Perú

Las Bambas: Publican decreto de urgencia para expropiar terrenos en Corredor Vial Apurímac-Cusco

El Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que aprueba medidas extraordinarias para liberar y expropiar áreas en el Corredor Vial Apurímac-Cusco, también conocido como “corredor minero”.

Según el texto, el objeto de la norma es permitir el acceso a los servicios públicos y para ello, dispone la autorización de «la expropiación de las áreas que resulten necesarias”.

Como se recuerda, a lo largo del año, el corredor minero fue víctima de constantes bloqueos y declaratorias de emergencia, pues la población local protestaba por el transporte de minerales de la mina de cobre MMG Las Bambas en esa ruta hacia el puerto de Matarani (Arequipa). Actualmente, los vehículos circulan con normalidad.

Durante los próximos 30 días hábiles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) deberá identificar el área para la ejecución de la obra, así como los afectados que ocupan y poseen las zonas requeridas.

La lista de personas naturales y jurídicas afectadas se publicará en los 10 días hábiles siguientes, luego que termine la labor de identificación del MTC.

Luego de la publicación, el afectado deberá acreditar su derecho sobre el área en cuestión. En caso de no hacerlo (o no aceptar el pago por el área), el MTC procederá a expropiar el terreno.

La compensación económica, como pago único hacia el afectado, será por un monto no menor a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a 5 UIT. Es decir, actualmente se ubicaría entre S/ 4,200 y S/ 21,000.

“El valor de m2 de terreno, para los fines del presente Decreto de Urgencia, es el monto más favorable para el sujeto pasivo obtenido entre las tasaciones realizadas en el corredor vial a la fecha de emisión de la presente norma, distinguiéndose un valor para el tipo o uso de terreno, considerando las características homogéneas del terreno en cada uno de estos ámbitos”, señala el texto.

Además, el Gobierno señaló que garantiza “los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios”.

 

Fuente:https://gestion.pe/peru/las-bambas-publican-decreto-de-urgencia-para-expropiar-terrenos-en-corredor-vial-apurimac-cusco-nndc-noticia/?fbclid=IwAR2FVFZG6DbBiyK0Jz1MY74qJ9oz_JqUi8E7VVW2p4Bw16Xo_4quEAqTh5Q

Mexico

Reconocen a Epitacia Zamora, activista contra la minería en Colima

La activista indígena Epitacia Zamora Teodoro, defensora del territorio de la comunidad de Zacualpan en contra de la minería, fue reconocida de manera post mortem con la condecoración “Eleanor Roosevelt”.

Dicho reconocimiento es otorgado cada año por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) a quienes destacan en la promoción y protección de los derechos humanos en la entidad.

El organismo también reconoció al fallecido activista Jorge Iglesias de la Cruz, quien se distinguió por la lucha a favor de los derechos de los pacientes con VIH.

Además, reconoció al teniente coronel Zenón Cisneros Martínez, por sus propuestas en materia de derechos humanos al interior del Ejército.

El galardón a Epitacia Zamora fue recibido por sus hijas Carmen y Leticia Guzmán Zamora, mientras que el de Jorge Iglesias fue entregado a su hermana Guadalupe Iglesias de la Cruz.

Epitacia Zamora murió en febrero de 2015, a los 57 años de edad, a causa de una anemia mielodisplásica contraída por el contacto con agroquímicos durante su trabajo como jornalera en plantaciones de papaya.

Fundadora del Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, en el municipio de Comala, Zamora Teodoro luchó los últimos años de su vida contra la instalación de una mina de oro en terrenos de su comunidad.

Fue la primera mujer secretaria de la mesa directiva del Comisariado de Bienes Comunales, desde donde fue parte fundamental de la declaratoria de Zacualpan como “territorio libre de minería”.

Casada a los 15 años de edad, Epitacia Zamora fue madre de cuatro hijas y dos hijos, estos últimos ya fallecidos, y durante las dos últimas décadas de su vida se involucró en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres del campo.

También participó en Comunidades Eclesiales de Base y comités de apoyo a la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con los que recorrió poblados del Colima, Jalisco y Michoacán.

“Hay muchas mujeres tímidas que prefieren dejarse maltratar por miedo, que les dicen que no valen nada. Yo les digo que sí valemos y debemos hacernos valer.”

