Mexico

La minera canadiense compró su futuro en 2017, con Peña. Ahora los pueblos quieren recuperarlo

Autor: Roberto Gutierrez Torrez, Sinembargo.mx
Cientos de comuneros, campesinos, y habitantes de alrededor de 20 comunidades de Guanajuato han protagonizado desde 2019 una lucha para que no opere una mina de la empresa Canadiense Argonaut Gold; denuncian que de implementarse generará caos ambiental y daños en la salud de las y los probadores.

 

Dolores Hidalgo, Guanajuato, 1 de enero (Zona Franca).– En 2019 la población de Dolores Hidalgo, Guanajuato,  y en específico quienes habitan alrededor de 20 comunidades aledañas a San Antón de las Minas, han iniciado una lucha ciudadana que tiene como objetivo concientizar a los habitantes de la región y de otros municipios, así como hacer saber al Gobierno municipal, estatal y federal que no quieren la explotación de la mina ubicada dentro de su territorio.

La compañía canadiense Argonaut Gold precisa en su página oficial que: “Argonaut adquirió el proyecto Cerro del Gallo por 15 millones de dólares en noviembre de 2017. Es el tipo de proyecto que históricamente hemos operado bastante bien y se sitúa justo dentro del nivel de habilidades de nuestro equipo. Los recursos y reservas conocidos de mineral solo representan una porción muy pequeña de la tenencia minera controlada a través de varios objetivos de exploración en San Antón”, según muestra en palabras de Bob Rose, vicepresidente de Servicios Técnicos.

EL PROYECTO

La empresa canadiense Argonaut Gold pretende desarrollar su etapa de explotación en el Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia, misma que ya se encuentra operando en nuestro país, entre ellos en el complejo El Castillo, en Durango, y en la mina La Colorada ubicada en Sonora.

Entre sus proyectos de exploración avanzada está trabajando en la mina de San Antonio, en Baja California Sur,  y en la del Cerro del Gallo; es en este último proyecto donde la compañía canadiense se ha encontrado con el rechazo frontal de pobladores, activistas y ambientalistas .

De realizarse su proyecto abarcaría un área total de más de 20 mil hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a la salud de las poblaciones aledañas.

A ello se suma que se prevé el uso y contaminación de grandes cantidades de agua, según han señalado ambientalistas y activistas de la Cuenca de la Independencia.

El contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del Acuífero Cuenca de la Independencia, estará acompañado del acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterránea por empresas y la aguda escasez para los habitantes de las comunidades rurales, donde hace años se señalado la crisis hídrica.

ORGANIZACIONES EN LUCHA

Son diversas organizaciones las que se han sumando de manera activa a los pobladores en el diseño y ejecución de acciones de concientización sobre las consecuencias negativas que traería la explotación de la mina.

Las comunidades vecinas de San Antón de las Minas y ella misma tienen organizaciones campesinas y comunales que han estado trabajando en métodos alternativos de producción comunitaria, entre ellas se encuentra el Centro de Desarrollo Agropecuario y Social (CEDESA), con más de 50 años en coadyuvancia con los campesinos y pobladores de esa región.

Otras organizaciones que han encabezado la lucha de “No a la Mina“ son la Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia (CODECIN) y junto a ellos un colectivo de jóvenes denominado “Guardianes de la Cuenca de la Independencia”, todas ellas con trabajo continuo municipal y regional.

En otra vertiente otras organizaciones con presencia estatal, nacional e internacional como la Red de afectados por la Minería Rema, Acción Colectiva Socio-ambiental, A.C. y la Hermandad de la Cuenca han estado trabajando en el mismo objetivo.

Todos ellos han realizado actividades que han tomado resonancia nacional e internacional. Iniciaron con foros de información, convocaron a una marcha en julio pasado y desde entonces se han sumado plenarias, conversatorios, platicas, así como activistas y pobladores de otros municipios, en específico de San Miguel de Allende y San Luis de la Paz.

¿CÓMO VA EL PROYECTO?

El avance del proyecto minero dependería de tres principales factores: los permisos correspondientes del Gobierno municipal y federal y la permisibilidad de los propietarios de la tierra para que la empresa pueda usar sus terrenos y explotar la mina, según dijo el activista y abogado Gustavo Lozano, miembro de Acción Colectiva Socio-ambiental.

Gustavo Lozano precisó que actualmente la empresa está en el proceso de exploración de la zona para posteriormente, si obtiene los permisos necesarios por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pasar a a la etapa de la explotación de la mina.

En septiembre pasado Semarnat le anunció a la empresa que en ese momento no podría determinar los permisos para explotar la mina y la institución dio un plazo más largo para analizar el permiso solicitado.

En términos municipales, el Edil Miguel Angel Rayas Ortiz se ha solidarizado con las organizaciones civiles locales, a las cuales les manifestó su apoyo en contra la minera, y hasta el momento el Gobierno no ha otorgado ningún permiso de cambio de uso de suelo, ni de construcción.

La mayoría de los pobladores con propiedades de tierras en la zona de la mina no han accedido a vender sus terrenos. En conclusión señaló, Gustavo Lozano, ”al cierre del año 2019 tenemos un trámite en Semarnat mismo que esperemos que sea negado a la brevedad y, de acuerdo a lo declarado por el Gobierno de Dolores Hidalgo, quien ha manifestado que no ha otorgado ni un permiso de cambio de suelo, ni de construcción; así como los pobladores de San Anton de las Minas, DONDE un mayoría de ellos no han negociado sus tierras para que la minera pueda realizar sus actividades”.

Fuente:https://www.sinembargo.mx/01-01-2020/3704980?fbclid=IwAR2Uk2hQ5ph-DjduHyYUpiNWUvgcDy1pwmEew6yyyb4JkwALQsCV9bhShjI&__cf_chl_jschl_tk__=22e140acbc399853c1fbb6bb5864299fef5b3ecd-1578002186-0-AaLIKNvvRXxUQ3jwg5Sn31HbFc1mZomfwdLGUsm6f1uBaJTPo3sRFbDK8g_h8XOsZXYT7j2OCBhz1o7SgvKJUYQmyjIR51q3Lj3w43cqtaxEJSDQVimz0LSxfjQk7vHSz8VHUWnuxpERNGDNrDsZKKVECv5fwiCCanjQ54u5HHwiQpbYQS48J1m2SXIg9oTRHP4Td7p5J1rYIzy_jJRLHEXYz9Zp6Bzu7yG89j2qMptwdH5TlNjNNMHjYp8QfjCLn2wx_pUQJQXeMAAD1Z-XisNA26EBm6DfbZPkQfX_Pe74vLCzfUimOl93UoBLWsyyeZERStJTZFCV5k17JDiocwBgJYNL_7PALivlt1IrzGTqHWsYUrSN0NyMQjxmqroTRg

Argentina

Siguen las movilizaciones: gran banderazo en Mendoza por la restitución de la «Ley Antiminera»

Autor: Pablo Mannino , La Nación.com

Mendoza no deja de movilizarse contra la reforma minera, que ya quedó desactivada por el gobernador Rodolfo Suarez. De igual modo, a la espera de la derogación prevista para hoy de la controversial ley 9.029, que habilitaba el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, los mendocinos siguen plantando bandera en defensa del agua y la restitución de la «Ley Antiminera».

