Es hora de que la justicia esté de lado de las comunidades! Este jueves 31 se llevará a cabo la audiencia para evaluar el otorgamiento de medidas cautelares para suspender la explotación de #RíoBlanco hasta que se demuestre que se realizó la consulta previa, libre e informada.
Vamos todos/as a la Corte de Justicia (José Peralta y Cornelio Merchán), acompañemos este proceso en vigilia por una sentencia a favor de la naturaleza y los defensores/as de la vida.
Los hermanos Miguel y Agustín Vásquez fueron baleados por sicarios el sábado 19 de mayo. Agustín fue trasladado a un recinto hospitalario donde era asistido de urgencia para salvarle la vida. Cuando Miguel visitaba a su hermano, sicarios lo abatieron en la entrada del hospital. Pocos minutos después moriría también su hermano.
Esto ocurrió en el municipio de Tuxpan de Bolaños, ubicado en Jalisco, México. Los hermanos Vásquez eran indígenas huicholes, defensores de los lugares sagrados del pueblo Wixárika.
Desde el año 2009, los pueblos wirrarikas resisten al arrebato de tierras por parte del gobierno de Felipe Calderón, quien otorgó 78 concesiones a mineras canadienses para explotar territorio sagrado de Wirikuta en San Luis Potosí. La empresa favorecida fue la First Majestic Silver. La concesión abarca el 70% del territorio sagrado de los pueblos Wirras, aproximadamente unas 140 mil 211 hectáreas.
El Frente en Defensa de Wirikuta sostiene que el territorio en disputa “es uno de los sitios sagrados naturales más importantes del pueblo indígena Wixarika” (huichol). En Wirikuta se originó la Creación y allí peregrinan las distintas comunidades del pueblo Wixarika, recreando el recorrido que hicieron sus antepasados. En ese lugar se teje y se sostiene la esencia de la vida del planeta.
La First Majestic Silver es de origen canadiense y factura unos 245 millones de dólares de ganancia al año, según su propia página web. El gobierno mexicano la considera una empresa “responsable”. “Perderíamos toda nuestra cosmogonía, es ahí donde hacemos nuestras prácticas tradicionales, ahí se funda la esencia de nuestra vida y nuestras raíces culturales” sostienen las comunidades, para quienes el lugar es el equivalente a la Meca musulmana.
Fuente:http://revistadefrente.cl/asesinan-a-lideres-indigenas-que-se-oponian-a-mineras-canadienses/
En la localidad de Pejerreyes, comuna de Ovalle, desde hace unas semanas se celebra el fin del conflicto minero en esta pequeña localidad ubicada en la conexión con La Serena. Los vecinos del sector mantenían una lucha contra una minera de capitales chinos que pretendía conseguir autorización para la ampliación de sus obras, lo que incluía procesar cerca de 60 mil toneladas de material y construir un segundo depósito de relaves en el sector.
Finalmente, al no poder probar su inocuidad, la minera presentó al Servicio de Evaluación Ambiental una carta de desistimiento, con lo que se cierra un proceso que se extendió por tres años y que cuestionó la normativa ambiental vigente. La comunidad cataloga el hecho como un triunfo de la organización territorial, nos indica desde la zona: Fernando Elorza, dirigente de Pejerreyes, y Cristofer Flores, director del Departamento Ambiental Comunal.
Después de tres años de conflicto, la empresa China Co presentó al Servicio de Evaluación Ambiental su desistimiento de la Ampliación del Proyecto Minero Pejerreyes. La comunidad celebra la defensa del territorio: “La gente perdió el miedo, se enfrentó y venció a un verdadero Goliat. Ojalá sirva de inspiración para otras comunidades”, destacó Fernando Elorza Retamal, dirigente de la Junta Vecinal.
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La localidad de Pejerreyes, perteneciente a la Provincia del Limarí en la Región de Coquimbo, vive días de fiesta. Esto porque el proyecto minero que pretendía ejecutarse en la zona y que representaba una amenaza medioambiental, finalmente echó a pie atrás, poniendo fin a un conflicto que se extendió por tres años.
