Chile

Exclusivo: Corte Suprema rechaza proyecto Dominga por 4 a 1 votos, pero deja abierta una puerta trasera

En un duro revés para las aspiraciones de La Moneda y de la empresa encabezada por Carlos «Choclo» Délano, el máximo tribunal habría fallado en contra de este proyecto de US$ 2.500 millones. Pero tres de los cuatro magistrados del voto mayoritario proponen que Dominga vuelva al Comité de Ministros, partiendo todo casi desde fojas cero. El fallo se conocerá oficialmente en los próximos días.

La historia del proyecto minero Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera (cuarta región) y controlado por la familia del empresario Carlos Alberto Délano, a través de la empresa Andes Iron, está por llegar a su fin tal y cual se le conoce hasta el día de hoy. Esto ya que la tercera sala de la Corte Suprema emitirá en los próximos días un fallo que terminaría por zanjar, por ahora, la totalidad de idas y venidas que han tenido tanto los dueños del proyecto como sus detractores en las instancias administrativas y judiciales del país, una polémica que se inició desde el momento mismo en que Dominga fue presentada ante el Servicio de Evaluación Ambiental hace seis años.

El fallo de la Corte Suprema, que ya fue redactado por el ministro Sergio Muñoz Gajardo en un escrito de unas 170 páginas, invalida la sentencia favorable que tuvo Dominga en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta el pasado 27 de abril de 2018. Ese día, aquella instancia acogió la reclamación de la empresa Andes Iron, anulando las resoluciones y los acuerdos tanto de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo como del Comité de Ministros –ambos organismos que rechazaron el proyecto–, dando la orden de retrotraer todo el procedimiento a la COEVA para realizar una nueva votación.

A partir de ese documento, los detractores de Dominga, entre los que se cuenta la ONG Oceana y organizaciones de pescadores y de vecinos de ese sector, presentaron recursos de casación en contra de esta sentencia. Según información obtenida por INTERFERENCIA, la decisión de la Corte Suprema es un total revés para el negocio de los Délano Méndez –cuyo patriarca, conocido como el «Choclo Délano», tiene una histórica amistad con el Presidente y que en el marco del caso Penta fue condenado a tomar clases de ética empresarial– y de la familia Garcés Silva –vinculada a Embotelladora Andina y Banvida–, dueños del 14% de esta iniciativa. La mala noticia no sería solo para ellos: también para el gobierno encabezado por Sebastián Piñera, que puso varias de sus fichas a iniciativas mineras como esta para reactivar la economía del país.

Un fallo supremo

INTERFERENCIA no ha podido acceder al documento de 174 páginas redactado por el ministro Sergio Muñoz Gajardo. Sin embargo, en conversación con varias fuentes que están al tanto de este tema, este medio pudo extraer algunos datos de este fallo que vendría a invalidar la anterior sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta.

La votación fue de 4 contra 1, donde el único voto a favor del proyecto fue el de Arturo Prado Puga, ministro que realizó parte de su carrera como fiscal del Banco de Crédito e Inversiones (BCI). El único que rechazó por completo fue el ministro Ricardo Blanco Herrera. Los otros tres, Sergio Muñoz Gajardo, María Eugenia Sandoval Gouet y Ángela Vivanco Martínez, votaron en contra pero recomendaron que el tema regrese al Comité de Ministros. En ese sentido, por más que el fallo es adverso para Andes Iron, porque todo lo realizado quedaría casi en fojas cero, le deja una puerta abierta para replantear este megaproyecto industrial de la cuarta región.

Según las mismas fuentes, se cree que el fallo saldría entre este jueves y viernes, pues ya está redactado y solo espera la firma del ministro Ricardo Blanco Herrera, quien se encuentra hasta este martes de vacaciones.

Cabe recordar que Dominga fue presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en septiembre de 2013, hace seis años. La iniciativa involucra la actividad minera y portuaria, con extracción y procesamiento de hierro y también de cobre, que sería embarcado desde las mismas instalaciones de Andes Iron. Todo esto, según las cifras que presentó la empresa ante el SEA, contempla una inversión de 2.500 millones de dólares.

Golpe al gobierno

Todavía no asumía como ministro de Economía cuando José Ramón Valente comentó en entrevista con La Tercera que ojalá encontraran «el camino para que Dominga cumpla los requisitos y se pueda desarrollar». Sus palabras no eran azarosas, pues precisamente fue él quien, en el comienzo del segundo gobierno de Sebastián Piñera, quedó como encargado de destrabar una serie de inversiones que supuestamente en ese momento alcanzaban 74.000 millones de dólares.

De a poco, el Ejecutivo ha visto trabado estos proyectos que han girado en torno a la minería. De hecho, a fines de agosto, el Tribunal Ambiental de Valdivia revirtió la autorización de Mina Invierno –perteneciente al grupo Von Appen– para el uso de tronaduras en su faena minera con carbón, un proyecto que precisamente era apoyado por el gobierno. Esta sentencia reciente fue llevada en las últimas horas a la misma Corte Suprema con un recurso de casación que interpuso la empresa ligada a los grupos Von Appen y Angelini.

Ahora, con el rechazo a Dominga o su aplazamiento tal como se conoce en la actualidad, el gobierno sufre un revés en un tema que comenzó a posicionar desde un principio, que creía en la reactivación económica a partir de hitos favorables a este tipo de iniciativas en la minería.

 

Fuente:https://interferencia.cl/articulos/exclusivo-corte-suprema-rechaza-proyecto-dominga-por-4-1-votos-pero-deja-abierta-una?fbclid=IwAR3yE7BK-LK6YGwdWMpMas1CZ7SHI1MP-N1y3JVhikWLSroS0X9g8w2UH7M

Internacional

La lucha contra una mina china que empoderó a un grupo de tailandesas

Un proyecto extractivo en Wanon Niwat movilizó a las mujeres de este pueblo tailandés para proteger las tierras donde viven y el medioambiente.

Esa mañana, en cuanto vio el extraño cartel, plantado sobre un suelo que había sido removido poco antes, Mali Senbunsiri recordó la advertencia que su cuñada le había hecho años atrás. “Presta atención a cualquier pancarta o señal desconocida que aparezcan”, le avisó. “[Si aparece alguna] significa que se están preparando para abrir la mina”, le dijo la mujer.

Tras el hallazgo, Mae Mali, o Madre Mali, como la conocen en Wanon Niwat, el pueblo tailandés en el que siempre ha vivido, corrió al templo a avisar a las otras mujeres que estaban enfrascadas en los preparativos de un festival. Era 2015, y así comenzó una guerra, liderada por las mujeres del pueblo, contra una gran empresa china que quería perforar su suelo. “Al principio solo éramos mujeres”, explica Mali, de 52 años y madre de tres hijos ya independizados. “Probablemente porque nos quedamos en casa y vemos qué ocurre en la comunidad”, asegura esta abuela, quien ahora cuida de cuatro de sus nietos con los ingresos que obtiene, junto a su marido, de sus campos de arroz y otros pequeños negocios.

En los años setenta, el Gobierno tailandés encontró reservas de potasio bajo el suelo de Wanon Niwat, pero durante décadas nadie se atrevió a perforar debido a la fuerte oposición que los proyectos de minería han tenido en el país asiático. Sin embargo, gobiernos y empresas siempre mantuvieron un ojo en este elemento químico, fundamental para fabricar los fertilizantes de los que depende la potente industria agrícola tailandesa y que ahora tiene que importar. En mayo de 2014, una junta militar tomó el poder en un golpe de Estado y, pocos meses después, concedió una licencia de exploración de más de 15.000 hectáreas a la China Ming Ta Potash Corporation, una empresa con capital chino, para que estudiara la apertura de una mina de potasio en la zona. Fue cuando aparecieron las primeras señales.

Pocos días después de encontrar el cartel, cuando las mujeres ya ultimaban los preparativos del festival, escucharon que la empresa estaba intentando obtener muestras de la composición del suelo. “En cuanto lo oímos, dejamos todos y nos fuimos hasta allí para pararlos”, asegura Nongluck Oupadeng, otra de las mujeres que participó desde el primer día en los movimientos de resistencia. “Al principio no estábamos muy bien organizadas, solo lanzábamos acciones cuando oíamos que iban a perforar”, explica Mali. Aquel día, consiguieron frenar la perforación pero sabían que era solo la primera batalla de una guerra que ganaría fieles rápidamente —sobre todo, mujeres— y que revolucionaría las relaciones de género en la comunidad.

En los años setenta, el Gobierno tailandés encontró reservas de potasio bajo el suelo de Wanon Niwat, pero durante décadas nadie se atrevió a perforar

“He aprendido a tener más confianza en mí misma. Ahora tengo el reconocimiento de la comunidad y me dan más responsabilidades”, asegura Nongluck Oupadeng, quien se ha convertido en una de las principales negociadoras del grupo con las autoridades. “Me ha cambiado de verdad. Antes simplemente me quedaba en casa. Ahora soy una líder. Me siento empoderada y más valiente”, añade Samrit Boranmun, quien ha utilizado sus conocimientos en redes sociales para obtener información y publicitar el movimiento.

Según Naciones Unidas, aunque Tailandia ha experimentado progresos en igualdad de género en las últimas décadas, aún se necesitan mejoras en “las actitudes tradicionales y estereotipos que refuerzan la violencia doméstica y la violencia contra la mujer, su baja participación en política y en puestos de toma de decisiones y la discriminación y vulnerabilidades [en zonas] rurales e indígenas así como en el sector informal”, entre otros. Sin embargo, según un informe reciente sobre las defensoras de derechos humanos en Tailandia, el gobierno de la junta militar, que prohibió de forma sistemática protestas y otras actividades de la sociedad civil, ha supuesto un retroceso y estas defensoras “tienen cada vez un mayor riesgo de violencia, discriminación y otras violaciones de derechos”. Además, según el informe firmado por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, “las mujeres han sido excluidas de forma sistemática de las consultas públicas y de los procesos de toma de decisiones, especialmente en asuntos relacionados con la tierra y los recursos naturales”. Tailandia celebró elecciones el pasado mes de abril tras casi cinco años de dictadura militar, pero el general golpista Prayuth Chan-ocha ha vuelto a formar Gobierno a pesar de no haber ganado los comicios, gracias a que un tercio de los escaños eran designados a dedo.

Una de las herramientas más empleadas durante el gobierno de Prayuth Chan-ocha ha sido el acoso judicial de los activistas por parte de las empresas y el Gobierno. Así, varias de las mujeres de la comunidad, entre ellas Mali, han sido denunciadas en varias ocasiones por no respetar el orden público o por provocar daños a la empresa. “Yo me he declarado inocente. No he causado ningún daño a la empresa. Solo participé en una sentada para que nos dieran información”, explica enfadada Pisamai Sukkha, una viuda de 53 años cuyos ingresos mensuales se han desplomado porque debe pasar su tiempo yendo y viniendo de los tribunales.

