Las alteraciones que ha sufrido el bosque pluvial (húmedo) del Chocó por causa de la minería a cielo abierto hacen prácticamente imposible que este retorne a su condición inicial.
Así lo constató el estudiante Giovanni Ramírez, del Doctorado en Ciencias – Biología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien en su tesis de grado caracterizó las especies vegetales de tres sectores de minas del corregimiento de Jigualito, municipio de Condoto (Chocó), abandonadas hace 30, 15 y 5 años, con la tutoría del profesor Jesús Orlando Rangel, del Instituto de Ciencias Naturales.
Para el investigador, restaurar los ecosistemas forestales es una estrategia clave en la lucha contra las manifestaciones del cambio climático –pérdida de biodiversidad y desertificación– y además les ofrece oportunidades de desarrollo a las comunidades involucradas en dichos procesos, dados los productos y servicios que genera esta práctica.
Esta población, de donde se extrae oro, platino y plata, está ubicada al occidente del municipio de Condoto, en la subcuenca del río Opogodó, en jurisdicción del consejo comunitario mayor de Condoto. Allá se llega por una ruta carreteable, a partir de una desviación en el costado occidental de la vía que de Condoto conduce a Nóvita.
Para el estudio se delimitaron 20 parcelas de 500 m² de superficie, en las cuales se registró y midió la vegetación según la altura de los árboles, y los resultados se contrastaron con los de un bosque testigo.
En tal sentido, se seleccionaron los siguientes sitios de “recuperación” que habían sido intervenidos con minería a cielo abierto: un área de bosque con más de 30 años de sucesión y recuperación; otra con 15 años de recuperación, que se encuentra rodeada por pozos de agua producto de la actividad minera, y una más con 5 años de sucesión, rodeada por cuerpos de agua, además de un bosque testigo sin evidencias de actividad minera.
Así, el investigador observó que después de 30 años la comunidad vegetal se encuentra aproximadamente en un 50 % de sus condiciones iniciales en cuanto a la composición florística, aunque esta nueva comunidad es completamente diferente a la del bosque testigo. Ello, según el doctorando, “evidencia que la actividad minera ocasiona una serie de transformaciones que hacen bastante improbable que se retorne a la condición inicial del bosque pluvial”.
En la zona de estudio todavía existen áreas con una densa cobertura vegetal en las que no ha habido intervención antrópica, y se encuentran árboles con alturas entre 30 y 45 m. También se hallaron numerosas especies de palmas, entre ellas Mauritiella macroclada (Burret), endémica del Choco biogeográfico.
En el estudio se evaluó la adaptabilidad de especies como la acacia (Acacia mangium) y la bija (Bixa orellana) en áreas degradadas por la actividad minera aluvial en Condoto (Chocó biogeográfico). Además se retomaron diagnósticos ambientales realizados por otros investigadores, según los cuales se advierte que aún persisten vacíos sobre los impactos reales en diferentes aspectos de la estructura y composición de los ecosistemas.
El patrón caracterizado en la investigación muestra que la riqueza a nivel taxonómico aumenta en la medida en que avanza la recuperación (fases de sucesión). El número de familias se ha incrementado de 16 en el área en recuperación de 5 años, a 23 en el área de 30 años. Los géneros han pasado de 27 (5 años) a 40 (30 años) y el número de especies ha variado de 28 (5 años) a 52 (30 años). Este panorama se aleja bastante de la riqueza en el bosque testigo, el cual registra 41 familias, 101 géneros y 128 especies, incluidas las epífitas.
Estas cifras, según el investigador, permiten concluir que el efecto de la intervención de la minería a cielo abierto sobre el bosque húmedo pluvial en localidades del Chocó biogeográfico es muy drástico y que los tiempos de restauración son muy lentos, lo cual genera incertidumbre sobre la posibilidad de que se restaure la vegetación original.
Por ello advierte que si continúa la incorporación de nuevos territorios a la actividad minera a gran escala, los efectos perturbadores sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos aumentarán.
Destaca además que la restauración requiere de planificación, pues su éxito no depende solo de plantar árboles, sino de una proyección cuidadosa que se debe basar en los conocimientos científicos necesarios para que los ecosistemas degradados efectivamente puedan sobrevivir y recuperarse de las diferentes presiones abióticas, bióticas y sociales. (Plantar un billón de árboles no ayudará a reducir el impacto del cambio climático)
CHALCHIHUITES.- La empresa minera El Toro, ubicada en este municipio, anunció que “luego de una extensa revisión de la operación de Del Toro”, la compañía decidió suspender de manera temporal las operaciones de minado y planta durante 2020.
El objetivo es mejorar el flujo de caja en las operaciones y mantener los márgenes de la compañía, enfocándose en un programa expandido de exploración en el área, según dieron a conocer mediante un comunicado.
El programa ampliado de exploración en la Mina Del Toro incluye un aproximado de 22 mil 450 metros (22.5 kilómetros) durante el año 2020 para probar áreas de interés cercanas a la veta con el objetivo de desarrollar nuevos recursos que justifiquen la preparación para una posible reapertura en el futuro.
Esta situación estará sujeta a una mejora suficiente en la situación económica, que argumente un reinicio.
Mientras tanto, la empresa continuará evaluando los métodos de minado y el trabajo de pruebas metalúrgicas en el yacimiento conocido como San Juan, que contiene valores importantes de zinc.
Para ello, “hemos preparado un plan de atención para nuestros trabajadores, atender las inquietudes oportunamente y que reciban el apoyo que requieran. Nuestra prioridad es colaborar con la comunidad, con las autoridades locales y federales de manera solidaria e informar periódicamente a las partes involucradas sobre los detalles de este anuncio”, expresaron.
Según el comunicado, la compañía continuará invirtiendo en proyectos y actividades de responsabilidad social en apoyo a la comunidad “y de nuestros socios en las localidades cerca de las operaciones de La Parrilla y Del Toro”.
La demanda del litio está aumentando en todo el mundo, pero la minería está provocando diversos conflictos. En los pueblos del desierto de Atacama en Chile, el agua para las personas y los campos es cada vez más escasa.
En medio del desierto más árido del mundo hay una enorme área con estanques de agua color turquesa. Cada una de estas enormes piscinas tiene el tamaño de 20 canchas de fútbol y contiene agua salada extraída de las profundidades de la tierra del desierto. Esta salmuera contiene carbonato de litio, la base del metal ligero y plateado que se encuentra en las baterías de casi todos los computadores, teléfonos y autos eléctricos de la actualidad.
A primera vista, el desierto de Atacama de Chile parece un lugar estéril e inhóspito. A pesar de esto, la flora, la fauna y los habitantes de la zona han podido adaptarse bien a las condiciones de su entorno por muchas generaciones. Esto ahora está duda debido a que los pueblos de la zona tienen un nuevo y poderoso competidor por los escasos recursos de agua del desierto: las compañías mineras.
«El agua es vida»
Coyo es una de las doce aldeas en los dispersos oasis del desierto. Los miembros de la comunidad se turnan para sacar agua del río San Pedro. Tras dos semanas de espera, Hugo Díaz pudo finalmente irrigar sus campos.
«Antes de que llegaran las mineras acá había mucha agua. La minería ha consumido las napas subterráneas, sacan agua de un río de otro sector también y no llega acá el agua que corresponde», dijo Díaz a DW
Para los atacameños, el agua no solo tiene un valor material sino también cultural y espiritual. «Para nosotros como likan-antai (etnia atacameña) es muy importante el agua. No solamente el agua en relación a lo que es mantener nuestras costumbres mediante la agricultura, sino que también porque el agua es vida», explicó Vladimir Reyes, uno de los mayores de la comunidad de Coyo.
