Un equipo de quince personas entre contadores y abogados que ocupan el segundo piso del edificio El Damero, en la cuadra cinco de jirón Carabaya del Centro de Lima, revisa a puertas cerradas, cientos de papeles con información contable y financiera sobre esquemas opacos de grandes compañías para pagar menos impuestos al Estado. Entre esta documentación, este equipo que forma parte de la Gerencia de Fiscalización Internacional y Precios de Transferencia de Sunat, detectó que compañías que pertenecen al mismo grupo empresarial modificaron precios de sus transacciones en el exterior por un monto de S/. 600 millones hasta noviembre de 2018.

Pero los nombres de las compañías y sus operaciones comerciales sospechosas de exportación permanecen en secreto debido a la reserva tributaria. La mayoría de las cien auditorías realizadas por este equipo especial de Sunat corresponden a grandes empresas que la institución llama los Prico: Principales Contribuyentes, y entre las cuales aparecen compañías mineras de grupos multinacionales.

Para echar luces sobre estos mecanismos oscuros, Convoca.pe revisó más de cien resoluciones del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Minas, y detectó los mecanismos usados por cinco importantes compañías mineras para reducir el pago de impuestos. Al menos cuatro de estos casos revelan operaciones opacas por más de S/.15 millones.

Entre estos esquemas, figuran supuestos servicios desde el exterior acreditados como gastos para pagar menos tributos, la aparición de factores externos como la humedad o la ‘merma’ (reducción del mineral durante el transporte), para modificar el precio final de venta, el uso de comisiones por transacciones en el exterior entre las compañías del mismo grupo empresarial o préstamos contraídos por la empresa peruana a sugerencia de la casa matriz con comisiones e intereses que reducen la carga tributaria en el Perú.

Algunas de estas operaciones comerciales que fueron cuestionadas por Sunat y llevadas al Tribunal Fiscal corresponde a la minera Southern Perú Copper Corporation, cuya matriz Southern Copper se encuentra en Arizona, Estados Unidos; la Minera Cerro Verde, principal exportadora de cobre que opera en el distrito de Uchumayo, Arequipa;  la empresa minera Los Quenuales, una filial de Glencore Finance que opera las minas de Iscaycruz y Yauliyacu en la sierra de Lima; la compañía minera Doe Run cuyo centro de producción se encuentra en La Oroya, Junín, ahora bajo control de una Junta de Acreedores; Antamina, otra gran exportadora de cobre de propiedad de Glencore cuyo principal centro de operaciones se ubica en el distrito de San Marcos, Ancash.

Las infracciones por malos manejos detectadas por Sunat en contra de Southern Perú Cooper Corporation y Cerro Verde fueron ratificadas por el Tribunal Fiscal. En los otros tres casos, esta instancia decidió a favor de las empresas a pesar de las evidencias presentadas por el ente recaudador, incluido el caso de la cuestionada compañía Doe Run. En cada resolución del Tribunal Fiscal participan tres vocales. En los cinco casos analizados para este reportaje, intervinieron 11 vocales (algunos se repiten en distintos casos). Diez de ellos aún se mantienen en el cargo desde, por lo menos, 2010.

Las transacciones de estas compañías observadas por Sunat son descritas en resoluciones del Tribunal Fiscal que datan entre 2009 y 2017, pero que se remontan a hechos que ocurrieron entre 2002 a 2005 debido a que los procesos sancionadores por infracciones tributarias pueden demorar hasta 10 años en resolverse en esta instancia bajo el secreto tributario. Los nombres de las compañías y sus registros únicos tributarios (RUC) son tachados en estas resoluciones. Sin embargo, el cruce de información y proceso de verificación nos permitió identificar los casos y los esquemas oscuros.

Uno de ellos es el caso de Southern Peru Copper Corporation, que opera desde los años noventa en el sur del país. En setiembre de 2009 analistas de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la Sunat (Prico) determinaron que la minera había realizado operaciones comerciales sospechosas entre los años 2003 y 2005. Una de ellas era la declaración de pagos efectuados en 2003 por servicios de consultoría y asesoría técnica ofrecidos por una empresa asociada al grupo empresarial Southern domiciliada en México:  SAASA o Servicios de Apoyo Administrativos S.A.

