Perú

De expectativas y milagros en Apurímac

En anteriores columnas llamé la atención sobre el tema de la representación ciudadana en los procesos de desarrollo. Señalé que, en las regiones y sus contextos locales, donde todos tienen la expectativa que la minería resuelva diversos problemas, era una tarea pendiente lograr una gestión transparente sin caer en la prebenda y el soborno; y que los actores reflejen sus propias demandas, experiencias y saberes. También plantee que era necesario medir los límites y posibilidades de los recursos mineros y potenciar los recursos productivos agropecuarios para restablecer las capacidades políticas, teniendo como norte la construcción de una visión de desarrollo integral y sostenible.

En medio del terremoto de noticias del caso Odebrecht y la movilización de la población contra la corrupción y la permanencia del juez Chávarry en el Ministerio Público, no vemos con detenimiento lo que sucede con las políticas de desarrollo. Es importante recordar que desde el gobierno de Ollanta Humala y el de Kuczysnski con sus paquetazos de decretos y la denominada “captura del Estado[1] a través de las puertas giratorias del sector empresarial, el principal eje de desarrollo es la promoción de las inversiones. En esto hay una continuidad en la política económica del gobierno de Vizcarra. El informe de descentralización de la PCM 2018, plantea que el desarrollo económico regional debe partir de las prioridades de inversión y que se deben planificar las inversiones en el plan de desarrollo concertado regional. Sin embargo, la concertación perdió sentido, porque son casi inexistentes los espacios de diálogo en el nuevo sistema de planificación del desarrollo económico o territorial.

La semana pasada llamó la atención la difusión -a manera de campaña pública- de las conclusiones de un estudio sobre Apurímac hecho por el Centro de la Competitividad y el Desarrollo CCD. Afirmó que “El proyecto Las Bambas permitiría que la región apunte a ser un motor para la economía nacional”. El CCD señaló que existen más de 1,000 proyectos priorizados en salud e infraestructura. La argumentación sobre la mejora de varios indicadores como reducción de la pobreza, desnutrición, incremento de la comprensión lectora y el razonamiento matemático, busca demostrar la caída de la pobreza hasta en 38% en la región, el aumento de 9% de las exportaciones, y 7% del empleo total en el sector minero entre los años 2014 y 2017. Pero estas milagrosas cifras contrastan con la realidad al constatar que la minería sólo incorpora hasta el 2% de la mano de obra local (en la etapa de construcción), que el sector minero ha decrecido -8.1% en el último año y el sector agropecuario, en un -9.5%, especialmente en el subsector agrícola, por la caída de la producción de maíz y de papa por menores áreas sembradas y la disminución de fuentes de agua[2], entre otros.

El Plan de Competitividad 2017-2040 realizado por el CCD por encargo del gobierno regional de Apurímac muestra alrededor de mil proyectos para la región en temas como salud e infraestructura y presenta a la minería como el motor de desarrollo. En este momento los ingresos de la renta y regalía minera no llegan directamente a las poblaciones, aunque se cuente con proyectos financiados en el SNIP, surge la pregunta de si ahora lo asumirá el gobierno regional como parte del 97% de la asignación por renta o regalías, que como se afirma, se invierte en las provincias. Ello para entender si es que la minería es el motor del desarrollo o ha operado como una actividad productiva con fuerte presencia en la región, pero separada de las expectativas de desarrollo de la población.

En el 2015 luego del conflicto en Las Bambas el entonces vicepresidente Martin Vizcarra elaboró y presentó un Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas. Ante el énfasis puesto en las infraestructuras, educación y salud, las organizaciones locales que no fueron consultadas declararon que un plan de desarrollo no podía ser un listado de obras y que debía tener ejes como derechos humanos, medioambiente, responsabilidad social, y no sólo un único eje como el desarrollo sostenible.

En el Plan de Competitividad de Apurímac 2017-2040[3] entre los 1,000 proyectos financiados para la región, en Cotabambas se incluyen sistemas de riego, represamiento, infraestructura vial y sistema de saneamiento de agua potable, instalación de oficinas de gestión y sistemas de comunicaciones, todos ellos presupuestados en el SNIP para fomentar las inversiones. Se señala que la mayoría de estos proyectos fueron solicitados en el proceso de las desaparecidas Mesas de Diálogo. En el tema de productividad sólo se ha identificado una cadena productiva que es la de la papa nativa o amarga, la piscicultura de trucha y algunos emprendimientos. La pregunta es si en estas mesas de trabajo para la definición de ejes[4] se convocaron a las organizaciones y las comunidades o únicamente a los alcaldes.

