Noticias

Perú

Día Internacional de la mujer: Ellas luchan por el agua y la salud

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: La Oroya-Doe Run-

En el Día Internacional de la Mujer, conoce la historia de tres mujeres dirigentas sociales que están luchando por el agua y la salud. Se trata de Rosa Amaro, de La Oroya, Melchora Surco de Espinar- Cusco y Gladys Mandujano de Pasco. Ellas viven en comunidades lastimadas por la contaminación y la minería, sin embargo, no se cansan de exigir calidad de vida, pese a las persecuciones, atropellos y amenazas.

 

 

Rosa Amaro- La Oroya, Junín

dosdos

Amaro es de aquellas mujeres que parecen incansables. Es la presidenta Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO) , lleva 30 años luchando por la mejora de atención a niños, niñas y ancianos intoxicados con metales pesados a causa de la contaminación que padece durante décadas La Oroya. Rosa ha recorrido consultorios médicos, despachos de congresistas, organizaciones sociales buscando apoyo para los afectados. En el camino se ha encontrado con madres que tienen hijos con plomo y a quienes acompaña, pero también han aparecido amenazas. Por ejemplo, los ex trabajadores de La Oroya no la ven con buenos ojos, ella cuenta, que la han amenazado en su propia casa. Incluso, desde las radios locales ha sufrido persecución: «El locutor deja las líneas abiertas para que cualquiera pueda lanzar amenazas al aire. Incluso se ha dado la dirección de mi casa al aire», manifiesta “Nunca me cansaré de denunciar y exigir condiciones de salud digna”, dice Amaro.

 

Melchora Surco- Espinar, Cusco

melch

Melchora es una dirigenta social de Espinar que ha denunciado cómo los niños y niñas enferman en su distrito. Ha logrado hacerse escuchar en medios de comunicación, foros, le habla claro a los políticos, no se amedrenta, pero tampoco, puede evitar mostrar su pena. Ha cuestionado a las entidades públicas como en Ministerio de Salud que dan largas a la solución de la remediación de pasivos. Melchora está convencida de que puede generar cambios y cada vez que está en Lima, resalta que su misión es hacer escuchar a su comunidad: Contar su historia. “Nos sentimos abandonados por el gobierno nacional, que no se preocupa por nosotros. Vemos como se ha contaminado y destruido nuestro medio ambiente y se nos ha envenenado, pero ni por eso nos atienden”, declara.

 

Gladys Mandujado – Cerro de Pasco

gla gla

 

Cerro de Pasco es una de las ciudades más lastimadas por la contaminación minera y los pasivos, tanto así, que los pobladores viven con niveles altos de metales tóxicos en la sangre. Gladys Mandujano es el Grupo de Defensa de Pasco aboga por que se remedien los problemas ambientales en Pasco y se atienda a los afectados. Acompaña a madres, padres y niños en movilizaciones, marchas, plantones. Los reúne, vela por su seguridad, siempre está atenta a las necesidades del grupo. En Lima, incluso, la policía la agredió para apartarla de las puertas del Ministerio de Salud. Gladys no se amilana y ha decidido emprender continuar en la defensa de los derechos y la salud.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/704-dia-internacional-de-la-mujer-mujeres-que-luchan-por-el-agua-la-salud

Mexico

Concesiones mineras aumentan 31% en Puebla durante 1 año

Autor: Patricia Méndez , E-Consulta

En un año, las concesiones para explotación minera en Puebla crecieron en 31 por ciento, pues a finales de 2016 había 236 y en 2017 llegaron a 310, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Economía (SE).

Así lo dio a conocer el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), que hizo una exploración en los registros geográficos que la dependencia federal tiene en su página en internet.

Juan José Hernández, quien es director de esa agrupación que se desempeña como un observatorio ciudadano, consideró que la explotación minera resulta un mal necesario, pues algunos tipos de ese material son utilizados para la elaboración de equipos tecnológicos como las baterías para los teléfonos celulares.

Un informe dado a conocer en abril pasado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, indicó que Puebla es el tercer estado del país con más conflictos mineros, al registrar ocho casos, y existe una potencial contaminación del agua subterránea y superficial provocada por las empresas ubicadas en la cuenca del río Apulco.

¿En dónde están las concesiones mineras?

