Perú

Terminal Portuario Paracas no podrá transportar minerales

28/07/2020
Foto: Imagen referencial
Desaprueban modificación del Estudio Ambiental del proyecto Terminal Portuario General San Martín-Pisco, presentada por la empresa Terminal Portuario Paracas S.A, que buscaba transportar concentrado de minerales. Actualmente, solo embarca y desembarca productos agrícolas y cemento.

El puerto cuya construcción aún no termina, pero que ya opera desde 2018 está ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles (Senace) desaprobó la modificación. Según la resolución 73-2020-Senace, se concluyó que no se absolvieron algunas observaciones por parte de dicha entidad, el ANA y Sernanp, por lo que se dio por concluido el proceso de modificación del Estudio de Impacto Ambiental.

De acuerdo al informe, varias observaciones no absueltas tienen que ver con el tránsito de vehículos por la Reserva Nacional de Paracas. El concentrado de mineral sería llevado al puerto para su embarque por la carretera que atraviesa la zona protegida, uno de los lugares más privilegiados en flora y fauna del mundo.

El consorcio, formado por la española Servinoga y las brasileñas Pattac y Tucuman, administra, a través del Terminal Portuario Paracas, dicho puerto desde el 2014. Así, en 2018, TPP decidió modificar su EIA para la exportación de minerales.

En 2019, el Senace rechazó dicha solicitud y la empresa apeló la decisión. En dicha ocasión, la autoridad indicó que la desaprobación fue a raíz de que 33 observaciones no fueron levantadas, de un total de 277. De estas, 16 correspondieron a dicha entidad y 17 al Sernanp.

La modificación suponía la ejecución de un almacén de concentrado de minerales, una planta de tratamiento de aguas residuales, una planta desalinizadora y un emisario submarino para vertimiento de salmuera.
Fuente: Gestión

Perú: Terminal Portuario Paracas no podrá transportar minerales

Mexico

Los territorios locales asumen las consecuencias negativas de la minería a cielo abierto: REMA

ALEJANDRO ORTEGA NERI
28/97/2020

En Zacatecas se practica la minería a cielo abierto ■ foto: la jornada zacatecas
El pasado 22 de julio, como se viene haciendo desde 2009, se conmemoró el Día Internacional de Acción en Contra de la Minería de Cielo Abierto, el cual tuvo su origen en México en el marco de la lucha contra el proyecto de extracción de oro por tajo impulsado por la Minera San Xavier en las proximidades al Cerro San Pedro, en San Luis Potosí y que hoy, a 11 años se conmemora como un manifestación de forma coordinada de los pueblos del mundo ante la devastación y desposesión provocadas por el extractivismo minero a lo largo y ancho de la tierra.

De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el proyecto Minero de Cerro San Pedro, el cual luego fue abandonado después de su devastación y el desplazamiento, es emblemático porque marcó la ruta del verdadero significado de la devastación de la minería a cielo abierto y que al día de hoy, el país se encuentra plagado de extremo a extremo con aproximadamente mil 500 proyectos mineros operando, sin que se vislumbre un alto, pues el gobierno de la Cuarta Transformación muestra, a decir de la Red, “salvaguarda la continuidad del modelo extractivo minero que ocasiona despojo y desplazamiento forzado, mata la vida y atenta de forma masiva contra los pueblos de México”.

Zacatecas, de acuerdo con el colectivo Geocomunes, es uno de los principales estados de México que sufre “la amenaza neoliberal de los bienes comunes”, pues tan sólo basta observar un mapa de las concesiones a empresa mineras en el estado para entender la situación, ya que en las regiones donde mayor extracción se registras, no ha significado riqueza alguna para la población local.

En Zacatecas, hablar de minería y extracción a cielo abierto, el primer referente son las compañías extranjeras y sobre todo Peñasquito, hoy propiedad de la compañía Newmont, sin embargo, de acuerdo con la cartografía realizada por el colectivo Geocomunes, la compañía que tiene más concesiones en el territorio local es Peñoles, propiedad del millonario mexicano Alberto Bailleres, por lo que no solamente las empresas extranjeras son las que amenazan los bienes comunes, sino también el capital privado mexicano que sigue enriqueciéndose a costa de casos como el Salaverna, en Mazapil, cuyo caso, según el colectivo, representa el único en el país de desplazamiento forzado de una población también provocada por una compañía mexicana, Minera Frisco Tayahua, de Carlos Slim, cuyo proyecto busca volverse también a cielo abierto, como se anunció en 2013.

Zacatecas, según REMA y Geocomunes, es el estado en el país con más minas de tajo a cielo abierto y hay proyectos que se están destinando también a esta modalidad. Por lo que la entidad puede que sea el estado que más plata extraiga en el mundo, pero el costo de tal logro serán los bienes comunes y el medio ambiente, y no beneficios traducidos en derrama económica y en un reparto de la riqueza de sus habitantes.

