Por la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares / El pasado jueves 8 de agosto, asistimos como Coordinación a la Comisión de Minería y Energía del Senado, como parte de la revisión del proyecto de ley de protección de glaciares.
En este contexto, y a propósito de lo expuesto desde el sector empresarial, expresamos:
Como coordinación, solicitamos asistir ya que consideramos que el nivel de falacias, y constante falta a la verdad en el discurso esparcido por los invitados hasta ese momento (Glaciólogo Consultor de Barrick, Pablo Wainstein, Ministro Baldo Prokurica, Cochilco, Sonami, Codelco y Federación de Trabajadores), era de tal nivel, que fue necesario poner muchas cosas en su lugar, en aras de la verdad y de la razón ante una irracionabilidad apabullante.
Cabe recordar que este proyecto se encuentra en esta comisión luego de que previo a la votación en general, el comité de parlamentarios de los distintos partidos acordó con el Ejecutivo que de aprobarse sería revisado primero por esta comisión, para luego volver a la Comisión de Medio Ambiente. Acuerdo que develó sin pudor alguno el nivel de presión que ejerce la minería ante la posibilidad de una ley de protección.
Denunciamos, y constatamos in situ avanzaba la sesión, cómo la discusión de este proyecto de ley, que ya fue aprobada en general, se ha direccionado intencionalmente a relativizar la pertinencia de una ley de glaciares en el país, a consecuencia de una clara estrategia concertada entre el Gobierno, el sector minero y científicos serviles (como por ejemplo Gino Casassa, ex consultor de mineras y nombrado por el gobierno en el 2018 como Director de la Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA), quienes intentan imponer la idea de que los glaciares en Chile ya se encuentran protegidos, señalando incluso que “el 86% de los glaciares estaría protegido por SNASPE, y el 14% restante por el Sistema de Evaluación Ambiental”.
Se explicó contundentemente por qué esa premisa es falsa, pues hay 13.565 glaciares que no están en parques nacionales ni reservas, y justamente en las regiones más amenazadas por la megaminería que no contienen glaciares protegidos. Además, los 10.549 glaciares que se encuentran en áreas protegidas igual pueden ser desafectados por letra p) del artículo 11 del SEIA, lo cual también se permite por un artículo del Código Minero.
También, la falsa premisa de que los glaciares, que según ellos se encuentran protegidos por el SEIA, fue totalmente desmentida por los investigadores de la Universidad de Atacama. La minería en las nacientes con la explotación y también exploración a través de sondajes de prospección, o proyectos hidroeléctricos emplazados en el ambiente periglacial, son ejemplos de la permisibilidad del sistema.
El SEIA es un colador que no cuela, y aún más; el Decreto 40, vino a agudizar más la situación, permitiendo incluso modificar o alterar el volumen de un glaciar. Hoy hay más de 32 proyectos mineros e hidroeléctricos en zona de glaciares permitidos por el SEA (SMA y Sernageomin).
Recalcamos que la minería se ha opuesto históricamente a la protección de los glaciares por medio de una ley particular, truncando y obstaculizando este objetivo, con la constante presencia de sus representantes en todas las instancias de discusión, desplegando también una campaña del terror a través de los principales medios de comunicación de las elites.
En esta última sesión, se sumó a la defensa del extractivismo que destruye los glaciares el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingenieros y la Asociación de Proveedores Industriales de la minería, el centro de Estudios Libertad y Desarrollo, y uno de los visitantes permanentes del parlamento, Codelco.
Asimismo, dimos cuenta de la situación de crisis hídrica y ambiental del país y de lo relevante que son los glaciares no sólo en términos hídricos y reguladores de las cuencas, sino que más allá de eso, son elementos centrales de la sobrevivencia de ecosistemas y la base para garantizar los derechos humanos.
La actual escasez de agua responde al Código de Aguas, que promueve la mercantilización y lucro, consagrando la privatización del agua, que ya no fluye por nuestros ríos. De ahí que los glaciares se vuelven trascendentales para garantizar los derechos humanos, la vida de los ecosistemas y la biodiversidad.
Aprovechamos de repudiar y denunciar otra estrategia pérfida que va aparejada: la nueva definición de glaciares impulsada por Gino Casassa. Discrimina a glaciares que no fluyen y a los más pequeños de 1 hectárea, dejando fuera en su gran mayoría a todos los glaciares del norte de nuestro país.
También rechazamos la presencia del ex Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier quien, junto al ex Director Nacional de Agua, Carlos Estévez, no se arrugaron en contar una post verdad con relación al proyecto de (des)protección del gobierno anterior, promocionado por ellos: “El proyecto de ley protegía a todos los glaciares”, cuando la misma Corte Suprema estableció que era un proyecto que finalmente regulaba y permitía la intervención de los glaciares.
En la misma línea, el académico de la carrera de Geografía de la Universidad de Chile, Francisco Ferrando, y los investigadores que representaron al Laboratorio de Investigación de la Crósfera y Aguas de la Universidad de Atacama, coincidieron con lo expuesto por la Coordinación en el sentido de que la protección debe orientarse a las diversas formas de hielo (crioformas) como el permafrost y al entorno o ambiente periglacial.
Incluso, defendieron la idea de que se debería hablar de una Ley de la Criosfera, ya que es importante resguardar todas las zonas (bajo 0º C) con presencia de hielo.
Respecto a la Corte Suprema, expusimos los claros fundamentos de este máximo tribunal, que ha indicado que “en la actualidad no existe duda que los glaciares son bienes nacionales, que forman parte del patrimonio ambiental de Chile y no pueden ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos”, por lo que no pueden ser sometidos al SEA. También nos referimos a lo señalado por el Instituto Nacional de Derecho Humanos quienes entienden que la protección deber ir más allá del glaciar mismo, reconociendo la importancia de otras crioformas y el valor del entorno cuyo no resguardo vulnera una serie de Tratados Internacionales ratificados por Chile.
Por último, respecto de la constitución de una mesa técnica y científica para la viabilización de esta ley, o la necesidad previa de avances científicos e investigaciones para entonces poder pensar en una protección adecuada a los glaciares, compartimos de manera enérgica que eso es vulnerar el principio preventorio y precautorio asociado al Acuerdo de Río que atraviesa toda nuestra legislación ambiental, que da cuenta que la falta de certeza jurídica no debe ser un impedimento para tomar medidas necesarias. Los glaciares no pueden esperar, la protección es AHORA.
Desde las comunidades afectadas por la desprotección en la que se encuentran los glaciares y su entorno, levantamos la demanda de CHILE, PAÍS GLACIAR, pues somos a nivel latinoamericano el país con la mayor cantidad de superficie glaciar (albergados el 91%), donde el 70% de la población vive de ellos. Reivindicamos además el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es generada por las mismas empresas que hoy no quieren que protejamos nuestros glaciares (empresas causantes además del cambio climático).
Chile es hoy económicamente diverso y son otros los sectores que aportan al bolsillo del país (el aporte al PIB de la minería está en el tercer lugar, con una tendencia a la baja), pues no dependemos de la minería únicamente y ante el contexto mundial de emergencia climática no podemos seguir repitiendo aquel discurso.
Fuente:https://www.elciudadano.com/medio-ambiente/si-chile-no-ha-tenido-una-ley-de-glaciares-ha-sido-a-consecuencia-del-sector-minero-y-su-influencia/08/14/?fbclid=IwAR0SVVYthqpshYd1ltH-NIu_2HbyP2T6-KSPCLm5_uf6OJ0W91QFd6CUaPE
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