Perú

Expropiación en el corredor minero del sur andino

El día 12 de diciembre fué publicado en El Peruano el Decreto de Urgencia Nº 026-2019, que “Aprueba medidas extraordinarias de liberación y expropiación de áreas y la implementación de las intervenciones viales temporales a realizarse en el corredor vial Apurímac-Cusco”. Esta norma ha sido emitida por el Poder Ejecutivo haciendo uso de la facultad que tiene de legislar mediante decretos de urgencia, luego de que se disolviera el Congreso de la República (Decreto Supremo N° 165-2019- PCM) el 30 de octubre pasado y que se extenderá hasta la instalación del nuevo Congreso.

En el artículo 2 de este Decreto de Urgencia se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac – Cusco”, y, como consecuencia, autoriza la expropiación de las áreas que resulten necesarias para tales fines.

La norma faculta al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a definir las condiciones de expropiación de los terrenos que se identifiquen como necesarios de ser expropiados, y a precisar quiénes serán los afectados (personas individuales y comunidades).

Con la expropiación se estaría dejando de lado la negociación con los propietarios o posesionarios afectados por la construcción o ampliación de la carretera que se usa para el transporte minero de Las Bambas. Estas negociaciones se llevaban a cabo para regularizar la situación legal de los predios usados sin el consentimiento de sus propietarios.

Una de las preguntas a realizarse es si es constitucional aprobar una expropiación por decreto de urgencia, considerando que la integridad patrimonial de todo ciudadano(a) representa uno de los más importantes bienes jurídicos en el Estado de Derecho peruano. Además, existen condiciones estrictas y explícitas que se tienen que cumplir para evitar actos arbitrarios de la administración pública contra la población.

Así tenemos que, las normas que desarrollan los mecanismos de expropiación para proyectos de inversión pública establecen que la expropiación es “autorizada únicamente por ley expresa del Congreso en favor del Estado”[1]. Esta posición también ha sido recogida por la doctrina y diversas sentencias del Tribunal Constitucional (TC). Como señala este Colegiado, “se estará ante supuestos inconstitucionales de privación del derecho de propiedad, cuando: a) no exista una ley del Congreso de la República que declare la expropiación sino otra norma con rango de ley”. En los supuestos que el Estado expropie sin cumplir este requisito, “confisca el derecho de propiedad por cuanto se apodera de la totalidad o de una parte considerable de los bienes de una persona sin que exista ley del Congreso de la República o sin que se presenten algunos de los motivos contemplados en la Constitución para que proceda la expropiación, o sin indemnización”[2].

Además, las medidas de expropiación siempre tienen un carácter particular, porque permiten determinar al sujeto pasivo (al que va a ser expropiado) y el bien inmueble objeto de la expropiación. Sin embargo, en el caso de este Decreto de Urgencia para el corredor minero, no se puede determinar claramente la dimensión de los afectados o la condición de los inmuebles que serían expropiados. Esta ambigüedad de la norma podría facilitar que también se expropien otros terrenos cercanos al corredor minero, alegando que estos tienen carácter estratégico para facilitar la pacificación de la zona y la viabilidad de carretera. El “interés nacional” que sustenta las medidas de expropiación podría dar lugar a una serie de arbitrariedades.

Tampoco se puede dejar de mencionar el componente político que encierra esta norma. La próxima semana se tienen programadas 3 reuniones de la Mesa de Diálogo de Cotabambas, que se han reiniciado tras los reacomodos que siguieron al cierre del Congreso. Nos preguntamos, cómo van a ir las autoridades del Estado a negociar con las comunidades habiendo aprobado una norma de estas características, pues esta medida genera un clima de desconfianza.

Consideramos que una decisión de este tipo puede causar mayor tensión social en una zona que se ha caracterizado en el último año por numerosas protestas sociales, tal como lo ha registrado el último Observatorio de Conflictos mineros del Perú.

Lea el Decreto de Urgencia Nº 026-2019 publicado hoy en el Diario El Peruano:

NORMAS- DECRETO URGENCIA EXPROPIACIÓN CORREDOR MINERO DIC 2019

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/expropiacion-en-el-corredor-minero-del-sur-andino/?fbclid=IwAR0RkyKWrVvBcpJAhXuCACOFgSD2HalE3kYBOiCumRfwHgDwKprhiTWdUUA

Perú

Campaña necesaria sobre el agua

El señor Luis Pariona, portavoz del proyecto minero Ariana, ha publicado un artículo criticando una campaña que CooperAccion y varios aliados desarrollan para fomentar la preservación de las fuentes hídricas en el país y en la que, según él, se busca desinformar.

Vamos por partes. En primer lugar, esta es una campaña de largo aliento y que se fundamenta en varios datos de la realidad: el Perú está identificado como un país que marcha aceleradamente a una situación de estrés hídrico. Además, estudios de la Autoridad Nacional del Agua muestran que 129 de las 159 cuencas hídricas tienen graves problemas de contaminación. Por lo tanto, tenemos en perspectiva graves problemas de abastecimiento de agua y serios problemas de contaminación.

Pero lo que al parecer le molesta al señor Pariona es que se haga público los riesgos que encierra el proyecto Ariana, que se ubica precisamente en la zona donde está casi toda la infraestructura hídrica que abastece de agua a Lima y donde incluso el depósito de relaves pretende ubicarse muy cerca del túnel que permite el trasvase de las aguas de la cuenca del Mantaro a la cuenca del Rímac.

¿Ariana pone en riesgo el abastecimiento de agua para Lima? El señor Pariona es categórico y asegura que “no existe” riesgo. Discrepamos; nosotros creemos que sí existe. Por eso hemos presentado una demanda de amparo. Para nosotros existen indicios razonables de una posible afectación al derecho al agua y de posible daño a un área que brinda extraordinarios servicios ecosistémicos para más de 10 millones de personas.