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en los últimos años Zacatecas se ha mantenido como uno de los estados que mayor aportación genera al valor total de la extracción minera en México, tal es que en 2017 alcanzó una contribución del 20.7 por ciento, lo que equivale a 76.3 millones de pesos. No obstante, según Sergio Elías Uribe, colaborador del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, esta situación no se refleja en una mejor calidad de vida de la población, sobre todo, aquella que se ubica en las inmediaciones de las operaciones extractivas, sino que por el contrario, lejos de generar progreso y desarrollo, la intensificación del extractivismo minero ha desencadenado múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales, querellas que muestran que lo que está en disputa es el trabajo y el territorio.

“En el marco de la actual fase de acumulación –señala Elías Uribe-, Zacatecas sigue siendo, como en tiempos de la Colonia, una entidad con gran potencial, pues ahí se encuentran grandes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, que son de gran importancia para los empresarios mineros. Para abril de 2019, se tenía un registro de 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras, que equivalen al 31.64 por ciento del total del territorio estatal”.

Hasta el momento, hay 12 minas metálicas operando en Zacatecas. Destacan las actividades de Industrias Peñoles y las unidades El Saucito ubicada en Fresnillo, la cual, es considerada la mina más importante en la extracción de plata del país, ya que en 2018 participó con la tercera parte del total nacional y el 7 por ciento a nivel mundial, de acuerdo con el último reporte de la Cámara Minera de México (Camimex). A esta le sigue la Unidad Fresnillo, que ocupó el tercer lugar nacional con 15.1 millones de onzas de plata extraídas. Y en el sexto lugar está La Colorada, establecida en Chalchihuites, perteneciente a la empresa canadiense Pan American Silver, que en el mismo año extrajo 7.6 millones de onzas de plata según se registra en el Panorama Minero de Zacatecas en su edición 2019.

Del mismo, se ubican la Unidad El Coronel localizada entre los municipios de Luis Moya y Ojocaliente, que extrae diariamente 55 mil toneladas de material que contiene oro y plata; las minas Frisco-Tayahua, propiedad de Carlos Slim y Peñasquito que pertenece a la corporación estadounidense Newmont, calificada como la segunda mina más importante de plata y la tercera de oro a nivel nacional. Estas últimas, ubicadas en la región de Mazapil, que junto a la región de Fresnillo albergan las minas más importantes de Zacatecas.

Mientras las grandes beneficiadas de la extracción mineral en Zacatecas han sido las corporaciones mineras, ya sean canadienses, estadounidenses y mexicanas, los territorios locales son los que asumen las consecuencias negativas que genera este modelo extractivo, que han dejado entrever una sobreexplotación laboral, despojo de tierra y agua, devastación ambiental y múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales.

Según el colectivo Geocomunes, aunque lo que deja la minería en impuestos es “insignificante” comparando con sus ganancias, en cuestión de impactos la lista es larga, pues deja daños sociales con la criminalización, hostigamiento y persecución de activistas y el desplazamiento forzoso de comunidades; mientras que en el rubro ambiental, hay una radical transformación del paisaje, tala excesiva de vegetación, agotamiento de mantos y manantiales y contaminación con químicos tóxicos por mencionar algunos efectos, que a su vez generan impactos en la salud y en el ámbito cultural, porque se modifican los modos de vida, debido entre otras cosas, a la desaparición del patrimonio y la alteración de la dinámica local.
https://ljz.mx/2020/07/28/los-territorios-locales-asumen-las-consecuencias-negativas-de-la-mineria-a-cielo-abierto-rema/

Argentina

Villa Allende: el camino a San Fernando cerrado y un conflicto que espera salida

El municipio solicitó a Vialidad Provincial que se expida sobre si esa vía es pública o privada, pero aún no obtuvo respuesta. Por eso acudió al gobernador. Vecinos y ambientalistas denuncian el cierre con tranqueras por parte de la empresa minera que amplió su área de trabajo en esa zona de Sierras Chicas.
El camino, cerrado con tranqueras (Gentileza Miguel Lobos)
BENITA CUELLAR
28/07/2020
El municipio de Villa Allende solicitó al Gobierno de la Provincia, mediante una carta que lleva la firma del intendente Eduardo Romero, que interceda ante la Dirección Provincial de Vialidad para que resuelva con urgencia si el camino S522, que une históricamente esta ciudad con el paraje San Fernando, es público o es privado.