Se trata de la Ampliación del Proyecto Minero Pejerreyes, presentado por primera vez al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en 2015 y que contemplaba un significativo aumento de la capacidad de procesamiento de material (de 4.800 a 60 mil toneladas mensuales) y la construcción de un segundo depósito de relaves en el sector que albergaría cerca de 1.800 metros cúbicos de tóxica concentración. Finalmente, nada de eso sucederá, pues la Minera China Co., titular del proyecto, presentó su desistimiento, al no poder demostrar ante la comunidad y el SEA la inocuidad de su obra.
“La sensación no es tanto de sorpresa; sabíamos que esta batalla se podía ganar. La minera estaba muy a mal traer por la evaluación que estaba realizando el Servicio de Evaluación Ambiental. Si se cumplía con la normativa ambiental, se iba a ganar. Queríamos que la autoridad hiciera cumplir la ley”, sostiene Fernando Elorza Retamal, dirigente de la Junta Vecinal de la localidad que se encuentra ubicada a 28 kilómetros de Ovalle, en la conexión con la ciudad de La Serena.
En efecto, el proyecto fue declarado inadmisible en tres oportunidades, una en 2015 y otras dos en 2016. La cuarta vez que ingresó al sistema se encontró con la solicitud de Participación Ciudadana que exigió la comunidad y que sirvió para revelar una serie de irregularidades y deficiencias que aún contenía la iniciativa y que ponían en riesgo al ecosistema y al derecho constitucional de la comunidad a vivir en un ambiente libre de contaminación.
¿Qué sigue ahora? La minera de capital asiático aún cuenta con la infraestructura para procesar las 4.800 toneladas mensuales de material que le fueron autorizadas por el SERNAGEOMIN inicialmente. Sin embargo, las faenas se encuentran detenidas por el incumplimiento de normativas ambientales que fueron fiscalizadas por la misma entidad estatal minera. Además, la empresa enfrenta ahora otro problema: una demanda de liquidación forzosa ingresada en febrero ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SUPERIR) por el incumplimiento del pago de dos facturas por más de 32 millones a la Minera Andes Pacifico e Ingeniería y Geología Limitada. A las deudas, se suman la Compañía de Petróleos de Chile COPEC ($2.617.386); Osman Olivares ($9.387.193); Rodrigo Morales Gestión y Minería EIRL ($31.820.005) y por último, Ambiental Chile SPA con $37.995.750.
En Pejerreyes permanecen cautos, con la esperanza de un cierre definitivo. “Se terminó una etapa, pero vamos a seguir atentos a lo que venga, con esta u otra minera que quiera vulnerar los derechos de nuestra comunidad”, acota Elorza Retamal.
“Nos sentimos abandonados por el Estado”
Al evaluar el proceso, el dirigente hace hincapié que pese al resultado, la labor de las autoridades dejó mucho que desear: “La comunidad se sintió abandonada por parte del Estado debido al deficiente rol que cumplió el SEA y también SERNAGEOMIN, en su momento. Al final hubo un cambio de actitud cuando las inconsistencias del proyecto comenzaron a ser evidentes y la comunidad lo hizo notar. Es una lástima que se faciliten tanto los procesos para las empresas, pero nunca para la comunidad, porque costó mucho hacernos oír. El único respaldo que recibimos fue por parte de la Municipalidad de Ovalle y de algunos diputados de la región”.
Desde la Municipalidad de Ovalle, en tanto, valoraron lo conseguido por Pejerreyes. Cristofer Flores, director del Departamento Ambiental Comunal, sostuvo que “lo que la comunidad nos enseña es que la organización comunitaria puede lograr cosas importantes. Destacamos la importancia de la participación ciudadana en los procesos de incidencia en el territorio. El llamado desde el Departamento es que la gente ejerza su derecho de vivir en un lugar libre de contaminación y sienta el deber de defender nuestro territorio”,
“Así también, hacemos un llamado a que la gente participe de todas las instancias de discusión que tienen a su disposición, como el Comité Ambiental Comunal, que reúne a la comunidad a discutir acerca de las problemáticas socioambientales que se presentan en el Limarí”, agregó.