El agricultor enseñó las marcas en el canal de riego que muestran los niveles de agua más altos en tiempos pasados. «Muy pocos campesinos pueden vivir de la agricultura. En la actualidad, los jóvenes han tratado de ir aprendiendo sobre la agricultura, pero se ven con el obstáculo de que el agua es cada vez menos. Ese es principal daño que nos están haciendo las empresas mineras», afirmó Reyes.
La Arabia Saudita del litio
Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. Sus exportaciones cubren el 40% de la demanda mundial de este valioso metal. Por eso se le llama la «Arabia Saudita del Litio». Además, se espera que la demanda global se triplique en los próximos seis años.
Para extraer el litio, el líquido bombeado se deja expuesto al sol del desierto hasta que se haya evaporado el 95% del agua. El litio se separa del residuo mediante un proceso químico y se convierte en los compuestos para las baterías recargables.
2 mil litros por segundo
Las dos compañías mineras que operan en Atacama, la chilena SQM y la estadounidense Albemarle, extraen cada año más de 63 mil millones de litros de agua salada de las capas más profundas del desierto, es decir, casi 2 mil litros por segundo. Además, la industria consume una cantidad considerable de agua dulce.
Según los operadores de la mina, la extracción de agua salada del desierto no tiene ningún efecto en el suministro de agua dulce de la zona. «La salmuera, rica en minerales, no es adecuada para el uso agrícola o como agua potable. Y estamos trabajando muy de cerca con las comunidades locales para asegurarnos de que estamos actuando de manera sostenible», dijo a DW Hailey Quinn, gerente de comunicaciones de Albemarle.
Alteración del ecosistema
Existen pocos estudios científicos independientes sobre la cantidad de agua consumida durante el proceso de evaporación o sobre los efectos de la extracción de salmuera en el ecosistema. Una de las pocas expertas en este campo es la microbióloga Cristina Dorador, quien ha estudiado los microorganismos de los salares del desierto de Atacama.
«Los microorganismos son la base de todo… La explotación de la salmuera que ha tenido lugar en los últimos 10 o 20 años ha reducido la cantidad de microorganismos y ha afectado al ecosistema», declaró la bióloga. Los microbios que viven en el agua proveen alimento para el plancton y los crustáceos. Estos son consumidos por animales más grandes, como por ejemplo, los flamencos, la especie más emblemática de la zona.
Pocos derechos sobre al agua y la tierra
A varios cientos de kilómetros al sur del salar de Atacama se encuentra el salar de Maricunga, que también se está explotando para la producción de litio. Actualmente, casi toda la minería de litio en Chile se realiza en Atacama, pero se cree que Maricunga (más pequeño) alberga las segundas reservas de litio más grandes del país. Además de SQM, la compañía australiano-canadiense Salar Blanco está desarrollando un proyecto de litio en la misma zona junto a Codelco, operador de minas de cobre chileno de propiedad estatal.
Las proyecciones de expansión de la minería de litio preocupan a los miembros de la comunidad indígena Colla Pai-Ote. Los pueblos indígenas de Chile apenas tienen derechos de propiedad formales sobre sus tierras ancestrales. «Nadie le preguntó al pueblo Colla si querían minería en su territorio. Nadie le dijo al pueblo Colla cual era el impacto que podría tener la minería en las fuentes de agua en el salar de Maricunga», señaló a DW el abogado Ariel León, quien asesora a la comunidad.
Chile es uno de los pocos países del mundo donde los recursos hídricos y la gestión del agua están casi 100% privatizados. Esto y la inadecuada protección de los derechos indígenas se remonta a la constitución de 1980, que sigue vigente hoy en día y que fue promulgada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Según el abogado León, el Estado ya está violando la Convención de la ONU sobre los Pueblos Indígenas debido a la falta de participación de los indígenas en las zonas de minería de litio. Este convenio obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas cuando los proyectos más grandes afectan a su medio ambiente.
«Los autos eléctricos no son la solución»
Muchos de los habitantes de Atacama ven que el cambio climático está acelerando la escasez de agua en el desierto. Pero también dicen que los problemas en la zona solo comenzaron con la minería del litio y del cobre.
«Nos vinieron a decir que la solución eran estos autos eléctricos, la salvación del mundo y todo, pero en realidad no es la salvación. La salvación es la conciencia de cada ser humano, que sepa respetar este territorio como lo respetamos nosotros. Si todos tomáramos conciencia de respeto hacia la tierra, no tendríamos que decir que los autos eléctricos van a salvar el planeta», dijo Jorge Álvarez Sandon, perteneciente a la comunidad de Coyo.
Este artículo fue escrito en colaboración con el equipo de investigación de Danwatch.
– Norma Adriana Garduño Salazar denunció que la empresa canadiense Álamos Gold pretende explotar una mina a cielo abierto para la extracción de metales preciosos.
“Pertenece a la comunidad de Tetlama que se ubica en el municipio de Temixco, es un municipio que colinda con Cuernavaca, el proyecto minero pretende desarrollarse a solo 12 kilómetros en línea recta de la ciudad de Cuernavaca”, expuso la participante en la Caminata por la Verdad, Justicia y Paz.
“Es un proyecto bastante grande, pero por lo mismo es bastante destructivo, desafortunadamente están implicados tres municipios densamente poblados y alrededor de diez núcleos agrarios, desafortunadamente las cosas se hicieron de tal manera que de la noche a la mañana nos enteramos que éramos parte de una concesión minera, así de absurdo”, denunció.
Explicó que inició el proyecto una empresa canadiense de nombre Esperanza Silver, el proyecto se conoce como el Cerro del Jumil.
“En 2013 logramos que las manifestaciones de impacto ambiental que fueron tres, las echáramos abajo, o sea se presentó suficiente argumentación para demostrar que lo que ellos que estaban planteando no era real y bueno, la Secretaría de Economía y Semarnat las tuvo que detener y se dio una suspensión temporal”, expuso Garduño Salazar.
Añadió que en los últimos dos, tres meses en el estado (de Morelos) ha habido una campaña informativa muy fuerte, todos los días aparecen desplegados en periódicos o reportajes en televisoras, hablando de que la empresa se echa a andar.
“Cuando Esperanza Silver tiene la suspensión temporal, vende a otra empresa a la Alamos Gold, y hoy está ésta al frente del proyecto minero, incluso –dice-, están contratando gente, no han iniciado la etapa de explotación porque aparentemente no tienen los permisos, ellos declaran que sí”, expuso.
“No se tienen los permisos –aseguró–, sin embargo, todos estos años se quedaron en la población trabajando cuestiones sociales, es una zona altamente marginal el nivel de la población educativo es muy bajo y el hambre es muy canija, es muy bruta. Mucha gente se ha ido con el espejito del oro.
“Ahorita les pagan una mensualidad, piensan que esa bonanza va a ser para siempre y no recapacitan en la devastación que provocará el proyecto. Hay un grupo poblacional que lo defiende, pero también hay muchos que no están de acuerdo”, afirmó la denunciante.
Indicó que los empresarios aseguran que será minería sustentable, pero mencionan que harán parques de lixiviación, lo que significa que ocasionará contaminación, lo que provocará daños al medio ambiente y a la población que radica en la región.
Este lunes 20 de enero en Tambobamba, capital de la provincia apurimeña de Cotabambas, se retomó la audiencia del juicio oral que se sigue contra los 21 defensores que han sido criminalizados desde el año 2015 luego del conflicto con la Minera MMG Las Bambas.
Por octava vez se instaló la audiencia que durará los días hasta el 24 del presente mes. Se recuerda que el pasado 24 de octubre no se pudo instalar el juicio oral, por lo que se reprogramó la audiencia de juicio para este 20 de enero del 2020. La suspensión del juicio en octubre se debió a la reiterada ausencia de un intérprete quechua y la inasistencia de cuatro pobladores y sus abogados.