Según el informe, a finales de 2016 la SE tenía registros de 236 concesiones mineras en Puebla, pero hasta el mes de diciembre de 2017 –un año después- el número creció a 310, lo que se traduce en un aumento del 31 por ciento.

La última cifra implica que hay más de una concesión por municipio, pues la entidad cuenta con 217 demarcaciones de ese tipo. No obstante, el 62 por ciento de los permisos, es decir, tres de cada cinco, se localizan en la parte norte del estado, principalmente en el área serrana.

De acuerdo con los datos, también hay permisos para extracción en el Valle de Serdán en la Mixteca e incluso hay un permiso en el municipio capitalino de Puebla.

Jolalpan es el municipio del estado que más concesiones tiene, con un total de 45, seguido por Chietla con 38, posteriormente destacan Tetela de Ocampo (16), Zacatlán (16), Chiautla (14), Izúcar de Matamoros (13), Acatlán (12), Teziutlán (11), Tecomatlán (10), Guadalupe Victoria (9), Ixtacamaxtitlán (9), Tulcingo (9).

La SE también reportó concesiones en Tepeyahualco (7), Tlatlauquitepec (7), Zapotitlán (7), Ixcamilpa de Guerrero (6), Zautla (6), Teopantlán (5), Xicotepec (5), Tehuitzingo (4), Tzicatlacoyan (4).

En Ahuatlán, Albino Zertuche, Huehuetlán El Grande, Teotlalco, Totoltepec de Guerrero, hay tres permisos, respectivamente, mientras que en Chignahuapan, Huauchinango, Huehutlán El Chico, Hueyapan, Libres, Nicolás Bravo, Piaxtla, San Gabriel Chilac, San Jerónimo Xayacatlán, San Nicolás Buenos Aires, Santiago Miahuatlán, Tlachichuca, Tlacuilotepec y Xicotlán hay dos registros en cada caso, y uno en Axutla.

Entre las mineras extranjeras que operan en Puebla se encuentra la canadiense Almaden Minerals y Minera Autlán.

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2018-03-08/medio-ambiente/concesiones-mineras-aumentan-31-en-puebla-durante-1-ano

Internacional

22.685 FIRMAS CONTRA UNA MINA DE FELDESPATO EN LA SIERRA DE YEMAS

Autor: Cadena Ser, No a la Mina.org

La Plataforma ‘No a la mina en la Sierra de Yemas’ ha entregado  22.685 firmas en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en contra de la realización de prospecciones mineras en esa zona para la eventual explotación de feldespato. La entrega se ha producido porque se cumple justo un año desde que se publicó el proyecto de investigación denominado ‘Riofrío 1146’, que afecta a los términos municipales de Riofrío, Mironcillo, Sotalbo, Gemuño, Cabañas y la Aldea del Rey NIño.

 

 

Lourdes Blanco, portavoz de la Plataforma, ha leído un comunicado en el que declaran que un proyecto minero a cielo abierto es incompatible con el medio de vida que tienen los vecinos de esos pueblos. “Queremos seguir siendo agricultores, ganaderos, trabajadores del turismo rural, ciudadanos que apuestan por un futuro sostenible en nuestra provincia”, dicen.

Reprochan a la Junta de Castilla y León que se ponga una “alfombra roja a cualquiera que con un capital social mínimo y ninguna garantía, quiera cazar una licencia de explotación minera” a la sombra de una Ley de Minas que consideran obsoleta y permisiva.

También se preguntan por qué aún no se ha dado a conocer cuántas alegaciones se han presentado contra ese proyecto ni su resolución. La plataforma calcula que al menos se presentaron 11.000 escritos en contra de que se autorizara la realización de catas mineras en la Sierra de Yemas.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/39601-22-685-firmas-contra-una-mina-de-feldespato-en-la-sierra-de-yemas
Chile

Minera SCM Tambillos no cumple con sentencia ambiental tras colapso de Tranque de Relaves el 2010

Autor: Relaves.org

A más de un año del fallo histórico, que condenó a minera vinculada al Grupo Errázuriz a cumplir 11 medidas reparatorias tras colapso de relave luego del terremoto de 2010, ninguna de éstas se ha cumplido. Cabe destacar que este colapso mató a una familia completa y contaminó gran cantidad de hectáreas alrededor de la zona afectada por el derrame.

