El apuntalamiento del sistema económico capitalista en la minería y las políticas de dominación neoliberales han hecho del municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, una de las caras más visibles del modelo extractivo minero en México. La creciente demanda de materias primas por los países centrales y las economías emergentes, así como el incremento del precio de los minerales, entre los que destaca el oro, al ser visto como un refugio para los grandes inversionistas ha significado un crecimiento en la centralización de tierras en forma de concesiones y, a la vez, un boom para la extracción de este metal.

Durante el periodo 2000-2006 el precio del oro creció 117 por ciento su valor, lo cual generó que a partir de 2009 se elevara significativamente el volumen extraído, alcanzando un aumento de 366 veces en los últimos 27 años, pasando de 41.5 a 15 mil 229.4 kilogramos. Por su parte, la plata aumentó el volumen de extracción 30 veces y el cobre 13 veces en el mismo periodo. Estos datos también reflejan el perfeccionamiento de las técnicas de extracción a través de la tecnología, que requiere cada vez más insumos para ser sostenida.

La llegada de la empresa canadiense Goldcorp, ahora Newmont-Goldcorp, a Mazapil, y la adquisición del yacimiento Peñasquito para operarlo bajo la técnica de tajo a cielo abierto en 2006, se anunció como el inicio de un auge económico importante para la región que traería progreso y desarrollo. Pero a 13 años de su llegada, la realidad no corresponde con lo prometido. El ejemplo de la farsa del “desarrollo minero” se observa al analizar los siguientes datos: en 2010, por cada 1 mil dólares de minerales vendidos Goldcorp obtenía de ganancias aproximadamente 998.82 dólares y las comunidades sólo recibían 18 centavos de dólar (Garibay, 2010); por otro lado, en 2016, mientras que Mazapil aportó el 8.7 por ciento del valor total de la extracción minera a nivel nacional (Secretaría de Economía, 2017), era reconocido como el cuarto municipio con mayor población en situación de pobreza extrema con el 12.9 por ciento, además, contaba con el 63 por ciento de la población en condición de pobreza (Cobeval, 2015). Es una paradoja: grandes ganancias para la empresa y gran pobreza para el poblado (Uribe y Rodríguez, 2019).

Como se puede observar, no hay simetría entre las ganancias de la empresa Newmont-Goldcorp y los impactos, tanto sociales, culturales, económicos, ambientales y a la salud que ha ocasionado su operación en la región. Otro tema de suma relevancia, es el despojo de tierras para la actividad minera, ya que, entre el 2006 y el 2010, la empresa despojó con engaños, chantajes y coerción más de 7 mil 971 hectáreas de tierra de los ejidos de Mazapil, Cedros, Cerro Gordo y El Vergel, generando el desplazamiento forzado de la comunidad de Peñasquito, además de poner en riesgo latente el desplazamiento de las comunidades de Mesas, Charcos y Palmas Grandes. A la par, el agotamiento del agua comenzó a sentirse rápidamente, en mayo de 2010 se constató que todas las norias relacionadas a la mina Peñasquito se secaron (Garibay, et. al., 2014). Algo más alarmante aún es que Goldcorp mintió a sus accionistas sobre las concesiones de agua y todo apunta a que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue cómplice de la empresa al poner a remate el acuífero, haciendo informes técnicos con sendas alteraciones que favorecen a la trasnacional (Garibay, et. al., 2014), lo cual, deja ver un claro entramado de corrupción.

En estos años, también se ha hecho visible la devastación ambiental y la transformación del paisaje que ha generado la minería a cielo abierto, misma que comenzó a visibilizarse y sentirse velozmente, debido a que tan sólo en el periodo de 2012-2017 la minera ha consumido 84 mil toneladas de cianuro y ha removido 396 millones de toneladas de materia rocosa para la extracción de oro. Lo cual ha repercutido en la contaminación del suelo y el aire por la transmisión de polvo con contenido tóxico, derivado de metales pesados y el uso de cianuro para el beneficio del mineral. Esto ha significado el surgimiento de distintas enfermedades dermatológicas y crónico-degenerativas como el cáncer. Los casos de los niños y niñas de Charcos son los más representativos. También se ha generado la muerte de ganado y la pérdida de cosechas.

La relación desigual con la minera Peñasquito ha desatado un conflicto eco-territorial de convivencia y bienes pecuniarios que se sobrepone a un conflicto laboral e intersindical entre ejidatarios, campesinos avecindados, transportistas y la empresa Newmont-Goldcorp. El saldo de los conflictos a lo largo de los años ha sido el aumento de la violencia en la región, la división comunitaria, el desplazamiento forzado, varios homicidios, criminalización a líderes y la presencia de un grupo armado.

La operación de Newmont-Goldcorp ha desencadenado una disputa por el control del trabajo y la vida humana, animal y vegetal del territorio, pero no hay mejor calidad de vida sino más conflictos mineros (Uribe, 2019). La esencia de estas tensiones muestra una contradicción de origen entre quienes manifiestan una mirada crítica sobre la forma de actuar de la minera y una postura que defiende la tierra, el agua y el territorio, pero, al mismo tiempo, aceptan que la empresa pueda seguir operando el yacimiento siempre y cuando cumpla el marco legal nacional e internacional que integra el principio economicista “el que contamina paga”, poniendo en peligro el futuro de toda la región.

