Con esta frase Augusto César Sandino rechazó en 1926 la explotación minera extranjera, mientras que el gobierno de Daniel Ortega continúa entregando la minería al capital transnacional.
Infiel al legado de Augusto César Sandino, quién en 1926 logró que se cerrara la emblemática mina San Albino, de propiedad estadounidense, ubicada al norte del país, el presidente Daniel Ortega ahora intenta reabrirla; en los últimos 10 años de gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se han ampliado las concesiones de la minería industrial hasta en un 10%, alcanzando un 22% a la fecha de la capacidad total.
“Los bienes de la nación son sagrados y deben de respetarse”, dijo Sandino cuando le propusieron conceder permiso para la explotación minera en el municipio El Jícaro, departamento de Nueva Segovia, que estaba bajo control de los insurgentes.
A pesar de ello, el régimen del FSLN ha legislado en favor de las transnacionales extractivas, a las que ya no se les exige el estudio de impacto ambiental; el 44% de las aprobaciones extractivas están en zonas de reservas forestales; ha reprimido militarmente a las comunidades en resistencia; y ha decidido que únicamente el 10% de las ganancias extractivas queden para el país, esto sin reparo a los daños ambientales y sociales que deja la empresa cuando decide retirarse, entre otras medidas.
“En esta expansión de la minería industrial extractivita metálica en el país, podemos considerar tres tipos de implicaciones: económicas, socioculturales y ecológicas, sin que los territorios y las comunidades obtengan por ello beneficio visible alguno, pues se otorgan bajísimas tasas de transferencia de la renta a las municipalidades, sin transparencia del uso de estos recursos fiscales y por el contrario lo único que cosechan son impactos de destrucción socioambiental y económicos muy significativos, pasando a ser localidades colonizadas y en decadencia sostenida, hasta la salida de la empresa por agotamiento del medio, relegando a las comunidades a un oscuro y triste final”, expresó a Noticias Aliadas, el sociólogo, Roland Membreño.
Nicaragua, desde inicios del siglo pasado, ha estado en la mira de la explotación minera extranjera bajo sistema de enclave. En la actualidad, con el aumento de los precios internacionales del oro y la plata las solicitudes han proliferado, encontrándose estos metales entre los principales rubros de exportación, aun cuando el porcentaje que queda para el país no llega en muchos casos ni al 10% del total obtenido por la mayoría de empresas extranjeras.
En el 2013 el oro ocupó el primer lugar en las exportaciones de Nicaragua, por encima del café y la carne, con US$435.87 millones, de los cuales solo le quedaron al país $13 millones, según datos oficiales.
Sin protección ambiental
El país tiene un área total de 71,000 km² de disponibilidad para concesiones mineras, según el Ministerio de Energía y Minas, casi 55% de los 130,000 km² que mide el territorio nacional. Actualmente 10,000 km² se encuentran bajo concesión y 1,500 km² en proceso de aprobación.
A fin de acelerar la aprobación de las concesiones, el gobierno aprobó en agosto del 2017 el Decreto Ley No.15-2917 “Derogación del decreto No. 76-2006 Sistema de Evaluación Ambiental”, que elimina los estudios de impacto ambiental de la actividad minera, la consulta territorial o permiso municipal para las operaciones mineras, la declaración de territorios locales como de utilidad nacional, entre otras medidas.
“El nuevo decreto, además de contravenir todos los convenios internacionales en materia ambiental, es una maquinaria de premeditación y alevosía en el asalto de los recursos locales a favor del consorcio Estado-transnacionales mineras, dejando el terreno libre de los obstáculos legales e institucionales que anteriormente protegían a las comunidades de la depredación de sus recursos. Ese nuevo marco para la depredación, debilita de manera exponencial la soberanía de las comunidades sobre sus recursos y territorios”, considera Membreño.
“La legislación nicaragüense está ideada para favorecer a las empresas mineras transnacionales. Gozan de beneficios fiscales y de apoyo político del gobierno para imponer este tipo de inversiones en los territorios, aunque el soberano, que es el pueblo, no esté de acuerdo. No se puede hablar de soberanía, cuando en la práctica persiste un Estado Corporativista, que pone primero sus intereses en detrimento de los intereses de la población”, expresó a Noticias Aliadas, Julio César López, comunicador, experto en concesiones mineras del programa radial Onda Local.
