El futuro de las consultas populares para que la gente se pueda pronunciar sobre la explotación minera y de hidrocarburos en sus territorios se debate en el alto tribunal.
La Corte Constitucional está a punto de tomar una decisión trascendental sobre el futuro de las consultas mineras en el país. Se trata del mecanismo que permite a los ciudadanos de un determinado municipio dar su aval o vetar los proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. El debate es álgido y tiene dos posturas enfrentadas. Por un lado, el Gobierno afirma que la prohibición popular de la minería en algunos municipios ha puesto en jaque las finanzas del Estado. Por otro lado, para organizaciones sociales, es la única forma de tener voz en proyectos de esta naturaleza.
La discusión en la Corte está relacionada con la tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia en contra de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dio su visto bueno a una consulta en Cumaral y en la que ganó el ‘no’ a la extracción de hidrocarburos. El caso está en manos de la magistrada Cristina Pardo quien presentó un proyecto de fallo que le da la razón a la multinacional y que, de ser acogida por sus compañeros de la Sala Plena, representará un precedente judicial.
La ponencia afirma que es necesario concertar con las comunidades sobre la realización de los proyectos extractivos y dejar la consulta popular con la última opción. Esta posición remite a la sentencia C-123 de 2014 que estableció que, en el proceso de autorización de las actividades de exploración y explotación minera, debía haber espacios que permitieran la participación activa y eficaz de las entidades municipales o distritales.
Precisamente, en la audiencia pública que la Corte Constitucional realizó sobre este caso en abril pasado, el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, consideraron que debía llegarse a un punto medio entre los intereses nacionales y la autonomía de los territorios. El problema, de acuerdo con el director de esa entidad, Luis Guillermo Vélez, es que la tutela T-445 de 2016, conocida como el fallo de Pijao, supuestamente rompió con esa armonía al permitir que los ciudadanos de un territorio definir cómo y de qué manera se van a utilizar los recursos del subsuelo.
Aunque ese fallo ha sido considerado un triunfo ambiental y democrático, para Vélez «es necesario que la Corte restablezca los mecanismos para lograr dicha armonía. Se debe desarrollar un proceso de concurrencia y concertación entre el gobierno nacional, autoridades, compañías y comunidades que retome los elementos contenidos en la sentencia C-123 de 2014 de la misma Corte».
La posición contraria la han defendido las organizaciones sociales. Su argumento es que las consultas mineras terminan siendo la única opción, ante la falta de participación real de los municipios y de la ciudadanía en la planeación de los proyectos. Diana Rodríguez, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), dijo en la audiencia de abril pasado: “El aumento de consultas populares no es un problema sino un síntoma del verdadero problema: la ausencia de espacios de participación efectivos para las entidades territoriales y los ciudadanos en las decisiones sobre minería e hidrocarburos”.
Cifras del Gobierno, con corte al mes de abril, señalan que hasta el momento se han hecho nueve consultas sobre minería e hidrocarburos en Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre). Actualmente, hay seis suspendidas y 54 en marcha. En Antioquia, que tiene 120 municipios mineros, se ha hecho una consulta y otra está en trámite. Y en Casanare, donde hay 12 municipios con explotación de hidrocarburos, se ha hecho una consulta y hay siete en marcha.
Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/ponencia-en-la-corte-constitucional-pide-que-consultas-mineras-sean-la-ultima-opcion-articulo-801020



Tras el descubrimiento de 2.5 millones de toneladas de Litio y 124 millones de Uranio en el depósito de Falchani, provincia de Carabaya región Puno por la compañía Macusani Yellowcake subsidiaria de la canadiense Plateu Energy, el Perú tendría la mina más grande de Litio a nivel mundial.

Pese a que AngloGold aseguró 15 meses atrás que respetaría la decisión de los cajamarcunos sobre prohibir la minería en su territorio después de una consulta popular, EL OLFATO conoció que la compañía solicitó a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente el permiso de “sustracción temporal de un área de reserva forestal central”.
El alcalde del municipio de Salento, Quindío Juan Miguel Galvis dijo que su administración está dispuesta a sacar los recursos para realizar la consulta popular minera, ante la negativa del ministerio de hacienda y la registraduría de adelantar este mecanismo de participación ciudadana por falta de dinero.
Campesinos participan en una protesta en contra de las actividades mineras en sus comunidades, en Tegucigalpa, Honduras, el 18 de julio de 2018.
Durante la emisión del tercer programa radial de Señor NOVA, conducido por Julián De Martino y Anabella Rodríguez, se mantuvo una comunicación con el ex senador nacional y ex titular de la Unidad de Investigación en la causa AMIA, Mario Cimadevilla, quien dio su opinión y mantuvo su postura en contra de la mega minería en la provincia del Chubut.
Durante la presentación de su 22° Reporte Semestral, el Observatorio de Conflictos Mineros alertó sobre la corrupción y el tráfico de influencias que se evidencian en diversos casos de toma de decisiones ambientales en los sectores extractivos. El recientemente denunciado caso de una presunta presión por parte del ex presidente García para favorecer a la empresa minera Sulliden recuerda a los famosos tratos entre Montesinos y Newmont en relación a la empresa Yanacocha. De igual manera, la detención de varios funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios por presuntamente recibir pagos de mineros ilegales –incluido en este reporte semestral- muestra la penetración de la corrupción en la institucionalidad estatal que debería garantizar una adecuada gestión ambiental.
A los medios de comunicación,
El próximo jueves 19 de Julio se realizará el foro Arco Minero del Orinoco: