Internacional

Tribus nativas americanas impiden que empresa minera de cobre destruya tierras ancestrales

Durante demasiado tiempo, nuestro sistema de justicia se ha puesto del lado del gobierno y las corporaciones a expensas de los derechos de los pueblos indígenas como los nativos americanos. Pero un fallo de un juez contra una compañía minera en Arizona puede estar sentando un nuevo precedente.

Durante miles de años, la nación Tohono O’odham, la tribu Pascua Yaqui, la tribu Hopi y varios otros han enterrado a sus antepasados ​​en las montañas de Santa Rita y utilizan las áreas circundantes para mantenerse conectados con el mundo natural que veneran.

Entonces, es comprensible que cuando Hudbay Minerals trató de excavar una mina de cobre masiva en el lugar y arrojar miles de toneladas de desechos tóxicos en el agua y en las tierras públicas circundantes, las tribus se horrorizaron.

«Nuestra relación con la tierra es ante todo», dijo el presidente del Distrito de Tohono O’odham Nation San Xavier District Austin G. Nuñez en un comunicado . “Cuando nuestros ancestros Hohokam ‘dejaron a sus seres queridos en su lugar de descanso final, nunca imaginaron que los molestarían. Hacemos todo lo posible para no molestarlos. Todavía sentimos sus espíritus hoy «.

No es la primera vez que una empresa minera ha intentado violar estas tierras en busca de riquezas. Una empresa quebró en realidad tratando de excavar una mina bajo los restos de antiguos miembros de la tribu. Las compañías mineras también están tratando de explotar el área del Gran Cañón y otros Parques Nacionales y tierras públicas para su propia codicia a pesar de que estas tierras pertenecen a la gente, no a las corporaciones. La industria también quería construir una mina a las afueras del Parque Nacional de Yellowstone, solo para ser derribada por un juez porque la operación amenazaba con envenenar las vías fluviales como Hudbay lo haría en las montañas de Santa Rita. Envenenar las vías fluviales aquí daría un golpe devastador al frágil ecosistema.

Es por eso que las tribus buscaron ayuda del abogado de Justicia de la Tierra Stu Gillespie.

«Una de las partes más gratificantes de este caso fue compartir comida con los líderes de Tohono O’odham, [y] comprender sus formas culturales de vida y cuán importantes son las fuentes sagradas», dijo Gillespie. «No queremos que alguien construya una mina en el cementerio de Arlington».

De hecho, si una compañía minera construyera una mina en Arlington, los estadounidenses en todo el país perderían la cabeza, y con razón. Así es exactamente como se sienten estas tribus acerca de Hudbay tratando de construir una mina en sus cementerios sagrados.

Gillespie buscó una orden judicial preliminar para detener el proyecto, solo para que el juez fuera aún más lejos al decidir que Hudbay no tenía derechos legales para reclamar la tierra bajo una antigua ley obsoleta conocida como la Ley de Minería de 1872.

«Presentó una línea ininterrumpida de decisiones de la Corte Suprema, diciendo: ‘No, usted no tiene derechos bajo la Ley de Minería para contaminar esta tierra bajo miles de millones de toneladas de roca residual, sin evidencia de minerales valiosos'», explicó Gillespie. “El gobierno federal y Hudbay intentaron presentar la mayor cantidad de argumentos posible, pero todo era humo y espejos. El juez cortó eso muy claramente. Es una decisión poderosa que representa la proposición de que nadie debería obtener un pase gratuito para causar estragos en nuestras tierras públicas ”.

Por supuesto, la compañía minera probablemente apelará y un tribunal superior podría revocar el fallo, entregando aún más injusticia a los nativos americanos y sin respetar su historia y conexión con la Tierra.

Pero la tribu espera que se establezca un nuevo precedente.

«El fallo del juez muestra que hay esperanza en el sistema», señaló el presidente Núñez. “Hay buenas personas que creen en la soberanía de las naciones nativas y su derecho fundamental e inherente a la tierra y al agua. Ha reforzado nuestro voto de proteger y mejorar las tierras que tenemos. Oramos para que esa mina nunca se construyera. Así que sentí que nuestras oraciones habían sido respondidas «.

Con suerte, las montañas de Santa Rita y las tierras circundantes estarán protegidas para siempre de la explotación de la industria de combustibles fósiles. Es hora de que este país muestre más respeto a los nativos americanos y su cultura.

 

Fuente:https://www.greenandgrowing.org/native-american-tribes-block-copper-mining-company-destroying-ancestral-lands/

Chile

Humedales: La importancia de su conservación como fuente de agua y vida en Chile

En Chile hay cerca de cuarenta mil humedales dispersos de norte a sur y en diferentes formas, eso sí, todos sin importar su tamaño comparten la cualidad de ser los ecosistemas más relevantes para la vida humana.

Quizás los menos conocidos son los altoandinos. Ubicado a dos horas y media desde Santiago, el Parque Andino Juncal alberga cinco humedales importantes.

Catherine Kenrick es copropietaria del Parque Juncal y explica que hay que proteger el lugar de 13.796 hectáreas localizado a los pies del glaciar Juncal.

El terreno que durante décadas fue lugar de paso de campesinos y de ejercicios militares, cambió su estatus en 2010, sus características lo hicieron merecer la categoría Ramsar, un protocolo internacional para la protección de humedales.

 

Según detalla Alejandra Figueroa, consultora en biodiversidad, los humedales son como los bosques, forman un ecosistema y su importancia radica en tener agua. 

Es posible que todos, al menos una vez, hayamos pasado cerca de uno. Están en los lagos, en vegas, en desembocaduras de ríos, en pantanos, solo por mencionar algunos tipos. Pero lo que no todos sabemos es realmente qué es un humedal.

La bióloga Bárbara Saavedra enseña que “el agua no nace de la llave cuando uno la abre, sino que nace en la relación que establece la naturaleza con las rocas, con la geología y en la medida que nosotros tengamos ecosistemas saludables, en particular humedales, vamos a mantener una provisión de agua que salga por la llave u otro sitio“.

La biodiversidad de los humedales, no solo es admirada por su alto valor ecológico. Para muchos se han transformado en verdaderos paraísos donde observar flora y fauna. Un ejemplo de ello es la Red de Observadores de aves y vida silvestre de Chile (ROC), quienes han volcado su pasión a ser activos conservadores y divulgadores de la naturaleza en Chile: “Hay aves a las cuales para verlas hay que subir a la montaña”, dice Ivo Tejeda, director ejecutivo de ROC.

A lo largo de nuestro país los humedales varían en sus características.  En el norte destacan los humedales andinos y altoandinos. Generalmente se empinan sobre los tres mil metros de altura en lagunas, vegas, bofedales, salares, termas, ríos y glaciares.

En la zona central cambian sus características. El clima y los ambientes dejan atrás la alta radiación y los procesos de evaporación. Desaparecen los salares y los bofedales y surgen humedales andinos de vegas, en los valles, quebradas, esteros y lagunas costeras.

Mientras que en el sur de Chile, los ríos se vuelven más caudalosos, la vegetación aumenta y los suelos multiplican la aparición de zonas de mallines, humedales ribereños y boscosos, lagos, lagunas, pantanos y por sobre todo turberas.

 

Estos son los humedales más grandes del planeta, solo un 5% de ellos se encuentran en el hemisferio sur y casi todos ellos en la Patagonia. Tienen una enorme capacidad de absorber agua y son los mayores reservorios de carbono terrestre. En Tierra del Fuego destacan las turberas protegidas del Parque Karukinka.

