Colombia

Minería en Cesar: ríos y caños fueron desviados sin estudios

Autor: Tomás Betín, El Herlado.com

Una auditoría de la Contraloría a la gran minería del Cesar deja entrever un panorama de múltiples abusos irreparables al medio ambiente por parte de las empresas carboníferas en la región y de graves omisiones de las autoridades nacionales y locales encargadas de vigilar el ecosistema.

EL HERALDO obtuvo el preocupante informe tras el que el ente de control fiscal resuelve remitir siete hallazgos a la Fiscalía por presuntas irregularidades en las minas Calenturitas, de la empresa Prodeco; La Loma, de la compañía Drummond y La Jagua, de la firma Carbones de La Jagua.

Y, así mismo, la auditoría establece que tienen carácter penal las supuestas omisiones en que habrían incurrido el Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar, y por ello compulsa copias al ente acusador.

La investigación, de 351 páginas y fechada en mayo pasado, revisa los procesos de licenciamiento ambiental a los proyectos de minería de carbón en el Cesar, con corte a diciembre pasado, y enumera 47 hallazgos: 36 con connotación disciplinaria y siete con asuntos penales.

“Bajo la mirada del Ministerio de Ambiente, la Anla y Corpocesar se ha dañado y degradado el territorio y sus condiciones ambientales, afectando la población. Se está afectando la Zona de Reserva Forestal Serranía de Los Motilones creada por la Ley 2 de 1959”, se lee en un aparte del reporte.

Además, advierte la Contraloría, la presión ejercida sobre el ambiente y los recursos naturales en el área de influencia de los proyectos de minería de carbón en la zona centro del Cesar ha aumentado a lo largo de los años, afectando o incidiendo negativamente en la calidad y cantidad del recurso hídrico, produciendo pérdida de la biodiversidad, cambio del uso del suelo y afectación de la calidad de aire.

Pero esto no es todo: critica el documento que, tras las afectaciones, no se logra la reparación, compensación y restauración del daño ambiental ocasionado por las actividades mineras y, como tema aún más inquietante, transcurridas más de dos décadas de explotación no se tiene total certeza del aporte de contaminantes de los proyectos mineros sobre los receptores ni las afectñaciones sobre la salud de los pobladores.

“Desvio del río Calenturitas afectó dos ríos más”.  Al revisarse la licencia ambiental 2622 del proyecto carbonífero ‘Mina Calenturitas’, de la empresa Prodeco, la Contraloría encontró que entre 2007 y 2015 se aprobaron cinco cambios menores, entre los que se encuentra el cargue de carbón proveniente de otras explotaciones mineras, el incremento de la producción de carbón de 11 millones de toneladas al año a 12,5 y la relocalización de los tramos 1 y 2 del río Calenturitas.

No obstante, advierte el ente de control, “no se evaluaron totalmente los posibles impactos generados con los cambios que se realizaron o pretendían realizar en el desarrollo del proyecto minero”.

Y agrega que hubo omisión de las funciones establecidas para la Autoridad Ambiental, así como incumplimiento de la legislación ambiental relacionada con la modificación de las licencias ambientales.

Con ello se produjo una afectación a “los recursos naturales del área de influencia ya que no tienen un adecuado manejo y seguimiento por considerarse una modificación menor. De igual forma, al no considerarse los impactos adicionales relacionados con las corrientes hídricas cercanas a la modificación realizada al trazado de la desviación de río, no se realizaron las compensaciones necesarias frente a dichos impactos”.

Concluye la auditoría que el desvío del río Calenturitas no solo impactaba dicha fuente hídrica y sus recursos naturales, sino que también implicó una modificación del balance hídrico con otras fuentes que debieron ser considerados: “El nuevo trazado implicaba también la modificación de las desembocaduras de los ríos Tucuy y Maracas, lo cual no fue analizado de manera rigurosa por parte de la autoridad”.

“Daños irreversibles”

Al examinar la licencia ambiental 0027, concedida a la Drummond para el proyecto minero La Loma, la Contraloría estableció una serie de irregularidades.

En el plan de manejo ambiental, el Ministerio estableció en 2007 que avalaba una desviación del caño San Antonio durante siete años máximo, la conformación de dos botaderos nuevos y la ampliación de la pista de aterrizaje. Y en 2016, la Anla modificó esa resolución con el fin de continuar con el avance de la explotación minera y la Drummond pone en consideración de la autoridad ambiental una nueva relocalización del arroyo San Antonio.

Pero el ente de control encuentra que se están explotando nuevas áreas distintas a las aprobadas, que hubo extralimitaciones de la Anla al dar el aval y que las modificaciones del trazado original del arroyo San Antonio “no incluyeron criterios ambientales que permitieran implementar medidas que coadyuven a proteger o impidan los daños a los recursos naturales”, produciendo afectaciones “irreversibles” al medio ambiente.

“Hay investigaciones represadas”. inactivas desde hace siete años”.  La entidad revisora observó procesos sancionatorios ambientales en los que en la mayoría hay amplios espacios de tiempo sin actuación alguna, así como moras en resolver recursos o peticiones de los investigados y pruebas que han sido ordenadas y que a la fecha de la auditoría no han sido practicadas.

“En el trámite de los procesos sancionatorios se presentan situaciones particulares que indican omisiones, moras e inactividad injustificada por parte de la Anla en su trámite. Es así como se presentan casos en los cuales las investigaciones fueron iniciadas en los años 2010, 2011 y 2012, y a la fecha la entidad no se ha pronunciado sobre la misma, en el sentido de decretar la cesación del procedimiento o la consiguiente formulación de cargos”, se lee en la auditoría.