La empresa SAASA tenía como presidente a Germán Larrea Mota Velasco, un magnate minero y actual director ejecutivo del Grupo México, considerado como la corporación minera más grande de México y la tercera productora de cobre más grande del mundo, a la cual pertenece también Southern Copper Corp, matriz de Southern Perú Corp.

Según un contrato firmado, en noviembre de 2000, entre Larrea Mota y el presidente de la filial peruana, Óscar Gonzales Rocha, la mexicana SAASA cobraría un total de siete millones de dólares por servicios de financiamiento y de asesoría legal y corporativa a su asociada.

Los auditores de Sunat establecieron que Southern Perú había entregado documentación genérica que no acreditaba en forma fehaciente el valor real de esos servicios por lo que no justificaba que el monto fijado debía ser deducido de los gastos para reducir el pago del impuesto a la renta.

La observación sobre los servicios ofrecida por SAASA fue llevada al Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas por Southern Perú. La compañía presentó el informe ‘Estudio de Precios de Transferencia’, elaborado por la auditora internacional Ernst & Young, que observó que esos “pagos por concepto de servicios realizado por parte de SAASA cumplían con el principio de libre concurrencia”, es decir, con los principios del libre mercado.

Luego de un año de litigio, los tres vocales del Tribunal Fiscal confirmaron la infracción impuesta a Southern Perú por Intendencia Nacional de Grandes Contribuyentes con una resolución del 21 de julio de 2010.

Dos años antes de que la operación fuera detectada por Sunat, en 2007 funcionarios de la administración tributaria de los Estados Unidos, el Servicio de Rentas Internas (IRS), también objetó el valor de los servicios provistos por la compañía afiliada a la matriz, Southern Copper Corporation. Incluso buscó desaprobar una porción de los honorarios pagados, tal como reconoció la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de ese país.

Campamento de la minera Los Quenuales, en la sierra de Lima

Millones bajo la lupa

Ajustando precios de transacción de acuerdo a sus propios intereses comerciales, las empresas eluden el pago millonario de impuestos, lo que contribuye al enorme forado mundial que llega hasta los US$240 mil millones por año y representa entre el 4% y 10% de la recaudación global, según un análisis publicado a fines de 2015 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta entidad internacional reúne a 34 países y Perú aspira a ser uno de estos miembros.

Para que nuestro país forme parte de OCDE, las autoridades están obligadas a fortalecer la política tributaria para detectar mecanismo complejos de elusión y evasión de impuestos como la manipulación de precios de transferencias de bienes y servicios en el exterior.

El diagnóstico es preocupante. El 6 de diciembre de 2017, el entonces jefe de Sunat, Víctor Shiguiyama fue convocado  a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, para explicar la baja recaudación fiscal: S/. 90 mil millones, la más baja desde hace diez años (Ver https://www.youtube.com/watch?v=yZ7oliAwET4 )

En esa sesión en el Parlamento, Shiguiyama advirtió que se dejó de recaudar S/. 55 mil millones y que una de los principales orígenes se debía a la manipulación de los precios en operaciones efectuadas entre compañías del mismo grupo empresarial.

Victor Shiguiyama, jefe de Sunat en 2017 adelantó lo que se viene en control de Precios de Transferencia

Tres años antes, en marzo de 2014, Tania Quispe, exjefa de la Sunat, reconoció que el monto de las operaciones involucradas en precios de transferencia entre 2007 y 2012 llegó a US$370 mil millones, de las cuales el 65% fueron internacionales. Fueron 590 empresas que realizaron estas transacciones, en su mayoría principales contribuyentes (Pricos), según declaró en un foro sobre tributación.

Tania Quispe señaló que había “un universo de 6 mil casos de exportadores de concentrados mineros, con préstamos a países de baja imposición” tributaria.

Diversas fuentes que tienen conocimiento cercano de las actividades de fiscalización de Sunat, informaron a Convoca.pe que mil empresas están en la mira de los auditores de Sunat, entre ellas Cerro Verde, de capital estadounidense; Las Bambas, que opera el proyecto de cobre más importante del Perú y pertenece a la compañía china MMG Ltd., y Gold Fields La Cima, filial peruana de la productora de oro sudafricana Gold Fields Ltd.

