Colombia

Gobierno quiere hacerle mico a consultas populares con el presupuesto general de la Nación

La Misión de Observación Electoral (MOE), denunció un posible ‘mico’ que se habría metido a última hora en el presupuesto general de la Nación. Se trata de un artículo que dictaminaría que las consultas populares serán financiadas por los municipios y departamentos y no por el Gobierno y la Registraduría, hecho que para la MOE, podría acabar con este mecanismo democrático.

Felipe Jiménez, integrante de la MOE, aseguró que el Gobierno junto con algunos congresistas, se pusieron de acuerdo para meter un artículo que afirma que, «de ahora en adelante, las consultas populares departamentales y municipales, deberán ser costeadas y financiadas por los municipios y departamentos», provocando que la gran mayoría de consultas no se puedan realizar, porque los entes territoriales no tendrían ni los recursos, ni los incentivos para costear estos mecanismos.

Además, Jimenéz expresó que este artículo, derrumbaría un proceso democrático, debido a que la puesta en marcha de las consultas populares se vería supeditada a los intereses de las alcaldías y si estas no quisieran hacerlas, podrían excusarse en la falta de recursos para no llevarlas acabo.

El conejo a la participación social

Para Jimenéz, que este artículo se haya metido a última hora en el Presupuesto General de la Nación (PGN) genera «mala espina» y puede interpretarse como una oportunidad para hacerle «conejo a la participación ciudadana».

En esa medida, aseveró que la democracia tiene un costo y hay que asumirlo, «porque de lo contrario se estaría limitando la participación y haciendo caso omiso a los deberes y derechos que están consagrados en la Constitución». (Le puede interesar: «¿Por qué las Consultas Populares están en riesgo?»)

Asimismo, recordó que el PGN será prontamente votado en plenaria de Senado y Cámara, razón por la cual organizaciones sociales deberán hacer un gran trabajo de incidencia para que se retire este artículo que sería perjudicial para la democracia del país.

¿Cómo financiar consultas populares, economizando costos?

La MOE manifestó que el principal argumento de los congresistas y del gobierno para colocar este artículo es que no se sabe cuánto presupuesto se necesita en Colombia para financiar las consultas, porque no se puede establecer cuántas se realizarán.

Sin embargo, Jiménez sostuvo que si se generaran fechas específicas para realizar las consultas, es decir, un día semestralmente en que se convoquen las consultas aprobadas, se podría ahorrar costos y establecer un presupuesto mucho más concreto para este mecanismo. (Le puede interesar: «¿Qué pasará con las consultas populares en Colombia?»).

Brasil

La tala ilegal y la minería amenazan a una comunidad del río Amazonas

En Brasil, las comunidades indígenas están luchando por sus tierras frente a la amenaza de las grandes empresas, la minería y la destrucción del medio ambiente. En algunos casos, su propia supervivencia está en juego.

A principios de 2018, Ageu Lobo Perreira se encontraba huyendo. Había recibido la noticia de que su vida y la de otros dos miembros de la comunidad tradicional de la ribera del Amazonas que dirige, estaban en peligro.

La advertencia se produjo después de que  Lobo Perreira y otras personas del asentamiento de Montanha y Mangabal, que se encuentra disperso a lo largo del río Tapajos, cerca de la ciudad de Itaituba, al norte de Brasil, se dispusieran a marcar los límites reconocidos por el gobierno de su comunidad.

Fue entonces cuando encontraron evidencia de minería ilegal en sus tierras, incluyendo la contaminación del agua por residuos producidos por la extracción de oro. Según Lobo Perreira, los mineros vieron el proceso de demarcación como una amenaza para su sustento y enviaron un mensaje diciendo que matarían a los líderes comunitarios que se interpusieran en el camino de sus actividades.

«En la primera etapa del proceso, nos vimos enfrentados a leñadores ilegales”, cuenta el líder de la comunidad. «En la segunda, nos enfrentamos a los mineros artesanales. Vieron que sus actividades ya no eran viables, así que empezaron a amenazarnos”.

Lobo Perreira pasó un mes escondido, durante el cual la policía federal comenzó a interrogar a los mineros artesanales. Esto aumentó las tensiones. Tras su regreso, la comunidad presentó un informe sobre la situación ante las autoridades brasileñas en un intento de obtener ayuda.