En la noche de este domingo, miles de personas se congregaron en diferentes puntos para flamear sus insignias celestes y blancas bajo el eslogan » el agua de Mendoza no se negocia«. Con pancartas y cánticos, las protestas volvieron a estar en el centro de la escena provincial.

Las manifestaciones se realizaron en el kilómetro cero de la capital cuyana, en las principales calles del microcentro y llegaron hasta las rutas de la geografía provincial. Así, nuevamente, los vecinos hicieron oír su reclamo para que la Legislatura restablezca la «Ley 7.722», la cual prohíbe la utilización de químicos contaminantes.

La sesión especial está prevista para hoy a las 9 en la Cámara de Senadores y luego, a las 11, en Diputados, y se estima que sea un «tratamiento exprés», como el que se hizo -hace una semana- para aprobarla. Ahora se tratará de dejar sin efecto esta norma, que solo cosechó el rechazo popular y que obligó al mandatario a solicitar primero la suspensión de la reglamentación y luego, la anulación total de la ley.

Según explicaron a LA NACION vecinos autoconvocados de diversas comunas, se espera que, mientras los legisladores estén en el recinto, en las afueras haya nuevas manifestaciones para «celebrar el logro de la derogación y chequear que cumplieron con lo prometido».

La principal manifestación de este domingo, convocada por la Asamblea Popular por el Agua, se realizó en Peatonal Sarmiento y Garibaldi, con la consigna de portar una bandera. Lo mismo ocurrió en las comunas de San Carlos, General Alvear, Rivadavia, San Rafael, Tunuyán y Tupungato.

 

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/siguen-las-movilizaciones-gran-banderazo-en-mendoza-por-la-restitucion-de-la-ley-antiminera-nid2319756

Chile

ALERTA: Mineras aumentan presupuesto de exploración para Chile

Autor: bnamericas.com

Siempre bajo la bandera del «progreso» y «crecimiento», empresas mineras en nuestro país aumentaron su presupuesto para exploración de proyectos mineros, lo que genera alerta en las zonas donde estas exploraciones se llevan a cabo. En 2019, 23 empresas nuevas decidieron explorar en territorio nacional. Cochilco enumera 108 empresas con proyectos de exploración en el país, de las cuales 79 son júniors, 15 son de tamaño mediano, tres son chilenas (Enami) o estatales extranjeras y 11 están incluidas en la categoría «Otras». De estas firmas, 39 registran actividades en terreno durante el año. Es de esperarse que se cumpla con todas las normas ambientales vigentes; que se respeten los territorios donde se emplazan estas exploraciones; y que los proyectos, de concretarse, no dejen en total sequía las zonas aledañas (como en El Melón).

 

El presupuesto que las empresas mineras destinan a exploración en Chile totalizará US$654mn en 2019.

Según el último catastro de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), las compañías asignaron este año 13% más (US$77mn) que en 2018 a actividades exploratorias, principalmente para extracción de oro en un 57% del total aproximado de 300 barrenos, seguido del cobre con 38% y la plata con 3% El año pasado, se perforaron 100 pozos con énfasis en objetivos de cobre.

En 2019, 23 empresas nuevas decidieron explorar en Chile. Cochilco enumera 108 empresas con proyectos de exploración en el país, de las cuales 79 son júniors, 15 son de tamaño mediano, tres son chilenas (Enami) o estatales extranjeras y 11 están incluidas en la categoría «Otras». De estas firmas, 39 registran actividades en terreno durante el año.

En comparación con 2018, el número de grandes mineras que invierten en campañas exploratorias ha aumentado 14% y ahora representan el 93% de las inversiones totales. Las júniors incrementaron los trabajos de campo en 22% este año en comparación con 2018 y constituyen el 5,5% del total.

Cochilco identificó 318 proyectos de exploración de 108 empresas, de las cuales 84 presentaban actividades de terreno en octubre de 2018 y 2019, mientras que 115 prospectos están paralizados y 119 han sido abandonados.

Alrededor del 54% de estos proyectos de exploración se concentran en cobre, 25% en oro, 4% en litio y 3% en plata, cobalto y hierro. Otros metales, minerales industriales y el carbón representan el 5% de los proyectos.

El catastro consigna que en 2013 y 2014 hubo más proyectos en los que se llevaban a cabo exploraciones, pero en 2015 la mayoría de ellos se paralizaron debido a la caída de los precios de los commodities, y muchos de ellos se abandonaron más tarde en 2018.

Según S&P Global, Chile actualmente tiene la cuarta mayor asignación de presupuesto de exploración entre todos los países del mundo y solo tres empresas representan casi la mitad de la inversión total: la chilena Antofagasta Minerals (28%), la londinense Anglo American (12%) y la cuprífera estatal Codelco (9%).

En los próximos nueve años se calculan inversiones por US$72.000mn en desarrollo de proyectos en la industria minera chilena.

 

Fuente:https://www.bnamericas.com/es/noticias/mineras-aumentan-presupuesto-de-exploracion-para-chile

Chile

Toma del Pozo 9: “No la vamos a deponer hasta que todo El Melón tenga acceso al agua”

Autor: Relaves.org

Muchas cosas han cambiado en El Melón desde el estallido social. Cientos de vecinos salieron a manifestarse a las calles, se tomaron rutas y, como en otras comunas, hubo enfrentamientos con la policía. Sin embargo, con el paso de los días, el movimiento de meloninos, impulsado en un primer momento por la rabia y el descontento, comenzó a ordenarse, organizar cabildos y buscar soluciones para sus problemas. En esta lógica, los vecinos se tomaron el POZO 9, propiedad de El Soldado de Anglo American. A diferencia de los sistemas municipales, éste tiene mayor profundidad y cuenta con tecnología que permite extraer agua desde napas más profundas. Era la forma más rápida de acceder al vital elemento.