Así mismo, hay expedientes en los cuales la Investigación fue iniciada por el Ministerio de Ambiente y hasta el momento la Anla no ha hecho un  pronunciamiento de fondo.

Esta inactividad en los procesos sancionatorios, advierte la Contraloría, “podría conducir al fenómeno de la prescripción de las acciones ambientales” o a que “el Estado pierda la oportunidad de imponer sanciones en los casos en que se demuestre el incumplimiento de las normas o el daño causado y, por ende, de recaudar determinadas sumas de dinero por posibles multas que se pudieran imponer o las medidas compensatorias que se llegaren a establecer”.

“Se ampliaron áreas de explotación sin licencia”

También en la licencia a Prodeco en la Mina Calenturitas, el organismo revisor halló que Corpocesar aprobó en 1995 un plan de manejo ambiental para mediana minería que no contemplaba los impactos que se iban a generar por el proyecto y no incluía la magnitud de la obra, luego el Ministerio de Ambiente modificó en 2007 la resolución para gran minería comprendiendo un volumen de explotación superior a las 800.000 toneladas al año.

Posteriormente, el Ministerio, en 2009, autorizó la desviación de los ríos Calenturitas, Tucuy, Maracas y el arroyo Caimancito, aumentando el área del plan de manejo ambiental. En 2011 se avaló la ampliación de la Mina Calenturitas hacia el norte y hasta hoy la Anla ha venido aprobando modificaciones al plan de manejo ambiental que incluyen nuevas áreas a explotar y las actividades necesarias para tal fin.

La Contraloría, sin embargo, critica que “se aumentaron la áreas de influencia del mismo, así como se aumentaron las áreas de explotación, por lo que según la normatividad citada se debió haber tramitado la correspondiente licencia ambiental que contemplara todas las actividades y obras de proyecto, así como los impactos generados por el mismo, que han estado afectando la salud de la población y las condiciones ambientales en las cuales se encuentran viviendo”.

Finalmente, el documento advierte que “hoy en día la empresa cuenta con un plan de manejo ambiental totalmente diferente a un plan de manejo que estaba diseñado para mediana minería” y no para un proyecto que contemplaba la desviación de dos ríos, el aumento de la producción (produciendo un mayor volumen de emisión de contaminantes) y la construcción de la vía férrea (generando contaminación por emisión).

Fuente:https://www.elheraldo.co/colombia/mineria-en-cesar-rios-y-canos-fueron-desviados-sin-estudios-534676

Chile

Colegio Médico se manifiesta en contra de proyecto Dominga

Autor: El Observatodo.cl
Conflicto Relacionado: Dominga-Andes Iron-Higuera

Los departamentos de Medio Ambiente y de Derechos Humanos del Colegio Médico Regional La Serena notificaron su rechazo a la instalación del proyecto minero/portuario Dominga, apoyando la creación del Área Marina Protegida de Múltiples Usos de La Higuera, con el fin de salvaguardar el archipiélago Pingüino de Humboldt, sus costas, y toda la biodiversidad de valor incalculable que existe en dicho territorio.

A este respecto, el Dr. Francisco Silva, miembro del primero mencionado, explicó que “en la Asamblea Nacional del Colegio Médico realizada en Puerto Chacabuco en Junio del presente año, se firmó la Declaración de Coyhaique, en la cual nuestro gremio se comprometió con el futuro de todos y todas aquellos que viven en zonas críticas dañadas por la contaminación, haciéndonos parte no solo de la ‘cuestión social’, sino también de  la ‘cuestión planetaria’, comprometiendo nuestra acción gremial en la protección de la tierra, el aire, las aguas y la biodiversidad, lo cual se encuentra dentro de los derechos fundamentales de la humanidad”.

Además sostuvo que “de ahí que en el tema de la Minera Dominga y todo lo que involucraría este proyecto, no podemos estar de acuerdo. A esto se suma que, en estos días, hemos sido testigos de cómo la vulneración del medioambiente en la comuna de Quintero ha puesto en riesgo a gran parte de la población de esta comunidad. Como gremio no podemos seguir tolerando la creación de áreas de sacrificio medioambiental en beneficio de un mal entendido desarrollo, el cual pasa por encima de la salud de las personas”.

SUSTENTABILIDAD

Cabe destacar que este territorio es considerado vital para especies como el Pingüino de Humboldt, cuyo 82% de su población en el mundo ocupa dichas costas, además de 560 especies marinas, 122 especies de aves con sus respectivos sitios de anidación, 16 especies de cetáceos y 60 especies de peces, y considerando además las aguas circundantes a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt se posicionan en el primer lugar de Turismo de Avistamiento de Cetáceos de Alta Calidad en el país, recibiendo 53.000 visitantes al año, y donde existen 611 pescadores artesanales registrados.

Por su parte el proyecto, de 27 años de vida útil, considera la extracción de concentrado de hierro y cobre con instalaciones mineras en La Higuera, uso de aguas del Acuífero Los Choros, instalación de relaves, instalación de planta desalinizadora y el tránsito de barcos de gran calado en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Fuente:http://www.elobservatodo.cl/noticia/sociedad/colegio-medico-se-manifiesta-en-contra-de-proyecto-dominga

Costa Rica

Fiscala general acusa al expresidente Óscar Arias por caso Crucitas

Autor: Movimientom4.org

La fiscala general, Emilia Navas, presentó una acusación penal contra el expresidente de la República Óscar Arias (1986-1990 y 2006-2010), por el denominado caso Crucitas.