El ex gobernador regional Wilber Venegas afirmó que: “Apurímac, no tiene un discurso antiminero; nosotros creemos que el agua y el cobre son compatibles, y todas las empresas mineras pueden venir a invertir siempre y cuando lo hagan con mucha responsabilidad”. La pregunta es cómo asegurar la responsabilidad si aún no se evalúa con la ciudadanía los errores y aciertos que han generado la desconfianza de la población así como los impactos por resolver de las inversiones mineras en el territorio. La recuperación de la confianza y de los espacios de diálogo o concertación son claves para poder afirmar la minería como principal motor del desarrollo en la región.

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[1]                    Durand, Francisco Cuando el poder extractivo captura el Estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en el Perú. Lima: OXFAM. Junio de 2016.

[2]                    Fuente: www.ipe.org.pe Crecimiento económico en Apurímac 4 de Octubre de 2018. Chaski/ Apurímac.

[3]                    Plan Estratégico de Competitividad Apurímac 2017-2040. Gobierno Regional de Apurímac; Centro de la Competitividad y el Desarrollo.

[4]                    Estas fueron: Competitividad económica e infraestructura; Ambiente para facilitar la creación de negocios; Desarrollo de cadenas productivas con mayor potencial y clústers; Desarrollo social sostenible (educación y salud); Estructura organizaciones para la sostenibilidad del Plan de Competitividad, respectivamente.

Fuente:http://noticiasser.pe/opinion/de-expectativas-y-milagros-en-apurimac?fbclid=IwAR1gNCm-djb_vgCiznwiJhNxsYIunWkuMZ11_RQGGxBoo4iI4RJmtXJwYwQ

Internacional

Cinco municipios pacenses, en contra de que se exploten las minas de uranio

Una empresa podrá hacer catas en Cabra Alta, en los términos de Villanueva del Fresno, Zahínos, Oliva de la Frontera, Higuera de Vargas y Jerez

España – Rechazo a un permiso de investigación para buscar uranio en la finca Cabra Alta, en el suroeste extremeño, donde hace décadas ya hubo una mina que explotó ese metal. En la conocida finca que copa varios términos municipales del suroeste de la provincia de Badajoz, una empresa minera ha recibido la autorización de la Dirección General de Minas para realizar sondeos.
Las catas pueden realizarse a lo largo de tres años. Los alcaldes de los cinco municipios con terreno en Cabra Alta, Villanueva del Fresno, Zahínos, Oliva de la Frontera, Higuera de Vargas y Jerez de los Caballeros, rechazan ese permiso e intentarán paralizar esas catas. Por este motivo anuncian un recurso inminente contra esa autorización de la Administración regional.

La Junta, por su parte, aclara que la autorización del permiso de investigación se concede porque cumple «todos los requisitos legales» para ser otorgado. Al mismo tiempo, recuerda que un permiso de investigación no concluye con un permiso de explotación en la inmensa mayoría de los casos.

El Diario Oficial de Extremadura publicó el 2 de enero la concesión de un permiso de investigación (también el de restauración del terreno) por parte de la Dirección General de Energía y Minas a Qbis Resources, SL, con sede en Granada. Se le ha autorizado una investigación en la antigua mina de uranio de la finca de la Cabra Alta, que fue explotada en tiempos del franquismo. Las últimas investigaciones sugerirían que podría ser el yacimiento con el mayor potencial de uranio de España.

La autorización es para hacer sondeos durante tres años en unas 8.000 hectáreas de terreno

El Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe necesario para realizar las catas

Los términos municipales implicados son Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Zahínos y Villanueva del Fresno. La superficie a investigar es de 286 cuadriculas mineras, unas 8.000 hectáreas. El pueblo más próximo a dónde se van a realizar las catas es Zahínos; el más alejado, Jerez.

En 2008 la canadiense Mawson Resources se interesó por las minas de uranio de La Haba (población cercana a Don Benito) pero destacó entonces la antigua mina que se desarrolló en Cabra Alta como la más interesante debido al alto porcentaje de riqueza y a la mayor cantidad del uranio allí existente. En aquel momento, señala Ramón Díaz Farias, alcalde de Villanueva del Fresno a HOY, se cifraban en 65.000 toneladas de uranio las que se encuentran en esa antigua mina abandonada.