En esa frágil situación de las mujeres, los recursos naturales se han convertido en un elemento clave en la supervivencia de formas de vida igualitarias en zonas rurales, explica Kitima Khunthong, profesora de Ciencias Sociales y Humanidades que estudia las relaciones de las comunidades rurales con el medioambiente en la Universidad tailandesa de Rajabhat. “Las comunidades dependen mucho de su entorno sobre todo en zonas rurales, porque les asegura sus formas de vida, su red social, sus lazos culturales, su seguridad económica y su salud”, asegura. “Dañar su entorno puede tener consecuencias sociales”, continúa. Los derechos comunitarios han estado reconocidos en las Constituciones de Tailandia desde 1997, explica la académica, pero ninguno de los gobiernos, ni civiles ni militares, que el país ha tenido desde entonces los ha respetado por completo. “Está solo sobre el papel. Los gobiernos nunca respetan los derechos comunitarios, especialmente los gobiernos militares”, concluye la investigadora.

El carácter cooperativo de las tailandesas

Cuando Mali habla, todo el mundo escucha. Su carácter fuerte la hace una líder nata, tanto que, a diferencia de sus compañeras, ella no siente que el conflicto haya cambiado las relaciones en casa. “Las mujeres controlamos las finanzas. Somos simplemente más importantes socialmente”, sentencia. El marido de Mali, Anan Senbunsiri, asiente: “Yo la apoyo completamente. Creo que es más adecuada que yo para desempeñar ese papel”.

Sin embargo, para Pranom Somwong, coordinadora en Tailandia de Protection International, una ONG que trabaja por la protección de los defensores de los derechos humanos, la diferencia fundamental es el carácter más cooperativo de las tailandesas. “Las mujeres tienen una forma de liderazgo más colectiva. No es esa figura del héroe fuerte de los hombres”, asegura la activista. “A pesar de eso, ellas han sido aceptadas como líderes [en Wanon Niwat]”, asegura Pranom.

Desde aquella protesta espontánea surgida en el templo, las mujeres de Wanon Niwat, con el apoyo de maridos, padres y hermanos, han organizado sentadas y marchas, que han reforzado los lazos de la comunidad pero que las ha llevado también a las poblaciones vecinas para pedirles que se unan al movimiento. La mayoría de ellas, sin embargo, nunca pensó que su oposición a la mina pudiera revalorizarlas en una sociedad aún muy machista. Sus inquietudes eran más inmediatas. Sompan Srimarat, una mujer que tiene a su cargo a dos hijos con autismo, se unió a las protestas preocupada por cómo la mina podría afectar a los campos de arroz y las plantaciones de caucho que les dan de comer. “Mi vida depende del entorno aquí. No podemos arriesgarnos”, asegura. No en vano, su vecina, Somboon Duangpromyao, ya le ha advertido de que la extracción de sal, procedente de las mismas reservas que el potasio, está haciendo que el suelo ceda a 40 kilómetros de Wanon Niwat. “Cada vez que voy por aquella zona, veo un agujero nuevo”, asegura Somboon. “Si eso está pasando allí, que las minas son a pequeña escala, imagina lo que puede ocurrir con una gran mina de potasio”.

Aunque Tailandia ha experimentado progresos en igualdad de género en las últimas décadas, aún se necesitan mejoras en las actitudes tradicionales y estereotipos, según la ONU

Las minas de potasio han sido relacionadas con la contaminación por sal de ríos y de reservas de agua subterránea, reduciendo la biodiversidad acuática, así como con la subsidencia o hundimiento del suelo, explica Miguel Cañedo, un investigador en ecosistemas acuáticos de la Universidad de Barcelona. “Si no se diseñan acciones preventivas, el impacto medioambiental de estas minas puede ser muy alto”, asegura el investigador. “Puede tener un impacto también sobre la salud humana, no solo en los ecosistemas. Las sales pueden interactuar con otros residuos y generar sustancias cancerígenas”, continúa.

Estas consecuencias sobre la salud humana son la principal motivación en la lucha de Thawatchai Chanchemsri, antiguo director del departamento municipal de salud, quien renunció en noviembre de 2018 como protesta al proyecto minero. “Me preocupa que la mina tenga un impacto sobre el medioambiente, pero sobre todo sobre la salud de los residentes y sobre las generaciones futuras”, afirma. Según Thawatchai, el departamento para el que trabajaba había estudiado el impacto de las minas de sal cercanas y había encontrado varios efectos negativos en el entorno inmediato, incluyendo un incremento en la salinidad del agua y una caída de la producción de los campos de arroz.

Según el gobierno de Tailandia, la nueva Ley de Minería, que entró en vigor en agosto de 2017, concede una mayor papel a las comunidades para decidir qué tipo de proyectos quieren que se desarrollen en las regiones en las que residen. “Si las comunidades se oponen, habrá una votación antes de que se otorguen licencias”, explica Ubol Ritpech, directora de la división legal del Departamento de Industrias Primarias y Minas de Tailandia. Sin embargo, al igual que el reconocimiento de los derechos comunitarios, la voluntad de las zonas rurales probablemente se quede en el papel, teme Lertsak Kamkongsak, uno de los principales activistas antiminas del país. “Es cierto que [según la ley] las autoridades tienen que involucrar a la comunidad local […] Pero hay un problema en cómo el gobierno va a implementar la ley, porque según nuestra experiencia, siempre se favorece la inversión y no el respeto a las formas de vida locales”, asegura el activista.

Mientras, en Wanon Niwat, ha empezado la cuenta atrás. La licencia de exploración de la empresa expira a finales de este año, y las mujeres de Wanon Winat están decididas a dejar claro un mensaje: no quieren que nadie perfore el suelo sobre el que viven. Y la lucha, asegura, continuará aunque el Gobierno se niegue a escuchar sus demandas. “Si renuevan la licencia, seguiremos luchando. Ahora son más fuertes que nunca”, asegura Mali.

 

Fuente:https://elpais.com/elpais/2019/09/06/planeta_futuro/1567778245_807883.html?ssm=FB_CC&fbclid=IwAR37zDj1afq6dHNkl7Kz3CjwjZVopZ_uq-KjxglH0hJpzlOwyejdu8_Feps

Perú

Tía María: heridos y enfrentamientos diarios en el Valle de Tambo

Crónica de una guerra sorda que lleva 55 días poniendo en riesgo la vida de manifestantes y policías y la economía de los pueblos de esta región.

Aunque la prensa ya no se ocupa del asunto, los enfrentamientos entre policías y agricultores no han cesado en el valle de Tambo. A 55 días de haberse iniciado la huelga indefinida contra el proyecto Tía María, aumenta la cifra de heridos sin que ninguna entidad estatal lleve el control. Precisamente, este sábado por la tarde, se registraron dos heridos por proyectil, el más grave ingresó de emergencia al hospital de Mollendo. Un segundo herido alcanzado por un perdigón en la pierna prefirió no atenderse en ningún centro de salud.

Así, cientos de personas viven bajo una tensión permanente debido a que el conflicto social no parece tener fin. Los bloqueos siguen allí desde hace dos meses, principalmente en las vías que conectan los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, La Punta de Bombón y Mollendo.

En el valle de Tambo las labores escolares siguen suspendidas, pese a que las autoridades educativas decidieron retomarlas este viernes. Los padres no quieren exponer a sus hijos, pero tampoco quieren que el decaimiento del paro deje la situación otra vez en el mismo punto, como ocurrió en 2011 y 2015.

También se han visto afectadas las actividades comerciales y de transporte que atienden de manera parcial. En cambio, las actividades agrícolas continúan porque son su sustento familiar. Se han organizado de forma que por la mañana trabajan las chacras y por la tarde protestan.

Enfrentamientos diarios

A diario se suscitan enfrentamientos entre policías y manifestantes que rechazan el proyecto minero. El jefe policial en Arequipa, Roy Ugaz, informó hace algunos días que había más de 90 policía heridos por piedras y solo dos manifestantes; pero estos son solo los más graves, que debieron ser internados en el hospital. La mayor parte de los manifestantes que registran heridos después de cada enfrentamiento, no acude a los centros de salud, por temor a ser detenidos.

El escenario de la lucha se ha ido trasladando de los cerros de La Tapada – donde se planea construir la mina – a las riberas del río Tambo, lado noreste de Cocachacra. Otros días es en la Panamericana Sur, a la altura de El Fiscal; y otro tanto, en Mollendo o Matarani.

En estas jornadas, no hay ningún dirigente visible, ni políticos. Los protestantes, jóvenes y mujeres en su mayoría, pugnan por llegar a la Panamericana Sur por una vía carrozable; sin embargo, la policía los reprime con perdigones, gases y piedras y lo hacen a campo traviesa. Los manifestantes aducen que su interés es llegar a la Panamericana Sur, sector El Fiscal, para marchar pacíficamente por unas horas. Sin embargo, la policía cree que la masa pretende bloquear la vía y cortar el tránsito como ocurrió en los primeros días de la huelga. Acto seguido se producen las peleas.

Los “espartambos”, jóvenes con los rostros cubiertos, que portan simbólicos escudos de madera y huaracas, son la primera línea del contingente. Ellos son los que se enfrentan a los efectivos lanzándoles piedras con sus técnicas ancestrales. Aunque, este último sábado utilizaron también fuegos pirotécnicos, pero solo generaron un espectáculo de luces en el cielo, antes que hacer retroceder a la policía.

Los efectivos responden a los manifestantes también con huaracas. Les lanzan piedras desde la parte alta de los cerros. También, arrojan gases lacrimógenos y perdigones desde el lado opuesto del río. Tienen resguardados los accesos y han sitiado en las últimas semanas a los protestantes. “No nos dejan protestar que es nuestro derecho, nos tienen secuestrados”, se quejaron varios.

El conflicto afecta a quienes no desean participar de la protesta. Ayer una pareja de ancianos se vio envuelta en medio del choque de policías y manifestantes. Ambos bandos tuvieron que interrumpir sus ataques para que pudieran cruzar la trocha y continuar su camino a casa.

Los heridos invisibles de Tía María

La cifra de manifestantes heridos es desconocida porque no existe un registro oficial de parte de las autoridades. Los propios pobladores no se atreven a dar los nombres por temor a ser procesados más adelante. Sin embargo, en casos en los que se compromete gravemente su salud acuden necesariamente a los hospitales. Ese fue el caso de Hugo Roque Flores, un joven de 23 años que resultó herido durante los enfrentamientos.

El abogado Arturo Dueñas, que defiende a los manifestantes, señaló en horas de la noche que el joven ingresó con una herida en el abdomen causado por un proyectil. Debía ser sometido a una intervención quirúrgica y el caso sería investigado por la fiscalía. También dijo que otros dos heridos de gravedad llegaron en los últimos días al hospital de Essalud de Mollendo. Se trata de la joven Anabella quien tuvo herida de proyectil en el brazo izquierdo y Carlos Tapia, herido en el pecho.

Un segundo herido también se registró en ese momento, pero no llegó a ningún centro de salud. Sin embargo, circularon imágenes donde se apreciaba que tenía una herida en la pierna.