En un pequeño valle de Talca hacia la costa, una comunidad de cinco casas se ubicaba en las cercanías de una mina abandonada llamada Las Palmas, vinculada al Grupo Errázuriz. Nadie sospechaba que el cerro junto a la mina fuera un tranque relleno de tierra, arsénico, plomo y cianuro, entre otros materiales tóxicos. Durante el terremoto de 2010, el tranque colapsó y sepultó una de las casas, matando a los 4 integrantes de la familia Gálvez-Chamorro y contaminando una gran extensión de terrenos de la provincia.

Lo peor de esta situación es que ninguna de las familias afectadas fue advertida sobre el riesgo en el que vivían, pese a que SERNAGEOMIN había considerado el Tranque de relaves de Las Palmas como uno de los cuatro tranques con mayor riesgo de colapso del país.

Henry Jurgens, propietario de un terreno colindante al sector donde se produjo este trágico hecho, cuenta que “donde estaba el relave, no había ningún letrero que dijera “Peligro” o “Tóxico”, y eso estaba todo envenenado. En efecto, SERNAGEOMIN había estado 7 meses antes y habían manifestado que ese relave estaba a punto de caerse. Esa información fue guardada, y no hicieron nada para ponernos bajo aviso”.

Como consecuencia del derrame del relave, se generó una emergencia sanitaria que hizo necesario adoptar medidas urgentes, las que -pese a la obligatoriedad de ser realizadas por SMC Tambillos- fueron llevadas a cabo en su totalidad a cargo y costo por la Autoridad pública.

 

FALLO HISTÓRICO

De esta forma, y debido a que el derrame no sólo costó la vida de 4 personas sino que también produjo un colapso medioambiental de proporciones, el 15 de diciembre de 2014, el abogado ambientalista Iván Poklepovic junto a Henry Jurgens, presidente de Fundación Relaves (que nace tras el hecho), presentaron una demanda de reparación de daño ambiental en el Segundo Tribunal Ambiental, en contra de Sociedad Contractual Minera Tambillos.

Casi dos años después, el 24 de agosto de 2016, se produjo un fallo histórico, por ser el primer fallo ambiental enmarcado en el contexto de un Pasivo Ambiental Minero (PAM): el Tribunal Ambiental condenó a la minera a cumplir un Plan de Reparación Ambiental, compuesto por 11 medidas reparatorias destinado a remediar el daño causado.

Esta sentencia estableció que hubo incumplimientos al Programa de Cierre del Tranque de relaves y al manejo de residuos peligrosos por parte de la empresa.

“También es histórico porque se condenaron las conductas y omisiones reiteradas y negligentes de SCM Tambillos. Por otro lado, se acreditó la relación de causalidad próxima y necesaria existente entre los hechos, conductas y omisiones culposas en que incurrió SCM Tambillos y el daño ambiental generado”, explica Juan Pablo Sanguinetti, abogado de Fundación Relaves.

INCUMPLIMIENTO

Sin embargo, la situación tras el fallo no ha cambiado. Así lo explica Poklepovic, quien asegura que “a la fecha, la empresa no ha cumplido con ninguna de las medidas de corto y mediano plazo que debía ejecutar. El tema es que hay medidas de reparación cuyo plazo de ejecución aún no se vence, y, por ello, hay que evaluar la posibilidad de pedir al Tribunal un incumplimiento forzado parcial del fallo”.

En ese mismo sentido, Juan Pablo Sanguinetti explica que “se deben distinguir las obligaciones que se encuentran vencidas y aquellas que aún Las Palmas SpA tiene plazo para realizar. De esta forma, se podría solicitar al Tribunal un cumplimiento incidental parcial de las obligaciones del PRA vencidas que el titular no hubiera realizado, lo cual es un procedimiento de apremio para hacer cumplir a la empresa con las obligaciones contenidas en la sentencia”.

Entre las medidas de reparación más importantes que se exigió a la empresa llevar a cabo para remediar la situación, se encuentran:

– Efectuar un análisis de estabilidad del actual tranque y del área afectada por el derrame.
– Asegurar la total impermeabilidad de la carpeta HDPE existente y presentar un proyecto para implementar un sistema de recolección, conducción y descarga de aguas lluvia que escurran por la carpeta, con un programa de monitoreo de calidad del agua y medidas de control.
– Desmantelar todos los restos de instalaciones existentes y completar la disposición final de materiales y chatarra con autorización de las autoridades competentes.
– Plantar una franja arbórea con especies tolerantes a los relaves y de rápido crecimiento.

