».

Un proyecto para arrasar

El proyecto de zonificación que ya está en varios despachos del Gobierno Nacional y al que pudo acceder este diario, consta apenas de tres artículos y el mapa marcando cuál sería la zona donde se permitiría la actividad minera.

El artículo 1º del borrador señala: «Modifíquese el artículo 2º de la Ley Nº XVll-68 (ex 5001) el que quedará redactado de la siguiente manera: Se establece como área de excepción a la prohibición establecida en el artículo 1º, al interior del polígono determinado por los puntos individualizados seguidamente, los que se encuentran graficados en el plano que como Anexo 1 forma parte de la presente Ley».

Luego detalla las coordenadas de la zonificación (ver aparte). Además, en el artículo 2º establece la derogación del artículo 3º de la ex 5001, el que determinaba que la aprobación de la zonificación propuesta por el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM), se efectuaría por Ley. En definitiva, propome la eliminación del COPRAM.

Colombia

Masiva respuesta de timanenses a firmatón contra represas y minería

31 enero, 2018 Autor: La Voz de la Región

En dos días, 4500 ciudadanos residentes acudieron a los puestos de recolección de apoyos para firmar las planillas que les exigirán a las autoridades electorales, dar vía libre a la consulta popular antiminería.

Tras la autorización que la Registraduría Nacional del Estado Civil hiciera al Comité Cívico por la Defensa del Territorio de Timaná para llevar a cabo la recolección de firmas que permitan consultar a la ciudadanía sobre el desarrollo de proyectos mineros y de generación de energía a gran escala, la respuesta a la convocatoria fue satisfactoria.

Pedro Nel Jiménez Sterling, líder del grupo ciudadano se mostró satisfecho por la amplia acogida que tuvo el llamado ciudadano para firmar los formatos puestos a disposición en los que se busca iniciar la consulta a la comunidad.

Para el líder comunitario, en el puesto de recolección de firmas que fue ubicado en el parque central de Timaná desde el sábado 27 de enero y el domingo 28, mas de 4500 personas depositaron su firma lo que se convirtió en muestra de rechazo a posibles iniciativas de alteración en el territorio.

Voceros del Comité Cívico, indicaron que en veredas y barrios de Timaná, y con el apoyo de lideres comunitarios y voluntarios, se continuará recolectando las firmas que permitan llevar a urnas la definición de implementar proyectos mineros, de generación eléctrica y otros que afecten el territorio de Timaná en aspectos sociales, ambientales y de tipo cultural.

Fuente:http://lavozdelaregion.co/masiva-respuesta-de-timanenses-a-firmaton-contra-represas-y-mineria/

Chile

Movimiento Litio para Chile se manifiesta contra acuerdo Corfo-SQM

31 enero, 2018 Autor: Rodrigo Fuentes, diario UChile
Conflicto Relacionado: Litio Salar Atacama

La acción protesta respaldada por otras organizaciones y dirigentes sindicales, pretende presionar para revertir el acuerdo entre Corfo y Soquimich para la explotación del Litio.

Para hoy lunes 29 de enero a partir de las 18:30 horas en Plaza Italia se convocó a una movilización para rechazar el acuerdo que firmó la Corporación de Fomento (Corfo) con Soquimich (SQM).

Recientemente el organismo estatal llegó a un acuerdo con la compañía privada en el que se le entregó la explotación del mineral hasta 2030, además se sextuplicó la cuota de extracción.

La movilización es parte de las medidas que tomó el movimiento Litio para Chile con el fin de deshacer el acuerdo que favorece a SQM, empresa ligada a diversos casos de corrupción, daño ambiental en el Salar de Atacama y prácticas contra sus operarios.

Miguel Soto, dirigente sindical de la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (Constramet) y coordinador del movimiento, relató que la idea es presionar a las autoridades responsables, para impedir la ratificación de convenio, donde legalmente existen 120 días para que la medida se rechace o se mantenga.

El representantes de Litio Para Chile criticó el tipo de contrato suscrito entre las parte, toda vez que no aportaría al desarrollo del país no agregando valor ni sustentabilidad a la minería.

La vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Amalia Pereira llamó a todas las organizaciones sociales a manifestarse ante el acto de impunidad que, según ellos, representa dicho acuerdo que favorece ampliamente a la minera no metálica cedida en Dictadura a Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet.

Diputados que el jueves pasado votaron en el pleno contra la extensión del contrato suscrito anunciaron que durante la semana se presentará un recurso ante la Contraloría General de la República para impedir que dicho organismo curse la toma de razón.