Navas imputó a Arias por un aparente delito de prevaricato, el cual él habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minería Crucitas.

En esa oportunidad se alegó que la explotación de oro traería “varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno Central”. Así consta en el mandato presidencial Nº. 34801-MINAET.

Esa mina a cielo abierto se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos y estaba en manos de la empresa canadiense Industrias Infinito. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó anular la concesión a finales de noviembre del 2010.

Con su firma en ese decreto, Arias habría dictado una resolución basada en hechos falsos, lo cual es sancionado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.

Ante una consulta de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público confirmó, en un correo electrónico, la decisión de acusar a Arias, pero no ahondó en los detalles, porque “el caso penal continúa siendo privado para personas ajenas al proceso”.

Sí reveló que este miércoles se le informó a la Procuraduría General de la República (PGR) de tal disposición, para que determine, en su condición de abogado el Estado, si se une a la acusación.

“La Fiscalía General confirmó que, efectivamente, hoy (miércoles), se comunicó a la Procuraduría la acusación contra el señor expresidente, por el caso conocido como Crucitas, tramitado en el expediente 12-000124-0621-PE.

“La Fiscalía firmó ayer (martes) la acusación contra el señor Arias, por el delito de prevaricato. La ley establece que en casos donde la parte ofendida son los deberes de la función pública, se debe comunicar la conclusión fiscal a la PGR, para que este órgano decida si presenta una querella (acusación particular) y/o una acción civil resarcitoria, con la cual puede solicitar un monto económico para resarcir al Estado el daño que se haya provocado”, señaló la oficina de prensa.

El abogado del Estado dispone de 13 días, a partir de mañana jueves, para presentar la querella y la acción civil, pues concluido ese plazo, “la Fiscalía General enviará la acusación con los documentos que entregue la PGR, al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, del II Circuito Judicial de San José”.

Ante esa instancia se conocerá si el caso se vuelve a elevar a juicio o no. Las audiencias preliminares están convocadas para finales de enero del próximo año.

Consultado sobre la acusación, el abogado de Arias, Rodolfo Brenes, dijo: “No le puedo decir nada porque no la conozco”. Al tiempo que agregó que estaba ingresando a una audiencia y que más tarde podría ampliar su declaración.

Mientras, el jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, salió en defensa del exmandatario: ” Hay que esperar el resulta de la decisión de los tribunales y respetarlo, pero debo agregar que nosotros apoyamos al presidente Arias y yo estoy completamente seguro de que su comportamiento, su conducta siempre ha sido apegada a la ley”.

Y añadió: “Me tomó por sorpresa, repito, parece que siempre ha habido una gran debilidad de argumentos desde el punto de vista penal con respecto a don Óscar y confiamos plenamente en que su conducta fue totalmente legal”.

 

Caso había sido resuelto, pero sin Arias

Inicialmente, solo el exministro de Ambiente, Roberto Dobles, quien también firmó el cuestionado decreto y seis funcionarios de la Secretería Técnica Nacional Ambiental (Setena), figuraban como imputados.

Incluso, este caso ya se había resuelto en el 2015, cuando Dobles fue condenado por el Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea, a tres años de prisión, por un delito de prevaricato.

Los otros seis acusados de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, habían sido absueltos.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones se trajo abajo el fallo y ordenó repetir el debate.

Posteriormente, en setiembre del año pasado, el Tribunal Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso, hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado.

Es en esa etapa donde el proceso se encuentra actualmente y será hasta enero cuando se decida si el caso va a juicio con el exmandatario como imputado.

En enero del 2015, cuando Dobles fue condenado, la jueza Mercedes Muñoz argumentó que el decreto se había basado en premisas falsas y por eso, dictó el castigo.

“Suerte distinta es lo que ocurre con la actuación del señor Dobles Mora, con la emisión del decreto que fuera firmado no solo por él, sino por el presidente de entonces (Óscar Arias), toda vez que este tribunal llegó a la conclusión de que este decreto fue dictado basado en hechos falsos”, dijo Muñoz.

El abogado de Dobles y de otros cuatro imputados, José Miguel Villalobos, asegura que el Tribunal lo que cuestionó fue la motivación que se consignó en el decreto.

“Lo que se alegó es que los considerandos, las motivaciones del decreto, estaban basados en hechos falsos. Nosotros siempre planteábamos que no es que eran hechos falsos, que se podía discrepar o no de los fundamentos, porque si algo va a beneficiar o va a haber más beneficio o no, no es un asunto de falsedad, sino de opinión”, expresó Villalobos.

En el decreto Nº. 34801-MINAET se mencionan nueve considerandos, incluyendo uno en el que se afirma que Setena, desde diciembre del 2005, le había otorgado la viabilidad ambiental al proyecto minero y que incluso, aprobó modificaciones al proyecto, en febrero del 2008.

No obstante, la ausencia del estudio de impacto ambiental (EIA) fue una de las razones por las cuales el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión minera a Industrias Infinito, a finales de noviembre del 2010.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/fiscala-general-acusa-al-expresidente-oscar-arias-por-caso-crucitas/

Perú

LOS RETOS DE QUELLAVECO

Autor: José de Echave. Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Quellaveco-Moquegua-Anglo American-Tacna

Un par de días antes del 28 de julio, el presidente Vizcarra anunció el inicio del proyecto minero de Quellaveco en la región Moquegua (distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto). Según el Ministerio de Energía y Minas, Quellaveco representa una inversión de algo más de US$ 5 mil millones y se proyecta una producción de cobre de 300 mil toneladas por año en la primera década de producción, además de 3,400 toneladas de molibdeno.