¿Somos los únicos que hemos mostrado preocupación por el proyecto? No. Sedapal ha presentado formalmente observaciones y además ha propuesto términos de referencia para llevar adelante un estudio “por una consultora de prestigio internacional, para garantizar la no afectación de las operaciones del Proyecto Minero Ariana sobre la infraestructura física del Sistema Marca, incluyendo el Túnel Trasandino Cuevas-Milloc”.

Lo menos que se puede afirmar es que el proyecto Ariana genera serias dudas. Y si hay dudas e indicios razonables, consideramos que debería primar el principio precautorio, sobre todo cuando está en juego nuestro derecho constitucional al agua.

 

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/12/12/campana-necesaria-sobre-el-agua-jose-de-echave-ariana-mineria-ong-cooperaccion-sedapal/?fbclid=IwAR0LUFJSUjm9X-gBFi5elNfQlzZoNjeCWf6C82Nz6y_wr1PefYiUQfiwcW4

Chile

Declaran admisible recurso de protección contra exploración minera en Cerro Sagrado de Arica

El recurso fue presentado por comunidades de Timar, Ticnamar y Cobija por trabajos realizados en el cerro Marqués. Además de vulnerar derechos indígenas, la denuncia acusa filtración de residuos industriales en pozos de decantación.

 

La Corte de Apelaciones de Arica declaró admisible el recurso de protección presentado por las comunidades de Ticnamar, Tímar y Cobija en contra de la empresa minera Plata Carina SPA que realiza prospecciones en el cerro Marqués.

Según argumentan en la denuncia, el proyecto vulnera los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de la zona, al estar ubicado en el Área de Desarrollo Indígena Alto Andino. Además la población sufrió de la filtración de residuos líquidos industriales en uno de los pozos de decantación en la quebrada de Cobija.

 

Las comunidades solicitaron la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental, además de una consulta indígena. A su vez, se espera que la empresa cuente con todos los permisos pertinentes al estar en territorio de comunidades tradicionales y que sean adoptadas medidas ante eventual daño patrimonial y en la flora nativa.

La exploración en el cerro Marqués considera la instalación de 38 plataformas de sondajes para la obtención de información geológica del sector y confirmar o descartar la presencia de recursos minerales en la zona.

TRASCENDENCIA ESPIRITUAL

El cerro Marqués, es parte de una cadena montañosa con alta significancia espiritual y tradicional de la cultura andina. En el lugar han existito hallazgos arqueológicos, y cuenta con flora y fauna típica de la zona andina.

Las comunidades indígenas de la zona han realizado diversas movilizaciones y han difundido a través de redes sociales la situación. A su vez, han visitado en reiteradas oportunidades el lugar, para realizar ceremonias tradicionales según la cosmovisión andina.

 

Fuente:http://relaves.org/post.php?id=107

Internacional

Minería espacial

Como vimos Ceres, el planeta enano del cinturón de asteroides, cuya masa es un tercio de la de todo el cinturón, podría convertirse en una estación de servicio espacial de cara a posibles expediciones a los planetas exteriores, y también podría ser la base principal de una hipotética minería asteroidal.

Ceres fue descubierto porque los astrónomos suponían que a esa distancia del Sol debía haber un planeta. ¿Por qué? Porque, tomando como unidad la distancia de la Tierra al Sol o “unidad astronómica” (UA), las respectivas distancias de los planetas al Sol se aproximaban a la secuencia 0.4 (Mercurio), 0.7 (Venus), 1 (la Tierra), 1.6 (Marte), 5.2 (Júpiter), 10 (Saturno), 19.6 (Urano), y en dicha secuencia falta un término ente 1.6 y 5.2 (¿cuál es el término faltante?). Al buscar un planeta a esa distancia, Giuseppe Piazzi descubrió el primer cuerpo del cinturón de asteroides, el planeta enano Ceres, en 1801.

 

Neptuno aún no había sido descubierto a principios del siglo XIX, y su distancia al Sol es de 30.1 UA (¿se ajusta a la secuencia 0.4, 0.7, 1, 1.6, x, 5.2, 10, 19.6?). Por cierto, tanto Neptuno como Ceres se suelen poner como ejemplo de cuerpos celestes descubiertos a partir de consideraciones matemáticas que indicaban dónde había que buscarlos; pero hay una diferencia sustancial entre ambos casos: Ceres fue descubierto al margen de cualquier consideración astrofísica, simplemente porque faltaba un término en una secuencia numérica que seguía una cierta pauta (como dijo un famoso astrónomo: “El Creador no puede haber dejado ese hueco sin llenar”), mientras que los cálculos matemáticos que llevaron al descubrimiento de Neptuno, en 1847, se derivaban de la observación de ciertas perturbaciones en las órbitas de Urano, Saturno y Júpiter.

Agua y metales preciosos

Los asteroides más cercanos a la Tierra (NEA: Near Earth Asteroids) podrían convertirse, en un futuro no muy lejano, en fuentes de materias primas. Como vimos, en Ceres hay agua helada en abundancia, y también la hay en muchos asteroides de tipo C (carbonáceos), y esa agua podría permitir a los vehículos espaciales repostar oxígeno para respirar e hidrógeno como combustible. Además, en los asteroides de tipo M (metálicos) puede haber, fácilmente extraíbles, grandes cantidades de platino y otros metales escasos en la Tierra.