 

Minera El Soldado respondió al petitorio, pero grupo considera que las propuestas siguen siendo ambiguas

“Yo me voy a tomar el pozo 9 y si nadie me acompaña, lo voy a hacer igual”, dijo una vecina en uno de los cabildos realizados hace más de un mes, partiendo con la idea que, aunque parecía una locura, fue tomando fuerza. Ello, porque el sistema de APR Municipal casi no tenía agua y el desabastecimiento era angustiante.

Pasaron tres días y un grupo hizo realidad la toma del pozo de propiedad de la El Soldado de Anglo American. A diferencia de los sistemas municipales, éste tiene mayor profundidad y cuenta con tecnología que permite extraer agua desde napas más profundas. Era la forma más rápida de acceder al vital elemento.

Según Andrés Marín y Karen White, voceros de la Sociedad Civil Organizada de El Melón, al tercer día de la toma del pozo vivieron “un momento histórico”. Luego de realizar un bypass desde la boca del pozo 9 (uno de los 18 que posee la empresa), redirigieron parte de los 70 litros por segundo a los estanques del Agua Potable Rural de la Municipalidad de Nogales, que estaba prácticamente seco y casas que hace años tenían suministro parcial en el sector sur, pudieron ver cómo el agua fluía con fuerza.

“Ver salir agua desde la llave a la una de la tarde, era algo que no pasaba en años”, comenta Karen White.

¿POR QUÉ EL POZO 9?

Tal como lo consignó “El Observador” hace poco menos de un mes, el pozo 9 está a muy pocos metros del Pozo Dren municipal, razón por la cual era la vía más próxima para irrigar un sistema muy carente. Pero, además, desde quienes propiciaron la toma, la acción se vio como un acto de justicia, pues aseguran que la faena minera genera impactos que, entre otros efectos, influye en el abastecimiento de agua.

Por eso, un mes antes de la toma, habían presentado a la compañía un petitorio con 24 puntos, por medio de los cuales pedían a El Soldado mejoramientos operacionales, que permitieran evitar riesgos ambientales y de seguridad. Sobre todo considerando que, paralelamente, la empresa tramita el permiso ambiental (RCA) para aumentar la capacidad del embalse de relaves “El Torito”, que es condición necesaria seguir funcionando.

Dada la toma, las cosas se apuraron y Anglo American accedió no sólo a conectar su pozo con el del APR Municipal, sino que, atendiendo peticiones paralelas del municipio, ceder otros puntos de captación.

Así es como llegó el lunes, cuando se desarrolló una reunión abierta, donde profesionales de la empresa expusieron su posición frente a las demandas. No fue una reunión fácil. A medida que se presentaba un punto, se generaban interrupciones. El encuentro, transmitido en vivo por varios celulares, fue evidentemente hostil. No había conformidad porque los asistentes esperaban acciones más concretas, versus las propuestas de diseñar planes en conjunto y mesas de trabajo por parte de El Soldado.

Andrés Marín argumenta a “El Observador” que las respuestas no eran positivas ni negativas, sino basadas en la creación de mesas de trabajo y ellos demandan soluciones más veloces.

EL FONDO ES “MEDIOAMBIENTAL”

Más allá de la velocidad exigida por unos y la mirada a mediano plazo de otros, hay puntos en común que, en el fragor de la discusión, parecen no verse. Tanto El Soldado como los habitantes de El Melón tienen en el centro dotar de agua al distrito en forma sostenible en el tiempo. Y en eso se ha avanzado harto. Así lo señala el encargado del APR Municipal, Juan Brito, quien celebra que finalmente haya mucho más abastecimiento circulando en la red.

Dado este mejor escenario, lo que más aleja las partes son materias de fondo. Aunque la empresa ha reaccionado, ayudando a dotar de agua a El Melón, y nunca ha pedido el desalojo del pozo, el grupo en toma plantea que hay otros temas ambientales en disputa.

En ellos, hay puntos en los que difícilmente podrán llegar a consenso. Un ejemplo es el primer punto del petitorio dice “Desistir definitiva y completamente del proyecto: Continuidad Operativa Tranque Relave El Torito Operación El Soldado”. Y la razón es muy simple, pues es técnicamente un hecho que, si no se obtiene la RCA o la empresa retira el proyecto de la evaluación ambiental, El Soldado dejaría de operar en poco más de un año, pues la continuidad en la producción requiere obligatoriamente un traque donde depositar su relave.

Mientras este debate se mantiene sin solución, las decenas de voluntarios que hacen turnos diarios en la toma ubicada en la Villa Disputada, no hay fecha clara para regresar a sus casas.

“Tenemos una meta que es muy ambiciosa, pero a la vez es muy simple: no la vamos a deponer hasta que todo El Melón tenga acceso al agua de manera definitiva”, expresó Karen White categórica.

“EL POZO 9 ES IMPORTANTE, PERO TAMBIÉN HAY GESTIONES MUNICIPALES”

El encargado del APR Municipal, Juan Brito, comenta que la situación es crítica producto de la prolongada sequía. Sin embargo, en la actualidad son menos los vecinos que ven interrumpido el suministro. Según comenta a “El Observador”, las gestiones de la municipalidad han permitido que el Pozo Punta Huala fuera incorporado por parte de Angloamerican al APR Municipal, aliviando el sistema con 500 arranques.

“Eso no quiere decir que había 500 casas sin agua”, explica, señalando que es una mejora en el servicio. De igual manera el encargado agregó que, si bien Angloamerican también incorporó al APR el Pozo Plazueleta, éste no alcanzó a llenarse lo suficiente.

También detalla que el bypass del Pozo 9 ha sido importante, pero no es lo único que se ha hecho para dotar de agua a El Melón, aunque reconoce que incluso con las mejoras que se han realizado en el servicio y el aporte de la empresa privada, el agua aportada por éste sigue siendo necesaria, agregando que en la actualidad el único sector que presenta deficiencias en el suministro es el de Los Cáñamos Alto.

RESPUESTAS DE EL SOLDADO

“El Observador” planteó una serie de preguntas a El Soldado de Anglo American, sobre este tema. Para responderlas, decidió enviar una declaración escrita, en la que señala que “desde 2012 El Soldado ha llevado adelante una serie de iniciativas, mediante un trabajo colaborativo, para contribuir a enfrentar la escasez hídrica que afecta a la zona. Durante el año en curso además, la empresa ha apoyado la ejecución de 15 proyectos de agua, nueve para consumo humano y seis para riego”.