Paisajes como estos se han ido deteriorando con el paso de los años. La regulación de la protección de estas áreas ha transitado lentamente, desde la creación del Ministerio de Medio Ambiente en 2010. Ya han pasado nueve años y el Servicio de Protección de Biodiversidaad y Áreas Protegidas, clave para el futuro de la ecología en Chile aún no existe. Situación que podría cambiar durante 2019.

La creación del Servicio de protección de Biodiversidad y Áreas protegidas, favorecería directamente la integración de ambientes marinos y terrestres, incluyendo a los humedales más importantes de nuestro país.

Una unión de conservación con esfuerzos públicos y privados, que actualmente radica en distintos órganos y servicios con marcos normativos y competencias muy dispersas. El Parque Andino Juncal podría ser un potencial beneficiado.

Fuente:https://www.cnnchile.com/pais/humedales-la-importancia-de-su-conservacion-como-fuente-de-agua-y-vida-en-chile_20190202/?fbclid=IwAR2Kf0tcoYIOhVmuXLxIhErJNM7ZoagJdTYS_4wYfuziTlxu86YI5DTn1MM
Perú

Cusco: construyen 33 qochas para sembrar y cosechar agua

El ministro de Agricultura y Riego, Ing. Agríc. Jorge Montenegro Chavesta, inauguró la Qocha “Wayñaccota” en el distrito de Sangarará, provincia de Acomayo, Cusco, acto simbólico con el que se dio inicio a la etapa de entrega de 33 qochas que se construyen en esa región.

De esta forma, se ponen en marcha las obras desarrolladas por la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”  en los distritos de Rondocan (3 qochas), Sangarará (3), Coporaque (18), Espinar (2), Accha (3) y Ccatca (4) ubicadas en las provincias de Acomayo, Espinar, Paruro y Quispicanchi, cuya inversión supera los S/. 3‘142,371.94.

Las qochas beneficiarán a 663 familias de pequeños productores de la agricultura familiar y tendrán un alcance de almacenamiento de 927,051.76 metros cúbicos de agua de lluvia, para irrigar 941.3 hectáreas.

“Estas obras, da las garantías a los pequeños agricultores de tener agua para que, en la apoca de su ausencia, puedan aprovecharla para más cultivos, tener pastos mejorados, forrajes, más alimentos”, señaló el titular del sector.

 

Fuente:https://agronoticias.pe/clima/cultura-del-agua/cusco-construyen-33-qochas-para-sembrar-y-cosechar-agua/?fbclid=IwAR2RjhSR4LDAk1OKRv0mo7DXsEUzrU4AfzRbldJdgT2kaxVeUdW9NcPm2Ko

Chile

Habitantes de El Melón se tomaron pozo de minera y el agua volvió al pueblo

Con un petitorio que incluye 24 demandas, hace dos semanas más de cien personas están instaladas con carpas en el pozo nueve de la mina El Soldado, exigen detener la sequía en que Angloamerican tiene a El Melón.


Karen White, vocera de la Sociedad Civil Organizada de El Melón, relata que desde el mes de abril los habitantes de El Melón -en la quinta región- estaban teniendo problemas con el abastecimiento de agua. “Había días completos en que el agua estaba cortada y cuando llegaba era con poca presión. Meses bañándonos con tarros y tomando agua embotellada porque las condiciones sanitarias son terribles”, asegura.

Según explica White, el agua de la comuna de El Melón es administrada por la municipalidad. “Se le llama APR (Aguas Potables Municipales) y sus pozos están secos, mientras que los de la mina El Soldado, propiedad de Angloamerican, están llenos de agua“.

“La minera de esta empresa es la gran causante de los conflictos medio ambientales que tenemos como pueblo. Que sus pozos están llenos de agua está amparado por ley y nosotros estamos un poco amarrados sin poder hacer nada”, puntualiza la vocera.

Medidas de presión

White dice que la contingencia nacional les sirvió como impulso para plegarse en las movilizaciones nacionales, pero con un enfoque local. “Nosotros en los cabildos que hicimos cuando comenzaron las movilizaciones, levantamos un petitorio. El 27 de octubre realizamos una marcha pacífica y le entregamos el petitorio a la empresa. Después de eso no recibimos ninguna respuesta en casi dos semanas“, asegura.

Hace 15 días no teníamos ni una gota de agua en nuestras casas y eso sirvió para que la gente tomara la iniciativa y fuera decidida en querer tomar acciones concretas de movilización. Así que nuestra siguiente medida fue tomarnos un pozo directamente“, relata.

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El pozo que decidieron tomarse es el número nueve y, según White, entrega 40 litros por segundo de agua a la minera. “Es uno de los que más agua tiene y cuando cortamos la electricidad del pozo y evitamos que siguiera bombeando agua a la mina, en menos de tres días la gente de la minera llegó”, explica.

 

Gracias a la acción de la comunidad, que durante 15 días ha congregado alrededor de cien personas acampando en el pozo, la minera decidió generar un by pass, es decir, una pequeña desviación desde la cañería del pozo nueve hasta el estanque municipal.

“Eso permitió que aproximadamente el 60% del pueblo volviera a tener agua potable. Sin embargo, eso subsanó en cierta medida el problema, ese es un punto, pero nosotros tenemos un petitorio con 24 demandas hacia la minera”, explica White.

“Además, lo que hicieron no está regulado legalmente, podrían perfectamente el día de mañana cortar el agua y no tendríamos ninguna garantía legal para impedirlo“, detalla.

Sin respuestas al petitorio

Según la vocera, aún persisten las ganas de continuar en la toma porque el petitorio también incluye otras problemáticas. “Como que tenemos un enorme tranque de relave que puede colapsar en cualquier momento y sepultar al pueblo completo. No estamos exagerando, incluso existe un plan de emergencia por si sucede”, asegura.

White dice que en la municipalidad no hay voluntad para cooperar. “El miércoles hubo una reunión con todos los actores involucrados, pero fue la misma alcaldesa, Margarita Osorio, quien nos expulsó y no pudimos participar”, enfatiza.

Andrés Marín, vocero de la organización Mesa Ciudadana El Melón-Nogales, sostiene que la alcaldesa les gritó para echarlos. “Ella acusa que la están atacando cuando se le emplaza con argumentos. Es solo una parafernalia para recuperar el control cuando no lo tiene”, detalla.

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Según White y Marín, una de las preocupaciones que más les aflige es la desmedida extracción de agua desde las napas subterráneas que realiza Angloamerican.

Literalmente van a secar al pueblo y lo van a matar, un pueblo seco es un pueblo sin vida. Yo recuerdo cuando era pequeño, en pleno verano, a veces abría la puerta del patio y estaba todo inundado porque se había rebalsado el canal. El estero tenía agua todo el año. Uno piensa en cómo era esto antes, cuánta agua había y creo que hemos naturalizado la sequía, los niños de ahora han naturalizado los ríos secos“, lamenta Marín.

White dice que como pueblo se están convirtiendo en una zona de sacrificio. “No queremos un futuro en el que nos empecemos a morir de cáncer, que nos veamos sepultados bajo el relave, ahora es el momento para que se hagan cargo de todo el daño que nos han causado”, puntualiza.

Según la vocera, para deponer la toma deberían existir avances concretos en las negociaciones. “Ellos deben disminuir su captación de agua, porque al fin y al cabo pueden intervenir todos los pozos que quieran, pero las napas en algún momento se van a secar y nosotros no podemos estar condenados a un futuro incierto”, detalla.

