El último Censo Nacional de comunidades, que incluye a nativas y campesinas, revela las disputas por la tierra: 30% de comunidades de la Amazonía y 37% de la costa y los andes manifestaron tener conflictos en sus territorios.
Los resultados de 2.703 comunidades indígenas de la selva y 6.682 comunidades campesinas forman parte del tercer Censo de Comunidades Nativas y el primero de Comunidades Campesinas, realizados en el marco del empadronamiento nacional del 2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
En el caso de las comunidades amazónicas, los mayores conflictos se producen con otras comunidades (44,8%), personas particulares (27,4%), comuneros de la misma comunidad (23,5%), empresas madereras (14%), empresas petroleras (7,3%), empresas mineras (5%) y mineros informales (1,6%).
De la misma forma, las disputas territoriales de las comunidades campesinas se presentan en un 56% de los casos con otras comunidades, un 29,6% con otros miembros de la comunidad, 26,8% con personas particulares ajenas a la comunidad, 11,6% con empresas mineras, 4,2% con mineros informales y un 0,9% con madereras.
Voceros del INEI explicaron a Ojo-publico.com que los participantes tuvieron la opción de brindar una respuesta múltiple, es decir que una comunidad puede tener más de una disputa. Las preguntas se realizaron a los apus, presidentes o jefes de comunidad.
El tercer censo de comunidades amazónicas registra 917 comunidades más que la encuesta realizada el 2007, en la que figuraron 1.786. Los resultados del I Censo de Comunidades Campesinas revelan que Puno y Cusco concentran la mayor cantidad de estas, con 1.352 y 969, respectivamente.
Sin reconocimiento
Del total de 9.385 comunidades censadas, 9% no están reconocidas por ninguna entidad del estado: 10% en el caso de las comunidades amazónicas y un 8% de las campesinas declaran no estar reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Cofopri, gobiernos regionales y el Proyecto especial de titulación de tierras (PETT). El reconocimiento es el paso previo a la inscripción en registros públicos y la posterior titulación de sus tierras.
Esta situación coloca a las comunidades en un escenario de vulnerabilidad frente a problemas limítrofes o de superposición de derechos.
RECONOCIMIENTO. Cerca del 10% de comunidades nativas que no se encuentran reconocidas por entidad alguna.
Los casos más relevantes corresponden a los pueblos indígenas Kandozi (Loreto) y Awajún (Amazonas). En el primer caso, el 38,9% de sus comunidades (21) no están reconocidas. Con los segundos, de las 419 comunidades censadas, 55 no lo están.
Los resultados indican también que el 23% de todas las comunidades amazónicas que sí están reconocidas no tienen título de propiedad, documento que registra el derecho sobre sus tierras.
En comunicación con Ojo-Publico.com, Pedro Tipula, especialista del Instituto del Bien Común, señaló que los títulos a comunidades fueron entregados sin hacer un adecuado trabajo de campo, lo que genera disputas ocasionadas por las mismas autoridades. «Es importante precisar que aquellas que están reconocidas y tituladas, en su gran mayoría no están georreferenciados y ni registradas en un catastro. Si hay superposición de derechos, hay conflictos», indica.
Acceso a servicios básicos
La metodología empleada en los censos del 2017 permitió obtener respuestas múltiples a la consulta por los conflictos que mantienen por el acceso al agua. A través de un análisis de la información brindada por el INEI, Ojo-Publico.com pudo conocer que las comunidades Quechuas de las regiones de Cusco y Apurímac son las que presentan mayor cantidad de conflictos asociados a este recurso.
RECURSO. El censo de comunidades nativas y campesinas no recoge información sobre el acceso al agua. Muchas de ellas captan el recurso de los ríos para su subsistencia.
A diferencia de las encuestas realizadas en 1993 y el 2007, esta vez las comunidades nativas y campesinas no fueron entrevistadas por el acceso a servicios básicos como agua y luz. El último censo solo incluye preguntas relacionadas a los servicios en colegios y centros de salud.
Consultados sobre el tema, voceros del INEI señalaron que estos datos fueron recogidos en la cédula del Censo de Población y Vivienda a nivel regional y distrital, sin embargo, al revisar la encuesta Ojo-Publico.com determinó que esa información no tiene el detalle a nivel de comunidades.
La secretaria de Medio Ambiente, María del Rocío Pérez Pérez, pidió a los diputados del Congreso local promover un decreto para declarar a Veracruz como estado libre de minería tóxica.
La comunidad nahua y Ejido de Tecoltemi, municipio de Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla, celebró el 5 de marzo la audiencia final al juicio de amparo de la violación de sus derechos contra la minera canadiense Almaden Minerals.
El primer Informe Especial del 2019, elaborado por Guillermo Achucarro, investigador y experto en la temática de Cambio Climático, nos acerca a la realidad del Chaco Paraguayo. Un análisis de las cifras oficiales, y sus probables variables a futuro, nos presentan los posibles escenarios para una de las regiones más ricas en cuanto a biodiversidad y marcada por la presencia de comunidades indígenas que llenan el territorio de una importante riqueza cultural. Ambos patrimonios, la biodiversidad y las culturas de los pueblos originarios, se ven seriamente amenazados por el modelo extractivista y sus consecuencias en lo relacionado al fenómeno del Cambio Climático.
Los conflictos por la presencia de la actividad minera, así como proyectos mineros paralizados vuelven a ocupar las primeras planas. Uno de los que viene agravándose gira entorno al proyecto Las Bambas (Apurímac), donde una comunidad impide el paso de los vehículos de carga reclamando una compensación por el uso de la vía, y el diálogo se ha interrumpido. De otro lado, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) viene criticando al gobierno, la forma como gestiona los conflictos, situación que deberá ser abordada por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar. Para analizar este contexto y otras situaciones de conflictos vigentes, Noticias SER conversó con Ana Leyva Valera, Directora Ejecutiva de CooperAccion. 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que no brindará más concesiones mineras durante su sexenio, al tiempo que indicó que tampoco revocará ninguna de las que están en uso.
Vecinxs de la Asamblea Jáchal No se Toca denunciaron que la mina Veladero en San Juan habría protagonizado un nuevo derrame de metales pesados en febrero de 2019, envenenando, una vez más, el agua de la región. El dato surge de un estudio realizado el mes pasado en el río que atraviesa la ciudad por la Universidad Nacional de Cuyo y encargado por la Municipalidad de Jáchal, cuyos resultados muestran la presencia de valores altamente superiores a lo normal en varios elementos, entre ellos, mercurio y aluminio.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está preparando una revisión de las regulaciones del sector minero que incluirá la apertura de reservas indígenas a la minería, dijo el ministro de energía y minas del país.
Comunidades de 16 municipios, organizaciones sociales, autoridades municipales, comunales y ejidales de los valles de Oaxaca integrados por el “Frente a la no minería por un futuro de todas y todos” y también integrantes del Comité Ixtepecano Vida y Territorio en la región del Istmo de Tehuantepec .