El pasado 13 de agosto, se inició un paro indefinido en Moquegua. Organizaciones sociales y ambientales reclamaron el supuesto incumpliento de acuerdos de la empresa Anglo American de la mesa de diálogo del 2012 por el proyecto minero Quellaveco. El gobernador regional, Zenón Cuevas Pare, afirmó que la compañía no ha cumplido con contratar el 80% de mano de obra no calificada.

Además, un grupo de ciudadanos protesta por el supuesto peligro ambiental. Jesús Paredes, presidente del Frente Anticorrupción, señaló que el proyecto era inviable porque se ubicaba en cabecera del río Asana. En entrevista con Radio Americana, el dirigente afirmó que se debería declarar en emergencia al agua y al medioambiente de la zona.

Por su parte, en declaraciones a Gestión, representantes de Anglo American afirmaron que el porcentaje de contratación de trabajadores de mano de obra no calificada está en promedio en 95%, lo que superaría el 80% que era parte del compromiso. Por otro lado, sobre la presunta contaminación, una fuente vinculada a la empresa le dijo a dicho diario que “no ha habido afectación alguna, ya que todos los planes de gestión ambiental están en marcha”.

Este lunes, se realizó la reunión entre autoridades y representantes de la empresa. Participaron el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes; del Ambiente, Lucía Ruíz; de Salud, Zulema Tomás, y el viceministro de Infraestructura y Riego del Ministerio de Agricultura, Jorge Montenegro. También estuvo el gobernador regional, Zenón Cuevas. El pasado 17 de agosto, la población del centro poblado de Tumilaca decidió no participar de esta reunión.

En esta reunión,  el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, Diego Ortega, propuso 100 millones de soles para la ejecución de más de 100 proyectos de corto plazo, recursos que vienen del Fondo de Desarrollo de la última etapa de operación, según informa Gestión.

“Con ello se busca beneficiar a Juntas de usuarios, comunidades, juntas vecinales, clubes de madres y otras asociaciones y/o asociaciones, a través del Fondo de Desarrollo de Moquegua», dijo Ortega.

Además, Anglo American propone formar tres comités de proveedores, que serían de servicios generales, transporte liviano y de carga. Estas se formarían el próximo 16 de setiembre.

“Se iniciará la línea base de las 350 empresas de la región Moquegua, que viene el programa Emerge Perú, y los miembros de la Cámara de Comercio, de las empresas constituidas hasta el 31 de diciembre del 2018”, agregaron representantes de la minera.

También propone brindar su aval para microcréditos a los empresarios de estos comités que tengan buen desempeño.

Otros datos mencionados por Gestión son que la minera creará «un fondo de S/ 5 millones de microcréditos para los productores agropecuarios, cuyo lanzamiento será el 1 de noviembre del 2019″. «Asimismo, se destina S/ 1 millones para los temas de anemia en la región».

 «Anglo American Quellaveco también invierte S/ 5 millones para el cierre de brechas y auspicia un diplomado de gestión pública en la UNAM y UP», agrega el diario de economía y finanzas.

Tras esta reunión, la ministra de Salud, Zulema Tomás, anunció que se logró firmar un acta de acuerdo con los ciudadanos de Tumilaca y se estipuló una «tregua de 72 horas con libre tránsito».

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/08/20/moquegua-quellaveco-anglo-american-conflicto-minero-propuestas-empresa/jorgepaucar/

Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta. Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.

Desde el 15 de julio, en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, se inició una paralización en contra del proyecto minero Tía María. Fue la respuesta de la población a la decisión del gobierno de otorgarle la licencia de construcción a la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC), pese a que era evidente que no había licencia o aceptación social.

Cabe recordar que esta decisión se adoptó en medio de una serie de presiones mediáticas, sobre todo desde la CONFIEP. Ante esto, las autoridades y la ciudadanía respondieron con la paralización, exigiendo que el gobierno respete sus derechos.

El 30 de julio, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, convocó a un paro regional indefinido a partir del 05 de agosto, demandando al gobierno nacional la anulación de la licencia de construcción del proyecto. Esta decisión contó con el respaldo del gobernador regional de Arequipa, Cáceres Llica.

El primer día de paro regional en Arequipa se movilizaron más de 30 organizaciones sociales, especialmente de los trabajadores de construcción civil y comerciantes, que se adhirieron a la plataforma de protesta en solidaridad con las comunidades del Valle de Tambo. En el cono norte de la capital de la región y en las principales vías de la ciudad se paralizó el tránsito.

En la provincia de Islay las manifestaciones continuaron. Además, se registró el primer incidente de gravedad: Anabella Pucho Uscamayta (29), quien vendía alimentos, presuntamente recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo. Ante la alarma producida por el hecho, la Defensoría emitió un comunicado llamando a la calma y pidiendo a las autoridades retomar el diálogo.

Después del primer día, los bloqueos a la Panamericana Sur continuaron en distintas provincias y distritos de la región, sobre todo en Islay y Caylloma y la lucha de los agricultores del Valle de Tambo, recibía el respaldo de regiones como Puno y Moquegua. En Ilo, hubo un bloqueo momentáneo de tránsito en contra de Tía María y la minera Quellaveco (Anglo American). En Puno, diferentes gremios se plegaron a las medidas de fuerza. Para entonces, no se descartaba la posibilidad que el paro se proyectase a nivel macro regional, en todo el Sur.

El escenario se complejizó con la autorización -por Resolución Suprema- de la intervención de las Fuerzas Armadas en el puerto de Matarani. Esta medida, fue cuestionada por algunos especialistas que la consideraron abiertamente inconstitucional.

Posteriormente, se inició una campaña millonaria en los principales medios de comunicación a nivel nacional en la que un colectivo de ciudadanos de Arequipa se manifestaba en contra de la paralización y las medidas de fuerza de los gremios sociales. Luego se supo que este colectivo y toda la campaña, era financiada la empresa SPCC.

El 09 de agosto, frente al riesgo de pérdida de vidas humanas y mayores pérdidas económicas por el agravamiento del conflicto, el Concejo Nacional de Minería anunció la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero. Como ha sido señalado, esto no implica la cancelación definitiva del proyecto. El conflicto en el Valle de Tambo evidencia las limitaciones del actual marco legal y pone en relieve las brechas de gobernabilidad que todavía persisten.

En los últimos días, se han hecho públicos los audios de la reunión que el presidente Vizcarra sostuvo con los gobernadores de las regiones del Sur el pasado 24 de julio. Estas revelaciones han abierto todo un debate y serios cuestionamientos de un sector de la prensa y la oposición política, sobre todo de la mayoría en el Congreso. Los ministros han sido invitados al Congreso de la República para que expliquen lo ocurrido en Arequipa. Habrá que esperar el desenlace de estos hechos.

Lo cierto es que tres gobiernos han intentado sacar adelante este proyecto y no lo han logrado. Lo intentó el gobierno de García y fracasó. Luego lo intentó el de Humala, que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y tuvo que dejar en suspenso la licencia de construcción para apagar la protesta. Hasta entonces, Tía María ya nos había costado siete muertes.

Tres gobiernos que fracasan en el intento de sacar adelante un proyecto es una evidencia de problemas de fondo. ¿Cuáles? Los proyectos que no tienen licencia social son inviables en el Perú y en cualquier parte del mundo y se necesitan nuevas reglas para la minería. A todas luces Tía María era contraria a los intereses del Valle de Tambo, del país e incluso, aunque no quieran reconocerlo, de las propias empresas mineras.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/un-breve-recuento-del-ultimo-paro-en-contra-del-proyecto-tia-maria/

El Presidente de la República es el presidente de todos los peruanos y no solo del gremio minero. Ante la escalada y la crisis a la que se llegó en el conflicto de Tía María, el Presidente tenía solo dos caminos: emplear la fuerza, con una posible pérdida de vidas humanas o encontrar la forma de encausar pacíficamente el conflicto. Siendo el Perú un país democrático, y el Presidente Vizcarra una autoridad que intenta conciliar intereses, siguió la única opción posible, encaminar a los manifestantes hacia un procedimiento administrativo que permitiera bajar la tensión y que le diera tiempo para encontrar una salida razonable.