“A todas esas mujeres yo les diría que se rebelen, que se defiendan y denuncien, y si no les hacen caso que exijan en las calles con marchas y que digan: somos mujeres y aquí estamos”, señaló en una entrevista con el portal Colima3.0 antes de su muerte.

 

Denuncian escasez de agua

Al acto de entrega de la condecoración “Eleanor Roosevelt”, en el Teatro Hidalgo de esta ciudad, acudieron decenas de comuneros de Zacualpan, quienes aseguraron que la lucha continuará hasta hacer que los sueños de Epitacia Zamora se hagan realidad y se respeten los derechos de tierra y dignidad de las comunidades indígenas.

Ante el secretario del Trabajo, Vicente Reyna García, quien acudió en representación del gobernador, y frente al presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, los comuneros denunciaron también la escasez de agua que han sufrido en su comunidad durante los últimos meses, a pesar de que irónicamente en su territorio se encuentra el manantial que abastece a cerca de 300 mil habitantes de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.

En su intervención, tras recibir el reconocimiento a su madre, Carmen Guzmán Zamora recordó al pueblo de Colima que la lucha contra los daños ambientales que provoca la minería no la han realizado sólo por el pueblo de Zacualpan, sino por toda la población.

“En mi pensamiento digo que no lo hagamos por querer tener más dinero, hagámoslo porque nuestro planeta, nosotros, estamos en peligro de extinción, ya basta: reconozcan nuestros derechos, reconozcan que somos indígenas, tengan un poco más de respeto porque lo merecemos, no estamos empezando a tener dignidad, la dignidad la estamos recuperando porque esa ya era de nosotros”.

Con la voz entrecortada por la emoción, la hija de la luchadora social prosiguió: “Nos sentimos indígenas de corazón, no dejemos que nuestro planeta se destruya poco a poco porque tenemos hijos todos y queremos dejarles algo mejor, que era lo que quería Epitacia Zamora”.

 

Víctima del desabasto de medicamentos

Jorge Iglesias de la Cruz, el otro activista homenajeado y quien murió en 2015, víctima del desabasto de medicamentos contra hepatitis C, contraída a consecuencia de ser portador del VIH.

A lo largo de casi 20 años participó en el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (Frenpavih) y fundó la asociación Amigos Colimenses contra el VIH/Sida (Acolsida), desde donde luchó contra la discriminación y la mejor atención a los pacientes con esta enfermedad.

También fue integrante del Consejo Municipal contra la Discriminación en la capital del estado.

En su discurso, el presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores, destacó que quienes se esfuerzan y dan el último aliento de vida para dejar un legado de lucha y generosidad, confieren el reto de no abandonar esa lucha, sino sostenerla y acrecentarla.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/610533/reconocen-a-epitacia-zamora-activista-contra-la-mineria-en-colima?fbclid=IwAR2suDcJ7z7mqHa7ADBXWuzDq2YpYrGhUrX85YFZl6MBDPc2JKg0kzYwG_k

Mexico

Caso río Sonora: Cofepris revela segundo derrame; el gobierno de Peña lo ocultó

En el primer recorrido que realizaron por las comunidades que se encuentran en los márgenes de los ríos Sonora y Bacanuchi, funcionarios federales descubrieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto ocultó un segundo derrame de tóxicos mineros, la existencia de más de mil enfermos “no reconocidos” en la zona, y que el agua de ese importante caudal sigue contaminada.

José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), reveló el primero de los secretos mejor guardados sobre la contaminación de esas cuencas, que afectó a más de 22 mil personas en siete municipios ribereños.

“Recuerden que hubo dos sucesos: un convenio se firmó por el derrame del 6 de agosto (de 2014), pero 40 o 42 días después hubo otro derrame, del que sus acuerdos no están establecidos en ningún convenio, por lo que todo hay que revisarlo”, externó.

El funcionario federal expuso que ese otro vertimiento –desconocido para todos– aconteció entre el 16 y el 18 de septiembre del mismo año.

“Fue un pequeño escape, no comparable con el primero, pero sí se sumó a él”, afirmó Novelo Baeza.

Este segundo “escape”, dijo, se suscitó porque había un “resquebrajamiento” en la estructura del represo Tinajas 1 y el represo Tinajas 2. “Todavía no estaba terminado; había unas válvulas que todavía no estaban instaladas y ahí ocurrió”.

La revelación se dio mientras el grupo de funcionarios recorría el Hospital General de Ures, después de visitar la infraestructura –en obra negra– de lo que sería la Unidad de Vigilancia Epidemiológica.

