La amenaza de la minería en un pueblo no surge de un día para otro, es un mal que va germinando poco a poco, silenciosamente. Mucho antes de que el boletín oficial de turno anuncie el inicio de la fase de información pública de un proyecto de explotación, las empresas promotoras ya llevan mucho andado.

Normalmente todo comienza con una pequeña empresa local, que se hace con la concesión de los derechos mineros y, con ello, también con la complicidad y favores de los gobiernos locales y autonómico. En muchos casos, podría decirse que el gobierno municipal llega la convertirse en una corporatocracia, en la que quien ostenta el poder, los alcaldes y concejales, toman decisiones favorables a determinadas corporaciones en detrimento del pueblo. Estos gobiernos, normalmente regidos por alcaldes con poca formación y aún menos escrúpulos, van sucumbiendo a los encantos de la minera, que les vende humo a precio de oro, o el metal que se precie según el yacimiento objeto de explotación. Y, a medida que estas empresas aumentan su control sobre la toma de decisiones en los municipios en los que pretenden instalarse, las administraciones serán menos capaces de resistirlas y defender a sus propios ciudadanos.

Cuando la pequeña empresa ya está asentada es cuando empieza a trabajar en el nuevo proyecto de explotación, para lo cual se aliará con una multinacional con más experiencia en el sector y, sobre todo, con más solvencia financiera. Juntas crearán una nueva empresa, que no hará mucho ruido hasta que el proyecto sea público, normalmente cuando la mayoría de la gente esté de vacaciones, con “agostosidad” probablemente.

Las empresas de este tipo, aunque lo intenten, no pueden comprarlo todo.

Lo primero que intentan estas compañías en cuanto sale a la luz el proyecto de explotación minera es buscar la licencia social, la aprobación de la comunidad local, y para eso emplearán todo tipo de estrategias, en las que no escatimarán recursos económicos. Desde charlas informativas en las que tratarán de vender el proyecto como la única y gran oportunidad de crecimiento del entorno, que generará cientos de empleos directos y seguramente miles indirectos, no sin antes convencer al vecindario de que el suyo es un ayuntamiento en declive, y ellos están aquí para venir a salvarlos de la más absoluta miseria.

Primero ofrecen empleo local en la empresa concesionaria o en otras afines, y así van allanando el terreno, embaucando a una parte de la población, a la que además amenazarán con posibles despidos por una supuesta falta de trabajo si la mina no consigue la autorización para operar.

Pero las empresas de este tipo, aunque lo intenten, no pueden comprarlo todo. No pueden comprar las voluntades de las vecinas y vecinos afectados por sus proyectos extractivos, que se verán en el deber de organizarse para defender lo suyo, las tierras, el medio, el agua, sus modos de vida, totalmente incompatibles con la minería especulativa y tóxica, en todos los sentidos de la palabra.Así surgen estas plataformas vecinales, que en los siguientes meses o años en el peor de los casos se tendrán que enfrentar ineludiblemente a las tretas de la minera para salirse con la suya.

Ahora ya no hay vuelta atrás, ya hay dos pesos en la balanza: de un lado la minera, junto con la corporación municipal a la que domina y los empleados de la misma que ya no tienen elección, y del otro el resto del vecindario organizado para tratar de impedir que la empresa consiga explotar la mina.

Pero hay un elemento más, la Administración que decide sobre el proyecto; ¿en qué lado se posiciona?, ¿a quién debe defender primeramente? La respuesta puede parecer tan sencilla como decir que la Administración debe seguir la ley, más la realidad parece ser muy distinta en la mayor parte de los casos. No es inusual que los departamentos de Minas o Medio Ambiente miren para otro lado cuando reciben quejas sobre las sospechosas actividades de estas empresas, o que pongan mil y una trabas administrativas a los afectados por la posible futura explotación a la hora de acceder a determinada información sobre el expediente.