La diferencia con otros proyectos mineros es que Quellaveco ya estaría listo para arrancar. Incluso en el registro del Ministerio de Energía y Minas figura como un proyecto en etapa de construcción, con una inversión ejecutada hasta el año pasado de US$ 250 millones y se proyecta el inicio de la fase de producción para el año 2022. Otro dato importante es que también cuenta con Estudio de Impacto Ambiental aprobado.  Como se sabe, el proyecto es de propiedad de la empresa anglo sudafricana Anglo American  (60%) y la japonesa Mitsubishi (40%). Esta última aumentó recientemente su participación (del 18% al 40%), a cambio de un aporte de US$ 600 millones, y será la que asuma la inversión en el tramo inicial.  Con la futura entrada en producción de Quellaveco, se consolida el polo de producción de cobre en el sur del país, que se inicia en Tacna (Toquepala), pasa por Moquegua (Cuajone y ahora Quellaveco), continúa en Arequipa (Cerro Verde), Cusco (Antapaccay, Constancia y, en proceso, Corocohuayco) y termina en Apurímac (Las Bambas). Gran parte de esta producción de cobre se exporta vía el puerto de Matarani en Arequipa: la proyección es que en los próximos años, por Matarani saldrá el 10% de la producción mundial de cobre.

Las razones de fondo de la postergación de Quellaveco

Como se conoce, Quellaveco es un proyecto que ha estado en compás de espera por varios años. La versión que se ha dado en los días posteriores a la presentación es que el proyecto se interrumpió el año 2013 debido a la drástica caída de la cotización internacional del cobre. Sin embargo, esto no es del todo exacto; no hay que olvidar que en esos años otros proyectos cupríferos en el Perú (como Las Bambas, Cerro Verde, entre otros), siguieron desarrollándose sin mayores inconvenientes, pese al escenario desfavorable, y hoy en día se encuentran en plena etapa de producción.

Lo que se sabe, y en su momento fue ampliamente informado en medios internacionales, es que Anglo American no pudo llevar adelante Quellaveco por las enormes dificultades financieras por las que atravesó a partir del año 2012 como consecuencia de las pésimas inversiones realizadas en los años precedentes y los altos niveles de sobreendeudamiento a los que había llegado.

La entonces CEO de Anglo American, Cynthia Carrol tuvo que renunciar en medio de serios cuestionamientos a su labor de parte de la junta de accionistas: las decisiones y las apuestas estratégicas que se tomaron durante su gestión no dieron resultados e inversiones importantes, como por ejemplo Minas Río (proyecto de hierro en Brasil) entre varias otras, terminaron entrampándose por problemas de sobre costo y reiteradas postergaciones. En ese contexto, se produjo una caída importante de las acciones de la empresa: informes de la época coinciden en señalar que bajo la gestión de Carrol, la empresa perdió un tercio de su valor en términos de capitalización.  Finalmente, Cynthia Carrol fue reemplazada a comienzos del año 2013 por Marc Cutifani, quien tuvo que implementar un drástico programa de austeridad para hacer frente a pérdidas registradas de alrededor de los dos mil millones de dólares por año. Ello significó revisar toda la cartera de activos de Anglo American y poner en venta varias de sus operaciones y proyectos en diferentes partes del mundo (Australia, Sudamérica y Sudáfrica).

En ese entonces, el propio Cutifani daba cuenta que la empresa había decidido vender alrededor de 15 activos, disminuir el número de empleados en un 35% y así lograr ingresos frescos por tres mil millones de dólares. Incluso en esos años se voceó en varias oportunidades la posibilidad de que Anglo American fuese absorbida por algunos de los gigantes de la minería mundial. Sin embargo, esto no ocurrió y como parte de sus políticas de austeridad y en paralelo a la venta de algunos de sus activos, varios de sus proyectos, entre ellos Quellaveco, entraron a la congeladora.Por lo tanto, no es totalmente cierto que Quellaveco haya sido postergado por la caída de la cotización de cobre y menos aún por problemas sociales en la zona de influencia. Cabe señalar que el reciente aumento de la participación de la japonesa Mitsubishi (de 18% a 40%), precisamente le da el respaldo financiero que necesitaba Anglo American y permitirá el impulso inicial del proyecto. Dicho sea de paso, todo indica que Anglo American prefirió darle una mayor participación a Mitsubishi, que permitir la entrada de Southern Perú -que también estaba interesada en el proyecto- como nuevo socio estratégico.

El acuerdo de Moquegua

Otro tema importante a recordar es que el año 2012, luego de un largo proceso de negociación, se logró firmar el acuerdo entre la empresa propietaria de Quellaveco, los representantes de las más importantes organizaciones sociales de Moquegua y el entonces gobernador regional, Martín Vizcarra. Saludado por todos, el acuerdo definió un aporte de la empresa de alrededor de mil millones de soles: 850 millones de aporte económico para la región y la diferencia para la construcción de represas: en la ficha técnica del proyecto, en cuanto a las fuentes de agua, se señala que el abastecimiento será a través de una bocatoma y el embalse de agua en ríos. La larga negociación previa tuvo a la base una serie de objeciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA): la mina pretendía extraer 700 litros de agua por segundo de la cuenca del río Tambo.