En esa oportunidad La Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho indicó que se había dispuesto el cambio de juez, por lo que creía conveniente invocar a la audiencia del lunes 20 de enero del 2020. El juez explicó que será una semana entera de sesiones continúas y adelantó que se tendrán declaraciones de testigos, revisiones de peritos y más.
Preocupa a los pobladores de la zona que la Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11 y 17 años de pena privativa de la libertad contra este grupo de dirigentes por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado, entre otras acusaciones. También se está pidiendo como concepto de reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano y 88 mil 600 dólares por daños a la propiedad privada a favor de la empresa minera MMG, dueña del proyecto minero Las Bambas. Según la defensa de los líderes comunales, habría una serie de contradicciones y falta de pruebas por parte de la defensa del Estado en relación a la serie de acusaciones.
Cabe resaltar que en esta oportunidad se hicieron presentes decenas de representantes de las comunidades involucradas en el caso para expresar su respaldo a los líderes comunales que están siendo investigados. También manifestaron su descontento con las fallas en la traducción del intérprete quechua que participa de las audiencias.
El próximo 25 de enero se cumple un año más de la terrible tragedia de Brumadihno (municipio del estado de Minas Gerais), ocasionada por el colapso de un dique de la mina de Feijão (de propiedad de la empresa Vale). El colapso del dique de residuos mineros provocó la muerte de 270 personas y toda una tragedia ambiental en toda la zona.
Eran las 12:28 del viernes 25 de enero de 2019, cuando más de 13 millones de toneladas de residuos acumulados se desbordaron, generando un tsunami que arrasó todo lo que encontraba a su paso en la localidad de Brumadihno, a lo largo de más de 80 kilómetros. Las primeras víctimas fueron los propios trabajadores de la mina.
Según el procurador Carlos Eduardo Ferreira Pinto, quien había tenido a su cargo la investigación del caso Mariana (otro caso similar ocurrido años antes en la misma zona) lo ocurrido en Brunadihno tenía que pasar, era cuestión de tiempo, porque este tipo de represas continúan funcionando sin ningún tipo de control riguroso: “una presa se rompe porque le entra agua a sus estructuras y eso ocurre por el descuido de la empresa, la falta de fiscalización de las autoridades y las consultoras independientes”. Alessandra Cardoso, asesora política del Instituto de Estudios Socioeconómicos, dijo en una entrevista para la BBC, que el hecho de que la represa llevara inactiva tres años, sin recibir residuos, habría desgastado la estructura. Para Cardoso, cuando una mina o represa paraliza sus actividades, «la tendencia es que la empresa dé menos atención» a los criterios de seguridad.
Como se puede apreciar, los especialistas aluden a negligencias, ausencia de controles, fiscalización y normas que se han relajado en los últimos años. El procurador Ferreira Pinto que finalmente fue apartado de las investigaciones de Mariana, señala: “las autoridades continúan dando autorizaciones para la construcción de represas, al mismo tiempo que se flexibilizan los controles y las regulaciones”. Todo esto se ha ido comprobando con las investigaciones de la propia Fiscalía brasileña. Como señala recientemente el diario El País de España, los fiscales afirman que la empresa Vale operaba un arreglo turbio con el objetivo de mantener una falsa imagen de seguridad y que la cúpula directiva aparentemente sabía, al menos desde 2017 que la balsa que colapsó “había alcanzado un nivel crítico y que tenía información detallada sobre la seguridad en general de estos enormes depósitos para almacenar residuos de la minería”. La empresa “ocultaba de forma sistemática esas informaciones al poder público, a la sociedad, incluidos los inversores y accionistas”, señalan. Tremendas revelaciones de la Fiscalía.
Este dramático caso ha puesto en debate en Brasil y en todos los países donde hay actividad minera, cómo se construyen las represas que se siguen multiplicando e implican enormes riesgos para las poblaciones y todo el entorno. Lo que es más preocupante es que en Brasil y en toda América Latina se siguen debilitando las regulaciones ambientales.
Autor: Ramiro Llatas, Presidente DHSF Cusco , Derechos sin Fronteras.pe
¿Qué pasaría si en lugar de que vayan a la cárcel los delincuentes, comienzan a ir, los inocentes? Seguramente, eso causaría mucha indignación de parte de los ciudadanos y ciudadanas, porque, en primer lugar se crearía una injusticia, la desconfianza de la gente en el Poder Judicial y, concretamente en los jueces que tienen que emitir la sentencia.
Y, ¿Qué pasaría si el ofendido en un delito cometido ofrece sus propios testigos y en base a sus declaraciones se condena, a quien el ofendido, acusa de haberle hecho daño a pesar de que no tiene pruebas? El rol de la Fiscalía es la averiguación de un delito de la manera más objetiva posible, para que después acuse en base a pruebas a quienes han cometido el delito, pero, si la Fiscalía hace solamente lo que le pide el ofendido y no realiza mayor investigación, es como, si estuviéramos volviendo a la época de la justicia privada, donde el ofendido, construye sus pruebas y sus argumentos para condenar al supuesto delincuente. La fiscalía, nos debería dar la garantía de que eso no sucederá y que en toda investigación penal, debe primar por encima de todo lo establecido en nuestra Constitución Política, en lo referente a la plena vigencia de los derechos fundamentales. Un contexto similar al expuesto, están enfrentando las y los defensores del medio ambiente del Cusco, que en los próximos días podrían ser condenados a mínimamente 20 años de prisión efectiva. En las siguientes líneas resumo los hechos.
La agenda de los defensores ambientales de Llusco:
Entre diciembre del 2011 y enero y febrero del 2012, comunidades campesinas de Llusco, distrito de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, realizaron varios paros para pedir que el Gobierno cumpla con garantizarles su derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado y que la empresa minera ANABI SAC, no contamine más su territorio. Intentaron dialogar con la empresa minera, pero esta no estuvo muy disponible al diálogo. Exigieron que intervengan algunas instituciones del Estado, como la Presidencia del Consejo de Ministros, el OEFA, el Gobierno Regional, etc. Se instalaron mesas de diálogo y a la mayoría de ellas, no fue la empresa minera. Tampoco el Gobierno cumplió sus promesas hechas en esos espacios de diálogo.
Lo que reclamaba la población era que la empresa no contamine su cuenca, sus ríos y sean atendidos en sus demandas por la muerte de sus animales o por el paso de los camiones en una carretera bastante estrecha, que levantaban polvareda que malograba sus terrenos y perturbaba su tranquilidad. Pedían asimismo que el Estado a través del OEFA haga monitoreos ambientales. Y, que el Estado exija que la mina no les contamine y no les perturbe su tranquilidad.
Reclamaron con la presentación de varios documentos ante distintas instancias del Gobierno, hicieron paro, instalaron mesas de diálogo y nunca les hicieron caso. Se quedaron con el problema, pero, no sólo eso, la empresa minera Anabi, denunció a los dirigentes por diversos delitos y la fiscalía luego formalizó la denuncia.
El proceso judicial en contra de los defensores ambientales.
Cuando se realizó el paro, la empresa minera denunció bloqueo de carreteras, bajo la figura penal de disturbios y entorpecimiento de los servicios de transporte. Algunos de sus trabajadores denunciaron haber sido víctimas de secuestro. Denunciaron robo agravado por la sustracción de dos de sus camionetas, las que luego de un tiempo les fueron devueltas. También denunciaron daños agravados, porque se incendió su campamento, y otros delitos más.
La Fiscalía, sin mayor investigación, asume esas denuncias de parte de la empresa minera y no se le ocurre mejor idea, que responsabilizar de esos delitos a los defensores del ambiente. Es decir, siguiendo posiblemente la lógica de la empresa minera, usar el derecho penal, para terminar con los que reclaman y exigen la no contaminación. Visto desde el lado de la empresa minera, creemos que probablemente la verdadera intención ha sido paralizar al movimiento social que estaba marchando en contra de ellos para exigirles que no contaminen.