Cuanto mayor sea la fuerza social que consigan las organizaciones ciudadanas, más agresiva será la campaña de lavado de imagen de la promotora. Primero intentarán desacreditar a sus opositores, tratando de vincular en todo momento su postura contraria a la mina a cuestiones ideológicas y partidistas. Los tacharán de iluminados, agitadores profesionales, ecoloxetas, alborotadores y todo lo que se les vaya ocurriendo. Pero normalmente esa campaña de desprestigio no les es suficiente, pues esos grupos sociales, aun sin ser expertos en el ámbito de la minería o del medio ambiente, no tienen más remedio que trabajar a destajo para proteger sus propias vidas ante la amenaza de la minería destructiva. Es por eso que la empresa intentará venderse como una industria sostenible, respetuosa con el medio y con el resto de actividades económicas, y para eso necesitan la complicidad de grandes medios de comunicación, a los que no dudarán en pagarles caras publirreportajes a doble página en los que contar las bondades de sus planes para la comunidad.

Algo habitual en estas campañas de las mineras es la contratación de personas estratégicas, conseguidores de voluntades y de la tan ansiada licencia social. Así, no es raro que formen parte de su plantilla concejales de un partido favorable al proyecto o presidentes de alguna asociación influyente en el entorno.

La empresa nunca tratará de mejorar el proyecto presentado ante la Administración, pues tiene muy calculado cuál es la forma más barata de conseguir los mayores beneficios posibles, y cualquier adaptación a la legalidad o al menor daño a las personas y al medio ambiente le supondrá perder ganancia, que es lo único que busca. Las inversiones que hará antes de conseguir el sí de la Administración serán solamente para hacerse con el máximo apoyo popular posible. Como mucho presentarán informes firmados por técnicos con cierto renombre, seguramente del ámbito universitario, que siempre parece dar cierto caché a cualquier estudio técnico.

Pero las multinacionales mineras tienen la billetera grande y la conciencia pequeña, y todo les parece poco en su afán por conseguir el vil metal, por lo que no escatimarán en gastos y organizarán visitas guiadas de todo tipo al yacimiento, sobre todo de escolares, a quienes puedan hacer ver que toda la labor que realizan es ejemplar y respetuoso con el medio. Y si en la zona hay algún club deportivo con cierta categoría no han tardar en intentar patrocinarlo, ofreciéndole una suculenta cifra de dinero que de otro modo les sería muy difícil de conseguir, y cada vez que ese equipo salga al terreno de juego lucirá el flamante nombre de la empresa en la camiseta, y así se venderá como una gran entidad que apoya y fomenta la vida saludable y los valores deportivos. Cualquier cosa sirve para comprar sociedad.

¿Hasta dónde están dispuestas a llegar estas empresas con la especulación minera? ¿Tienen límite sus intentos de manipulación? ¿Por qué los gobiernos permiten que estas entidades los manejen a su antojo? ¿A cambio de qué?

Sin duda, una vez que una minera pone el pie en tu municipio, ya no hay vuelta atrás, o estás con ellos o estás contra ellos, lo que viene siendo contra la destrucción, contra la contaminación, contra la explotación de tus recursos y de tu modo de vida, contra el daño a la salud. Si ves la minera llegar prepárate, porque te va a tocar luchar.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/contra-la-megamineria-el-pueblo-iluminado/

Los regímenes mineros a gran escala, sean abiertos o subterráneos, para la extracción de oro, cobre o plata, entre otros, establecen una autoridad minera desde la cual produce su realidad fáctica, es decir, su presencia y pertinencia es justificada a través de engendrar deseos, modos de ver, soñar y sentir para apropiarse de los territorios constitutivos de otras territorialidades (como las territorialidades de vida que resultan de los metabolismos sociales de los pueblos para su supervivencia en la tierra).

Dicho de otra manera, los regímenes mineros (extractivos), categoría que propone Horacio Machado (2017), son una manifestación tanto de la política que expropia las energías y la materia de comunidades enteras, como de la implantación de un orden necropolítico (políticas de muerte) que articula y dispone de toda la complejidad viviente, o sea, el trabajo humano y la naturaleza, para producir capital en beneficio de pocos empezando por el control de lo que llamamos agua. Todo esto está asociado con la colonialidad de la Naturaleza cuyo único fin es convertir la materia viviente en el “combustible” del molino satánico (Polany 2010) del capital y de la modernidad.