Los dos extremos del conflicto afirman que la escalada de la protesta fue responsabilidad del gobierno. Si bien hubo algunos errores, como una cierta demora para establecer canales de diálogo con los actores sociales, la situación del conflicto se origina en los dos gobiernos precedentes.

Es necesario reconocer que en el caso Tía María el gobierno del Presidente Vizcarra ha tenido y tiene poco margen de acción.  Los manifestantes cuestionan la viabilidad ambiental del proyecto, y es verdad, el proyecto presenta serios problemas, pero lamentablemente la certificación ambiental se dio con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el año 2014, durante el gobierno del Presidente Ollanta Humala. Han pasado cinco años y revertir esa decisión es muy difícil, porque la vía administrativa se encuentra agotada, quedando aparentemente abierta sola la posibilidad de un proceso constitucional.

Con el EIA aprobado, la empresa minera Southern ha seguido tramitando los permisos que necesita para operar. Uno de ellos, es la licencia de construcción de la planta de beneficio (que constituye solo un componente de la mina).  El trámite se inició en octubre de 2014. Una pregunta que nos hemos hecho es si el gobierno podía desaprobar la licencia de construcción de la planta de beneficio por temas ambientales. Tenemos entendido que en el trámite de aprobación de la licencia de construcción no se debaten temas ambientales sino ingenieriles, y se deben cumplir ciertos requisitos, como contar con un EIA aprobado, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y la declaración jurada de no afectación de vías. No siendo una autorización ambiental, su aprobación depende de la Dirección General de Minería (DGM) y no del SENACE.

Consideramos que con la aprobación del EIA, el Estado Peruano entró en un camino difícil de afrontar. El problema principal en este caso, no reside en la desinformación de la población de Islay como se suele afirmar, sino en la debilidad del EIA para garantizar los intereses de los pobladores de Islay.

La principal preocupación de los pobladores de Islay, que en su mayoría son agricultores y que viven en medio de un desierto, es el agua.  Se cree erróneamente que su protesta es por la demanda hídrica de la empresa para la realización de sus operaciones, la misma que estaría solucionada con la planta desalinizadora de agua de mar. Esto no es cierto. La principal objeción es la posible afectación de la relación de las aguas subterráneas con las aguas superficiales. Es decir, el cuestionamiento de los agricultores de Islay es si el acuífero que alimenta en un 100% al río Tambo en temporada de estiaje se verá afectado por la alteración del flujo y la calidad de las aguas subterráneas que se podría producir con la explotación del mineral en el tajo La Tapada. Esa relación no ha sido debidamente estudiada, dejando altos niveles de incertidumbre, según lo afirmado por el experto portugués en hidrogeología Luis Tavares Ribeiro[1].

Cabe precisar que con la planta desalinizadora también existe un problema. Las normas ambientales exigen que para determinar impactos, el proyecto esté descrito por lo menos a nivel de ingeniería de factibilidad. Ese requerimiento no ha sido cumplido en el EIA.

En este escenario la gran pregunta es qué hacer. Lo lógico sería reevaluar la viabilidad ambiental del proyecto. Sin embargo, eso es poco probable, pues la certificación ambiental ya ha sido dada y los plazos para impugnarla a nivel administrativo están vencidos. Como hemos señalado, la vía judicial es una opción que todavía podría ser posible.  Como un tema adicional a ello, se plantea la licencia social, que si bien no es un requisito formal para operar, debe darse para garantizar la viabilidad social del proyecto.

En medio de todo ello la conclusión es muy clara: urge fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental. El caso de Tía María, pero también el de Ariana y Las Bambas, entre otros, ponen de manifiesto los problemas o fallas de este sistema. Desde el 2013, el sector empresarial ha venido presionando para que la gestión ambiental sea más flexible, argumentando la necesidad de eliminar un exceso de trámites. Lo cierto es que su debilitamiento a la larga va contra intereses del propio Estado, de otros sectores del país, pero también de las propias empresas mineras porque un EIA que evidencia problemas, genera un clima de desconfianza y de temor, que acompaña la vida el proyecto, y que tarde o temprano puede dar lugar a conflictos sociales.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/tia-maria-los-conflictos-no-se-resuelven-por-la-fuerza/