La prácticamente nula gravedad de los asteroides tendría, de cara a una hipotética minería espacial, sus ventajas y sus inconvenientes. Por una parte, mandar los materiales extraídos a una estación espacial (o a Ceres, o a la Luna) para su procesamiento sería mucho más fácil y barato al no tener que alcanzar velocidad de escape alguna. Pero, por otra parte, esa misma falta de gravedad dificultaría las tareas, ya que tanto los materiales extraídos como el equipamiento utilizado y los propios operarios, ya fueran humanos o robots, deberían anclarse de alguna manera a los asteroides abordados. Puesto que cada acción en la superficie del asteroide provocaría una reacción de signo contrario, la falta de atracción se traduciría en una aparente “repulsión” que dificultaría todo tipo de tareas.

Invito a mis sagaces lectoras/es a pensar un sistema de anclaje y de transporte para facilitar una hipotética explotación minera de los asteroides, si se llevara a cabo con los recursos tecnológicos actuales.

Carlo Frabetti es escritor y matemático, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Ha publicado más de 50 obras de divulgación científica para adultos, niños y jóvenes, entre ellos Maldita física, Malditas matemáticas o El gran juego. Fue guionista de La bola de cristal.

 

Fuente:https://elpais.com/elpais/2019/10/31/ciencia/1572511628_336542.html

Litio, Mexico

Megayacimiento da a México boleto a la carrera del litio

En la región limítrofe entre Chihuahua y Sonora, afectada por la actividad del crimen organizado –ahí fue atacada la familia Lebarón–, está el corazón de un negocio nunca antes explotado en el país: el litio, mineral que está llamado a ser el petróleo del futuro. Justo en esa zona México tiene un megayacimiento en desarrollo, con el cual se convertirá en uno de los mayores productores del mundo.

Dicha oportunidad no ha pasado inadvertida para la empresa canadiense Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium, las cuales se han instalado en el municipio de Bacadéhuachi, ubicado en la sierra alta de Sonora, con el objetivo de explorar un yacimiento que el grupo Mining Technology calificó como el mayor depósito de litio en desarrollo del mundo, el cual cuenta con reservas por 243 millones de toneladas.

Las reservas probadas y probables del yacimiento mexicano superan las 21 millones de toneladas del campo Uyuni en Bolivia; la diferencia, explicó Carlos Alberto Jiménez, investigador y especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, es que las del país sudamericano están certificadas, es decir, hay certeza de que existen, mientras las de México aún no lo están.

En el caso mexicano, la canadiense Bacanora ha comprobado la existencia de 4.5 millones de toneladas, por lo cual realizará una inversión de alrededor de 420 millones de dólares y se espera obtenga más de mil millones de dólares.

En el caso mexicano, las empresas Bacanora y la china Ganfeng han visto una gran oportunidad de negocio en un país donde la producción de litio es inexistente, toda vez que los últimos datos de la Secretaría de Economía revelan que en 2016 el país exportó tres kilogramos de este mineral, lo que representó apenas 658 dólares; en contraste, se importaron 219 mil kilogramos, equivalentes a 1.6 millones de dólares.

Actualmente en el país no se cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación; no obstante, a la fecha se encuentran en etapa de exploración tres yacimientos que contienen este mineral en los estados de Baja California, San Luis Potosí-Zacatecas y Sonora, señala la dependencia en un documento de finales de 2018.

El mercado de litio en México está en nacimiento, al grado de que la Secretaría de Economía asegura que hay importantes oportunidades de inversión en esta industria, las cuales se ven sustentadas por varios factores, como por ejemplo, la cercanía con Estados Unidos, la salida natural al mercado del Pacífico, la posibilidad de establecer nuevas formas de asociación y complementar las inversiones nacionales con recursos externos.

De acuerdo con el catedrático, en los pasados cinco años el precio del litio ha aumentado a un promedio anual de 15 por ciento, y en los siguientes años será clave en el crecimiento de la industria automotriz, por lo que su explotación y control es crucial para los principales gobiernos del mundo.

Recientemente Bolivia se convirtió en el centro de atención de varias empresas y países interesados en el desarrollo de autos eléctricos, pues la nación sudamericana, donde un golpe de Estado derrocó al presidente Evo Morales, tiene una reserva de alrededor de 21 millones de toneladas de litio comprobadas, una de las más importantes del mundo.

De hecho, no son pocos los especialistas que aseguran que el cambio de gobierno en el país sudamericano esconde intereses de Estados Unidos por hacerse del control de este mineral, toda vez que Bolivia forma junto con Argentina y Chile el llamado Triángulo del Litio, región que, se estima, tiene 68 por ciento de las reservas mundiales probadas del mineral.

La importancia del litio se debe a su uso en la elaboración de las baterías de los autos eléctricos, un sector en pleno crecimiento, pero también se puede usar en la industria del aluminio, vidrio y cerámica, aire acondicionado, grasas y lubricantes, caucho sintético, y en pilas de celulares, entre otros.

Proyecto sonorense

Este yacimiento, que encabeza el “El top 10 de las las minas de litio más grandes del mundo” y fue concesionado durante el sexenio del gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene reservas probadas y probables de 243 millones de toneladas. Lejos, en segundo lugar, se encuentra Thacker Pass (Humboldt, Nevada, Estados Unidos), con 179.4 millones de toneladas. Bacanora, la empresa canadiense que encabeza el proyecto, señaló en su estudio de viabilidad, que el yacimiento ubicado en Sonora será una operación a cielo abierto a desarrollarse en dos etapas, con una primera capacidad de producción de 17 mil 500 toneladas anuales de litio, mientras en la segunda la duplicará a 35 mil. Asimismo, se espera que su vida sea de 19 años.

México debe trabajar más en el desarrollo de su industria del litio, pero de alcanzar dichos objetivos se metería de lleno en la élite mundial de productores, toda vez que, según la Secretaría de Economía, la lista es encabezada por Australia, cuya producción anual asciende a 14 mil 300 toneladas, le sigue Chile con 12 mil y Argentina, con 5 mil 700 toneladas.