Sobre las demandas de El Melón, responde que “recientemente El Soldado presentó a la comunidad una propuesta de trabajo colaborativo que prioriza aquellos temas que son de interés transversal de los vecinos, como el fortalecimiento de los actuales espacios de relacionamiento y la creación de nuevas mesas temáticas”.

“Además, los trabajados realizados recientemente por El Soldado en el APR Municipal de El Melón, ya están mostrando resultados positivos: se logró la conexión con el pozo 5B, recuperando los niveles en los estanques. No obstante, entendiendo la preocupación de los vecinos, la compañía se comprometió a mantener el bypass que conecta el pozo 9 con el APR Municipal de El Melón, para así suplementarlo en períodos de sequía”.

Sobre los conflictos ambientales, la empresa afirma que “se propuso la formación de un comité de Seguimiento Ambiental, en el que los representantes de la comunidad puedan hacer monitoreo permanente del cumplimiento de los compromisos ambientales de la compañía y aquellas áreas de interés y preocupación por parte de los vecinos”.

Sobre los impactos de la operación en la cordillera El Melón, dijo que se propuso crear “un grupo de trabajo multisectorial tendiente a generar un proyecto de puesta en valor y conservación, que contemple acciones como declaratorias de conservación de áreas, desarrollo de planes de manejo, generación de proyectos turísticos y educación ambiental”.

En materia sanitaria, argumentó que hay “disposición para colaborar en una alianza público – privada para que la comunidad cuente con una planta de tratamiento de aguas servidas, mediante un proyecto integral que incluya la infraestructura y herramientas de gestión”.

Sobre el eventual riesgo de cierre de la operación, respondió que “El Soldado de Anglo American ratifica su compromiso por continuar operando en la comuna de Nogales y entregando su mejor esfuerzo, en conjunto con vecinos y autoridades, para aportar activamente a hacer frente a los desafíos del territorio”.

 

Fuente:https://www.relaves.org/post.php?id=110

Internacional

El problema evidente con la minería del suelo marino

Autor: Kurt Cobb , País Minero.com
Un artículo reciente  sobre minería submarina en  The Atlantic  trajo de vuelta una memoria infantil detallada. Cuando estaba en quinto grado, mi clase organizó una especie de mini feria de ciencias y un programa de artes escénicas para padres. Mi proyecto se centró en la posibilidad de extraer los océanos. Dibujé una gran ilustración en color similar a un mural que mostraba un submarino estacionado justo sobre el fondo del mar donde colgaba minerales con grandes mangueras. 
El submarino tenía tuberías anchas que lo llevaban a la superficie donde un barco recibió los nódulos de mineral recogidos por las mangueras. Durante mi presentación, el salón de clases estaba oscuro, y mi mural estaba iluminado con tres pequeñas lámparas articuladas encendidas y apagadas por un compañero de clase mientras atravesaba las distintas fases de las operaciones mineras en una sala destinada a imitar la oscuridad y la profunda premonición.
Resulta que muchos años después, mi investigación superficial en la minería oceánica como estudiante de quinto grado arrojó una descripción más o menos precisa de lo que está por suceder en los océanos a principios de la próxima década. Las naciones del mundo pueden concluir un tratado que rige la minería submarina a través de los auspicios de las Naciones Unidas a partir del próximo año. Una vez que se concluya, se espera que comience la extracción a gran escala de los fondos oceánicos.
Un método, que ya está en uso en aguas costeras controladas por países individuales, será aspirar los nódulos de mineral que yacen en el lecho marino con enormes aspiradoras y filtrar el sedimento que lo acompaña. Este método se moverá rápidamente al océano profundo una vez que se apruebe el tratado, lo que dará como resultado enormes y densas nubes de partículas suspendidas bajo el agua, posiblemente a cientos de kilómetros de sitios de minería submarina. A los científicos les preocupa que tanto la aspiradora como las plumas destruyan ecosistemas enteros de los que sabemos poco.
Recuerdo la minería hidráulica empleada en California a fines del siglo XIX para recuperar oro de las montañas allí. Lo que hoy parece erosión natural en esas montañas es a menudo el resultado del lavado a alta presión de las laderas de las montañas con agua para desenterrar motas de oro escondidas en el suelo.
Los geólogos estiman que  este tipo de minería envió 13 mil millones de yardas cúbicas de Sierra Nevadas  por las montañas y los ríos de California. Los fondos del río se llenaron, se levantaron y arrojaron sus escombros en tierras adyacentes que cubren miles de acres de tierras de cultivo con los desechos de la minería. Cuando el agua llegó al océano debajo del puente Golden Gate de San Francisco, todavía estaba marrón con limo.
La minería en el océano profundo probablemente no afectará las costas porque la minería se llevará a cabo demasiado lejos de la tierra. Sin embargo, es probable que los efectos sean profundos. Resulta que:
Alrededor de un tercio del dióxido de carbono generado en la tierra es absorbido por organismos submarinos, incluida una especie que acaba de ser descubierta en la CCZ en 2018. [La zona Clarion-Clipperton, ubicada entre Hawái y México, tiene 1.7 millones de millas cuadradas de agua submarina. bienes raíces para la minería que también se asocia con la vida.] Los investigadores que descubrieron que la bacteria no tienen idea de cómo elimina el carbono del medio ambiente, pero sus hallazgos muestran que puede representar hasta el 10 por ciento del volumen secuestrado por los océanos. todos los años.
He preguntado en una pieza anterior:  «¿Sin qué especies estamos seguros de que podemos sobrevivir?»  Esta pequeña bacteria puede ser una de ellas. Pero, como resultado, hay un número innumerable de especies de las que no sabemos nada porque nadie ha tenido los recursos o el equipo para profundizar en el océano para hacer un catálogo exhaustivo de organismos vivos allí. Aun así, estamos a la vanguardia de eliminar a muchos de ellos sin siquiera comprender si podríamos necesitarlos para sobrevivir.
Irónicamente, todo esto estará al servicio de la llamada «economía verde». Los minerales que se encuentran en los fondos marinos del océano ( cobre, cobalto y manganeso) son cruciales para alejarse de los combustibles fósiles hacia la electricidad como combustible para la flota de transporte del mundo. ¿Terminaremos devastando los organismos oceánicos que absorben más dióxido de carbono del que ahorraremos al avanzar hacia el transporte electrificado? En nuestra ceguera, no podemos ver que nuestras soluciones conducen a más problemas, algunos de los cuales simplemente agravan nuestros problemas. Las plumas resultantes de la minería submarina contendrán en algunos casos mercurio y plomo liberados del fondo marino que envenenarán el océano circundante y las criaturas grandes y pequeñas que viven allí.
Cuando hice mi presentación de quinto grado, no estaba pensando en las consecuencias, solo en las riquezas. Repartí muestras de metales que había adquirido de un profesor de química de secundaria que se interesó en mi proyecto. Pequeños e irregulares glóbulos de manganeso, cobre y hierro —metales que las operaciones mineras podrían capturar en forma de trozos polimetálicos— circulaban entre los padres y los estudiantes.
Algún día alguien se hará rico extrayendo estos minerales , pensé en ese momento. Que algún día parece estar llegando.
Fuente:https://www.paisminero.com/mineria/mineria-colombiana/20643-el-problema-evidente-con-la-mineria-del-suelo-marino
Venezuela