“Cabe esperar que la Minera en cuestión tome conciencia, y comience a cumplir con lo que dicta el fallo, para dar una señal potente de que la catástrofe ocurrida el 27 de febrero de 2010 sí les importa, que sí se hacen responsables. Porque no hay que cerrar los ojos ante una realidad evidente: en Chile existen cientos de relaves mineros abandonados, y sabiendo que es uno de los países más sísmicos del mundo, esta tragedia podría volver a suceder. Sin embargo, está en manos de las autoridades y de las empresas mineras privadas poder evitarlas”, finaliza Henry Jurgens.

Fuente:http://www.relaves.org/2018/02/27/minera-scm-tambillos-no-cumple-con-sentencia-ambiental-tras-colapso-de-tranque-de-relaves-el-2010/

Argentina

Nación promociona a nivel internacional la minería en Chubut pese a estar prohibida

Autor: EL Patagónico

El Ministerio de Energía de la Nación promocionó cuatro yacimientos chubutenses en Canadá. Uno de ellos es el yacimiento Suyai, que se encuentra en cercanías de Esquel y cuya licitación fue cancelada por un pedido popular hace más de 15 años. También promocionó los proyectos Navidad, Cerro Solo y Laguna Sala.

Pese a la prohibición legal que la minería tiene en Chubut, el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, continúa realizando acciones para promover su explotación. Así se desprende de un documento que su cartera presentó en el Argentina Forum Day de la Feria Mundial de Minería, que se realizó en Toronto, Canadá.

Bajo el título “Por qué la Minería en Argentina”, el material hace hincapié en las bondades de la explotación minera en el país y ofrece al mundo con insistencia cuatro proyectos mineros en Chubut.

Según publica en su portal El Extremo Sur, los yacimientos chubutenses ofrecidos a los inversionistas internacionales son Navidad, Cerro Solo y Laguna Sala, que están ubicados en la Meseta Central; y el cordillerano Suyai, ubicado en cercanías de Esquel. Esta última oferta es altamente llamativa, ya que allí la reciclada compañía Minas Argentinas, que pertenece a la canadiense Yamana Gold, busca extraer oro en la localidad cordillerana prometiendo hacerlo de manera subterránea y sin cianuro.

El material de promoción fue preparado por la Secretaría de Coordinación de Política Minera de la Nación, que conduce Daniel Meilán, para ser presentado en la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá.

Meilán participó de la Feria junto a los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Catamarca, Lucía Corpacci; y de San Juan, Sergio Uñac. Todos ellos fueron oradores en el día dedicado especialmente a las oportunidades mineras en Argentina.

En este marco, Meilán aseguró que el país “ya no es la región del mundo menos atractiva para invertir” por lo que detalló que las expectativas para invertir en la Argentina mejoraron un 65% respecto de 2016 luego de haber estado en el último lugar y que en la actualidad se ubica entre las primeras cinco regiones del mundo para los desarrollos mineros entre las nueve consideradas.

UNA PRIORIDAD ES NAVIDAD

El documento presentado en Canadá promociona entre las metas a cumplir en los años 2018-2019 la “puesta en marcha de la construcción del Proyecto Navidad” posicionado en la Meseta chubutense. Este proyecto es impulsado por la compañía Pan American Silver con una inversión que ronda los mil millones de dólares para la explotación de plata.

En el marco de los objetivos inmediatos se puso especial énfasis en la “Optimización operativa en cada provincia, sobre trámites y entrega de concesiones”; como así también la aprobación del Acuerdo Federal Minero en todas las Legislaturas provinciales, situación que no sucedió en Chubut por la prohibición legal existente.

Con vistas al año 2025, el Ministerio de Energía se propone triplicar y hasta cuadruplicar el PBI minero mientras que la Cámara Argentina de Empresarios Minero (CAEM) anunció el desafío de atraer 20 mil millones de dólares en inversiones mineras para el período 2020/2021.

Es por eso que Meilán consideró: “en 20 años de minería a gran escala logramos importantes inversiones y desarrollos a largo plazo que permitieron 14 proyectos mineros en producción, 2 proyectos en construcción, 11 proyectos en la etapa de factibilidad, 21 proyectos en etapa de exploración avanzada, 34 proyectos en exploración mediana a avanzada y otros 77 en exploración en etapa temprana”.