«Les hemos pedido controles e investigaciones y esperamos que tomen cartas en el asunto”, dice Lobo Perreira, añadiendo que la agencia gubernamental responsable de la titulación de tierras, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) de Brasil, no ha cumplido con su «obligación de marcar el territorio”. Eso hace que la ya aislada comunidad sea aún más vulnerable.

Caza y recolección de tradiciones

La minería ha sido parte integral del estado de Pará, donde se encuentra la comunidad de Montanha y Mangabal, desde que la fiebre del oro de los años 80 hiciera estragos en el paisaje.

Aunque la época en la que cientos de hombres entraban en tropel en las minas a cielo abierto saqueando la tierra, capturada en sorprendentes imágenes por el fotógrafo Sebastiao Salgado, ha pasado a la historia, los investigadores y lugareños todavía observan contaminación en los ríos causada por las actividades mineras de hoy en día.

«La minería con máquinas tiene consecuencias trágicas”, dice Lobo Perreira sobre el impacto de la maquinaria, como las excavadoras y dragas utilizadas en la minería a gran escala, en el bosque, que alberga animales como tapires y jaguares.

Incluso la minería artesanal a pequeña escala tiene un impacto sobre el medio ambiente y la salud humana.

«Hoy en día, el oro fino que está apareciendo se obtiene mejor usando mercurio”, explica José Pacheco Peleja, que coordina el laboratorio de biología ambiental de la Universidad Federal del Oeste de Pará.

Cuando se emplea mercurio para ayudar a separar el oro de otros materiales, éste puede filtrarse al suelo y al agua, contaminando así el suministro de alimentos. Una exposición prolongada al mercurio puede causar deterioro cognitivo.

Aumentan los asesinatos

En 2013, Incra declaró a la comunidad de Montanha y Mangabal como un asentamiento de actividad agraria y de extracción. Los residentes habían luchado durante mucho tiempo por ese reconocimiento, que les permite tener derechos sobre sus tierras ancestrales, así como continuar con sus actividades tradicionales de caza, pesca y recolección. Los miembros de la comunidad afirman que no se dedican a la minería.

Sin embargo, critican que tienen poca protección y que se han visto obligados a defenderse de las amenazas violentas de la industria agraria, minera y maderera. Especialmente desde que en 2017 se recortaran los fondos para la Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano del Gobierno brasileño que establece y desarrolla políticas relacionadas con los pueblos indígenas, así como para la oficina de protección del medio ambiente.

La historia se repite en todo el país. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, dirigida por la Iglesia Católica, y que hace un seguimiento de los asesinatos asociados a los conflictos por la tierra, 2017 fue uno de los año más violentos, con un aumento del 15 por ciento en los asesinatos comparado con 2016. El estado de Pará fue el más violento, con 21 personas asesinadas como resultado de las tensiones relacionadas con la propiedad de la tierra.

La policía federal, que se encarga de los reclamos del uso ilegal de la tierra y del allanamiento de morada, se niega a comentar esta historia. No obstante, Incra afirma haber estado trabajando en la demarcación de la tierra. Todavía quedan 30 kilómetros de frontera por establecer. Estos esfuerzos deberían reanudarse en octubre, según la agencia.

También está estudiando la comunidad de Montanha y Mangabal para catalogar sus estructuras existentes, como casas y bienes, así como a sus habitantes. Hasta ahora, ha identificado cinco mineros que no formaban parte de la comunidad.

Conflicto profundamente arraigado

Establecer los límites no resolverá todos los problemas de la comunidad, particularmente cuando los nuevos proyectos de infraestructura importantes chocan con los derechos de la tierra de la comunidad y tienen un impacto sobre el medio ambiente, según Marco Antonio Silva Lima, director de ciencia y tecnología del Departamento de Educación de Pará.

«Estos conflictos son históricos”, aclara Silva Lima a DW. «Lo que está sucediendo ahora es que hay una gran inversión en sistemas logísticos para mandar soja por barco y construir represas hidroeléctricas. Esto está empeorando los conflictos que ya existían. Es realmente preocupante”, explica.

Brasil planea construir varias represas más en la cuenca del río Tapajos, a pesar de la resistencia de grupos conservacionistas e indígenas a los proyectos que, según ellos, inundarían un ecosistema rico en vida vegetal y animal.

Mientras tanto, Silva Lima cree que una manera de proteger a los grupos indígenas sería establecer un plan de desarrollo estratégico para la región de Tapajos, creando empleos alternativos para los mineros artesanales y los leñadores.