Paralizando a los dirigentes, no habría más marchas, más paros y más reclamos porque les atemorizarían. Esto podemos concluir de lo que se tiene hasta ahora como resultado del proceso penal, y lo especificamos en mejor modo:
Después de nueve años, el proceso judicial en contra de los defensores del medio ambiente, se encuentra en su etapa final. En el juicio que se viene llevando a cabo ante el Juzgado Penal Colegiado de Cusco, presidido por la Juez Yépez Provincia, se ha hecho evidente que:
No se ha probado el bloqueo de la carretera, las fotos que se han visto y los testigos que han pasado no han probado que se dio esa situación. Los defensores mencionan que los vehículos de la empresa seguían circulando y que básicamente la concentración de la población fue en la plaza de armas de Llusco y posteriormente en el campamento minero, donde siempre exigían diálogo.
En relación al delito de secuestro, sólo habla uno de los testigos que habría sido víctima de la retención a su libertad, pero todo lo que dice, no está corroborado por ninguna otra prueba. Por ejemplo, menciona que estuvo retenido en un hotel, que fue llevado a la posta hasta en dos oportunidades, que le llevaban a comunicarse por teléfono al cerro, que se sometió a un examen psicológico, que fue retenido por las rondas campesinas, y estuvo retenido con otras dos personas más, y que fue liberado por la Policía. La Fiscalía, no corrobora ninguno de esos dichos, no fue nunca al hotel, no fue nunca a la posta, no llamo a ninguno de los otros dos retenidos, no tomo el testimonio de los efectivos policiales que le habrían liberado. No hizo nada para corroborar esa información y con eso pretende ahora que se sentencie a los defensores del ambiente. Pensamos que si se habrían hecho esas corroboraciones se habría contado otra historia y que los defensores no estuvieron incursos en ese delito tan grave. ¿Creerán los jueces esa versión?
En relación al delito de daños agravados se ha dicho que eran los defensores del ambiente quienes provocaron el incendio. Durante el juicio oral, no se ha evidenciado la presencia de ellos en el incendio del campamento minero. Ni siquiera existen huellas dactilares, no está bien determinado que causo el incendio. Los defensores sí estuvieron en el campamento para dialogar y después se retiraron. Y, eso ha aparecido en los videos.
No habría motivos para que se les sentencien como coautores de los delitos antes mencionados. Lo que ha pasado es que a nivel probatorio, se ha logrado establecer que todos los testigos eran trabajadores de la empresa minera y probablemente tienen un interés en involucrar a los defensores que son la parte contraria, pero, políticamente. Lo más fácil para la fiscalía fue involucrar a los defensores que eran los más conocidos, sin embargo, durante el juicio aparecieron otros nombres.
El derecho a la protesta es un derecho constitucional.
Se aproxima la sentencia que se va a dictar, este artículo es solo un pequeño adelanto de lo que se ha ido dando en el desarrollo del juicio. Es claro que a los diez defensores se les somete a un proceso penal por delitos muy graves, por el solo hecho de haber ejercido sus derechos constitucionales a la protesta, libertad de expresión, libertad de reunión y de asociación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que no se debe usar el derecho penal para criminalizarles y tratarles como los peores delincuentes.
Sería muy injusto, que después de haber sido contaminados, expropiados de sus territorios, haber denunciado ante las instituciones del Estado y estas no les hayan hecho caso, ahora procesados, termine esto en una sentencia, solo por haber defendido su territorio y su ambiente. Y, haber representado valientemente a su población. Lo que debería hacerse es proteger a estos defensores que con su actitud y sus propuestas en el fondo están pidiendo ser atendidos y escuchados.
ACUSACIÓN. Diez exdirigentes de Chumbivilcas promovieron protestas contra la presunta “contaminación” de minera Anabi. Juicio termina este lunes y sentencia se daría antes del 31 de enero.
Una prolongada protesta contra la minera Anabi SAC se desarrolló entre el 14 de diciembre de 2011 y el 5 de febrero de 2012. La población de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) exigía el retiro de la empresa, que tenía una mina en explotación en la comunidad de Pumallacta, distrito de Quiñota. Temían la contaminación del río de la zona.
Hubo movilizaciones, bloqueos, soldadura de puentes, retención de vehículos mineros y un incendio del campamento de Anabi. Según el fiscal, William Solier, en aquella protesta hubo “secuestros”.
Culminado el conflicto, diez dirigentes fueron denunciados por siete delitos: secuestro, violación de domicilio por penetrar en negocio ajeno, robo agravado, destrucción de bienes muebles e inmuebles, contra medios de transporte, contra el normal funcionamiento del transporte público, y disturbios.
No obstante, son dos hechos, atribuidos por el fiscal, los que agravan la situación de los exdirigentes. Se los responsabiliza de prender fuego al campamento “causando grave daño a los bienes muebles e inmuebles de las empresas Anabi SAC, Maya SAC, Solexport, Ajani y Club Anabi”. Según Solier, los manifestantes también “secuestraron” a funcionarios y trabajadores. Los campesinos y sus abogados niegan los cargos, y acusan al Gobierno y la minera de una “criminalización de las protestas sociales”.
Suma de penas
El fiscal Solier consideró que hubo concurso real de delitos. Es decir, siete delitos cuyas penas privativas de la libertad deben sumarse. Así fijó penas que suman 60 años, pero, en cumplimiento del Código Penal (artículo 50), la sumatoria no puede superar los 35 años.
Entonces, los diez acusados podrían ser condenados a 35 años de cárcel. Sus defensores, Sergio Sullca y Ramiro Llatas, cuestionan la “desproporcionada pretensión fiscal” y la falta de un “fundamento” que los culpabilice. “Ni para los peores criminales piden 35 años de cárcel y a nosotros, los campesinos que luchamos por el medio ambiente, nos quieren meter tantos años”, cuestiona uno de los acusados, que prefiere el anonimato.
En efecto, ni el exdictador Alberto Fujimori, autor mediato de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, recibió una pena de esa dimensión. Inclusive se podría decir que solo Abimael Guzmán, el sanguinario terrorista, sería más peligroso que los exdirigentes chumbivilcanos.
«La conducta dirigencial no debe confundirse con la criminal. Los dirigentes cumplieron con abrir el diálogo entre el Ejecutivo, la minera y la sociedad civil en medio de una protesta; por eso, fueron acusados. Suponer que la sola condición de dirigente es un indicio de conducta delincuencial es criminalizar la protesta”, refirió Sergio Sullca.
Incluso, el gobierno regional, en un comunicado, respaldó a los comuneros y expresó su confianza en que el Poder Judicial garantizará una decisión objetiva e imparcial. Los acusados son Jaime Mantilla Chancuaña, Juan Ataucuri Mancilla, Victoria Quispesivana Corrales, Luciano Ataucuri Chávez y Samuel Acero Hurtado. También son Urbano Cjula Cáceres, Esteban Alvis Ccahuana, Wilber García Huaycani, Grimaldo Asto Puma y Edgardo Aguirre Pacheco.
“Los denunciados son autoridades locales y dirigentes, opositores a Anabi, promovidos por intereses personales y electorales futuros”, sostiene el fiscal William Solier.
Por otro lado, la reparación civil que pagarían sería millonaria. Si los hallan culpables, darán en forma solidaria S/ 231 000 al Estado y la sociedad, así como a las empresas Muruhuay, Sloj SRL y Solexport, y a sus trabajadores; mientras que US$ 2 577 747 millones a las compañías Anabi SAC y Maya.