El titular de Cofepris expresó que hasta ahora no se había hecho pública la información del segundo derrame porque la investigación se encuentra en “litigio”, pero los afectados –subrayó– pueden hacerse de la información a través de sus autoridades municipales o estatales. “No la puede solicitar cualquiera”, aclaró.

En el primer recorrido también participó Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quien descubrió que además de los 381 afectados a los que se les ha dado atención tras el derrame, se tiene registro de otros mil enfermos “no reconocidos” por el Fideicomiso Río Sonora, la empresa Grupo México y las estadísticas del gobierno federal.

En esto cinco años, apuntó, la atención médica de este millar de afectados corrió a cargo de los gobiernos federal y estatal (en caso de ser derechohabientes de algún servicio de salud) y del propio bolsillo de los enfermos.

La información se obtuvo cuando Ferrer Aguilar recorría las instalaciones de la Clínica de Vigilancia Epidemiológica y preguntó al titular de ese espacio de atención, Joel López Villagómez, por el uso que se le daba a un pequeño cuarto al fondo del traspatio.

El director de la clínica respondió que se trataba de un archivero, y al abrirlo explicó el contenido de los documentos allí guardados.

Eran los mil expedientes de los que no se sabía públicamente. Habían sido resguardados en ese lugar bajo el argumento de que ese millar de personas no estuvo en “contacto directo” con el agua contaminada, ya sea por “inhalarla”, “ingerirla” o “presentar algún padecimiento” en el periodo comprendido del 6 de agosto al 6 de octubre de 2014.

“Estos mil (casos) que no entraron en ese rango no fueron reconocidos. Presentan los mismos padecimientos, muy similares”, confesó Joel López Villagómez.

Y después justificó: “La Cofepris en su momento definió una estrategia operacional de cada caso. A esos mil (no reconocidos) los atendíamos y los derivábamos a los centros de salud estatales y federales”.

Tras el recorrido, los funcionarios enviados a Sonora por instrucción directa del presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron con los afectados de los siete pueblos ribereños, quienes se dieron cita en el auditorio de la ciudad que lleva por nombre Jesús “El Chobi” Ochoa, en honor al histrión sonorense.

Antes de la intervención con los habitantes, el titular de la Cofepris soltó una nueva revelación ante los representantes de los medios de comunicación allí presentes.

“Definitivamente, las aguas de la zona están contaminadas fuera de normas de metales pesados y eso hay que corregirlo. Se necesitan plantas de tratamiento, análisis continuos, para tener una certeza sobre el asunto, sobre este tema”, puntualizó.

Se trata de 60 muestras tomadas en pozos y tomas domiciliarias que fueron analizadas por el laboratorio de Cofepris, donde se encontraron metales pesados por encima de los estándares nacionales.

“Nosotros vamos a volver a tomar muestras en marzo o en mayo, cerca de la sequía, porque durante la sequía los valores varían, porque se concentran los metales pesados y durante la época de lluvia se diluyen”, profundizó Novelo Baeza.

Los enviados presidenciales ofrecieron volver y se comprometieron a resarcir los daños ambientales y de salud ocasionados por el vertedero de sulfato de cobre acidulado al caudal de los ríos Sonora y Bacanuchi, por una irresponsabilidad de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.

El hecho fue considerado el mayor desastre ambiental en la historia moderna de la minería.

 

Fuente:https://www.proceso.com.mx/610498/caso-rio-sonora-cofepris-revela-segundo-derrame-el-gobierno-de-pena-lo-oculto?fbclid=IwAR2yWh8J6_-kjZaRkEF7f69Jlg7STqvTUU2HMmp3g0aZZQ79QJhDiJNw7wI

Venezuela

Minería imparable, parques nacionales invadidos y derrames que no cesan: las deudas ambientales de Venezuela en el 2019

En un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja como la de Venezuela, hablar de conservación, naturaleza y biodiversidad es también verificar que los derechos ambientales también se resienten, se quiebran. Por eso, hacer una retrospectiva del año en esta materia es llegar a la conclusión de que los problemas no hicieron más que agudizarse por razones tan diversas como la profundización de una actividad extractivista que no respeta estándares ambientales y que es vista como el salvavidas a la crisis económica, hasta la flexibilización de normas para la protección de áreas protegidas que hace una década eran infranqueables.