Puedes revisar el petitorio aquí.

*N.E: Hasta el cierre de esta edición, aún se está a la espera de respuesta por parte de Angloamerican. En cuanto a la municipalidad de El Melón, no fue posible obtener una respuesta.

 

Fuente:https://radiolaclave.cl/clima/habitantes-de-el-melon-se-tomaron-pozo-de-minera-y-el-agua-volvio-al-pueblo/?fbclid=IwAR1UYUV8Iutjo5ScnI4IAnmz4reg35VtHcXXwcs1QlF69YIPJOEtkcFBwAA

Perú

La Libertad: contaminación causada por minera afecta salud de pobladores en Parcoy

Habitantes de este distrito de la provincia de Pataz, acusan a Consorcio Minero Horizonte de contaminar ríos con relaves y afectar el aire con residuos de materiales tóxicos usados para la extracción aurífera.

Pobladores del distrito de Parcoy, en la provincia de Pataz, denuncian que la minería no sólo está acabando con los recursos naturales de esta zona de la región La Libertad, sino que viene afectando también su salud, causando graves e irreversibles daños por los que nadie se responsabiliza. Aseguran que el oro, ese metal que tanto ansían los extractores formales e ilegales que operan en este sector, no les deja ningún rédito.

“Desde hace años respiramos el polvo de los relaves y esto nos está provocando enfermedades respiratorias y en la piel, pero quienes más lo sufren son nuestros niños”, afirma el teniente gobernador, Eusebio Mendoza, una de las pocas autoridades de esta zona que se anima a denunciar las secuelas de la extracción de oro, no sólo por mineros ilegales, sino incluso por formales como el Consorcio Minero Horizonte.

En un documento presentado ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a fines de octubre, y al que tuvimos acceso, se indica que la minera en mención estaría vertiendo sus relaves de manera irresponsable en las aguas del río Retamas, que recorre el anexo del mismo nombre hasta desembocar en la laguna de Pías, la más importante de este sector.

“Antes podíamos pescar en el río y en la laguna, ahora ya no. Los pocos peces que quedan en estas aguas no están aptos para el consumo humano, tienen metales pesados. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Trujillo en el 2018 así lo demuestra”, explica Mendoza.

Lo más grave de todo, es que dicho consorcio opera de manera formal, con licencia del Estado, desde hace varias décadas. “Lo hace de manera irresponsable y sin ningún tipo de control”, acusan los . En noviembre del 2016, las rondas campesinas de Tayabamba, Chilia, Llacuabamba y Parcoy se unieron para exigir que la OEFA investigue el grave daño ambiental que la minera causaba en la zona.

“Hubo un paro de varios días, que consiguió llamar la atención de las autoridades por un momento, pero después todo quedó en nada. Llevamos años luchando para que se detenga esta depredación de recursos y que el Estado ponga mano firme, porque es la salud de nuestros hijos la que está en juego. Nosotros no nos oponemos a la minería, pero tiene que haber un control adecuado”, agrega Mendoza.

grupo larepublica

Vista aérea de la zona afectada por la contaminación.

En esta comunidad de la sierra liberteña, lo único que esperan sus pobladores es la presencia del Estado, tanto para fiscalizar como para velar por una actividad minera responsable, que beneficie a todos.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/2019/11/22/la-libertad-contaminacion-causada-por-minera-afecta-salud-de-pobladores-en-parcoy/?fbclid=IwAR2B8XsC2QyoJ4I9ajJwPyz8FU51pbrMm9lWwE9FWHk0rQ4JYjUnAidNsFg#.XdnzWPcsfMc.facebook

Mexico

Comunidad indígena gana caso y llama a revisar concesiones mineras

El representante de Fundar, Edmundo del Pozo, destacó que se requiere modificar el marco legal que otorga carácter preferente a la actividad minera, por lo que es necesario hacer cambios “más allá de una declaración política”

Comuneros y expertos señalaron que, aunque el actual gobierno ha señalado que no se otorgarán más concesiones a empresas mineras para “saquear” territorios indígenas, es necesario garantizar esa voluntad con modificaciones a la ley minera y revisar los permisos que se dieron en administraciones pasadas.

 

En conferencia de prensa el representante de Fundar, Edmundo del Pozo, destacó que se requiere modificar el marco legal que otorga carácter preferente a la actividad minera, por lo que es necesario hacer cambios “más allá de una declaración política”.

 

Recordó que con el Tratado de Libre Comercio, así como con la implementación de la ley minera en los años 90, hubo apertura y se entregó el territorio a las empresas, por lo que actualmente existen más de 25 mil permisos, es decir un tercio del país está concesionado a la minería.

 

De acuerdo con datos recabados en Fundar, en 2012 se habrían registrado 801 proyectos mineros, mientras en 2018 la cifra fue de mil 531.

 

“El nuevo gobierno ha dicho que no va a dar más concesiones, pero todo lo que ya se tocó en violación de los derechos de los pueblos indígenas ¿qué pasa con relación a eso?”, cuestionó Del Pozo Martínez.

 

Durante la presentación del caso ganado de la comunidad indígena-agraria de San Miguel del Progreso (Juba Wajiín) de la montaña de Guerrero frente al otorgamiento de concesiones mineras a empresas, la experta en derechos de los pueblos indígenas, Magdalena Gómez destacó que se trató de una “justicia por excepción” en la larga lucha de despojos.

 

Además, desde que los comuneros de San Miguel iniciaron su lucha no se centró en el derecho a una consulta, “lo centró en la defensa de su territorio y en la revisión de la inconstitucionalidad de la ley minera”, detalló.

 

Gómez Rivera recalcó que no se trata de tener o no esperanza en el nuevo gobierno para que mejore el tema, sino que de manera concreta se acabe con el duopolio que por años fue “Estado-empresa”.

 

Por otra parte, la lucha que en 2011 emprendió la comunidad de Juba Wajiín en la Montaña de Guerrero para defender su territorio frente al otorgamiento de las concesiones mineras a la empresa Hochschild Méxic fue ganada el 17 de octubre de 2019, cuando el segundo Tribunal Colegiado en materia penal en Acapulco confirmó la nulidad de la declaratoria de libertad de terrenos.

 

“Ante esa resolución ya no procede recurso alguno, por eso es que deja un precedente por lo menos en el ámbito legal, porque ya hay una sentencia firme”, indicó Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, quien resaltó que se trata de la primera resolución de este tipo en la entidad.

 

De acuerdo con la antropóloga y perito del caso Teresa Sierra, de no haberse ganado el caso 80 por ciento de las más de cuatro mil hectáreas de la comunidad habrían sido afectadas, no sólo en riqueza natural sino también cultural, espiritual y emocional.

 

Hizo un reconocimiento a los jueces pues, en su opinión, establecieron sentencias en diferentes niveles “que abrieron una mirada más liberadora, rebasando estos marcos obtusos, en ocasiones racistas, con los que se mira a los pueblos indígenas y a sus derechos, casi siempre subordinados a intereses económicos”.