Esto lo saben muy bien los capitalistas con sed de oro, porque sus beneficios y privilegios dependen de la capacidad de control que tienen sobre los pueblos empezando por el control material y energético que, a nuestro modo de entender, comienza con la expropiación de lo que está hecho el ser humano y toda especie viviente: el agua. Por eso, entendemos que “el orden extractivo-minero no es más que el desorden ecológico de los pueblos”.

Este desorden ecológico (Porto Gonçalves 2014) tiene que ver con la construcción de una geografía minera que dispone de la geograficidad del agua, es decir, al disponer del agua desequilibra la sostenibilidad de la reproducción agroalimentaria de las comunidades que consumen, grafían y se apropian de este líquido para mantener su cultura. A nuestro entender, y siguiendo a Porto Gonçalves, “el agua debe ser entendida en cuanto territorio, es decir, en cuanto inscripción de la comunidad en la Naturaleza”, porque ella, el agua, no está por fuera de ningún pueblo, incluido el moderno o los modernizados que creen estar desmaterializados y fragmentados de todos los ciclos ecosistémicos. Por tal motivo hablamos de una geograficidad del agua que está plenamente gestionada por los metabolismos sociales y comunitarios, entiéndase su gestión y administración para la reproducción de la vida.

Donde hay agua hay vida. El agua es trabajada y cuidada para la permanencia tanto del ser humano como de la Naturaleza, la cual infelizmente es absorbida por la geografía minera cuya secuela es la parálisis de la resiliencia ecosistémica de la vida. No se hace paradójico que este “sector energivoro”, a pesar de las cantidades exorbitantes de agua que emplea en todo el proceso de extracción, sea una “industria seca y árida”. En otras palabras, el extractivismo-minero produce sed como sacrificio pagado para el mantenimiento de los privilegios económicos/raciales en el norte global a costa de la destrucción de los pueblos ya racializados, es decir, los territorios donde habitan los diversos pueblos son desvalorizados por la transferencia de la escasez y muerte.

La extracción del agua: acumulación y contaminación

El extractivismo-minero en América Latina está repleto de ejemplos como para emitir no solamente un juicio científico, sino histórico. Si es que la historia tiene algún sentido para vernos desde otros horizontes de vida, dé el porqué cuando la minería moderna-metalífera toca el símbolo agua – y no nos referimos al símbolo químico de H₂O, sino a los trazos simbólicos desde la cual es significada y apropiada para la vida – la acumula y la contamina. En Argentina el proyecto Potasio Rio Colorado usa 86,4 millones de litros al día en una población cuyo consumo es de 280 litros por persona a la semana. En Bolivia el proyecto Sinchi Wayra usa 24.4 millones de litros por día donde cada persona tiene acceso a 30 litros por semana. En Honduras, el proyecto San Andrés usa 480 mil litros de agua al día, cuyas personas tienen acceso al agua sólo durante 8 horas por semana. Otro caso extremo, es el Cerrejón en Colombia, donde se usa 17 millones de litros al día, cuyos habitantes sólo tienen acceso a 0,7 litros por día, este último caso es ampliamente documentado porque constituye un hecho insobornable al decir de Augusto Ángel Maya (2013). Vemos, pues, que el uso intensivo del agua establecido por el orden del extractivismo-minero es constitutivo del desorden del ciclo del agua para los pueblos. Niños mueren de literal sed. Esta es la verdadera “fractura hídrica” constitutiva del desequilibrio ecosistémico. Esto sin mencionar la cantidad de energía eléctrica que necesita este sector para impulsar las máquinas de trituración y de pulverización de las montañas y de la tierra.