Para detectar estas operaciones sospechosas, los analistas de la Gerencia de Fiscalización y Precios de Transferencia se enfocan en las compañías con los siguientes patrones: ingresos millonarios, transacciones de venta de minerales y bienes entre empresas del mismo grupo empresarial o su matriz, además de complejos mecanismos de exportación a través de sociedades domiciliadas en países con baja o nula tributación: los paraísos fiscales.

En la mira de Sunat también están los traders, comercializadores de los metales de las compañías locales, como la multinacional Glencore con sede en Suiza, y los grupos Louis Dreyffus y Trafigura, cuyo negocio es el procesamiento y comercialización a nivel mundial de bienes, entre ellos los minerales de empresas peruanas. Estas multinacionales poseen estructuras offshore y realizan operaciones en diferentes jurisdicciones tributarias adicionales al Perú.

Un trader negocia los ajustes de precio al momento de adquirir el concentrado del mineral como al momento de venderlo, de forma tal que la diferencia le deje un buen margen de ganancia. Debido a que la fuente de la rentabilidad de un trader es la negociación de los ajustes por “gastos de tratamiento” con las compañías mineras a quienes compra el concentrado, Sunat analiza sus operaciones con más detenimiento.

Comisiones fantasmas

Entre las resoluciones del Tribunal Fiscal analizadas, Convoca.pe detectó dos casos relevantes que tienen como protagonista a la minera Cerro de Verde, de capital estadounidense, y Antamina, cuyos principales accionistas son la minera australiana BHP Billiton y la suiza Glencore.

En el caso de Cerro Verde, en 2002 la minera dedujo de su renta $US156 025 mil por «comisiones de venta» pagadas en el exterior a una empresa vinculada. Sunat solicitó que las ventas fueran acreditadas con documentación precisa. Lo que entregaron los ejecutivos de la minera no convenció a los vocales del Tribunal Fiscal, quienes finalmente dieron la razón a los auditores de Sunat porque la compañía no pudo acreditar el pago de la comisión a la empresa vinculada.

Los auditores de Sunat también identificaron un servicio contratado por Cerro Verde a otra empresa del mismo grupo comercial, por un monto de $US 1’380,000, que también fue deducido de la renta de 2002 de la compañía. La máxima autoridad administrativa aseguró también que Cerro Verde no pudo acreditar que el servicio realmente se ofreció y el Tribunal confirmó la resolución de Sunat en contra de la productora de cobre.

Hasta el cierre de la edición, la minera Cerro Verde no había respondido nuestro pedido de información sobre el litigio con Sunat en el Tribunal Fiscal.

Valores antojadizos

En 2007, los inspectores de la  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) durante una de sus inspecciones a la minera Antamina ubicada en el distrito ancashino de San Marcos, detectaron que los minerales extraídos durante 2004 fueron vendidos meses después a empresas del mismo grupo empresarial como  Teck Cominco (Canadá) Metals Ltd y Rio Algom Limited.

Sunat argumentó que el precio de venta final no se ajustaba al valor histórico del momento y que Antamina debió incluir US$ 3 millones 580 mil 475,  monto que no había sido considerado para el cálculo de los tributos de ese año.

Los ejecutivos del área de comercialización de Antamina alegaron que el precio pactado durante la liquidación final era lo que debía tomarse en cuenta. La empresa argumentó que el valor definitivo de la transacción está sujeto a la liquidación final, en el cual influyen otros factores como la humedad. Descontentos con la multa recibida por el ente tributario, la empresa llevó el caso al Tribunal Fiscal.

En 2014, diez años después de la operación observada, una sala del tribunal conformada por dos abogados y un contador dio la razón a la minera, señalando que el precio de transacción objetado por el ente recaudador “no solo estaba sujeto a las fluctuaciones del precio de mercado sino también a los ajustes por factores externos como el peso seco y la humedad”.

En ninguna parte de la resolución, la Sala tuvo en cuenta que las operaciones que fueron motivo de reparo de la Sunat se hicieron entre dos empresas que seguían las directivas de la casa matriz.

