Agua y Minería, Perú

El 30% de conflictos sociales en Perú surgen por la defensa al agua

Autor: Ani Lu Torres, La República.pe
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero , Tia Maria-Valle del Tambo

Sector minero. A octubre, existen 184 conflictos latentes en el país, de los cuales el 43% están ubicados en las regiones del sur como Arequipa, Cusco y Puno. Éste último por el litio. ¿Qué soluciones se proponen ante esta problemática?

El 2019 ha sido un año de picos de conflictos sociales vinculados a la minería: en marzo se retomó la huelga contra el proyecto minero La Bambas (Apurímac), para agosto, iniciaron las protestas contra Tía María (Arequipa), y en noviembre, contra el proyecto minero Quellaveco (Moquegua).

Pero dichos proyectos son solo algunos. En Perú, sólo entre mayo y octubre, se registraron 11 nuevos conflictos. Así, en total – según información de la Defensoría del Pueblo – se tienen registrados 184 conflictos, de los cuales, el 43% está ubicado en la macroregión del sur (Ica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Moquegua y Tacna).

Si se analiza los motivos de dichas problemáticas, José De Echave, investigador de CooperAcción, señala que el 30% de los 184 conflictos están directamente relacionados al recurso hídrico: por ejemplo, en Áncash – la región que lidera el ranking de conflictividad social -, el 44% de proyectos mineros estaría afectando el agua.

En su último Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, CooperAcción también recuerda que pese a que proyectos como Conga (Cajamarca) están paralizados, las poblaciones siguen vigilantes para evitar su reactivación. En este proyecto, las poblaciones apelaron a la protección de sus fuentes de agua. En Moquea, con Quellaveco, la población de Tumilaca también pidió la paralización del proyecto de cobre ante la posible contaminación del río Asana.

Caso en Lima

La región Lima que cuenta con el mayor número de población es a su vez la segunda con mayor producción de plomo a nivel nacional. El 43,3% de su territorio está concesionado y la mayoría de sus conflictos vinculados a la minería, tiene relación con el derecho al agua.

El reciente caso reportado es el proyecto minero Ariana, que – según la organización – afectaría toda la infraestructura que abastece de agua a las 10 millones de personas que viven en Lima y Callao. El caso ha sido denunciado y aunque la empresa a cargo del proyecto ha descartado una posible afectación al recurso hídrico, una jueza constitucional dictaría su sentencia en las próximas semanas.

Concesiones con Consulta

En medio de la propuesta para que se elabore una nueva Ley de minería – y que tiene aceptación del Gobierno y hasta un documentos presentado por los Gobiernos Regionales del sur -, la Organización manifiesta que debe plantearse una política “con carácter de urgencia” de ordenamiento territorial, para evitar que se sobrepongan concesiones mineras con la propiedad de comunidades indígenas y nativas, o zonas arqueológicas.

Asimismo, señalan que la nueva ley del sector extractivo debe contemplar la realización de la Consulta Previa para el proceso de concesión. Hoy sólo se realiza dicho proceso para la etapa de explotación.

Asimismo, indican que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene pendiente revisar el real costo – beneficio de los beneficios tributarios al sector minero. Subrayan que la reciente aprobación de un decreto de ugencia que amplía la devolución del IGV a las exploraciones mineras no ayudan “realmente” a incentivar dicha actividad.

 

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/12/11/conflictos-sociales-el-30-de-conflictos-sociales-en-peru-surgen-por-la-defensa-del-agua-minem-tia-maria-las-bambas/?fbclid=IwAR1IngYNbxakfixV7y1iU2WGecByY_2ocOYdLUylrM12B7sTKCe4KN7OQeA

Perú

Denuncian que mina puede poner en riesgo el abastecimiento de agua para Lima y Callao

Autor: Cooperacción.org

En la presentación del 25° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) se advirtió que el proyecto minero Ariana, de la canadiense Southern Peaks Minnig, depositaría sus relaves tóxicos en una zona altamente sísmica y a 500 metros de la entrada principal del túnel trasandino Cuevas Milloc que capta el agua de la zona para abastecer a Lima y Callao.

Las empresas Sedapal y Enel alertaron que la ubicación de la zona de relaves de la mina, cerca al túnel trasandino, puede poner en riesgo el abastecimiento de agua potable para los más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao. Pese a estos cuestionamientos, el proyecto tiene un EIA aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y tiene autorización para el inicio de la etapa de construcción.

“El EIA del proyecto Ariana no fue aprobado por el Senace, lo aprobó el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, nuevamente el Minem es juez y parte”, expresó la excongresista Marisa Glave quien presentó el último mes de abril una demanda constitucional en contra del Minem por aprobar de “manera irregular” el EIA de dicho proyecto.

La demanda constitucional considera que el proyecto Ariana vulnera tres derechos fundamentales: salud, a un ambiente saludable y acceso al agua.

