Las huellas de la minería, la deforestación y los incendios en la Amazonía

14 enero, 2020 Autor: Yvette Sierra Praeli , Mongabay.com

Durante el 2019, investigadores y científicos elaboraron informes regionales que daban cuenta de los efectos que han ocasionado las actividades extractivas en la Amazonía.
Mapas interactivos de acceso libre se generaron a partir de estas investigaciones en los nueve países amazónicos.

La Amazonía estuvo en el centro de atención cuando en julio del 2019 se desataron incontrolables incendios forestales que arrasaron con millones de hectáreas en Brasil. El fuego que se llevó bosque y especies únicas en el planeta avivó las críticas a las políticas consideradas ‘antiambientalistas’ del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El panorama de lo que sucede en la Amazonía no ha sido alentador. Aún antes de los incendios, los bosques de las más de 800 millones de hectáreas que forman la Amazonía Latinoamericana estaban siendo arrasados por actividades extractivas.

Un estudio regional sobre los efectos causados por la minería ilegal mostró este año cómo se sigue transformando el paisaje amazónico a consecuencia de la fiebre del oro, los diamantes y el coltán.

La tecnología también ayudó a aportar una visión regional del problema y marcó la pauta en lo que se refiere a estudios ambientales de los bosques amazónicos. Varios mapas interactivos nos han permitido conocer cuáles han sido los efectos de la construcción de carreteras en las selvas de los países amazónicos, así como descubrir las huellas que va dejando la deforestación en los bosques latinoamericanos y a entender las causas detrás de los incendios forestales de grandes magnitudes.

Esta es una mirada regional a la situación en los nueve países que comparten este inmenso territorio expuesto a constantes amenazas y actividades que lo destruyen imparablemente, pero que aún alberga la flora y fauna más increíble del planeta y bosques que son el hogar de comunidades nativas y pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Indígenas en aislamiento: primer informe regional ofrece un panorama en siete países de Sudamérica

Un informe regional elaborado en siete países de Sudamérica presentó, por primera vez, un panorama completo sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI). El Informe Regional: Territorios y Desarrollo – Pueblos indígenas en aislamiento en la Amazonía y el Gran Chaco expone las graves presiones y amenazas a las que están expuestos estos pueblos como la expansión de la agroindustria y la ganadería, la construcción de grandes obras de infraestructura, las actividades extractivas, la colonización y procesos de evangelización que realizan organizaciones religiosas. El estudio se realizó en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.

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Latinoamérica: mapa expone impactos generados por carreteras en seis países amazónicos

Un mapa elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) ofrece un panorama de la presión que ejerce la expansión de carreteras sobre los territorios indígenas y áreas naturales protegidas en seis países amazónicos: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Según este estudio de los 136 000 kilómetros de carreteras mapeadas en la región hasta el 2018, por lo menos 26 000 kilómetros se encuentran superpuestos con áreas protegidas y territorios indígenas.

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Cuatro países de Latinoamérica en la lista mundial de los más devastados por la deforestación en el 2018

Un informe mundial publicado por el World Resources Institute (WRI) revela que durante el 2018 se perdieron 12 millones de hectáreas de cobertura forestal en el mundo y casi dos millones de estas corresponden a Latinoamérica. El reporte también señala que entre los 10 países más deforestados figuran cuatro de la región: Brasil, Bolivia, Colombia y Perú. Brasil lidera el ranking mundial con más de un millón de hectáreas de bosques primarios arrasados, mientras que Colombia, Bolivia y Perú, presentes en el top 10, muestran una tendencia ascendente en la deforestación. El reporte incluye información registrada desde el año 2001 por Global Forest Watch y la Universidad de Maryland (Estados Unidos).

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Amazonía: nuevo mapa revela una pérdida del tamaño de Ecuador en 17 años

El avance agropecuario es una de las principales amenazas de los bosques amazónicos. Foto ISA.

Una fotografía completa de cómo se ha alterado el paisaje amazónico entre los años 2000 y 2017 se puede observar en un mapa interactivo realizado por MapBiomas y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). El estudio analiza, mediante imágenes satelitales, la pérdida de vegetación en los más de 800 millones de hectáreas de los nueve países amazónicos: en Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Según el estudio, el cambio de uso de suelo arrasó con 29.5 millones de hectáreas de cobertura forestal en la Amazonía en los últimos 17 años, una extensión equivalente a la superficie de Ecuador.

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Minería ilegal: la peor devastación en la historia de la Amazonía

Más de 2000 puntos identificados como lugares dedicados a la minería ilegal fue el resultado de un estudio realizado en seis países amazónicos: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El estudio denominado Amazonía Saqueada muestra los lugares no autorizados en los que se explota oro, diamantes y coltán. La información fue registrada a través de imágenes satelitales y están disponibles en un mapa interactivo elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) e InfoAmazonía.

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Incendios forestales: un año destructivo para la Amazonía

La Amazonía brasileña registró casi 90 000 focos de incendio durante el 2019, según informó recientemente el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). Una tragedia ambiental que despertó el interés mundial cuando el 21 de agosto la ciudad de Sao Paulo sufrió un ‘apagón’ en pleno mediodía. A consecuencia del humo de los incendios, esta ciudad, ubicada a más de 2500 kilómetros de la Amazonía quedó a oscuras.

Un análisis publicado en Mongabay Latam explica cómo van en aumento los incendios en la Amazonía y, sobre todo, cómo se están perdiendo bosques intactos y saludables debido a incendios que muchas veces no son detectados por los satélites. Estos fuegos causan daños a largo plazo en la selva tropical y preparan el escenario para incendios más destructivos, extinción de bosques y la consecuente deforestación.

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*Imagen principal: minería ilegal en Brasil. Foto: Foto: Rogério Assis / ISA.