La petición surge a raíz del continuo reclamo que vienen realizando vecinos y ambientalistas del sector sobre la posibilidad de que la minera El Gran Ombú, con actividad en el sector, cierre ese camino que pasa por la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende y tiene conexión con el cerro Pan de Azúcar.

Además, la Municipalidad aclara que la insistencia de esta solicitud de información tiene sustento en las decisiones de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, mediante resolución 127 de 2015, y de la Secretaría de Minería, por resolución 31 del mismo año, que aprobaron la explotación minera por parte de esa empresa en una superficie de 110 hectáreas.

El secretario de Gobierno municipal, Nicolás García, afirmó a La Voz: “El pedido se hizo junto al Concejo Deliberante ya que Vialidad no respondió nuestras notas. La explotación está autorizada desde el año 2015. La minera ya está concluyendo la primera etapa y tiene permiso para explotar la segunda y la tercera”.

Pero para iniciar estos trabajos mineros, antes Vialidad debe resolver el tema del camino a San Fernando con una traza alternativa de “by pass” en ese sector.

“Entendemos lo de la cuarentena pero queremos que se expida urgente. Nosotros defendemos la postura de los vecinos de preservar el camino como público”, añadió García.

El camino, cerrado con tranqueras (Gentileza Miguel Lobos)
Patrimonio municipal

La zona, atravesada por el camino S522, tiene una gran riqueza natural, ya que allí se encuentra la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende creada en 2002 y protegida por ley.

Además conserva antiguos asentamientos de comechingones que forman parte del patrimonio histórico y cultural, empadronados por la Secretaría de Cultura de la Provincia.

En el lugar viven alrededor de 10 familias, en campos colindantes a las hectáreas que compró la minera. También es usado por cuerpos de seguridad y rescate, deportistas y visitantes.

Desde 2010, vecinos y diversas organizaciones ambientalistas vienen denunciando que la empresa fue colocando carteles de propiedad privada en distintas instancias. Y desde fines de 2019 los volvió a colocar prohibiendo el paso.

El 25 de julio de 2020 los propietarios cerraron el camino con tranqueras.

Por eso, el Consejo Municipal Ambiental de Villa Allende reforzó la acción preventiva judicial, presentada en junio pasado contra Vialidad y la empresa por daños en el Juzgado de 44° Nominación Civil y Comercial, con una nueva denuncia adjuntando un registro fotográfico.

Además solicitó que se retire la cartelería actual y se coloque una nueva aclarando que el camino es público.

“Desde 2012 la cantera pone en duda si es público o no por la compra de campos de ambos lados”, indicó Joaquín Deón, geográfo e integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas.

Asimismo señaló que se reunieron con la Secretaria Legal y Técnica del organismo, Mariana Fatum. «Nos planteó que se necesitan juntar las pruebas y que consideran la posibilidad del cierre de camino”, aclara Deón.

En tanto, este jueves 30, el Consejo Ambiental se reunirá junto a técnicos y abogados para definir estrategias para que los más de 70 bienes naturales y culturales se conviertan en patrimonio municipal, proyecto que ya fue presentado ante el Concejo Deliberante municipal.

Las respuestas

El Gran Ombú se instaló fuera de la reserva en 1987. Y en 2011 y 2019 compró nuevos campos para ampliar el trabajo minero ya dentro de la reserva. Para hacerlo debe atravesar el camino de San Fernando. Y este es el punto del conflicto.

El gerente institucional de El Gran Ombú, Pablo Serrano, señaló a La Voz: “Nuestro mayor compromiso es que no vamos a cerrar el camino. Sobre todo, garantizamos la seguridad de los vecinos”.

A su vez, aclaró: “Mantuvimos la actividad tal cual lo hicimos en una primera instancia dentro del yacimiento. No desarrollamos ninguna actividad en el camino que tenga que ver con la apertura de nuevas picadas”.

El gerente de la minera pidió llevar tranquilidad a la comunidad “hasta tanto se expida Vialidad para saber cuáles son las condiciones y de qué manera vamos a trabajar, y una vez que esto suceda convocaremos a una mesa de diálogo entre las partes”.

Por su parte, las autoridades de Vialidad informaron a este medio que están trabajando en el tema ajustándose a todas las normativas.

Además, aclararon que el trabajo que llevan a cabo es minucioso y no tienen plazos para una resolución.
https://www.lavoz.com.ar/regionales/villa-allende-camino-a-san-fernando-cerrado-y-un-conflicto-que-espera-salida

Perú

ESPINAR Y EL BONO UNIVERSAL

PRONUNCIAMIENTO
www.cooperaccion.org.pe
Imagen: Alvaro Franco- Ojo Público
La crisis económica originada por el COVID ha afectado la economía de todos los peruanos, y probablemente no salgamos de esta situación en el corto plazo. Además, esta pandemia ha terminado por reflejar de la forma más cruda posible las profundas desigualdades y brechas que existen en el país, y también un Estado débil y poco eficaz para poder atender todos estos problemas, un Estado que se ha visto sobrepasado por la situación.