Con informe del CSN

«En 2008 mantuve diversas conversaciones con Mawson Resources. Decidieron abandonar el proyecto, supongo que porque no quisieron entrar en más litigios en vista de que en las poblaciones afectadas podía haber revuelos en contra», explica.

En 2011 se retomó el interés por parte Qbis Resources. Solicitó un permiso de investigación minera a la Junta cuyo trámite finalizó el 2 de enero con la autorización de Minas. En el transcurso de este proceso ha habido una serie de informaciones públicas en las que se hablaba de un mineral catalogado por la ley en la opción ‘D’, «nunca se ha hablado de uranio hasta que se publicó el día 2».

«Me puse en contacto con el resto de los alcaldes para transmitirle mi preocupación, no porque en sus pueblos haya uranio, que está aún por descubrir, sino porque sabemos que en Villanueva del Fresno hay una mina con restos de uranio y sabemos ya de por sí que el proyecto va a salir y como pueblos colindantes afectados deben ser conocedores, y así después cada uno que se posicione cómo crea oportuno», añade el primer edil de Villanueva.

Agrega que el Consistorio que preside solicitó una ampliación de plazo para la presentación de alegaciones al proyecto. Además, presentó alegaciones contra está autorización de investigación minera basadas fundamentalmente en argumentos técnicos de la aparejadora municipal.

Desde la Consejería de Economía se ha indicado a HOY que la Junta «tiene la obligación de tramitar cuantos expedientes se presenten ante el órgano público competente».

Esta autorización para investigar los recursos mineros fue solicitada en abril 2011 y se ha otorgado por tres años, «observando el cumplimiento de todos los requisitos que recoge la ley actual de minas, que es muy rigurosa en cuanto a la seguridad ambiental y de las personas», matiza Economía. Cuenta asimismo con el preceptivo informe del Consejo de Seguridad Nuclear desde noviembre de 2011.

No obstante, la Administración regional asegura que siempre «está abierta a escuchar a todas las partes, teniendo en cuenta que se trata de un permiso de investigación que posteriormente podría derivar o no en una concesión de explotación», finaliza la Consejería.

Recurso de alzada

El recurso anunciado por los cinco municipios (queda por definir si será de forma conjunta o individualizada) se basará básicamente en que no cuenta con el consenso de los ayuntamientos de la zona y que existe un riesgo para la salud de la población. El interrogante para la salud no deriva tanto del área de la radioactividad del uranio que en la naturaleza pueda emitir, sino del polvo de uranio en suspensión y la toxicidad que él genera, explica Díaz Farias, en el desarrollo de las catas.

Al mismo tiempo, el regidor explica que dentro de una apuesta general por la energía ‘verde’ y en una zona como el suroeste regional se hace más necesario aún «esa energía limpia y no por una energía contaminante cómo es la nuclear».

Para Díaz, «no procede abrir una mina de uranio aunque Villanueva pudiera ser la más beneficiada en cuanto a recaudación de impuestos. Entendemos que la generación de empleo es insignificante para la zona y el impacto sobre el medio ambiente sería brutal aunque la minería moderna sea mucho más segura». Representantes de los ayuntamiento se han entrevistado esta semana con la consejera de Economía, Olga García, para trasladarle su rechazo al permiso para investigar. Habrá movilizaciones en el caso de que no se revoque el permiso, aventura su alcalde de Villanueva del Fresno.

 

Fuente:https://www.hoy.es/extremadura/cinco-municipios-pacenses-20190113003143-ntvo.html

Mexico

Minería, agroindustria e inmobiliarias agravan la escasez de agua

El agua es un Derecho Humano aunque los sectores de poder concentrado lo desconozcan y profundicen cada vez más las relaciones de sometimiento de los pueblos al punto de comprometer la supervivencia. Porque el agua es un bien finito. Y escaso.  Minería, agroindustria y desarrollo inmobiliario son los tres sectores que  comprometen en mayor magnitud este bien común. En México y en cualquier otro punto del planeta.