Fuente:https://es.mongabay.com/2020/01/latinoamerica-mineria-deforestacion-amazonia/

Argentina

«El acuerdo social para desarrollar la minería no existe»

14 enero, 2020 Autor: Gabriel Liceaga, Lucrecia Wagner y Nicolás Parise Schneider, Página 12.ar

A partir del artículo «¿Es posible un minería sustentable», publicado el domingo anterior en el Cash, tres investigadadores mendocinos de la Universidad de Cuyo se sumaron a la polémica. Afirman que es difícil establecer un diálogo entre funcionarios muchas veces ligados a empresas mineras y comunidades repetidamente estigmatizadas, engañadas y criminalizadas.

En la edición del domingo anterior en el Cash, Anabel Marin sostiene que el conflicto social y político que atravesamos en Mendoza relacionado con la minería transnacional a gran escala abre la oportunidad de definir otra política de explotación de los recursos naturales. Disentimos con la idea central de Marin, agregando también a la discusión puntos de vista, experiencias y sensibilidades ausentes en ese planteo.

El núcleo central de esa posición es el siguiente: la minería es un sector que debe desarrollarse dada su capacidad de generar divisas y de alentar otras actividades con posibilidades exportadoras. Este potencial del sector sería especialmente importante en un país que atraviesa una crisis económica que se expresa en una carestía de dólares y en el que el principal sector exportador (el agro productor de cereales y oleaginosas) tiene un peso económico y político exagerado. Por ello, el actual gobierno nacional debería crear instituciones y procesos que permitan construir un acuerdo social para el desarrollo de la actividad.

Acaso el punto más valioso del argumento sea reconocer que actualmente no existen instancias reales de diálogo entre quienes impulsan y quienes rechazan la actividad. Frente a ello, propone que este diálogo social debería tener “objetivos transformadores”, lo cual puede entenderse como un llamado a que el complejo minero-gubernamental no sólo hable, sino también escuche.

Sin embargo, la propuesta dialogal de Marin, aunque bienintencionada, parece desconocer algunas circunstancias, basadas en la experiencia de numerosas comunidades y poblaciones a lo largo del país y el continente. Entre ellas cabe notar:

1. La asimetría de los supuestos hablantes. La vinculación entre empresas mineras transnacionales y la población potencialmente afectada por sus proyectos no es horizontal, ya que aquellas tienen la capacidad de intervenir significativamente en la vida cotidiana de la población, aún antes de instalarse. Se produce así lo que ha sido caracterizado como “contaminación social”, es decir, la generación de divisiones y desigualdades al interior de la población y el surgimiento de expectativas falsas o exageradas, sobre todo en relación con las posibilidades laborales. Entre empresas mineras y comunidades es difícil imaginar una habermasiana comunidad de diálogo, en la que no se imponga el poder económico, político y mediático de las primeras.

2. La existencia de lo que el economista catalán Martínez Alier ha denominado “lenguajes de valoración”. El punto de vista estatal-económico (medido a escala nacional o provincial, cuando se toman en cuenta las escasas regalías mineras) es sólo eso: un punto de vista entre otros. Cualquier diálogo debería partir de no subestimar las vocaciones territoriales, las historias, los intereses de los diferentes poblados involucrados directa o indirectamente en un proyecto. Qué es importante y qué no lo es, no puede fijarse de antemano, ni atendiendo sólo a criterios macroeconómicos.

3. Es difícil establecer un diálogo entre funcionarios muchas veces ligados a empresas mineras y comunidades repetidamente estigmatizadas, engañadas y criminalizadas por su resistencia a diversos proyectos. En muchos lugares del país existen fuertes organizaciones que llevan cerca de 15 años lidiando con una propaganda insidiosa, con mentiras en los medios de comunicación y con la judicialización de sus participantes. Esta historia, por ejemplo, explica por qué la mayor parte de la población de Mendoza, se ha manifestado en contra de la minería a gran escala en las cabeceras de las cuencas y en áreas de reservas hídricas.

4. Las poblaciones y organizaciones que rechazan la instalación de grandes proyectos mineros conocen bien el tema y participan desde hace años en discusiones públicas.

En definitiva, la discusión por la minería transnacional a gran escala tiene ya una historia larga en el país y esta debe ser reconocida y comprendida. El conflicto en Mendoza, sin ir más lejos, comenzó en 2005, no en 2019. Pero desde comienzos del siglo a la fecha esta discusión ha asumido nuevas dimensiones, sobre él se han construido identidades políticas y territoriales; la ambientalización del conflicto social se ha profundizado. También se han creado, en esa provincia, leyes y espacios de debate que han demostrado que el acuerdo social para desarrollar la minería no existe. En estos espacios, cabe mencionar, se cuestiona duramente la propia noción de “minería sustentable”. Asimismo, la persistente sequía en Chile y el oeste argentino constituye un agravado telón de fondo sobre el que es necesario pensar la conveniencia y los riesgos -también económicos- de abrir paso plenamente a la minería a gran escala. En cualquier caso, es evidente que las problemáticas ambientales cobran continuamente sentidos nuevos y actualizados.

Existen otras aristas que podrían discutirse del planteo del Marin, por ejemplo, la idea de que contar con una minería más desarrollada podría servir de contrapeso al complejo agroindustrial o su, al menos en Argentina, no constatada capacidad de articularse con otros sectores, como las tecnologías de la información. Pero quizás el punto más endeble de este nuevo llamado al diálogo sea desconocer que hay asuntos que tienen pocos matices. Andalgalá no quiere al proyecto Agua Rica porque ya conoce a La Alumbrera; en Esquel no quieren poner en juego sus puestos de trabajo ligados al turismo; los/as mendocinos/as no quieren arriesgar el ya menguante caudal de sus ríos y arroyos; en Jáchal no creen en las supuestas garantías técnicas que darían las normas internacionales puesto que ya conviven con los derrames. Aquellas poblaciones quieren y exigen respeto, y que su voluntad colectiva sea escuchada.

* Gabriel Liceaga: UNCuyo/Conicet.