En respuesta a nuestro pedido, la minera Antamina precisó mediante un correo que fue un proceso que «buscaba precisar la oportunidad de reconocimiento del ingreso gravado. primero un ingreso estimado, y luego el ajuste por el diferencial conforme a la liquidación final». Según la empresa, la decisión del Tribunal Fiscal  resolvió esa diferencia con Sunat.

Precisó que ese asunto no estuvo vinculado al tema de precios de transferencia porque «recién (estas) fueron emitidas años después del caso» que aborda esa resolución.

Las decisiones y estrategias para manipular precios son adoptadas por la empresa que controla las subsidiarias, según la documentación revisada y las entrevistas con los expertos.  Esto se hace evidente cuando los gerentes financieros o comercializadores de las empresas mineras son citados a la Sunat para explicar las observaciones.

«Ellos no parecen tener idea de porqué se aplicó estos instrumentos en su planeamiento tributario. No tienen capacidad de decisión», señala un alto funcionario de la Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes que pidió no ser identificado.

Uno de los recursos empleados por las empresas para planificar su esquema tributario es la utilización de los ‘productos híbridos’, que consisten en contraer una deuda a cambio de la compra futura del mineral.

Desde 2015, Sunat detectó que compañías mineras en etapa de exploración recibieron de su casa matriz, millonarios préstamos a condición de venderles la producción de los siguientes cinco o seis años. La compra se efectúa con un ‘descuento especial’ generando que la venta final de minerales se reduzca en varios millones y por lo tanto una reducción de los impuestos.

Fiscalización limitada

“Se ha hecho muy poco realmente (para enfrentar la manipulación de precios de transferencias), las brechas  son amplias”, señalaron funcionarios de Sunat consultados para este reportaje.

Para enfrentar las sofisticadas ‘estructuras de precios’, las mismas que han provocado un menor impacto en la recaudación de tributos, requieren de más personal capacitado en Sunat para detectarlas.

Un estudio realizado por International Tax Compact y la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) en 2013 sobre el desempeño de las entidades tributarias de Latinoamérica, reconocía que Perú aún estaba en un tercer grupo con países que empezaban a fiscalizar estas operaciones, muy lejos de Argentina, México, Brasil y Ecuador. El mismo documento señala que, además de las farmaceúticas, uno de los sectores de mayor riesgo son las operaciones de exportación realizadas por las compañías mineras cuyo monto supera los 27 mil millones de dólares anuales.

En 2016, gracias a las 60 auditoría efectuadas por la Sunat se identificó  manipulación de precios de transferencia por el valor de S/. 400 millones.
Con la nueva reglamentacion vigente desde el año pasado y que fortalece la fiscalización de los Precios de Transferencia, las auditorías de Sunat han sido más consistentes y se han probado casos de manipulación de precios en las compañías. Los casos más emblemáticos, según los millones de dólares evadidos al fisco, serán vistos a mediados de 2019 en los tribunales del MEF.

Conexión Panama Papers

El papel de los estudios de abogados y expertos tributaristas para crear esquemas de elusión se hizo evidente durante la filtración masiva de millones de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, que reveló múltiples formas ensayadas para burlar los controles de fiscalización de precios de transacción.

Es el caso del abogado Mauricio Muñoz-Nájar, dueño del estudio jurídico Muñoz-Nájar Bustamante y Asociados, cuyo papel de intermediario entre empresas peruanas y el bufete panameño se hizo evidente tras la filtración masiva de documentos conocida como Panama Papers en abril de 2016.

identificó una de las varias de las comunicaciones establecidas entre el director y socio de Mossack Fonseca, Ramsés Owens con Muñoz-Nájar en la que se discuten la forma   para «eludir elegantemente los Precios de Transferencia» en caso realice operaciones entre Perú y una sociedad en territorios de baja imposición tributaria.

«Desafortunadamente, los gastos operativos que genera una LLP de UK (sociedad offshore en Inglaterra) son considerables, pero el beneficio de las mismas está en el ahorro que le genera a nuestros clientes el no pago de impuesto, siempre que se den las condiciones legales para ello”, escribió el panameño en un correo de julio del 2009.