Las reservas de litio en México son muy importantes, pero oficialmente aún no son son tan grandes como las que existen en sudamérica; la realidad es que estamos lejos de las potencias y todavía no existe una industria tan desarrollada, dijo el investigador.

Los otros dos yacimientos en exploración que hay en México son el de Baja California, administrado por la estadunidense Pan American Lithium, y el de San Luis Potosí-Zacatecas, en manos de Litiomex, la cual estima que hay en total 8 millones de toneladas de litio.

 

Venezuela

Comunicado oficial de las autoridades pemón ante la masacre de Ikabarú

Con información de Revista SIC

Las autoridades legítimas del pueblo indígena pemón del sector VI, que reúne 28 comunidades del municipio Gran Sabana, estado Bolívar, Venezuela, denuncian en el presente comunicado ante las instancias nacionales e internacionales, la masacre perpetrada en Ikabaru, el pasado 22 de noviembre de 2019, con 8 fallecidos entre ellos un indígena de la comunidad indígena de Manak Krü. En el documento exlican los principios básicos de su existencia (territorio, autodeterminación, medioambiente y economía, educación, cultura, espiritualidad); y analizan sus derechos consagrados en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), especialmente lo relacionado con el derecho a la vida, que actualmente son violentados por el Estado venezolano. Finalmente condenan y exigen que se investigue la masacre en Ikabarú.

 

COMUNICADO OFICIAL DE LAS AUTORIDADES LEGÍTIMAS DEL PUEBLO INDÍGENA PEMÓN DEL SECTOR VI

AKURIMÖ (SANTA ELENA DE UAIRÉN)

25 DE NOVIEMBRE DE 2019

Que la Constitución de la República Bolivariana establece en su Art. 119 “El Estado reconocerá la existencia de los Pueblos Indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres…” por ende esta comunicación, tendrá toda la facultad de exigir el cumplimiento de sus miembros y las instituciones públicas y privadas.

Nosotros, pueblos indígenas Pemón de la Gran Sabana bendecidos con el color de nuestra madre Tierra, por nuestro creador, desde la época de nuestros ancestros, honramos a la tierra como el hogar de todos los seres vivientes, sobre ella hemos construido una cultura, una historia y una  visión del mundo que nos ha permitido coexistir en armonía con la naturaleza.

NUESTROS PRINCIPIOS BÁSICOS DE NUESTRA EXISTENCIA:

TERRITORIO

Los pemones fuimos situados en nuestra madre tierra para que cuidemos la belleza y diversidad de Vida. Pertenecemos a la tierra y no podemos estar separados de nuestras tierras y territorios.

AUTODETERMINACION

Nuestra Autodeterminación es una de las bases esenciales de la libertad, la justicia y la paz. Sin el reconocimiento de este derecho, no se puede hablar de Democracia.

MEDIO AMBIENTE Y ECONOMIA

Nosotros tenemos una relación íntima con la naturaleza, transmitiendo respeto, interdependencia y equilibrio. Por esta razón hemos desarrollado modelos económicos, sociales y culturales. Que respeten la naturaleza.

EDUCACION

Nuestra educación es un intercambio de sabiduría y valores culturales en constante armonía entre la naturaleza y la humanidad.

CULTURA

Nuestra cultura es un todo en el cual todos los aspectos necesarios para una existencia digna están reunidos.

ESPIRITUALIDAD

Nuestra espiritualidad se basa en la interrelación de los círculos de la vida.

ANTE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO MANIFESTAMOS LA VIOLACION NUESTROS DERECHOS:

DERECHO A LA VIDA: Al no reconocer nuestros derechos al territorio donde hemos desarrollado toda una riqueza cultural, social, económica y política el Estado nos está negando nuestro derecho que según la Constitución de la República de Venezuela es inviolable.

DERECHO AL HONOR: La inmanente dignidad nuestra es violada constantemente al no valorar nuestro aporte a la cultura mayoritaria, cuando se nos trata como una raza inferior en documentos, investigación social, trabajos periodísticos, noticias infamantes, así como también autorizan sin nuestro consentimiento la ejecución de obras o incursión miliar, turismo nacional e internacional, en nuestro territorio, tomar fotografía en nuestras viviendas con fines comerciales y pretenden sacar todo tipo de beneficio personal y económico en nombre nuestro.

DERECHO AL CONTROL DE SUS PROPIAS INSTITUCIONES, LOPCI Artículo 5. “Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de vida, sus prácticas económicas, su identidad, cultura, derecho, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su hábitat y tierras y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural”.

DERECHO A LA CONSULTA, LOPCI. Artículo 11. Toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a los pueblos y comunidades indígenas, deberá ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas involucrados. La consulta será de buena fe, tomando en cuenta los idiomas y la espiritualidad, respetando la organización propia, las autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los integrantes.

LOPCI Artículo 12. Se prohíbe la ejecución de actividades en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas que afecten gravemente o irreparablemente la integridad cultural, social, económica, ambiental o de cualquier otra índole de dichos pueblos o comunidades.

DERECHO AL RESPETO A LA AUTORIDAD LEGÍTIMA, LOPCI. Artículo 18. Establece que “Los órganos, entes y demás organismos del Estado, las instituciones privadas o los particulares, no podrán ejercer acciones que puedan desvirtuar o debilitar la naturaleza, el rango y la función de las autoridades legítimas de los pueblos y comunidades indígenas.”

DERECHO A LA TITULARIDAD DE TIERRA. LOPCI. Artículo 20. El Estado reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas, su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan, así como la propiedad colectiva de las mismas, las cuales son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las tierras de los pueblos y comunidades indígenas son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.