José De Echave, subdirector de CooperAcción, recordó que el Perú está identificado como un país que marcha aceleradamente a una situación de estrés hídrico. Además, estudios de la Autoridad Nacional del Agua muestran que 129 de las 159 cuencas hídricas tienen graves problemas de contaminación.

“Lima es la segunda ciudad más grande del mundo que se encuentra sobre un desierto, recibe menos de 2.5cm de lluvia por año y depende básicamente de tres ríos cuencas el abastecimiento de agua. No es cierto que no existen riesgos con el proyecto Ariana. Los riesgos son reales, son latentes y no imaginarios. Se pone en riesgo la infraestructura hídrica que abastece agua a la ciudad”, afirmó De Echave.

Al respecto, el Minem reconoce que no existe impermeabilización perfecta por lo que el depósito de relaves del proyecto Ariana siempre representará un riesgo para el abastecimiento del agua. “Por lo que la propuesta de localizar el depósito de relaves colindante al túnel trasandino debe ser descartada y adjuntar otras alternativas viables para su ejecución”, según la R.D. N°127-2016-MEM/DGAAM.

“En el planteamiento del proyecto minero Ariana parece que nadie se ha dado cuenta, que todos los componentes de este proyecto se encuentran entre las cuencas hídricas de colección de Marca V, que pone en riesgo la conducción y colección del agua que viene del norte”, indicó Glave.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL AVANZA

Durante el periodo octubre 2018 a octubre 2019, se reportaron 187 conflictos, lo que significa que desde mayo del presente año se ha registrado un alza de la conflictividad social ligado a actividades mineras.

“Se puede apreciar la reactivación de la conflictividad social desde el mes de mayo alcanzando un pico entre los meses de agosto y octubre con casos como los del corredor minero del sur, Tia María y los diversos conflictos en la Amazonia”, comentó De Echave.

En relación a la geografía del conflicto, sigue siendo Ancash la región que concentra regularmente el mayor número de conflictos, seguida por regiones como Cusco, Loreto, Puno y Apurimac, entre otras que varían su ubicación según los meses de reporte.

Al organizar la información por macroregiones, se aprecia la preponderancia de los conflictos en la macro sur (42%) explicado por los sucesos en torno al corredor minero, seguido de la macro norte (38%) y centro (20%).

Según De Echave, es necesario revisar y hacer cambios a la Ley General de Minería, la actual norma que tiene más de 30 años de vigencia. “La política de concesiones debe revisarse como parte de la Ley de Minería. Ahora vemos como las concesiones se superponen vulnerando los derechos de las comunidades. Para terminar con estos atropellos es necesario partir desde un ordenamiento territorial”, concluyó De Echave.

Por su parte, Maritza Quispe, abogada del IDL, explicó el contenido de la demanda de amparo presentada contra el proyecto minero y el Estado el 25 de abril pasado, debido a que el proyecto minero afecta derechos difusos, es decir de todos los peruanos que nos veríamos afectados por la contaminación y por el recorte del servicio de agua.

Según indicó Quispe, el Sexto Juzgado Constitucional debería aplicar el principio precautorio, ya que existen indicios razonables de posibles impactos en toda la infraestructura hídrica que ha sido construida en la zona.

A su turno,  Mirtha Villanueva de Grufides, recordó que Cajamarca sigue siendo una región con altos índices de pobreza y con mucha conflictividad social en torno a los proyectos mineros.

«Que ahora no se visibilice mediáticamente los problemas en torno al proyecto Conga no significa que todo esté bien. El proyecto está paralizado pero la minera ha iniciado una estrategia de ‘captación’ de voluntades ofreciendo estudios a los hijos de los pobladores de las zonas aledañas al proyecto. Su estrategia es acabar con la oposición».

En tanto, David Velazco de Fedepaz, lamentó que el Estado criminalice las protestas, lo que ha conseguido que se tenga 250 personas judicializadas. «Se está judicializando las legítimas protestas. Son más de 250 personas que son acusados de extorsión al Estado solo por ser voceros o dirigentes de protestas sociales», afirmó.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/denuncian-que-mina-puede-poner-en-riesgo-el-abastecimiento-de-agua-para-lima-y-callao/?fbclid=IwAR2HAMfpTZmFs8h2mqgbNFyogDdC_dTqbgxlPnj4OKZ5NHcYSwILRzxnIZs

Ecuador

Corte niega consultas populares sobre minería en Ecuador

Autor: Telesur TV.net

Tras la sentencia, el ejecutivo ecuatoriano podrá ejecutar el proyecto minero en la provincia del Azuay y otros que planee a futuro con multinacionales, aunque dichas prácticas afecten el medio ambiente.

La Corte Constitucional de Ecuador, negó este miércoles dos solicitudes distintas para que los proyectos mineros en el sur del país dependan de la aprobación ciudadana, la noticia jurídica fue recibida con satisfacción por el ejecutivo nacional.