Los conflictos por el agua se multiplican por la escasez, contaminación, uso intensivo del líquido en sectores como la minería, hidrocarburos, agroindustria, refresquero y desarrollos inmobiliarios. No se cumple con el derecho humano del agua porque no se ha establecido la legislación para ello y cada vez hay menos recursos oficiales para brindar el servicio.

El sector minero, por ejemplo, en 2014 extrajo 437 millones de metros cúbicos de agua, suficiente para cubrir las necesidad de la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit, indica un análisis de CartoCrítica, iniciativa civil mexicana e independiente, sin fines de lucro, que promueve la transparencia y el acceso público a la información socioambiental georreferenciada.

La contaminación de los ríos Sonora, por la minería; el Santiago, por descargas industriales y municipales en Jalisco; el Lerma, en estado de México, por diversas causas, son otros de los casos.

El uso de plaguicidas en la actividad agroindustrial o la intención de realizar el fracking para la extracción de gas natural y que requiere la inyección de miles de litros del fluido, en detrimento de la calidad de los mantos freáticos, generan alta demanda hídrica. Esto es parte del origen de los conflictos, señala Claudia Campero, colaboradora de Food & Water Watch, organización no gubernamental que vigila la responsabilidad corporativa y gubernamental relacionada con la alimentación y el agua.

Cualquier clase de proyecto que se haga requiere agua, los volúmenes y lo que sucederá depende de cada uno. Es diferente un emprendimiento minero que un agroindustrial o de hidrocarburos, la dificultad que hay es que se prioriza una idea de desarrollo bajo el argumento de que dará riqueza y empleos que se quedan en pocas manos, pero los costos ambientales se reparten socialmente. Es el origen de los conflictos ambientales: no son particulares a México, agregó.

Hay también problemas con la forma en que se buscan soluciones y los conflictos se agravan. En una situación de injusticia e incapacidad del Estado de hacer cumplir reglas que son insuficientes, esto va a acentuar más el problema. Hay situaciones como el río Santiago, en Jalisco, altamente contaminado; las poblaciones que viven en los márgenes están enfermas de respirar en ese ambiente y habitar en una zona con ese grado de contaminación.

Advierte que hay un conflicto de acaparamiento de las fuentes hídricas que hacen diferentes actores, pero que básicamente se relacionan con los poderes locales, una embotelladora, la minería o el agricultor. También hay dificultades con el manejo de los sistema de suministro que proveen a los asentamientos humanos, hay incapacidad para hacerlo y el remate es la contaminación que están generando los mismos que acaparan el fluido y lo manejan mal.

Otro polo adverso es el desarrollo inmobiliario voraz en Morelos, estado de México, y muchas regiones del país. Ya se tiene el agua asignada o concesionada y esto está bajo supuestos de disponibilidad que no están basados en datos contundentes, advierte.

Está pendiente la Ley General de Agua, pero el presupuesto para el sector en la iniciativa presupuestal 2019 tiene reduce 8 mil millones de pesos, al pasar de 27 mil millones que ejerció en 2018 a 19 mil millones únicamente.

Además, se establecen dificultades en la operación de sistemas comunitarios como se puede observar en 90 de los 125 municipios del estado de México, explica Fabiola Vite, abogada del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Advierte que la legislación no los contempla, lo cual vulnera los derechos de los pueblos originarios.

Estas redes de suministro enfrentan conflictos con los municipales que invaden su competencia, buscan desaparecerlos con el argumento de que no funcionan y así llevar agua a inmobiliarias e industrias.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/mexico/item/42322-mineria-agroindustria-e-inmobiliarias-agravan-la-escasez-de-agua

Argentina

Barrick mantendrá estrategia en América Latina pese a problemas

El nuevo jefe de Barrick Gold tiene la intención de seguir adelante con planes para aumentar la inversión en los depósitos ricos en minerales, pero complicados en materia ambiental, en la frontera entre Chile y Argentina.

“Si quieres encontrar elefantes, ve a un país con elefantes”, señaló su director ejecutivo, Mark Bristow, geólogo y cazador sudafricano, en una entrevista telefónica. Comentó que la empresa de Toronto pretende invertir más dinero en el cinturón de oro y cobre El Indio y agregó que sus alianzas con mineras chinas y chilenas siguen siendo clave para su estrategia en la región.

La minera de oro más grande del mundo, que completó su fusión con Randgold Resources a principios de año, había renovado su estrategia sudamericana desde que John Thornton se convirtió en presidente en el 2014.