En esa misma línea, Fernando Elorza Retamal finaliza enviando un mensaje de aliento a otras comunidades que enfrentan conflictos medioambientales: “La gente perdió el miedo. Para una comunidad tan pequeña como Pejerreyes, era enfrentarse a un Goliat. Siento mucho orgullo por nuestra comunidad que se supo mantener cohesionada hasta el final de este proceso. Ojalá sirva de ejemplo e inspiración para otras comunidades que tengan estos problemas o similares; de que sí se puede luchar contra estos gigantes”.
Fuente:http://www.mapuexpress.org/?p=24948
¿Cuáles son los conflictos e impactos ambientales que está causando la minería en el Perú y que afecta seriamente a la agricultura, ganadería y los medios de vida que sustentan a gran parte de la población peruana? y ¿Cuáles son las alternativas al desarrollo que permita identificar los enfoques alternativos para la estrategia de desarrollo regional donde se priorice la diversificación económica productiva?
Estas son algunas de las preguntas que plante responder en el Foro: “Alternativas al Desarrollo en las Regiones Mineras del Perú” organizado por la Pastoral Pastoral Social y Dignidad Humana – Passdih, Plataforma por la salud ambiental y humana, la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perú y La Red Muqui.
El Perú es uno de los mayores exportadores de materias primas en el mundo, principalmente de cobre, plata y zinc, así como de plomo, molibdeno y oro. Sin embargo, los niveles de pobreza en el campo son los más altos y va en aumento debido a la mala distribución de la riqueza y la falta de políticas para enfrentar la lucha contra la pobreza. A ello hay que sumarle los conflictos sociales donde la actividad minera continúa siendo el mayor foco de conflictividad social en el Perú, que está provocando no solo la vulneración de derechos de las comunidades y poblaciones ubicadas al entorno de proyectos mineros, sino también está afectando a ecosistemas frágiles y el agua que son elementos vitales para la vida
Los organizadores señalan que, actualmente, una de las mayores limitaciones es la falta de información sobre las potencialidades de las comunidades para promover alternativas al desarrollo como la “Agricultura Familiar”, que contribuye significativamente a la seguridad alimentaria del país. Así, lo que se busca con este evento es analizar con estudiantes de las universidades e institutos superiores de la región Central del País la problemática ambiental generados por la actividad minera y formular alternativas al desarrollo sostenible en regiones mineras del Perú.
El evento abordará los temas de conflictos e impactos mineros en el Perú y se realizará la presentación del estudio “Alternativas de Desarrollo en Regiones Minera del Perú” elaborado por el Centro de Desarrollo Rural SLE de la Universidad de Humboldt- Berlín, Alemania, esto último a cargo del destacado investigador alemán Contantín Bittner, quien es geógrafo y postgraduado de la Universidad Humboldt de Berlín Alemania en estudios de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible.
El evento se realizará este jueves 31 de mayo en la ciudad de Huancayo en el Auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/747-huancayo-realizaran-foro-sobre-alternativas-al-desarrollo-en-regiones-mineras-del-peru
El día 22 de mayo, los pobladores del distrito de Ayaviri provincia de Melgar acataron un paro preventivo de 24 horas bloqueando las principales vías de acceso al distrito. Esta medida se toma, debido a que el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ayaviri, Víctor Huallpa, estaría desarrollando un proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable que pretende la captación de agua del rio Ayaviri, el cual está contaminado con metales pesados por la actividad minera de la empresa Arasi SAC.