Como un revés previsible, calificó @yakuperezg a la decisión tomada por la Corte Constitucional al no aprobar una decisión pública, para esgrimir el derecho a la participación del soberano en las urnas a través de la anti minera.

«En general el país debe recibir con beneplácito, no sólo la industria minera porque se dejo de crear un precedente, tal vez temporalmente, con respecto a cualquier industria extractiva”, indicó el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar.

Las solicitudes se instauraron debido al fuerte rechazo popular de proyectos mineros que se ejecutaran en la provincia del Azuay, situada en el sur de Ecuador, a manos de la multinacional canadiense, INV Metals y de grupos estadounidenses Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group.

«Es un adefesio jurídico esta sentencia. Hemos perdido la batalla pero no la resistencia, la resistencia crece”, recalcó el prefecto de la provincia, Yaku Pérez.

Organizaciones comunitarias aluden que dicho proyecto pone en riesgo los recursos naturales como fuentes hídricas, páramos y tierras ricas en oro y cobre.

Fuente:https://www.telesurtv.net/news/ecuador-corte-niega-consultas-populares-mineria-20190918-0022.html

Guatemala

Dictamen del Tribunal de mujeres defensoras de la Naturaleza y los pueblos contra la Minería Ruta del Jaguar

Autor: Censat Agua Viva.org

El Tribunal de mujeres defensoras de la Naturaleza y los Pueblos contra la Minería sesionó en la ciudad de Guatemala el 16 de noviembre de 2019, en el marco de la X Asamblea de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales.

En una intensa jornada de trabajo escuchamos el testimonio de decenas de casos sobre los impactos de la Minería en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y territorios del norte, sur, oriente, occidente y del centro de Guatemala. Contamos adicionalmente con la presencia de 2 redes internacionales de mujeres defensoras frente a la minería una de África, WOMIN y una de Asia, WOMA.

Las exposiciones se dividieron en tres ejes complementarios y convergentes: Afectaciones a la Naturaleza, a los Pueblos y a las Defensoras de derechos humanos y de la naturaleza.

En el eje de las Afectaciones a la Naturaleza se presentaron testimonios sobre los graves daños que provoca la minería sobre los ecosistemas, como son los páramos, glaciares y bosques andinos- tropicales, sobre el agua y los territorios y la forma cómo afecta la espiritualidad y los cuerpos-territorios.

En el eje de las Afectaciones a los Pueblos escuchamos testimonios de representantes de mujeres sanadoras, indígenas y de comunidades campesinas, que abordaron temas como la militarización de sus territorios-tierra, la violencia sobre sus cuerpos- territorios, destrucción de las economías locales, y del tejido social, las afectaciones a la salud, la destrucción de las fuentes y reproducción de la vida. A lo largo de los testimonios evidenciamos que la minería forma enclaves de sacrificio en donde se destruye la vida y los territorios.

Se trataron en esta sección las diferentes formas de lucha y resistencia para abrirle camino a la vida en los contextos mineros. Con ejercicios diversos que van desde las resistencias, la aplicación de mecanismos de participación, sistemas alternativos de producción para la restauración social y ambiental, de contención y cuidados de reproducción de la vida, propuestas normativas, campañas y denuncias, que permiten a las comunidades pasar de ser víctimas de las actividades mineras, a defensoras de sus derechos, sus territorios y sus cuerpos.

En el eje de las Defensoras se analizaron los patrones de criminalización que incluyen asesinatos, judicialización, hostigamientos en diferentes países.

Este amplio panorama internacional nos ha permitido formular un diagnóstico sombrío que resumimos a continuación y que es ampliamente compensado por las muchas luces que alumbran las propuestas de las mujeres en las organizaciones a nivel local, regional e internacional.

Después de los testimonios confirmamos el carácter criminal de la actividad minera en todas sus fases, las mismas que incluyen destrucción de ecosistemas, ejemplificada con la devastación de los bosques, sabanas, páramos, glaciares, agua y en general la naturaleza, al igual que la transformación de las relaciones sociales, profundizando relaciones de opresión para las mujeres en estas zonas de muerte.

La minería penetra y destruye las entrañas de la madre tierra, rompe los ciclos del agua y con ello el ciclo de la vida sostenido por las mujeres en sus tareas de cuidados. Estas tareas se duplican porque la contaminación del agua deteriora la salud de sus familias obligándolas a trabajar más, a su vez que se ve afectada su propia salud por el contacto permanente con el agua en las tareas de reproducción de la vida como la preparación de los alimentos, entre otras actividades domésticas.