 

Fuente:https://www.24-horas.mx/2019/11/14/comunidad-indigena-gana-caso-y-llama-a-revisar-concesiones-mineras/?fbclid=IwAR1MSGDX4-dXFj3vhF6l7iKbpxdR9Ysiv05tFiYneoo0VZdYFkDf1LRl8oM

Perú

Tras paralización, comunidades de Espinar logran acuerdos con el Ejecutivo

Una comitiva de alto nivel, encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, arribó al Centro Poblado Tintaya Marquiri en Espinar, Cusco, el día 19 de noviembre, con el objetivo de sostener una reunión con los representantes de las 13 comunidades originarias del área de influencia directa de la unidad minera Tintaya – Antapaccay que habían iniciado una medida de lucha los días previos.

El titular de la PCM destacó que este espacio de diálogo ha permitido intercambiar opiniones, diagnósticos, responsabilidades y respuestas para alcanzar una articulación entre los tres niveles de gobierno y la población.

Tras más de cinco horas de trabajo, se alcanzaron algunos acuerdos, entre los que destacan la conformación de un grupo de trabajo para la implementación de un fondo de emergencia social, que será liderado por el Gobierno Regional del Cusco.

Asimismo, El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) entregó un informe que explicaría los motivos por los cuales no se realizó el proceso de consulta previa antes de la aprobación del proyecto Tintaya – Antapaccay en el año 2010, lo cual era una de las principales demandas de las comunidades. En el Acta de la reunión se indica que esta omisión por parte del Estado de realizar el proceso de consulta previa aún queda pendiente de ser resuelta.

De igual manera, con relación a la ampliación del proyecto Tintaya – Antapaccay, denominado Proyecto Coroccohuayco, el MINEM anunció que en el plazo de 30 días se iniciarán las acciones para la implementación del proceso de consulta previa respecto a este nuevo proyecto minero, que representa una continuación de la unidad minera Tintaya – Antapaccay. En dicho lapso, este sector trabajará la normativa que corresponda para dicho fin, sin especificar en qué consistirá. Además se conformará una comisión multisectorial para evaluar presuntas afectaciones en el territorio de las 13 comunidades originarias de la provincia de Espinar. Lo que el acta de la reunión no deja en claro es qué se consultará y que se necesita una nueva normativa.

La comisión gubernamental presente en Espinar estuvo integrada también por el Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina; la Viceministra de Ambiente, Lies Linares; el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rossell; el viceministro de Minas, Augusto Cauti; la alta comisionada para el Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, así como representantes del ministerio de Agricultura y Riego y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre otros.

También estuvo presente el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente; el consejero regional por Espinar, Felipe Pacuri; el alcalde de Espinar, Lolo Arenas; y representantes de las comunidades de Huano Huano, Cala Cala, Huisa, Paco Pata, Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Suero y Cama, Huancané Bajo, Alto Huarca, Huarca, Anta Ccollana, Huisa Ccollana y Huini Coroccohuyaco.

Los problemas del Corredor minero

La más reciente medida de lucha se dio la medianoche del 12 de noviembre, cuando 13 comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar, que se verían afectadas por el proyecto Integración Coroccohuayco, perteneciente a la transnacional suiza Glencore, iniciaron un paro indefinido, exigiendo al Estado que haga valer su derecho a consulta previa. Se reportaron bloqueos en varios puntos del corredor minero del sur en la zona de Espinar.

Cabe recordar que el pasado 08 de noviembre, los dirigentes comunales tuvieron una reunión con altos comisionados del Estado, pero no llegaron a ningún acuerdo, debido a la insistencia de los funcionarios para que este tema lo vea el MINEM.

Las comunidades esperan que en esta oportunidad el Estado finalmente reconozca la omisión del proceso de consulta previa para la aprobación del proyecto Tintaya – Antapaccay en el 2010, exigiendo una compensación económica a la empresa. Asimismo, exigen que se establezca un proceso de consulta para determinar la viabilidad del proyecto de ampliación Coroccohuayco. Es importante resaltar que en la actualidad se encuentra en evaluación por parte del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) la Modificatoria del EIA del Proyecto Coroccohuayco, y una de las principales demandas de las comunidades de la zona (particularmente de la zona de Coroccohuayco) busca que los contenidos del EIA sean discutidos en el marco de la ejecución del proceso de consulta. Sin embargo, las normas sectoriales que desarrollan este derecho para el sector minería, señalan que la consulta previa solo se aplica antes de la autorización del inicio/reinicio de actividades de un proyecto minero, es decir, cuando todos los demás permisos (incluido el EIA) se encuentran aprobados. Diferentes instituciones públicas y privadas, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, se han manifestado en desacuerdo con la oportunidad de aplicación de la consulta previa (antes de la aprobación del inicio de operaciones), y demandan que este sea implementada durante el proceso de evaluación de los EIA, pues de lo contrario perdería eficacia y no garantizaría un adecuado ejercicio de este derecho colectivo de los pueblos indígenas.

Es importante que el Estado abra los espacios multiactor para dar una solución integral y permanente a las comunidades de la zona de influencia de la mina en la provincia de Espinar, y mejorar los mecanismos de participación y consulta previa que se han venido implementando hasta la fecha.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cusco-tras-paralizacion-comunidades-de-espinar-logran-acuerdos-con-el-ejecutivo/?fbclid=IwAR26qNqg7DvKWwR_10FzbAuY1HWNE_KBx5_hy7nGvUZWzxo7CgA6uSmcDKk

Argentina, Bolivia, Chile, Litio

La fiebre del litio amenaza a las culturas indígenas de los desiertos de sal andinos

La extracción de este metal alcalino para las baterías de los coches eléctricos requiere enormes cantidades de agua. Argentina, Bolivia y Chile son los más afectados.

No hace falta ser experto en energía para darse cuenta de que es imperativo buscar alternativas a los combustibles fósiles, entre otras cosas, porque estamos llegando al principio del fin de la producción de petróleo, pero sobre todo porque los efectos destructivos que provocan –agotamiento permanente de fuentes de agua, deforestación, inundaciones, vertidos tóxicos, incendios, huracanes, subida de los niveles del mar,  etc.–  son cada vez más palpables para la mayoría de la población mundial.

Una de las soluciones tecnológicas para paliar los deletéreos efectos de la economía del petróleo es la producción de automóviles eléctricos.  El estado de California, por ejemplo, planea reducir la emisión de gases en un 40% hasta llegar a niveles inferiores a los de 1990. Para ello, proyecta crear una serie de incentivos financieros y de regulaciones que permitan que en el 2030 haya 4.2 millones de autos eléctricos en su parque automovilístico.  En Europa algunos estados como Holanda tienen objetivos incluso más ambiciosos y aspiran a tener un parque automovilístico 100% eléctrico para el 2030.

Con semejantes incentivos estatales, los principales productores de autos mundiales –Ford, Toyota, Nissan, General Motors, BMW, etc.– hace tiempo ya que llevan experimentando con vehículos híbridos y modelos eléctricos, pero ninguna de ellas iguala en ambición ni en grandilocuencia tecno-utópica a la californiana TESLA y a su capitán de industria Elon Musk. Como Steve Jobs en su día, Musk,  portada incluso de revistas de entretenimiento como Rolling Stone,  es idealizado o vilipendiado como el auténtico gurú de una secta que podría salvarnos del apocalipsis ecológico sin renunciar a la comodidad de nuestros vehículos utilitarios. De las paredes de la gigafactory de Tesla en Nevada cuelga un cartel enorme que reza: “Para acelerar la transición mundial a la energía sustentable”.