Como se conoce, ésta es una cuenca que se encuentra en una situación de estrés hídrico permanente y que además de Moquegua abastece al valle arequipeño del Tambo, en la provincia de Islay, precisamente donde busca implantarse el proyecto Tía María. Revisando información de la propia Autoridad Nacional del Agua, cabe señalar que Anglo American Quellaveco es la segunda empresa minera con el mayor número de permisos para extraer agua de zonas en alto riesgo de sequía e incluso cuenta con licencias permanentes. Lo cierto es que ya han pasado 5 años de la firma del acuerdo sobre Quellaveco en Moquegua y una primera tarea es confirmar si los compromisos logrados siguen vigentes para todos los actores comprometidos: población, empresa y autoridades. El paso siguiente será definir cómo se implementarán los acuerdos en esta nueva etapa.

Para comenzar algunos gremios de trabajadores de Moquegua han planteado que se les garantice empleo de acuerdo a los compromisos previamente establecidos con Anglo American y por otro lado, la Junta de Usuarios del Valle del Tambo hace unos días emitió un comunicado en el que señalan que Quellaveco afectaría la disponibilidad del agua en la cuenca si no se construye previamente la represa de Paltuture. Finalmente, es importante señalar que minas como la de Quellaveco, entre otras en el Perú, figuran entre las operaciones con el más bajo costo de producción a nivel internacional: una mezcla de factores como la ley de mineral, acceso a fuentes de energía, agua y conectividad, entre otros, hacen que los proyectos cupríferos en nuestro país sean sumamente rentables. Quellaveco proyecta un costo de producción de US$ 1.05 la libra de cobre. Con una cotización actual del cobre que bordea los US$ 3.00 la libra, proyectos como Quellaveco, Las Bambas, Constancia, Antapaccay, Cerro Verde, Coroccohuayco, Antamina, entre varios otros que se desarrollan en el país, son sumamente rentables y generan importantes utilidades a las empresas. Lo menos que se puede esperar es que las empresas desarrollen estos proyectos con los más altos estándares ambientales y sociales y que paguen todos los impuestos que les corresponde pagar.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-retos-de-quellaveco/

Perú

Comunicado, Espinar: por una entrega de resultados de dosaje con interpretación y orientaciones claras

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

En el transcurso de esta semana y la siguiente, personal del Centro de Salud de Yauri y otros centros de salud de la provincia de Espinar han iniciado la entrega de los resultados del dosaje realizado por CENSOPAS en noviembre – diciembre del 2017, a un conjunto de personas de Espinar como parte de un estudio para determinar el nivel de presencia de 4 metales pesados (Arsénico, Cadmio, Mercurio y Plomo) en sangre y orina, y cuyo resultado debió ser entregado en abril de este año. Al respecto, debemos de manifestar lo siguiente:

(1) Que con anterioridad se han realizado estudios  similares y se han entregado resultados de una forma que ha causado alerta, angustia e incertidumbre en las personas que aceptaron, de buena fe, ser analizadas. Esto debido a que el personal de salud no proporcionó información clara sobre los resultados obtenidos, una  interpretación de los mismos, ni una orientación de cómo se debía proceder en cada situación particular y en la comunidad.

(2) En estos momentos se encuentra en consulta ciudadana una propuesta de lineamientos de política nacional para responder a la problemática de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas, liderada por el sector salud. A partir de ello observamos en las autoridades competentes, una voluntad política de hacer las cosas de manera diferente.

(3) Siendo así, invocamos al Ministerio de Salud, a la DIRESA Cusco, a los Centros de Salud ubicados en la provincia que realicen la entrega de resultados dando toda la información necesaria a las personas dosadas y de ser posible que informen a través de los medios radiales locales la iniciación de la entrega de resultados, convocando ampliamente a las 897 personas dosadas en la provincia, resultando indispensable que los profesionales de salud expliquen el significado de esos resultados, las medidas que deben adoptar en cada caso y los pasos a seguir.

(4) Como reconoce la Organización Mundial de la Salud, la comunicación adecuada y oportuna resulta indispensable en cualquier proceso sobre salud pública, evitando conflictos y malestar social y de esta manera garantizando los derechos de las personas. El caso de exposición a metales pesados en Espinar requiere, entre otras acciones prioritarias, que personal de salud se encuentre previamente preparado para una estrategia de comunicación en salud intercultural

(5) Por último, junto con el acompañamiento del sector salud, sigue pendiente en este caso determinar las rutas de exposición y fuentes de contaminación, a fin de afrontar no solo las consecuencias sino las causas del problema desde una perspectiva de salud ambiental integral.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/espinar-por-una-entrega-de-resultados-de-dosaje-con-interpretacion-y-orientaciones-claras/

Internacional

La voluntad de combatir los problemas de la sociedad industrial ha terminado generando nuevas problemáticas

Autor: Guillermo Otano Jiménez, doctor en Sociología por la UPNA, Remamx.org

La Comisión Europea lanzó su iniciativa para fomentar “el liderazgo mundial de la UE en el ámbito de los vehículos limpios”. El desafío es doble: por un lado, lograr posicionar la industria automovilística europea a la vanguardia de la innovación y el desarrollo tecnológico necesario; por otro, reducir nuestras emisiones de CO² en un 40% de aquí a 2030, que es el compromiso adoptado en el Acuerdo de París.

En este sentido, la piedra angular del nuevo paradigma de la “movilidad limpia” son los denominados “coches híbridos o eléctricos” que, poco a poco, van haciéndose con una cuota de mercado cada vez mayor. En España, por ejemplo, los coches híbridos y eléctricos suponen sólo el 0,69% del mercado, pero, en los últimos dos años, las matriculacionesse han duplicado (de 6.180 vehículos en 2016 a 13.021 en 2017). De hecho, el Gobierno ya está buscando la manera de incentivar su compra. Y no es el único. Se trata de una tendencia global, incluso en aquellos países donde su arraigo es mayor.