Constatamos:

  • La destrucción de las redes de la vida, porque arrasan y mutilan territorios, contralan y expropian los cuerpos de las mujeres a través de las agresiones sexuales, trata por explotación sexual, control a través del miedo generando silenciamiento y desplazamiento de la población para instalarse.
  • La ocupación extensiva de los territorios, que ha abierto fronteras extractivas sobre los pueblos indígenas, campesinos y otras comunidades locales, así como las Naturalezas con las que compartimos los ecosistemas.
  • El acaparamiento y contaminación del agua, despojando a las comunidades del derecho al agua, y vulnerando el derecho de otras especies de acceder a este líquido vital y condenando a las mujeres a sobrecargas de trabajo al interior de sus comunidades.
  • La construcción de una infraestructura que necesita destruir todos los componentes de la madre tierra para extraer de sus entrañas sus minerales, relaveras que revientan y destruyen pueblos enteros, represas que concentran y secuestran sus aguas.

Sin embargo, tal como lo hemos anticipado, en cada uno de los testimonios compartidos estuvo presente la búsqueda y la construcción efectiva de otra sociedad basada en otros paradigmas que rescatamos de manera concreta como base para enfrentar los desafíos de los tiempos que vivimos.

Nos ratificamos en la necesidad de:

  • Fortalecer la articulación de mujeres, en contra de la minería, regional y continentalmente tejiendo redes y sororidades sur-sur.
  • Reconocer la organización comunitaria y el rol que tienen las mujeres en su sostenibilidad apoyando las resistencias en los territorios.
  • Continuar con el intercambio información, conocimientos y estrategias de las mujeres de los diferentes continentes.
  • Hacer un ejercicio coordinado y compartido de incidencias entre las participantes de este Tribunal, para dar seguimiento, apoyar, denunciar y vigilar los procesos normativos en marcha en los diferentes países y las políticas públicas que se implementen en torno a la minería con los efectos en el cuerpo y la vida de las mujeres y sus comunidades, a fin de garantizar el debido respeto y cumplimiento a los derechos, la vigilancia y control de las defensorías del pueblo o procuradurías, para que éstas asuman sus responsabilidades de proteger los derechos y los pueblos, la naturaleza y a las defensoras.
  • Compartir las experiencias exitosas que se han desarrollado para enfrentar la minería basándonos en el poder de contagio que tienen las mujeres en la construcción de nuevos horizontes. Ponerlas en marcha en otros territorios para la construcción de relaciones más justas.
  • Fortalecer los sistemas de comunicación entre hermanas, mejorar nuestros mensajes para poner a sociedades en movimiento en la defensa de la vida para enfrentar la amenaza de la minería.

Finalmente compartimos algunas de las recomendaciones que surgen desde este Tribunal para seguir recorriendo estas Rutas por la Verdad y la Justicia para la naturaleza y los Pueblos y sus defensoras:

  • Extender el conocimiento y la difusión de los Derechos de la Naturaleza como nuevo paradigma para la construcción de nuevas comunidades que hagan visible los aportes de las mujeres.
  • Enviar este dictamen a las diferentes Relatorías Especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluyendo a los relatores especiales del derecho al agua, tóxicos, mujeres, salud y ambiente.
  • Enviar este dictamen a las Defensorías o Procuradurías del Pueblo de los países representados en este tribunal.
  • Expresar nuestra solidaridad con los casos expuestos en este tribunal y activarnos en las respuestas demandadas.
  • Firman:

    Gina Benavides. Ex Defensora del Pueblo de Ecuador, Ecuador

    Cheryl Poulan. WOMA, Filipinas Lorrain Kakaza. Womin, Sudáfrica

    Diana Murcia. Abogada, Colombia

    Irma Ortiz Alarcón. Red Latinoamericana de mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales

    Ivonne Yánez. Oficina de Derechos de la Naturaleza

    Elizabeth Bravo. Oficina de Derechos de la Naturaleza

    Secretaria: Esperanza Martínez

 

Fuente:https://censat.org/es/noticias/dictamen-del-tribunal-de-mujeres-defensoras-de-la-naturaleza-y-los-pueblos-contra-la-mineria-ruta-del-jaguar

Agua y Minería, Chile, Litio

Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza exige al Estado cambiar su “actitud ecocida” con la Patagonia por avance minero y salmonícola

Autor: Futuro Renovable.cl

En fallo emitido este lunes 9 de diciembre en Santiago. En el caso de Patagonia, y luego de escuchar a delegaciones de Aysén y Magallanes, los jueces determinaron que “la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra, por lo que este Tribunal declara la vulneración de los Derechos de la Naturaleza”.

  • Organismo sesionó el 5 de diciembre con la presentación de los casos chilenos Minería de litio en el desierto de Atacama; Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida; Privatización del agua: el agua como objeto en Chile.

El 5 de diciembre sesionó en Santiago el 5to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, organismo internacional creado por la sociedad civil para proporcionar una alternativa sistémica a la protección del ambiente y que reconoce que los ecosistemas tienen derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, con legitimación legal en los tribunales. El espacio fue constituido por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en enero de 2014.