TESLA produce automóviles eléctricos de lujo con la promesa de alcanzar niveles de producción masivos y precios al alcance de las clases medias. Pero, como el iphone en su día, los automóviles TESLA son mucho más que un automóvil: son el futuro, “un sueño hecho realidad”, como le escuché decir a una de sus usuarias californianas. Los modelos TESLA poseen, entre otras cosas, reconocimiento facial , capacidad de estacionarse automáticamente y, eventualmente, autonomía para operar sin control humano. Además de sus vehículos eléctricos, Musk ha producido en Australia la batería de litio más grande del mundo con 100 megavatios de potencia para abastecimiento eléctrico doméstico, planea fabricar camiones eléctricos para el transporte de mercancías pesadas e incluso lanzar automóviles que alcancen la luna.

Con estos mimbres resulta casi imposible restarse al optimismo tecnológico que promueve Musk, o, si no se comparte su visión futurista, al menos no reconocer la necesidad de iniciar lo antes posible una transición hacia el uso de energías alternativas al petróleo, a ser posible renovables y más limpias. Sin embargo, antes de aceptar las nuevas soluciones tecnológicas que se nos ofrecen, deberíamos, por una cuestión de ética esencial, preguntarnos de dónde vienen los materiales que hacen posible el uso de estas nuevas energías en la producción de vehículos limpios.

En este caso la pregunta puede ser bastante simple y, a la vez, bastante esquiva. La funcionalidad de los vehículos eléctricos depende de la capacidad de fabricar baterías relativamente livianas. Hoy por hoy esto se consigue fabricando baterías de litio, las mismas que también hacen posible que la batería de nuestros celulares y computadores funcione sin estar conectada a una fuente de red.  La pregunta entonces es: ¿De dónde viene el litio y qué efectos tiene su minería en las comunidades donde opera?

El litio está bastante concentrado en ciertas áreas geográficas. Hay litio en roca en Australia, en Carolina del Norte (Estados Unidos) y en algunos lugares de China, pero la forma más barata de extraer litio es mediante evaporación en salares (lagos de sal formados tras un prolongado periodo de erupción volcánica). Hay salares en Tíbet y en Nevada (Estados Unidos), pero la mayoría de las reservas mundiales de litio –entre el 80% y el 85% dependiendo de los expertos—están en una zona transandina que se extiende a través de las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile e incluye los salares de Atacama (Chile), Hombre Muerto, Olaroz y Salinas Grandes (Argentina) y Uyuni y Coipasa (Bolivia) entre otros muchos de menor tamaño. Se trata de cuencas endorréicas (cerradas al flujo de los ríos y otros cauces de agua) que oscilan entre los 2,400 y los 4,000 metros de altitud y que presentan índices de precipitación muy bajos y de radiación muy altos. O dicho más prosaicamente: hace mucho calor en el día, mucho frío en la noche y hay muy poco agua para la vida en general.

La revista Forbes, que rebautizó la zona con el nombre de «Arabia Saudí del Litio», describe en estos términos el Salar del Atacama:

«Nada crece en el corazón del Salar de Atacama, esta antigua cuenca lacustre, 700 millas al norte de Santiago, debe ser el lugar más seco del planeta, una tierra baldía, cubierta de una costra de rocas de sal que se parece a una plasta de vaca […]. Si no fuera por la preciosa salmuera que burbujea 130 pies por debajo de la superficie, los humanos se mantendrían alejados del Salar de Atacama».

Se trata de un gesto típicamente colonial: ver el territorio vacío para evitar hacerse cargo de los potenciales impactos ambientales y humanos que pueda causar la actividad emprendida por un agente foráneo como la minería del litio. Sin embargo, si el periodista de Forbes hubiera sido un poco menos bárbaro, se hubiera informado de que en los oasis que bordean el Salar de Atacama viven comunidades indígenas, según el registro arqueológico, al menos desde el 8,000 AD. De hecho, el pueblo atacameño o Lickan Antay –gente de la tierra en kunza, su lengua– fue capaz de levantar toda una civilización en mitad del desierto más árido del mundo, domesticar la llama y otros camélidos para utilizarlos en sus largas caravanas transandinas, emplear el fruto del chañar y del algarrobo (dos de los pocos árboles que crecen en estos parajes) para aportar proteína a su dieta y fabricar “aloha”, un licor utilizado en ceremonias y ritos. En los Oasis del Salar de Atacama se cosecha hoy alfalfa, maíz, papas y habas; en sus huertos sigue habiendo árboles frutales que reciben agua a través de un escrupuloso sistema de uso comunal del agua que convive con el turismo ecológico y otros emprendimientos comunitarios. Y por si todo eso fuera poco además han sobrevivido a las distintas olas de colonialismo desde la llegada de los españoles hasta el presente.

Por eso, las malas noticias para los inversionistas de Forbes y para el optimismo tecnológico del norte es que, lejos de ser una tierra baldía, el Salar de Atacama, como el resto de territorios del llamado triángulo suramericano del litio, sigue habitado por las comunidades ancestrales Aymara, Quechua, Kolla y Lickan Antay que son, según derecho consuetudinario, los legítimos dueños del territorio, los que lo siguen haciendo florecer respetando sus ciclos de regeneración mediante todo un sistema ritual de pagos a la tierra y respeto a la naturaleza.

A diferencia de los occidentales, estos pueblos indígenas, que se consideran los herederos directos de los Incas, no ven la naturaleza como un objeto exterior a ellos del que pueden disponer a capricho o destruir, sino como un ser vivo. Verónica Chávez, de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes (Argentina), cuenta que el Salar es un ser vivo con sus venas de agua y sus ciclos de regeneración que atraviesan la estación de las lluvias hasta secarse y hacer brotar la sal que se cosecha después, en la estación seca, como una planta más. Por eso cuando llegaron las mineras del litio a explotar el Salar, el efecto en ella fue demoledor: “Por lo que yo vi, era que gente venía sin conocimiento, no les importaba nada el destrozo de nuestra Mamita Pacha, le tiraban ácido, le rompían la venita de agua, ¡hacían todo un desastre! Y para mí es un dolor eso, porque ella es una mamita para mí, a una madre no se le hace eso”.

Conviene, no obstante, no idealizar ni romantizar a los pueblos indígenas de los salares. En la cuenca de Salinas Grandes, Argentina, han logrado parar, de momento, la explotación del litio, pero unos kilómetros más al este, en Olaroz y Laguna Guayatayoc, las comunidades Lickan Antay han firmado un acuerdo con la minera Orocobre (proveedor principal de litio para Toyota). Lo mismo sucede en el Salar de Atacama donde la norteamericana Rockwood Lithium, subsidiaria del gigante minero Abermale, tiene convenio con la mayoría de comunidades indígenas. A veces estos convenios se firman por intereses, porque las comunidades tienen necesidades de infraestructura o fuentes adicionales de ingresos y, otras veces, se hace a regañadientes, porque si van a sacar el mineral de la tierra es mejor que quede algo en las comunidades. Pero en todos los casos, los pueblos indígenas quieren lo mismo: que se aplique el convenio 169 de la OIT, que haya consulta previa, libre e informada; en el caso de la cuenca de Salinas grandes, sus 33 comunidades incluso tienen un protocolo llamado Kachi Yupi, huellas de sal en quechua, que estipula cómo llevar a cabo esta consulta.

La realidad, sin embargo, no parece dispuesta a respetar la voluntad de estos pueblos indígenas. La presión que ya existía sobre el litio se está incrementando exponencialmente porque si para una batería de teléfono móvil hacían falta 3 gramos de litio, para un auto eléctrico hacen falta casi 20 kilos, más de 50 si se trata de uno de los rutilantes modelos de TESLA.