** Lucrecia Wagner: Conicet.

*** Nicolás Parise Schneider: UNCuyo/Conicet.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/241084-el-acuerdo-social-para-desarrollar-la-mineria-no-existe?fbclid=IwAR29LltmfOP7UVidOAJ5xRuGWlC33gAovmrNr86qICYu9P1XtpmmAGkBqvM

Perú

Espinar: Comunidades originarias rechazan proyecto minero de transnacional Glencore

14 enero, 2020 Autor: DSHF.pe
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

Tal como lo anunciaron a través de un pronunciamiento, los distritos de la provincia cusqueña de Espinar: Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua, realizaron el 09 de enero una protesta para exigir la anulación de la resolución del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que aprueba la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Coroccohuayco, que sería ejecutado por la transnacional Glencore. Las principales comunidades originarias que acataron la medida de lucha fueron Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua.

El paro iniciado desde tempranas horas de la mañana, y que concluyó al promediar las 6:00 p.m., consistió en una marcha sobre las y un tramo del corredor minero del sur, por donde transitan hasta más de 500 vehículos encapsulados transportando minerales o material tóxico.

Cabe señalar que SENACE, el pasado 17 de diciembre del 2019, emitió una resolución aprobando el MEIA, sin haber considerado a las comunidades y distritos de influencia directa e indirecta del proyecto minero en mención. Además, como lo señalan los dirigentes, es totalmente contradictorio, que se dé la aprobación días después de que el el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se comprometa a promover un proceso de consulta previa.

Por otro lado, el director general de la Oficina de Asuntos Socio-Ambientales, Hernán José Cuba Chávez, envió una carta al alcalde distrital de Pallpata, Alfonso Villagra, que llegó formalmente hoy, solicitando una reunión para el 20 de enero, en la cual funcionarios del SENACE sustentarían la razón de la aprobación del MEIA. Según información de funcionarios de la Municipalidad de Pallpata, el lunes 13 del presente mes, dirigentes y autoridades sostendrán una reunión para evaluar condiciones mínimas para que el espacio de diálogo se realice.

Pero lo que las comunidades están exigiendo es la nulidad de la MEIA que fue aprobado el 17 de diciembre. Al respecto, el presidente del Comité de Lucha, Fredy Llaique, señaló que levantaron el paro para dar una tregua al gobierno y den respuesta a la impugnación que estaban presentando junto al alcalde de Pallpata en rechazo a la aprobación de la MEIA. Precisó que la carta enviada por el MINAM hasta ahora no llega formalmente y que evaluarán junto a los presidentes de las comunidades si acuden o no a esa reunión.

Datos.

*La Municipalidad distrital de Pallpata y las comunidades que protestaron, presentaron formalmente hoy, 10 de enero, un recurso de impugnación ante SENACE, para que deje sin efecto la resolución N°00196-2019 que aprueba el MEIA del proyecto minero Coroccohuayco.

*Las comunidades han decidido dar una tregua de diez días al gobierno, para que se pronuncien sobre el pedido de nulidad.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/espinar-comunidades-originarias-rechazan-proyecto-minero-de-transnacional-glencore/

Chile

Pascua Lama sigue clausurada: ambientalistas aterrizan el fallo de la Corte Suprema a favor del polémico proyecto

14 enero, 2020
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

La resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema de rechazar los recursos de casación presentados por la comunidad indígena diaguita Patay y otros contra Pascua Lama, en ningún caso significa que el proyecto de la canadiense Barrick Gold tenga luz verde para operar en la Región de Atacama, advirtieron dirigentes del mundo ambientalista a El Mostrador.

Aún hay recursos pendientes, como la decisión del Primer Tribunal Ambiental, que podría derivar en la clausura definitiva del ambicioso proyecto binacional, y una demanda de daño ambiental, que también se encuentra en trámite en la misma instancia.

Según explicó Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, “no es efectivo que con la resolución del máximo tribunal se valide el proyecto Pascua Lama”, y enfatizó que la “construcción de la minera sigue paralizada completamente”.

En la misma línea, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, señaló que el fallo de la Tercera Sala “no tiene ningún efecto mayor, puesto que todos los procesos sancionatorios y que determinan la clausura de Pascua Lama van por otro carril y no han sufrido modificaciones, este es un proceso anexo de solo una parte, y no afecta el hecho de que la empresa tiene que cerrar sus faenas”.

Sara Larraín comentó que “efectivamente la Corte Suprema rechazó el recurso de casación de la comunidad que exigía la anulación de una resolución que modificaba algunos aspectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Pero, sigue vigente la sanción de Clausura Definitiva de la construcción de Pascua Lama decretada por la Superintendencia de Medio Ambiente y que las organizaciones del valle apoyan”.

La decisión del Tribunal Ambiental debería conocerse en marzo de este año. “La reclamación efectuada por Barrick ante el Tribunal Ambiental aún no se falla, y estamos esperando una sentencia que confirme la clausura definitiva del proyecto”, insistió Larraín.

Ezio Costa, de la ONG Fima, también relativizó lo resuelto en la Tercera Sala del máximo tribunal. «Lo que resuelve la Corte es sobre un procedimiento de revisión de la RCA del proyecto, que fue iniciado por orden de la propia corte y donde el SEA terminó aceptando un cambio en la RCA. Contra eso habían reclamado las comunidades, pero la Corte Suprema consideró que el procedimiento administrativo estuvo bien”.

Costa confirma que “esto no tiene ninguna relación con las causas por la clausura de Pascua Lama, que sigue clausurada y cuyo juicio aún está pendiente en el Tribunal Ambiental de Antofagasta ni tampoco con la demanda de Daño Ambiental, que también se encuentra en trámite en el Primer Tribunal Ambiental».

Según Sara Larraín, la resolución que está pendiente en el Tribunal Ambiental de Antofagasta es emblemática por cuanto podría transformarse en el primer caso de caducidad de RCA por incumplimientos. “Lo más importante es la caducidad de la RCA por reiteración de incumplimientos y reiteración de sanciones graves como intervención de glaciares y no monitorearlos como se comprometió la empresa y contaminación reiterada de las aguas en los afluentes en la cabecera de la cuenca del río Huasco”.

Más allá de los trámites pendientes, Rodrigo Mundaca advierte que resoluciones como la de la Suprema son reflejo de “un esfuerzo serio por reponer algunos emblemáticos proyectos degradantes del medio natural, particularmente ahora que se relajan los sistemas de evaluación de impacto ambiental, a propósito de la política de Sebastián Piñera de destrabar la ‘inversión’ privada”, explica el dirigente del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima).

Fuente:https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/01/08/pascua-lama-sigue-clausurada-ambientalistas-aterrizan-el-fallo-de-la-corte-suprema-a-favor-del-polemico-proyecto/

Perú

‘‘Todos los ministerios son responsables de nuestra afectación por metales tóxicos’’ – Entrevista a Yolanda Zurita, Vocera de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos

14 enero, 2020 Autor: DSHF.pe

Yolanda Zurita, tiene 60 años y es natural de Junín. Es una de las voceras de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos. En su sangre tiene metales tóxicos, principalmente Plomo, Cadmio y Arsénico. Desde que estaba en la Universidad se ha involucrado en la defensa del medio ambiente y salud humana. Su capacidad de indignación no es gratuita, su formación católica y su compromiso con la pastoral social de su parroquia la ha empujado a luchar por una vida digna y por el respeto de la creación.

Yolanda, ¿Desde cuándo sabes que vives con metales tóxicos en tu cuerpo?

Era universitaria cuando empecé a tener convulsiones. En el Hospital me dijeron que era pequeña lesión en el cerebro y que no era grave. A comienzos del 2000 la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), junto a otras instituciones, realizaron una conferencia sobre las consecuencias de los metales pesados, desde ese momento empecé a relacionar mis malestares con la posibilidad de tener metales a causa de la actividad extractiva. Por esas fechas la Universidad inicia una investigación, y me invitan a hacerme un dosaje, cuando me entregan los resultados confirmo que tengo metales en mi sangre.

La iglesia ha cumplido un rol importante frente a la afectación de la salud humana por metales tóxicos…

En Huancayo han cumplido un rol importante. En el 2000 se realizó un encuentro de la Arquidiócesis, y empezaron a conformar pastorales específicas con énfasis en los derechos, porque si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, merecemos una vida digna, y esto implica que respeten todos nuestros derechos. Desde entonces, en mi parroquia hicimos una evaluación del contexto que vivíamos, nosotros ya sentíamos efectos a nuestra salud, pero no todos sabían si era consecuencia de la actividad del complejo metalúrgico, por ello decidimos conformar una pastoral que aborde los temas de salud, y conformamos el Comité de Derechos Humanos – Eje Ecología y Medio Ambiente de la Pastoral Social

Supongo que el proceso no ha sido fácil, más cuando es la iglesia quien se involucra…

Sabíamos que no iba a ser fácil, porque al comienzo no sabíamos nada, afortunadamente CEAS nos ayudó con capacitaciones. Después reflexionamos que de nada serviría que solo la Pastoral esté informada, así que empezamos a invitar a juntas vecinales, comunidades, frentes de defensa y organizaciones. Muchas ONG’s nacionales e internacionales nos visitaban permanentemente. Doe Run ya administraba el complejo metalúrgico, y gracias a estas instituciones vinculadas a iglesia nos enteramos de los antecedentes que tenía esta empresa.

¿Y qué acciones empezaron a realizar?

Después de la experiencia de la pastoral, en el 2001 se conforma el Movimiento por la Salud de La Oroya, donde varias organizaciones se suman. El espacio se fortaleció aún más cuando se hacen públicos los resultados de un estudio que la elaboró la Comisión Ambiental Municipal, que determinó que el aire de La Oroya estaba contaminado a un 99 % a consecuencia de la actividad de Doe Run.

¿Es en este momento cuando deciden tomar acciones legales?

Decidimos denunciar al Ministerio de Salud, y afortunadamente, en el 2007, la sentencia sale a nuestro favor, le ordenan al Ministerio iniciar una atención especializada y gratuita a las personas afectadas por metales tóxicos. Sin embargo, pasan los años y el Estado no cumple la sentencia, por eso fuimos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el 2009 deciden atender nuestras denuncias, y hemos asistido a muchas audiencias más de 60 afectados, ahora estamos esperando el informe que la Comisión debe enviar al Estado Peruano.

¿Y Qué ha hecho el gobierno regional frente a esta situación?

En el 2012, el gobierno regional emitió una ordenanza para crear un registro de afectados, promover atención integral e implementar un programa de prevención, pero solo han sido buenas intenciones, no han destinado prepuesto, y cuando han venido profesionales, ninguno ha sido especialista. Esto nos empujó a formar la Plataforma Regional de Salud Ambiental y Humana, donde se articulan representantes de Junín, Yauli, La Oroya, Parroquias, La Pastoral Social de Arquidiócesis; organizaciones de Jauja, Concepción y Huancayo.

Se convirtió en una preocupación regional…

Es que se realizó un estudio para evaluar la contaminación del aire, y se determinó que la contaminación de Doe Run llega a 180 Km a la redonda, dependiendo de la velocidad del viento, porque puede ser más, entonces las otras provincias entendieron que también se estaban afectando. Además, Doe Run tiene su depósito de dióxido de arsénico que afecta al río Mantaro, y existen otras empresas como Volcan o Chinalco que contaminan nuestro suelo y agua, así que la problemática se empezó asumir como regional.

Es una situación que enfrentan varias regiones, por eso ahora se articulan en una plataforma nacional…

La Plataforma Regional de Junín, es acompañada por la Red Uniendo Manos contra la Pobreza y CEAS, que a su vez articulan a la Red Muqui, así que en noviembre del 2017 nos invitaron a un encuentro para presentar la experiencia de nuestra plataforma. Al reconocer que somos varios lugares con las mismas exigencias, nace la Plataforma Nacional de afectados por metales tóxicos, y me escogen como una de sus representantes, en mi caso soy la vocera de la zona andina.