En esa línea, Inglaterra y Francia han anunciado recientemente su intención de prohibir la venta de automóviles diésel y gasolina a partir de 2040. Las grandes ciudades europeas como Londres, Roma, Barcelona o Madrid están implantando medidas similares para reducir la contaminación de los tubos de escape: desde zonas de acceso limitado para ciertos vehículos a motor hasta prohibiciones de estacionamiento, pasando por restricciones de velocidad.

Todos estos incentivos públicos contribuirán, sin duda, a incrementar la demanda de coches eléctricos en los próximos años. No obstante, nada de esto sería posible sin las innovaciones técnicas que han visto la luz en la última década, las cuales han posibilitado la creación de una nueva generación de baterías de litio. Sus costes de fabricación siguen siendo más elevados que el de las baterías de plomo-ácido que emplean los coches convencionales. Sin embargo, ofrecen cada vez mayor autonomía y mejores prestaciones, al tiempo que reducen significativamente la contaminación y sus efectos nocivos sobre la salud y el medioambiente.

 

Es evidente que todo ello es positivo. Pero no deberíamos perder de vista que, como todo desarrollo científico-técnico, el horizonte de posibilidades que nos abre es ambivalente. Si algo nos enseñó la sociología del difunto Ulrich Beck es que la voluntad de combatir los problemas de la sociedad industrial ha terminado generando nuevas problemáticas (como el cambio climático) que cuestionan las certezas del pasado y, en consecuencia, nuestra capacidad para resolver los desafíos del presente, sumiéndonos en la incertidumbre. La diferencia con otras épocas anteriores es, como diría el sociólogo alemán, que cada vez somos más conscientes de los riesgos que entraña cada nueva innovación técnica y eso nos obliga a considerar sus consecuencias antes -y después- de que se produzcan.

Desde este punto de vista, la expansión del coche eléctrico debería plantearnos interrogantes más allá de su desarrollo tecnológico o los incentivos comerciales que requiere. Es necesario considerar también sus impactos sociales y medioambientales. Estos últimos llevan tiempo sobre la mesa, pero apenas hemos oído acerca de los primeros, y a día de hoy son pocas las reflexiones que sobre las consecuencias que va a tener la “movilidad limpia” en los mercados de materias primas.

Las baterías de litio, por ejemplo, llevan en su composición entre un 40% y un 15% de cobalto, dependiendo del modelo. Las que impulsan los coches eléctricos emplean en su fabricación unos 26 kilos de este mineral. Así pues, entre 2016 y 2018, el precio del cobalto por tonelada métrica se ha cuadruplicado, y su evolución nos muestra que los picos más altos se alcanzan a medida en que las diferentes compañías automovilísticas (Tesla, BMW, Volvo) han ido anunciando sus nuevos modelos híbridos o eléctricos. Las estimaciones más conservadoras hablan de una demanda global que se va a quintuplicar de aquí a 2030 y hay quien duda de que las reservas mundiales puedan satisfacerla.

Más allá del quebradero de cabeza que plantea el encaje entre la oferta y la demanda, no deberíamos perder de vista otro tipo de problemas. El azar geográfico ha querido que las principales reservas de cobalto (dos tercios de la producción mundial, para ser exactos) se concentren en la República Democrática del Congo (RDC). El año pasado dicho país exportó alrededor de 64.000 toneladas métricas, una cifra muy superior al segundo importador más importante, Rusia, que se quedó en 5.600 toneladas métricas. Todo indica a que el “boom” del cobalto podría convertirse en una inmensa fuente de riqueza para el país y en un potencial motor para su desarrollo.

Se trataría de una buena noticia de no ser porque el país africano es uno de los países más afectados por eso que los economistas han denominado como la “maldición de los recursos”. La correlación entre recursos naturales y alta conflictividad es evidente en la RDC, y de hecho, a la “Segunda Guerra del Congo” que asolo el país entre 1997 y 2003 se la conoce como la “Guerra del Coltán” por la importancia que desempeño dicho mineral. Aunque, como suele suceder, la correlación no implica causalidad entre ambas cosas (pues en los conflictos inciden otros factores de tipo histórico, sociopolítico o cultural), lo cierto es que estas materias primas son una importante fuente de ingresos para el crimen organizado y las partes en conflicto. En consecuencia, si bien no son la causa que desata la violencia, sí podría decirse que son el combustible que los prolonga en el tiempo. Una idea que sirve para entender no sólo las dinámicas de conflicto en la RDC, sino también las que suceden en algunas zonas de Colombia, Venezuela, República Centroafricana o Birmania, por citar algunos casos conocidos.

 

La Unión Europea es consciente de este problema y, por ello, aprobó el año pasado un reglamento para regular el comercio de minerales procedentes de zonas en conflicto y promover prácticas de suministro responsable entre las empresas. Desafortunadamente, es un reglamento que presenta limitaciones importantes; la principal de ellas es que cubrirá únicamente a los importadores directos de los denominados 3TG (estaño, tantalio, wolframio y oro). No afectará a las empresas que importen productos manufacturados con estos minerales y, por otra parte, estos cuatro no son los únicos minerales asociados a conflictos.

El cobalto, por ejemplo, también ha sido vinculado a casos de explotación infantil. Por lo tanto, las empresas que emplean este mineral, si bien no tienen obligación legal de cumplir con las directrices OCDE de diligencia debida, sí tienen la obligación moral de hacerlo. Como suele decirse, lo que hoy es “soft law” mañana se convertirá en “hard law” (aunque eso es un tema que daría para otro “post”).