Además del uso intensivo del agua, hay que agregar otro tipo de relacionamiento asociado a la contaminación. Dice Edgar Isch (2010) que “la acumulación de los recursos naturales en pocas manos y particularmente la del agua, ha estado ligada a mayores daños ambientales”. Quiere decir que al “acaparamiento hídrico” le es constitutivo los “activos tóxicos” como resultado de la relación establecida entre la minería moderna con el agua, cuyo trasfondo es entender el ciclo del agua como si estuviera por fuera de todo contexto viviente.

Hace tres años en el Estado de Minas Gerais, sucedió uno de los desastres más representativos de la historia en América Latina, asociado al rompimiento de una represa que contenía aproximadamente 62 millones de m³ de lodo tóxico. Su recorrido fue aproximadamente de 650 kilómetros desde el origen de la afectación hasta la desembocadura en el Océano Atlántico, impactando los ecosistemas alrededor de la cuenca del Río Doce. Como resultado del desastre perdieron la vida 19 personas y como producto de la contaminación los pescadores, los ribereños, los agricultores y los indígenas del pueblo Krenak perdieron su territorialidad simbólica: formas particulares de existencia humana. Lo anterior es una manifestación de la colonialidad en la Naturaleza que es constitutiva de la minería moderna.

Toda la geografía minera-moderna está marcada por estos dos factores, a saber, el de la acumulación y el de la contaminación como hecho colonial sobre los territorios cuya finalidad es quitarle agua a los pueblos como resultado de la concentración de este líquido y la imposibilidad de consumo en contextos de abundancia hídrica por la contaminación. No quedan dudas que el tipo de relacionamiento establecido entre minería-moderna y agua de los pueblos, altera el ciclo reproductivo de los mismos, en tanto que los pueblos están siempre intrínsecos en el ciclo del agua.

En el encuentro con el ciclo del agua

A pesar de estos hechos tan lamentables para nuestros pueblos, aun los sujetos con subjetividad burguesa hablan del “uso racional y eficiente de los recursos naturales”, como si todo se resumiera al empleo de las técnicas eficientistas y “buen” manejo y administración de la disposición de los sistemas vivos, como si se tratase de una buena gestión ambiental de la relación entre los seres humanos y el agua.

Hay que decirlo de una buena vez: ¡esa relación no existe! No se trata de armonizar el desencuentro de la cultura moderna y la naturaleza como generalmente es tratada desde “la racionalidad instrumental como si fuera un tema de especialistas” (Porto Gonçalves, 2014), sino de reconocer que somos agua, de allí la territorialidad contenida en ella. Es con y en el agua que nos encontramos todos los seres vivientes. Por eso el extractivismo-minero es inviable para la humanidad toda y para el planeta vivo.

El ciclo del agua está en todo y no puede ser tratada por visiones simplificadoras de los buro(tecno)crátas. Generalmente sigue siendo tratada desde la visión de los científicos no comprometidos con la comunidad, como si se tratase de una “superficie liquida” donde la radiación solar la transforma en vapor y después en nubes para finalmente ser condensada y precipitada, dando origen a los cuerpos de agua como los ríos, lagos y riachuelos para después empezar el ciclo de nuevo. Esta es la manera desde la cual se nos explica el funcionamiento de este ciclo, que ilustra muy bien esa separación entre ser humano y naturaleza, además da la idea como si dicho ciclo fuera eterno sin alteración posible.

Nuestro cuerpo humano es 70% agua y nuestra sangre es el 83% agua, si esto es así, el ciclo del agua está contenido en nuestro cuerpo que siempre se renueva en ese movimiento propio de la vida cuando consumimos los alimentos, cuando nos vestimos o simplemente transpiramos. Ya deberíamos de saber que todo está hecho a base de agua, los cereales, las frutas, legumbres y todo el proceso agrícola productivo se sustenta por la incorporación del agua. Es decir, todo el mercado, y no me refiero propiamente al capitalista, está constituido por el agua, porque eso somos. Entonces, el ciclo del agua debe de entenderse desde esta visión integradora de la vida entre cuerpos y territorios de manera espiral, o sea, intercambios de energías y de materia que se dan en el tejido de lo que es la vida. No es por acaso que toda resistencia comunitaria contra el extractivismo-minero inicie con una preocupación por el agua como núcleo de discusión política y epistemológica de las luchas socioambientales en el continente.