Caso tendría sentencia a fines de enero
El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Cusco tiene la tarea de juzgar este caso. El lunes se desarrollarán las dos últimas audiencias (una por la mañana y otra por la tarde-noche). Dictarán sentencia —sea condenatoria o absolutoria— antes del 31 de enero, porque en febrero empiezan las vacaciones judiciales. Será una sanción en primera instancia.
Cada día que se realizan audiencias, hay plantones de ciudadanos en el frontis de la Corte Superior de Justicia. Piden que los acusados sean declarados inocentes. Los jueces tienen la última palabra.
Un alto contingente policial llegó en horas de la mañana al lugar
EL MELÓN.- Hace más de dos meses, un grupo de vecinos de El Melón comenzó una toma del pozo 9 de Anglo American, como una medida desesperada frente a la grave escasez hídrica que afecta a esa localidad.
En respuesta a esta manifestación, minera instaló un by-pass desde este pozo, para abastecer los estanques del Agua Potable Municipal y, además, hace pocos días anunció que la conexión de un segundo pozo. Sin embargo, los vecinos aseguraban que no depondrían la toma hasta que la totalidad de los vecinos tuviera agua en sus hogares.
DESALOJO
Sorpresivamente, la mañana de este viernes un alto contingente de Carabineros y Policía de Investigaciones llegó hasta el pozo para realizar un desalojo de la toma.
Los manifestantes pudieron escapar y no hubo ninguna persona detenida. De todas maneras, los policías se llevaron las carpas, un refrigerador, un fogón, bancas y otros implementos usados por los vecinos.
Según explicó el gobernador Iván Cisternas, la solicitud de desalojo fue realizada por la Municipalidad de Nogales, que es la dueña del terreno ocupado, que está en los entornos del pozo.
“Es una toma ilegal de un terreno que tiene dueño, en este caso el terreno pertenece a la Municipalidad de Nogales, es un bien de uso público municipal, y ellos solicitan que se entregue el terreno, que se saque a quienes están en la toma y se pueda entregar para su uso. Entonces lo que se hace es una solicitud a la gobernación”, indicó el gobernador.
En el municipio de Mazapil las norias y pozos se secaron con la misma velocidad que la Minera Peñasquito obtuvo concesiones para extraer agua. Las autoridades federales justificaron la entrega de esos permisos con estudios realizados por la propia empresa. Hoy el agua que esta compañía de Newmont Goldcorp tiene concesionada representa la misma cantidad que se utilizaría para entregar 68 litros diarios, durante un año, a toda la población de Zacatecas.
Con el sol de mediodía encima, dos niños ríen y juegan con tres perros en el terreno donde se levanta su casa construida con tablones de madera, concreto y lámina; corren muy cerca de dos viejos bidones a medio llenar. El agua que ahí se almacena, no más de 15 litros, es toda la que tiene esta familia para el resto del día.
Detrás de ese terreno, una estructura metálica sostiene el tanque donde se almacena el agua que se extrae de un pozo y que es custodiado por guardias de seguridad. El contenedor tiene el logo de la minera Newmont Goldcorp, asentada en el municipio de Mazapil desde 2006, a través de su filial Minera Peñasquito.
En otro tiempo, antes de que la mina se instalara en estas tierras, la falta de agua no era un problema cotidiano para los poco más de mil personas que viven en comunidades como San Juan de Cedros, Charcos, Mesas y Nuevo Peñasco, al norte de Zacatecas.
—Nosotros no teníamos problema con el agua porque aquí había un manantial, pero a raíz de que llegó la mina, (el manantial) se secó… Ahora ya no tenemos agua. Hace como siete años empezamos a batallar, el agua se fue secando y de repente ya no salió. Ahí (al manantial) la gente iba a lavar porque corría el agua. Las parcelas de ahí se regaban. Ya tampoco se siembra —se lamenta Alicia, habitante de San Juan de Cedros.
En esta zona de Zacatecas, el agua que antes abastecía a las comunidades ahora está a disposición de una sola empresa. Mientras los habitantes de la región se fueron quedando sin sus pozos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó a Minera Peñasquito una decena de concesiones para aprovechamiento de aguas nacionales.
En un lapso de siete años, Minera Peñasquito logró tener a su nombre diez títulos de concesión para explotar agua en Zacatecas; ocho de esas concesiones están destinadas a las operaciones de la mina que produce oro, plata, zinc y plomo.
La empresa minera consiguió las concesiones de agua sin encontrar ningún obstáculo del gobierno federal. Al contrario, tuvo todas las facilidades e incluso fue la misma minera la que realizó los estudios técnicos con los que la Conagua justificó la entrega de concesiones en un territorio desértico, donde existía una veda para otorgar nuevos permisos para explotación de agua.
Michael Harvey, director de asuntos corporativos de Newmont GoldCorp, asegura que dos de las diez concesiones ya no pertenecen a Minera Peñasquito, porque realizaron una “cesión de derechos” de los títulos de concesión, cuando vendieron la mina Camino Rojo a la canadiense Orla Mining en 2017.
Las ocho concesiones que Minera Peñasquito reconoce que utiliza le permiten disponer de 40 millones 287 mil 380 metros cúbicos de agua. Esa cantidad alcanzaría para distribuir, durante un año, 68 litros diarios de agua entre todos los habitantes de Zacatecas (1,581 mil 575 personas, de acuerdo con datos del INEGI).
Agua sí hay, pero para la mina
El martes 23 de marzo de 2010 comenzó sus operaciones la mina Peñasquito. Para el arranque formal se organizó una ceremonia a la que asistieron el entonces presidente Felipe Calderón; la exgobernadora de Zacatecas, Amalia García; el embajador de Canadá en México, Guillermo Rishchynski, así como Chuck Jennes y Ian Telfer, directores de la compañía.
Ese día, Felipe Calderón destacó que el diminutivo de Peñasquito no correspondía con la “enorme mina” que comenzaría a operar, y agradeció que en medio del desierto encontraran oro y plata para arrancar con la mina que, dijo, “será un orgullo para Zacatecas”.
—A nuestra comunidad la dejaron sin agua, el pozo que servía aquí se secó. Fue de los primeros afectados, porque está como a 200 metros de donde la minera empezó a hacer el tajo, por eso creemos que es culpa de ellos —explica Jorge, habitante del ejido de Charcos.
Los cimientos para que la mina se instalara en la zona se colocaron 16 años antes de que empezara sus operaciones. En 1994, la Minera Kennecot realizó trabajos de exploración e identificó el yacimiento de Peñasquito en el Valle de Mazapil. Cuatro años después, Western Silver adquirió los derechos de la concesión para explotación de minerales y fundó la empresa Minera Peñasquito que, en 2006, terminó siendo filial de Goldcorp, compañía que en abril de 2019 fue comprada por la estadounidense Newmont.
Minera Peñasquito se instaló en terrenos que compró o en donde hizo convenios de renta de tierras con los ejidatarios, con una vigencia de 30 años con opción a prórroga. Este proceso de ocupación ha sido motivo de estudios académicos —como el publicado en 2014 por Claudio Garibay, Andrew Boni, Francesco Panico y Pedro Urquijo, especialistas del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y de la Universidad Veracruzana—, donde se señala que en realidad se trató de un caso de “destrucción de territorio y desposesión de las comunidades” que contó con la ayuda de diversas autoridades estatales y federales.
En diciembre de 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto minero. El funcionario que firmó la resolución fue el biólogo Ricardo Juárez Palacios, entonces titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).
Al año siguiente, Juárez Palacios renunció a la Semarnat en medio de acusaciones ante la Secretaría de la Función Pública por la entrega de permisos irregulares en todo el país, entre ellos el del Malecón Tajamar, en Cancún, que permitió la destrucción de 57 hectáreas de manglar, a cambio de la construcción de un centro comercial y condominios.