Minería imparable, parques nacionales invadidos y derrames que no cesan: las deudas ambientales de Venezuela en el 2019

Autor: Lorena Meléndez G. | Mongabay Latam
  • Especialistas coinciden en que el año sirvió para que se intensificaran los conflictos que el país arrastra desde hace años.
  • Dos episodios recientes muestran la gravedad de la situación: el gobierno difunde videos sobre minería y la presenta como la gran solución a la crisis.
  • En otro flanco, fuerzas de seguridad del Estado incursionan en territorios indígenas para apoderarse de la riqueza de sus tierras.

En un país que atraviesa una emergencia humanitaria compleja como la de Venezuela, hablar de conservación, naturaleza y biodiversidad es también verificar que los derechos ambientales también se resienten, se quiebran. Por eso, hacer una retrospectiva del año en esta materia es llegar a la conclusión de que los problemas no hicieron más que agudizarse por razones tan diversas como la profundización de una actividad extractivista que no respeta estándares ambientales y que es vista como el salvavidas a la crisis económica, hasta la flexibilización de normas para la protección de áreas protegidas que hace una década eran infranqueables.

Esa es la conclusión a la que llegan los especialistas consultados para este balance sobre la situación ambiental y de las tierras indígenas en la nación con mayor caída del Producto Interno Bruto en la región (70 % en los último seis años) y una hiperinflación inédita que ya acumula 25 meses.

“El 2019 fue la continuación de un proceso. Hay temas ambientales que inciden e intensifican la emergencia humanitaria compleja y, a su vez, elementos de la emergencia humanitaria que inciden sobre los problemas ambientales”, explica Alejandro Álvarez Iragorry, biólogo y coordinador de la Coalición Clima 21 – Ambiente y Derechos Humanos, quien precisa que esto sucede con el conflicto minero, que no solamente constituye un crimen ambiental sino que también repercute en ámbitos sociales, culturales y de salud.

Lo imparable: nada detiene el avance de la minería

 

El lanzamiento del Plan Minero Tricolor, que implica la entrega de un yacimiento a cada gobierno regional, y la militarización de territorios indígenas en donde hay minas de oro y diamantes pusieron en evidencia, el último año, las intenciones de la administración de Nicolás Maduro de intensificar sus acciones para incrementar la explotación minera en el país.

Eso es lo que establece el Plan Sectorial Minero 2019-2015 al que le dio la bienvenida en junio pasado, cuyo primer objetivo es “fortalecer e incrementar la producción nacional del sector minero a su máxima capacidad instalada” y, aunque más adelante advierte que el negocio extractivista respetará y protegerá el medio ambiente, su actual ejercicio sugiere lo contrario.

Una muestra es, por ejemplo, un video que promociona a la minería como el futuro de Venezuela y que asegura que ese oro será el que permita que tanto el petro, la criptomoneda del chavismo, como el bolívar, que solo en 2019 se ha depreciado más de 98 % de su valor, tengan proyección en la economía mundial. Las imágenes, que luego de mostrar la inmensidad del río Caura exhiben a los mineros con sus bateas en un área devastada de El Sipao —un sector de la zona occidental del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, donde hace dos años un alud sepultó a cuatro trabajadores y dejó más de una decena de heridos—, ilustran el audiovisual en el que, al final, se agradece a Dios porque en cinco estados de la nación se puede extraer oro.

“Dentro de nuestro contexto, se ha acelerado el proceso de daños como consecuencia de la minería a una velocidad que nunca habíamos tenido antes. Venezuela es el país de la región amazónica con mayor velocidad en el incremento de la deforestación”, según el último informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). “Todos los parque nacionales y las cuencas hidrográficas localizadas al sur del Orinoco están siendo afectadas”, señala Álvarez Iragorry, quien aclara que frente a otras realidades amazónicas, la nación todavía está detrás de Brasil y Bolivia, donde los efectos del extractivismo son mucho más graves.

En esa misma línea extractivista, el 15 de octubre pasado se hizo un anuncio sin precedentes: Maduro prometió entregar una “mina de oro productiva” a cada gobernación (gobiernos regionales) chavista. Esta decisión se desprende del “Plan Minero Tricolor”, que contempla también una serie de alianzas con empresas nacionales e internacionales para generar ingresos a la nación a través de la exploración y explotación de minerales.

La noticia rápidamente impactó a la opinión pública y acaparó el interés en las redes sociales. Una de las primeras en reaccionar fue la diputada de la Asamblea Nacional, Mauligmer Baloa, quien señaló que el nuevo plan ponía en peligro la existencia de los indígenas que habitan los territorios donde están las minas de oro.

Una semana después, el anuncio cobró mayor relevancia con la visita del ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto, a los yacimientos del estado Bolívar en compañía de los gobernadores de Bolívar, Barinas y Delta Amacuro para realizar una inspección previa a la entrega. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, ninguna gobernación venezolana había recibido la mina de oro para administrarla.

Para el exsenador y especialista en derecho ambiental, Alexander Luzardo, la decisión de entregar minas a las gobernaciones responde a una lógica en la que el gobierno intenta implicar a la población y hacerla responsable de la destrucción del país. El exsenador encuentra relación entre este caso y el programa de los “lingoticos”, oficialmente “Plan de ahorro en oro”, que invitaba a la población a comprar el metal dorado proveniente del Arco Minero al Banco Central de Venezuela (BCV).

“Esta es una política de repartición del territorio geográfico en grupos de interés. En el caso de Bolívar, se decide que a los 20 gobernadores se les da un pedazo del estado (…) Es una aberración porque convierte al país en un campo para ser depredado sin ninguna salida alterna. Es tratar de buscar la riqueza fácil y repartirse el territorio en tajadas”, concluye.