Pero hay sectores de la población que soportan con mayor rigor y dureza la crisis generada por la pandemia, como es el caso de las poblaciones rurales y las comunidades indígenas del país. El caso de la provincia de Espinar no es una excepción al caso. Lo paradójico de Espinar es que, los casi 40 años de actividad minera en esta provincia no se ven reflejados en una sustantiva reducción de la pobreza, reducción de brechas o ampliación de cobertura de servicios públicos básicos; particularmente, de las comunidades que habitan en el entorno de la mina y que han tenido que soportar todos los impactos que ha generado la minería al ambiente y a la salud de sus integrantes.

Por ello, resulta comprensible que en este escenario actual de crisis económica, que amenaza directamente la subsistencia de miles de espinarenses, se haya decidido optar por aprobar un bono extraordinario de solidaridad de S/1.000, tomando parte de los fondos del fideicomiso que se creó entre la empresa minera y la provincia de Espinar en el 2003. En esa medida, consideramos que la entrega de un bono solidario con fondos del convenio marco podría constituir un apoyo importante para paliar la situación actual de todos los espinarenses y dinamizar la economía de la provincia.

Sin embargo, somos conscientes que el otorgamiento de este bono no termina de resolver los problemas de fondo de la provincia de Espinar. Ello conlleva que el Estado deba asumir una mayor responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar el acceso a bienes básicos, particularmente en este contexto de crisis sanitaria.

Además, otra cuestión que también requiere ser puesta sobre la mesa a partir de esta última crisis ocurrida en Espinar, es que se requiere una profunda reestructuración del Convenio Marco, el Comité de Gestión y en general la forma cómo se han venido manejando. No existe mayor información sobre los usos que se le ha venido dando a este fondo social, ni sus impactos en términos de desarrollo o mejoramiento de vida de la población. La falta de transparencia ha generado un total desprestigio de este convenio, y que, cabe recordar, no fue un regalo de la empresa sino consecuencia de las luchas sociales de los y las espinarenses para que los ingresos generados por la minería pudieran reflejarse en una mejora de sus condiciones de vida.

En consecuencia, esperamos que prime la sensatez y se pueda llegar a un diálogo y acuerdo consensuado que privilegie los intereses de la población en esta situación de emergencia, sin dejar de lado las medidas de mediano y largo plazo que permitan sentar las condiciones para alcanzar una convivencia pacífica y una vida digna para la población de Espinar.

Chile, Litio

Juez ambiental chileno urge por estudio de agua en “frágil” Salar de Atacama

Por Mineriaenlinea 27/07/2020
Un juez ambiental de Chile reiteró el llamado para completar un estudio sobre agua respaldado por el Estado para resolver las dudas acerca de la sostenibilidad en la extracción de recursos que afectan al Salar de Atacama, una de las mayores reservas mundiales de litio.

El agua fresca y salina, donde se encuentra el metal ligero, ha sido por mucho tiempo un punto de conflicto para las mineras en el salar, que está en el desierto más árido del mundo.

Mauricio Oviedo, presidente del Tribunal Ambiental de Antofagasta, una región que alberga toda la extracción de litio del país y buena parte de la producción de cobre, calificó el salar como “muy frágil”.

“El Estado de Chile (…) sería deseable que tuviese un modelo hidrológico que nos permitiera saber con mayor certeza el comportamiento del salar”, dijo en una entrevista con Reuters.

“Parece hasta de sentido común que finalmente si queremos hacer una minería sustentable en el salar, que efectivamente tengamos todos los elementos sobre la mesa”, agregó.

La corte solicitó un estudio por primera vez en diciembre, cuando cuestionó un plan de mitigación de 25 millones de dólares entregado por el productor chileno de litio SQM, diciendo que se había basado en ciencia cuestionable.

El tribunal no puede exigir un estudio del agua, pero la agencia de fomento Corfo, que supervisa las pertenencias en el salar contrató un modelo hidrológico, que se ha retrasado repetidamente desde 2018.

La medida contra SQM reavivó preocupaciones sobre la capacidad de la firma para subir la producción y satisfacer la creciente demanda de la industria de autos eléctricos. Atacama, hogar de SQM y su principal competidor Albemarle, suministra una cuarta parte del litio del mundo.

El regulador ambiental pidió a SQM un “plan de cumplimiento” tras determinar que bombeó salmuera en exceso. La compañía y el regulador apelaron la decisión de descartar el programa ante la Corte Suprema, cuyo fallo está pendiente.