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/la-voluntad-de-combatir-los-problemas-de-la-sociedad-industrial-ha-terminado-generando-nuevas-problematicas/

Internacional

Avalon planea un proyecto de litio a pequeña escala en Ontario

Autor: Mineria en Línea.com

La junior de Avalon Advanced Materials, que cotiza en TSX, ha esbozado una nueva evaluación económica preliminar (PEA) para su proyecto de litio Separation Rapids, lo que simplifica el proyecto basado en Kenora, Ontario, para producir inicialmente concentrados de mineral de litio, con el potencial de una posterior expansión para producir materiales de batería, carbonato de litio e hidróxido de litio.

El modelo de desarrollo de menor escala “sustancialmente” redujo los requisitos de gasto de capital (capex) del modelo original completado en septiembre de 2016,la compañía dijo en un comunicado de prensa, y agregó que la PEA completa sería publicada en línea en las próximas semanas.

El PEA actualizado utiliza una tasa de rendimiento de planta de 475 000 t / año, en comparación con la tasa de 950 000 t / año utilizada en el PEA de 2016. Esto dará como resultado una vida útil de 20 años, basada en los recursos minerales conocidos actuales, con una producción de 71 500 t / año de concentrado de pétalos y 11 800 t / año de concentrado de lepidolita durante 18,5 años. Del año seis al 20, el proyecto comenzará a producir 100 000 t / año de feldespato.

El requerimiento inicial de inversión es de C $ 77.7 millones, con otros C $ 13.7 millones previstos para el circuito de feldespato.

Se espera que el proyecto genere un promedio de C $ 90 millones anuales en ingresos y los costos se estiman en C $ 60 millones, lo que resulta en un valor presente neto antes de impuestos, con un descuento del 8%, de C $ 156 millones y un pre tasa interna de retorno del impuesto del 27.1%.

Avalon dijo esta semana que creía que el pétalo de Separation Rapids sería ideal para muchas aplicaciones que ahora tenían que competir por el suministro de litio con la industria de baterías recargables.

La compañía llamaría a su producto “súper pétalo” y dijo que había atraído un considerable interés de los consumidores de la industria del vidrio y la cerámica.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/08/avalon-planea-un-proyecto-de-litio-a-pequena-escala-en-ontario/

Nicaragua

Empresa minera aprovecha crisis en Nicaragua

Autor: por Alfredo Carías , Acafremin.org
Conflicto Relacionado: oposición a mina La India

En medio de la crisis socio política que afronta Nicaragua la empresa minera «Cóndor Gold» aprovecha un supuesto tráfico de influencias, vacíos legales y logra obtener el permiso ambiental para continuar explotando los bienes naturales en la comunidad Santa Cruz de la India.

Ante esta situación la población de la comunidad de Mina La India, no reconocen el dudoso proceso de audiencia pública realizado por la empresa Cóndor Gold, en el que pretende validar la apertura de un tajo a cielo abierto aproximadamente a 600 metros en la zona, mismo que pondría en riesgo la seguridad de las familias que habitan actualmente en la zona.

“Una vez más la población de Santa Cruz de la india, no se rinde ni se vende, por eso decimos: fuera Cóndor Gold, nuestra conciencia es más fuerte a promesas falsas”, manifiesto Olman Varela representante del Movimiento Nacional Ambientalista frente a la Minería Industrial -MONAFMI.

A pesar del rechazo de la comunidad mostrado ante el proyecto minero, la empresa minera ha recibido el permiso ambiental por parte de las autoridades nicaragüenses para la construcción y operación de una planta de procesamiento que tendrá una capacidad de 2,800 toneladas por día, autorización considerada poco transparente por la comunidad.

En su oportunidad Heizel Torres oficial de minería del Centro Humboldt denuncio que el gobierno de Nicaragua modificó las normas ambientales en beneficio de las empresas mineras, con la eliminación de los procesos de estudio para el impacto ambiental, como se evidencia en este caso de la Mina la India.

Este acto arbitrario que ha realizado el gobierno violento el debido proceso que debe gozar la comunidad en establecer una consulta previa libre e informada y con consentimiento o no de la nuestra comunidad ante un proyecto extractivo que atenta contra la salud y los ecosistemas en la localidad.

En consecuencia, la población de Santa Cruz de la india, ha expresado su rechazo de la aprobación del permiso ambiental otorgado a la empresa minera Cóndor Gold y reiteraron la salida inmediata de esta empresa de la comunidad, emitido en un pronunciamiento público.

La resistencia de la comunidad Mina la India data desde el año 2015, desde que la empresa extractiva invadió la zona provocando un conflicto social entre los pobladores y la empresa misma, suscitándose enfrentamientos de protestas pacíficas, marchas masivas hasta persecución y criminalización de defensores ambientales por parte de las autoridades locales por órdenes de la compañía.

El conflicto social y ambiental ha trascendido a las instancias internacionales ante la denuncia interpuesta por MONAFMI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde expusieron que han sido son objeto de amenazas y hostigamiento por defender sus comunidades, dicha petición se produce frente a la falta de una resolución interna a la problemática por parte del Estado nicaragüense.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=284:empresa-minera-aprovecha-crisis-en-nicaragua&catid=19:nicaragua&idU=2&utm_source=newsletter_75&utm_medium=email&utm_campaign=comunidades-de-centroamerica-demandan-ser-consultadas-ante-proyectos-extractivos

Honduras

Pobladores se tomaron la carretera internacional CA-4 en la Unión, Copán

Autor: La Prensa / Acafremin.org

Pobladores del municipio de La Unión, Copán, se tomaron esta mañana la carretera internacional CA-4 que comunica con las fronteras de El Poy y Agua Caliente, en Ocotepeque, como medida de presión para que se desaloje al grupo de personas que impide que la empresa Minerales de Occidente (Minosa) extraiga oro en la zona.