En esta ocasión, el tribunal fue presidido por el líder indígena ecuatoriano Yaku Pérez, e integrado por la socióloga argentina Maristella Svampay, la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile Nancy Yáñez, el analista internacional Raúl Sohr, el sociólogo chileno Antonio Elizalde y el economista ecuatoriano Alberto Acosta, quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador desde donde impulsó, precisamente, la incorporación de la figura de derechos de la naturaleza.

Fiscal de la Tierra fue el abogado ambientalista argentino Enrique Viale, secretaria la ecuatoriana Natalia Greene.

Ante una audiencia de unas 150 personas que se congregaron en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, expertos y afectados expusieron los fundamentos de los tres casos principales: Minería de litio en el desierto de Atacama; Amenazas a la Patagonia: reserva de agua y vida; Privatización del agua: el agua como objeto en Chile. Adicionalmente se pusieron a consideración para su admisibilidad los caso de la Amazonía (varios países) y Vaca Muerta (Argentina). En total, fueron 22 los expositores de Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil.

Ecocidio en Patagonia

Por la Patagonia fueron ocho los participantes, siendo responsable de la presentación general el director de Codeff Aysén y presidente de la Agrupación Aysén Reserva de Vida Peter Hartmann Samhaber. Como exponentes del caso concurrieron el periodista Patricio Segura Ortiz (Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén), el asesor legal Erwin Sandoval Gallardo (Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén), la empresaria de turismo local Miriam Chible Contreras (Corporación Chelenko), el médico veterinario Juan Carlos Cárdenas Núñez (Centro Ecocéanos), la abogada Victoria Belemmi Baeza (FIMA). Por los pueblos originarios afectados asistieron las representantes yagán María Luisa Muñoz Manquemilla y kawésqar Leticia Caro Kogler. Acompañó también a la delegación aysenina la dirigenta de la Agrupación “Puro Ibáñez” de Puerto Ingeniero Ibáñez, Rayen Cayún.

Las exposiciones abordaron los impactos ambientales y sociales de los proyectos mineros de Aysén Los Domos (Equus Mining-Southern Gold), El Toqui (Laguna Gold), Cerro Bayo y Mina Javiera (Mandalay Resources), Newmont-GoldCorp y Mina Invierno (Grupo Angelini). Asimismo, el avance depredador de la salmonicultura en toda la Patagonia chilena.

Luego de escuchar a los expositores, el tribunal ratificó que “la Patagonia tiene gran biodiversidad amenazada debido a la presencia de industrias que progresivamente han destruido la naturaleza, y que la explotación del borde marino ha afectado el ecosistema”. El organismo también determinó que “el Estado chileno permitió un genocidio de los habitantes indígenas del extremo sur para poder desarrollar la ganadería ovina, y que el Estado no ha respetado a las comunidades. De igual manera se reconoce la vulneración de los derechos consagrado en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en la que se reconoce que cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar su papel en la Madre Tierra para su funcionamiento armónico”.

Ante esto, recomendó al Estado chileno “cambiar su actitud ecocida; respetar rigurosamente las áreas protegidas y de conservación; cumplir con los procesos de consulta previa; establecer medidas de precaución para que las actividades humanas no afecten brutalmente los sitios en cuestión; establecer justicia restaurativa para los pueblos originarios afectados; condenar moralmente a las empresas mineras y salmonícola e instarlas a asumir los costos reales de sus acciones”. Asimismo, exigió “al Estado de Chile generar todo las condiciones para adoptar una nueva constitución que consagre Derechos a la Naturaleza”.

Al finalizar, el 5to Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza determinó que “la actividad minera y salmonicultura que se realiza en la Patagonia chilena son contrarios con los derechos de la Madre Tierra, por lo que este Tribunal declara la vulneración de los Derechos de la Naturaleza”.

Litio y agua en Chile

En el caso de la actividad minera y extracción de litio en territorio atacameño, dictaminó el organismo que ha habido violación de los derechos de la naturaleza. “La extracción de litio, junto con la extracción de otros metales preciosos (como el cobre) y minerales (como el potasio) están consumiendo cantidades insostenibles de agua en el desierto de Atacama de Chile, poniendo en riesgo el frágil ecosistema del desierto, su vida silvestre y los medios de vida de los pueblos indígenas Atacameños que ahí habitan” sentenció, calificando la explotación de litio en los salares de Atacama como “minería de agua al encontrarse este mineral en las salmueras”.

Con relación a la privatización del agua en Chile, los jueces llegaron a la convicción que “el agua se ha vuelto un negocio. El agua en Chile es un objeto y es mercantilizada al permitir su privatización”, condenando “el modelo económico extractivista que niega que el agua es vida, debe ser un sujeto político, comunitario y espiritual” y recomendando “incidir y aprovechar el momento Constituyente chileno para establecer que el agua es un sujeto de derechos” como sí ocurre en el caso de la Constitución de Ecuador, que en sus artículos 12, 282 y 318 dictamina que el agua tiene derechos reconocidos y establece también una prelación de su uso.