Pero mientras los tribunales reflexionan sobre el destino de SQM, la incertidumbre continúa en el Salar.

“El estado del salar hoy día es el que se constata en el fallo, de alta fragilidad, de mucha incerteza del punto de vista científico”, destacó.

Para Oviedo el fallo sobre SQM genera un “precedente” y los reguladores deberían tenerlo en cuenta, así como las otras empresas que buscan desarrollar proyectos en el área.

La situación llevó a Albemarle, el mayor productor mundial de litio, a proponer en diciembre su propia red para estudiar el agua en el salar.

Los fabricantes de automóviles alemanes Volkswagen y Daimler se unieron este año a la búsqueda de una minería de litio más sostenible en Chile, una señal de las crecientes preocupaciones de la cadena de suministro antes del auge esperado de los vehículos eléctricos.

Reuters

Juez ambiental chileno urge por estudio de agua en “frágil” Salar de Atacama

Mexico

Culpa exdirector de JAPAC al alcalde de conflicto con Minera Adularia

Felipe Vargas se deslindó del problema ecológico y la molestia social derivado de la presencia de la compañía al poniente de Comonfort
Periodico Correo 27/07/2020
Daniel Moreno
Comonfort.- El exdirector de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort (JAPAC) culpó al alcalde José Carlos Nieto Juárez, del problema ecológico y el conflicto social derivado de la presencia de Minera Adularia.

Felipe Vargas Vázquez, el exdirector emitió un mensaje vía redes sociales donde se deslindó del problema asegurando que con el apoyo de medios de comunicación ‘chayoteros’ es decir, aquellos que venden espacio publicitario al gobierno de Comonfort, se creó una mala imagen en su contra.

Justamente luego del conflicto que se registró por la inconformidad de habitantes de comunidades al poniente de Comonfort por la presencia y contaminación de Minera Adularia, el alcalde José Carlos Nieto Juárez reconoció que no tuvo toda la información necesaria y algunos funcionarios le ocultaron información.

Días después Felipe Vargas fue despedido y para hablar del asunto la síndico municipal, Denisse Zarate dijo que al director se le removió por no haber presentado informes de las actividades de JAPAC en tiempo y forma como lo marca la ley.

Luego de esto Vargas Vázquez dijo que se le despidió injustificadamente y nada tuvo que ver con el caso de la minera, incluso sostuvo que la responsabilidad de haber intervenido la lleva primero el alcalde y luego Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil y al último el sistema operador de agua potable.

Vargas Vázquez manifestó que si la Contraloría realiza una investigación él está tranquilo y aseguró que pase lo que pase, saldrá bien librado.

En mayo, pobladores de comunidades al poniente de Comonfort se quejaron de que la Minera Adularia explotaba los acuíferos y contaminaba al medio ambiente por lo que solicitaron que la empresa cerrara. Posteriormente se realizaron análisis y encontraron que efectivamente contaminaba.
https://periodicocorreo.com.mx/culpa-exdirector-de-japac-al-alcalde-de-conflicto-con-minera-adularia/

Perú

Conflicto en Espinar: comunidades se enfrentan a Glencore por fondo minero

LARGA HISTORIA. No es la primera vez que la población de Espinar acata un paro indefinido contra la minera Glencore.
Foto: Álvaro Franco/OjoPúblico

26 Julio, 2020
Los recientes enfrentamientos en la provincia cusqueña exponen una larga historia de desencuentros con la minería. Los dirigentes locales solicitan la asignación de un bono de emergencia de S/ 1.000 para enfrentar la pandemia y que este presupuesto salga del fondo que anualmente la minera transfiere a la municipalidad en el marco de un convenio firmado hace 17 años. La minera sostiene que ese dinero tiene otros fines y no contempla este tipo de apoyos. Este pedido se suma a una larga lista de asuntos pendientes como la consulta previa y la atención médica a personas afectadas por metales pesados.
Ralph Zapata: @ralphzapata
Alba Rivas Medina @arivme  arivasm22@gmail.com

En los últimos treinta y cinco años, Espinar ha vivido en constante conflicto a causa de la actividad minera en su territorio. El pasado 15 de julio los habitantes de esta provincia del Cusco, ubicada a 4 mil metros de altura, iniciaron un paro indefinido solicitando la entrega de un bono de 1.000 soles para 44 mil personas afectadas económicamente por las medidas restrictivas impulsadas por el gobierno durante la pandemia. Los dirigentes han pedido que el dinero provenga del fondo económico acumulado como parte del convenio marco que la provincia tiene desde el 2003 con el proyecto minero ubicado en la zona.