La articulación y correlación de fuerza entre los diversos actores involucrados en el caso Peñasquito se vislumbra cada vez con mayor complejidad, lo cual genera cuestionamientos sobre lo que verdaderamente está en juego para quienes se han organizado y pelean contra la trasnacional. Recordemos que después de las primeras remuneraciones económicas, muchos ejidatarios lograron adquirir camiones e integrarse al trabajo con la minera para el acarreo de material, eso ha generado un cambio cualitativo en los conflictos, pues se pone en la mesa la tensión no sólo por la negociación de las retribuciones requeridas por la explotación territorial entre la empresa y los ejidatarios, sino una disputa entre sindicatos transportistas por el control de los contratos de acarreo de material.

Aunque en las constantes demandas de los afectados se exige el resarcimiento del daño por el agotamiento de los mantos freáticos en la comunidad de Cedros y de una auditoría ambiental, estos argumentos parecen secundarios frente a la exigencia de recuperar los contratos de acarreo para las asociaciones transportistas en pugna. Pese a que se ha corroborado que la empresa ha operado en la ilegalidad tras detectar diversas irregularidades para obtener los permisos de ocupación temporal de tierras como negar la participación de miembros opositores al comisariado, realizar asambleas sin la información necesaria, con anomalías en la determinación del acceso al voto y en los propios escrutinios, con dudas sobre las firmas, en algunos casos no se presentaron actas de no verificativo, entre otros aspectos. Los afectados por la mina Peñasquito apuestan por la negociación permanente antes que exigir el cierre de la mina, la rendición de cuentas y el resarcimiento de los daños ambientales, así como un proceso de reconstrucción del tejido social.

Es en este complejo marco que se juega el negocio y la vida de los ejidos y comunidades influenciados por el megaproyecto minero “Peñasquito” en la región de Mazapil, Zacatecas.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/10/08/minera-penasquito-entre-el-negocio-y-la-vida-de-las-comunidades-de-mazapil/?fbclid=IwAR3K30Xw0g4zO-cSEZ0X0ZWsVLEtP7BlTmeX4lIw8XRGWjZvqL4fopcKuaM

Durante la reunión que sostendrán el próximo 11 de octubre con el subsecretario de minería.

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), representantes de diversas organizaciones, de la iglesia e investigadores, solicitarán la cancelación de las concesiones mineras en el estado, durante la reunión que sostendrán el próximo 11 de octubre con el subsecretario de minería, informó el integrante de LAVIDA, Guillermo Rodríguez Curiel.

Detalló que en la reunión que se celebrará en Actopan, participaran habitantes de alrededor de 80 comunidades de diversos municipios que se han pronunciado en contra de dichos proyectos.

“El 11 de octubre estará presente en el salón estrella de la cabecera municipal de Actopan el maestro Francisco José Quiroga, que es el subsecretario de minería, concretamente es la secretaría de economía y esta subsecretaría de minería los que otorgan las concesiones a los mineros, logramos después de muchas movilizaciones que él venga a Actopan donde nos reuniremos aproximadamente 80 comunidades de Actopan, Alto Lucero, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, etcétera, le vamos a mostrar porque en Veracruz es inviable la minería toxica y le vamos a exigir que cancele todas las concesiones que han otorgado para Veracruz, estamos preparados para mostrarle con hechos.

Van a estar presentes los investigadores del INECOL, de la Universidad Veracruzana, van a estar presentes instituciones ambientalistas, la secretaría del medio ambiente, disputadas locales y federales, el arzobispo que había confirmado su asistencia pero está enfermo de dengue y va a acudir el presbítero Nabor, logramos que acudan una gran cantidad de técnicos que saben de daños ambientales a la salud y a la economía que provoca la minería toxica a cielo abierto, posteriormente lo llevaríamos a la costa para que vea los daños que provocaría en toda la costa veracruzana, a la playa de la Mancha y posteriormente lo llevaríamos a Huixtla, un sitio sagrado que muestra claramente los daños ambientales que provocaría la instalación de la minera”.

Destacó que en el estado son alrededor de siete municipios los que se verían afectados por la instalación de estos proyectos, ya que se tienen concesionadas alrededor de 200 mil hectáreas.

“Nosotros esperamos que el subsecretario de minería del gobierno federal traiga la encomienda de negarle a los mineros todos los permisos y de empezar los trámites para negarles las concesiones mineras, ya le dijimos al presidente que no basta con que nos diga que la minería no va, queremos que se exprese en un documento, en un decreto, en una ley, nosotros queremos un papelito que hable y que diga no a la minería toxica, no a las construcciones mineras en Veracruz.

Las concesiones mineras que han otorgado van de Alto Lucero, de Actopan y terminan en Tatatila y el municipio de las Minas, Chiconquiaco, Yecuatla, son como siete municipios donde ya hay concesiones mineras y serian 200 mil hectáreas las que están concesionadas, es decir arrasarían con toda la vida vegetal que hay en los territorios de Veracruz, se ha mostrado que solo nos queda el 4% de la corteza vegetal y la mayoría de esta se encuentra en los ríos Filobobos, Tecolutla, Nautla, que hace parte de la cuenca que conocen, esa región le otorga agua a más de dos millones de habitantes, si se instalan las minerías no habría agua para la población, no habría vida porque arrasan con todo para hacer grandes precipicios que acaban con toda la vida, por eso es que sí es urgente que los veracruzanos le exijamos al gobierno estatal y federal que no queremos la minería”.

Resaltó que aunque el gobierno del estado y federal ya se pronunciaron en contra de estos proyectos, se solicitará un documento que respalde su postura hacia la instalación de las mineras.

Fuente:https://www.msnoticias.com/news/256647?fbclid=IwAR3noPbEVFO4vte-Ub0P8hAsBW6Nhwat-QDDJz_AB7rCOZsZdaAbCIW4J-o