En la ocasión, además, se decretó la admisión de los casos sobre la Amazonía profundamente afectada por iniciativas de explotación a gran escala y Vaca Muerta (Argentina), por la extracción de combustibles fósiles a través de fractura hidráulica (fracking).

 

Fuente:https://futurorenovable.cl/tribunal-internacional-de-los-derechos-de-la-naturaleza-exige-al-estado-cambiar-su-actitud-ecocida-con-la-patagonia-por-avance-minero-y-salmonicola/?fbclid=IwAR3s3clc85w3Di9y-eKW2eNllB4_wcVXhC8X0sHdVXeUflwwCC3UMN8l3jQ

Perú

Líderes de comunidades del Perú llegan a Lima en busca una nueva ley de ordenamiento territorial

Autor: Redacción La Mula.pe

Más de 50 líderes de comunidades indígenas de ocho regiones del país, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades de gobiernos subnacionales, se reunirán en Lima este 5 y 6 de diciembre próximos con el fin de compartir experiencias sobre planificación y gestión sostenible de sus territorios locales, y demandar al Estado una nueva Ley de Ordenamiento Territorial.

Los representantes de Áncash, Huánuco, Junín, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Huancavelica buscan que esta nueva legislación permita articular las acciones para actuar frente al cambio climático, así como ante las concesiones de actividades extractivas que afectan sus tierras y a las personas.

El presidente de la comunidad campesina de Payancca, en Cotabambas, Apurímac, comenta, por ejemplo, que el cambio climático afectó a un 90% de los comuneros empadronados en su comunidad. «Por ello, en Payancca venimos trabajando los procesos de ordenamiento territorial para llevar propuestas como nuevos sistemas de cultivo que permiten tener una adaptación de los cultivos pero también de los agricultores», comenta.

Sobre las concesiones mineras, la preocupación es que varias se dieron en zonas donde también hay patrimonio arqueológico, como en Qqueuñapampa, Apurímac, donde se ubican los restos arqueológicos de Markansaya, que es de la época pre inca.

«Nos indigna que se esté concesionado a las empresas mineras. El Instituto Nacional de Cultura debe enterarse de esto porque es un lugar turístico y debería estar prohibido que se concesione. Nosotros estamos haciendo un estudio de ordenamiento territorial y nos enteramos que está concesionado y por eso solicitamos el retiro definitivo», señala Clemente Flores Sapacay, comunero de Qqueuñapampa.

Pero no es el único caso en el que concesiones se superponen con territorios en los que hay patrimonio cultural. En setiembre de 2018, el Ministerio de Energía y Minas se vio obligado a eliminar la concesión que había otorgado a la canadiense Camino Minerals y que comprendía la famosa Montaña de los siete colores, en Cusco, luego de las protestas de las comunidades.

Aunque el Gobierno Central ha dado señales de estar interesado en impulsar una nueva política de ordenamiento territorial, el debilitamiento institucional frente a esta problema viene desde que, en el 2014, se aprobara la Ley N° 30230 conocida como el «paquetazo ambiental».

En este contexto es que se reúnen los más de 50 líderes de comunidades con representantes de organizaciones no gubernamentales y autoridades locales, para exponer sus aportes para la gobernanza territorial. El foro ha sido impulsado por la Plataforma Nacional para el Ordenamiento Territorial (POT), en coordinación con CooperAcción, Diaconía y el Instituto del Bien Común (IBC).

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/12/05/lideres-de-comunidades-del-peru-llegan-a-lima-en-busca-una-nueva-ley-de-ordenamiento-territorial/redaccionmulera/

Perú

Construcción de proyecto Integración Coroccohuayco se adelanta al 2019, indica el MEM

Autor: Energiminas.com
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

La empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país. Se trata de Integración Coroccohuayco, un proyecto de US$590 millones para ampliar la capacidad de producción de Antapaccay, en el Cusco, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estima que iniciará su construcción el próximo año y no en el 2020.

Integración Coroccohuayco cuenta con estudios de factibilidad. No obstante, al proyecto se ha opuesto la población local en reiteradas ocasiones. El proyecto, si se concreta, será a tajo abierto y subterráneo.

Coroccohuayco es una mina de cobre con reservas de 290Mt con 1,03% de cobre. Glencore estima que Integración Coroccohuayco  tiene un potencial de producción de cobre potencial de hasta 100.000 toneladas anuales. El proyecto se encuentra ubicado en el municipio y provincia de Espinar en la Región Cusco, en el sur de Perú,  a unos 10 kilómetros de la mina Antapaccay.

Diversos despachos de prensa y también de ONG en la zona sostienen que existe cierta resistencia a la ejecución de este proyecto entre algunos ciudadanos de las comunidades adyacentes.