Algunos jóvenes también sufren los efectos de los gases o son alcanzados por algunas piedras o perdigones, pero se resisten a ir un centro de salud. Son atendidos por los propios manifestantes que aprendieron a llevar pequeños botiquines en sus jornadas diarias.

Más marchas y protestas ignoradas

Los manifestantes anunciaron que las marchas y protestas van a continuar. En la última reunión del viernes, acordaron trasladarse a la ciudad de Arequipa para el siguiente 16 de setiembre, fecha que coincide con el inicio de la convención minera Perumin.

De igual forma, planifican hacer una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima, donde ignoran su protesta. La fecha aún no está definida, pero proponen que sea a finales de este mes o cerca al día en que se realizará la audiencia de apelación ante el Consejo de Minería. Esto es por el contencioso presentado por la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, contra la licencia de construcción otorgada a Tía María.

De igual forma, las regiones de Cusco, Puno, Apurimac, Moquegua, entre otras, han comunicado la realización de una protesta macroregional que dará inicio este 16 de setiembre. El dirigente Miguel Meza, que en estos últimos días, ha estado delicado de salud, manifestó que la lucha social continuará hasta que el gobierno de Martín Vizcarra decida cancelar definitivamente el proyecto minero.

En tanto, padres y docentes del valle están preocupados por las labores escolares y han pedido que sea considerado por los manifestantes. La siguiente semana se reunirán nuevamente los alcaldes de Islay para evaluar qué acciones se podrían tomar tras casi 60 días de protesta.

De esta manera, la población agrícola que hoy se entrena en la técnica de la huaraca, libra sus luchas en soledad. Aislados de la ciudad de Arequipa, amordazados por el silencio mediático, sin dirigentes visibles y con una determinación a prueba de balas, sigue blandiendo su bandera verde. Aunque la mayoría no quiere hablar con los periodistas, solo atinan a repetirnos una frase, «Agro sí, mina no».

 

Fuente:https://elbuho.pe/2019/09/tia-maria-heridos-y-enfrentamientos-diarios-en-el-valle-de-tambo-fotos/?fbclid=IwAR02DuF6Xtn8bI5Ax8XMrE4Vr9yDzfRjCUbKy40Tudi2z0PLzEWs0eptxrU

Perú

Los fallidos intentos de las mineras para debilitar la fiscalización ambiental

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que declara infundada la demanda interpuesta por Cerro Verde, cierra la controversia de las mineras que rechazaban pagar el aporte por regulación al OEFA. El abogado especializado en materia ambiental analiza el historial de medidas que las compañías impulsaron para evitar ese pago en los últimos años.

os intentos para debilitar la fiscalización ambiental en el Perú son conocidos. Desde su creación, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ha sufrido varios intentos que buscan evitar su funcionamiento. Y en ese contexto, quienes deberían fortalecer esta labor de fiscalización, han recurrido a diversas estrategias para evitar su existencia y operación.

Recordemos que cuando el OEFA nació, el año 2008, no tenía recursos y el Ministerio del Ambiente tuvo que transferir dinero de su presupuesto para que este iniciara sus funciones. Al mismo tiempo, la transferencia de competencias de Osinergmin se dio sin recursos. Todo ello hacía prever una limitada posibilidad para ejercer su rol.

El fallo establece que debe garantizarse la provisión de los recursos adecuados a las entidades a cargo de la supervisión

Luego, algunas normas generaron mecanismos para asignar el presupuesto mínimo que le permitiera una adecuada fiscalización ambiental. El 2013, la Ley del Presupuesto del Sector Público estableció que “las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental, relacionadas a las actividades de energía y minería que desarrolla el OEFA se financian con cargo al aporte por regulación”.

Este aporte jugó y juega un rol fundamental para que el OEFA ejerza su función fiscalizadora, por ejemplo, para la mediana y gran minería. La autoridad ambiental verifica que todas las obligaciones asumidas por las empresas se estén cumpliendo y que esas actividades no afecten el ambiente. Por ende, el OEFA es un garante de que las inversiones se realicen de manera adecuada. Sin embargo, en los últimos años, han habido diversos intentos para evitar que las mineras paguen el aporte por regulación.

Estos hechos ponen en evidencia los intentos sistemáticos para evitar el pago del Aporte por Regulación (APR). En este contexto, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (EXP N°05410-2015-PA/TC), que declara infundada la demanda interpuesta por la minera Cerro Verde contra este aporte, deja zanjado el tema. En adelante, los demás casos en curso, deben seguir la misma lógica.

Este precedente resulta sumamente relevante para seguir el camino hacia la consolidación de la fiscalización ambiental en el Perú y su institucionalidad, con el fin de que las actividades productivas y extractivas se desarrollen de la mejor manera.

El TC señala que todos los argumentos deben ser leídos de manera integral con el marco institucional, jurídico, social y económico del país, destacando el rol importante de la actividad minera en la economía peruana. Sin embargo, reconoce, que este debe encontrar un justo equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, por lo que le corresponde tanto al Estado como a la sociedad, emplear las medidas necesarias para ello.

El OEFA es un garante de que las inversiones se realicen de manera adecuada.

En ese sentido, el fallo establece que debe garantizarse la provisión de los recursos adecuados a las entidades estatales a cargo de la supervisión y fiscalización de dichas actividades con el fin de cumplir cabalmente con su objetivo.

El TC también precisa que el aporte por regulación se calcula sobre la base de la facturación mensual de la empresa minera, deduciendo a ello el impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal, con lo cual, objetivamente, pagan más quienes más facturan. Y si más facturan es porque extraen más minerales para su producción, lo que implica una magnitud más amplia de los impactos generados. Esta forma de cálculo garantiza la igualdad de los contribuyentes y evita la confiscatoriedad de su patrimonio.

Es en esa lógica que los magistrados del TC, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña Barrera declararon infundada la pretensión de quitar o evitar el pago del APR.

Sin embargo, mención aparte merecen los magistrados Ernesto Blume Fortini y José Luis Sardón de Taboada, quienes emitieron un voto en minoría y tuvieron una interpretación alineada a la de las empresas mineras que estaban contra el pago del APR.

¿Quién debe asumir esos costos de la vigilancia y del cumplimiento de las obligaciones ambientales? De acuerdo a todas las interpretaciones y principios del derecho, es el titular del proyecto. Esto está plasmado en principios fundamentales como el de la internalización de costos. Si queremos garantizar que las actividades se desarrollen de manera adecuada, debemos garantizar la imparcialidad, y que nuestro Estado tenga las condiciones y recursos para la fiscalización.

Sin ello, solo habrá más conflictividad, como la que vemos en los últimos tiempos. El desarrollo sostenible nos demuestra que es posible desarrollar las actividades bajo una lectura integral, considerando lo social, económico y ambiental, en igualdad de condiciones.

 

Fuente:https://ojo-publico.com/1358/los-intentos-fallidos-de-las-mineras-para-debilitar-la-fiscalizacion-ambiental?fbclid=IwAR1XzUtdfLdM_mb1bijZpNrcp8Bc3AnUTB_imn2A1D8RmsDqJitcFGbWBVQ

Mexico

Cerro de San Pedro no se olvida

Por segunda ocasión en su mandato y «para que no olvidemos», el pasado 15 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disertó ante la prensa sobre la desaparición del Cerro de San Pedro Potosí. Lo hizo como parte de la respuesta que le dio a una reportera de Querétaro, quien preguntó al mandatario sobre un polígono de 5 mil hectáreas que la ciudadanía queretana desea convertir en área natural protegida en contra de los planes de fraccionadores. AMLO aprovechó el tema para fustigar por enésima ocasión a lo que denomina como antiguo régimen neoliberal, además de reiterar que su gobierno no está al servicio de la minoría rapaz de la que forman parte, entre otros, los dueños de inmobiliarias. «¡Ya cambiaron las cosas!», remató, y en un episodio más de su cruzada moralizante llamó a reflexionar sobre la vergüenza que deben sentir los hijos y nietos de aquellos personajes que permitieron la devastación del Potosí mexicano. El mensaje del Presidente señaló como responsables del despojo a funcionarios mexicanos, quienes habrían otorgado concesiones a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX) para su ecocida proyecto de megaminería de tajo a cielo abierto.

Sin embargo, la postura presidencial preocupa por ingenua, pues la desaparición del Cerro de San Pedro fue producto de una conspiración criminal que sigue impune y que inauguró, como lo señaló entonces Carlos Montemayor, una nueva forma de delincuencia organizada. Eso es lo que no deben olvidar los mexicanos. Dicha conspiración tuvo a la cabeza dos presidentes apátridas (Vicente Fox y Felipe Calderón), un gobernador panista (Marcelo de los Santos Fraga), el entonces abogado del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, quien al mismo tiempo era abogado de MSX y su traficante de influencias (Ángel Candia Pardo), un primer ministro de Canadá (Stephen Harper) y su cuerpo diplomático en México al servicio de sus mineras, el violento Robert Gallagher, entonces presidente de New Gold, dos serviles gerentes y golpeadores mexicanos encargados de operar el ilegal proyecto minero (Jorge Mendizábal y el ex funcionario zedillista Armando Ortega), varios jueces corruptos, una presidenta municipal inexplicablemente enriquecida (Rosaura Loredo), y además muchos peones insertos en dependencias federales y estatales, incluidos algunos académicos.

El caso no es atribuible, como dice AMLO, a un simple problema de política pública neoliberal que entregó la tercera parte del territorio mexicano a mineras trasnacionales. La conspiración criminal que nos despojó de los vestigios novohispanos del Potosí mexicano, y que nos ha heredado en menos de una década un irreversible ecocidio, se caracterizó por la corrupción de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley y la procuración de justicia. Fue una corrupción gestionada desde el poder estatal y federal, e impulsada por las autoridades y corporativos canadienses. Esta alianza para delinquir se tradujo en la violación de nuestra soberanía por parte de Canadá, un minero-Estado acostumbrado a intervenir en países jurídicamente débiles y corruptos. Los desastres, muerte y violencia generados por las industrias extractivas canadienses en Asia, África y América Latina han sido plenamente documentados. Sin embargo, es un gravísimo error pensar que dichas industrias se manejan diferente en territorio canadiense.

Alguien, con urgencia, debe acercarle la información correcta a AMLO: Canadá es un país depredador en su propio territorio. Las presiones y despojos a pueblos originarios, el atropello de los derechos ambientales de comunidades, así como la destrucción y contaminación de grandes territorios son prácticas que han instrumentado las mineras canadienses en el propio Canadá. La idealización que AMLO hace de este país nos puede hacer un gran daño como nación, sobre todo porque las mineras canadienses, con apoyo de su gobierno, han violado sistemáticamente la soberanía de México. Recordemos que en el caso del Cerro de San Pedro la sociedad civil organizada demostró, sin violencia y en tribunales, la ilegalidad del proyecto de MSX, el cual fue anulado por sentencias firmes ignoradas por Fox, Calderón, Marcelo de los Santos, MSX y el gobierno canadiense.