La minera Antapaccay, de la suiza Glencore, señala que no puede otorgarles este dinero en efectivo, que representa un monto de S/ 50 millones en total porque el convenio tiene otros fines.

Con la llegada de la pandemia, Espinar, como muchas otras provincias del país, ha visto afectada su economía. Solo la actividad minera fue declarada esencial y continuó laborando con actividades de mantenimiento, pero la ganadería y la agricultura fueron las más impactadas. El 30% de la población de esta provincia depende de estas actividades. En ese contexto, varias organizaciones locales solicitaron a las autoridades locales adoptar medidas para mitigar el impacto de sus frágiles economías: el 38% de habitantes es pobre y el 40% de la zona rural no tiene acceso al servicio de agua potable y casi el 50% no cuenta con alcantarillado, según el Plan Regional del Cusco 2018-2021.

Seguir leyendo: https://ojo-publico.com/1979/espinar-comunidades-enfrentan-glencore-por-fondo-minero

Perú

Cusco: Pobladores de Espinar se enfrentan a la Policía durante protesta contra empresa minera

Más de mil manifestantes bloquean las vías de ingreso a la provincia. Además, otro numeroso grupo intentó ingresar a las instalaciones de la empresa minera Antapaccay, donde se registró los actos de violencia. Varios pastizales fueron quemados.
22/07/ 2020
Pobladores cumplieron con primer día de paro en Espinar. | Fuente: RPP Noticias
Vicegobernadora de Cusco, Delia Condo, asume temporalmente cargo tras positivo de Benavente a la COVID-19
Comuneros de la provincia de Espinar, región Cusco, protestaron y bloquearon con piedras el acceso a la localidad, como parte de las manifestaciones en contra la empresa minera de la zona, a quien piden el pago de un bono de mil soles para más de 50 mil familias.

La manifestación fue liderada por más de mil pobladores, quienes realizaron piquetes de protestas en el Puente Coporaque, Puente Huañumayo, Aeródromo, Puente Amistad y otros accesos que quedaron bloqueados.

Sin embargo, la situación se tornó violenta cuando un grupo de pobladores llegó hasta el sector Tintaya Marquiri, excampamento minero de la empresa Antapaccay, donde actualmente funcionan las oficinas de la empresa.

Los pobladores lograron ingresar a la propiedad privada, lo que generó un enfrentamiento con la Policía, que se vio obligada a usar bombas lacrimógenas para dispersarlos. En medio de los enfrentamientos se quemaron varias extensiones de pastizales y la planta de bombeo de agua potable de la empresa minera fue incendiada.

El dirigente Fredy Llaique, en diálogo con RPP Noticias, manifestó que hoy estaba planificada una nueva reunión entre los miembros de la presidencia del Consejo de Ministros y los integrantes del Convenio Marco de Espinar, para conocer alcances de este bono, pero ellos no fueron invitados.

“No nos han invitado y cualquier tipo de acuerdo que se lleve el día de hoy nosotros lo vamos a desconocer. El pueblo va a desconocer todo esto. Es lamentable también el actuar del alcalde. Esperemos que esto no pase a la tercera fase. Ahora estamos en la segunda fase de lucha. La Tercera fase es el cierre de la mina. Esperamos que el estado pueda intermediar en esto, pero siempre hablando con el pueblo”, expresó.

Los pobladores permanecen, de manera pacífica, en algunos puntos de las manifestaciones, pero anunciaron que de no ser escuchados seguirán con sus medidas de lucha en las próximas horas.

Minera responde

A través de un Comunicado la empresa minera Antapaccay rechazó los actos violentos en su campamento y pidió más respeto para los trabajadores que se encuentran laborando en el lugar y enfatizó que seguirán apoyando a las familias más humildes de la provincia de Espinar.

Sin embargo, lamentó que producto del incendio de la casa de bombeo ubicada en la zona de Camaccmayo, los poblados de Tintaya-Marquiri se hayan quedado sin agua, por tiempo indefinido.

La Policía se mantiene alerta a las protestas y bloqueos de vías en la zona.

¿Por qué se genera la protesta?

La protesta se desató y se convirtió en un “paro indefinido” porque ni los pobladores ni la empresa llegan a un acuerdo, luego que la Municipalidad de Espinar firmara un convenio con la empresa Minera Antapaccay para entregar el 3% de sus utilidades mensuales.

La municipalidad se comprometió a utilizar este dinero en proyectos de desarrollo para la comunidad, pero la población planteó que mejor ese dinero sea entregado a cada familia que quedó desempleada y sin recursos durante la emergencia por el nuevo coronavirus.