Esa es la conclusión a la que llegan los especialistas consultados para este balance sobre la situación ambiental y de las tierras indígenas en la nación con mayor caída del Producto Interno Bruto en la región (70% en los último seis años) y una hiperinflación inédita que ya acumula 25 meses.

“El 2019 fue la continuación de un proceso. Hay temas ambientales que inciden e intensifican la emergencia humanitaria compleja y, a su vez, elementos de la emergencia humanitaria que inciden sobre los problemas ambientales”, explica Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo y coordinador de la Coalición Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos, quien precisa que esto sucede con el conflicto minero, que no solamente constituye un crimen ambiental sino que también repercute en ámbitos sociales, culturales y de salud.

Lo imparable: nada detiene el avance de la minería

El lanzamiento del Plan Minero Tricolor, que implica la entrega de un yacimiento a cada gobierno regional, y la militarización de territorios indígenas en donde hay minas de oro y diamantes pusieron en evidencia, el último año, las intenciones de la administración de Nicolás Maduro de intensificar sus acciones para incrementar la explotación minera en el país.

Eso es lo que establece el Plan Sectorial Minero 2019-2015 al que le dio la bienvenida en junio pasado, cuyo primer objetivo es “fortalecer e incrementar la producción nacional del sector minero a su máxima capacidad instalada” y, aunque más adelante advierte que el negocio extractivista respetará y protegerá el medio ambiente, su actual ejercicio sugiere lo contrario.

Una muestra es, por ejemplo, un video que promociona a la minería como el futuro de Venezuela y que asegura que ese oro será el que permita que tanto el petro, la criptomoneda del chavismo, como el bolívar, que solo en 2019 se ha depreciado más de 98 % de su valor, tengan proyección en la economía mundial. Las imágenes, que luego de mostrar la inmensidad del río Caura exhiben a los mineros con sus bateas en un área devastada de El Sipao –un sector de la zona occidental del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, donde hace dos años un alud sepultó a cuatro trabajadores y dejó más de una decena de heridos-, ilustran el audiovisual en el que, al final, se agradece a Dios porque en cinco estados de la nación se puede extraer oro.

“Dentro de nuestro contexto, se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido antes. Venezuela es el país de la región amazónica con mayor velocidad en el incremento de la deforestación”, según el último informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). “Todos los parque nacionales y las cuencas hidrográficas localizadas al sur del Orinoco están siendo afectadas”, señala Álvarez Iragorry, quien aclara que frente a otras realidades amazónicas, la nación todavía está detrás de Brasil y Bolivia, donde los efectos del extractivismo son mucho más graves.

En esa misma línea extractivista, el 15 de octubre pasado se hizo un anuncio sin precedentes: Maduro prometió entregar una “mina de oro productiva” a cada gobernación (gobiernos regionales) chavista. Esta decisión se desprende del “Plan Minero Tricolor”, que contempla también una serie de alianzas con empresas nacionales e internacionales para generar ingresos a la nación a través de la exploración y explotación de minerales.

La noticia rápidamente impactó a la opinión pública y acaparó el interés en las redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue la diputada de la Asamblea Nacional, Mauligmer Baloa, quien señaló que el nuevo plan ponía en peligro la existencia de los indígenas que habitan los territorios donde están las minas de oro.

 

Fuente:https://ladobe.com.mx/2019/12/mineria-imparable-parques-nacionales-invadidos-y-derrames-que-no-cesan-las-deudas-ambientales-de-venezuela-en-el-2019/?fbclid=IwAR3_FYS-IK2hVdDOkng1hCqKpV56L8_lDnIlinTvKoGbhpej-w_KwN1WwiU

Honduras

Tocoa: lucha contra modelo que explota, desplaza y criminaliza

La declaratoria “libre de minería”, de Tocoa, Colón, representa un logro importante para el pueblo organizado y no organizado que, desde hace más de 4 años viene denunciando las concesiones mineras otorgadas por el Estado de Honduras, en la montaña “Parque Nacional Carlos Escaleras”, dijo en Radio Progreso la líder social Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (Copa) y el Comité Municipal Ambiental.

Más de 6 solicitudes escritas y una cumbre por el agua que reunió a más de 5 mil personas en el municipio el pasado 20 de enero de 2019, obligaron a las autoridades municipales a convocar a un cabildo abierto para hacer la declaratoria.