Barrick formó una empresa conjunta en su mina Veladero en Argentina en el 2017 con Shandong Gold Mining y formalizó un acuerdo con la minera china para trabajar en otros proyectos. También vendió su participación de 50% en la mina chilena Zaldívar para formar una empresa con Antofagasta en el 2015.

“Zaldívar es un activo importante para nosotros, en sociedad con Antofagasta, y mi interés es cómo ampliar esa asociación”, declaró Bristow. “Primero que nada a América Latina, pero también a lo largo de todo el cinturón geológico de pórfido de oro y cobre, que se extiende hasta la costa oeste de América”.

 

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2019/01/barrick-mantendra-estrategia-en-america-latina-pese-a-problemas/

Costa Rica

Contaminación por mercurio y millones en oro extraído ilegalmente en C.Rica

El ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Carlos Rodríguez, admitió hoy la existencia de un «gravísimo problema» de contaminación por mercurio y la extracción ilegal de millones de dólares en oro en un fallido proyecto minero en el norte del país.

«El problema de mercurio es gravísimo. La actividad se sigue dando, no a la escala de meses anteriores, pero sigue», declaró el ministro en una comparecencia ante la cmisión de Medio Ambiente del Congreso.

Rodríguez dijo que un análisis propio con apoyo de un especialista determinó que en la zona de Las Crucitas los mineros ilegales han extraído al menos 90 millones de dólares en oro, aunque un informe de la Dirección de Geología y Minas cuantifica la cifra en 196 millones de dólares.

 

 

Desde el año 2017,cientos de mineros ilegales han invadido la finca donde iba a funcionar la mina de oro Las Crucitas, un fallido proyecto que fue descartado en 2015 tras un fallo judicial que encontró irregularidades en el proceso de concesión a la empresa Industras Infinito, subsidiaria de la canadiense Infinito Gold.

El ministro Rodríguez comentó que en algún momento llegaron a haber unos 4.500 mineros ilegales en la zona, pero que en la actualidad se calcula que hay alrededor de 600.

El problema ambiental consiste en que estos mineros utilizan mercurio para separar el oro de las piedras, un proceso dañino para el ambiente y para la salud humana.

Datos del Ministerio de Seguridad indican que durante el 2018 fueron detenidas en el lugar 424 personas, la mayoría nicaragüenses indocumentados.

El ministro adelantó que pronto el Gobierno presentará un plan de acción «integral» para la zona de Las Crucitas, pues alrededor de la minería ilegal se han desarrollado una serie de actividades irregulares de alimentación, hospedaje, transporte y comercio de oro y mercurio.

«Tiene que haber un abordaje integral. No es con acciones policíacas exclusivamente que se soluciona. Es un tema que trasciende lo ambiental; es humano y de desarrollo», comentó el funcionario.

En materia ambiental, Rodríguez aseguró que se requiere «una inversión grande» para la remoción de mercurio y reconoció que «se debe hacer cuanto antes».

 

 

Un estudio de investigadores independientes efectuado en diciembre pasado y publicado esta semana en la prensa local confirma la contaminación con mercurio en la zona, la presencia de drenaje ácido y dispersión de metales tóxicos.

Rodríguez se mostró de acuerdo con las conclusiones del estudio, pero rechazó una de las recomendaciones acerca de la necesidad de que Costa Rica apruebe la minería de oro a cielo abierto, una actividad que está vetada por decretos presidenciales.

«No hay posibilidad de que la minería a cielo abierto sea sostenible, al igual que no hay deforestación sostenible», aseveró el ministro.

Según el funcionario, en 2018 las labores de las autoridades se centraron en contener el problema de la minería ilegal y para 2019 y 2020 el objetivo será revertir los daños que se han causado en la zona, así como identificar a los proveedores de mercurio y a los compradores del oro. EFE

 

Fuente:https://www.lavanguardia.com/vida/20190110/454067686112/contaminacion-por-mercurio-y-millones-en-oro-extraido-ilegalmente-en-crica.html

Perú

Puno: Población de Coata se niega a consumir agua con metales pesados

Luego de conocer que consumían agua con elevados índices de metales pesados, pobladores de Coata, en Puno, dejarán de proveerse del líquido. Comuneros han pedido al gobernador Aduviri tomar cartas en el asunto.

