La falta de voluntad de los gobiernos en aplicar los marcos jurídicos internacionales que reconocen el derecho de participación de los pueblos indígenas en sus territorios, está obligando a las comunidades junto con las organizaciones de la sociedad civil a unir esfuerzos para enfrentar la amenaza de los proyectos extractivos en la región.
La lucha organizada contra la minería junto a la defensa del agua en Centroamérica, es la causa para unirse en esta alianza de organizaciones comunitarias y sociales, en protección de los bienes naturales, manifestó Julio González, activista del Colectivo Madre Selva de Guatemala.
“Considerando que estamos frente a la amenaza de la imposición de proyectos extractivos sobre todo mineros, que son altamente contaminantes y no viables en territorio centroamericano, hacemos la salvedad que este territorio que posea una grandeza genética, no muestra la posibilidad que se realice la extracción de minería metálica en nuestro suelo. La preocupación es por los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de la salud de toda la población centroamericana que se encuentra amenazada frente a los intereses de las corporaciones internacionales”, aseguro González.
La ausencia de los procesos de consultas previas, libres e informadas o la manipulación de las mismas por parte de los gobiernos para favorecer a las empresas extractivistas, está generando serios conflictos sociales y ambientales en los territorios centroamericanos advirtieron las organizaciones sociales.
“Las comunidades originarias que vivían en los territorio son desplazadas y le son desconocidos los derechos a las consultas, porque los proyectos son impuestos, el estado lo que hace es un proceso de socialización cuando los proyectos ya han sido aprobados, cuando reiteradamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tanto las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado que las consultas para que sean considerada un derecho efectivo, debe realizarse antes que estos proyectos sean aprobados en su condición de viabilidad. Sin embargo, se están llevando procesos amañados de socialización que no es consulta cuando los proyectos han sido aprobados”, denuncio Pedro Landa, activista del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de Honduras.
Ante la falta de voluntad política de los gobiernos centroamericanos de promover las consultas populares, los pueblos han tenido que organizar sus propias consultas explico Sonia Sánchez abogada Maya.
“La obligación de la consulta le corresponde al Estado, en ausencia que el Estado no lo ha hecho, es la causa que las comunidades han hecho sus propias consultas, con sus propios mecanismos, pero el Estado no reconoce la vinculación de estas, porque no fue el Estado que las realizo, sino que los pueblos, lo que, si creemos que es un incumplimiento del Estado en su obligación”, destaco la abogada indígena.
La deslegitimación de las consultas genera conflictivad entre los pueblos y los gobiernos explico Yanira Cortez especialista en derechos humanos.
“El no respeto de estos procedimientos, de estos estándares legales internacionales está generando esta conflictividad, los pueblos enfrentan la desacreditación, deslegitimación, violencia política de los funcionarios y la criminalización, con la intención de causar desgaste en la lucha social de un pueblo que se resiste, pero esa es la lucha de toda América Latina”, expuso la especialista.
La Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador fue puesta como ejemplo mundial de victoria de la lucha organizada de los pueblos, durante el encuentro centroamericano.
“A partir de las experiencias que hemos tenido en El Salvador con la lucha por más de 12 años para aprobar la ley de prohibición de la explotación de la minería metálica, el primer país a nivel mundial que prohíbe esta actividad, es importante compartir esta experiencia en nuestra región, para exigir a nuestros gobernantes que se aprueben leyes de prohibición a proyectos de extractivismo, que son proyectos de muerte”, señalo Bernardo Belloso representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salador (CRIPDES).
Las organizaciones Centro Humboldt, CRIPDES, ERIC y el Colectivo Ecologista Madre Selva, que conforman la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), se dieron cita el pasado 27 y 28 de abril para intercambiar experiencias y generar alianzas estratégicas que consoliden el cumplimiento al “Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada con Consentimiento y Buena Fe de los Pueblos”, que consigna la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
fuente:http://acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=237:las-consultas-populares-frente-a-la-mineria-en-centroamerica&catid=9:blog&idU=2&utm_source=newsletter_70&utm_medium=email&utm_campaign=comunidades-de-centroamerica-demandan-ser-consultadas-ante-proyectos-extractivos.
Mariano Abarca Roblero se oponía a la minera canadiense Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Su familia presentó una demanda en Canadá para que investigue y responsabilice a la Embajada de ese país por el crimen. La familia Abarca considera que la embajada canadiense en México prestó un apoyo “prácticamente incondicional” a Blackfire, apoyo que, según los demandantes, “aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca”.
Actualmente 1816 cooperativas mineras operan en Bolivia, de las cuales aproximadamente el 85% lo hace sin licencia ambiental y muchas incluso vulnerando derechos laborales como el trabajo de menores de edad en sus operaciones.
Un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo confirmó la contaminación del río La Palca, en San Juan, por nuevos derrames no informados por la Barrick Gold. La Asamblea de Jáchal denuncia a la mina de oro Veladero y al Gobierno. La Universidad de Cuyo confirmó la presencia de mercurio en 10 microgramos por litro de agua (el límite máximo para irrigación, según la Ley de Residuos Peligrosos, es de 0,1). También se hallaron 34 miligramos de manganeso por litro de agua (la ley establece un máximo de 0,20). El aluminio llegó a 1992 miligramos (el máximo es de 5).
Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería respaldamos firmemente los reclamos de la familia Transviña, de la organización Medio Ambiente y Sociedad, A.C. y del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida de Baja California Sur hacia la empresa TV AZTECA.
El presidente del Comité Promotor de Iniciativa Ciudadana por una Minería Sustentable, Miguel Ángel Luna Salaices, encabezó una rueda de prensa en la que abordó dos puntos: el avance de firmas en apoyo a la iniciativa por una minería sustentable y el caso de la mina La Testera.
En Jujuy “la actividad minera metalífera aporta por el uso de agua, en el caso de Mina Pirquitas, con un consumo superior al millón de metros cúbicos por día, un total apenas superior a 12.000 pesos anuales, y en el caso de Mina el Aguilar, empresa que funciona desde la década del ’20 y que paga desde 2010, apenas alrededor de 23.000 pesos anuales, aproximadamente mil pesos por mes una, y menos de dos mil pesos por mes la otra”. Lo señaló el diputado provincial por la UCR y vicepresidente 2do. de la Cámara de Diputados de Jujuy, Jorge Rizzotti.
Hace un año que las inundaciones del 27 de marzo afectaron Piura especialmente en el denominado Bajo Piura. Días después de la catástrofe el lodo se acumulaba en las vías de la ciudad. En la actualidad, están cerradas las avenidas del centro de la ciudad debido a los trabajos de reconstrucción, que avanzan lentamente en varios distritos. Sus habitantes comentan que se demoran mucho y desconfían de la buena administración del presupuesto, porque la plata se puede desaparecer.
El Comité Antiminero de la provincia de Huanta, que agrupa los comités de riego de Luricocha, Razuhuillca y Opangay, así como el Frente de Defensa de Huanta, se mantiene firme en su rechazo a la presencia de la empresa minera Vicente de Putcca (perteneciente a la familia Figueroa Farfán) en los territorios de Chaca y Parccora. Por ello, han solicitado a los congresistas Joaquín Dípaz y Humberto Morales elaborar un proyecto de ley para la conservación de suelos, protección y conservación de los ojos de agua de la provincia de Huanta.
Más de 30 piezas audiovisuales –infografías, línea de tiempo, corto animado, cortometrajes, mapas interactivos, reportaje y otros- forman parte del documental transmedia «La vida no vale un cobre», que se proyectará en la provincia de Espinar en