«En mi opinión, esto tendría que involucrar a las entidades estatales, locales y federales, así como a las comunidades tradicionales, a fin de establecer mecanismos de diálogo”, afirma Silva Lima, quien añade que es primordial para la supervivencia de estas comunidades, que sus voces sean escuchadas por las empresas y el gobierno.

Fuente:https://www.dw.com/es/la-tala-ilegal-y-la-miner%C3%ADa-amenazan-a-una-comunidad-del-r%C3%ADo-amazonas/a-45729661

Internacional

Presentan alegaciones a la explotación minera Gato Montés de Alconchel.

El proyecto minero afecta a la Z.E.C. Sierras de Alor y Monte Longo, a la que fracturará en dos zonas aisladas, arruinando su equilibrio ecológico y convirtiendo un paisaje extraordinario en una zona devastada.

La tramitación de la solicitud de explotación adolece de múltiples y graves irregularidades en lo relativo a información y participación pública, así como  incompatibilidades con la ordenación urbanística, el desarrollo social sostenible y la economía local.

 Este proyecto es uno más de los muchos que la administración extremeña está tramitando actualmente y se enmarca dentro de un boom de la minería en España que ha llevado a Ecologistas en Acción a crear un Grupo de Minería a nivel estatal para hacer frente a la creciente amenaza de las multinacionales mineras en su intento de abrir explotaciones a cielo abierto en todo el territorio nacional.

El proyecto de explotación minera “Gato Montés” tiene una superficie de  2987,31 has. y en él se contempla, además de la propia corta a cielo abierto, la instalación de una planta de tratamiento, escombreras, balsas de decantación, desvío del cauce de dos arroyos y de caminos públicos.

Todas estas actuaciones tan agresivas se localizan en la parte central de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierras de Alor y Monte Longo y la fragmenta en dos zonas separadas, lo que supondrá una grave alteración del equilibrio ecológico de un espacio de gran valor en lo referente a biodiversidad, pues en él se pueden encontrar seis tipos de hábitat diferentes que albergan 42 especies animales y 7 vegetales con algún tipo de protección.

En este aspecto, el proyecto presenta múltiples incumplimientos e insuficiencias en la valoración de las afecciones que tendrá en el medio natural (Red Natura 200) y el patrimonio cultural, además de incompatibilidades con la ordenación urbanística, el desarrollo social sostenible y la economía local.

También se han apreciado numerosas irregularidades en la tramitación que la Junta de Extremadura ha hecho de la solicitud de explotación de la mina. Las más graves de ellas se refieren al proceso de información pública, ya que se omite que la concesión afecta a tres términos municipales (Olivenza, Táliga y Alconchel) y no sólo a este último, por lo que se ha producido una ausencia de notificación a gran parte de las personas vecinas afectadas por ser colindantes o muy próximas a la explotación, además de haber una falta de difusión de la documentación sometida a información pública.

En este sentido Ecologistas en Acción de Extremadura advierte de las graves consecuencias que de ella se derivarían para el futuro económico de las localidades de la zona. Los esfuerzos que tanto el Gobierno regional como los Ayuntamientos están realizando por fomentar el turismo de naturaleza y paisaje en el entorno de Alqueva, quedarían arruinados con la transformación de un paisaje natural a uno industrial y la consecuente pérdida de atractivo para potenciales visitantes. Baste recordar que la zona de explotación minera se localiza a menos de 500 metros del Castillo de Miraflores de Alconchel, lugar que se intenta posicionar como referente del astroturismo en Extremadura y que perdería gran parte de su interés para el turismo de observación de estrellas al igual que para el propio turismo cultural.

Con esto, si la Junta de Extremadura aprobara este proyecto, entraría en contradicción con su propia Estrategia 2030 de Economía Verde y Circular que tanto se esfuerza en promocionar.

Ecologistas en Acción alerta que estamos ante un ‘boom’ de la minería en España, diseñada en despachos de la Bolsa, sustentada por gobiernos de todo tipo e ideada para la continua especulación. El proyecto de Alconchel es uno de los muchos proyectos de minería a cielo abierto que han sido solicitados en el territorio español por multinacionales mineras.