Pobladores de la cuenca del Coata, situada en Puno, han decidido dejar de abastecerse del agua de pozos para preparar sus alimentos. Campesinos acordaron la medida luego que la Dirección Regional de Salud informó que el líquido que consumían contenía altos índices de metales pesados y esto podría provocarles serias enfermedades.

De acuerdo a la cantidad permitida por el Ministerio de Salud, el agua solo podría contener hasta 0.01 miligramos de arsénico por litro. A pesar de ello, autoridades comprobaron que el nivel de arsénico alcanzaba los 0.9 miligramos por litro, en el pozo del centro poblado de Almo – Sánchez. La misma situación se repetía con metales como el boro y manganeso.

 

Estas cifras preocuparon profundamente a los pobladores por lo que convocaron a diversas reuniones para tomar una decisión al respecto. El dirigente Félix Suasaca, aseguró que campesinos esperan que la Empresa Municipal de Saneamiento Ambiente (Emsa) los provea de agua, como lo hacían en el pasado.

Por otra parte, pobladores esperan que el gobernador Walter Aduviri, tome una decisión sobre el problema. Además, esperan que la autoridad exija la declaratoria en emergencia la cuenca, para permitir que la zona sea más rápidamente atendida ante su crítica situación.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1390682-puno-poblacion-coata-niega-consumir-agua-metales-pesados-i-contaminacion?fbclid=IwAR1_2VuTFHWnwM0-n07Jb4bVgOGAu_1q-KzWie5RRXeiqCo8k8d5kzHN9PQ#.XDVaMHX-va8.facebook

Perú

OEFA ordenó a Shougang paralización inmediata del transporte y almacenamiento de minerales y concentrados para evitar afectación de la bahía San Nicolás en Ica

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la empresa Shougang Hierro Perú S.A.A, paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral; así como el almacenamiento de concentrado que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta de beneficio de Shougang, de la unidad fiscalizable Marcona, en el distrito de Marcona, provincia de Nazca, departamento de Ica, hasta que implemente medidas de manejo ambiental para controlar la dispersión de material particulado que puede provocar alteraciones al ambiente de la bahía San Nicolas.

Durante acciones de supervisión, el OEFA detectó fugas de material particulado proveniente del stock de crudos y stock de concentrado de hierro de la planta Marcona que, por la falta de controles ambientales y acción del viento, se dispersaban en dirección a la bahía San Nicolás. En ese sentido, se ordenó a Shougang implementar de forma inmediata medidas de manejo ambiental para evitar que el material particulado se disperse hacia los alrededores de la bahía.

Asimismo, la empresa deberá presentar, en un plazo máximo de cinco (5) días, un cronograma de remediación del área comprometida. Dicho cronograma abarcará las zonas de influencia del litoral de la bahía e incluirá los componentes agua, suelo, sedimentos, flora, fauna y especies hidrobiológicas.

En caso de que la empresa no cumpla con las medidas impuestas se impulsarán las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes.

El OEFA continuará dictando medidas administrativas cuando se evidencie la afectación al ambiente o a la salud de las personas, y realizará el seguimiento del cumplimiento de dichas medidas por parte de las empresas supervisadas.

Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía

 

fuente:https://www.oefa.gob.pe/noticias-institucionales/oefa-ordeno-a-shougang-paralizacion-inmediata-del-transporte-y-almacenamiento-de-minerales-y-concentrados-para-evitar-afectacion-de-la-bahia-san-nicolas-en-ica?fbclid=IwAR3nD3a1e9csJVDG4U1Zc4zmxR7RybfCd_l_kMqwhJgD0m1GCNuOSc3sMAU

Perú

Cusco: Policías y campesinos se enfrentan en Chumbivilcas

Cuando eran las siete de la mañana, un grupo de agentes de la Policía llegó a la comunidad campesina de Yavi Yavi, situada en el distrito de Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, según información de la institución policial, para «desbloquear» el corredor minero del sur, que había sido obstruido con palos y piedras por unos 300 campesinos.

La versión de la comunidad es opuesta. El presidente de Yavi Yavi, Gregorio Rojas, señaló que fueron agredidos sin ninguna razón. «Ni siquiera estábamos en protesta. Habíamos ido al lugar para empezar a construir nuestras viviendas y nos provocaron», refirió.