Y Ramsés Owens continuó: “Igualmente, se puede eludir de forma elegante las reglas de transferencia de precios.Por otro lado, una factura que contenga ítems de gastos, podría hacer lograr que las retenciones impositivas sean bastante bajas, lo cual produce ahorro y transferencia de ganancias al extranjero».

Muñoz Najar optó finalmente por la elección de un esquema offshore en Gran Bretaña para realizar sus operaciones entre Perú y el exterior, persuadido por las gestiones de Mossack Fonseca.

Perú, «jurisdicción potable»

En junio de 2006, Fernando Rizo-Patrón, gerente en Perú del Grupo Rickenbacker Group, una transnacional que ofrece seguros, también buscó al estudio Mossack Fonseca para encontrar un territorio con la más baja tasa impositiva que le sea más conveniente para crear un esquema tributario beneficioso para reducir el pago de impuestos en Perú.

De acuerdo con los correos intercambiados, Ramsés Owens de Mossfon Trust Corporation, le recomendó usar una offshore en los Estados Unidos o Bahamas porque «en Perú ahora hay reglas de ‘transferencia de precios’, en las que hay sanciones para quienes lidian con paraísos fiscales».

«Al añadir una jurisdicción nueva que no ha sido listada en ninguna lista negra como Nevada, mantiene y mejora el esquema ya planeado para la planificación tributaria de su caso en particular, sobre todo por las ventas que se realizaría a Perú, lugar que además tiene reglas fuertes de “transferencia de precios”, refiere el correo enviado el 6 de junio de 2006.

El ejecutivo de la compañía en Lima accedería finalmente a los consejos del directivo panameño, como consta en las comunicaciones internas de Mossack Fonseca a las que accedió Convoca.pe, como parte del equipo que investigó el caso ‘Panama Papers’, con el liderazgo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

Insuficiente control

Debido a las exigencias del OCDE para que el Perú fortalezca la fiscalización internacional, se prevé que el monto de las operaciones detectadas por Precios de Transferencia sea superior a los 600 millones de soles.

Si bien los precios de transferencia son considerados desde 1996 en Perú para fiscalizar los pagos del impuesto a la renta, el concepto recién se aterriza en 2001. Años después, una reglamentación más amplia se incluye en 2006, pero por cuestiones de índole operativo, recién se pone en blanco y negro desde 2017 cuando el Estado peruano aceptó incluir un reglamento sugerido por la OCDE.

Ese reglamento exige que desde octubre de este año más de 3 mil 500 empresas estén obligadas a presentar a la Sunat un Reporte Local, es decir detalles de sus operaciones con empresas asociadas a nivel nacional. Una cantidad similar de compañías con más de mil millones en ingresos deberá también declarar el llamado Reporte Maestro, un detalle de sus operaciones con empresas asociadas que están domiciliadas fuera del país.

De ese universo de empresas, aproximadamente veinte empresas cuya matriz se encuentra fuera del territorio peruano, deberá presentar un “Reporte país por país”. Las declaraciones sobre las operaciones proceden de la información tributaria que pueda comunicar oportunamente a las autoridades tributarias de los países donde la matriz tiene su sede y realiza el control de su filial.

Sin embargo, los montos de dinero detectados en las operaciones que fueron fiscalizadas por Sunat, sólo podrían ingresar a las arcas de Sunat después de cuatro años, cinco o más de tiempo de disputa o litigio.

En 2013, mientras el ente tributario de Argentina había realizado 130 controles, México 87 y Brasil otros 60, en Perú Sunat solo había ejecutado 11 auditorías a empresas exportadoras, seis de ellas pertenecientes a la actividad minera.

Para el próximo año, se espera que los equipos de Precios de Transferencia de la Sunat incrementen sus acciones de control
sobre todo a las empresas que mantienen esquemas financieros complejos como las grandes compañías mineras.

Con la colaboración de los periodistas Anthony Quispe, Jackeline Cárdenas y Gonzalo Torrico.

Fuente:http://convoca.pe/investigacion/juegodeprecios-los-esquemas-oscuros-de-la-gran-mineria-para-reducir-impuestos?fbclid=IwAR2JIGt_dqsx4wqSIg_rhuv5ENhEpiGo9db9eO7vQwBl0ZyV8WKq6pzvocg