Félix Antonio Quispe Loayza, secretario de la Organización de la Asociación de Barrios Unidos de Ayaviri, sostuvo que en el informe final presentado por los titulares de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Autoridad Local del Agua (ALA), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y Ministerio del Medio Ambiente anunciaron que el agua está contaminada con metales como el plomo, arsénico, manganeso y mercurio, que es consumido a diario por la población ayavireña. “Va en contra de nuestra salud…. este proyecto tiene como fin captar agua para luego abastecernos en tiempo de estiaje, pero hay otras maneras de cosechar agua saludable ya que el rio está contaminado”, dijo.
En otro momento, señaló que “si las autoridades continúan haciendo caso omiso, tomaremos otras medidas, más radicales”, expresó.
Por otro lado, el ciudadano Efrain Condori Ramos, mencionó que existen otros criterios para la captación de agua y que en su momento se le hizo conocer al alcalde, sin embargo no fue considerado, “las cataratas de Punku Punku ubicado a 6 kilómetros de la ciudad son aguas saludables en temporadas de fuertes precipitaciones pluviales y podrían cosechar agua de ahí para abastecer a la población en temporada de estiaje”, refirió para Noticias SER.
Así mismo exigió al presidente de la republica Martin Vizcarra, dejar de desarrollar una política neoliberal que afecta al pueblo peruano, “rechazamos y exigimos una nueva constitución”, añadió.
Finalmente, la ciudadana Maria H, mostró su preocupación y explicó para Noticias SER, que “el alcalde Víctor Huallpa ya no participa en las asambleas, no nos escucha… el agua pareciera que tiene escarcha esparcida, nuestros hijos consumen eso. ¿Hasta cuándo vamos a continuar consumiendo agua contaminada por la empresa minera Arasi?”, sostuvo.
Horas después se trasladaron hasta el centro de la ciudad donde fueron desairados por el alcalde. Luego acordaron dar tregua de diez días para que el burgomaestre presente un informe explicando el avance de este del proyecto que va en contra de la salud de los pobladores. En caso de no ser así acataran un nuevo paro de 48 horas.
DATO:
La empresa minera Arasi SAC, opera en la cabecera de la cuenca del rio Llallimayo que pocos kilómetros después se une con el rio Ayaviri.
Fuente:http://grufides.org/blog/pobladores-de-ayaviri-acatan-paro-preventivo-por-contaminaci-n-del-agua
La demanda pretende declarar la inconstitucionalidad del decreto supremo que prorroga el Estado de Emergencia en el corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa por violar derechos y principios de la Constitución Política del Perú.
La presidenta del Consejo Regional de Apurímac, Evelin Cavero Contreras, presentó una demanda de acción popular contra el decreto que prorroga el Estado de Emergencia en el corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa.
La finalidad de la acción legal —presentada el pasado 14 de mayo— es declarar de manera jurídica que el Decreto Supremo 037-2018-PCM viola diversos derechos y principios estipulados en la Constitución Política del Perú.
Uno de los artículos vulnerados es el 137 de la constitución al reconocer el carácter excepcional y extraordinario de los estados de emergencia. Pues, según la demanda, se han expedido y prorrogado 9 veces esta medida en Chalhuahuacho.
La medida legal también señala que el decreto mencionado afecta los derechos relacionados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la igualdad y no discriminación. Asimismo, incumple la obligación estatal de prevenir las violaciones de derechos humanos.
La demanda fue interpuesta en contra César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros (PCM) y Mauro Medina, ministro del Interior.
Una de las peticiones de la demanda es declarar la inconstitucionalidad del decreto “por constituir una violación a los derechos fundamentales que se encuentran suspendidos de la población que viven en el área del corredor vial».
Asimismo, solicita que el actual presidente de la República, Martín Vizcarra, y el presidente de la PCM se abstengan a declarar estados de emergencia en los lugares donde no hay una grave afectación al orden público.
Cabe resaltar que la demanda se hizo con el asesoramiento del Instituto de Defensa Legal (IDL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), Acción por la Vida y Dignidad Humana (Aporvidah) y Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF).