 

No obstante, el jefe de la Región Policial Cusco, coronel Manuel Mar Pérez, insistió en que la vía usada por la minera MMG Limited, para el transporte de minerales extraídos desde su mina Las Bambas, en Cotabambas-Apurímac, hasta el puerto de Matarani, sí estaba cerrada.

EL CHOQUE

El intento de los agentes para habilitar la vía fue rechazado por los comuneros, refirió Mar Pérez, con un ataque de palos y piedras lanzados con huaracas (hondas). Desde el lado de la policía, empezaron a disparar bombas lacrimógenas a discreción. A esta versión, los comuneros añaden que también hubo disparos de perdigones y balas de goma.

A causa del choque, hay ocho heridos. Según el coronel Mar, seis policías fueron afectados por el impacto de piedras, mientras que Gregorio Rojas reportó que una mujer y un menor de 12 años están gravemente heridos.

El enfrentamiento entre policías y comuneros también dejó otros daños. Se incendió el campamento que usaban los policías que resguardan el paso de los camiones encapsulados, que sacan los minerales de Las Bambas. Según el dirigente Rojas, fueron los propios policías los que incendiaron su campamento para «acusarnos luego a nosotros».

Como es evidente, la policía acusa a los campesinos del incendio. “Los comuneros quemaron las carpas térmicas del personal policial que se encontraba en la zona, continuando el bloqueo de la vía”, refiere la nota policial.

El coronel Manuel Mar invocó a la población a la calma y que evite hostigar «continuamente a la policía con el fin de victimizarse y poder encontrar solución a su demanda».

Asimismo, instó a «los actores del conflicto, para que hagan las labores de gestión. Estamos en el quinto mes del estado de emergencia y es inconcebible que los actos, tanto del MTC como de MMG y los pobladores, no hayan encontrado soluciones concertadas».

RECLAMO IRRESUELTO

El conflicto minero en Yavi Yavi viene de mucho tiempo atrás. El Ministerio del Interior lo catalogó en agosto de 2018 como activo en escalada. La comunidad espera la solución a sus dos reclamos: renegociación del precio pagado por sus terrenos por la minera MMG Limited y que el Ministerio de Transportes explique por qué calificó la vía como de categoría nacional, cuando debía ser comunal.

La historia es la siguiente. Una parte de la población de Fuerabamba del distrito de Chalhuahuacho, provincia apurimeña de Cotabambas, vendió sus tierras a la minera MMG y, como compensación, recibió terrenos en el fundo Yavi Yavi en Colquemarca, región Cusco.

Aquella vez, cuenta el dirigente Rojas, la comunidad no tenía carretera, pero unos meses después la empresa hizo una vía y el MTC la calificó como vía nacional sin autorización de los dueños de los terrenos. Lo hicieron para evitar que la minera pague una compensación a la comunidad. Desde entonces, los conflictos se suceden cada cierto tiempo. Ni la empresa ni el Gobierno atienden esas demandas.

Lo único que hizo el Ejecutivo es declarar en estado de emergencia el corredor minero del sur el 1 de septiembre del 2018. La medida cumple más de cuatro meses.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1390627-policias-campesinos-enfrentan-chumbivilcas?fbclid=IwAR2Uige0FW1CA3DbXD4A9b9Qrop29WE4ZVzKaenVl_mRPpdExaElKaTP0Vw

Chile

Más agua para la minería de cobre

El sector minero se dispone a utilizar agua de mar y construye plantas desaladoras en Chile. El consumo de agua continental mantendrá una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 1% y el uso de agua de mar se incrementará a una tasa promedio del 12,2% anual.  Con ello, el consumo de agua total por parte del sector será del 56% para 2029.

 

Un estudio desarrollado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), evidenció que la demanda de agua de mar del sector pasará desde 3,28 m3/seg en 2018, a 10,82 m2/seg en 2029, alcanzando con ello el 43% del agua total requerida. El informe también evidenció que el consumo de agua de origen continental (dulce) esperada para 2029 alcanzará los 14,53 m3/s, un 12% más que lo estimado para 2018.

El consumo de agua continental mantendrá una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 1% versus el agua de mar con una tasa promedio del 12,2% anual.  Con ello, el consumo de agua total por parte del sector se incrementará en 56% en el período analizado.

El aumento del 230% (7,06 millones de toneladas de cobre fino) en la producción de cobre estimado para 2029 y la escasez de agua continental empujan a las empresas a utilizar agua de mar y para ello construyen plantas desaladoras.