En Nicaragua los recursos minerales no están nacionalizados. Con la creación de la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS) en junio del 2017, si bien se permite la participación del Estado en asociación con empresas privadas, en el caso de las concesiones mineras, el modelo de intervención en el territorio es el mismo que para las transnacionales.
A pesar de los abusos del gobierno, institucionalizando en favor de las grandes corporaciones extranjeras y de capital mixto Estado-privadas, las voces de las comunidades afectadas no se han hecho esperar. Ha habido represión y mineros presos, pero también se han revertido procesos de concesión como el caso de una mina ubicada en el municipio de Rancho Grande, a 180 km al norte centro de Managua, que luego de marchas, plantones, paro de la actividad económica territorial, entre otras actividades de presión, culminó en octubre del 2017 con la declaratoria gubernamental de no viabilidad de la minería en Rancho Grande hecha llegar a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, departamento al que pertenece el municipio.
“En el caso de Rancho Grande fue decisiva como instrumento de lucha, la marcha, la cantidad de movilizaciones realizadas por la población que contuvo de manera eficaz la intervención minera. La lección que ello deja es que ante un entorno de baja o ninguna institucionalidad local y estatal, lo único efectivo es la movilización directa de la gente, la toma de las calles. El paro cívico tuvo en Rancho Grande la ingeniosidad de focalizarse como paro escolar territorial. Los padres de familia decidieron no enviar más a sus hijos e hijas a clases hasta que el gobierno negara concesiones mineras en el territorio”, cuenta Membreño.
Lucha de las comunidades
Otra lucha emblemática de las comunidades para evitar las concesiones mineras, es el caso de la Mina La India, ubicada en el noroccidental departamento de León. Sepultada hace 40 años, La India es desde entonces explotada por la comunidad de manera artesanal. Líderes comunitarios cuentan que a pesar de los riesgos que implica este tipo de explotación, no han tenido ningún accidente que lamentar.
“El año pasado, durante tres meses y medio resistimos para no dejar que la empresa Condor Gold de capital inglés, dinamitara la mina para convertirla en modalidad de cielo abierto, pues hace 40 años quedó sepultada. Estuvimos sitiados por 400 policías antimotines y no les dejamos entrar, en ese tiempo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde las mujeres protegíamos la entrada; y los hombres cuidaban las siguientes 12 horas. Las madres se negaron durante ese tiempo a enviar a sus hijos a la escuela, todo proyecto del gobierno estaba paralizado, y por eso tuvieron que salir. Siempre estamos custodiando aunque el gobierno nos trate como delincuentes, somos nacidos aquí, estamos en defensa permanente de nuestro territorio”, cuenta a Noticias Aliadas, Carolina Hernández, de la Plataforma Nacional de Comunidades Contra la Minería Industrial.
Recientemente, el gobierno anunció que reabriría la Mina San Albino, ubicada en el municipio de El Jícaro, ubicado a más de 250 km al noreste de Managua, donde en 1926 Sandino se levantó en contra de la empresa minera de la propiedad del estadunidense Charles Butter, hasta lograr su salida del país. Desde entonces esta comunidad es considerada el bastión de la lucha de Sandino, pues es allí que conforma el primer grupo de su “pequeño ejército loco” que lucharía contra la intervención de marines estadunidenses entre 1927 y 1932, cuando estos últimos dejaron el país.
Noventa años después, en agosto del 2017, el régimen de Ortega aprobó la concesión a las empresas Nicoz Resourses, subsidiaria de la canadiense Golden Reign y de Condor Gold, para dinamitar la emblemática mina San Albino, encontrándose estas empresas con la resistencia de sus pobladores quienes a la fecha no han dejado ingresar a estas empresas.