¿Qué acciones han realizando en este tiempo?

Principalmente acciones de incidencia para exigir la implementación de una política especializada, multisectorial e integral que atienda a todas las personas afectadas. Exigimos la creación de una Comisión Multisectorial permanente. El Ejecutivo nos afirmó que en noviembre se creaba esta comisión, pero es una mentira más. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud, del Ambiente, de Energía y Minas y con la PCM, porque todos los ministerios son responsables de nuestra afectación por metales tóxicos. De qué sirve que el Ministerio de Salud nos atienda, si el Ministerio de Minas no fiscaliza las actividades extractivas.

La Plataforma Nacional les ha ayudado también a acompañarse entre mujeres…

Eso es cierto, porque tenemos afectaciones particulares, incluso más, tenemos que cuidar a nuestros esposos, a nuestros hijos, a pesar que también estamos enfermas. En mi caso, y de otras compañeras, hemos sufrido acoso y amenazas de los trabajadores de las empresas, estas cosas que te comento, han sido compartidas en un encuentro que tuvimos solo las mujeres que pertenecemos a la plataforma.

¿Cuál es la apuesta a largo plazo de la Plataforma Nacional?

Vamos a insistir en que se cree la Comisión Multisectorial, pero vamos a exigir que nos incluyan a las personas afectadas para elaborar juntos el programa de atención, de lo contrario no tendría sentido tener una comisión que no incluya a quienes viven día a día las consecuencias de la contaminación. Es tiempo de que las autoridades sean coherentes, no podemos hablar de desarrollo sostenible, si nuestra salud está siendo seriamente afectada, solo por darle prioridad a las actividades extractivas y empresas transnacionales•

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/todos-los-ministerios-son-responsables-de-nuestra-afectacion-por-metales-toxicos-entrevista-a-yolanda-zurita-vocera-de-la-plataforma-nacional-de-afectados-y-afec/

Perú

Cusco: Conforman Comisión para analizar resolución que clasifica como vía nacional el corredor minero del sur

13 enero, 2020 Autor: DSHF.pe
Conflicto Relacionado: Chumbivilcas-Constancia

08.01.2020. A convocatoria del Gobernador Regional de Cusco, Jean Paul Benavente, para hoy se instaló y conformó la Comisión Técnica encargada de exigir la nulidad de la Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC que clasifica como vía nacional parte de la ruta del corredor minero del sur, sin haber consultado previamente a las comunidades que conforman este territorio. A la cita asistieron alcaldes distritales y provinciales de Espinar, Chumbivilcas, Paruro, presidentes de comunidades campesinas afectadas por la contaminación de los vehículos que hacen uso del corredor minero, dirigentes de frentes de defensa, entre otros.

Funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones realizaron una presentación sobre los mecanismos y procedimientos de aprobación de la reclasificación de rutas del corredor minero casi justificando su decisión. Los dirigentes presentes cuestionaron que el MTC no ha respetado el derecho de propiedad, la autonomía de la comunidad, se ha vulnerado derechos como la omisión de consulta previa.

Después del debate acalorado que se desarrolló en las instalaciones del Gobierno Regional, se acordó implementar un plan de trabajo, así como evaluar un eventual pronunciamiento para solicitar la derogatoria del Decreto de Urgencia que dispone la expropiación y adquisición de tierras comunales, del mismo modo se hará entrega de un ejemplar del expediente administrativo a cada presidente comunal.

En la próxima reunión tendrá lugar la exposición del Gobierno Regional sobre el procedimiento administrativo seguido en el año 2018 para solicitar la reclasificación de rutas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así mismo, las organizaciones sociales plantearan los argumentos y procedimientos para plantear quede sin efecto Resolución Ministerial N° 372-2018-MTC.

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/cusco-conforman-comision-para-analizar-resolucion-que-clasifica-como-via-nacional-el-corredor-minero-del-sur/

Perú

Los DD.HH. en el corredor minero: entre vulneración, garantía limitada y restricciones permanentes

13 enero, 2020 Autor: DSHF.pe
Conflicto Relacionado: Chumbivilcas-Constancia

, Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El Estado es garante de los derechos humanos, mientras que las empresas en el corredor minero cuentan o se han adherido a Políticas de Derechos Humanos, Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos y Código de Conducta. Este reconocimiento ‘ideal’ de los derechos humanos contrasta con el movimiento real de los derechos en los escenarios que mostraremos en las siguientes líneas.

1. Poder Minero y Estado Pro-Empresa

En el 2016 se trasladaron 684,207 TMF (Toneladas Métricas Finas), y en el 2017 781,224 TMF de cobre de las transnacionales MMG Las Bambas (China), Hudbay (Canadá) y Glencore (Suiza), que generaron más de 10 mil millones de soles anuales¹. Por ejemplo, para el 2016: S/. 4’ 131,613,000 de Las Bambas, S/. 3’ 690,612,000 Antapaccay y S/. 2, 257,050 de Constancia. Esta estructuración económica ha constituido un poder minero hegemónico en cada uno de los escenarios locales donde operan y que se extienden a nivel nacional a través de sus gremios empresariales que los reafirman como los mandantes del Perú.
En dicho escenario, el Estado ha priorizado su brazo represivo, y su brazo social en lógica de inversión estatal para desmovilizar conflictos en contra del capital minero. Estructuración y acción estatal que promueve escenarios donde los derechos terminan siendo una segunda prioridad, postergable y hasta negable, versus los intereses empresariales.