Y denuncia que la causa de esta concesión sistémica de licencias mineras es la confluencia de una ley de minas pre-democrática que incentiva la compra-venta de derechos, proyectos y autorizaciones con el servilismo administrativo de los gobiernos autonómicos y el activismo especulador de especialistas  internacionales mientras que, al final, son las comunidades locales, la economía rural y el entorno natural los grandes damnificados de esta nueva minería.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Fuente:https://digitalextremadura.com/presentan-alegaciones-a-la-explotacion-minera-gato-montes-de-alconchel/

Panamá

Estado de derecho, seguridad jurídica y caso Minera Petaquilla

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley No. 9 de 1997, por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Como era de esperarse, la Cámara Minera de Panamá y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura han salido a la palestra pública señalando que la ley es inconstitucional, más no el contrato. Eso no nos sorprende en lo absoluto, pues dichos gremios tienen como norte la promoción de los negocios y la inversión. Sin embargo, tenemos al ministro de Comercio e Industrias que velozmente se reúne a puerta cerrada con el sector minero y publica un comunicado mediante el cual señala que el fallo solamente afecta la ley declarada inconstitucional, más no el contrato, resaltando que es prioritario defender la seguridad jurídica de la inversión. Con igual opinión y rápidamente se manifestó el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, desconociendo con ello su deber básico e irrenunciable como servidores públicos de cumplir y hacer cumplir la ley.

Se entiende por Estado de derecho a la forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de reglamentos a fin de garantizar el principio de legalidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

No existe Estado de derecho cuando el Órgano Legislativo actúa desde una posición partidista o cuando el Órgano Ejecutivo actúa desde una perspectiva personal, violando la legislación, desconociendo los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia y generando disconformidad en la ciudadanía. Todas las personas debemos cumplir las leyes vigentes, incluidas las autoridades, por muy alto que sea su cargo. Ambos ministros parecen haber olvidado que la seguridad jurídica de la inversión que defienden a ultranza nunca puede ir por encima de la Constitución. Existe un principio elemental en el derecho, que por encima de los contratos, e incluso por encima de la propia ley, está la Constitución Política, al grado de que ningún contrato puede celebrarse contraviniendo sus preceptos y aunque no suela hablarse del control de constitucionalidad de los contratos, esta es una consecuencia inevitable del principio de supremacía de la Constitución. Estamos conscientes de que la decisión de la Corte Suprema de Justicia trae aparejada una secuela compleja de efectos jurídicos y situaciones que merecen un profundo análisis y que deben ser resueltas sabiamente, pero en ningún momento debemos ignorar que tenemos la obligación de ser respetuosos del Estado de derecho y la Constitución.

Urge modernizar nuestro Código Minero de 1963, especialmente en lo concerniente a la garantía en los planes de cierre de la mina y el establecimiento de áreas que deben ser cerradas a la minería, como las áreas protegidas y zonas de recarga acuífera. El caso de Minera Petaquilla es un ejemplo de lo que nunca más debe volver a repetirse en nuestro país.

Fuente:https://www.prensa.com/opinion/derecho-seguridad-juridica-Minera-Petaquilla_0_5135486472.html

Mexico

Logran pueblos frenar proyectos de mineras

Indígenas nahuas de la Sierra Norte de Puebla ganaron un amparo que ordena el alto de actividades por parte de tres concesiones mineras ubicadas en los municipios de Tlatlauquitepec, Yahonoahua y Cuetzalan, resolución que, además, sienta un precedente para otras causas similares en el territorio poblano, según información confiada por indígenas consultados.

A través de un comunicado difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos) la noche del pasado domingo, los promotores de esta causa señalaron que el pasado 26 de septiembre, integrantes del pueblo maseual obtuvieron un amparo y protección de la justicia, en contra de las concesiones mineras.

De esta forma, las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, ya no tienen efecto e los tres municipios ya mencionados, luego de la resolución del juzgado quinto de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla, que concedió el amparo y protección de la justicia al pueblo maseual.

La sentencia ordena a la Secretaría de Economía dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; también ordena llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y, por último, emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

En la sentencia, el juzgado reconoció el ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo de la comunidad de la Sierra Norte de Puebla.

Asimismo, con base en el peritaje en impacto ambiental, la jueza reconoció que la actividad minera “conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación (sic) de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje”.

Desde marzo del 2015 el pueblo maseual interpuso esta demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.

La decisión de interponer esta demanda de amparo fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México.

«Este fallo judicial deja en claro que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y modificados, pues es imprescindible que: se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y no se interfiera con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados”, destacó la fuente.

Fuente:https://www.elpopular.mx/2018/10/01/municipios/logran-pueblos-frenar-proyectos-de-mineras-190713

 

Mexico

Mineras aprovecharían transición para obtener permisos de SEMARNAT

La empresa minera Candelaria Mining Group podría aprovechar el “vacío de poder” para buscar el permiso que le permita la explotación minera en Veracruz, denunció el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (La Vida), Guillermo Rodríguez Curiel.