El cabildo se realizó el 29 de noviembre, bajo la demanda “Fuera Minas”, “Tocoa libre de minería”, “Fuera Adán”, haciendo referencia al actual alcalde municipal Adán Fúnez, denunciado por supuestos vínculos con la empresa Minera “Inversiones Los Pinares”.

Las comunidades de Tocoa que se oponen públicamente a la explotación minera, acusan al alcalde de tener fuertes intereses económicos en las concesiones ASP 01 y ASP 02, así como en la fábrica peletizadora Ecotek, que construye el empresario minero Lenir Pérez en el Sector de Ceibita, para procesar la piedra con hierro que extraerá de la montaña.

Inversiones Los Pinares ha publicitado que esa fábrica será la más grande de Centroamérica en la producción de hierro. El terreno donde se construye la fábrica pertenecía a la cooperativa de Guapinol, quien vendió cada manzana de tierra a 2 millones de lempiras, evidenciando el poder adquisitivo del empresario.

“Desde la municipalidad se renuevan los permisos de operación”, a pesar que las comunidades han exigido al alcalde no otorgarlos más, porque se está violentando el legítimo derecho al agua y la libertad de la gente que vive en Guapinol y Ceibita, dice Esly Banegas afirmando que, son millones de lempiras los que están en juego con esa concesión, por ende, las autoridades municipales y del gobierno central han dejado clara su postura a favor de la empresa, a pesar que se está pasando por encima de la dignidad y vida de la gente.

La concesión minera en la montaña Carlos Escaleras se dio en 2013, cuando era presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, actual gobernante inconstitucional de Honduras. Previo a la concesión, ese congreso aprobó la reducción de la zona núcleo del parque en 217 hectáreas, las que fueron entregadas en concesión a Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé propietarios de Inversiones Los Pinares.

 

El primer permiso de operación municipal la empresa lo obtuvo el 20 de enero de 2014. Adán Fúnez se justifica diciendo que él asumió el cargo 5 días después del hecho. Si bien es cierta su justificación, también es cierto que él era regidor en ese tiempo, y guardó información al no advertirle al pueblo sobre la concesión minera que amenaza las fuentes de agua en el municipio. “También ha renovado los permisos de operación anuales a la empresa”, apunta Esly.

En Tocoa desde el 2012 reina la incertidumbre por las amenazas de explotación minera. En ese año las comunidades de la Abisinia comenzaron a organizarse ante los rumores que tomaron fuerza con la visita de algunos empresarios mineros en la zona y de políticos del Partido Nacional.

Pero fue hasta 2016, cuando se publicó la investigación “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras, a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro) “, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) en coordinación con el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, que las comunidades se informaron sobre la cantidad de concesiones mineras que el Estado ha otorgado en el departamento de Colón.

El estudio refleja que hasta 2016, solo en departamento de Colón existen 28 concesiones mineras en etapa de exploración, 25 en solicitud y 7 en operación. Siendo el municipio de Tocoa el más afectado con un total de 34 concesiones para la explotación minera a cielo abierto.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/tocoa-la-lucha-contra-un-modelo-que-explota-desplaza-y-criminaliza/?fbclid=IwAR3RN2SXO-qNQbdEbvumD4VvcTggvICvQBtuhiIveKVorCGSnDBaK2p8lkA

 

Colombia

¿Proyectos mineros de inviables a viables mediante la corrupción?

En reciente informe de seguimiento a la Sentencia T-361, el Ministerio Público concluyó que el Ministerio de Ambiente no cumplirá con el plazo del 18 de diciembre para expedir la nueva delimitación de Santurbán.

Los accionantes habíamos advertido que dicho plazo sería insuficiente para una nueva delimitación de Santurbán bien hecha con los hoy inexistentes estudios hidrológicos e hidrogeológicos; peor aún, vislumbramos la intencionalidad del Gobierno de volver a expedir otra delimitación político-minera, a manera de mapa del tesoro para la explotación minera, ahora en tiempos de Duque (la ratificación de la delimitación de la Resolución 2090 de 2014 o una muy similar) para dejar “por fuera del páramo” a proyectos como el de Minesa y similares.

Sin embargo, una delimitación de este tipo no es argumento para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tenga patente de corso para aprobar proyectos mineros que, aunque queden por fuera de una demarcación amañada para la explotación minera, infrinjan la normatividad ambiental, y vayan en contravía de incontrovertibles argumentos científicos y de la voluntad de los santandereanos que jamás dará la licencia social a aquellos.