En agosto de 2017, se declaró en Estado de Emergencia cuatro distritos de las regiones de Apurímac y Cusco. Esta medida se amplió en todo el corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa.
El 11 de abril de este año, el Ejecutivo prorrogó el Estado de Emergencia en el corredor vial por el término de 60 días.
De acuerdo con el informe jurídico del IDL, estas acciones se han convertido en una herramienta para neutralizar las demandas de la población ante los impactos del proyecto minero Las Bambas.
Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/28/05/2018/presentan-demanda-contra-prorroga-de-estado-de-emergencia-en-corredor
La empresa Candelaria Mining Corp ocupará 4 millones de metros cúbicos de agua para extraer 20 toneladas de oro en el cerro “La Paila”, ubicado en el municipio de Alto Lucero.
De acuerdo con Héctor Salas Hernández, geólogo de la minera mencionada, en cada uno de los ocho años -tiempo de vida estimado para el proyecto- se utilizaría medio millón de metros cúbicos de agua.
A su juicio, dicha cantidad de agua no es representativa en comparación con otros proyectos.
«La presa de eventos está diseñada para contener 383 mil metros cúbicos, lo cual significa que casi un 80 por ciento de las necesidades de agua para la operación salen de la pileta de eventos y nada más necesitaríamos un muy pequeño porcentaje de alguna otra fuente».
El entrevistado detalló que se requeriría sólo el 20 por ciento de alguna otra fuente de abastecimiento.
«Pero como esto nada más se carga la primera vez la totalidad de la presa y después nada más se repone la pérdida en proceso, se supone que no deberíamos de usar agua de otra fuente en ningún momento».
El Geólogo de Candelaria Mining explicó que la minería utiliza agua en circuitos cerrados, sin descargas.
Además, se han incorporado plantas de tratamiento de agua, logrando un doble propósito: no consumir agua de primer uso y contribuir a su saneamiento.
Salas Hernández aseguró que actualmente hay operaciones mineras que funcionan al 100 por ciento con agua procesada.
«La empresa minera Caballo Blanco llevó a cabo estudios geohidrológicos para saber cuál es el recurso completo hidrológico qué hay en la región y el estudio arrojó qué hay potencial para la existencia de un tercer acuífero, más abajo que el acuífero Actopan, estaría más o menos a 350 o 400 metros de profundidad. La razón por la cual estamos investigando estas fuentes es porque no queremos tomar agua del acuífero de Actopan», subrayó.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha informado a la empresa Candelaria Mining Corp que la recarga media-anual de agua subterránea para el acuífero de Actopan es de 400 metros cúbicos, con una descarga natural al mar de 318 millones de metros cúbicos.
«El volumen de agua que ya está concesionado es de 36 millones de metros cúbicos, haciendo el descuento del volumen concesionado y la descarga a la recarga anual media, nos queda una disponibilidad de 45 millones de metros cúbicos, es agua que no se usa. La empresa minera Caballo Blanco para su proceso requeriría de poco menos de medio millón de metros cúbicos (al año), eso es apenas el 1 por ciento de la disponibilidad de agua de este acuífero, agua que nadie utiliza, así que no hay manera de que afectemos con nuestro proceso industrial al consumo de agua de la región», remató.
Fuente:http://libertadbajopalabra.com/2018/05/28/minera-usara-4-millones-metros-cubicos-agua-la-paila/
La Iglesia Católica exige a los tres niveles de gobierno que frente el proyecto minero La Paila en Veracruz.
Andrés Hernández Solana, sacerdote de la iglesia San Francisco de Asís, exigió a las autoridades que retire la concesión a la empresa Candelaria Mining Corp, para evitar la extracción de 20 toneladas de oro en el cerro La Paila.
El párroco de Actopan participó en las movilizaciones contra la minería a cielo abierto, realizadas en ese municipio, el viernes pasado.