Fuente: http://radio.uchile.cl/2018/01/29/movimiento-litio-para-chile-se-manifiesta-contra-acuerdo-corfo-sqm/

Ecuador

¿Sabes cuáles son las siete preguntas de la Consulta Popular y qué dicen?

31 enero, 2018 Autor: Redacción Afull, El comercio

Este domingo 4 de febrero del 2018 será la consulta popular y referendo que propuso el presidente Lenín Moreno. Los ecuatorianos tendremos que escoger entre el sí o el no en siete preguntas que abordan temas sobre la lucha contra la corrupción, reelección indefinida, Consejo de Participación Ciudadana, protección a la niñez, minería, plusvalía y el Parque Nacional Yasuní. En Afull te explicamos cada una de las siete preguntas de la consulta popular y qué cambios se proponen con ellas:

Pregunta 1: Pregunta 1 sobre la lucha contra la corrupción «¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?»

Según explica el constitucionalista Ismael Quintana en una entrevista con Diario EL COMERCIO, esta pregunta busca que funcionarios públicos y personas particulares reciban una sanción cuando cometan alguno de estos delitos: Cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, lavado de activos, testaferrismo y delincuencia organizada.

Ahora, es necesario explicar qué son estos delitos: El objetivo de esta pregunta es que las personas que hayan cometido alguno de estos delitos reciban una sanción civil, esto implica que no podrán presentar ninguna candidatura a cargos de elección popular, no podrán ejercer ningún cargo público y tampoco podrán suscribir contratos con el Estado.

Pregunta 2: Pregunta 2 sobre la reelección indefinida ¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?

En la Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008, se defendía el principio de alternancia, es decir que una persona con un cargo público no podía permanecer en el poder más allá de un periodo determinado. Pero en 2015, con aprobación de la Asamblea Nacional se permitió la reelección indefinida.

El objetivo de esta pregunta es que las autoridades de elección popular puedan ser reelegidas una sola vez, consecutiva o no. En el caso del Presidente permanecerá cuatro años en sus funciones y solo podrá ser reelecto una vez. El primer mandatario Lenín Moreno propuso esta pregunta por la siguiente razón: “Los que quieren reelegirse no piensan en el futuro del país, sino en el próximo período”.

Estos son algunos términos que debes conocer sobre esta pregunta: Pregunta 3: Pregunta 3 sobre el Consejo de Participación Ciudadana ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?

Para explicar esta pregunta es primordial definir qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Esta entidad autónoma busca fomentar la participación de los ciudadanos en promover los derechos de participación, el control social de lo público, rendición de cuentas, investiga casos que afecten a la participación ciudadana y el interés público o que generen corrupción. Además, designa a las autoridades de control que son: Fiscal, Procurador, Contralor, defensores Público y del Pueblo, superintendentes, jueces electorales y constitucionales, Consejo Nacional Electoral y Consejo de la Judicatura.

El Cpccs fue creado en el 2008, con la Constitución de Montecristi, en este documento se determinó que los poderes del Estado se dividían en cinco, antes solo eran tres, uno de estos cinco poderes precisamente fue el Consejo de Participación Ciudadana. Está conformado por siete consejeras y consejeros, ellos son escogidos entre representantes de organizaciones sociales y ciudadanos de manera individual.

Con esta pregunta el Gobierno busca reconfigurar el Cpccs y que sus representantes sean electos mediante votación y no por un concurso de oposición y méritos como se lo había hecho hasta ahora. Si se aprueba esta pregunta, los miembros del Consejo serán cesados y reemplazados por un Consejo de Transición. Este último, tendrá la posibilidad de evaluar el trabajo de sus predecesores.

Pregunta 4: Pregunta 4 sobre Sobre protección a la niñez ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4?

El contexto de esta pregunta viene acompañado de escandalosas cifras de abuso sexual en el país. Entre 2014 y 2017, se reportaron 13 671 denuncias por este delito. Según estadísticas del Plan Internacional por la Niñez en Ecuador, seis de cada 10 víctimas de abuso en el país son niños, niñas y adolescentes. Buena parte de estos casos se dieron en el sistema de educación. “Cuando tenemos 919 denuncias en los planteles educativos relacionadas con violencia sexual quiere decir que no estamos frente a un tema aislado. Tenemos que enfrentar como sociedad a una violencia estructural”, aseguró en un conversatorio con EL COMERCIO el ministro de educación Fander Falconí.