¿Sentirán vergüenza los hijos y nietos de quienes conspiraron para violar la ley y la soberanía nacionales, provocando con ello un daño irreversible a nuestro patrimonio ambiental e histórico en el caso Cerro de San Pedro? ¿A los hijos de los fraccionadores les preocupará la integridad moral de sus padres por intentar destruir con sus ecocidas negocios la Sierra de San Miguelito? La respuesta es que se sienten muy orgullosos de ser hijos y nietos de enriquecidos depredadores, como en el caso de Marcelo de los Santos Anaya, hijo de una pieza clave de la conspiración en torno a MSX. Marcelo de los Santos Fraga, al igual que su padre, De los Santos Anaya no sólo se ha enriquecido a la sombra de esa combinación entre poder político y económico que AMLO aspira a erradicar de la vida pública de México, sino que ahora, emulando las hazañas moralmente insolventes de su progenitor, se prepara para ser el candidato del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí. Esperemos que los potosinos logren superar la prueba.

*Investigador de El Colegio de San Luis

 

Fuente:http://otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3284-articulo-cerro-de-san-pedro-no-se-olvida

Perú

La legalidad del aporte por regulación que cobra OEFA a las empresas mineras ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional

Con fecha 15 de agosto de este año, el Tribunal Constitucional declaró infundado el recurso de agravio Constitucional presentado por la empresa minera Cerro Verde S.A en el proceso judicial que ésta iniciara en marzo del año 2014, mediante una demanda de amparo contra el Estado peruano (PCM, MEM,OEFA), para evitar que el OEFA aplique el aporte por regulación, una contribución que pagan las empresas de gran y mediana minería para financiar las funciones de fiscalización ambiental que realiza esta entidad. Este proceso judicial ha sido uno más dentro de muchas otras acciones que las empresas mineras emprendieron contra el aporte por regulación. Hasta la fecha todos han sido desestimados.

En este proceso, Cerro Verde solicitó la inaplicación del Decreto Supremo  130-2013-PCM, norma que operativiza el cobro del mencionado aporte, con el argumento de que vulneraba los principios de reserva de ley, legalidad y no confiscatoriedad. De manera concreta, señaló:

  • El aporte por regulación es un tributo creado por decreto supremo y no por ley como lo dispone la constitución en su art. 74 (principio de reserva de ley).
  • Que la norma reglamentaria que lo crea tiene como sustento la ley del presupuesto del sector público del año 2013, que por su naturaleza tiene prohibido referirse a materia tributaria.
  • No existe ley alguna que autorice a OEFA como acreedor tributario, es decir, que autorice a esta entidad a cobrar directamente los montos recaudados por concepto de aporte por regulación.
  • Los montos cobrados vulneran el principio de no confiscatoriedad, que consiste en “no afectar de manera irrazonable y desproporcionada la esfera patrimonial de las personas”. Considera desproporcionado tomar como base imponible un porcentaje de la facturación anual y no el valor del costo real del servicio o actividad que las empresas reciben del Estado.

En su sentencia, el TC se pregunta si el Decreto Supremo 130-2013-PCM crea realmente un nuevo tributo, distinto al aporte por regulación establecido por el artículo 10 de la Ley 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. Concluye que se trata del mismo aporte y que sus  alcances lo precisan la cuadragésima octava disposición complementaria final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013; la tercera disposición complementaria final de la Ley 30011, que modifica la ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental; la Ley 30115, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2014; y la ley 30282, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año 2015. El TC señala que todas esas leyes señalan a OEFA como acreedor tributario del aporte por regulación con el objeto de financiar sus actividades institucionales.

Para el TC, de esas normas y de la Ley 29732, se desprende la tarea de la PCM y de otras carteras ministeriales de precisar y fijar, a través de una norma reglamentaria (infralegal),  los montos del aporte por regulación que serán materia de cobro, hecho que se materializa en el D.S. 130-2013-PCM. Sobre la falta de autorización a OEFA como acreedor tributario, el TC afirma que esa autorización se da en las leyes 29951 y 30011.

Sobre el cuestionamiento a la forma de fijar la cuantía, el TC señala que no existe norma tributaria que contemple la obligación de los acreedores tributarios de contar con una estructura de los costos del servicio de la actividad estatal que el aporte busca financiar.

El TC considera que las labores institucionales de OEFA generan beneficios para la sociedad en general, pero también para las empresas contribuyentes del aporte por regulación, pues con sus acciones se optimiza el funcionamiento del mercado.

Además, considera que el costo de la actividad que se busca financiar sería mayor si se toma en cuenta las consecuencias del impacto al ambiente que podría producirse debido al incumplimiento de las normas ambientales.

Igualmente, el TC señala que el Arancel de Fiscalización Minera (AFM) que pagan las empresas es de naturaleza distinta al aporte por regulación. El primero es un monto muy pequeño que deben abonar los titulares de la actividad minera por las acciones de fiscalización o exámenes especiales, que realizan los fiscalizadores externos. Indica que se creó con el objeto de solventar las acciones de supervisión de campo, y pagan únicamente los honorarios del fiscalizador. A diferencia de ello, el aporte por regulación es una contribución para pagar las actividades del OEFA, las que comprenden todo el macroproceso de fiscalización ambiental que involucra labores de supervisión, fiscalización, evaluación, control y sanción en materia ambiental.

El TC indica también, que el incremento de la actividad minera ha generado la necesidad de establecer el aporte por regulación,  que ha sido necesario contar con él para lograr que las  entidades fiscalizadoras sean lo suficientemente sólidas para garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano.

Sobre la razonabilidad y proporcionalidad del pago, el TC afirma que pagan más quienes más facturan, que son las empresas que más minerales extraen,  y cuya magnitud de los impactos de su actividad puede ser mayor.

A ello añade, que se  ha cumplido con lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 27332, es decir, el tope máximo fijado para esta contribución (1.00% de lo facturado), toda vez que conforme a los Decretos Supremos 127, 128, 129 y 130-2013-PCM, que aprueban los aportes por regulación del sector energético y minero a favor de Osinergmin, OEFA y el MEM, la suma de los cobros efectuados por dicho concepto no ha superado el tope máximo. Por ejemplo en el 2014 OEFA, OSINERGMIN y MEM en conjunto recaudaron solo el 0.36%; el 2015, el 0.34% y el 2016 el 0.29%. Es decir, juntas no superaron el tope del 1%, es más, año a año la contribución ha ido disminuyendo.

Finalmente debemos decir que esta noticia es muy positiva, pues garantiza a OEFA recursos que le permiten desarrollar sus actividades con mayor solvencia. Esto es muy importante porque las actividades evaluación, supervisión y fiscalización ambiental suelen ser muy costosas.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-legalidad-del-aporte-por-regulacion-que-cobra-oefa-a-las-empresas-mineras-ha-sido-confirmada-por-el-tribunal-constitucional/

Internacional

Banco Mundial coloca 300 millones en la mina de Kinross Gold en Mauritania

El Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI) colocará 300 millones de dólares en Kinross, la empresa minera con sede fiscal en Canarias que preside Mittler Andreas desde el pasado mes de noviembre. Desde las islas, se dirigen las operaciones con sociedades como Avrilius Holdings Limited y Kupol Ventures Limited, entre otras, para atender el negocio europeo y africano del considerado quinto productor de oro del mundo. La matriz Kinross Africa declara en España ingresos de 25 millones de euros.

Además de Andreas, el poder en la empresa canadiense en Canarias lo acumulan, tras las renovaciones de los últimos años, Marie-Christine Frenette y Justin Aaron McCabe. En la capital grancanaria operan también sociedades como Mdo Minera Holdings Spain, Bema Gold Holdings Spain, Macaines Mining Properties Holdings Spain, Tvx Mining Properties Holdings Spain.

El brazo financiero del Banco Mundial confirmó este martes a ABC la decisión se adopta por el plan de negocio previsto y la calidad de las «condiciones ambientales y sociales de Kinross» en Mauritania. La operación se ejecutará a mediados de octubre de este año.

En un principio, invertirá un 52% del total y el restante por la filial en Canadá. El acuerdo se conoce tras la llegada al poder de Mohamed Ould Ghazouani. Su antecesor, Mohamed Abdelaziz, sigue muy de cerca la evolución de un familiar que se encuentra hospitalizdo en Gran Canaria, según dijo a ABC el pasado fin de semana una fuente mauritana.

Kinross, presidida por J. Paul Rollinson, se estableció fiscalmente en Canarias en 2011. Desde 2018, la mina de Tasiast se encuentra en fase de expansión para mejorar su capacidad de producción, que fue de 8.000 toneladas por día durante la primera fase. Se encuentra a 300 kilómetros al norte de Nouakchott. La operadora, formalmente, es Tasiast Mauritania Limited, subsidiaria de Canadian Kinross Gold Corporation. Se considera el quinto mayor productor de oro del mundo.

 

Fuente:https://www.abc.es/espana/canarias/abci-banco-mundial-coloca-300-millones-mina-kinross-gold-mauritania-201909040559_noticia.html?fbclid=IwAR3X9so5dkHsehOXgg2PJdUaDgSTNP0hLJMpmz0ox_Z_wDDl5B87DJU65Pw

Latinoamerica

Exponen violaciones de derechos humanos causadas por empresas extractivas en Sudamérica

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Casos de Perú, Argentina y Brasil fueron presentados durante la 4ta Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos

“Nosotros estamos enfermos por los metales pesados, y el Estado y la empresa Glencore tienen que hacerse responsables”, denunció la mañana del miércoles Carmen Chambi, vocera de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos del Perú, perteneciente a  la comunidad campesina de Alto Huancané (Espinar, Cusco). “El 25 de enero yo vi a Vale matar el río, matar animales, matar gente”, compartió Marina Oliveira, trabajadora social de la Arquidiócesis de Belo Horizonte en el municipio de Brumadinho (Minas Gerais, Brasil). Y Relmu Ñamku denunciando a la empresa Chevron que explota el proyecto Vaca Muerta en su territorio. Duros y conmovedores testimonios que fueron compartidos durante el Cuarto Diálogo Regional sobre Empresas y Derechos Humanos que se realizó en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, los días 3 y 4 de setiembre de 2019.

Estos casos fueron expuestos durante la mesa denominada “Empresas y Derechos Humanos: las perspectivas de las comunidades indígenas”.  En la mesa participaron Julia Cuadros (CooperAcción, Perú), coordinadora regional del proyecto “Empresas transnacionales y principios rectores”; Leonidas Wiener (CooperAcción, Perú); Carmen Chambi (Espinar, Perú); Marina Oliveira (Brumadinho, Brasil); y la lideresa mapuche Relmu Ñamku (Argentina).

Chambi denunció que, pese a la gravedad de la situación de salud del pueblo de Espinar, afectado por más 30 años de actividad minera, “no hay respeto, no hay responsabilidad”. “Lo único que yo pido es que haya una responsabilidad, y pido que se responsabilice el Estado peruano conjuntamente con la empresa transnacional Glencore Antapaccay. Lo único que pido es que haya justicia”, reclamó.