El activista ambiental Guillermo Rodriguez señaló que la empresa canadiense aprovecharía el tiempo del cambio de administración para que su trámite pase desapercibido y no sea suspendido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

La empresa realizó una solicitud – mediante una de sus filiales- para la barrendación y búsqueda de este mineral

“Ingresas la solicitud y corre la ley a partir de eso, y en ese tránsito es que se puede dar un albazo y que nos levantemos con la sorpresa de que el actual secretario de SEMARNAT firme para entregar todos los bienes como lo hizo Peña Nieto con los decretos del agua”, aseguró.

Esto luego de conocerse que la empresa Roca Verde Exploración de México SA de CV, filial de Gold Group, solicitó a SEMARNAT un permiso para la barrendación en búsqueda de oro en el municipio de Las Minas.

Además recordó que en dos ocasiones la sociedad civil, científicos, académicos e incluso la iglesia católica han mostrado que Veracruz no es viable para los trabajos de minería, pues en la zona que se pretende instalar existe una biodiversidad de 350 especies de flora y fauna.

El cabildo de Alto Lucero mencionó que tampoco darán facilidades para la explotación con fines de lucro de agua

Aunado a ello 17 municipios veracruzanos se han pronunciado libres de minería tóxica, además se está en espera que otros tres ayuntamientos se sumen a esta causa.

En el mismo sentido, mencionó que el próximo 4 de octubre se reunirán con el gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez para solicitarle que toda la entidad se pronuncie libre de minería tóxica.

Una de las voces que se han declarado en contra de la explotación minera es el escritor y periodista Juan Villoro, quien criticó a los gobiernos locales, quienes aseguró, son cómplices de las empresas norteamericanas al permitir su establecimiento en zonas que dañan a la naturaleza a cambio de ganancias a corto plazo, pero «terribles para el futuro».

Fuente:http://www.e-veracruz.mx/nota/2018-09-30/ecologia/mineras-aprovecharian-transicion-para-obtener-permisos-de-semarnat

Mexico

Amparan a comunidades indígenas de la Sierra Nororiental de Puebla contra mineras

La sentencia sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas

Integrantes del Pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que inciden principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan.

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla concedió el pasado 26 de septiembre la protección de la justicia a las comunidades de esa región, lo cual sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.

En marzo del 2015, el Pueblo Maseual interpuso dicha demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.

La decisión de interponer esta demanda de amparo, fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México.

Después de varios años de litigio, el pueblo maseual obtuvo una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía: (I) dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; (II) llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y (III) emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

En septiembre de 2014, tres mil indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía y encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa del territorio.

Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.

En la sentencia, el Juzgado reconoció tal ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo del Pueblo Maseual.

Con base en el peritaje en impacto ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera:

«conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje».

Fuente:https://megalopolismx.com/noticia/44970/amparan-a-comunidades-indigenas-de-la-sierra-nororiental-de-puebla-contra-mineras

Perú

“Río Blanco debe respetar normas legales y ambientales”

Piura. El proyecto minero Río Blanco, ubicado en Ayabaca y Huancabamba, se encuentra nuevamente sobre el tapete, generando reacciones favorables y adversas por considerarse un tema bastante delicado en su tratamiento.

El presidente de la Cámara de Comercio (Camco) de Piura, Ricardo Álvarez Elías, sostuvo que si respetan las normas legales, técnicas y ambientales como todo proyecto de inversión, debe ser bienvenido.

Sin embargo, señaló que para tener éxito en su ejecución es necesario hacer un buen trabajo de información con las comunidades, ciudadanía, así como efectuar mesas de concertación y talleres.

“Nadie en su sano juicio va a permitir que un proyecto minero pueda llevarse adelante si se afecta la salud y vida de las personas. Nadie en su sano juicio va a aprobar esto”, sentenció el representante de los empresarios.

Consideró que toda inversión puede ser viable si se trabaja de manera eficiente, eficaz y adecuadamente. Aseveró que el proyecto no solo es la empresa o el Estado, quien debe tener no solo una presencia muy poderosa, sino también es la ciudadanía o las comunidades que viven alrededor de este plan minero.