“En memoria de Sandino no se está haciendo nada en mi comunidad a pesar que fue un bastión sandinista. Estamos amenazados con hacer la mina a cielo abierto, o sea ¿la memoria de Sandino en que queda? La comunidad es la que vive la cruda realidad, sabemos lo que es tener el agua contaminada. La mina está cerrada desde 1927 cuando Sandino se levantó en armas con muchos mineros, hace 90 años, contra la intervención de tropas extranjeras que llegaron al país en ese año. No queremos que se reabra porque eso acarrea problemas ambientales a las comunidades”, expresa a Noticias Aliadas Luisa Rodríguez de la comunidad San Albino.
“Nosotros sembramos café y granos básicos aquí y queremos seguir en esa dinámica productiva”, agrega. “Dicen que la comunidad no va a ser afectada, pero cómo no va a ser afectada si donde van a explotar es en los bosques de San Albino. El gobierno se siente el dueño de Nicaragua, pero allá arriba se puede decir una cosa y acá abajo, en las comunidades, decidimos otra”. –Carmen Herrera desde Managua / Noticias Aliadas.
Fuente:http://www.comunicacionesaliadas.com/nicaragua-los-bienes-de-la-nacion-son-sagrados-y-deben-de-respetarse/
El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha señalado en el Congreso de la República que su gestión se propone como meta aumentar la presión tributaria en 2,4% del PBI hasta llegar al 15,3% en 2012.
Un ambiente tenso entre la quema del campamento de la minera china Junefield/Ecuadorgoldmining South América S.A. en RíoBlanco, Azuay y el enfrentamiento entre activistas antimineros, se vivió desde la noche del martes 8 de mayo de 2018.
En Salento (Quindío), esperaban que para el 15 julio de este año se realizara la consulta popular minera, tal como lo avaló el Tribunal Administrativo del departamento en abril pasado. La fecha se definió por decreto de la Alcaldía municipal, pero el Gobierno departamental y ambientalistas de la región aseguran que los recursos económicos no están garantizados para cumplir con el fallo.
La conquista de los diversos espacios en la actualidad por la modernidad/colonialidad no solamente hacen referencia a la expropiación de la materia, el trabajo y el saber de pueblos, como fue evidente en los siglos pasados, sino al proceso de creación permanente de producir naturaleza, lo que Neil Smith llama de ‘segunda naturaleza’ o como explica Elmar Altvater (2014) la naturaleza adquiere una segunda piel con el capital. En el marco de la minería moderna, a los pueblos le es expropiada su naturaleza (formas de trabajo de reproducción de la vida), para producir sobre éstas otra naturaleza, otra materialidad, en definitiva, otra subjetividad de trabajo en su geografía. No podemos entender la producción de la naturaleza dentro de la modernidad sin las nuevas condiciones materiales que trae consigo el capitalismo. Sin embargo, la producción de la naturaleza no aplica para comprender el extractivismo minero, porque no es cierto que el proceso de extracción sea equiparable al de la producción, idea que es defendida por empresarios extractivistas y funcionarios de Estado.
El Procurador General de la Nación, Bernardo Saravias Frías -es el jefe de todos los fiscales de lostribunales nacionales, y a la vez, es el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación- está atravesado de conflictos de intereses. Su buffet de abogados representa a más de diez de las principales mineras que operan en Argentina. Como Procurador del Tesoro, Saravia Frias debería estar excusándose cada vez que hay un conflicto con este tipo de empresas.
Más de 61,000 familias en Baja California Sur dependen económicamente del turismo, por ello se debe propiciar acciones que protejan e impulsen esta actividad, destacó la candidata al Senado de la República por la coalición Frente por México, Lupita Saldaña Cisneros, reiterando que el turismo y la minería son incompatibles.
Seis alcaldes colombianos que están en zonas de operación de intensa actividad minera dijeron en el Congreso Nacional de Minería que quienes están detrás de las consultas populares tienen intereses políticos, al tiempo que reclamaron una distribución equitativa de las regalías.
En una decisión reciente, una corte federal de Delaware decidió que Maxima Acuña Atalaya y el caso de su familia contra Newmont Mining Corporation, deberían ser escuchado en Perú, no en Delaware, donde la compañía se originó hace casi 100 años.