«Queremos que el gobierno diga no a las minas, que el gobierno apoye a su pueblo, no queremos la muerte para nuestro pueblo, queremos la vida, tenemos experiencias de otros lugares donde ya las enfermedades son un hecho: Zacatecas, Guatemala».
El religioso negó que representantes de la empresa Candelaria Mining Corp hayan visitado a los sacerdotes de Actopan y Alto Lucero, lugares donde existen comunidades cercanas a la mina.
«Las mineras normalmente mienten, ellos dicen que han visitado escuelas, iglesias, sacerdotes y eso no es cierto, tal vez algunas escuelas, pero aquí en el decantado no ha habido ninguna visita a algún sacerdote, más aún la curia, el obispado, el presbiterio, estamos en sintonía para apoyar la lucha de los lugareños, nosotros no conducimos esto (protestas), nosotros apoyamos basados en el Papa Francisco, en la doctrina social y la iglesia».
Hernández Solana indicó que los sacerdotes temen sufrir alguna agresión por parte de las mineras, al rechazar sus proyectos millonarios en Veracruz por la catástrofe ambiental y los daños a las poblaciones que representan.
«Siempre hay riesgos, esos no los descartamos, pero hasta el momento no ha habido ninguna agresión, ni amenaza. Las autoridades eclesiásticas están conscientes de que es una lucha que se tiene que seguir y a nosotros nos respaldan», remató.
Fuente:http://libertadbajopalabra.com/2018/05/27/iglesia-catolica-exige-al-gobierno-detenga-mineria-cielo-abierto/
(España). – La reactivación de una megamina de extracción de cobre situada en los Ayuntamientos de Touro y O Pino, en plena área metropolitana de Santiago (A Coruña), ha puesto en pie de guerra a cuarenta colectivos de agricultores y mariscadores, dos de los sectores primarios más representativos de la economía gallega. La denuncia de estas plataformas sobre los graves efectos contaminantes que generaría la explotación minera, ha sido avalada por investigadores sobre economía aplicada y expertos en biología marina: “la nube de polvo de metales pesados se extendería 15 kilómetros y llegaría a la capital compostelana, mientras los vertidos contaminantes a la cuenca del río Ulla serían unos 3.000 millones de litros, los cuales tardarían medio día en llegar a los bancos marisqueros de la ría de Arousa que mueven anualmente 91 millones de euros”.
El proyecto de reactivar la vieja mina está pendiente de los informes medioambientales de la Xunta aunque sus promotores ya han dado por hecho que serán aprobados. Mientras anuncian la creación de más de 400 empleos directos, la empresa ha negado las acusaciones de las plataformas vecinales que ha tachado de ser “una contestación social puramente ideológica”. Atalaya Mining, con sede en Chipre, que cotiza en bolsa en Londres y cuyos socios de referencia son un grupo chino y otro con sede en Suiza, y Explotaciones Gallegas, la propietaria del terreno, que actualmente extrae áridos y a la que la Xunta abrió varios expedientes, son las compañías promotoras de Cobre San Rafael, que se encuentra en trámites con la Administración autonómica para explotar, en principio, unas 700 hectáreas de superficie.
La Plataforma vecinal Mina No y la Plataforma en defensa de la Ría de Arousa (PDRA) ya ha anunciado una gran movilización en Santiago para el 10 de junio contra el proyecto minero cuya puesta en marcha prevé voladuras diarias a cielo abierto en las que se emplearán entre 9 y 16 toneladas de explosivos cada una. Además, denuncian que el proceso de separación del cobre contempla la utilización de unas 15.000 toneladas de productos químicos altamente peligrosos y sospechosos de provocar cáncer. Otro de los capítulos negros del proyecto para los críticos es gasto estimativo anual de agua que prevé el proyecto (2,25 hm3, seis veces más que los dos Ayuntamientos afectados juntos), la eliminación en el entorno minero de 341 hectáreas de masa forestal y 150 de cultivos y vegetación natural, pero, sobre todo, la creación de dos grandes balsas de lodos con un dique de 3,2 kilómetros y 80 metros de altura (como la catedral de Santiago). “Balsas que podrían romper, advierten, como ya ocurrió en Aznalcóllar, en 1998, con graves riesgos para la Aldea de Arinteiro, a 200 metros del dique”.