Sociedades en movimiento con el agua

Las luchas contra el extractivismo-minero en toda América Latina no es simplemente un fanatismo ecológico de unos cuantos o un pachamamismo como lo ha querido reconocer un geógrafo anglosajón de moda en los centros académicos universitarios, sino que es la defensa de la existencia humana en su diversidad cultural de los pueblos, porque saben que sus cuerpos materialmente y científicamente están hecho de agua y atados a la tierra. Por eso es que el agua, como dice Porto Gonçalves (2014), se filtra en todo, en el aire, en la tierra, en la agricultura, en la industria, en nuestra casa, en definitiva, en nuestro cuerpo. Es el agua y sus formas de apropiación la que mejor refleja, que cualquier otro tema en la actualidad, las contradicciones políticas y culturales por su disputa territorial, al involucra un conjunto de representaciones y visiones que se tienen sobre ella.

De acuerdo con lo anterior, y a nuestro entender, el agua, y en consecuencia la vida, no debe ser comprendida desde la visión fisicalista y del “biologicismo eficiente” propio del pensamiento moderno que reina en el extractivismo-minero y en muchas autoridades ambientales, por el simple fato comunal de que el agua está contenida en los cuerpos de los pueblos. Para mantener el “flujo energético y ecológico” se comienza con la defensa del agua y se termina en la posibilidad de la reproducción de la vida contra el orden necropolítico del extractivismo-minero y de la capitalización de la naturaleza. Si esta es la lógica, toda sociedad en movimiento (Zibechi 2017) en el actual contexto de crisis civilizatoria-ambiental, se caracterizará por llevar y profundizar esta discusión, ya no como lo hídrico, sino como territorio y como cuerpo en permanente cambio con el ciclo de la reproductividad, que es el agua.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/la-modernidad-contra-la-vida-el-orden-extractivo-minero-como-el-desorden-ecologico-de-los-pueblos/

A tres años de que una represa operada por la minera brasileña Vale S.A. se rompiera y vertiera 45 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos sobre el río, un evento similar volvió a ocurrir el viernes 25 de enero en otra instalación de la empresa, lo que deja en evidencia que no se han aprendido las lecciones necesarias para proteger el ambiente en estos proyectos.

El reciente desastre sucedió en la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, y liberó cerca de 11 millones de metros cúbicos de lodo de minería en el río Paraopeba, afluente del río São Francisco, uno de los más importantes de Brasil y de América del Sur.

El anterior evento ocurrió el 5 de noviembre de 2015, en la ciudad de Mariana, cuando se rompió la represa del Fundão —controlada por la minera Samarco, una joint-venture entre Vale S.A. y la anglo-australiana BHP Billiton— y barrió casas, miles de animales, arrasó una villa cercana y mató a 19 personas, antes de alcanzar y contaminar la cuenca del río Doce con metales pesados como hierro, manganeso, aluminio, plomo y arsénico.

Si bien el material contaminante que llegó al ambiente este año es mucho menor, la situación se transformó en tragedia humana: hasta el cierre de la edición de este artículo se registraban 84 muertos y 276 desaparecidos.

Mientras rescatistas, autoridades y científicos hacen su trabajo, este martes 29 de enero el gobierno brasileño publicó una resolución que determina la fiscalización de todas las represas del país, especialmente en «aquellas clasificadas como poseedoras de ‘Daño Potencial Asociado’ a la vida humana de alto nivel o de ‘Riesgo’».

Asimismo, recomienda a los organismos fiscalizadores que “exijan de los agentes fiscalizados la inmediata actualización de los respectivos planes de seguridad de la represa y evalúen la necesidad de remoción de instalaciones de soporte a los emprendimientos ubicados en el área de influencia de las represas”.