En 2006, la Minera Peñasquito estimó que el yacimiento de oro, plata, zinc y plomo podía tener reservas de 335.1 millones de toneladas y que para su explotación necesitaría 10 millones de metros cúbicos de agua al año, de acuerdo con los datos que presentó en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
En ese mismo documento se expone cómo las autoridades permitieron que la empresa tomara el control del agua en esa región del norte de Zacatecas. Ahí se explica que desde 2004 la minera presentó una solicitud a la gerencia estatal de Conagua para “obtener el agua necesaria para la operación del proyecto minero”. Las autoridades estatales de la Conagua, se apunta, recomendaron a la empresa realizar “un estudio que permita actualizar la disponibilidad de agua del acuífero Cedros, ya que este acuífero no contaba con información actualizada y, por lo tanto, su condición era de veda.”
Desde agosto de 1988, cuando el gobierno federal declaró una veda en las cuencas hidrológicas de Zacatecas por tiempo indefinido, se alertaba del riesgo de “sobrepasar la cantidad explotable de los acuíferos, cuya conservación y protección es de interés público”. Por esa veda, no era posible otorgar concesiones de agua para uso industrial en la zona donde se asentó la mina.
Para darle vuelta a esa prohibición, Minera Peñasquito realizó el “Estudio de Evaluación Hidrogeológica del Acuífero Cedros, en el Municipio de Mazapil, Zacatecas”, que se presentó a las autoridades de la Conagua en diciembre de 2004.
Ese estudio sirvió para que la Conagua autorizara a la minera construir cinco pozos para extraer poco más de cuatro millones de metros cúbicos de agua para uso industrial, según señaló la propia empresa en la MIA de 2006. Esas perforaciones se realizaron sin que la minera contara con una concesión para extracción de agua.
“Teníamos el permiso para perforar los pozos, pero no el título para utilizar el agua”, señala Michael Harvey, director de Asuntos Corporativos de Newmont Goldcorp. “Tienes que hacer pozos de exploración para saber dónde se encuentra el agua y determinar si ese pozo te va a dar el caudal que estás necesitando. Vas primero con la Conagua para el permiso de exploración, haces los pozos y después tramitas el título de concesión”.
En 2006, Minera Peñasquito —confirmó Michael Harvey— realizó otro estudio hidrogeológico y de “evaluación integral” del acuífero de Cedros. Y en 2007, se hace un “estudio consecutivo”, para el cual realizan “pozos más profundos” —400 a 600 metros— y “se obtienen datos específicos para recalcular la disponibilidad del acuífero (de Cedros)”. La empresa entregó estos estudios a la Conagua.
El 13 de agosto de 2007, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el “Acuerdo por el que se da conocer el resultado de los estudios de disponibilidad media anual de las aguas subterráneas de 50 acuíferos”. En ese documento se aseguró que en el acuífero de Cedros, la recarga media anual era de 10.1 metros cúbicos y que era posible entregar 5 millones de metros cúbicos en nuevas concesiones.
En abril de 2008, Minera Peñasquito obtuvo su primera concesión para extraer hasta 2 millones 150 mil metros cúbicos de agua al año.
A partir de entonces, y siempre utilizando como base los estudios de la propia empresa, la Conagua comenzó a entregar concesiones a la minera.
Hay más oro, se necesita más agua
La empresa minera encontró que en el Valle de Mazapil había más oro y plata de lo que sus primeros estudios geológicos habían considerado: en lugar de 335.1 millones de toneladas ahora se aseguraba que había reservas de hasta 469 millones de toneladas de minerales. Así que, para aumentar su capacidad de explotación, la minera necesitaba más agua.
En marzo de 2008, la Minera Peñasquito presentó una nueva MIA para la ampliación de su proyecto. En el documento, la empresa aseguró que sus estudios hidrológicos —realizados en 2007— mostraban que en la zona existía agua suficiente para la producción y operación de la mina.
En julio de 2008, durante la presidencia de Felipe Calderón y con José Luis Luege Tamargo como director de la Conagua, se abrió totalmente la puerta para que Minera Peñasquito obtuviera el agua que requería. Ese mes la Conagua publicó el documento sobre la disponibilidad de agua en el acuífero de Cedros. Si en 2007 se afirmaba que la recarga media anual de ese acuífero era de 10.1 millones de metros cúbicos al año; en 2008 la cifra aumentó en un 435 por ciento: la dependencia aseguraba que era de 54.5 millones de metros cúbicos. Con esa modificación determinó que habían 40 millones 346 mil metros cúbicos de agua disponibles “para otorgar nuevas concesiones”.
En noviembre de 2018, Minera Peñasquito recibió su segunda concesión para el aprovechamiento de 2 millones 687 mil 380 metros cúbicos de agua.
La multiplicación de las concesiones para la empresa se dio después del 28 de agosto de 2009. Ese día en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo de actualización de disponibilidad media anual de 282 acuíferos, uno de ellos era el de Cedros. En ese documento se volvió a insistir que la recarga media anual en el acuífero de Cedros era de 54.5 millones de metros cúbicos.
Entre 2010 y 2014, la Conagua entregó cinco concesiones más a Minera Peñasquito. Además le autorizó una “transmisión de derechos”. Para finales de 2014, la minera ya contaba con las ocho concesiones que, en suma, le permitían disponer de 40 millones 287 mil 380 metros cúbicos de agua al año.
—Para cambiar los datos sobre la recarga media anual del acuífero, ¿la Conagua tomó como base los estudios que hizo la minera? —se le preguntó en entrevista a representantes de Minera Peñasquito.
—Como base. Pero también estudios anteriores. —aseguró Michael Harvey, director de asuntos corporativos de Newmont Goldcorp.
—Pero estudios anteriores —realizados por la Universidad de Sonora— señalan que la recarga media anual del acuífero era de 10.1 metros cúbicos.
—Los pozos que había en su momento (y con los que se hicieron los estudios anteriores) eran muy someros, entonces estaban evaluando la capacidad del acuífero en la parte superior. Cuando Minera Peñasquito perfora pozos más profundos (de 400 a 600 metros) encuentra un volumen mayor. La Conagua tiene más elementos para determinar que se puede tener una mayor disponibilidad en el acuífero, porque no nada más hay una recarga vertical (del acuífero), sino también horizontal.
Cumplir los deseos de la mina
San Juan de Cedros es hoy un pueblo de recuerdos marchitos. Sus habitantes rememoran los tiempos en que podían nadar en el estanque de la comunidad. En el ejido aún es posible encontrar los rastros abandonados de una alberca y la hendidura entre las montañas por donde corría el agua.
En esos tiempos, un grupo de mujeres cultivaba zanahorias, calabazas, coles, cebollas y otros vegetales en una pequeña parcela que hoy luce llena de tierra seca. Los pobladores también recuerdan cuando podían ir a pescar y pasar los domingos en la presa cercana que hoy está seca.
A unos veinte minutos al norte de San Juan de Cedros se encuentra el ejido de Nuevo Peñasco, el lugar parece un pueblo fantasma. Ahí fueron reubicadas las familias que antes vivían en el sitio donde hoy está el tajo de la mina.
—Antes vivir era muy tranquilo, teníamos nuestra labor y nuestros animales… Ahora todo compramos y antes lo podíamos cosechar —recuerda Gloria, del ejido Nuevo Peñasco.
Para obtener una de sus concesiones de agua, Minera Peñasquito utilizó la “transmisión de derechos”, recurso que contempla la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y que permite al titular de una concesión transferir ese permiso.
La “transmisión de derechos” en realidad es la venta de un título de concesión. Esta práctica ha propiciado que campesinos que tenían a su nombre concesiones otorgadas para uso agrícola terminen vendiéndolas.