Juan Pino, presidente del Frente de Defensa de Alto Pichigua, explicó a Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina que su demanda es que estas comunidades sean incluidas en el área de influencia y sean consultadas. “Queremos saber cuáles son los daños que nos puede causar. Nosotros vivimos de los ríos de esta cuenca, y definitivamente puede afectar nuestras aguas”, señaló.

La llamada Integración Coroccohuayco sería una nueva ampliación de lo que fuera anteriormente la ex mina Tintaya, que ya fue ampliada con el tajo Antapaccay.

 

Fuente:https://www.energiminas.com/construccion-de-proyecto-integracion-coroccohuayco-se-adelanta-al-2019-indica-el-mem/

Perú

Líderes y lideresas del corredor minero del sur andino presentan sus propuestas al Ministerio de Justicia para ser incorporadas en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Chumbivilcas-Constancia , Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El 25 y 26 de noviembre, el Ministerio de Justicia y CooperAcción realizaron en la ciudad de Cusco el “Taller sobre Principios Rectores de la ONU y el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú (PNA): el punto de vista de las comunidades campesinas del Corredor Minero Sur”.

 

En el taller participaron representantes de comunidades campesinas, organizaciones sociales, líderes y lideresas de la provincia de Cotabambas del departamento Apurímac, y las provincias de Chumbivilcas , Espinar y Paruro del departamento de Cusco.

El taller se realizó en el marco del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción (PNA), que recoge e incorpora los Principios Rectores de las Naciones Unidas en el ordenamiento jurídico interno, para establecer un marco regulatorio que permita garantizar el efectivo goce de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales.

 

En el marco del taller, los líderes y lideresas del corredor del sur andino consensuaron una agenda de temas que buscan sean incluidos en el proceso de elaboración del PNA, de modo tal que se puedan incorporar las demandas y preocupaciones de las organizaciones sociales y comunidades que se ubican en el ámbito del corredor minero del sur andino.

 

Dicha agenda se tradujo en una carta que fue enviada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que enfatiza en temas como el sistema de concesiones mineras, los criterios de definición de áreas de influencia directa e indirecta de proyectos mineros, los mecanismos con los que el Estado reconoce a las comunidades campesinas como pueblos indígenas u originarios sujetos del derecho a la consulta, la criminalización de dirigentes y defensores de derechos humanos y la necesaria aprobación de una ley o política de ordenamiento territorial.

Lea la carta aquí

Carta de comunidades lideres de la prov.Cotabambas dirigo a Ministra de Justicia y Derechos Humanos

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/lideres-y-lideresas-del-corredor-minero-del-sur-andino-presentan-sus-propuestas-al-ministerio-de-justicia-para-ser-incorporadas-en-el-plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos/?fbclid=IwAR3jqXQfjQ7oHxtvBeQ2ihy-1sUCuWfniOGUU5odEkINXkv0Enwn7F57ITo

Brasil

Brasil: Especialista da ONU visita Piquiá frente ao abandono do Estado

Autor: Fidh.org
Por ocasião da visita de Baskut Tuncak, relator especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Substancias Tóxicas, FIDH, Justiça Global e Justiça nos Trilhos exortam o Estado brasileiro e as empresas a assumirem suas responsabilidades e repararem integralmente as violações dos direitos humanos e do meio ambiente que atingem a comunidade de Piquiá há três décadas.

Entre o sábado 7 e a segunda-feira 9 de dezembro, o relator está no estado do Maranhão, onde as consequências desastrosas da mineração e da siderurgia sobre a saúde dos habitantes de Piquiá devido à poluição ambiental e sonora, denunciada há anos por nossas organizações, permanecem impunes. Após sua visita nessa área, o Relator interpelará as autoridades estaduais e federais sobre o caso do Piquiá, a partir de hoje, segunda-feira, na capital do Maranhão e em Brasília.

“Esperamos que esta visita dê maior visibilidade internacional a este caso, por tanto tempo ignorado pelo Estado, pressionando as autoridades para que a legislação ambiental seja reforçada e efetivamente implementada. Por sua vez, é necessário um forte apelo do relator à Vale, Viena Siderúrgica, Gusa Nordeste e Aço Verde Brasil e Cimento Verde Brasil (as três últimas do Grupo Ferroeste), para que essas empresas repararem integralmente os danos causados e cumpram com as regulamentações existentes”, afirmou Sandra Carvalho, vice-presidente da FIDH e coordenadora da Justiça Global.

O relator especial, que tem o mandato de monitorar os efeitos nocivos provocados por substâncias e resíduos perigosos, deve alertar os órgãos da ONU das violações constatadas na comunidade de Piquiá e apresentar recomendações.

Os moradores enfrentam com dignidade e perseverança, dia após dia, a louvável tarefa de lutar pelo exercício dos seus direitos violados. Enquanto a mudança para o novo bairro Piquiá da Conquista lhes dá esperanças, sua situação na comunidade continua grave.