 

La toma carretera se localizó exactamente a la altura del desvió hacia La Unión, a unos 40 kilómetros de Santa Rosa de Copán.

Para frenar el paso, los manifestantes colocaron llantas en diferentes puntos de la carretera y luego les prendieron fuego.

Algunos delos pobladores eran empleados de la minera y aseguraron que seguirán intensificando las protestas, ya que la minera ha amenazado con retirarse de este municipio.

Hace casi tres meses, una parte dónde la Minosa extrae oro, fue tomada por otros pobladores, quienes se opusieron a los trabajos de la mina.

Debido a la toma de esa fecha, Minerales de Occidente ha logrado trabajar en un 30 por ciento, por lo que suspendió a unos 200 empleados de la compañía por pérdidas económicas y no descarta cerrar operaciones en Honduras.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/?option=com_content&view=article&id=283:poblaodres-se-tomaron-la-caerretera-internacional-ca-4-en-la-union-copan&catid=18:honduras&idU=2&utm_source=newsletter_75&utm_medium=email&utm_campaign=comunidades-de-centroamerica-demandan-ser-consultadas-ante-proyectos-extractivos

Mexico

Caso de El Coronel evidencia la impunidad con que opera la industria minera: académico

Autor: MARTÍN CATALÁN LERMA Ljz.mx / Remamx.org

Hay un desfase en el último pago de la minera por concepto de predial, porque ha seguido comprando terrenos y los desembolsos eran por debajo de la superficie real que explota

Opina que Godezac y la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo

El caso de la mina El Coronel, propiedad de Carlos Slim, que no ha pagado el predial desde el año 2007 y, contrario a resarcir el adeudo, ha denunciado abuso de autoridad de parte del alcalde de Ojocaliente por realizarle el cobro, evidencia la impunidad con que opera la industria minera en el estado y el país, opinó Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

“Esto nos demuestra el enorme poder económico y político que rebasa fácilmente a cualquier ayuntamiento y la manera en que subordina a los gobiernos estatales, como Zacatecas”, expresó.

Según expuso, la modificación constitucional que promovió Carlos Salinas de Gortari en 1992 generó que la minería fuera declarada a nivel constitucional como una actividad prioritaria, por encima de cualquier otro interés, además que ha servido como un respaldo legal para el modelo extractivista.

Luego de esa modificación constitucional y con la implementación de una nueva ley minera, se expresaron legal y formalmente los intereses de las empresas mineras incluso por encima de cualquier otro interés.

El caso de la mina El Coronel muestra también una asimetría en el sentido de que el contribuyente más modesto de Ojocaliente debe pagar el predial año con año o de lo contrario puede ser objeto de alguna sanción, mientras que la minera de Carlos Slim actúa con total impunidad.

García Zamora refirió que hay un desfase en el último pago que hizo la minera por concepto de predial, pues la empresa ha seguido comprando terrenos y los pagos eran por debajo de la superficie real que explota.

Consideró que es una situación surrealista porque en lugar de cumplir con las obligaciones fiscales, que además son pocas, ha denunciado al alcalde por el hecho de cumplir con su función de hacer el cobro.

“Como sucede en Mazapil y Chalchihuites se ve la enorme contradicción del beneficio de miles de millones de dólares que se llevan las empresas canadienses y mexicanas, el daño ambiental que generan y la impunidad con la que funcionan”, puntualizó.

En Zacatecas, refirió que la minería ha contaminado el agua y el medio ambiente sin que haya alguna retribución para resarcir los pasivos, además que permanentemente evaden sus obligaciones fiscales con los ayuntamientos.

Indicó entonces que el problema que se ha presentado en Ojocaliente es también un problema del estado, porque demuestra la impunidad con que actúan las grandes corporaciones mexicanas y extranjeras en Zacatecas.

García Zamora manifestó que tanto el Gobierno del Estado como la Legislatura deben fijar una postura e intervenir, ya que las empresas mineras han desarrollado cierta capacidad para burlar el marco normativo.

“Esto es un cuestionamiento al Congreso del estado, al Poder Judicial del estado, porque hay esa impunidad y no han hecho nada. El gobierno de Miguel Alonso estaba totalmente subordinado a estas corporaciones y él se autoengañaba diciendo que esta era la alternativa para el desarrollo de Zacatecas, lo que durante 470 años se ha demostrado que es una falacia”, agregó.

Señaló entonces que para Zacatecas ha sido una maldición contar con recursos minerales, porque durante siglos solamente ha significado extracción de los minerales, destrucción de los territorios, expulsión de la población, violación de la cohesión social y la subordinación de las instituciones.

El académico concluyó que la minería es un terreno desértico donde no hay institucionalidad ni leyes y solamente prevalece la impunidad del saqueo, hay en el caso de Ojo caliente, demuestra la impunidad y la soberbia del gran capital. En consecuencia, “va a ser muy difícil que se avance en la Cuarta Transformación de la que habla López Obrador si no hay un verdadero cambio en el Estado mexicano”.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/caso-de-el-coronel-evidencia-la-impunidad-con-que-opera-la-industria-minera-academico/