Recordemos como la ANLA, en 2017, hizo 83 requerimientos al primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Minesa; ésta desistió de su proyecto, en 2018, desistimiento aceptado inmediatamente por la ANLA, para presentar este año su segundo EIA, al cual la ANLA acaba de hacer la no despreciable cifra de 107 requerimientos.

Hace tres meses la CDMB negó, con todos los soportes científicos, cinco permisos a Minesa, y la misma CAR tiene un proceso de investigación ambiental, que ya superó los dos años, contra la minera; ¿qué ha pasado con esta investigación, y con las denuncias del director de la ANLA sobre supuestos hechos de corrupción alrededor del licenciamiento de Minesa?

Sería nefasto para nuestro país que proyectos inviables legal, científica y socialmente hablando, se pretendieran viabilizar a la luz de la politiquería y por actos de corrupción de algunos funcionarios inescrupulosos del Estado colombiano.

 

Fuente:http://concienciaciudadana.org/proyectos-mineros-de-inviables-a-viables-mediante-la-corrupcion/?fbclid=IwAR0dyOt5riQaXmU9KNyUtECk51ovAwguu-gslT347x0M9a32R78Mw5q7NPw

Perú

Masivas protestas por el agua en Lima

En Lima y Callao cerca de medio millón de ciudadanos no tiene acceso al agua potable, millones no cuentan con un acceso de calidad según el INEI. Dada esta situación, en el último año nuevas amenazas al recurso vital han generado manifestaciones de la ciudadanía en la capital y el primer puerto. Esto refuerza los datos de la Defensoría del Pueblo que indican que el 30% de la conflictividad a nivel nacional se debe a la afectación del agua, de forma importante por parte de la minería irresponsable.

Al respecto, cabe señalar que Lima es una de las 20 ciudades del mundo con más alto riesgo de estrés hídrico ante el cambio climático. Las estimaciones que fechaban el 2030 como el año del agotamiento del recurso hídrico son cada vez más criticadas por evidencias de que el fenómeno sucederá antes.

En la capital, la constante contaminación de la actividad minera y la emisión del Decreto Supremo 214-2019 por parte del presidente Vizcarra que supone la posible privatización del SEDAPAL han generado multitudinarias movilizaciones. Dos marchas que en setiembre y noviembre movilizaron a más de 50 mil ciudadanos contra la afectación del servicio de agua y el proyecto minero Ariana. El Sindicato del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL) junto a diversas organizaciones ciudadanas organizaron las protestas, exigiendo además la protección de las fuentes de agua del río Rímac frente a la contaminación por pasivos ambientales mineros presentes en San Mateo.

Luisa Eyzaguirre, dirigente de SUTESAL, ha manifestado públicamente la oposición del sindicato al proyecto minero Ariana señalando que “Sutesal está pidiendo que el gobierno a través del ministerio de Energía y Minas le quiten la licencia de funcionamiento”. Según la dirigente, los principales conflictos en el mundo en la actualidad se dan por el agua y temas vinculados al medioambiente.

En este sentido, la campaña ambientalista mundial Viernes por el Futuro (Fridays For Future), reconocida por la activista Gretta Thunberg, ha sido acogida por organizaciones nacionales que luchan por el medioambiente. En Lima, con motivo de la COP25, el movimiento ha realizado protestas exigiendo al Ministerio del Ambiente nuevas políticas para reducir significativamente los gases de efecto invernadero y la protección de la amazonia y los sistemas hídricos.

La aceleración del movimiento ambientalista da cuenta de un cambio en la matriz de los procesos reivindicatorios. Reconocimiento que se plasmó en el enfoque en saneamiento que se impulsó en el gobierno de PPK que vuelve a cobrar relevancia ante la afectación del recurso vital. En el contexto presente, inclusive un análisis moderado indicará que la lucha por el agua se tornará cada vez más en un tema gravitante de la agenda pública y que los responsables de su afectación tarde o temprano tendrán que asumir los impactos que generan.

16 de diciembre 2019

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/12/16/masivas-protestas-por-el-agua-en-lima/?fbclid=IwAR3ZzdT_lYcPZU6mgxTKTpVaSYoYdhUxgptFEHCD-G5T6plxBKyXCV4Lf3g

Perú

Corredor minero: Modifican norma que autorizaba expropiación de terrenos por adquisición

El 12 de diciembre se publicó en el diario El Peruano un Decreto de Urgencia que permite la adquisición de terrenos en el corredor minero en el tramo Apurímac – Cusco para la ejecución de obras viales, consideradas de necesidad pública e interés nacional.