Por su parte, Oliveira compartió la tragedia ocurrida en Brumadinho en enero de este año, como consecuencia del colapso la presa de relaves de la empresa minera Vale, matando a 272 personas y causando un desastre ambiental sin precedentes. “Arturo perdió a su hermano. Soninha perdió a su hermano. La profesora Andressa perdió a Bruno, su único hijo. Jossie perdió a su hermana que estaba embarazada de cinco mesas. Yo quiero citar los nombres porque son 272 víctimas. Y a veces parece una estadística, pero no, son historias. ¿Quién nos va a devolver esas vidas? ¿Cuál es el precio? A ellos les gusta poner precio a todo. Yo quiero saber: ¿cuál es el precio”, preguntó.

En su testimonio, Relmu Ñamku relató el conflicto que enfrenta al pueblo mapuche con la empresa petrolera Chevron en Neuquén (Argentina). “Tenemos a Chevron explotando petróleo con el fracking, una técnica que está prohibida en muchos países del mundo porque contamina el agua”, denunció. Añadió además que se ha violado el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado. “Cuando los pueblos dicen no, es no”, enfatizó.

En su presentación, Julia Cuadros compartió los resultados del Informe Regional elaborado por cuatro organizaciones de América Latina en el marco del proyecto “Empresas transnacionales y principios rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de los derechos humanos en América Latina”. El informe ha documentado un conjunto de violaciones cometidas por empresas transnacionales en América Latina, en un contexto de acelerado crecimiento de las actividades extractivas. “Se producen afectaciones a la salud de las personas, contaminadas con metales tóxicos en sus organismos, se contamina el agua, los pastos, los cultivos, el aire”. Además, en muchos casos “se criminaliza a líderes y lideresas por defender sus territorios, por defender el agua, por reclamar sus derechos. Muchos son enjuiciados. Pero también muchos pierden la vida. América Latina se ha convertido en una zona peligrosa para la vida de los defensores de derechos”.

Cuadros agregó que “las empresas matrices y sus subsidiarias deben responder ante los Estados y comunidades, sobre las violaciones a los derechos humanos producto de su actividad extractiva”. Señaló además que la actuación del sector privado debe conllevar necesariamente obligaciones jurídicas vinculantes. “Solo con mecanismos voluntarios no vamos a resolver el tema de violación de derechos por parte de las empresas”, añadió.

Por su parte, Leonidas Wiener expuso las conclusiones del informe “Impactos de las empresas mineras en los derechos humanos en el corredor minero del Sur Andino”, centrándose en los impactos generados por las operaciones de las empresas Glencore Antapaccay (en la provincia de Espinar, Cusco) y MMG Las Bambas (en las provincias de Grau y Cotabambas en Apurímac, y Chumbivilcas y Espinar en Cusco), ambos en Perú. Wiener explicó la afectación al derecho al agua y a la salud en Espinar, donde más de 700 personas presentan metales pesados por encima de los parámetros permitidos. Así mismo, en el caso de Las Bambas, la fragmentación de sus estudios ambientales ha llevado a invisibilizar los impactos ambientales de sus operaciones. En ambos casos, se afecta además los derechos a la libertad de expresión, libertad de tránsito y derecho de protesta, a través de la declaratoria constante de estados de emergencia y de convenios de seguridad suscritos entre la Policía y las empresas que restan neutralidad a la primera en su función de garantizar el orden público.

Cabe resaltar que ya las Naciones Unidas han reconocido que, en muchas ocasiones, las operaciones de las empresas pueden causar un impacto negativo en los derechos humanos de las comunidades. Por ello, el 2011 el Consejo de Derechos Humanos aprobó un conjunto de Principios Rectores que deben guiar el comportamiento corporativo para garantizar el respeto a los derechos humanos. En este marco, se vienen realizando diversas consultas regionales en las que participan tanto representantes de los Estados como las propias empresas, así como las organizaciones de afectados y víctimas de violaciones de derechos humanos, y ONG y diversas instituciones de sociedad civil. Si bien los Principios Rectores tienen carácter voluntario, se está discutiendo en el marco del sistema de Naciones Unidas la posibilidad de implementar un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que tenga la posibilidad de establecer compromisos de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas.

El proyecto “Empresas transnacionales y principios rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de los derechos humanos en América Latina” es implementado por CooperAcción (Perú), la Asociación Civil Bienaventurados los Pobres (Argentina), Justiça Nos Trilhos (Brasil) y Pensamiento y Acción Social (Colombia), con apoyo de la Unión Europea.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/exponen-violaciones-de-derechos-humanos-causadas-por-empresas-extractivas-en-sudamerica/?fbclid=IwAR1esrTbU6Fgo9jY9Fvukt24hmPevna9bQYnw1lFouuZ5TE17UQDT1dfjO4

Argentina

La rosca minera: estrategias para imponer lo que el pueblo prohibió

La minería a cielo abierto está prohibida por ley en Chubut desde 2003. Pero la empresa PanAmerican Silver está dispuesta a todo para que empiece a funcionar su proyecto. Mientras crece el lobby, las asambleas responden con resistencia.

Dos semanas atrás Chubut parecía incendiarse. Hoy la tensión disminuyó, pero no la grave crisis económica. El lobby minero, de la mano de intendentes y representantes de la meseta, plantea a la megaminería como solución y empuja para que se trate en la Legislatura. Docentes, estudiantes, asambleas ciudadanas, autoconvocados y habitantes de la “zona de sacrificio” se oponen. El gobernador se oponía abiertamente. Hoy ya no. ¿Qué opinan diputados y diputadas? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué tanto silencio?

Hace más de una hora que una entrevista sobre minería ameniza el café con leche de la tarde. Primero es con el secretario gremial de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (Asijemin), Mauricio Escobar. Después se suma Marcelo Mena, el titular del gremio. Son sanjuaninos, amables, pausados para la charla y están instalados en un hotel céntrico de la ciudad de Puerto Madryn. No vinieron a ver las ballenas. Hace meses que están haciendo “actividades de promoción”, lobby en favor de que empiece a funcionar PanAmerican Silver, con su proyecto Navidad en la meseta central de Chubut. Dicen que quieren traer desarrollo a los pueblos abandonados, dicen que quieren más agremiados; citan a Marx y dicen que, una vez instalada la minera, van a “continuar con la lucha de clases”. Pero, hacia el final de la charla, también dicen otras cosas.

-Hablamos con muchos legisladores y el que está en contra está en contra, y el que está a favor, no lo dice: está a favor del debate, de la charla, pero… (Mena interrumpe la pregunta)

¿Sabés por qué? Porque esperan que Arcioni se defina. Todos piensan que hay un costo político y nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Y el que tiene que ponerle el cascabel al gato es el gobernador. Es el representante de todos los chubutenses, tiene la lógica, entonces debería ser así. Ahora, hay un nivel de especulación terrible, muy grande.

—¿Qué va por dónde?

—Y va, desgraciadamente… (risas). Yo creo que arrastra muchos vicios anteriores, en donde eso no tendría que existir ya.

—¿Están pidiendo algún guiño más, digamos?

—Sí. Entonces para nosotros, que la venimos remando desde abajo, que vemos esto, que sabemos cómo son las reglas de juego, que sean tan desprolijamente… o que tengan un nivel de cinismo tan grande… Ojo, no es un tema solamente de Chubut. Yo creo que es un problema de Argentina en general. Aparte, pensá a futuro. Si tenés ganas de meterte y hacer tu esquema de negocios, está bien, hacelo, pero habilitá realmente si querés que la gente pueda trabajar o no.

Chubut-No-a-la-Mina-Cordoba

Los señores del eufemismo

Chubut parecía a punto de explotar, pero no explotó. El estado de alerta constante de los últimos meses -similar al que se sintió durante los últimos días de vida del gobernador Mario Das Neves– dio paso a una calma extraña, expectante, que el lobby minero supo aprovechar. Ya sin conflictividad en las calles, se convirtió en protagonista de la agenda mediática. De la política también.

La pauta la dieron dos hechos. El primero fue el cambio de posición respecto al tema que tuvo el gobernador Mariano Arcioni: “Sobre minería, debemos llevar la discusión al plano de un proyecto. Las localidades del interior de la meseta van a tender a desaparecer sin desarrollo. Por eso la discusión se debe dar y en base a un proyecto serio. No vamos a prohibir la discusión sobre el tema”. Fue el lunes 23 vía Twitter. El año pasado, en un spot de campaña para las elecciones de medio término, su postura había sido otra: “La fuerza de la cordillera sos vos, somos nosotros. Esa fuerza que defiende los recursos de la provincia. La que le dice no a la megaminería, que quieren imponer desde Buenos Aires”.

El segundo hecho ocurrió al día siguiente. El martes 24 amaneció con fuertes rumores de que iban a intentar modificar la ley que prohíbe la minería a cielo abierto. Manifestantes del No a la Mina se movilizaron a Rawson, entraron al Palacio, pero fueron echados. No pasó lo mismo con los gremios promineros y los representantes de la meseta. Si bien el tema no se trató, bien funcionó de alerta. Es que, aún sin que la mayoría se haya manifestado de forma pública sobre su posición, existe la posibilidad de que los diputados provinciales habiliten este tipo de minería sin asambleas públicas y sin consultas populares. ¿Cómo?

Ponerle el cascabel al gato

Gracias a la lucha de la Asamblea No a la Mina de Esquel, desde 2003 rige en la provincia la ley XVII-Nº 68 (ex 5001), que en su artículo primero prohíbe la “actividad minería metalífera en la modalidad a cielo abierto” y el uso de cianuro en la producción. Pero tiene un pequeño gran yeite. El artículo dos del texto dice que el Consejo Provincial de Ambiente debe determinar la zonificación: un relevamiento territorial para la explotación de recursos mineros, la modalidad de producción autorizada para cada caso y “las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo primero”. O sea, prohíbe la minería y, al mismo tiempo, le deja la puerta abierta. El relevamiento se hizo, pero no se aprobó. Es que, según establece el propio texto, la aprobación debe hacerse mediante otra ley.

En 2014, con los votos necesarios para aprobar la zonificación pendiente, el lobby minero volvió a la carga. Para frenarlos, se creó un proyecto de iniciativa popular que buscaba prohibir la actividad sin excepción. El texto entró al palacio provincial con la fuerza de 13.007 firmas. Pero los legisladores lo modificaron y, además, “hicieron trampa”. Durante la sesión se descubrió que el diputado Gustavo Muñiz (FpV) recibía instrucciones de las mineras por mensaje de texto para cambiar la letra de algunos artículos. Una foto lo puso en evidencia y, tiempo después, una estatua lo inmortalizó. Gracias a los cambios, la ley, que había sido concebida popularmente para frenar la megaminería, terminó habilitándola. Tiempo después fue derogada.