“En Santa Cruz, Chubut y Río Negro, fundamentalmente, tenemos una geología mucho más favorable para oro y plata. La Argentina cuenta con cuencas petroleras y gasíferas que el país cordillerano no posee. Nuestro país tiene características muy similares a Canadá y Australia”, aseguró el funcionario nacional.

Fuente:https://www.elpatagonico.com/nacion-promociona-nivel-internacional-la-mineria-chubut-pese-estar-prohibida-n3064524

Mexico

Comunicado REMA. LOS MITOS DEL PROGRESO MINERO. EL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO MIENTE

Autor: Remamx.org

El 5 de marzo de este año en un panel de discusión organizado por el Consejo Canadiense para las Américas
(CCA), el Banco Internacional de Desarrollo (BID) hizo un llamado a “la responsabilidad social de las mineras en
Latinoamérica”1
.

Como Red Mexicana de Afectados por la Minería queremos denunciar algunas declaraciones hechas dentro de
este evento por miembros del BID y varios directivos de empresas mineras presentes en esta reunión.
Consideramos que hay una gran tergiversación del discurso que presenta a la minería como una actividad
sustentable, cuando, en los hechos, tenemos cientos de comunidades fragmentadas y severamente afectadas
por la actividad minera en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad, cada vez mayor,
de pasivos ambientales irreversibles y de los cuales estas empresas no se hacen responsables.

 

Es una incongruencia terrible, que se siga vendiendo a la minería como generadora de progreso y
desarrollo, cuando las compañías mineras -nacionales y extranjeras-, saquean a manos llenas los bienes
comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas, en unos casos, o desolación y muerte en otros.
Sin duda, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sustenta el modelo extractivo y neoliberal contra lo
cual luchamos. Bajo sus siempre ambiguos conceptos de “desarrollo”, “inclusión social e igualdad” o
“sostenibilidad ambiental”, este banco apuesta a la explotación minera como solución para el desarrollo en
América Latina. Actuando como financiador de proyectos privados de despojo, con graves consecuencias
sociales y ambientales, inversiones que muchas veces sirvieron para mejorar la imagen de las empresas
mineras y permitir la aceptación de sus proyectos.

 

Además, la Corporación Interamericana de Inversiones (CII),
miembro del BID, que se dedica al financiamiento directo e indirecto de pequeñas y medianas empresas, ha
financiado directamente algunos proyectos mineros, como por ejemplo, el préstamo de 5.7 millones de dólares
que hicieron a la empresa Somin Compañía Minera de Sonora S.A.P.I. de C.V. para la extracción y el
procesamiento de sulfato de sodio en Sonora. También la CII ha financiado varios proyectos de producción de
energía muy controvertidos y rechazados localmente como los parques eólicos, Eólica del Sur o Eurus en el
Istmo en México o las hidroeléctricas Chixoy (Guatemala) o Revantazón (Costa Rica).

Fuente:http://www.remamx.org/2018/03/comunicado-rema-los-mitos-del-progreso-minero-el-banco-internacional-de-desarrollo-miente/

Chile

Saludo conmemorativo del 8 de Marzo

Autor: Ocmal.org
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, saluda y se suma a las conmemoraciones y movilizaciones a nivel mundial  del Día Internacional de la Mujer, destacando la lucha diaria de todas aquellas defensoras que resisten y trabajan arduamente por detener la vorágine extractivista , colocando en riesgo sus vidas y las de sus familias y comunidades, por proteger nuestros territorios de la depredación capitalista y neoliberal que se ha instalado en América Latina.
Compartimos el Pronunciamiento de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales esperando que se multiplique  este tejido de luchas e identidades por todos nuestros territorios.

Un abrazo fraterno
Equipo coordinador.
OCMAL
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
Perú

Mineras tienen licencias perpetuas para extraer agua en zonas con riesgo de sequía

Autor: Elizabeth Salazar. La República

Alerta. Un mapa construido por Ojo-Publico.com muestra que el Gobierno otorgó –a 31 empresas mineras– licencias para usar agua de ríos, quebradas y acuíferos en 12 territorios declarados de alto riesgo por escasez hídrica, conflictos y contaminación.

