El pasado 7 de octubre, nuevamente ocurrió un derrame minero, esta vez de la presa de jales del proyecto minero “San José”, perteneciente a la empresa minera Cuzcatlán S.A. de C.V, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Este derrame contamina el río del Coyote, principal fuente de recarga del pozo, en el cual se abastece de agua la población del municipio de San José del Progreso, que colinda con el territorio de Magdalena Ocotlán, estado de Oaxaca, además de poner en riesgo a otras 5 comunidades usuarias del mismo río.
Se trata de la misma empresa minera en donde recurrentemente provoca violaciones, trasgresiones y afectaciones a la población de San José del Progreso, mismas que han sido denunciadas desde sus inicios y que, desde entonces, continua operando en total impunidad y acrecentando graves daños ambientales y sociales, corrompiendo a diversas autoridades e incluso imponiendo grupos de paramilitares, que por supuesto han contribuido en los asesinatos de Bernardo Vásquez Sánchez y Bernardo Méndez Vásquez (2012).
Desde la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería, nos solidarizamos con la población de las comunidades de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán y el resto de las comunidades afectadas por este siniestro, el cual sin duda, pone en riesgo la vida, destruye los ecosistemás y atenta contra el territorio, mostrando una vez más, la total responsabilidad que tienen las empresas extractivas, así como desnuda y evidencia la complicidad de las autoridades estatales y federales que claramente operan encontra de las comunidades y los ecosistemas, tal como lo muestra la nota de prensa en donde PROFEPA ya ha salido a minimizar o desviar la atención de los daños.
Hacemos nuestras, cada una de las demandas y denuncias que emiten las y los habitantes de Magdalena Ocotlán. Invitamos a toda la población de Oaxaca y de México a visibilizar esta nueva afrenta contra la vida y llevar hasta las ultimas consecuencias la investigacion de este caso para que no quede impune como tantos otros que se han producido en el país, mismos que han sido solapados por la PROFEPA y la SEMARNAT, entre otras instituciones gubernamentales.
Nos sumamos a las exigencias para la cancelacion inmediata del proyecto minero “San José”. A la vez que pronunciamos nuestro repudio para los gobiernos actuales participes de la destrucción del territorio nacional. Al mismo tiempo que al próximo gobierno, le manifestamos que noticias como está, agregadas a la larguisima lista de otros desastres humanos y ambientales generados por las empresas mineras, son las que nos ratifican que los megaproyectos mineros son una terrible amenaza para la vida de los pueblos, además de atentar contra lo más presiado de los territorios de nuestro país y de ninguna manera son progreso y desarrollo.
En consecuencia, reafirmamos nuestra convicción de continuar luchando con todo lo que esté a nuestro alcance en las leyes, haciendo uso de nuestros derechos, ratificando la libre determinación que como pueblos tenemos para definir nuestro destino y no el que quieren ustedes. Todo junto sólo significa una cosa:
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
A t e n t a m e n t e,
Red Mexicana de Afectad@s por la Minería
Fuente:http://www.remamx.org/2018/10/comunicado-rema-la-mineria-contamina-corrompe-y-mata/
Una de las muchas bondades de Venezuela son sus místicos paisajes naturales, varios de ellos declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por su inigualable belleza y exótica fauna y flora, hoy en día amenazadas por prácticas ilegales y la inacción del gobierno.
Los ambientalistas del departamento del Tolima se mostraron sorprendidos y hasta ‘preocupados’ luego que la Corte Constitucional resolviera una tutela a favor de la multinacional Mansarovar Energy, la cual pedía se tumbara una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, que permitió que siguiera adelante una consulta popular que terminó frenando la extracción de petróleo en 
Un grupo de representantes de varias comunidades del Estado de Morelos se pronunciaron este jueves porque el Gobierno Federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, cancele todo los proyectos de minería en la entidad.
Ginebra, 
Diez días de caminata por el agua, la vida y en defensa de los territorios indígenas. Es 
Con tristeza, el Comité de la Consulta Popular contra la minería en Córdoba recibió la noticia del fallo de la Corte Constitucional que «inhabilita» las consultas para prohibir la minería en los territorios.
La Corte Constitucional determinó que las consultas populares no pueden frenar proyectos de minería extractiva en donde se realizan porque el subsuelo es propiedad del Estado, decisión que no afecta a las que ya se hicieron.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 9 de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Como era de esperarse, la Cámara Minera de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura han salido a la palestra pública señalando que la ley es inconstitucional, más no el contrato. Eso no nos sorprende en lo absoluto, pues dichos gremios tienen como norte la promoción de los negocios y la inversión. Sin embargo, tenemos al ministro de Comercio e Industrias que velozmente se reúne a puerta cerrada con el sector minero y publica un comunicado mediante el cual señala que el fallo solamente afecta la ley declarada inconstitucional, más no el contrato, resaltando que es prioritario defender la seguridad jurídica de la inversión. Con igual opinión y rápidamente se manifestó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, desconociendo con ello su deber básico e irrenunciable como servidores públicos de cumplir y hacer cumplir la ley.
Poco a poco, el fondo marino de la Ensenada de Chapaco comenzó a cubrirse con un manto arenoso. Héctor Zuleta ya no podía mariscar entre las cuevas, los cerros y los bosques, que “al igual como existen en la tierra, existen en el mar” porque “todo eso quedó tapado” y los pescadores y mariscadores tuvieron que ir a buscar otros lugares donde trabajar. Cuando Héctor Zuleta escuchó decir a la autoridad ambiental que “tal disminución de recursos puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”, él solo confirmo algo que ya sospechaba.