DERECHO A LA SEGURIDAD, LOPCI. Artículo 21. El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas la protección y seguridad debida en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas en los espacios fronterizos, preservando la integridad del territorio, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social e integral.

DERECHO AL INTERCAMBIO FRONTERIZO ENTRE PUEBLOS INDIGENAS, LOPCI. Artículo 22. Los pueblos y comunidades indígenas ubicados en zonas fronterizas tienen el derecho de mantener y desarrollar las relaciones y la cooperación con los pueblos y comunidades indígenas de países limítrofes, en actividades de carácter social, económico, cultural, espiritual ambiental y científico. El Estado, con la participación directa de los pueblos y comunidades indígenas, debe adoptar las medidas apropiadas, mediante tratados, acuerdos o convenios internacionales, dirigidas a fomentar y facilitar la cooperación, integración, intercambio, tránsito, desarrollo económico y prestación de servicios públicos para estos pueblos o comunidades.

DERECHO A LA PLANIFICACION Y PARTICIPACION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA. LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN en su Artículo 11. Los pueblos indígenas como parte integrante del pueblo venezolano, único, soberano e indivisible, participarán activamente en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de seguridad, defensa y desarrollo integral de la Nación.

DERECHO A LA POLITICA INDIGENA. LOPCI. Artículo 131. El derecho indígena está constituido por el conjunto de normas, principios, valores, prácticas, instituciones, usos y costumbres, que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio, que les permite regular la vida social y política, autogobernarse, organizar, garantizar el orden público interno, establecer derechos y deberes, resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno.

DERECHO A LA JUSTICIA PROPIA, LOPCI Artículo 132. La jurisdicción especial indígena consiste en la potestad que tienen los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades legítimas, de tomar decisiones de acuerdo con su derecho propio y conforme con los procedimientos tradicionales, para solucionar de forma autónoma y definitiva las controversias que se susciten entre sus integrantes, dentro de su hábitat y tierras.

La jurisdicción especial indígena comprende la facultad de conocer, investigar, decidir y ejecutar las decisiones, en los asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos. Las autoridades indígenas resolverán los conflictos sobre la base de la vía conciliatoria, el diálogo, la medición, la compensación y la reparación del daño, con la finalidad de restablecer la armonía y la paz social. En los procedimientos participarán tanto el ofensor como la víctima, la familia y la comunidad. Las decisiones constituyen cosa juzgada en el ámbito nacional; en consecuencia, las partes, el Estado y los terceros están obligados a respetarlas y acatarlas, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República y de conformidad con la presente Ley.

INSPIRADO EN NUESTRO PRINCIPIOS Y NUESTRA REALIDAD

CONDENAMOS Y DENUNCIAMOS: ante las instancias nacionales e internacionales, el homicidio ocurrido en Ikabaru el pasado 22 de noviembre de 2019. Donde la población de Ikabaru, presenciaron la masacre, dando con 8 fallecidos entre ellos un hermano Indígena nativo de la Comunidad Indígena de Manak Kru.

EXHORTAMOS: al Gobierno Nacional se haga una investigación conjunta con la Jurisdicción Especial Indígena

RECHAZAMOS: cualquier tipo de proyecto inconsulto, referente a la minería o el proyecto de arco minero dentro de nuestro sector VI Akurimö, sin la presentación previa del estudio de impacto ambiental e impacto sociocultural.

RECHAZAMOS: la militarización del aeropuerto y la instalación de la alcabala móvil antes del 5102 Escamoto cerca del puente dirección la Línea (Brasil) -Santa Elena de Uairen, sin cumplir con los procedimientos de consulta, establecidas en la CRBV, y leyes especiales.

TOTAL REPUDIO al amedrentamiento por parte de algunos efectivos militares hacia nuestro cuerpo de seguridad Indígena y la incursión que se pretende realizar en las comunidades indígenas de algún órgano de seguridad.

REPUDIAMOS: la presencia de grupos armados en territorio indígena.

EXIGIMOS: el reconocimiento de nuestro derecho de propiedad y posesión de la tierra que ocupamos y hemos poseído ancestralmente, durante toda nuestra vida desde nuestros ante pasados hasta el sol de hoy en forma continua, no interrumpido.

REAFIRMAMOS: nuestro derecho a ser libre e iguales a todos los demás seres humanos, en cuanto a dignidad y derecho, que todas las prácticas de superioridad racial étnica y cultural son jurídicamente falsas, moralmente condenables y socialmente injustas.

PEDIMOS: que el Estado cumpla y aplique eficazmente todos los instrumentos internacionales de derechos humanos o lo que se refiere a nosotros los indígenas.

AFIRMAMOS: que debemos tener acceso libre a informaciones y participar efectivamente de los procesos decisorios de cualquier programa o proyectos a realizarse en nuestra zona

QUEREMOS: que se cumplan todos los derechos consagrados en los convenios, tratados internacionales, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la ley orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Y que la política cultural del Estado se desarrolle dentro de un ambiente de reconocimiento de la existencia de nuestra cultura.

EXIGIMOS: cese la persecución e intimidación a nuestras autoridades legítimas

APOYAMOS: rotundamente nosotros las 28 Comunidades Indígenas del Sector VI Akurimö (Santa Elena de Uairén) con sus autoridades legítimas al Sector VII Ikabaru y nos unimos para seguir luchando por la libre determinación de nuestros pueblos. Con la frase si tocan a un indígena tocan a todo el pueblo pemón.

Para terminar recordamos, Simón Bolívar, Libertador, Padre de la Patria, quien se refirió de nosotros los indígenas, en sus actuaciones políticas, militares, jurídicas y económicas. Todos los venezolanos sabemos reflexionar sobre lo que dijo el 26 de octubre de 1825, en carta dirigida al General Santander: YO PIENSO HACERLES TODO EL BIEN POSIBLE; PRIMERO POR EL BIEN DE LA HUMANIDAD, SEGUNDO, PORQUE TIENEN DERECHO A ELLO Y ÚLTIMAMENTE PORQUE HACER EL BIEN NO CUESTA NADA Y VALE MUCHO.