Ambiental y humana

En una rueda de prensa, el presidente de la compañía, Fábio Schvartsman, afirmó que la tragedia de Brumadinho es más humana que ambiental, por el gran número de víctimas. En tanto, minimizó el daño ecológico: “En los desechos solo había sílice, por lo que casi no hay riesgo para el ambiente”, señaló.

No obstante, la comunidad científica no coincidió con esta afirmación. “La cantidad de muertos coloca a la tragedia como una de las mayores del sector de la minería en el mundo. Pero es impreciso decir que no habrá riesgo para el ambiente”, declaró a Scidev.Net el ingeniero Leo Heller, coordinador del Grupo de Investigación en Políticas Públicas, Derechos Humanos en Salud y Saneamiento del Instituto René Rachou.

Heller —también relator especial de los Derechos Humanos al Agua y el agotamiento Sanitario de la ONU— agregó que “es probable que los impactos económicos de Mariana se repitan en Brumadinho” y destacó los efectos sobre la salud humana debido a pérdidas de familiares. “Muchas familias no recuperarán siquiera los cuerpos de seres queridos, y esto genera importantes impactos en la salud mental”, dice.

Según Heller, comparado con el desastre de Mariana, el lodo de la represa de Brumadinho puede no tener muchas sustancias tóxicas, pero las lluvias que cayeron pueden revolver el fondo del río y traer a la superficie sustancias que estaban sedimentadas, como muestra un estudio publicado en diciembre.

En él, los investigadores demuestran que la contaminación con metales pesados que afectó la cuenca del río Doce en 2015 ​​recorrió cientos de kilómetros desde el lugar del accidente, y que la concentración de cada uno de estos metales puede variar de localidad a localidad, dependiendo de condiciones como la cantidad de lluvias.

“Conforme observamos en nuestra investigación, el lodo trae una gran cantidad de metales pesados en partículas o disueltos en el agua. En el caso de Brumadinho, además de sílice, deben existir elementos raros, que generalmente se encuentran en concentraciones mayores en los residuos de la minería. Y, como fue en el caso de Mariana, también existe el problema de la turbidez», resalta la bióloga Gabrielle Quadra, del Laboratorio de Ecología Acuática de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Minas Gerais, autora del estudio.

De acuerdo con los investigadores, el aumento de la toxicidad y la elevación en los niveles de turbidez del río Paraopeba pueden tener impactos en el río São Francisco, y las consecuencias de ello pueden afectar a las hidroeléctricas y el abastecimiento de agua, aunque el grado aún es incierto.

El río São Francisco tiene 2.700 kilómetros de largo y 168 afluentes, baña cinco estados y 504 municipios; en su cuenca están nueve importantes centrales hidroeléctricas.

“Mariana nos enseña que esos desastres traen un aumento en las concentraciones de metales pesados, aunque no estén presentes en el lodo, sino en los sedimentos. La trayectoria del fango revuelve lo que ya está sedimentado”, observa Heller. La extensión de eso, según el experto, solo se sabrá mediante un monitoreo continuo.

Fallas en la protección del ambiente

Para el geólogo Klemens Laschefski, del Instituto de Geociencias de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), no se aprendió nada con la catástrofe de Mariana en términos de seguridad y protección.

“El desastre muestra la total debilidad de la gobernanza ambiental. El tráfico de influencias permite que las empresas manipulen los procesos decisorios y posibilita que esos desastres ocurran. En esa coyuntura, los problemas de Mariana no se resolvieron, las familias afectadas no fueron ni siquiera reasentadas y las empresas no fueron castigadas. La vulnerabilidad y el sufrimiento de los afectados pueden repetirse”, dijo Laschefski, que desde 2015 investiga la situación de los afectados y las acciones adoptadas por el Estado y las empresas.

El experto detalla que en 2018 Vale logró —a través de la Secretaría de Medio Ambiente del estado— que la Mina de Brumadinho pasara de la categoría LAC2 —que exige cautela mayor en el análisis— a la categoría LAC1, que facilita la adquisición de la licencia ambiental por más diez años.