Minera Peñasquito obtuvo los derechos de transmisión de dos títulos que tenían uso agrícola, de acuerdo con el expediente de la concesión 07ZAC100886/36FMDL09, obtenido a través de una solicitud de información a la Conagua.
Michael Harvey, de Newmont Goldcorp, aseguró que la minera no pagó nada al ejidatario Ascensión Carrillo, quien les cedió uno de los títulos de concesión para extracción de agua.
De acuerdo con el expediente del título 07ZAC100886/36FMDL09, el 23 de enero de 2009, la empresa le informó a la Conagua sobre la transmisión de derechos con uso agrícola y solicitó que el volumen de extracción de cada uno de ellos se juntara en uno solo. También pidió el cambio de uso a industrial y que se incrementara el volumen de agua autorizado.
Tres meses después, el 1 de abril de 2009, el entonces director local de la Conagua en Zacatecas, José Mario Esparza Villalobos, concedió a Minera Peñasquito todas sus peticiones y le entregó una concesión para extraer 450 mil metros cúbicos de agua al año. Ese permiso vence hasta el año 2024.
Además de Minera Peñasquito, Goldcorp es propietaria de Camino Rojo S.A. de C.V. A esta empresa, la Conagua entregó dos títulos para extraer agua, para uso industrial, en el acuífero de Guadalupe de Garzarón, de acuerdo con los expedientes de las concesiones obtenidos a través de solicitudes de información.
En 2015, Minera Peñasquito solicitó a la Conagua la autorización para que Camino Rojo le transfiera esas concesiones; la dependencia lo aprobó.
En entrevista, Michael Harvey, de Newmont GoldCorpg, asegura que, desde 2017, cuando vendieron a la canadiense Orla Mining el proyecto Camino Rojo, se transfirieron a esa empresa las dos concesiones para extraer agua del acuífero Guadalupe de Garzarón. Sin embargo, en el REPDA hasta diciembre de 2019 esos títulos aún aparecían a nombre de Minera Peñasquito.
En los expedientes de las concesiones de agua a nombre de la minera —algunas vigentes hasta el año 2045— es posible encontrar que, en por lo menos siete de ellas, la empresa ha solicitado a la Conagua autorización para cambiar la ubicación de los pozos, por “la sensible disminución en el rendimiento (de agua) que las obras actuales proporcionan”. Esas autorizaciones se han dado sin ningún reparo.
La mayoría de las modificaciones en los títulos de concesión a nombre de Minera Peñasquito se solicitaron entre 2012 y 2016.
Felipe Benjamín de León Mojarro, titular de la Conagua en Zacatecas desde 2013 y hasta 2017, fue el funcionario que autorizó la mayoría de los cambios. Hoy es titular de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado del estado (JIAPAZ). Hasta la publicación de este reportaje, De León Mojarro no respondió a una solicitud de entrevista.
En su reporte técnico sobre Peñasquito, publicado el 30 de junio de 2018 y disponible en su página de internet, Newmont Goldcorp señala que los estudios hidrológicos que realizó en la cuenca de Cedros están completos y muestran que hay suficiente agua para proveer 40 millones de metros cúbicos por año.
Además, la empresa asegura que la zona en donde se encuentra la mina tiene un balance hídrico: “la gestión del agua hasta la fecha ha sido la adecuada y no se han encontrado problemas hidrológicos que puedan afectar las operaciones mineras”.
Para quienes viven en las comunidades aledañas a la mina, la realidad es otra. José Martín Bustamante trabajó en la mina; lo despidieron cuando se sumó a las protestas para reclamar que la empresa cumpliera con sus compromisos.
Depender del agua que da la mina
En San Juan de Cedros sus habitantes solo tienen agua entre tres y cuatro horas al día. Algunas familias del ejido compran, en promedio, 12 garrafones a la semana, cada uno de ellos les cuesta entre 37 y 39 pesos; esa agua la utilizan para beber y cocinar.
—Antes el agua la sacábamos de una noria. Ahorita, uno llena un bote y luego luego (el agua) se pone blanca. Hay agua que mandan de ahí, de la mina, no sabemos ni qué agua es —explica Gloria, de Nuevo Peñasco.
—Compra agua (embotellada) la gente que tiene un poco más de dinero, pero ¿y la que no tiene? —pregunta una mujer de 33 años, madre de dos niños que no rebasan los once años. Ella utiliza el agua que le proporciona la mina para cocinar, lavar sus trastes y bañar a sus hijos.
A partir de 2017, la empresa Minera Peñasquito comenzó a dotar de agua a las comunidades que se encuentran en los alrededores de la mina y que reclamaron por la falta de agua.
—En México, la empresa termina resolviendo las necesidades de la gente, porque no hay mucho Estado ahí… Son responsabilidades del Estado mexicano que debería estar resolviendo esos problemas, pero la empresa termina haciéndolo como parte del programa de responsabilidad social —dice Michael Harvey, director de asuntos corporativos de Newmont Goldcorp.
Harvey asegura que antes de que la minera llegara a esa zona del municipio de Mazapil, las comunidades no tenían agua potable; ahora —insiste— “tienen mejor acceso de agua que antes” y menciona que han instalado plantas potabilizadoras que surten a las comunidades.
—¿Las comunidades dependen totalmente del agua que les da la mina?
— Para consumo humano, sí.
—¿No es grave que la dotación de agua de las comunidades dependa de ustedes?
—Lo hacemos como parte de nuestro trabajo de responsabilidad social, pero ya el gobierno y la comunidad lo ve como obligación de la empresa, pero no lo es.
En las comunidades que están en la zona, hay familias que dependen del agua que les otorga la minera.
Al recorrer las comunidades que se encuentran alrededor de la mina Peñasquito, los pobladores hablan del abasto de agua, pero también de sus problemas de salud. Ellos señalan que es por culpa del agua que consumen.
—Hace poco unos niños se enfermaron de la piel, les salieron ronchas que eran muy molestas. Los llevaron a que los revisaran en la clínica del municipio y les comentaron que podía ser el agua con la que se bañan, o el polvo —contó Jorge, de la comunidad de Charcos.
El señor Pedro Morquecho conserva en un cajón copia de los estudios que, en noviembre de 2018, realizaron investigadores de la Unidad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). En esos documentos se señala que el agua de la comunidad de Mesas tiene altos niveles de arsénico, mercurio y plomo.
Manuel de Jesús Macías Patiño, docente de la Universidad y quien firma el reporte del estudio, explica que los investigadores no participaron en el levantamiento de las muestras y, por lo tanto, no tienen certeza de que se cumplieron con los estándares científicos para poder determinar la calidad del agua de la región.
Darcy Tetreault, de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, considera que en el municipio de Mazapil se requiere hacer una investigación profunda e imparcial, para determinar si hay daños a la salud de los pobladores de la región a causa de la actividad minera.
El director de asuntos corporativos de Newmont Goldcorp, Michael Harvey, dice que los pobladores que tienen quejas son utilizados por políticos locales que se presentan como asesores de las comunidades y que “exigen más de 400 millones de dólares de pagos; ellos como asesores recibirán 20% de ese monto si logran cobrarlo”.
El representante de la Minera Peñasquito insiste en que varias de las protestas que han realizado los pobladores en contra de la mina tienen como objetivo obtener esos pagos, “el tema del agua lo utilizan como estrategia de comunicación para presionar en la negociación. Para ellos el tema no es el agua, es el dinero”.
Impuestos que se condonan
En la mina Peñasquito, Newmont Goldcorp produce 310 mil onzas de oro anuales, según información disponible en su página web. Eso la coloca en el cuarto lugar entre las empresas productoras de ese metal en México; además, es la segunda productora más grande de zinc y la tercera con mayor producción de plata en el país de acuerdo con datos de la Cámara Minera.