“El acceso a la justicia, incluso hoy, es muy difícil. Es por eso que una de las causas de que las víctimas no rompan el silencio es la impunidad; la lentitud en los procesos de la justicia”, aseguró en el mismo conversatorio Amparo Molina, vocera de los afectados por abusos en el colegio Aampetra. En Ecuador, son imprescriptibles (delitos que no vencen con el paso de los años) las infracciones de agresión a un Estado, el genocidio, los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y las acciones legales por daños ambientales.

Pregunta 5: Pregunta 5 sobre minería metálica en áreas protegidas ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

Actualmente en la Constitución del Ecuador, se prohíbe la actividad extractiva en áreas protegidas y zonas intangibles. El elemento nuevo sería la prohibición de la minería metálica en centros urbanos.

En enero de 2017, un socavón descubierto en una escuela de Zaruma terminó con el colapso de la edificación. El presidente Lenín Moreno declaró el Estado de Emergencia en el cantón pocos meses después. Los estudios de la Secretaría de Riesgos declararon que las galerías de minería ilegal debajo de la ciudad estaban causando que algunas estructuras colapsen.

De igual manera, se plantea sustituir el artículo 54 del Código Orgánico de Ambiente que detalla dicha prohibición dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En el texto se incluirá: “Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”.

Para William Sacher, académico y experto en temas de ambiente, este sería un cambio a nivel político y no jurídico, pues “en la Ley de Minería y sus reformas se está ya prohibiendo la minería en áreas protegidas, zonas intangibles y zonas urbanas”.

Pregunta 6: Pregunta 6 sobre la Ley de Plusvalía ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo 1?

La definición de plusvalía, según el diccionario económico de la Universidad de Oxford, corresponde al «incremento en el valor de activos». Para el caso inmobiliario, se entiende por plusvalía el aumento del valor de un bien por causas externas. Por ejemplo, por obras municipales, vías nuevas, sistemas de transporte público, infraestructuras cercanas, entre otros.

El Ejecutivo justifica esta pregunta por un decrecimiento del 1,7% en la industria de la construcción de viviendas durante el segundo trimestre de 2017, según datos del Banco Central del Ecuador. Por ello, con la pregunta 6 se plantea derogar la Ley Orgánica para Evitar la Especulación Sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, aprobada durante el gobierno de Rafael Correa. Según los ponentes de la consulta, dicha norma ha sido perjudicial para la reactivación económica del país.

Juan Proaño, del Colectivo Constructores Positivos, respalda el voto por el sí en esta pregunta. “Para tratar todos los aspectos de plusvalía, nosotros ya tenemos todos los mecanismos en las leyes existentes. El Cotad, la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Eficiencia en la Contratación Pública. En todas estas leyes ya hay mecanismos específicos para evitar la especulación y para captar plusvalías”.

Pabel Muñoz, asambleísta por Pichincha, aboga por el no en esta pregunta; sostiene que la Ley para Evitar la Especulación Sobre el Valor de las Tierras y la Fijación de tributos es positiva para evitar abusos. Desde su perspectiva, “la plusvalía puede ser captada con dos mecanismos: unos que no son impositivos, que tiene que ver con cómo los municipios organizan la construcción y el uso del suelo en las ciudades; y otros que sí son impositivos”.

Pregunta 7: regunta 7 sobre la extracción petrolera en el Yasuní ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?

La pregunta plantea reducir a 300 hectáreas, de las 1 030 inicialmente autorizadas por la Asamblea Nacional, el área donde se puede realizar explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. El Ministerio de Hidrocarburos ya ha trazado un mapa para expandir la zona de protección en caso de que gane el sí en esta pregunta. José Fuentes, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y experto en petróleos, explica que “ninguno de los límites planteados involucra a corto plazo la modificación de las áreas que en este momento están en explotación”.

Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, destaca la fragilidad del ecosistema y la importancia dentro de los sistemas de biodiversidad y asegura que la extracción de crudo en una zona como esta es algo de lo que no se tiene antecedentes en el país. “Cualquier proceso petrolero en un ecosistema de este tipo es mucho más complejo que lo que en su historia petrolera el Ecuador ha logrado manejar”.

Fuente: http://www.elcomercio.com/afull/preguntas-consultapopular-ecuador-explicacion-referendo.html

Ecuador

Renuncia ministro de Minería a cinco días de la consulta popular

31 enero, 2018 Autor: Redacción, La República. ec

El ministro de Minería de Ecuador, Javier Córdoba, renunció este martes al cargo, según informó la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), sin precisar los motivos de su decisión.