A notícia encorajadora é que, mesmo diante dessa situação, a comunidade de Piquiá não desistiu. Apesar dos escassos recursos e apoio, os moradores conseguiram se organizar e exigir com que recursos fossem alocados para a construção de Piquiá da Conquista, onde vislumbram um futuro longe da poluição. No entanto, existe o risco de que as políticas de restrição orçamentária para os programas sociais do governo de Jair Bolsonaro afetem diretamente a conclusão desse projeto.

“Enquanto a comunidade de Piquiá continuar enfrentando problemas de saúde devido à poluição do ar e continuar exposta a resíduos tóxicos e perigosos que resultam do gerenciamento inadequado de resíduos por empresas siderúrgicas, não haverá reparação integral. A mensagem do relator também deve exigir garantias de não repetição, para que as gerações futuras de Piquiá possam usufruir do direito a um ambiente saudável”, disse Danilo Chammas, da Justiça nos Trilhos.

Hoje, solicitamos concretamente que o Estado brasileiro garanta a rápida conclusão e implementação das decisões judiciais e garanta reparação efetiva às famílias afetadas negativamente pela indústria de mineração, ferro gusa e aço; que processos investigativos sejam iniciados e imponham sanções às pessoas físicas e jurídicas responsáveis; que seja estabelecido um tempo específico e limitado para que as empresas se alinhem às normas legais atuais e apresentem garantias de não repetição; e que as empresas tomem as medidas necessárias para proteger as famílias dos resíduos tóxicos e parem imediatamente as operações sem licença.

Esperamos que a visita do relator especial sirva para colocar Piquiá de volta na agenda pública. Tuncak fará uma conferência de imprensa no dia 13 de dezembro de 2019 às 14h, em Brasília, onde ele compartilhará suas observações preliminares de sua visita a Piquiá, Brumadinho e Recife. O Relator Especial apresentará um relatório completo com sua análise e recomendações ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em setembro de 2020.

 

Fuente:https://www.fidh.org/pt/americas/brasil/brasil-especialista-da-onu-visita-piquia-frente-ao-abandono-do-estado?fbclid=IwAR3U8thRXMN2hs6rD3ycH8NXXUD7VU1yDN57g-bsXwBn9MYP4Hgu3sd1AW8

Perú

Tía María: agricultores del valle de Tambo reiniciarán protestas en diciembre

Autor: Ibón Machaca , El Búho.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

La población del valle de Tambo retornará a las calles a partir de la quincena de diciembre para reclamar la cancelación del proyecto minero Tía María. El presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, manifestó que la temporada de cosecha de sus productos provocó que se levantaran temporalmente las protestas en la localidad.

El dirigente señaló que el valle de Tambo se encuentra en plena cosecha de la papa, cebolla y zapallo. Esto obligó a los manifestantes a guardar sus banderas de “agro sí, mina no” para no perjudicar las siembras. Actualmente, las labores se encuentran en un 60 y 70% de avance, especificó.

“Nos encontramos entre un 60 y 70% de lo que es la cosecha y, a la vez, también se viene haciendo la siembra de la próxima campaña de arroz. Sale un producto e ingresa otro. Se vienen realizando las actividades de manera normal, sin las movilizaciones ya que nos perjudicaba a los productores. Posteriormente se retomarán las protestas porque hasta ahora no se ha encontrado la solución”, aseveró.

Jesús Cornejo, dirigente del Valle de Tambo

El dirigente manifestó que la huelga de más de 100 días que soportaron no generó mayores pérdidas económicas. Además, la afluencia del agua evitó que se produzcan sequías como años anteriores.

Dirigentes detenidos apoyaron protestas contra Tía María

Jesús Cornejo también se pronunció sobre la detención de los dirigentes Andrés Saya Alarcón, del Sindicato de Construcción Civil y José Luis Chapa Díaz de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA).

En su opinión, la detención ordenada por el Ministerio Público buscó debilitar las protestas contra Tía María. Cornejo manifestó que ambas organizaciones sociales estuvieron comprometidas con la lucha del valle de Tambo.

“La intención era debilitar las protestas. En el valle de Tambo estamos 10 años luchando contra este proyecto, contra este poder económico. Nosotros tenemos embargos preventivos en los procesos que se viene dando, nuestros bienes están en manos del estado”, dijo.

Jesús Cornejo afronta también un proceso judicial por las protestas del 2015 contra el proyecto de Southern Perú. No obstante, señaló que continuarán con la defensa del valle de Tambo.

 

Fuente:https://elbuho.pe/2019/12/tia-maria-agricultores-del-valle-de-tambo-reiniciaran-protestas-en-diciembre/?fbclid=IwAR1CE2p5pBD6Lm00cmO_EU_X3iRrm0Wj0ZZK1S-uIyv5uEUMt67VcI_i9go