Luzardo insiste en que tal decisión atenta contra todo principio de ordenación del territorio, preservación ambiental y cualquier propuesta económica de sustentabilidad. Álvarez Iragorry tiene una visión todavía más preocupante sobre el anuncio: en una zona controlada por bandas criminales y grupos guerrilleros, las autoridades regionales se verían obligadas a pedirles permiso para extraer el oro. “¿Cuál es el mensaje? Que cada gobernador tiene que entenderse con el “pran” (palabra que se usa para referirse a un líder criminal de las cárceles en Venezuela, cuyo uso se extendió a las minas) local. A mí me asombra el nivel de irresponsabilidad”, reclama.

A todo ello se suma la propuesta de la Asamblea Nacional de avanzar con una Ley de Minas, en manos de la Comisión permanente de Energía y Petróleo, que pretende normar la actividad extractivista y agrupar todas las legislaciones relacionadas con el tema en un mismo documento, en el que se establezca un nuevo ministerio que sea la máxima autoridad del país en la materia.

Pese a que el proyecto hasta ahora no es de conocimiento público, especialistas como Luzardo advierten que una nueva ley sería incluso peor que otro Arco Minero, porque implicaría ver “a todo el país como un campo de extracción” y avalar en el fondo un “ecocidio sistemático”.

Además para el especialista en derecho ambiental, esta polémica ley echaría a perder  todos los avances logrados por el órgano legislativo (de mayoría opositora) en el área, que van desde la derogación del decreto del Arco Minero del Orinoco —la obra concebida por el gobierno de Maduro que creó una zona de explotación de minerales de casi 112 mil kilómetros cuadrados—, pasando por los informes de investigación relacionados con las continuas masacres ocurridas en estos territorios, hasta la aprobación en 2018 de la Ley de la megarreserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco, que impulsó la creación de un corredor ecológico conformado por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. “En Venezuela somos víctimas de una reedición permanente del mito del dorado”, enfatiza.

Lo grave: la militarización de los territorios indígenas

 

En apenas un año, el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, el mismo que alberga al Parque Nacional Canaima (Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1994), ha sido escenario de tres hechos de sangre. Entre las víctimas fatales están seis indígenas pemones que han quedado indefensos frente a sus victimarios: las fuerzas de seguridad del Estado.

Para el líder indígena Ricardo Delgado, exalcalde del municipio, la intención en cada una de estas incursiones ha sido el apoderarse de sus territorios ancestrales para explotar sus minerales. Esto fue lo que sucedió el pasado 22 de noviembre, cuando decenas de hombres armados cometieron una masacre en la comunidad de Ikabarú, que a pesar de estar fuera de los límites del Arco Minero del Orinoco, fue catalogado por Maduro como un “Bloque Especial” del mismo. Allí mataron a ocho mineros, incluyendo a un indígena.

Aunque la versión oficial del hecho indica que los autores materiales fueron los miembros de la banda criminal armada de “El Ciego”, que desde hace años controla los yacimientos de La Paragua y El Manteco, los pobladores de Ikabarú y las ciudades cercanas están convencidos de que se trató de un ataque militar: algunos identificaron entre los presuntos homicidas a efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El gobierno buscó la salida más simple: guardar silencio. La Fiscalía General de la República se pronunció 13 días después para anunciar la detención de ocho de los presuntos implicados. Sin embargo, Delgado asegura que los capturados son habitantes de comunidades cercanas, incluyendo a una persona que resultó herida en el hecho. La zona permanece bajo la vigilancia de los uniformados.

Al respecto, Álvarez Iragorry confirma que en Gran Sabana hay tensiones por conflictos de tierras. “Quieren [los militares] sacar del juego algo que el año pasado les molestaba, que era el control territorial pemón, porque los pemones tienen su propio sistema de autoridades”, expresó el especialista, quien acotó que en los últimos años comunidades indígenas de zonas como Urimán y Alto Paragua denunciaron que los soldados ingresaban a sus minas para intentar tomarlas. Para ese momento, ninguno lo había logrado porque los aborígenes los expulsaban. A finales del año pasado, todo cambió.

En diciembre de 2018 hubo una incursión armada en el sector Arenal del Parque Nacional Canaima, donde se practica la minería en balsas en el río Carrao desde 2013. Ese día, funcionarios de la DGCIM que se hicieron pasar por turistas, secuestraron una embarcación y la hicieron dirigirse a la zona minera, en donde dispararon contra los indígenas. El hecho dejó un muerto y dos heridos. Todos eran pemones.

 

Continúa leyendo esta noticia junto a las imágenes , aquí:https://es.mongabay.com/2019/12/mineria-parques-nacionales-derrames-balance-ambiental-venezuela-2019/

Mexico

Analizar y concientizar los problemas de basura y las afectaciones de la minería, reto de los dolorenses

Autor: Más de acá.com
CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO SE REALIZÓ EL FORO PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES Y EXTRACTIVOS EN DOLORES HIDALGO, DONDE SE EXPUSIERON ALTERNATIVAS PARA SER UNA CIUDAD DE “BASURA CERO”

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto. – La asociación Lázaro Cárdenas del Río realizó un foro donde se expusieron diferentes alternativas que se tienen en la actualidad para lograr que una ciudad deje de producir basura y esta se transformen en residuos que debido a su composición puedan ser recuperados para la industria o compostados para el campo, con lo que se lograría una dinámica que protegiese al medio ambiente.

Para ello también presentaron el cuadernillo informativo titulado “Construyendo dignidad protegiendo el medio ambiente ¿Qué es la basura cero”, donde e resalto que el principal obstáculo es la voluntad política, en donde se tendrían que adecuar las leyes para poder normar el actuar de la población conforme a un plan que ayude a la generación de residuos aprovechables y el compostaje comunitario donde se aproveche todo el material orgánico, con esto se reduciría un poco mas de la mitad lo que llega a los rellenos sanitarios, expuesto por el biólogo marino Jorge Tadeo Vargas coordinador de centro de desarrollo comunitario y sustentabilidad.

De la misma forma se habló de los problemas que a los que se enfrentará el municipio de abrirse la mina a cielo abierto del proyecto de San Antón de las Minas, la problemática de contaminación ambiental al que se enfrentará el municipio en el caso de la apertura de la mina a cielo abierto en la comunidad de San Antón de las minas, siendo el principal la contaminación del agua y el subsuelo de la cuenca de la independencia, señalado por Gustavo Lozano de la Red Mexicana de afectados por la minería.