Con el cambio de ciclo político en Argentina y Chile parece que se han abierto las puertas definitivamente para la explotación sin límites del llamado oro blanco de los salares. Mauricio Macri en Argentina está otorgando licencias de explotación sin consultas y sin muchas cortapisas, hay en la actualidad hasta 63 proyectos aprobados en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Del mismo modo, en Chile, con la llegada de Sebastián Piñera al poder, la minera SQM –una de las más corruptas de la región, privatizada durante la dictadura de Pinochet y vendida a su yerno Julio Ponce Lerou, envuelto hoy en escándalos de financiación política ilegal– acaba de llegar a un acuerdo con el Estado chileno para retomar y aumentar la explotación de litio en el Salar de Atacama. Paralelamente, Elon Musk visita clandestinamente el país para explorar la posibilidad de abrir una megafábrica de baterías de litio en Chile con gran regocijo de las clases dirigentes.

Estos movimientos entre bambalinas, sin duda, hacen que las comunidades indígenas se sientan amenazadas. Saben que la minería del litio extrae grandes cantidades de salmuera y agua que luego se secan al sol en mega piscinas, son conscientes de que viven en cuencas cerradas cuyas fuentes de agua están interconectadas y pueden llegar a secarse definitivamente haciendo la vida en el salar inviable. Como explica Sandra Flores, de la comunidad de Coyo en Atacama, esta posibilidad se vive como un potencial genocidio cultural. En sus propias palabras:

La extracción de este metal alcalino para las baterías de los coches eléctricos requiere enormes cantidades de agua. Argentina, Bolivia y Chile son los más afectados.

No hace falta ser experto en energía para darse cuenta de que es imperativo buscar alternativas a los combustibles fósiles, entre otras cosas, porque estamos llegando al principio del fin de la producción de petróleo, pero sobre todo porque los efectos destructivos que provocan –agotamiento permanente de fuentes de agua, deforestación, inundaciones, vertidos tóxicos, incendios, huracanes, subida de los niveles del mar,  etc.–  son cada vez más palpables para la mayoría de la población mundial.

Una de las soluciones tecnológicas para paliar los deletéreos efectos de la economía del petróleo es la producción de automóviles eléctricos.  El estado de California, por ejemplo, planea reducir la emisión de gases en un 40% hasta llegar a niveles inferiores a los de 1990. Para ello, proyecta crear una serie de incentivos financieros y de regulaciones que permitan que en el 2030 haya 4.2 millones de autos eléctricos en su parque automovilístico.  En Europa algunos estados como Holanda tienen objetivos incluso más ambiciosos y aspiran a tener un parque automovilístico 100% eléctrico para el 2030.

Con semejantes incentivos estatales, los principales productores de autos mundiales –Ford, Toyota, Nissan, General Motors, BMW, etc.– hace tiempo ya que llevan experimentando con vehículos híbridos y modelos eléctricos, pero ninguna de ellas iguala en ambición ni en grandilocuencia tecno-utópica a la californiana TESLA y a su capitán de industria Elon Musk. Como Steve Jobs en su día, Musk,  portada incluso de revistas de entretenimiento como Rolling Stone,  es idealizado o vilipendiado como el auténtico gurú de una secta que podría salvarnos del apocalipsis ecológico sin renunciar a la comodidad de nuestros vehículos utilitarios. De las paredes de la gigafactory de Tesla en Nevada cuelga un cartel enorme que reza: “Para acelerar la transición mundial a la energía sustentable”.

TESLA produce automóviles eléctricos de lujo con la promesa de alcanzar niveles de producción masivos y precios al alcance de las clases medias. Pero, como el iphone en su día, los automóviles TESLA son mucho más que un automóvil: son el futuro, “un sueño hecho realidad”, como le escuché decir a una de sus usuarias californianas. Los modelos TESLA poseen, entre otras cosas, reconocimiento facial , capacidad de estacionarse automáticamente y, eventualmente, autonomía para operar sin control humano. Además de sus vehículos eléctricos, Musk ha producido en Australia la batería de litio más grande del mundo con 100 megavatios de potencia para abastecimiento eléctrico doméstico, planea fabricar camiones eléctricos para el transporte de mercancías pesadas e incluso lanzar automóviles que alcancen la luna.

Con estos mimbres resulta casi imposible restarse al optimismo tecnológico que promueve Musk, o, si no se comparte su visión futurista, al menos no reconocer la necesidad de iniciar lo antes posible una transición hacia el uso de energías alternativas al petróleo, a ser posible renovables y más limpias. Sin embargo, antes de aceptar las nuevas soluciones tecnológicas que se nos ofrecen, deberíamos, por una cuestión de ética esencial, preguntarnos de dónde vienen los materiales que hacen posible el uso de estas nuevas energías en la producción de vehículos limpios.

En este caso la pregunta puede ser bastante simple y, a la vez, bastante esquiva. La funcionalidad de los vehículos eléctricos depende de la capacidad de fabricar baterías relativamente livianas. Hoy por hoy esto se consigue fabricando baterías de litio, las mismas que también hacen posible que la batería de nuestros celulares y computadores funcione sin estar conectada a una fuente de red.  La pregunta entonces es: ¿De dónde viene el litio y qué efectos tiene su minería en las comunidades donde opera?

El litio está bastante concentrado en ciertas áreas geográficas. Hay litio en roca en Australia, en Carolina del Norte (Estados Unidos) y en algunos lugares de China, pero la forma más barata de extraer litio es mediante evaporación en salares (lagos de sal formados tras un prolongado periodo de erupción volcánica). Hay salares en Tíbet y en Nevada (Estados Unidos), pero la mayoría de las reservas mundiales de litio –entre el 80% y el 85% dependiendo de los expertos—están en una zona transandina que se extiende a través de las fronteras de Argentina, Bolivia y Chile e incluye los salares de Atacama (Chile), Hombre Muerto, Olaroz y Salinas Grandes (Argentina) y Uyuni y Coipasa (Bolivia) entre otros muchos de menor tamaño. Se trata de cuencas endorréicas (cerradas al flujo de los ríos y otros cauces de agua) que oscilan entre los 2,400 y los 4,000 metros de altitud y que presentan índices de precipitación muy bajos y de radiación muy altos. O dicho más prosaicamente: hace mucho calor en el día, mucho frío en la noche y hay muy poco agua para la vida en general.

La revista Forbes, que rebautizó la zona con el nombre de «Arabia Saudí del Litio», describe en estos términos el Salar del Atacama:

«Nada crece en el corazón del Salar de Atacama, esta antigua cuenca lacustre, 700 millas al norte de Santiago, debe ser el lugar más seco del planeta, una tierra baldía, cubierta de una costra de rocas de sal que se parece a una plasta de vaca […]. Si no fuera por la preciosa salmuera que burbujea 130 pies por debajo de la superficie, los humanos se mantendrían alejados del Salar de Atacama».