A fines del 2016 la sierra central del Perú enfrentó la temporada más seca de los últimos 30 años: las lluvias se ausentaron durante todo noviembre y la población se vio obligada a potabilizar el agua estancada en sus represas. Según el Servicio Nacional de Meteorología (Senamhi) el fenómeno se extendió al sur del país, que desde el 2008 no sufría una crisis similar.

Esta emergencia fue el pico máximo de una sequía que golpea al país desde hace años. Entre el 2003 y el 2016 el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) atendió 1.481 alertas por escasez de lluvias que afectaron cultivos y ganado en todo el Perú, y en la última década el Gobierno ha declarado el “peligro inminente de déficit hídrico” en 17 departamentos.

Para entender cómo se está gestionando el uso del agua en el país, Ojo-Publico.com construyó un mapa y una base de datos con información de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Indeci y la Defensoría del Pueblo.

El análisis concluye que a la fecha existen 1.810 derechos de uso de agua otorgados a 331 compañías mineras; 248 de las cuales obtuvieron licencias para extraer este recurso a perpetuidad. De estas, 31 se ubican en 12 zonas con alto riesgo de sequía, en Tacna, Moquegua, Lima, La Libertad y Lambayeque.

MINERÍA EN ZONAS SECAS

La mayoría de este tipo de permisos los tiene Southern Cooper. Esta subsidiaria del millonario Grupo México Southern tiene 15 licencias vitalicias (además de 9 autorizaciones temporales). En tanto, Anglo American, minera que pertenece a una multinacional con sede en Londres, lidera el ránking de autorizaciones temporales con 15 resoluciones obtenidas en zonas de inminente sequía (ver tabla).

Según su memoria anual, solo para atender la demanda de sus proyectos cupríferos Cuajone y Toquepala, en Moquegua y Tacna, Southern Copper usó 50.490 millones de litros de agua el 2015, lo mismo que consumen en dichos departamentos durante todo un año.

Anglo American también se ubica en Moquegua, con la mina de cobre Quellaveco que este año entrará en fase de explotación.

Ambas compañías obtuvieron resoluciones para explotar 41 fuentes de agua en las zonas de Locumba, Sama, Tambo e Ilo-Moquegua, todas incluidas en las declaratorias de emergencia que el Gobierno promulga cada año.

Ninguna de las empresas respondió a nuestro pedido de entrevistas. Sin embargo, en su página web, Anglo American informó que tras la crisis hídrica del 2016 se vio obligada a renunciar a la captación de agua del río Asana y amplió el uso de agua reciclada al 65%. Southern ha dicho que empleará agua de mar si se le autoriza a continuar con Tía María, en Arequipa.

ACCESO Y CALIDAD

El 25% de las 101 crisis sociales vigentes que identificó la Defensoría del Pueblo se relacionan al agua y la minería (formal e ilegal). Desde el 2011 las protestas han dejado 1.100 heridos y 42 muertos y los motivos no giran solo en torno al acceso; también a la posible contaminación del recurso.

Las regiones donde el Indeci ha atendido más emergencias por sequía en zonas agrícolas, entre el 2003 y el 2016, son Ayacucho (347), Apurímac (340) y Huancavelica (223). En el mismo periodo, Cusco registra 50 alertas agrícolas por sequía, pero las cuencas Alto Apurímac y Urubamba por donde circulan sus principales ríos y quebradas están en nivel crítico, según un estudio de la ANA.

“Hay presencia de pasivos ambientales y residuos en los cauces, riberas y faja marginal, que alteran la calidad de los recursos hídricos; además existen lagunas y cabeceras de cuencas que deben ser protegidas”, indica el informe.

Según el Senamhi, hacia el año 2050 las fuentes de agua disponibles en once cuencas de la costa sur del país se reducirán entre 42% y 48%, especialmente en Moquegua, Tacna e Ica. La guerra por el agua será más intensa.

Fuerza:http://larepublica.pe/politica/1178850-mineras-tienen-licencias-perpetuas-para-extraer-agua-en-zonas-con-riesgo-de-sequia

Latinoamerica

Corte Interamericana: El ambiente sano es un derecho

Autor: Darío Aranda. No a la Mina.