La empresa minera no aceptó, y ofreció internet gratis para todos y apoyos económicos a microempresarios, pero los comuneros no aceptan

Varios pastizales fueron quemados. Además se incendió la planta de bombeo de agua de la empresa. | Fuente: RPP Noticias

Los pobladores exigen que se les pague mil soles a cada familia. | Fuente: RPP Noticias
https://rpp.pe/peru/cusco/cusco-pobladores-de-espinar-se-enfrentan-a-la-policia-durante-protesta-contra-empresa-minera-noticia-1282018

Colombia

“Proyecto minero sí afectará agua de Bucaramanga”: Alcaldía

23/07/2020
Según un estudio de la Alcaldía de Bucaramanga, es falso que exista desconexión en el agua que llega a la ciudad y la que se utilizará en la ejecución del proyecto, lo cual sí traerá consecuencias para el abastecimiento del líquido.
Marco Valencia / VANGUARDIA
Para la Alcaldía de Bucaramanga, la ejecución del proyecto minero en Soto Norte sí traerá afectaciones en el Páramo de Santurbán y el agua de la ciudad. Así lo sustentan en el primer informe de observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el Proyecto de Explotación de Minerales Auroargentiferos Soto Norte.

En el estudio participaron la Administración Municipal, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, y el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, y la Alcaldía de California.

Lea acá el informe de impacto ambiental del proyecto. https://www.vanguardia.com/sites/default/files/multimedia/especiales/INFORME_MINESA.pdf

De acuerdo con Carlos Sotomonte, asesor de temas ambientales de la Alcaldía de Bucaramanga, el informe es un análisis de los elementos y riesgos insubsanables que tiene el proyecto.

“Dentro de los hallazgos que arrojó el informe denota que Bucaramanga no está desconectado hídricamente del proyecto Soto Norte. Minesa ha venido diciendo que hay un basamento cristalino; es decir, una roca que no permite la filtración del agua, que la zona del proyecto está aislada y no afecta las aguas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Eso es un cuentazo”, aseguró Sotomonte.

Según el funcionario, en un análisis isotópico, realizado por el geólogo Luis Eduardo Toro, se ratificó que sí existen conexiones entre las aguas impactadas por el proyecto y las que van al río Suratá, que abastece al amb, el cual se verá gravemente afectado por la minería.

Desabastecimiento de agua

Pero estos impactos le pasarán factura al agua de la capital santandereana. De acuerdo con el informe presentado por el alcalde, Juan Carlos Cárdenas, en el futuro habría un desabastecimiento hídrico para la región.

Y es que, según el Estudio Nacional de Aguas de 2018, Bucaramanga se encuentra en un estado crítico de desabastecimiento hídrico; es decir, que la cantidad de agua que aportan los ríos están al límite que demanda los ciudadanos y actividades productivas.

Entonces, como indican los expertos en el informe, al existir una conexión en las aguas impactadas en el proyecto con las que se surte la ciudad, sí se afectaría el líquido para los más de 1’200.000 habitantes.

Otra de las afectaciones que traería el proyecto minero, según reveló el informe, es a la flora y fauna que está en el Páramo de Santurbán.

Este lugar cuenta con más de 450 tipos de especies de flora y 290 de fauna, en su gran mayoría endémicas, por lo cual es imposible que se desarrollen en otro ecosistema.

Según el primer informe de observaciones al EIA para el Proyecto de Explotación de Minerales Auroargentiferos Soto Norte, su ejecución impactaría a 60 tipos de especies de flora y fauna. “Estamos hablando de una afectación a la biodiversidad”, dice Sotomonte.

Pero sumado a lo anterior, para el asesor ambiental, ni lo económico compensaría todo el daño que tendría la minería en Soto Norte.

“Tampoco nos vamos a volver ricos. No hemos intentado hacer un análisis de que, si nos dan más dinero, porque nada responde al impacto ambiental. El informe dice que entre 10 y 15 mil millones de pesos le llegarían anualmente a Santander en regalías; digamos que fueran 20 mil millones, dividido en los dos millones de habitantes serían 10.000 pesos al año, aproximadamente. Ni siquiera así es significativo para la economía regional. Pero si se hace el proyecto y nos quedamos sin agua, tendríamos que ejecutar un nuevo proyecto, que costaría 200 millones de dólares, y de dónde lo sacaremos”, puntualiza Sotomonte.

Minesa por el momento no hará ningún pronunciamiento, pues se encuentra revisando el documento.

Por su parte, Erwing Rodriguez-Salah, accionante de la Sentencia T3-61 y ambientalista, asegura que en el ‘conflicto ambiental-minero’ que se ha suscitado alrededor de Santurbán se ha demostrado que los proyectos megamineros que, aunque queden ubicados por fuera de la nueva delimitación del Páramo de Santurbán, quedan ubicados por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano son inviables e indefendibles desde todo punto de vista empezando por el legal.

