En un contexto legal de prohibición de la megaminería (Ley Provincial Nro 7722) y un conflicto social por el Decreto que le abrió las puertas al fracking en Mendoza, el Gobernador Cornejo debe autorizar el proceso minero necesario para evitar más contaminación producida por los pasivos ambientales generados en San Rafael durante la explotación de la mina de uranio de Sierra Pintada. El problema radica en que para la remediación, es necesario abrir una planta fabril y realizar un proceso con sustancias prohibidas por la Ley Nro 7722; además, existe el temor de que concluido el saneamiento se intente volver a producir uranio. La audiencia pública se realizaría en octubre.
Entre los desafíos que le quedan por delante al gobernador Alfredo Cornejo hay uno que sobresale por la complejidad y la necesidad de no profundizar los conflictos generados por el fracking. Se trata del saneamiento de los pasivos ambientales que dejó la planta de procesamiento de uranio Sierra Pintada en San Rafael, que se transformó en uno de los casos emblemáticos de mal manejo ambiental. Esa planta funcionó durante una década, pero lleva mucho más tiempo cerrada y con la posibilidad de continuar la contaminación latente: hay millones de toneladas de residuos provenientes de la actividad minera del lugar y también provenientes de la planta productora de combustible nuclear Dioxitek, de Córdoba.
Tras el cierre de la producción en Sierra Pintada quedaron en el lugar: 5223 tambores con 1.067,60 toneladas de residuos contaminados (equivalen a 14 toneladas de uranio), el agua de cantera de los efluentes del proceso de lixiviación y las colas proveniente de la lixiviación de uranio con ácido sulfúrico (en total más de 1 millón de metros cúbicos) que no fueron neutralizadas, ni cubiertas con material inerte, por lo que existe posibilidad de afectación de cursos de agua.
El problema para la ejecución del proceso de remediación es que para poder neutralizar los residuos debe realizarse un proceso similar al que se hacía para producir uranio, usando sustancias que están prohibidas por la ley 7722. La rendija legal que existe es que esa ley prohíbe el uso de esas sustancias para la explotación minera, pero no para la remediación. Por eso la decisión es avanzar, aunque tanto desde el Ejecutivo como los asesores legales entienden que será necesario un blindaje legal mayor para evitar especulaciones. La desconfianza que hubo siempre sobre el tema es que una vez saneados los pasivos ambientales, se realice la reapertura de la mina de San Rafael para producir uranio en la Argentina y no tener necesidad de importarlo, como lo establecía el Plan Nuclear lanzado por Néstor Kirchner. Las tensiones sociales generadas en Mendoza y Córdoba frenaron ese intento.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) establece un grupo de riesgos potenciales: a) las colas de uranio tienen riesgo de que haya emanaciones de gas radón a la atmósfera, radiación gamma y la dispersión a través del viento o el agua; b) el agua de cantera tiene riesgo de infiltración a través de fisuras en la roca o que debido al exceso de lluvias se desborde; c) los residuos sólidos que tienen altos contenidos de uranio y “las condiciones de almacenamiento (bolsas plásticas dentro de tachos metálicos y enterrado bajo las colas de proceso) hacen a los mismos potencialmente peligrosos”.
La Auditoría General de la Nación advirtió sobre los incumplimientos de la CNEA en el saneamiento de Sierra Pintada con un detallado análisis de lo realizado y lo gastado, que incluye los gastos en consultorías ambientales y expresa que los trabajos proyectados no se cumplieron.
El plan de remediación de la CNEA incluye distintos procesos. El tratamiento del agua de cantera es mediante un sistema de resinas de intercambio iónico y precipitación, con un plan alternativo de nanofiltración de menor impacto pero más costoso. El tratamiento de los residuos sólidos es el que genera más tensiones dado que usa de ácido sulfúrico: “se deben retirar los tambores de las escombreras, trasladarlos y proceder a la apertura segura, con sistema previsto en el proceso y someterlos a tratamiento” que consiste en el lavado de esos sólidos con agua de cantera, hasta la disolución con ácido sulfúrico y la neutralización con cal de ese material.
Actualmente, se escindió el proceso de la remediación del de la reapertura de la explotación. La Comisión Nacional de Energía Atómica presentó el Manifiesto de Impacto Ambiental para ejecutar el proceso de remediación que está siendo analizado. La intención de las autoridades ambientales es realizar la audiencia pública en octubre de este año y, luego, si no hay objeciones severas, autorizar los trabajos. El gobierno provincial mantiene la postura de autorizar el proceso sólo para la remediación.
Sin embargo, el alerta de los mendocinos se fundamenta en que el Plan Nuclear lanzado por Kirchner no está abandonado en lo conceptual, más allá de que no se lograrán los objetivos planteados para el 2019. Según un informe de la Secretaría de Energía de la Nación de la actual gestión, en el país se consumen 250 toneladas anuales de uranio para los 3 reactores a plena potencia (Atucha I, Atucha II y CN Embalse) y se necesitarán al menos 80 toneladas más para un nuevo generador. Según ese mismo trabajo, en la Argentina, la CNEA informó la existencia de aproximadamente 20.000 toneladas de uranio como “recursos identificados”.
En el plan elaborado por el ex ministro Juan José Aranguren se destaca la necesidad de impulsar la producción de uranio para sustituir importaciones y para impulsar esa industria, además de las presiones generadas por el sector minero. Sin embargo, se reconoce entre las conclusiones las dificultades debidas a la resistencia social al tema.
Fuente:https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/41311-el-desafio-politico-y-social-para-detener-la-contaminacion-en-sierra-pintada
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Luego de anunciarse el retiro del proyecto, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, aseguró que estos serán incluidos en el proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, sin embargo, su creación aún está en trámite en el Congreso y no se ha definido la jerarquía que tendrá la institución ante otros cuerpos legales que regulan inversiones, como lo son proyectos mineros o concesiones eléctricas.
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