Sin embargo, su publicación ha llamado la atención, ya que en el Decreto de Urgencia Nº 026-2019 se señala expresamente la aprobación de “medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco”. Horas después, El Peruano publicó una corrección (Fe de Erratas) en la norma, cambiando el término «expropiación» por «adquisición» y eliminando «liberación».

A raíz de esto, la organización Cooperacción se ha pronunciado calificando de inconstitucional la norma, y asegura que esta contiene «vicios de inconstitucionalidad», así se haya retirado la palabra expropiación. También señala que debe respetarse la integridad patrimonial de todo ciudadano(a), ya que representa uno de los más importantes bienes jurídicos en un Estado de Derecho.

Con su aprobación, la norma faculta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) definir las condiciones de adquisición de los terrenos que se identifiquen como necesarios para ser adquiridos y precisar quiénes serán los afectados, ya sean personas individuales o comunidades.

 

Fuente:https://wayka.pe/corredor-minero-modifican-norma-que-autorizaba-expropiacion-de-terrenos-por-adquisicion/?fbclid=IwAR3pIPUbR-Wm5NzIa5-keZd4SS4Oe4CspovUA8AVGZ7B4wEF7X6ssrBfyGo

Chile

Mina Cardenilla es multada por daño ambiental: deberá pagar más de $5 mil 200 millones

La sanción se dio luego de que los profesionales de la Superintendencia del Medio Ambiente detectaran nueve infracciones.

 

Fuente:https://radio.uchile.cl/2019/12/16/mina-cardenilla-es-multada-por-dano-ambiental-debera-pagar-mas-de-5-mil-200-millones/

Perú

Comunidad indígena sufre epidemia de envenenamiento por mercurio

El diario inglés, The Guardian, informó que los Nahua, comunidad indígena de la amazonía ubicada en una de las zonas más alejadas de la selva peruana, viene sufriendo una epidemia de envenenamiento por mercurio.

Nahua fue una etnia no contactada hasta mediados de la década de los ochenta. Luego del primer contacto, la mitad de su población murió a causa de enfermedades. Quedaron, al menos, 500 habitantes.

El ministerio de Salud (Minsa), sabía de la epidemia desde el 2014. En esa fecha, una madre y su bebé de seis meses, que padecía una neumonía severa, llegaron a una clínica de Lima.  Ambos fueron diagnosticados con contaminación por mercurio.

Además, en setiembre del 2015, autoridades nacionales y regionales de salud, tomaron más de 150 pruebas de orina al 41% de la población de Nahua. De ellos, el 78% tenía altos niveles de contaminación. El más alto lo padecía una adolescente de 14 años y el segundo más alto un joven de 27 años. Además, se supo que la contaminación también se daba a través de la lactancia de las madres y sus hijos.

Minsa sí lo sabía

El ministerio de Salud asegura, en un comunicado, que ni bien se enteraron de la epidemia en  2015, se declaró la emergencia sanitaria en Santa Rosa de Serjali en la región Ucayali. Además la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP) ha venido desarrollando acciones vinculadas a la buena alimentación, prácticas saludables y vacunación.

Tambien se “desarrollaron campañas de asistencia integral en salud a la población Nahua en contacto inicial de la Comunidad Nativa de Santa Rosa de Serjali, ubicado dentro de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros”.

The Guardian también reporta que ni la ingesta de pescado o la extracción de oro son causas de la epidemia por mercurio y que no se consiguió información sobre el gas de Camisea. Además, ni el Ministerio de Energía y Minas, ni Pluspetrol dieron detalles sobre el volumen de mercurio permitido

Los Nahua se mueren

Dos jóvenes de la comunidad de Nahua han muerto durante las últimas semanas. Daniel Dixpopidiba Shocoroa y Ruben Yuradahua Shure tenían poco más de 20 años. De los dos, Yuradahua falleció por tuberculosis pulmonar a causa de la contaminación por mercurio. Según la Organización Nacional de la Salud (OMS), las altas dosis de mercurio pueden afectar al corazón, los pulmones y los riñones.

 

Fuente:https://wayka.pe/comunidad-indigena-epidemia-mercurio/?fbclid=IwAR1P4tiigGeApzrZJtWLUYGBsreBgr6Rp-4B5lHSVQZhwpbKRdKFSPMHZzM