NOSOTROS LOS PEMONES

Comunicado Sector 6, Akurimö, 28 comunidades indígenas del municipio Gran Sabana

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/12/06/comunicado-oficial-las-autoridades-pemon-ante-la-masacre-ikabaru/

 

Venezuela

Venezuela será el primer país en perder todos sus glaciares en la región

En el marco de la Movilización Mundial por el Clima, alertamos sobre el impacto del cambio climático en Venezuela, que podría implicar que seamos el primer país en perder la totalidad de glaciares en la región.

La Sierra Nevada de Mérida tenía 10 km² de hielo en 1910. En 2018, tiene menos de 0,1 km² de superficie glaciar. De las Cinco Águilas Blancas que cantó Tulio Febres Cordero, los picos Bolívar, Humboldt y Bonpland (ambos formaban un águila), Concha, León y Toro, queda uno solo: el de Pico Humboldt, el cual se derrite aceleradamente.

De acuerdo con un equipo de científicos venezolanos, el Humbolt, el último glaciar de Venezuela podría desaparecer en 20 años. Esto motivado a que las temperaturas están subiendo más rápido en las partes elevadas de la Tierra que en los llanos.

“Si nos vamos y volvemos en 20 años, nos habremos perdido todo esto”, expresa Daniel Llambí, ecólogo de la Universidad de Los Andes de Mérida.

A lo largo de la historia, los glaciares se han expandido y reducido en tamaño numerosas veces. Pero la velocidad con que se han venido encogiendo en el último siglo y medio -agravada por la actividad humana y por la quema de combustibles fósiles- hace que los científicos se afanen por comprender cómo las rocas que quedan descubiertas generan nuevos terrenos y ecosistemas.

Aunque estamos en un periodo interglacial y la tendencia es que la tierra se caliente, según la NASA, el ritmo de calentamiento actual supera diez veces el promedio de las antiguas eras. En una década, el ritmo de deshielo de los glaciares en Antártida se ha triplicado. La Cordillera de los Andes perdió de 30 a 50% de su área glaciar en los últimos 30 años.

El 2018 registró temperaturas sin precedentes en todos los continentes. En julio, una ola de calor en Canadá mató a 54 personas con picos de 36,6 grados celsius en Montreal; en la costa de Siberia con el Océano Ártico las temperaturas alcanzaron más de 32 grados celsius y en Argelia 51,3 grados celsius, la temperatura más alta registrada en el continente africano.

Hay consenso científico sobre la relación entre el aumento de temperatura y la concentración de gases invernadero, como dióxido de carbono y metano. Desde la Revolución Industrial, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera han aumentado un 35%, y los de metano se han duplicado. Esos gases son, en su mayoría, generados por actividades humanas. Estamos acelerando el calentamiento del planeta.

Si bien la mayor parte del hielo del planeta se encuentra en las regiones polares, también hay glaciares en algunas montañas del trópico, sobre todo en América Latina.

“Casi todos los glaciares tropicales de alta montaña se encuentran en Los Andes. También quedan algunos en el Monte Kilimanjaro”, comenta Robert Hofstede, ecólogo tropical de Ecuador que asesora a agencias internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas.

El monitoreo del glaciar Humboldt de Venezuela requiere visitas continuas, según Llambí, e incluso en las mejores circunstancias, no es fácil llegar a pie desde Mérida hasta la capa de hielo del Parque Nacional Sierra Nevada de Venezuela, ubicada a casi 5 mil metros sobre el nivel del mar.

 “El cambio climático es real y hay que documentarlo. Hay que estar ahí”. expresa Daniel Llambí.

 

La vulnerabilidad climática de Los Andes

Mientras que la mayoría de las tundras tienen escasa vegetación, los páramos son famosos por sus frailejones, plantas que pueden ser más altas que un ser humano y que parecen una cruza de cactus y palmera. La zona almacena agua que alimenta las ciudades y las tierras de cultivo más abajo.

Los glaciares andinos son fundamentales en el ciclo del agua en la región.

“Más de 50 millones de personas de América del Sur reciben agua de Los Andes”, detalla Francisco Cuesta, ecólogo tropical de la Universidad de las América de Quito.

La región está a la vanguardia del cambio climático. Los glaciares de Los Andes tropicales se han estado derritiendo más rápidamente que los demás glaciares desde que los científicos comenzaron a monitorear este fenómeno en la década de 1970, dado que las latitudes tropicales reciben el Sol y la radiación con más fuerza.

Cuando un glaciar se derrite, lo único que queda al principio es un «lecho de roca»: a veces una gravilla rugosa, otras una roca lisa, desgastada por siglos, si no milenios, de contacto con el hielo.

Pero en pocos años o décadas, bacterias y líquenes colonizan la zona. Descomponen los minerales de las rocas y sus cuerpos se pudren y se transforman en materia orgánica, el primer paso en la formación de tierra. La tierra es la base del nuevo ecosistema pues ofrece una estructura que puede retener agua y donde pueden crecer las raíces de las plantas.

“La formación de tierra es la diferencia entre un ecosistema que surge rápidamente y uno que se demora siglos”, comenta Llambí.

¿Qué podría quedar?

En las rocas que quedarán al descubierto con el derretimiento del glaciar los científicos creen que podría surgir un nuevo ecosistema parecido al de los páramos. Sin embargo, hay muchos interrogantes: ¿Tomará décadas el surgimiento de tierra? ¿Las especies animales y vegetales que sobreviven a baja altura podrán hacerlo más arriba? ¿Podrán adaptarse a temperaturas que cambian constantemente?

Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero una economía que gira desde hace décadas en torno a la demanda del combustible ha resultado inestable. Llambí cree que tiene una obligación especial de ayudar a informar al público acerca del impacto del cambio climático en un país en el que un ciclo caracterizado por altibajos en la exploración de combustibles fósiles ha dado forma a la vida de casi todos los venezolanos.

 

Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/09/27/venezuela-sera-primer-pais-perder-todos-glaciares-la-region/?fbclid=IwAR3RSiQDsU2NidPB6MMb0A7GZ7nVe7Wx0mVxIwzmOqrjrWLd3d7f8XtxkWI

Agua y Minería, Perú

El 30% de conflictos sociales en Perú surgen por la defensa al agua

Sector minero. A octubre, existen 184 conflictos latentes en el país, de los cuales el 43% están ubicados en las regiones del sur como Arequipa, Cusco y Puno. Éste último por el litio. ¿Qué soluciones se proponen ante esta problemática?

El 2019 ha sido un año de picos de conflictos sociales vinculados a la minería: en marzo se retomó la huelga contra el proyecto minero La Bambas (Apurímac), para agosto, iniciaron las protestas contra Tía María (Arequipa), y en noviembre, contra el proyecto minero Quellaveco (Moquegua).

Pero dichos proyectos son solo algunos. En Perú, sólo entre mayo y octubre, se registraron 11 nuevos conflictos. Así, en total – según información de la Defensoría del Pueblo – se tienen registrados 184 conflictos, de los cuales, el 43% está ubicado en la macroregión del sur (Ica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Madre de Dios, Moquegua y Tacna).

Si se analiza los motivos de dichas problemáticas, José De Echave, investigador de CooperAcción, señala que el 30% de los 184 conflictos están directamente relacionados al recurso hídrico: por ejemplo, en Áncash – la región que lidera el ranking de conflictividad social -, el 44% de proyectos mineros estaría afectando el agua.

En su último Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, CooperAcción también recuerda que pese a que proyectos como Conga (Cajamarca) están paralizados, las poblaciones siguen vigilantes para evitar su reactivación. En este proyecto, las poblaciones apelaron a la protección de sus fuentes de agua. En Moquea, con Quellaveco, la población de Tumilaca también pidió la paralización del proyecto de cobre ante la posible contaminación del río Asana.

Caso en Lima

La región Lima que cuenta con el mayor número de población es a su vez la segunda con mayor producción de plomo a nivel nacional. El 43,3% de su territorio está concesionado y la mayoría de sus conflictos vinculados a la minería, tiene relación con el derecho al agua.

El reciente caso reportado es el proyecto minero Ariana, que – según la organización – afectaría toda la infraestructura que abastece de agua a las 10 millones de personas que viven en Lima y Callao. El caso ha sido denunciado y aunque la empresa a cargo del proyecto ha descartado una posible afectación al recurso hídrico, una jueza constitucional dictaría su sentencia en las próximas semanas.

Concesiones con Consulta

En medio de la propuesta para que se elabore una nueva Ley de minería – y que tiene aceptación del Gobierno y hasta un documentos presentado por los Gobiernos Regionales del sur -, la Organización manifiesta que debe plantearse una política “con carácter de urgencia” de ordenamiento territorial, para evitar que se sobrepongan concesiones mineras con la propiedad de comunidades indígenas y nativas, o zonas arqueológicas.

Asimismo, señalan que la nueva ley del sector extractivo debe contemplar la realización de la Consulta Previa para el proceso de concesión. Hoy sólo se realiza dicho proceso para la etapa de explotación.

Asimismo, indican que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene pendiente revisar el real costo – beneficio de los beneficios tributarios al sector minero. Subrayan que la reciente aprobación de un decreto de ugencia que amplía la devolución del IGV a las exploraciones mineras no ayudan “realmente” a incentivar dicha actividad.

 

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/12/11/conflictos-sociales-el-30-de-conflictos-sociales-en-peru-surgen-por-la-defensa-del-agua-minem-tia-maria-las-bambas/?fbclid=IwAR1IngYNbxakfixV7y1iU2WGecByY_2ocOYdLUylrM12B7sTKCe4KN7OQeA

Perú

Denuncian que mina puede poner en riesgo el abastecimiento de agua para Lima y Callao

En la presentación del 25° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) se advirtió que el proyecto minero Ariana, de la canadiense Southern Peaks Minnig, depositaría sus relaves tóxicos en una zona altamente sísmica y a 500 metros de la entrada principal del túnel trasandino Cuevas Milloc que capta el agua de la zona para abastecer a Lima y Callao.

Las empresas Sedapal y Enel alertaron que la ubicación de la zona de relaves de la mina, cerca al túnel trasandino, puede poner en riesgo el abastecimiento de agua potable para los más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao. Pese a estos cuestionamientos, el proyecto tiene un EIA aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y tiene autorización para el inicio de la etapa de construcción.

“El EIA del proyecto Ariana no fue aprobado por el Senace, lo aprobó el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, nuevamente el Minem es juez y parte”, expresó la excongresista Marisa Glave quien presentó el último mes de abril una demanda constitucional en contra del Minem por aprobar de “manera irregular” el EIA de dicho proyecto.

La demanda constitucional considera que el proyecto Ariana vulnera tres derechos fundamentales: salud, a un ambiente saludable y acceso al agua.

José De Echave, subdirector de CooperAcción, recordó que el Perú está identificado como un país que marcha aceleradamente a una situación de estrés hídrico. Además, estudios de la Autoridad Nacional del Agua muestran que 129 de las 159 cuencas hídricas tienen graves problemas de contaminación.