Al término de 2018, Goldcorp generó ganancias por 7 mil 253 millones de dólares, a través de negocios ubicados en África, Australia y América, según sus reportes financieros.
El gobierno mexicano no solo ha entregado a la empresa toda el agua que ha solicitado. También le ha condonado impuestos.
En 2013, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) condonó a Minera Peñasquito 13 millones 318 mil 224 pesos, de acuerdo con la información sobre impuestos cancelados y condonados obtenida por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, a través de solicitudes de información.
A Michael Harvey se le preguntó cuál fue el argumento que presentó la empresa minera al gobierno de México para obtener la condonación de impuestos. El representante de la compañía dijo que lo consultaría con el departamento encargado de los asuntos fiscales de la empresa. Hasta la publicación del reportaje, no se tenía una respuesta.
Para este reportaje también se pidió a la Conagua, a través de una solicitud de información, los registros de los pagos por derechos de agua realizados por las concesiones a nombre de Minera Peñasquito. En un primer momento, se negó la información y se clasificó como “confidencial”, aludiendo al secreto fiscal.
Para obtener esos datos, se presentó un recurso de revisión al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organismo que revocó la respuesta de la Conagua y la instruyó a entregar la información. De acuerdo con los datos entregados, la Conagua solo tiene registros de pagos para una de las concesiones a nombre de la minera, los cuales suman 2 millones 591 mil 514 pesos, para un periodo de 2014 a 2018.
A Minera Peñasquito también se le solicitaron documentos sobre los pagos que ha realizado por las concesiones de agua que tiene a su nombre. La empresa entregó copias de documentos sobre pagos por derechos de agua realizados desde 2009 y hasta el tercer trimestre de 2019 que, en total, suman poco más 760 millones 949 mil 672 pesos. Sin embargo, no todos los pagos que se mencionan en esos documentos —oficios dirigidos a la Conagua— están acompañados con su ficha bancaria correspondiente. Por ejemplo, del trimestre de 2019, solo entregó recibos bancarios del primer y tercer trimestre.
Más trabajos de exploración
A mediados de septiembre de 2019, y por segunda ocasión en seis meses, ejidatarios de San Juan de Cedros bloquearon las operaciones de Newmont Goldcorp en Zacatecas. Se quejaron del incumplimiento de los acuerdos por parte de la empresa para proveer de agua potable, trabajo y mejoramiento ambiental a los ejidos.
El 18 de septiembre, la empresa ofreció destinar 25 millones de dólares en inversiones comunitarias dentro del municipio de Mazapil.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a ambas partes llegar a un acuerdo, pues “es una inversión importante, son trabajadores, no nos conviene que se cierre esa mina, pero se tienen que atender las demandas justas”, dijo en su conferencia mañanera del lunes 30 de septiembre de 2019.
El bloqueo terminó días después, el 8 de octubre, después de que ambas partes acordaron tener mesas de diálogo. Por su parte, un grupo de ejidatarios anunció que llevarán su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 2 de enero de 2020, la Conagua difundió un comunicado en el que se reconoce que el acuífero de Cedros, del cual obtiene el agua la minera, presenta un défict; es decir, se está sobreexplotando el acuífero y no se está garantizando su capacidad de recarga.
A partir de estudios ténicos realizados por la Conagua en septiembre de 2019 —de acuerdo con el comunicado— se determinó que el déficit es de cinco millones de metros cúbicos anuales. La dependencia asegura que como parte de los acuerdos a los que se llegaron en las mesas de negociaciones, “la minera renunció al aprovechamiento de dicho volumen (los cinco millones de metros cúbicos), lo que permitirá avanzar en la recuperación del acuífero”. Además, se formalizará una Declaración Unilateral de Obligaciones para la preservación de aguas nacionales subterráneas, con el que en 2023 la minera cederá otros cuatro millones de metros cúbicos.
Mes y medio antes de ese comunicado, en entrevista Michael Harvey, representante de Newmont Goldcorp, aseguró que Minera Peñasquito no utilizaba la totalidad de agua que tenía concesionada. Según sus propios datos, 2018 fue el año durante el cual usó más agua: 29 millones 463 mil 652 metros cúbicos, de los más de 40 millones que tiene concesionados.
De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, cuando un usuario no utiliza la totalidad o parte del volumen autorizado, durante dos años consecutivos, la Conagua puede retirarle o modificar la concesión.
Los cinco millones de metros cúbicos que Minera Peñasquito aceptó ceder para la recuperación del acuífero representan poco menos de la mitad del agua que, de acuerdo con sus propios datos, no están utilizando.
En la zona, por lo pronto, Minera Peñasquito cuenta con agua. Tan es así que tiene planes de extender sus operaciones más allá de los 14 años que, hasta ahora, tiene estimados estar en Mazapil. “Estamos haciendo trabajo de exploración para tratar de encontrar más minerales y extender la vida de la mina”, asegura Michael Harvey.
Alicia, habitante de San Juan de Cedros, se pregunta qué pasara cuando la mina se vaya: “¿quién se va a hacer responsable de los daños? La mina se va sin problema, y los que se quedan con todos los problemas vamos a ser nosotros, ¿cómo le vamos a hacer para sobrevivir sin agua?”
Así lo constató el estudiante Giovanni Ramírez, del Doctorado en Ciencias – Biología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien en su tesis de grado caracterizó las especies vegetales de tres sectores de minas del corregimiento de Jigualito, municipio de Condoto (Chocó), abandonadas hace 30, 15 y 5 años, con la tutoría del profesor Jesús Orlando Rangel, del Instituto de Ciencias Naturales.
CHALCHIHUITES.- La empresa minera El Toro, ubicada en este municipio, anunció que “luego de una extensa revisión de la operación de Del Toro”, la compañía decidió suspender de manera temporal las operaciones de minado y planta durante 2020.
La demanda del litio está aumentando en todo el mundo, pero la minería está provocando diversos conflictos. En los pueblos del desierto de Atacama en Chile, el agua para las personas y los campos es cada vez más escasa.
– Norma Adriana Garduño Salazar denunció que la empresa canadiense Álamos Gold pretende explotar una mina a cielo abierto para la extracción de metales preciosos.
Este lunes 20 de enero en Tambobamba, capital de la provincia apurimeña de Cotabambas, se retomó la audiencia del juicio oral que se sigue contra los 21 defensores que han sido criminalizados desde el año 2015 luego del conflicto con la Minera MMG Las Bambas.
El próximo 25 de enero se cumple un año más de la terrible tragedia de Brumadihno (municipio del estado de Minas Gerais), ocasionada por el colapso de un dique de la mina de Feijão (de propiedad de la empresa Vale). El colapso del dique de residuos mineros provocó la muerte de 270 personas y toda una tragedia ambiental en toda la zona.
¿Qué pasaría si en lugar de que vayan a la cárcel los delincuentes, comienzan a ir, los inocentes? Seguramente, eso causaría mucha indignación de parte de los ciudadanos y ciudadanas, porque, en primer lugar se crearía una injusticia, la desconfianza de la gente en el Poder Judicial y, concretamente en los jueces que tienen que emitir la sentencia.
Una prolongada protesta contra la minera Anabi SAC se desarrolló entre el 14 de diciembre de 2011 y el 5 de febrero de 2012. La población de la provincia de Chumbivilcas (
Un alto contingente policial llegó en horas de la mañana al lugar
En el municipio de Mazapil las norias y pozos se secaron con la misma velocidad que la Minera Peñasquito obtuvo concesiones para extraer agua. Las autoridades federales justificaron la entrega de esos permisos con estudios realizados por la propia empresa. Hoy el agua que esta compañía de Newmont Goldcorp tiene concesionada representa la misma cantidad que se utilizaría para entregar 68 litros diarios, durante un año, a toda la población de Zacatecas.