Agua sin cianuro de minería, aire sin agrotóxicos, lagos sin hidrocarburos, ríos sin contaminación de pasteras: un ambiente sano, entendido como parte de los derechos humanos. Así lo exigen desde hace décadas asambleas socioambientales, campesinos e indígenas. En una medida inédita, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de expedirse en línea similar: afirmó que existe una “relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. El máximo tribunal destacó que los Estados deben respetar y garantizar estos derechos humanos y que tiene la obligación de evitar los daños transfronterizos.

 

La Corte IDH es el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene como objetivo aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que entró en vigencia en 1978) y los convenios sobre la temática. En febrero emitió una resolución inédita mediante su “opinión consultiva OC-23/17”, donde destacó la relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. “Por primera vez la Corte Interamericana desarrolló el contenido del derecho al medio ambiente sano”, destacó el comunicado oficial.

La Corte determinó que los Estados deben “prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos”.

En un aspecto contemplado por la Ley General del Ambiente de Argentina (25.675), abordó el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras). La Corte Interamericana instó a los estados a “actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica”.

También llamó a garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medio ambiente, exigió que se cumpla el derecho a la participación pública de las personas en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente.

Valeria Berros pertenece al Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral y del Conicet. Se especializa en derecho ambiental. “La medida de la Corte es muy importante porque es la primera vez que se dedica a desarrollar el contenido del derecho a un ambiente sano que forma parte de la Convención Americana de DDHH”, explicó.

Berros, que también integra la ONG Capibara, destacó la importancia de las referencias respecto al acceso a la información, la participación pública en materia ambiental y la justicia ambiental. “Es central la referencia al principio de precaución, de prevención y de cooperación entre los estados para la tutela del ambiente. Esto último es muy importante por las actividades extractivas, cuando se trata de ecosistemas compartidos entre países”, afirmó.

Organizaciones sociales, ONG, pueblos indígenas y abogados especializados explican desde hace décadas que las luchas referidas al extractivismo no son sólo ambientales, sino también acciones por los derechos humanos. Aún así, es muy difícil que los organismos de derechos humanos de Argentina tomen el tema (a excepción de Serpaj) como tampoco lo abordan las ONG  internacionales de DDHH (salvo acciones puntuales).

Darío Avila, abogado cordobés que acompaña las luchas de pueblos fumigados con agrotóxicos, hizo una lectura detallada de las 102 páginas del escrito de la Corte IDH y destacó “la asociación directa e ineludible entre derechos humanos y medio ambiente”. Ejemplificó que, en palabra de la Corte, “la degradación ambiental afecta otros derechos humanos”. Cuando se afecta el ambiente se ven “especialmente vulnerados el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a la cultura”.

El abogado cordobés destacó que el mismo tribunal aclaró que los alcances de la decisión judicial van más allá del caso específico (Colombia), “debe ser aplicado en todos aquellos conflictos ambientales con obligaciones estatales en materia ambiental y de derechos humanos fundamentales”. Avila explicó que, en el escrito de la Corte, se hace especial mención a que la afectación al medio ambiente genera conflictos violentos que vulneran el derecho a no ser desplazados e incluso ponen en jaque el derecho a la paz.

La “opinión consultiva” (nombre técnico de la resolución de la Corte) surgió por una solicitud del estado colombiano en marzo de 2016 en un caso referido a la región del Gran Caribe y los estados ribereños.

Otro punto que destacó la Corte es que los Estados tienen la obligación de evitar los daños transfronterizos. Las organizaciones socioambientales hace años que exigen tener presente ese punto: en Argentina podría aplicar en el caso de las pasteras con Uruguay, la minería en la Cordillera, las fumigaciones con agrotóxicos y la contaminación de ríos compartidos, o las represas junto a Brasil y Paraguay, entre otros.

La Corte Interamericana recordó que, conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional (como la Convención Americana), la obligación es para todos los órganos de Estado, incluidos los poderes Judicial y Legislativo.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/item/39563-corte-interamericano-el-ambiente-sano-es-un-derecho

Argentina

CONFIRMARON LOS PROCESAMIENTOS POR NO CUMPLIR LA LEY DE PROTECCIÓN DE GLACIARES

Autor: Darío Aranda, No a la Mina.org
Conflicto Relacionado: Veladero-Jachal

 En una medida inédita, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de tres ex secretarios de Ambiente (Omar Vicente Judis, Sergio Gustavo Lorusso y Juan José Mussi) y del científico Ricardo Villalba por haber incumplido con la Ley de Glaciares que prohíbe las actividades extractivas en los cuerpos de hielo. La causa, impulsada por la Asamblea Jáchal No Se Toca luego del derrame de la empresa Barrick Gold en San Juan, investiga las responsabilidades políticas y técnicas que impidieron relevar los glaciares y posibilitan la minería en zonas prohibidas.