En 2018, el lobby minero, que sabe de timing, reapareció. Mientras se desarrollaba el conflicto por las paritarias estatales, se contaban cuatro proyectos de ley. Tres están hoy en condiciones de ser tratados en la Legislatura. El cuarto fue un intento de volver a presentar la iniciativa popular de 2014, pero fue rechazado. El argumento que dieron es que había sido tratado y aprobado cuatro años atrás.

El primero de los proyectos con estado parlamentario establece la prohibición de la actividad minera en toda la provincia y fue presentado por el oficialista Alejandro Albaini (Chubut Somos Todos). Si bien pareciera cumplir con los requisitos de las asambleas ciudadanas, es mirado con desconfianza, porque propone derogar la ley vigente, la herramienta legal que hoy frena a las mineras.

El segundo plantea una consulta popular vinculante. Algo confuso a la hora de definir qué se votaría, fue presentado por Javier Touriñan, del Frente para la Victoria. El voto se propone para octubre de 2019.

El tercer texto presentado es el de zonificación minera y, de aprobarse, permitiría de forma expeditiva la extracción de plata y plomo por parte de PanAmerican Silver. Lleva las firmas de los diputados justicialistas Alfredo Di Filippo y Sergio Bruscoli (bloque Convergencia) y fue impulsado por representantes de comunas rurales de la meseta central de Chubut, donde se encuentra emplazada la trasnacional.

Presentado gracias al artículo dos de la ley vigente, este es el proyecto que más espacio tiene en la prensa. Y, claro, es el del cascabel al gato. Según el titular del gremio jerárquico minero, quien debía poner ese cascabel -invitar institucionalmente al debate- era el gobernador de la provincia. Y esta semana, justo antes de la sesión, Arcioni lo hizo.

Qué dicen los legisladores

Con estos tres textos en la Legislatura, ante la posibilidad de que comenzara el debate, para este reportaje se contactó uno por uno a los 27 diputados provinciales y se les pidió su opinión. El resultado fue sorprendente.


Nueve legisladores se manifestaron en contra de posibilitar la minería metalífera a cielo abierto: cuatro del FpV, tres de Chubut Somos Todos, dos de UCR-Cambiemos. De los 18 restantes, nueve hablaron pero prefirieron no contestar, siete dijeron que no sabían y dos nunca atendieron. Lo más llamativo de todo es que ninguno afirmó estar a favor, ni siquiera los que firmaron el proyecto de zonificación. Ninguno dijo sí.


Uno de los argumentos que se repitió a lo largo de las conversaciones fue que no tenían información suficiente para decidir. Muchos afirmaron que no estaban las condiciones dadas para un debate. Otros dijeron directamente “que decidan los chubutenses”.

No hay dudas sobre la validez de las respuestas. Sin embargo, la duda que cabe plantear es por qué, después de 15 años del No a la Mina, de que saliera la prohibición por ley, del debate de 2014 y de estos meses de reuniones públicas y privadas, la gran mayoría de los diputados provinciales aún no sabe o no contesta.

Qué dicen los habitantes de la meseta

Hay algo en que los promineros tiene razón: falta trabajo. En la meseta central de Chubut, donde asoma el proyecto Navidad de PanAmerican Silver, lo solemne del paisaje contrasta con las condiciones de abandono en la que viven sus habitantes. Es una ausencia de estructura. El mismo estado que conquistó el territorio de sus abuelos hace poco más de 100 años no despliega hospitales, escuelas y servicios públicos como lo hace en la costa o en la cordillera.

Esa ausencia se transforma en desidia cuando escasean el combustible para generar electricidad y la leña para calefaccionarse. La falta de trabajo en la zona hace cuesta arriba la vida en la estepa patagónica, una región donde las temperaturas del invierno superan los 20 grados bajo cero.

 

Hace años que reclaman presencia de la provincia para revitalizar el campo y el turismo, pero su poder de presión es proporcional al porcentaje de electores que representan. Según números de 2016 publicados por el Ministerio del Interior de la Nación, en una superficie que equivale a 635 veces la ciudad de Buenos Aires viven menos de 6000 personas.

La situación desesperante en que se encuentra la población llevó al intendente y a jefes comunales de los departamentos de Paso del Indio, Telsen, Gastre y Mártires a juntarse para buscar una solución. ¿Qué resolvieron? Pedir minería.

Desde la capilla María Inmaculada de Gan Gan, Antonio Sánchez, conocido como el padre Tono, hace una lectura poco mediatizada del tema: “A lo largo de estos años, las comunidades mapuche tehuelche junto con habitantes de Laguna Fría – Chacay Oeste, Pierre Mahuida, Los Pinos, Mallín de los Cual, Yala Laubat, Sierra de Huancache y El Escorial nos hemos manifestado en contra del Proyecto Navidad y toda actividad extractiva. Hemos denunciado la falta de consulta a las comunidades aborígenes de nuestra meseta”.


“Los jefes de las comunas y algunos intendentes hasta hace pocos meses estaban en silencio, separados, posicionándose cada uno de forma distinta y hasta distantes. Ahora todos impulsan la bandera de la megaminería y del extractivismo como solución a los problemas económicos de la provincia y como respuesta a la falta de trabajo”, cuenta el padre Tono. Afirma que los debates promovidos no han sido abiertos y que nunca pudieron discutir los impactos socioambientales de la actividad. “Se han vendido a la minera PamAmerican Silver y son sus mejores lobistas”, denuncia.


Si no es la minería metalífera, ¿qué alternativa ven? “No queremos que la meseta sea tierra de sacrificio para que otros vivan mejor. Preferimos poner todos nuestros esfuerzos en mejorar el campo, el turismo y buscar otros emprendimientos que nos aseguren trabajo digno y sustentable”, cierra.

Lo que se viene

Para algunos legisladores, el debate minero no se abrió hasta ahora por la urgencia del conflicto paritario docente. Para los mineros de Asijemin fue por “vicios” de políticos desprolijos. Si a los vicios se los entiende como corrupción, el anterior ministro de Economía de esta misma gestión sigue preso por coimas en la obra pública recientemente denunciadas.

Pero el antecedente provincial más escandaloso, quizás, vincula a políticos, multinacionales y extractivismo en una causa que se encuentra hoy en manos de la Justicia Federal: se investiga el pago de al menos 47 millones de dólares que PanAmerican Energy (PAE) habría entregado en 2007 al entonces gobernador Das Neves y a diputados provinciales. ¿El objetivo? Extender de forma anticipada el contrato de explotación del yacimiento Cerro Dragón, en Comodoro Rivadavia. La denuncia la hizo el diputado Eduardo Conde (UCR-Cambiemos), que para esta nota se manifestó en contra de habilitar la minería metalífera.

En esa línea comentó la diputada cordillerana Jacqueline Caminoa (UCR-Cambiemos): “No se pudo controlar la corrupción del gobierno de Mario Das Neves y hoy tiene medio gabinete preso, ¿vamos a controlar a PanAmerican Silver?”. Caminoa, al igual que su compañero de bloque, dijo que no a la zonificación.

Los antecedentes no son buenos y el panorama lleno de eufemismos que plantearon los mineros de Asijemin tampoco lo es. Mientras, la población se organiza. Para este sábado 28 -aniversario de la llegada de los galeses a la Patagonia- se espera una masiva marcha contra la megaminería en Rawson. Y en la web también se milita. Ya está circulando una campaña para pedirle a los diputados provinciales que rechacen el proyecto de zonificación. Parece que a veces, cuando las cosas se calman, no se calman nada.

 

Fuente:https://latinta.com.ar/2019/09/rosca-minera-estrategias-imponer-pueblo-prohibio/?fbclid=IwAR00xIqKJHt1YFVEH4cZmX6dddz3-Se2nilruc7c5kIhwwR_8kL_BBd0cS8

Chile

Chile_Coquimbo: La Comunidad Mauro en lucha por Tierra, Justicia y Dignidad

Cristián Flores Tapia es vocero y dirigente de la comunidad maurina, que ha iniciado una lucha contra la Minera Los Pelambres, del grupo Luksic, una batalla por tierra, justicia y dignidad. Los habitantes de Mauro fueron despojados y engañados el año 2001, lanzados de su territorio por Andrónico Luksic, “el faraón de Chile”, a un éxodo que aún continúa.

Actualmente, donde se ubicaba el Fundo El Mauro, en la Región de Coquimbo, está emplazado el segundo tranque de relave más grande del mundo, de propiedad del grupo Luksic -a través de Antofagasta Minerals S.A., división minera del grupo Antofagasta plc-, y un consorcio de empresas japonesas compuesto por Nippon Mining & Metals, Mitsubishi Materials, Marubeni y Mitsubishi Corp. “Partimos la lucha aproximadamente hace 18 años, cuando nos expulsaron de Mauro para que la Minera Los Pelambres construyera su tranque. Por eso fuimos erradicados, expulsados y esparcidos por cualquier parte”, señala.

Mauro era un asentamiento campesino, una comunidad. Cuando los expulsaron vivían allí unas 200 personas de la agricultura, la ganadería, y el queso. “El queso y las cosechas, principalmente, eran nuestras fuentes de
abastecimiento, y de eso subsistíamos. Éramos una comunidad cien por ciento autosustentable. Todo lo que consumíamos y de lo que vivíamos lo producíamos nosotros mismos”, dice Cristián Flores. Agrega que en Mauro se
daba prácticamente de todo: porotos, lentejas, chícharos, maíz, hortalizas, queso y leche de cabra, de vaca: “Éramos crianceros, vivíamos de los animales, y en grandes cantidades, porque se podían criar bastantes, pues Mauro era un campo muy rico en agua, tenía vertientes con abundante agua”.

Mauro se ubica en la región de Coquimbo, provincia de Choapa y comuna de Los Vilos, casi deslindando con la región de Valparaíso. De cordillera a mar nacía el valle del Pupío. Ahí nacían las aguas que vertían al estero de Pupío, y que obviamente servían para toda la agricultura, hasta Los Vilos.

Aproximadamente entre 60 y 70 kilómetros desde cordillera a costa. Un valle riquísimo: “Tenía microclima y se daba lo que se sembrara. En las cosechas de trigo, por ejemplo, duraban las trillas un par de meses porque era mucho lo
que se producía, y todo al natural. No había tractores. Todo se sembraba con bueyes, caballos…”, agrega.

Un valle mucho mejor que el de Elqui, dicen los lugareños, pues todavía no llegan plantaciones ni de paltos ni de otros monocultivos… “Lo más bonito que tenía Mauro era un bosque de canelos, chequenes, arrayanes, quillayes…
Más de 70 hectáreas”, dice. Todo eso fue arrasado por Luksic y su Minera Los Pelambres.

EL ÉXODO DE UNA COMUNIDAD

-¿Qué sucedió el año 2001? ¿Por qué sacaron a sus pobladores del lugar?