Se resalta el cambio de la matriz de producción, ya que en los próximos años se vuelca a los minerales de sulfuros lo que implica uso más intensivo del agua: “La producción de concentrados pasa de una participación del 71,2% al 88,4% en el periodo 2018-2029. Los minerales sulfurados deben ser procesados a través de flotación, proceso que es mucho más intensivo en el uso de agua”, explicó.

Situación regional

Cochilco también demostró que al analizar el consumo de agua de mar por región se observó una fuerte participación de la región de Antofagasta, seguida en menor medida por las de Atacama y Coquimbo.

En ese sentido, algunos de los proyectos que podrían concretarse en estos diez años son la ampliación de la desalinizadora de Escondida, inaugurada a principios de 2018; la planta desaladora Distrito Norte de Codelco; la ampliación de tuberías para Distrito Centinela de Antofagasta Minerals; el uso de agua de mar para la expansión de Sierra Gorda de KGHM y la puesta en marcha progresiva para el proyecto de hierro Dominga a partir del 2020, entre otras.

Así, se espera que el uso de agua de mar a nivel regional para el 2029 sea de un 32% para la región de Tarapacá, un 64% para la región de Antofagasta, un 32% para Atacama y de un 51% para la región de Coquimbo.

“En los próximos años, Antofagasta será la región que más consuma agua de mar, lo que permite una disminución importante en el uso de agua continental, pues es en esta región donde se concentra la mayor cantidad de actividad minera del cobre.

En el caso de la región de Coquimbo, el 50% de las operaciones mineras del cobre serán abastecidas por agua de origen marino al 2029.

Es importante destacar que empresas mineras que operan en Atacama, región que atraviesa una severa sequía, también están realizando un importante esfuerzo por incrementar el uso de agua de mar, el que llegará a un 33% al año 2029”, concluyó Cantallopts.

 

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/42319-mas-agua-para-la-mineria-de-cobre?fbclid=IwAR1LPxOgZEqyJqGZAj0OqUraEfUtqwj-dz53teYL7oIHjk26KAP06Bln0vw

Chile

La Comisión de Minería del Senado sesionará en San Pedro de Atacama

Congresistas recorrerán el salar y se reunirán con los representantes de las comunidades, para conocer los efectos de la explotación de litio en la cuenca.

Analizar la explotación del litio desde sus distintas dimensiones es lo que plantea la Comisión de Minería del Senado para la sesión del viernes 11 de enero, cuando el organismo parlamentario se reúna en San Pedro de Atacama con el Consejo de Pueblo Atacameños (CPA), que integran 18 comunidades de la cuenca del salar donde SQM y Albemarle tienen sus operaciones.

“Esta reunión tiene como primer objetivo que los senadores conozcan el salar, hay otros salares, pero el de Atacama es el principal. En segundo lugar, conversar con las comunidades para ver cuál es el impacto local de la extracción del litio y cuáles son los derechos que están en juego, como el de agua”, explicó el senador por la región de Antofagasta, Alejandro Guillier.

Debate pendiente

El parlamentario dijo que dentro de las conversaciones y el debate que se tiene que dar con las comunidades y la ciudadanía en general, está el integrar el litio en las cadenas de valor, y para eso no se tiene que nacionalizar el recurso, recalcó, pues pertenece al Estado. Sin embargo las concesiones, dijo, han sido negativas, como en el caso de SQM que además vinculó en la corrupción de la clase política.

En esto contexto, agregó el congresista, “hicimos (en la Comisión) un montón de gestiones, ante todos los organismos: Superintendencias, Contraloría, Fiscalía, Impuestos Internos, pedimos todos los antecedentes para tener un pronunciamiento y ni siquiera la Fiscalía Nacional Económica dijo tener facultades reales y Corfo dijo que no estaba en condiciones de administrar el salar, es decir, estamos en el peor de los mundos”, lamentó Guillier sobre la falta de fiscalización en la industria.

 

Fuente:http://www.revistaei.cl/2018/12/28/la-comision-mineria-del-senado-sesionara-san-pedro-atacama/?fbclid=IwAR34C8WJ9ZChsMeIn5UcyW09nMcB5lEaq5c_ZM01wT5xb6vo8SNIHoRQdYw