Los jueces federales Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron la decisión de su colega de primera instancia Sebastián Casanello, que en noviembre pasado había procesado a los tres ex secretarios de Ambiente por el incumplimiento de la Ley 26.639 (Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial). También había procesado a Ricardo Villalba, director del Ianiglia (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología, y Ciencias Ambientales), responsable de relevar los glaciares.

Los cuatro procesados apelaron la medida. Pero los jueces de la Cámara Federal confirmaron la existencia de elementos suficientes para que la causa avance, trabar embargos de hasta cinco millones de pesos y prohibir la salida del país de los acusados.

El fallo, de nueve páginas y fechado el 5 de marzo, responde uno a uno los argumentos de apelación. Sobre los ex secretarios de Ambiente coincide en que no cumplieron con su obligación. “Se encuentra suficientemente acreditado que durante su desempeño (del secretario Juan José Mussi) no existió acción efectiva alguna dirigida a dar operatividad a la ley”, señala el fallo, que en base a documentación interna del Gobierno confirma que los secretarios de Ambiente sabían que no se cumplía la legislación vigente.

Sobre el secretario de Omar Judis, el fallo sostiene: “Durante todo su mandato (de diciembre de 2013 a marzo de 2015) no se avanzó en ninguno de los aspectos necesarios para lograr la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial”. Sobre Sergio Gustavo Lorusso afirma que tiene “responsabilidad por omitir llevar adelante concretas medidas orientadas a cristalizar los postulados de la ley por cuya efectividad le competía velar”.

La sentencia destaca que “recién en diciembre de 2015 se aprobaron los procedimientos administrativos para la publicación del Inventario Nacional de Glaciares incluyéndose en esa misma fecha tan solo 9 de las 70 subcuencas objeto de inventario”.

Domingo Jofré, de la Asamblea Jáchal No Se Toca, afirmó que “es esperanzador el fallo porque confirma el procesamiento de quienes han incumplido la ley, justamente ellos que debían proteger los glaciares”. También recordó que la minera Barrick Gold no puede operar en San Juan (proyecto Veladero y Pascua Lama), “donde destruyó glaciares y contaminó con derrames de cianuro”. Repudió, y pidió condena, para los “sucesivos funcionarios que actuaron y actúan como garantes de impunidad de las multinacionales mineras”. Recordó la exigencia básica de la asamblea sanjuanina: que se cumpla la ley.

La situación de Villalba, director del Ianiglia, ameritó una reacción mediática y científica en bloque, donde se acusó al juez Casanello de “perseguir a la ciencia”. La Asamblea de Jáchal lo aclaró en reiteradas oportunidades: no denuncian a Villalba por ser científico, sino por su accionar incorrecto como funcionario de aplicación de la ley.

El fallo de segunda instancia cuestiona que Villalba haya decidido sólo medir glaciares de más de una hectárea de superficie. “Si bien los argumentos desarrollados en su defensa apuntan a explicar que dicha base responde al método que se sigue en otros países y resulta práctica para su unificación con los criterios de medición internacionales, debe decirse que la Ley Nacional no fue dictada teniendo en miras tales objetivos sino la ‘protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad. Los glaciares constituyen bienes de carácter público’”.

Según la ley, se entiende por glaciar “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación”. Villalba deso- yó esa definición.

El abogado Enrique Viale, copatrocinante de la asamblea, celebró la decisión de la Cámara Federal: “Es un gran espaldarazo para un pleno y efectivo cumplimiento de la Ley de Glaciares y cierra el camino a una modificación por decreto de la norma, como pretenden el Gobierno y las mineras”. Explicó que la causa sigue rumbo a juicio, aunque faltan etapas de prueba, y señaló que también se investiga el accionar del actual ministro de Ambiente, Sergio Bergman, bautizado en las asambleas socioambientales como “el mejor lobbysta de la mineras”.

Los procesamientos se basan en la infracción al artículo 248 del Código Penal: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales (…) o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.