Se trata de un gesto típicamente colonial: ver el territorio vacío para evitar hacerse cargo de los potenciales impactos ambientales y humanos que pueda causar la actividad emprendida por un agente foráneo como la minería del litio. Sin embargo, si el periodista de Forbes hubiera sido un poco menos bárbaro, se hubiera informado de que en los oasis que bordean el Salar de Atacama viven comunidades indígenas, según el registro arqueológico, al menos desde el 8,000 AD. De hecho, el pueblo atacameño o Lickan Antay –gente de la tierra en kunza, su lengua– fue capaz de levantar toda una civilización en mitad del desierto más árido del mundo, domesticar la llama y otros camélidos para utilizarlos en sus largas caravanas transandinas, emplear el fruto del chañar y del algarrobo (dos de los pocos árboles que crecen en estos parajes) para aportar proteína a su dieta y fabricar “aloha”, un licor utilizado en ceremonias y ritos. En los Oasis del Salar de Atacama se cosecha hoy alfalfa, maíz, papas y habas; en sus huertos sigue habiendo árboles frutales que reciben agua a través de un escrupuloso sistema de uso comunal del agua que convive con el turismo ecológico y otros emprendimientos comunitarios. Y por si todo eso fuera poco además han sobrevivido a las distintas olas de colonialismo desde la llegada de los españoles hasta el presente.

Por eso, las malas noticias para los inversionistas de Forbes y para el optimismo tecnológico del norte es que, lejos de ser una tierra baldía, el Salar de Atacama, como el resto de territorios del llamado triángulo suramericano del litio, sigue habitado por las comunidades ancestrales Aymara, Quechua, Kolla y Lickan Antay que son, según derecho consuetudinario, los legítimos dueños del territorio, los que lo siguen haciendo florecer respetando sus ciclos de regeneración mediante todo un sistema ritual de pagos a la tierra y respeto a la naturaleza.

A diferencia de los occidentales, estos pueblos indígenas, que se consideran los herederos directos de los Incas, no ven la naturaleza como un objeto exterior a ellos del que pueden disponer a capricho o destruir, sino como un ser vivo. Verónica Chávez, de la comunidad de Santuario de Tres Pozos en Salinas Grandes (Argentina), cuenta que el Salar es un ser vivo con sus venas de agua y sus ciclos de regeneración que atraviesan la estación de las lluvias hasta secarse y hacer brotar la sal que se cosecha después, en la estación seca, como una planta más. Por eso cuando llegaron las mineras del litio a explotar el Salar, el efecto en ella fue demoledor: “Por lo que yo vi, era que gente venía sin conocimiento, no les importaba nada el destrozo de nuestra Mamita Pacha, le tiraban ácido, le rompían la venita de agua, ¡hacían todo un desastre! Y para mí es un dolor eso, porque ella es una mamita para mí, a una madre no se le hace eso”.

Conviene, no obstante, no idealizar ni romantizar a los pueblos indígenas de los salares. En la cuenca de Salinas Grandes, Argentina, han logrado parar, de momento, la explotación del litio, pero unos kilómetros más al este, en Olaroz y Laguna Guayatayoc, las comunidades Lickan Antay han firmado un acuerdo con la minera Orocobre (proveedor principal de litio para Toyota). Lo mismo sucede en el Salar de Atacama donde la norteamericana Rockwood Lithium, subsidiaria del gigante minero Abermale, tiene convenio con la mayoría de comunidades indígenas. A veces estos convenios se firman por intereses, porque las comunidades tienen necesidades de infraestructura o fuentes adicionales de ingresos y, otras veces, se hace a regañadientes, porque si van a sacar el mineral de la tierra es mejor que quede algo en las comunidades. Pero en todos los casos, los pueblos indígenas quieren lo mismo: que se aplique el convenio 169 de la OIT, que haya consulta previa, libre e informada; en el caso de la cuenca de Salinas grandes, sus 33 comunidades incluso tienen un protocolo llamado Kachi Yupi, huellas de sal en quechua, que estipula cómo llevar a cabo esta consulta.

La realidad, sin embargo, no parece dispuesta a respetar la voluntad de estos pueblos indígenas. La presión que ya existía sobre el litio se está incrementando exponencialmente porque si para una batería de teléfono móvil hacían falta 3 gramos de litio, para un auto eléctrico hacen falta casi 20 kilos, más de 50 si se trata de uno de los rutilantes modelos de TESLA.

Con el cambio de ciclo político en Argentina y Chile parece que se han abierto las puertas definitivamente para la explotación sin límites del llamado oro blanco de los salares. Mauricio Macri en Argentina está otorgando licencias de explotación sin consultas y sin muchas cortapisas, hay en la actualidad hasta 63 proyectos aprobados en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Del mismo modo, en Chile, con la llegada de Sebastián Piñera al poder, la minera SQM –una de las más corruptas de la región, privatizada durante la dictadura de Pinochet y vendida a su yerno Julio Ponce Lerou, envuelto hoy en escándalos de financiación política ilegal– acaba de llegar a un acuerdo con el Estado chileno para retomar y aumentar la explotación de litio en el Salar de Atacama. Paralelamente, Elon Musk visita clandestinamente el país para explorar la posibilidad de abrir una megafábrica de baterías de litio en Chile con gran regocijo de las clases dirigentes.

Estos movimientos entre bambalinas, sin duda, hacen que las comunidades indígenas se sientan amenazadas. Saben que la minería del litio extrae grandes cantidades de salmuera y agua que luego se secan al sol en mega piscinas, son conscientes de que viven en cuencas cerradas cuyas fuentes de agua están interconectadas y pueden llegar a secarse definitivamente haciendo la vida en el salar inviable. Como explica Sandra Flores, de la comunidad de Coyo en Atacama, esta posibilidad se vive como un potencial genocidio cultural. En sus propias palabras:

“[Explotar el litio] es terminar con una parte de la humanidad y lo que es la cultura. Eso creo que sería como…trágico, o sea… como decir tú puedes matar a la otra persona y lo matas y listo. Para mí eso es trágico, para mí sería eso, traer algo grande para que mate a los pequeños, eso sería como lo trágico, lo terrible. Es… extinguir una cultura, matarla. Qué ha costado harto vivir en este desierto, es difícil, no es fácil, y… lo hemos podido conservar muchos años… Pero no tenemos las armas para poderlo seguir cuidando, no tenemos. Si el gobierno prefiere el litio, no tenemos nada más que hacer, porque no podemos luchar con algo tan grande.  […] Pero si la luchamos, si la gente se preocupa de poder conservar el agua…”.

Es evidente que necesitamos alternativas al petróleo, pero también pensar en los desafíos que presentan esas nuevas tecnologías y hacernos preguntas incómodas: ¿podemos simplemente sustituir los autos que funcionan con hidrocarburos por autos eléctricos? ¿Qué papel debe cumplir el transporte colectivo y público en la lucha contra el calentamiento global? ¿Existen alternativas al litio como por ejemplo la batería de sodio? ¿Impiden la minería transnacional y los inversores financieros la búsqueda de alternativas al litio? ¿Estamos dispuestos a facilitar con nuestros patrones de consumo la destrucción de ecosistemas de gran complejidad y diversidad como los de los salares? ¿Queremos asumir éticamente la destrucción de culturas milenarias y modos de vida y gestión de lo social alternativos al modo de vida occidental?

 

Fuente:https://kaosenlared.net/la-fiebre-del-litio-amenaza-a-las-culturas-indigenas-de-los-desiertos-de-sal-andinos-video/?fbclid=IwAR17vWoorsisFm5QrLDuBTq_k8DYYZvT3hnDT4vvCmO9OVdcErkjrOm_hJ8

Internacional

Desechos radiactivos en Kyrgyzstan ponen en riesgo a millones de personas.