2. Doble campo restrictivo para ejercicio y la defensa de derechos

En el corredor minero el ejercicio, exigencia y garantía de derechos de las poblaciones locales, comunidades campesinas y defensores/as de derechos se desarrolla en un doble campo restrictivo que tiende a reducirse y endurecerse en relación con gobiernos favorables a la inversión minera, la estrategia empresarial y la correlación de fuerzas locales. Por un lado, dentro de un campo donde las instituciones estatales nacionales y locales actúan a favor de los intereses del capital minero: Policía que actúa “eficientemente” cuando están afectados los intereses de la empresa, Policía que tiene convenios con la empresa, Poder Judicial que acelera o dilata los procesos contra dirigentes. Por otro lado, el campo donde el poder hegemónico minero despliega mecanismos de control social, político e ideológico: financiamiento a medios y/o programas radiales para deslegitimar a defensoras/es, fragmentación social, influencia en las elecciones comunales, distritales y provinciales, “trabajo” con aliados/informantes en comunidades y distritos, financiamiento de proyectos de distritos y/o comunidades.

3. Criminalización y privatización del uso de la fuerza

Un primer patrón extendido en el corredor minero es la criminalización. La garantía del Estado de los intereses del capital minero ha generado como efecto político que haya más de 500 criminalizados por situaciones de conflictos sociales y movilizaciones de las poblaciones locales: 500 por las protestas contra la minera MMG Las Bambas de 2011 a la fecha², en Espinar se tiene 3 ciudadanos criminalizados (durante y luego del conflicto del 2012) y decenas de denunciados por la empresa minera, y en Chumbivilcas más de 50 (luego del 2011, 2012 y 2014). Sin considerar los cientos de detenidos y heridos que dejaron los conflictos y movilizaciones.

Un segundo patrón está relacionado a la estigmatización de defensoras/es de derechos que se despliega como mecanismo desde las empresas mineras y también desde el Estado. En el caso de las empresas mineras, el control y/o influencia sobre medios de comunicación transforman a los medios en aparatos de deslegitimación y ataque a quienes identifican como contrarios a sus intereses, mostrándolos como “radicales”, “antimineros” ó “terroristas”. En Espinar por ejemplo, “los dirigentes que tienen posición son desacreditados a través del medio de comunicación. Que son radicales, que son enemigos del pueblo, porque había dirigentes que se han hecho de la vista gorda y no decían nada y los que si reclamamos nos ganamos todo el pleito”³; mientras que es extendido la práctica de deslegitimar a los defensores de derechos humanos relacionándolos con las ONGs “y que dichas ONGs manejan millones de dólares en nombre de la pobreza y que los dirigentes cercanos a ellos deben tener beneficios personales y por lo tanto no hay que darle credibilidad, es el mensaje que dan”⁴. Dicho patrón se muestra en Chumbivilcas y en el caso de Hudbay con lo sucedido el 22 abril de 2017 en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore de MiningWatch Canadá, y el periodista estadounidense John Dougherty, quienes fueron detenidos en cumplimiento de un supuesto procedimiento “habitual” de la policía de migraciones, luego de la presentación del documental sobre el Fraude de Flin Flon, que en palabras de un dirigente que conversó con un funcionario de la empresa manifestaba: “yo les pregunté de frente, ¿por qué la empresa tiene tanto miedo a Jennifer Moore?, y me dijeron que es una persona radical, que viene desde Canadá, que las debilidades pequeñas que tiene la empresa eso lo agrandan y ahí es que comentaron que han coordinado con el Ministerio del Interior, y que ya lo habían expulsado porque estaba mal informando a la población, ellos se sentían satisfechos”⁵. Siendo claro el objetivo político de deslegitimarlos, generar desconfianza y fragmentarlos para reducir o anular las posibilidades de oposición.

Un tercer patrón extendido es la privatización del uso de la fuerza pública a través de los convenios Policía-Empresa que parcializa la actuación de los aparatos del Estado y legitima los intereses empresariales, abriendo un campo para vulneración de derechos: 50 efectivos policiales en Las Bambas, 20 en Hudbay y 22 en Tintaya (20 efectivos y 2 de inteligencia). La actuación parcializada de los aparatos coercitivos del Estado se mostró claramente en el caso del conflicto de Espinar (2012) y Cotabambas (2016-2017) cuando la Policía operaba desde las instalaciones de las empresas mineras (dormían, se alimentaban y se movilizan); y en el caso de Chumbivilcas se mostró en el caso de la activista canadiense Jennifer Moore y el periodista John Dougherty donde la actuación de la Policía fue claramente parcializada a favor de la empresa, deslegitimando la labor de los defensores de derechos y legitimando los intereses de la empresa por parte del máximo representante de la Policía en Cusco: “Estaban realizando reuniones en las que estaban alentando los actos de protesta contra la actividad minera. Está sancionado administrativamente participar en actividades que pongan en riesgo el orden público”⁶.

Un cuarto patrón extendido son los estados de emergencia. Así, el corredor minero ha sido, es y será escenario de permanentes conflictos por los impactos ambientales que genera el transporte minero, la débil o nula articulación económica de las comunidades y poblaciones por donde atraviesa, la sobreexpectativa de las comunidades y distritos de “ser beneficiados”, y la no expropiación ni compensación de las tierras por parte del Estado y la empresa por la vía por donde transita el transporte minero: Coporaque (2017), Velille (2018), Nueva Fuerabamba (2019), Mara (2019), Ccapacmarca (2019), y Colquemarca (2019). En efecto, los estados de emergencia han sido un mecanismo de uso permanente: el 2018 se ha tenido 6 meses de estado de emergencia en el corredor minero y 4 meses en Colquemarca; mientras que en el 2019 por los conflictos de Yavi Yavi y Capacmarca se ha tenido 2 meses de estado de excepción. Es indudable que el objetivo político no es resolver el conflicto sino desmovilizarlo restringiendo derechos para dar condiciones de estabilidad al capital minero•