En un escueto comunicado, se indica que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, aceptó la renuncia del titular de Minería, una decisión inesperada y que se produce después de que grupos ecologistas e indígenas exigieran la semana pasada su cese.

La renuncia de Córdova ocurre a cinco días de que tenga lugar una consulta y referéndum popular en Ecuador, cuya pregunta número cinco hace referencia a que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. EFE

Fuente: https://www.larepublica.ec/blog/politica/2018/01/30/renuncia-ministro-de-mineria-a-cinco-dias-de-la-consulta-popular/

Argentina

El Gobierno convocará a los gobernadores para reformular la ley de glaciares

31 enero, 2018 Autor: Merino Soto, BAE Negocios

Frente a la política que busca llevar adelante el Estado de darle impulso a la minería, el Gobierno convocará en las próximas semanas a los gobernadores para iniciar el debate de si es necesario reformular la actual ley de glaciares o si por el contrario habrá que impulsar un nuevo proyecto a presentar en el Congreso. Este es parte del reclamo de las empresas que advirtieron al Ejecutivo que sin un cambio es imposible que lleguen nuevos emprendimientos.

Los planteos del gobierno serán presentados en el ámbito del Consejo Federal Minería (Cofemin) y del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), señalaron fuentes del Ministerio de Energía y de Medio Ambiente, los cuales ya vienen trabajando en los puntos a debatir.

Según pudo saber este diario la idea es tener una especie de pacto federal minero y desde ahí llevar adelante una mesa de debate como los que ya se impulsa en el agro, donde sean los titulares del recurso naturales, es decir las provincias, los responsables de la policía minera y la fiscalización del control de la actividad extractiva; los que planteen que es lo quieren promover. Esto significa pensar en un decreto reglamentario o por el contrario ir hacia una nueva ley. Las empresas no participaran.

Para esto Ambiente aportará en breve los datos finales del inventario nacional de glaciares, un paso importante que no se tuvo en cuenta antes de la creación de la ley.

Además frente a las discusiones o problemas de interpretación de la actual norma, esta se solucionará con el Estudio Ambiental Estratégico (EAE). Por ende antes que venga una empresa, esta sabrá de antemano si podrá o no invertir.

Se impulsarán modificaciones en el código minero que hoy en su capítulo ambiental es obsoleto

También se impulsará la necesidad de adherir a las licencias sociales, un tema que tocará tanto a las actividades antrópicas y las de tipo extractivas. Para esto se deberá preservar a las economías regionales y el desarrollo de la comunidad local, pero no generando trabajo en el emprendimiento que llegue sino mas bien asegurar lo que en dicha zona se hace como es: ganadería, agricultura, etc.

Este valdrá también para cuando se cierre una mina, donde la idea es que tener un fideicomiso intangible que mientras se desarrolla la actividad se va depositando los fondos que aseguran la finalización del emprendimiento y al mismo tiempo se invierte en el desarrollo local.

Las fuentes de Ambiente dejaron trascender que se debe dar un debate parlamentario sobre el Código Minero, dado que precisamente el capítulo ambiental debe ser actualizado.

Criticaron además que no se puede hacer minería arriba de la gente y del agua, por eso la megamineria a cielo abierto es algo que debe quedar en el pasado si se quiere poner a la Argentina en el mundo de las buenas practicas, para lo cual se debe pensar en desarrollos subterráneos, que van de la mano de la sustentabilidad y de la tecnología.

Nación, provincias, gremios y empresas, avanzan con reuniones en el interior del país con el objetivo de ir dándole forma a lo que fue la firma del Pacto Federal Minero de meses atrás donde se dejo en claro la necesidad de tener mesas de competitividad para delinear los objetivos del acuerdo. Fuentes de Energía recordaron que la idea es llevar el pacto al Congreso para luego llevarlo a las legislaturas provinciales.

Algunos puntos todavía a solucionar pasa por la alta carga impositiva que afecta al sector y el aumento de los costos de producción a donde el dólar incide y mucho recordaron desde la industria aunque con el tipo de cambio actual no se mostraron tan descontentos, pero siguen atentos a lo que pase con la inflación que afecta también los números de la actividad.

Fuente: https://www.baenegocios.com/economia-finanzas/El-Gobierno-convocara-a-los-gobernadores-para-reformular-la-ley-de-glaciares-20180130-0120.html