Esto se suma al riesgo de los lixiviados producidos por la basura como lo señalo Abel Balderas Ramírez quien señala que este es el principio para buscar alternativas que den resultados para todos donde también estén incluidos los trabajadores recicladores (pepenadores del relleno Sanitario)

 

Fuente:https://masdeaca.com/analizar-y-concientizar-los-problemas-de-basura-y-las-afectaciones-de-la-mineria-reto-de-los-dolorenses/?fbclid=IwAR0lVfQ1CuiOIfnpMuGs2mS2zveqeeRpFIKO5debBU6VyqUTHiJWpt9yHkM

Argentina

Si contamina no es Progreso, El Agua vale más que el Oro.

Autor: Psyche.unc.ar

La Decana y el Vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba expresan su profunda preocupación y rechazo a la modificación de la Ley 7722 en la provincia de Mendoza, para habilitar el uso de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico y otras similares, lo que significa la apertura de la provincia a la explotación de la megaminería. La actividad se encontraba limitada desde 2007 como resultado de un extenso reclamo popular y bajo el principio de tutelar el agua.

Entre los artículos modificados de la Ley 7722 —ratificada en 2015 por la Corte Suprema mendocina—, el central es el 1º. Prohibía la utilización de sustancias tóxicas «a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico» en una provincia que se encuentra hace 11 años en emergencia hídrica. La megaminería utiliza cientos de litros de agua por segundo para limpiar el material extraído de la montaña.

Nuestra unidad académica tiene claros antecedentes de haber sido impulsora de la resolución del Honorable Consejo Superior de la UNC, por la cual se rechazaron los fondos provenientes de la megaminería.

En dicha resolución se reconoce explícitamente que las actividades de la minería a cielo abierto tienen impactos de corto, mediano y largo plazo, tales como: el alto consumo de recursos naturales estratégicos y energéticos; los efectos negativos sobre las cuencas de varios ríos; la contaminación y los efectos a largo plazo del proceso de drenaje ácido; la grave e irreversible destrucción de los ecosistemas; la degradación de la calidad de vida en las regiones afectadas.

Desde estos antecedentes no podemos más que señalar que el cumplimiento del Artículo 41 de la Constitución Nacional es claro en cuanto a la responsabilidad del Estado Nacional por adherir a numerosas legislaciones, instrumentos y marcos regulatorios regionales e internacionales respecto de la protección del medio ambiente; los beneficios y excepciones (como la reciente baja de retenciones) con los que cuenta la actividad minera; a lo que se debe agregar que es una verdadera deuda de la democracia que siga vigente la modificación del espíritu de la Ley 14.771 realizada durante la última dictadura militar para permitir la extrajerización de la actividad minera. De esta manera, la megaminería es siempre sinónimo de saqueo, contaminación y muerte en beneficio de las corporaciones.

Finalmente queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de la provincia de Mendoza que de manera mayoritaria en una movilización histórica ha expresado su enérgico rechazo a esta inconsulta medida. En el mismo sentido, como universitarios no podemos más que condenar la brutal represión con la que el gobierno provincial respondió a una legitima acción popular masiva.

 

Fuente:https://psyche.unc.edu.ar/portfolio-items/si-contamina-no-es-progreso-el-agua-vale-mas-que-el-oro/?fbclid=IwAR2fry0i8q4_JFaIMf8AfdT8U8B0T3qXSa9zM4KuJ6abtnrSXdsZKlxcBwc

Perú

MEM deberá consultar a comunidades de Atuncolla si procede concesión minera dentro de sus territorios

Autor: Servindi.org /Muqui.org

RESOLVIÓ PODER JUDICIAL EN PUNO

  • Fallo histórico deja precedente al hacer prevalecer derechos comunales de comunidades campesinas
  • Corte superior indica que INGEMMET debe respetar Convenio 169 antes de otorgar concesiones mineras en Puno

La Primera Sala Civil de Puno dispuso que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no puede otorgar ninguna concesión minera, sin que se lleve a cabo un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas propietarias de los territorios ancestrales sobre las que se superponen estas actividades extractivas, informó Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), organización miembro de la RED MUQUI.

Esta orden judicial recae directamente sobre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), que en el futuro no podrá otorgar concesiones mineras, si antes no realiza un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas que podrían afectadas, de acuerdo al convenio 169 suscrito con la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Cristóbal Yugra, director de DHUMA, indicó que la sentencia indica que, en adelante, se le podrían aplicar restricciones al INGEMMET, en caso no cumpla en aplicar proceso de consulta previa a las concesiones mineras.

 

“Esta ordena al Ministerio de Energía y Minas, así como al INGEMMET, a no volver a incurrir en la inobservancia del Convenio 169, bajo apremio de aplicar las medidas coercitivas que prevé el artículo 22 del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237), sin perjuicio de las responsabilidades penales que hubiera lugar”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Últimas en enterarse

En este caso, el sector Energía y Minas impuso la actividad minera en Atuncolla, al autorizar la concesión del 100% de los territorios de estas comunidades campesinas, que además nunca fueron notificadas al respecto.

En ese sentido, la Sala Civil de Puno también reconoce que las concesiones mineras se expiden de espaldas a las comunidades campesinas.

 

«Concesionan territorios comunales de las demandantes, sin que éstas tengan conocimiento alguno y con la mera posibilidad de realizar consulta previa, una vez que la concesionaria de inicio propiamente a la actividad minera de exploración y explotación», refiere la Corte Superior.

Por su parte, DHUMA y el Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL) han insistido en que esta forma de emitir estas concesiones, por parte del INGEMMET, es casi clandestina, con el fin de que las comunidades campesinas no se enteren a tiempo, y no puedan actuar mediante recursos legales, en caso decidan oponerse a la actividad minera.

“Nunca hay una notificación impresa y concreta en el domicilio de la propia comunidad, solo publicaciones a través de avisos en diarios locales que jamás leen los que deberían hacerlo. De tal manera, en los hechos las comunidades campesinas no tienen manera de saber que se ha expedido una concesión, y que hay una concesión en su territorio. Todo ello deja en indefensión y en desprotección el derecho al territorio y a la propiedad de las comunidades campesinas”, asevera tanto DHUMA, como IDL.

Cristóbal Yugra agregó que el INGEMMET no había tomado en cuenta que las comunidades campesinas existentes en Puno tienen un reconocimiento formal, e inscrito en Registros Públicos. Es decir, el MEM ignoró a estas personas, así como a los derechos que los asisten como pueblos indígenas. De esta manera, se violaron los artículos 15 y 16 del Convenio 169, lo cual resulta inconstitucional.