1 Las 50 Primeras Compañías Mineras. The Top Mining Companies. En Miles de Soles-Dólares. Perú Top Publicaciones 2017.
2 PERU21. Comuneros buscan una amnistía para 500 dirigentes denunciados. 23 de abril de 2019. Consulta: 9 de dic. De 2019. bit.ly/344Q51j
3 Entrevista a dirigente de Espinar.
4 Entrevista a dirigenta de Espinar.
5 Entrevista a dirigente de Chumbivilcas.
6 Cusco en portada. General Iglesias: Periodistas intervenidos alentaban a protestar contra Hudbay. 24 de abril De 2017. Consulta: 2 de agosto de 2019. bit.ly/2YFxxn1

Fuente:https://derechosinfronteras.pe/los-dd-hh-en-el-corredor-minero-entre-vulneracion-garantia-limitada-y-restricciones-permanentes/?fbclid=IwAR0trXDqI5PdSVmb8TSQYITPsD-6p8sWVbXtnKuiUcHaCCw9QbCfsMoeWkk

Mexico

Corte mexicana decidirá sobre reparaciones a afectados por Grupo México en cuenca del Sonora

13 enero, 2020 Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: San Martín-Grupo México-derrame

El día de hoy, miércoles 8 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México emitirá sentencia sobre la responsabilidad del Grupo México (dueño de Southern Copper en nuestro país – Perú-), y el Estado mexicano en la fallida reparación integral a los afectados por metales tóxicos y la falta de remediación de la cuenca del Sonora, a través del Fideicomiso que crearon con un fondo de 2 mil millones de pesos (360 millones de soles aproximadamente), que solo implementaron un poco más de la mitad de acuerdo a la investigación de la institución Poder y el Comité de Cuenca Río Sonora, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en la cuenca del río sonora en agosto del 2014 que afectó la salud de 381 personas, la calidad del agua que reciben 22 mil personas en el área de la cuenca del Sonora, y la actividad agropecuaria que desarrollan.

Las medidas de amparo

La sentencia que emitirá la Corte mexicana se basará en tres amparos interpuestos por los Comités de Cuenca del Río Sonora, que cuestionan la forma en cómo operó el fideicomiso desarrollado por la empresa y funcionarios mexicanos (amparo en revisión 384/2018); la falta de apoyo al Proyecto de Reactivación Agropecuaria para la región (amparo en revisión 927/2018); y la finalización intempestiva del Fideicomiso Río Sonora, junto a la conclusión del Programa de Remediación Ambiental (amparo en revisión 640/2019).

El Fideicomiso

La creación del Fideicomiso se dio meses después del derrame tras un acuerdo entre el Gobierno Federal del ex presidente Enrique Peña Nieto y la minera Buenavista del Cobre del que el Grupo México es dueño, sin la participación de los afectados, y sin un debate público sobre cómo debía darse la reparación integral. El Grupo México puso el dinero para “reparar” el daño que había generado y no le quiten la concesión, entre otras sanciones. Para la implementación del dinero del Fideicomiso se creó una Comisión Técnica que la presidió el subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rodolfo Lacy Tamayo, junto a otros 4 miembros; la mayoría colocados por la empresa, sin la participación de ningún representante de los afectados por el derrame.

En los años siguientes, el Grupo México siempre señaló que como el origen de los fondos eran privados, dado que provienen de las empresas que provocaron el derrame, el fideicomiso era privado, y como consecuencia no tendrían que rendir cuentas a nadie.

Sin embargo, es materia de la sentencia establecer si el fideicomiso tuvo carácter público o privado y señalar el cumplimiento o no con lo estipulado en el contrato del fideicomiso entre la empresa y el Estado mexicano, estableciendo responsabilidades de los actos y omisiones.

Exigencia de afectados

La exigencia central de los afectados de los Comités de la Cuenca del Río Sonora a la Corte es que ese Fideicomiso con el comité técnico sea considerado autoridad responsable equivalente a una secretaría u otra autoridad federal, y que el Fideicomiso se reabra y sea obligado a reparar completamente los daños, con la participación de los afectados.

Informe revelador

De acuerdo a la investigación mencionada, “Análisis del Fideicomiso Río Sonora. Simulando la remediación privada en un Estado capturado”, y la última nota informativa emitida por Poder; señalan que “entre los gastos realizados destacan la entrega de sumas de dinero, supuestamente a personas afectadas, la compra e instalación de tinacos (bajo la promesa que servirían para guardar agua potable que nunca llegó), la obra negra de un centro de salud de especialidades que quedó inconcluso y gastos de publicidad cuatro veces mayores a los destinados a la atención en salud, para mejorar la imagen de la empresa”. Entre las irregularidades que señala el informe se encuentran los recursos asignados por el Comité Técnico del Fideicomiso para la compra de los tinacos a la empresa Rotoplas, debido a que el dueño de la empresa es familiar del dueño del Grupo México, Germán Larrea.

Por estas razones, el día de hoy es fundamental porque se sentaría un precedente en la lucha contra la impunidad de las empresas mineras mexicanas, que tendrán que rendir cuentas respecto a sus acciones; y el Estado, asumir su rol garante de derechos de las poblaciones, comunidades y ciudadanos. Tal como ocurre en nuestro país, Perú, en que el Estado ha olvidado su rol de representación de las poblaciones; y es facilitador de la inversión privada minera, sin garantizar los derechos de las poblaciones a un ambiente saludable con desarrollo sostenible.

Dato: Los Comités de Cuenca Río Sonora, Poder, y otras organizaciones mexicanas enviaron una carta al presidente Vizcarra en la víspera de la decisión del Consejo de Minería respecto a la ratificación de la licencia de construcción del proyecto Tía María; señalando los atropellos que estaba cometiendo el Grupo México en su país, que es la empresa mexicana que tiene la mayoría de acciones de Southern Copper Corporation.