El consejero delegado de Atalaya Mining, el ourensano Alberto Lavandeira, ha sido el encargado de presentar el proyecto a los medios en marzo pasado. “Lo que más me duele es que la gente dude de los técnicos, de la administración y de los sistemas de control», ha comentado en medio de reproches los colectivos críticos con la mina: “Deben pensar que los metales nacen en los árboles», bromeó el ingeniero, con experiencia en las minas del Congo y actual responsable de la reactivación de la mina de Riotinto, en Huelva.
Según él, ha mantenido contactos con colectivos ecologistas, lo que le hace pensar que las críticas no vienen de ahí, sino de grupos «ideológicos». Una apreciación que contrasta con la de las más importantes asociaciones de defensa medioambiental en Galicia que no han parado de advertir sobre los riesgos que entraña este proyecto minero.
Las cifras que ha dado la compañía contemplan una inversión de 200 millones de euros en 15 años de vida de la mina que podrían ampliarse, y ha prometido que estos empleos, una vez conseguidos todos los permisos de la Xunta, serán ocupados por vecinos de la zona e indefinidos en un 90%. «No va a haber suficiente gente» en los pueblos de los alrededores, ha llegado a comentar el directivo. Durante los últimos dos años y medio, según los números ofrecidos por Lavandeira, Cobre San Rafael ha destinado cinco millones a investigación y lleva casi 600 sondeos realizados, 240 de ellos en fincas de particulares. La empresa dispone ya de 400 hectáreas, pero opta a comprar, alquilar o cambiar otras 300, la mayor parte de eucaliptales, asegura, pero también prado y cultivos, un 6% según la minera.
Fuente:https://elpais.com/ccaa/2018/05/28/galicia/1527461976_581397.html
Al grito de “ni por todo el oro del mundo”, “en Veracruz queremos vivir, la mina se tiene que ir”, “queremos arroz, queremos pescado, fuera mineras de nuestro estado”, “gritemos muy fuerte, la mina trae muerte” y “no a la mina, sí a la vida”, cientos de personas que se congregaron en la iglesia de San Francisco de Asís, rechazaron el proyecto de minería a cargo de la empresa Candelaria Mining Corp que se pretende llevar a cabo en el cerro La Paila.
Pasado el mediodía, habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero llegaron hasta la iglesia para recordar a las autoridades que se encuentran en contra de este proyecto que pretende extraer al menos 20 mil toneladas de oro.
Los pobladores atendieron la convocatoria de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LaVida), ambientalistas y protectores del medio ambiente, quienes han luchado por más de una década para detener dicho proyecto.
Los ambientalistas dieron a conocer a los pobladores que las labores podrían comenzar a partir de julio próximo en el cerro donde se harán los trabajos de minería, acto que fue rechazado, no sólo con pancartas, sino con gritos de rechazo al mismo.
Aunado a los daños que el proyecto de minería puede generar, según los ambientalistas, se le suma el peligro de la actividad, pues el cerro La Paila se ubica a sólo seis kilómetros de la central nucleoeléctrica “Laguna Verde”.
En el año de 1994 se descubrió que La Paila sí tiene oro, pero los trabajos de excavación a cargo de la empresa Caballo Blanco comenzaron en 2004 y se detuvieron en 2012 ante la presión de los pobladores.
Para el año 2016 se reanudó el proyecto, ya que fue retomado por la empresa canadiense Candelaria Mining Corp, empresa que tiene contemplado ampliar su exploración con cuatro proyectos más en el municipio de Alto Lucero. Esto con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).