“Con la llegada de Minera Los Pelambres, nuestra vida, la de los comuneros maurinos, cambió radicalmente para siempre. Había gente que nunca salió de Mauro, que no conocía otra forma de vida. Éramos una comunidad que no
tenía ninguna necesidad de salir afuera a trabajar, porque no nos faltaba de nada. Vivíamos del trueque. Lo que se cosechaba se compartía con los vecinos, o con quien fuera de la comunidad. Los animales se daban en media a
los otros comuneros para que se fueran armando y fueran criando, y de esa forma nacían y crecían las familias…
El 2001 la Minera Los Pelambres nos desalojó. Empezaron a llegar por primera vez muchos vehículos extraños y no
se sabía qué realmente estaba sucediendo hasta que en un momento determinado la minera llamó a una reunión a los comuneros y les comunicó que ‘se habían hecho dueños de la tierra’ y que, ‘como eran los dueños’ teníamos que ‘salir de ahí porque de lo contrario nos iban a sacar y lanzar a la calle’. En ese tiempo, transaron con la gente adulta, la gente mayor, y los más jóvenes no podíamos estar en las conversaciones”.

-¿Se podría decir que la minera engañó a la gente y compró el fundo de manera fraudulenta?

“Por supuesto. Todo el proceso de negociaciones fue fraudulento. Fueron abusivos, con muchas triquiñuelas, porque realmente el Fundo El Mauro no se podría haber negociado ni vendido de ninguna manera, pues los terrenos
estaban en litigio… La minera ‘los compró’, de esa forma, e hizo que nos tuviéramos que ir. Dicen haberse hecho dueños, pues la minera ‘compró’ al que estaba litigando en nuestra contra, y se alió con el gobierno, con las
autoridades regionales que en ese momento habían sido puestas por el presidente Ricardo Lagos… Ese fue el presidente que nos mató. Lagos recorría estos territorios en helicóptero y avionetas con Luksic, y fue quien le
recomendó sacarnos. Bueno, con la necesidad que Luksic tenía de armar un tranque porque sabía que el yacimiento era altamente productivo, que tenía para explotar la mina unos cien años, y Mauro le servía para un tranque por
aproximadamente cincuenta años… Como la mayoría de los maurinos eran analfabetos, creyeron todo lo que les dijeron, y los engañaron… En un principio, la minera dijo que ‘la gente tenía que salir del fundo pues ellos eran
los dueños’ y no ofrecieron nada. Después, cuando hubo algo de resistencia, y la gente decía ‘como nos vamos a ir de aquí si no tenemos nada’, ‘nosotros somos los dueños’, ‘este fundo está en litigio’, les dijeron ‘que les darían tres
millones de pesos a cada familia, pero para que se fueran’, y dieron ‘un plazo de unos pocos días’. Además, les hicieron ‘firmar unos documentos, un contrato’, diciéndoles ‘que llegaban a un acuerdo’. Pero lo que la gente estaba
firmando sin saber, era que se desistían de los juicios. Fue el primer engaño.

Los comuneros de Mauro no tenían idea de lo que le estaban firmando. El abogado que tenía la comunidad, Jorge Gamboa, se vendió. Llegó con los ejecutivos de la minera como abogado suyo también. ¿Así cómo se iba a defender la gente? Ninguna autoridad nos defendió. Todo corría a favor de ellos. Nos expulsaron y lograron su objetivo. Nos sacaron a todos. Fue una de las tragedias más grandes. Imaginarte que tenías que irte de tu tierra para no
volver nunca más, y que los animales con los que la gente vivía, tuvieron que sacarlos en camiones, perdiendo muchos, otros se los trajeron caminando, arriando, era una injusticia muy grande, una injusticia total. Claramente era un engaño. De la forma en la que llegaron a sacar a la gente, con prepotencia, tampoco fue un trato digno. Minera Los Pelambres nos expulsó sin siquiera haber sido los dueños. Recién la minera, en el año 2008, se hizo ‘dueña’…
Después, perdieron los juicios y tuvieron que pagar de nuevo. Pero a nosotros ya nos habían echado. La minera pagó 15 mil millones de pesos por nuestro campo a solo tres señores que eran ‘socios’ con el resto de comuneros de Mauro y que tenían los mismos derechos que nosotros. Solamente a ellos les pagaron y al resto nada… Pero nosotros hoy no alegamos por dinero. No nos interesa. Lo que queremos es volver a recuperar Mauro…”.




-¿Los comuneros quedaron desperdigados?

“Sí. Cada cual se tuvo que ir a vivir donde pudo, con las pocas lucas que les dieron… Quedó gente en Caimanes, Rincón, Socavón, Las Cañas, El Tambo, Tahuinco, Punta Nueva, Camisas, Los Vilos, etcétera, en cualquier parte,
desparramados por todos lados, y es una lástima tremenda porque esos no son nuestros territorios. Prácticamente vivimos como ovejas en corral ajeno. Da pena, rabia e impotencia la injusticia. Nuestra gente vive mucho peor porque
la vida fuera de Mauro es diferente. Muchos ni siquiera tienen una luz para alumbrarse, sin trabajo, sin animales, sin cosechas… La minera no dio trabajo a nadie de la gente expulsada de Mauro”.

-¿Toda la comunidad fue inundada?

“Y con miles de toneladas de relave, y ahora hay mucho más… Todas las casas, los lugares donde vivíamos están sepultados, todos… bajo millones de toneladas de tóxicos”.

LAS GARRAS DEL FARAÓN

-¿Minera Los Pelambres fue sentenciada por la Corte Suprema a sacar el relave del lugar?

“Hubo unos juicios que se llevaron adelante y ganamos, no como maurinos, sino que con la comunidad de Caimanes, donde yo también fui vocero y dirigente. Nos tocó demandar a Minera Los Pelambres y a Luksic, porque el tranque no solo generó daños a la comunidad de Mauro, sino que a todo el valle del Pupío y obviamente a Caimanes, el pueblo más próximo al relave.
Cuando la minera inundó el río El Mauro con su relave, afectó a Caimanes, y lo que ocurrió es que se secó el río… Y el agua que fluye está contaminada. Lo constató la Policía de Investigaciones de Chile mediante un estudio pericial ordenado por el tribunal. Según el informe de la Brigada de Delitos Medioambientales, el agua no es apta para consumo humano, ni riego, ni consumo animal… Sin embargo, la gente sigue consumiendo porque no tiene otra posibilidad… Además, la minera no sacó el relave. Una sentencia del año 2014, de la Corte Suprema, ordenó a Minera Los Pelambres ‘devolver el libre y natural escurrimiento de las aguas del estero de Pupío’, y que ‘si aquello no
ocurría, tenían que demoler y erradicar el tranque’. Sin embargo, paradójicamente, la orden del máximo tribunal fue, después, ‘rectificada’ por un tribunal de primera instancia. Y luego, un tribunal inferior, la Corte de Apelaciones de La Serena, revocó la sentencia.

Cuando la minera logró revocar el fallo ya los abogados de la comunidad se habían pasado también para el lado oscuro, el estudio Ossa y Compañía, integrado por Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo. Eran de la comunidad y después se pasaron al bando contrario, con una suma de 3.400 millones de pesos que la minera les ofreció para pagarles los honorarios que les debíamos. Se pasaron para el lado de la minera, que tiene como costumbre corromper, si no es a dirigentes, a abogados, comunidades, instituciones, pero a alguien corrompe para echar abajo el muro que les ataja. Esas malas prácticas, de matones o porque tienen un saco con plata quieren hacer bailar a cualquiera… Pero es más complicado cuando se trata de derechos humanos.

Cuando nos expulsaron de Mauro les dieron a las familias una supuesta ‘indemnización económica’ irrisoria, para que se fueran. Sabían que la gente tenía miedo. Dijeron que había una ‘orden de desalojo’, orden que nunca existió. Nadie se preocupó de que nosotros lo único que sabíamos hacer era vivir de la agricultura y la ganadería, y que afuera la vida iba a ser diferente porque no tendríamos tierra, agua, ni animales. No teníamos educación para laborar en otro tipo de trabajos. No estábamos preparados ni siquiera para trabajar en la construcción, pues en Mauro las casas se hacían de quincha y barro. Lo único que necesitaban era sacarnos luego para empezar sus faenas, incluso estaban atrasados con la construcción de la cortina del tranque.

Hoy Minera Los Pelambres extrae cobre, oro, molibdeno, plata, uranio, de todo, y todo eso se va gratuitamente al extranjero, ni siquiera pagan un royalty como corresponde, no pagan impuestos, nada…

Se perdió una comunidad, la destruyeron, mataron un valle completo, no pagan impuestos, y ganan 20 ó 30 millones de dólares diarios para el bolsillo de Luksic. ¡Saquen la cuenta cuánto es, cuánto se podría hacer por nuestros pueblos! Son más de 12 mil millones de pesos diarios…

¡Cuántas mineras como Los Pelambres hay en Chile! Se lo llevan todo gratis, se lo roban todo, y ¿qué es lo que dejan? Lo que jamás muestran: ríos secos, comunidades contaminadas, aguas contaminadas. Los bosques que generaban oxígeno para que estos valles pudieran verse verdes hoy están todos muertos. Arrasaron con todo… Más de 70 hectáreas de bosques milenarios fueron destruidas por la minera… Más de 500 sitios arqueológicos también, destruidos. Se los robaron, porque ahora los tienen ‘secuestrados’ en el fundo Monte Aranda. Ahí los tienen en una sala de exhibición, y los muestran como si fueran ‘sus trofeos’. Una pequeña parte de todo lo que había. ¿Habrá un diez por ciento de todos los sitios que destruyeron? Se llevaron piezas a La Serena, Santiago, y a otros países. Encontraron piezas arqueológicas que databan de más de tres mil o cuatro mil años, incluso huesos que tenían más de diez mil años”.

-¿La minera hizo alguna obra de mitigación?

“No, no hicieron nada… Para la calle y si te he visto no me acuerdo… Ni siquiera pega le dieron a la gente… Por eso hoy nos estamos organizando”.




___Mauro_Región de Coquimbo, PVCIA de Choapa_comuna de Los Vilos




MAURO SE LEVANTA

-¿Ustedes se organizaron en una asamblea?

“Sí. Ya estamos organizados para dar una pelea a muerte. Nosotros, los hijos, queremos recuperar Mauro, porque Mauro para nosotros era nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelos, nuestra tierra. Yo a Mauro lo quiero como
quiero a mis hijos, o como quiero a mis papás. Hoy, después de muchos años decidimos que la única forma en que creemos que vamos a recuperar nuestra forma de vida, nuestra comunidad y vínculos, recuperar a nuestros vecinos, es dando una pelea por nuestros propios medios, por nuestras propias manos, por eso estamos organizados como Asamblea Territorial El Mauro, y con ellos estamos avanzando, dando los primeros pasos como asamblea, en una lucha popular, y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias…”.

-¿Cuál sería una solución justa?