Fuente:https://muqui.org/noticias/corte-mexicana-decidira-sobre-reparaciones-a-afectados-por-grupo-mexico-en-cuenca-del-sonora/

Perú

Cusco: Más de 12 comunidades de Espinar exigen nulidad de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Glencore aprobado por SENACE

13 enero, 2020 Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

El día de hoy por la mañana, 9 de enero, se desarrolló el paro de más 12 comunidades de Espinar, que posteriormente levantaron a las 6pm, pertenecientes a los distritos de Condoroma, Ocoruro, Pallpata, Alto Pichigua y Pichigua, entre las que se encuentras las comunidades de Huacroyuta Marquiri, Huarcapata, Chorrillo, Antacama, Pallpata, Canlletera, Cruz Pampa, Pirhuayani, Mamanocca, Jaruma Alccasana, Kanamarka y Molloccahua. Las comunidades de Espinar señaladas exigen la anulación de la resolución del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) que aprueba la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Coroccohuayco, que es la ampliación del proyecto minero Tintaya-Antapaccay perteneciente a la empresa minera suiza Glencore. Se estiman 25 años de vida del proyecto minero Coroccohuayco, sumado al proyecto minero en funcionamiento actual, Antapacay, que también operará 25 años.

¿Por qué exigen la anulación?

Las comunidades en protesta no han sido consideradas dentro de la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero, por lo que no existen medidas de mitigación de los impactos ambientales, económicos, sociales y en materia de salud, que sufrirían cuando se desarrolle el proyecto minero, que se desarrollará en los territorios que se encuentran frente a ellos, cruzando el río salado. El río salado divide a estas comunidades de las otras comunidades que sí son consideradas parte del área de influencia directa e indirecta de la mina. ¿Por qué estas comunidades no han sido consideradas parte del área de influencia indirecta? No hay una respuesta clara de la empresa Glencore y de SENACE.

En comunicación con el presidente del Comité de Lucha, Fredy Llaique, señaló que, en anteriores mesas de diálogo con el Estado en Espinar, las comunidades habían presentado estudios técnicos que mostraban que también serían afectados por la actividad minera.

Por estos motivos, las 12 comunidades mencionadas iniciaron protestas en rechazo a la aprobación de la MEIA y de la consulta previa que pretende realizar el gobierno a las otras 13 comunidades que sí son consideradas parte del área de influencia directa e indirecta de la ampliación del proyecto minero; que tampoco conocen las implicancias de la MEIA, al no haberse realizado audiencias públicas por el SENACE para dar a conocer el MEIA del proyecto minero Coroccohuayco, tal como lo mandata la ley, y finalmente se puedan hacer objeciones y correcciones.

¿Cuál es la estrategia del gobierno?

El 8 de enero, el director general de la Oficina de Asuntos Socio-Ambientales, Hernán José Cuba Chávez, haciéndose enterado del paro del día de hoy, envió una carta al alcalde distrital de Pallpata, Alfonso Villagra, planteándole una reunión técnica en la que el SENACE daría a conocer el resultado de la evaluación del MEIA del proyecto minero Coroccohuayco para el lunes 20 de enero.

Consulta previa en cuestión

A la par que el gobierno ya tenía conocimiento del reclamo de estas comunidades que rechazan el MEIA aprobado por SENACE; el gobierno está ya desarrollando reuniones con las otras 13 comunidades para implementar la consulta previa sobre el inicio de operaciones del proyecto minero Coroccohuayco.

El próximo 29, 30 y 31 de enero, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sostendrá una reunión con representantes de las 13 comunidades consideradas como parte del área de influencia directa e indirecta en la que se presentarán propuestas de planes de consulta y luego se consensuará y aprobará el plan de consulta previa.

Lo llamativo del acta aprobada el 19 de diciembre para sostener esta reunión, es que en el acta se menciona la resolución ministerial emitida ese mismo día, RM 403-2019 MINEM, que precisa en el artículo N°3 Oportunidad de la Consulta Previa: “el proceso de consulta previa puede ser iniciado luego de la admisión a trámite del instrumento de gestión ambiental necesario para los procedimientos identificados (..)” en los que corresponde realizar el proceso de consulta previa, en la que se incluye la autorización de las actividades de explotación.

Ello quiere decir, tal como ya lo han denunciado varias instituciones, que se restringe el derecho a la consulta previa al imposibilitar que las comunidades puedan ser consultadas antes del otorgamiento de una concesión minera, antes de la exploración minera y respecto a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) aprobados.

Ecuador

Prefecto del Azuay insiste en Consulta Popular sobre minería

13 enero, 2020 Autor: El Universo.com

Dos preguntas presentó el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, y alcaldes de varios cantones de esa provincia, a la Corte Constitucional (CC), solicitando una Consulta Popular en contra de la minería.

Acompañado de una marcha y de dirigentes de estudiantes, tocando un saxofón, cantando y bailando, Pérez llegó al organismo.

Explicó el contenido de las preguntas: ¿Está usted de acuerdo que se prohíba sin excepción actividades de exploración, explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de descarga, recarga y regulación hídrica, bosques protectores, humedales, áreas sensibles en la provincia del Azuay?, y ¿está usted de acuerdo con la caducidad de títulos mineros otorgados antes de la realización de esta Consulta Popular?

Señaló que no son preguntas ni inducidas, ni confusas, ni genéricas.

«Ya no hay pretexto para que nos nieguen, esta vez estamos convencidos de que la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y más temprano que tarde iremos a una Consulta Popular para que no sea un ministro de Estado, o presidente de la República sino sea el soberano del Azuay, quien se pronuncie por el futuro…», agregó.

Unos 20 policías antimotines custodiaron la CC para evitar incidentes.

El funcionario había ya planteado una Consulta Popular a la CC pero la negó en septiembre de 2019. El organismo consideró que la pregunta era inducida y preguntó qué iba a pasar con las concesiones ya otorgadas.

Ahora Pérez cree que se la podría realizar antes de las elecciones de febrero del 2021. Incluso considera que podría haber una Consulta Popular a nivel nacional. (I)

Fuente:https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/07/nota/7679517/prefecto-azuay-insiste-consulta-popular-sobre-mineria#cxrecs_s