“Lima es la segunda ciudad más grande del mundo que se encuentra sobre un desierto, recibe menos de 2.5cm de lluvia por año y depende básicamente de tres ríos cuencas el abastecimiento de agua. No es cierto que no existen riesgos con el proyecto Ariana. Los riesgos son reales, son latentes y no imaginarios. Se pone en riesgo la infraestructura hídrica que abastece agua a la ciudad”, afirmó De Echave.

Al respecto, el Minem reconoce que no existe impermeabilización perfecta por lo que el depósito de relaves del proyecto Ariana siempre representará un riesgo para el abastecimiento del agua. “Por lo que la propuesta de localizar el depósito de relaves colindante al túnel trasandino debe ser descartada y adjuntar otras alternativas viables para su ejecución”, según la R.D. N°127-2016-MEM/DGAAM.

“En el planteamiento del proyecto minero Ariana parece que nadie se ha dado cuenta, que todos los componentes de este proyecto se encuentran entre las cuencas hídricas de colección de Marca V, que pone en riesgo la conducción y colección del agua que viene del norte”, indicó Glave.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL AVANZA

Durante el periodo octubre 2018 a octubre 2019, se reportaron 187 conflictos, lo que significa que desde mayo del presente año se ha registrado un alza de la conflictividad social ligado a actividades mineras.

“Se puede apreciar la reactivación de la conflictividad social desde el mes de mayo alcanzando un pico entre los meses de agosto y octubre con casos como los del corredor minero del sur, Tia María y los diversos conflictos en la Amazonia”, comentó De Echave.

En relación a la geografía del conflicto, sigue siendo Ancash la región que concentra regularmente el mayor número de conflictos, seguida por regiones como Cusco, Loreto, Puno y Apurimac, entre otras que varían su ubicación según los meses de reporte.

Al organizar la información por macroregiones, se aprecia la preponderancia de los conflictos en la macro sur (42%) explicado por los sucesos en torno al corredor minero, seguido de la macro norte (38%) y centro (20%).

Según De Echave, es necesario revisar y hacer cambios a la Ley General de Minería, la actual norma que tiene más de 30 años de vigencia. “La política de concesiones debe revisarse como parte de la Ley de Minería. Ahora vemos como las concesiones se superponen vulnerando los derechos de las comunidades. Para terminar con estos atropellos es necesario partir desde un ordenamiento territorial”, concluyó De Echave.

Por su parte, Maritza Quispe, abogada del IDL, explicó el contenido de la demanda de amparo presentada contra el proyecto minero y el Estado el 25 de abril pasado, debido a que el proyecto minero afecta derechos difusos, es decir de todos los peruanos que nos veríamos afectados por la contaminación y por el recorte del servicio de agua.

Según indicó Quispe, el Sexto Juzgado Constitucional debería aplicar el principio precautorio, ya que existen indicios razonables de posibles impactos en toda la infraestructura hídrica que ha sido construida en la zona.

A su turno,  Mirtha Villanueva de Grufides, recordó que Cajamarca sigue siendo una región con altos índices de pobreza y con mucha conflictividad social en torno a los proyectos mineros.

«Que ahora no se visibilice mediáticamente los problemas en torno al proyecto Conga no significa que todo esté bien. El proyecto está paralizado pero la minera ha iniciado una estrategia de ‘captación’ de voluntades ofreciendo estudios a los hijos de los pobladores de las zonas aledañas al proyecto. Su estrategia es acabar con la oposición».

En tanto, David Velazco de Fedepaz, lamentó que el Estado criminalice las protestas, lo que ha conseguido que se tenga 250 personas judicializadas. «Se está judicializando las legítimas protestas. Son más de 250 personas que son acusados de extorsión al Estado solo por ser voceros o dirigentes de protestas sociales», afirmó.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/denuncian-que-mina-puede-poner-en-riesgo-el-abastecimiento-de-agua-para-lima-y-callao/?fbclid=IwAR2HAMfpTZmFs8h2mqgbNFyogDdC_dTqbgxlPnj4OKZ5NHcYSwILRzxnIZs

Ecuador

Corte niega consultas populares sobre minería en Ecuador

Tras la sentencia, el ejecutivo ecuatoriano podrá ejecutar el proyecto minero en la provincia del Azuay y otros que planee a futuro con multinacionales, aunque dichas prácticas afecten el medio ambiente.

La Corte Constitucional de Ecuador, negó este miércoles dos solicitudes distintas para que los proyectos mineros en el sur del país dependan de la aprobación ciudadana, la noticia jurídica fue recibida con satisfacción por el ejecutivo nacional.

Como un revés previsible, calificó @yakuperezg a la decisión tomada por la Corte Constitucional al no aprobar una decisión pública, para esgrimir el derecho a la participación del soberano en las urnas a través de la anti minera.

«En general el país debe recibir con beneplácito, no sólo la industria minera porque se dejo de crear un precedente, tal vez temporalmente, con respecto a cualquier industria extractiva”, indicó el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar.

Las solicitudes se instauraron debido al fuerte rechazo popular de proyectos mineros que se ejecutaran en la provincia del Azuay, situada en el sur de Ecuador, a manos de la multinacional canadiense, INV Metals y de grupos estadounidenses Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group.

«Es un adefesio jurídico esta sentencia. Hemos perdido la batalla pero no la resistencia, la resistencia crece”, recalcó el prefecto de la provincia, Yaku Pérez.

Organizaciones comunitarias aluden que dicho proyecto pone en riesgo los recursos naturales como fuentes hídricas, páramos y tierras ricas en oro y cobre.

Fuente:https://www.telesurtv.net/news/ecuador-corte-niega-consultas-populares-mineria-20190918-0022.html