“Que nos devuelvan un campo igual o mejor que el que teníamos, con seguridad de agua, y ojalá dentro del Choapa, dentro de nuestro mismo valle, porque la tierra tira, la sangre tira. Uno nunca olvida sus raíces, y siempre quiere volver a la tierra, a la tierra de uno, la tierra que uno puede comer, que uno conoce. ¡Esta es mi tierra! ¡Nuestra tierra, aquí donde estamos! Somos fruto de esta tierra, porque aquí nos parieron… Estos malditos llegaron a
engañar a la gente, engañar a nuestros viejos con artimañas. Sabían que nuestros viejos no tenían educación. Los hicieron firmar con el dedo. Los engañaron como quisieron. Los cuentearon como quisieron. Pero ahora nosotros estamos un poquito más despiertos, un poquito más preparados, y vamos a cobrar todo el daño que les hicieron a nuestros viejos. Ese daño se tiene que cobrar, aunque cueste sangre. Cuando estoy aquí en mi tierra me dan
ganas de pelear al tiro, pero hay que estar preparados. No nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir…”.

-¿Quienes conforman la Asamblea Territorial El Mauro están dispuestos a luchar hasta conseguir una solución?

“Cuando decidimos iniciar esta lucha, una lucha popular, por nuestros propios medios, partimos con ese ideal. Llevamos aproximadamente un año y hasta el momento ninguno de los afectados ha cambiado su forma de pensar. Se mantiene firme la lucha por recuperar nuestro territorio”.

-¿Y Minera Los Pelambres les ha ofrecido algo? ¿Ha conversado con ustedes? ¿Ha intentado dividirlos o comprarlos?

“Hace unos cuatro meses la minera conversó con nosotros, a través de sus ejecutivos: la gerente de asuntos púbicos, el gerente de relaciones comunitarias, y otros, y el último ofrecimiento respecto de nuestras demandas fue en dinero. Ofrecieron 30 millones de pesos para cada familia. Se informó a la Asamblea, y lógicamente pensamos que nuevamente es un ofrecimiento irrisorio, que no se condice con lo que estamos exigiendo, o sea, se quieren seguir burlando de nosotros. Lo que queremos es nuestra tierra, herramientas para trabajar, volver a producir como antes, volver a ser lo que éramos antes, porque sabemos que de esa forma también se puede vivir, se puede vivir tranquilo, vivir feliz”.

-¿Lo que ustedes le exigen a la Minera Los Pelambres es un territorio donde reinstalarse como comunidad?

“Un terreno y que nos devuelvan todo lo que nos quitaron. Ellos llegaron allá a Mauro y nos quitaron la tierra, las casas, los animales, nos quitaron el agua, la calidad de vida, todo, entonces, eso mismo tienen que devolvernos ahora. Y eso ni remotamente son 30 millones por familia… Para las cantidades de dinero que gana la minera, el costo de devolvernos todo lo que nos quitaron no es ni lo que ganan en una sola hora de trabajo en la mina. Ganan entre veinte y treinta millones de dólares diarios. ¡Imagínate…!
Ahora empezarán a producir, con el Proyecto Expansión de Minera Los Pelambres, el doble o triple de lo que sacan hoy, alrededor de 60 millones de dólares diariamente…
¿Un campo costará mil millones de pesos, las casas otros mil millones más?
Hablamos de mucho menos de diez millones de dólares”.

-¿Ustedes han visto algunos lugares con esas características?

“Sí, y tenemos visto algunos lugares donde nos satisfaría quedar. Nos gustaría que ese lugar tuviera a lo menos un cuarenta por ciento de seguridad de riego.
Si el fundo El Mauro tenía 17 mil hectáreas, a lo menos queremos un campo que cuente con más de 15 mil hectáreas. Eso es lo que buscamos. Que nos devuelvan lo que nos quitaron. No estamos pidiendo que nos regalen nada”.

-¿Cuántas familias están hoy agrupadas en vuestra asamblea?

“Unas cuarenta… Y no estamos pidiendo limosnas, ni un favor ni nada por el estilo… ¡Háganse cargo del daño que nos hicieron! Por ley no podían sacarnos de Mauro. Nosotros somos un pueblo originario y hay leyes que nos
favorecen, pero nunca nos dijeron, después nos fuimos enterando… Jorge Gamboa fue el primer abogado que nos engañó. Al mismo tiempo era abogado de nosotros y de la minera, y se quedó calladito… Cuando la minera llegó a la
zona, la gente se organizó y le hacía una cuota de diez mil pesos para pagarle todos los meses. La minera le ofreció mil veces eso, no tenía dónde perderse… Si hasta trató mal a la gente. Los maurinos no tenían idea de nada.

Si nosotros estudiábamos hasta sexto básico, y muchos estuvieron cinco, seis años en primero básico por cabeza dura, no aprendían a leer… Y los hicieron firmar o poner el dedo, y para afuera… Después la minera perdió los juicios con los comuneros que salieron junto con nosotros y tuvo que pagar de nuevo, y ahí nosotros nos dimos cuenta que la tierra no era de ellos. Ahí se produjo la estafa de Minera Los Pelambres. Entonces, independientemente que la minera hoy tenga una ‘deuda legal’, por así decirlo, por el pago de la tierra, de 7 mil 500 millones de pesos con nosotros, no estamos pidiendo ese dinero, estamos exigiendo que nos devuelvan todo lo que nos quitaron”.

¿DESARROLLO O DESTRUCCIÓN?

-¿Luksic se querelló en contra suya? ¿En qué quedó ese juicio?

“Sí, se querelló porque supuestamente ‘existía una asociación ilícita, por cortes de caminos, desórdenes públicos’, y ese juicio lo ganamos. De todas las acusaciones que nos hizo, nada era como él decía. Todas las pruebas que
presentamos para demostrar que ellos habían hecho mal las cosas eran pruebas válidas. El juicio fue el año 2012, en Ovalle. Luksic quería meterme preso, pedía 24 años de cárcel. Felizmente quedó en nada porque estos gallos tienen
un poder sobre estatal, mandan hasta al presidente de la república, porque Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, han sido títeres de Andrónico Luksic…”.

-¿Y las autoridades regionales, gobernadores, senadores, diputados, concejales, alguno se acercó a ustedes?

“También fueron títeres de las autoridades que mandaban de Santiago. Supuestamente, las órdenes llegaban de Santiago, y en la región las acogían no más. Ninguna autoridad regional nos apoyó. Todos apoyaron a la minera. ¿Porqué? Era obvio… ‘La minera iba a generar mucha plata’. Mucha, mucha plata, plata para… Andrónico Luksic. La plata no se ve en la comunidad. Dicen que supuestamente con los megaproyectos mineros en las comunidades llega el desarrollo, pero aquí lo único que se ha visto es destrucción, contaminación, ríos secos. No sé si eso se podrá denominar desarrollo”.

-¿Han conversado con autoridades políticas de la región?

“No, todavía no, pero ya saben lo que sucede. Ninguna se ha acercado. Ni partidos ni grupos, nada. No nos interesa conversar con ellos porque son sinvergüenzas, van donde calienta el sol y donde hay plata… ¿Un diputado qué es lo que hace? Te dice que está a tu favor y, después, cuando la minera le ofrece plata, que le pagan su campaña, empieza a jugar al otro lado. Siempre han estado del lado de la minera, gobiernos de derecha y de izquierda…”.

-¿Y alianzas con organizaciones sociales, sindicatos, movimientos políticos extraparlamentarios?

“Nada todavía… Es que nosotros vivíamos solos, aislados… En Mauro nos conocíamos solamente entre nosotros, y con alguna gente de Caimanes y de los campos vecinos con quienes nos visitábamos por los cerros pero de a
caballo… Gente de afuera no conocíamos a nadie… Cuando nos expulsaron de Mauro, salimos a un mundo desconocido, diferente. En Mauro no había televisión, ni radio, ni teléfonos. Nos comunicábamos entre nosotros y con
nuestros animales, con los pájaros, sabíamos qué hora era mirando las sombras que daba el sol en las piedras de los cerros”.

COMUNIDAD ENFRENTA A MULTIMILLONARIO

-¿Para ustedes Mauro era un comunidad indígena?

“Sí, y hay muchos lugares con nombres mapuche: Pupío, Tahuinco, Polcura, Cavilolen, Cuncumen, Limahuida, etcétera. Había ‘pueblos de indios’ en la región, según lo que cuentan los historiadores. Yo me reconozco como
indígena. Somos mapuche. Puede que estamos mezclados con diaguitas, pero somos ‘gente de la tierra’, y cuando eres gente de la tierra, eres indígena, originario. Somos los únicos que amamos la tierra sin razón, por sobre todo, la
tierra, las aguas, los ríos, la naturaleza… Si a nuestros viejos allá en Mauro no les gustaba ni que ensuciáramos el agua con tierra. Supieran hoy como están sus tierras enterradas debajo de millones de toneladas de relaves, se morirían de nuevo… El estero de Pupío está completamente seco, y la poca agua que pasa está contaminada. Y cada vez va a ser peor. Será un valle invivible si no hacemos algo pronto e impedimos que lo sigan destruyendo, lo quieren matar para siempre. Por eso que es hoy cuando hay que pelear. Mañana será demasiado tarde. El tranque fue declarado, por estudios periciales, como una ‘obra ruinosa’. Puede caer en cualquier minuto. Por todo el pueblo de
Caimanes hay ‘señales de evacuación’, en caso que el tranque caiga… Pero lo que mucha gente no sabe es que si cae, en menos de diez minutos arrasaría con todo a su paso. ¿Alguien tiene tiempo de arrancar en diez minutos? El
tranque es una bomba de tiempo”.

-Si pudiera hablar con Luksic, ¿qué le diría?

“Que nos devolviera lo que nos quitó, que fuera humano con la gente… Que fuera humano media hora con la gente de Mauro, y se sentara a conversar con nosotros, que escuchara el sufrimiento que hemos tenido por salir de Mauro,
que sepa lo que se siente cuando te echan de tu propia tierra y te quitan todo lo que tienes, todo lo que te ha costado por generaciones… Lo que teníamos en Mauro fueron cien, doscientos y más años que nuestros abuelos conservaron
esa tierra, sus animales, viviendas, bosques, aguas, con lo que nos criaban, con lo que éramos felices… Le exigiría a Luksic que nos devolviera todo lo que nos quitó, si no, no tendría ningún sentido conversar con él… Mauro no es
único lugar donde Luksic ha hecho daño. Pero el daño más grande, en toda su historia, lo hizo en Mauro, con nosotros: nos mató en vida… Y esta lucha que iniciamos será hasta que consigamos lo que estamos buscando: tierra, justicia y dignidad, la que nos arrebató Luksic…. Andrónico Luksic jamás ha dado la cara. Nunca ha venido. Jamás lo hemos visto por acá. Nos gustaría conversar con él, saber si él es el ‘mala clase’ o sólo lo son sus peones. Nos gustaría verlo en carne y hueso y saber si realmente existe gente tan mala como para hacer las atrocidades que hicieron con nuestra gente, con nuestra comunidad”.

(*) En el valle del Pupío, región de Coquimbo, Chile.




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Fuente:https://www.facebook.com/MauroTierraJusticiayDignidad/