La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia. El objetivo es evitar que desechos radiactivos caigan en una quebrada, contaminando el suministro de agua del valle de Ferghana en el que viven 14 millones de personas. La explotación de uranio se realizó entre 1946 y 1968, produciendo más de 2 millones de metros cúbicos de relaves. Una ruptura del dique de colas en 1958 originó la contaminación del lugar, relacionándolo con una mayor incidencia de cáncer que el promedio nacional.

 

En Mailuu-suu, grupos ecologistas advirtieron sobre el peligro que corren millones de personas, debido a la posibilidad de que miles de toneladas de desechos radiactivos caigan en una quebrada en la zona de Asia Central, contaminando el suministro de agua de todo el valle de Ferghana.

La Comisión Europea y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) informó que los vertederos de uranio cerca de la ciudad de Mailuu-Suu, descuidados por décadas por la Unión Soviética y luego Kyrgyzstan, deben reforzarse con urgencia para evitar desastres. Indicaron, además, que están recaudando fondos para el proyecto.

“Hay 14 millones de personas en el valle de Ferghana y, en caso de desastre natural, el agua puede arrastrar los relaves al río Naryn (Syr Darya), lo que sería una tragedia para todo el valle”, expresó Bolotbek Karimov, investigador ambiental en Osh, en el sur de Kyrgyzstan, según una publicación de la agencia de noticias Reuters.

Historia

El área se conocía como Casilla 200 y se fundó en 1946 bajo un programa secreto de minería de uranio soviético que empleaba prisioneros de facto: personas de etnias políticamente sospechosas como alemanes y exsoldados del Ejército Rojo declarados culpables de rendirse en la Segunda Guerra Mundial.

En 1968, cuando terminaron las operaciones mineras en el área, habían producido más de dos millones de metros cúbicos de relaves, o vertederos de minas, que fueron rápidamente enterrados en las laderas de las montañas a lo largo del río Mailuu-Suu.

El peligro se presenta ante la posibilidad de que los desechos lleguen al río que desemboca en el valle de Ferghana, una de las zonas más densamente pobladas de Asia Central, ahora dividida entre Kyrgyzstán, Uzbekistán y Tayikistán. En 1958, una presa en uno de los relaves colapsó tras fuertes lluvias y un terremoto, liberando miles de toneladas de desechos radiactivos.

En aquel momento, la Unión Soviética evitó publicar un informe detallado de evaluación de daños sobre el incidente, pero ambientalistas denuncian que no solo envenenó personas, ganado y peces, sino que también contaminó los arrozales río abajo. Ese evento ilustra lo que podría pasarle al valle de Ferghana: las tasas de cáncer de la ciudad son un 50% más altas que el promedio nacional.

Por otro lado, el Poder Legislativo de Kyrgyzstan aprobó un proyecto de ley sobre la prohibición de extraer uranio y torio en la república.

 

Fuente:https://noalamina.org/mundo/asia/item/43219-desechos-radiactivos-en-kyrgyzstan-ponen-en-riesgo-a-millones-de-personas?fbclid=IwAR2U4BYjMa3L2n92KjECVbt3DAUtGJ93kRY2L-RB4yH0BFC1PK-ISzvUEQQ

Honduras

En Consulta Soberana Namasigüe, Choluteca rechaza proyectos mineros y fotovoltaicos

A través de una consulta soberana realizada el domingo 17 de noviembre, la población de Namasigüe, Choluteca, al sur de Honduras, dejó clara su postura de rechazar los proyectos extractivos; las concesiones mineras y los parques fotovoltaicos.

Con un padrón electoral de 15,860 votantes, todos mayores de 18 años, el 97% de la población, es decir; 11,673 personas rechazaron rotundamente las mineras y fotovoltaicas. A favor de los proyectos votó únicamente el 1%, lo que equivale a 78 votos. 150 en blanco y 91 nulos. Para un total de participación de 11,992 personas.

Félix Pedro Pastrana, líder comunitario y director de la radio comunitaria Namasigüe, calificó como exitoso el ejercicio soberano. Explicó que, ahora se inicia un proceso donde se solicitará a la alcaldía municipal que de alguna forma valide la decisión expresada en la consulta. Además de iniciar acciones para que, a nivel central, se tomen decisiones encaminadas a proteger los bienes naturales del municipio.

“Este resultado es muy importante para nuestras comunidades, porque se ve reflejada la opinión de la ciudadanía que rechaza las mineras y fotovoltaicas. Esperamos que este sea el inicio para que nuestra palabra se respete por las autoridades.

Las mineras y las fotovoltaicas únicamente han traído contaminación, destrucción, muerte y división en las comunidades. Estos proyectos son los responsables de que año con año nuestras fuentes de agua se contaminen y en casos extremos desaparezcan”, expresa el líder comunitario.

Consultas

Las consultas ciudadanas se han convertido en una alternativa para que la población opine sobre sus bienes naturales. Desde el 2016, 8 municipios del país han desarrollado las encuestas soberanas.

Carlos Padilla, representante del Centro Hondureño para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, dice que los procesos han sido bastante fructíferos y han permitido desarrollar estrategias de lucha una vez se ha concluido con las consultas. Señala que, el simple hecho que las convocatorias sean masivas, significa un mensaje para las autoridades, quienes deben tomar en cuenta la opinión de las comunidades que se ven afectadas por los proyectos de muerte.

“Los resultados de las consultas son muy importantes, porque a corto plazo son un instrumento para obligar a las municipalidades a tomar decisiones. En El Triunfo, Choluteca y la Unión, Olancho, sirvieron para convocar a un cabildo abierto donde los resultados fueron ratificados por la población”, recuerda Padilla.

El experto dice que, el pueblo tiene derecho a ser consultado. Además, señala qué el origen de los conflictos socio ambientales en el país es la falta de consulta a la ciudadanía.

La primera consulta ciudadana realizada fue desarrollada en Santa Elena, departamento de La Paz, con el tema de las hidroeléctricas y el catastro.  Luego en San José del Potrero y Minas de Oro, en el departamento de Comayagua, con una consulta de sobre la minería. En Nahuaterique, La Paz, la población fue consultada si estaba de acuerdo con ser declarado como el municipio número 20 del departamento de La Paz. En la Unión, Olancho y El Triunfo, Choluteca se consultó sobre la minería y en el municipio de El Porvenir, Atlántida la ciudadanía fue consultada sobre las hidroeléctricas.

Amenazas en el sur

La minería y las fotovoltaicas nos son la única amenaza que tienen las comunidades en el sur de Honduras. El monocultivo de la ocra, melón, plantaciones de caña de azúcar y la entrega del territorio para la construcción de las Zonas Especiales de Desarrollo, (ZEDES), forman parte de la problemática que agobia a la ciudadanía.

La instalación de empresas extractivas golpea con fuerza a la población de Choluteca y Valle, que ancestralmente se han dedicado a la pesca y cultivo de granos básicos para sobrevivir. Esta zona está plagada de empresas camaroneras, agroindustriales, fotovoltaicas y mineras que con el aval del gobierno extraen las riquezas de la zona dejando a la gente sumergida en la miseria.

La implementación del modelo extractivo avanza a pesar de la oposición de las comunidades, quienes denuncian los daños ambientales y sociales que se presentan en sus regiones. Una clara muestra de esa apuesta gubernamental es la implementación de un parque minero industrial en la zona sur de Honduras, una región que ha pagado con sangre y miseria la extracción de los minerales.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/en-consulta-soberana-namasigue-choluteca-rechaza-proyectos-mineros-y-fotovoltaicos/