“En uno de sus argumentos de sentencia, la sala señala que el Estado peruano no puede justificar el incumplimiento de los tratados internacionales con leyes internas. Esta sentencia es valiente e histórica en razón de que es la primera sala que se da en Puno, donde el Poder Judicial exige que se cumpla el Convenio 169”, refirió.

Según el artículo 6, inciso 1, del Convenio 169 de la OIT: “Las concesiones mineras deberán ser consultadas si es que se acredita que afectan directamente a las comunidades campesinas”. A ello se suma, que, conforme a la Convención de Viena, el Estado no puede alegar normas de su derecho interno para incumplir tratados internacionales vinculantes y de carácter constitucional, como el Convenio 169.

INGEMMET responde

Por su parte, el INGEMMET se justifica aduciendo que no debe consultarse la emisión de concesiones mineras, ya que la expedición de las mismas no autoriza la realización de exploración; en consecuencia, no afecta a las comunidades campesinas.

 

No obstante, la Primera Sala Civil de Puno, rebate este argumento al señalar que ello no exonera al Gobierno de realizar la consulta previa con las comunidades afectadas.

Esta sentencia se expidió en el marco de un proceso de amparo presentado por las 11 comunidades campesinas del distrito de Atuncolla (provincia y región de Puno), contra el MEM y su organismo público descentralizado, INGEMMET (Expediente N° 01846-2012).

Poder Judicial puede evitar conflictos socioambientales

Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) enfatizó en que este fallo, evitará que las comunidades opten por medidas de protesta como el aymarazo. Como abogado defensor, destacó que las comunidades han dado un claro ejemplo, sobre cómo este tipo de procesos deben ser resueltos por la instancia judicial.

“Esta resolución demuestra que el Poder Judicial tiene un papel que jugar, en los conflictos socio ambientales, cuando se afectan derechos fundamentales o los tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional. Esto sienta un histórico precedente de protección al territorio ancestral de los pueblos indígenas en el Perú”, remarcó Ruiz Molleda.

DATO:

Comunidades de Atuncolla: Palcamayo, Trinidad de Moyogachi, Colca, Patacancha, Ticani Pampa, San José de Principio de Santa Cruz, Virgen de Soledad de la Cochela, San Jerónimo de Ullagachi, Micaela Bastidas de Yanamojo, San Antonio de Umayo y Jipa Grande y Chico.

 

Fuente:https://muqui.org/noticias/muqui-informa/mem-debera-consultar-a-comunidades-de-atuncolla-si-procede-concesion-minera-dentro-de-sus-territorios/

Argentina

Ambientalistas de Jacobacci se manifestaron en contra de la megaminería en Calcatreu

Autor: Río Negro / No a la Mina.org

Integrantes de la Asamblea de Jacobacci por el Agua y el Territorio volvieron a manifestarse en contra de la megaminería en Calcatreu. Además, en el marco de los acontecimientos ocurridos a nivel nacional, repudiaron el accionar del gobierno de Mendoza en la movilización que se realizó en esa provincia para evitar la reforma de la Ley 7722.

La posición se dio a conocer en la jornada en la que se conoció el otorgamiento de permisos por parte del DPA a Minera Aquiline Argentina para que pueda iniciar una nueva campaña de exploración en Calcatreu y concretar el campamento que levanta en la zona de Lipetrén, a unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci.

La agrupación ambientalista dejó en claro su postura opositora a través de un comunicado, en el que señalaron que Calcatreu «es solo la punta de un ovillo que involucra a cientos de proyectos de minería metalífera que, lejos de resolver los problemas como localidad y región “nos va a terminar de definir como zona de sacrificio”.

“Nos quieren hacer creer que esta minería es inevitable, que estamos condenados a resignarnos por vivir en un territorio rico en minerales y que estos son totalmente necesarios para la vida cotidiana»

Asamblea de Jacobacci por el Agua y el Territorio

«Nunca podría ser sustentable en la medida que vuelan cerros con toneladas de explosivos y usan cianuro, mercurio y ácido sulfúrico que se acumulan en embalses junto a millones de litros de agua como residuos contaminantes”

 

Respecto a la necesidad de generar empleos en una región con su principal economía como lo es la ganadería ovina y caprina, aún en crisis, admitieron que las fuentes de trabajo de los proyectos mineros son temporales y en un estado avanzado son mínimas y altamente calificadas. “Nosotros no somos los responsables del desempleo y en muchos casos hay un vacío intencional de propuestas laborales para favorecer la instalación de estos proyectos mineros”.

Agregaron que los organismos competentes no cuentan ni con las capacidades ni con los recursos necesarios para garantizar el control del más mínimo impacto ambiental.

“Nos dicen que la minería metalífera es aceptada por la mayoría de la población, entonces por qué en las campañas electorales no se expresan a favor… por miedo a perder votos? Nos preguntamos: ¿estamos dispuestos a utilizar en nuestra región cada vez más afectada por la sequía millones de litros de agua por día para extraer minerales destinados en su mayoría a la especulación financiera? ¿A qué vuelen nuestros cerros con toneladas de explosivos y utilicen sustancias contaminantes para separar los minerales que se llevarán, a cambio prácticamente de nada con los pasivos ambientales que esto implica? ¿A que estos proyectos se instalen en territorios de comunidades indígenas y de campesinos que generación tras generación han sostenido a sus familias a partir de la producción?”, agregaron.

Detallaron que la opción para cubrir las necesidades sigue estando en el fomento de la ganadería, de la agricultura, el turismo, el comercio y empresas de servicios y las industrias no contaminantes.

Río Negro – Mendoza

Por otro lado compararon lo que sucede en Mendoza, con lo ocurrido en Río Negro en diciembre de 2011 cuando, días antes de Navidad, el ex gobernador Carlos Soria (FpV) a pocos días de haber asumido derogó la Ley Provincial 3981, similar a la ley  7722 de Mendoza.

“Más allá de los partidos políticos y de los funcionarios y funcionarias de turno, lo que está cada vez más claro es que el modelo extractivo no se toca. La Ley de Inversiones Mineras del año 1993 está más vigente que nunca. Parece que nada importa lo que dice la Constitución Nacional y Provincial en materia de protección ambiental ni las Leyes que van en el mismo sentido, todo esto es violado sistemáticamente por aquellos que juran por Dios, la Patria y por el Pueblo”, sentenciaron.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/43413-ambientalistas-de-jacobacci-se-manifestaron-en-contra-de-la-megamineria-en-calcatreu