Por ese motivo afirmó que ellos necesitan saber en qué consiste esta obra, cómo se va a desarrollar y si los va a favorecer cuando la actividad culmine. Álvarez opinó que debe haber un proyecto de sostenibilidad en el lugar donde se desarrolla.

Para trabajar bien todo esto, indicó que es necesaria una buena disposición y voluntad de las partes involucradas como el inversionista, el minero, el Estado, las comunidades por medio de las mesas de concertación y los talleres.

El presidente de la Camco señaló que si se logran acuerdos mancomunados se podrá contar con la licencia social. Agregó que el proyecto minero Río Blanco debe involucrar a todos los sectores y el permiso social estaría dándose de manera automática.

Puntualizó que el proyecto minero podría salir adelante si la población o las comunidades están de acuerdo, así como también se respete el medio ambiente o se minimicen los daños ambientales, sino no sería viable.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1328238-rio-blanco-debe-respetar-normas-legales-ambientales?ref=linkcuerpo

Perú

Agricultores acusan a minera por envenenarlos con agua contaminada

La Libertad. Comuneros de Shiracmaca y Caserío Toro piden apoyo para que empresa Los Andes Perú Gold SAC limpie el agua que viene contaminando con el derrame de lama de la minera.

“A nuestros niños los contaminamos con estos alimentos. Mi mamá está postrada en una cama por culpa de la minería. Hacen meses que está el agua igual, se han muerto 3 vacas y nadie hace nada“, denunció una ciudadana en un vídeo publicado en Facebook.

La minera Los Andes Perú Gold SAC viene trabajando en la zona desde hace un año, desde entonces, los comuneros de Shiracmaca y el Caserío Toro, en La Libertad, se ven afectados por la contaminación que propina la empresa.

“Que se comprometan a limpiarnos nuestra agua, porque es esta la que abastece para nuestros alimentos. Se ve amarilla el agua por causa de la contaminación.”, añade la mujer.

En el vídeo se puede observar que la poca agua que llega tiene un color muy oscuro, mostaza. Al parecer, ésta estaría siendo contaminada por la minera Los Andes Perú, quienes realizan trabajos algunos kilómetros arriba de los pueblos.

“Todo se está secando. La papá, la cebolla la yerba, todo se muere por el agua”, manifiesta un poblador.

Los agricultores piden apoyo a las autoridades y medios de comunicación para dar a conocer el caso y para que la situación en la que se encuentran mejore, ya que consideran que los están envenenando al tener que tomar esa agua.

Según la denunciante, esta no es la primera vez que se quejan por la contaminación que genera la empresa, sino que, en otro momento, los ingenieros han llegado al lugar para prometer que la situación cambiará, pero nunca limpian el agua.

La redacción intentó comunicarse con la empresa, pero no se encontró un número para poder contactarlos. Esperamos que puedan realizar su descargo a través de nuestra plataforma de WhatsApp 941 000 000.

Fuente:https://larepublica.pe/reportero-ciudadano/1328777-libertad-agricultores-acusan-minera-envenenarlos-agua-contaminada

Mexico

Ganan amparo contra tres concesiones mineras en Sierra Norte de Puebla

Integrantes del Pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que inciden principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan; informó Altepetajpianij Consejo Maseual.

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla concedió el pasado 26 de septiembre la protección de la justicia a las comunidades de esa región, lo cual sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.

En marzo del 2015, el Pueblo Maseual interpuso dicha demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.

La decisión de interponer esta demanda de amparo, fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México.

Después de varios años de litigio, el pueblo maseual obtuvo una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía:

(I) dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería;

(II) llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y,

(III) emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.

En septiembre de 2014, tres mil indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía y encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa del territorio.

Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.

En la sentencia, el Juzgado reconoció tal ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo del Pueblo Maseual.

Con base en el peritaje en impacto ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera:

“conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje”.

Para el Consejo Maseual “la sentencia sienta un precedente importante respecto a la minería en territorios indígenas”.

Los defensores de los pueblos indígenas  señalaron que “el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y para no interferir con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados”.

Subrayaron que este “fallo judicial deja en claro que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y revisado, pues es imprescindible que:

1.- Se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables;

2.-No se interfiera con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados”.

Igualmente este fallo “se una a otras decisiones del Poder Judicial de la Federación, que han contribuido a la construcción del Estado pluricultural en México y que los poderes Legislativos y Ejecutivos están llamados a atender”; precisaron.

 

Fuente:https://regeneracion.mx/ganan-amparo-contra-mineras-en-sierra-norte-de-puebla/