“Así como tuvimos que pedir la protección de nuestros derechos vulnerados en el proceso de la delimitación de Santurbán de la Resolución 2090 (2014), acudiremos a los estrados judiciales, si se llegan a otorgar licencias para la explotación minera por encima de las bocatomas de nuestro acueducto”, puntualizó Rodríguez-Salah.

Cátedra del agua
Basado en el informe anteriormente expuesto y con el objetivo de construir acciones de socialización con la comunidad se diseñó la Cátedra del agua.
A través de este documento, de manera pedagógica y técnica, se pretenden explicar los hallazgos que sustentan por qué no se debe ejecutar este megaproyecto en Soto Norte.
“Con el documento queremos abrir ese gran debate de discusión donde explicamos por qué rechazamos de manera enérgica y categórica el proyecto minero”, reiteró Cárdenas.
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Publicado porLuisa Fernanda Ruiz Villamizar
https://www.vanguardia.com/economia/local/proyecto-minero-si-afectara-agua-de-bucaramanga-alcaldia-EA2662789

Perú

¿OTRO PROBLEMA MÁS PARA ESPINAR?

Leonidas Wiener R.
23/07/2020
Foto: Captura de pantalla de videoreportaje de Vidal Merma
Desde hace más de una semana se vive una situación de emergencia social en la provincia de Espinar, Cusco, que se suma a otros múltiples episodios conflictivos en la zona relacionados con la empresa minera Antapaccay, perteneciente a la multinacional suiza Glencore. En esta ocasión, las acciones de protesta se han originado por la negativa de la empresa a cumplir con el acuerdo del Comité de Gestión del Convenio Marco, que consiste en la entrega de un bono solidario de S/ 1000 a cada elector de la provincia[1].

En este contexto actual de violencia y enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden en Espinar, el Poder Ejecutivo emitió el 22 de julio la Resolución Ministerial 174-2020-PCM que conforma el Grupo de Trabajo denominado “Comisión Multisectorial encargada de evaluar los posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana de la provincia de Espinar, departamento de Cusco, y el plan de reparaciones que corresponda de ser necesario”.

Para contextualizar este punto, las 13 comunidades originarias mencionadas son parte de la zona de influencia de la mina Tintaya – Antapaccay, que actualmente busca expandirse en el proyecto Coroccohuayco. 10 comunidades pertenecen a la zona de influencia Tintaya – Antapaccay, y 3 corresponden a Coroccohuayco. Como una forma de viabilizar la ejecución de este último proyecto, el Gobierno anunció en noviembre del año pasado que se iba a implementar un proceso de consulta. Las reuniones preparatorias se iniciaron en enero de este año, siendo suspendidas por la pandemia.

Sin embargo, en este proceso las 13 comunidades no han caminado juntas: se formó un bloque de 11 comunidades, que se autodenomina “Asamblea Multicomunal por la consulta previa en Espinar”; las otras 2 restantes, Pacopata y Huini Coroccohuayco, decidieron seguir un proceso paralelo porque sus demandas se orientaban a que se ponga en consulta los contenidos de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Ampliación Coroccohuayco. Es importante mencionar que estas 2 comunidades, junto con la comunidad madre Huano Huano, representan la zona de influencia social directa de Ampliación Coroccohuayco, y la ejecución de este proyecto minero integrado generaría el reasentamiento de estas 3 comunidades.

Por tales razones, los avances en el proceso de implementación de la consulta para Coroccohuayco no han sido los mismos para todas estas 13 comunidades: con las 11 se avanzó en la aprobación del plan de trabajo, pero no ha sido así en el caso de Pacopata y Huini Coroccohuayco.

Con estos antecedentes, el 16 de julio de este año se realizó una reunión en la ciudad del Cusco entre representantes de la PCM, MINEM y MINCUL con la Asamblea Multicomunal. El motivo de dicha reunión era reanudar las actividades de la consulta previa suspendidas por la pandemia. Sin embargo, en esta ocasión no fueron las 11 comunidades. La gran ausente fue la comunidad Alto Huarca, que emitió un comunicado el 21 de julio desmintiendo que sus representantes hayan acudido a la reunión del 16 en Cusco y que tampoco avalaban los comunicados emitidos por la Asamblea Multicomunal tras dicha reunión con el Gobierno.

¿Por qué alto Huarco sacó un comunicado de esta naturaleza? El 13 de julio la Asamblea Multicomunal había comunicado su decisión de suspender su participación en el Comité de Gestión del Convenio Marco, en un momento en el cual se venían teniendo negociaciones con la empresa para la entrega del bono solidario. Luego el 16 tuvieron la reunión en Cusco, y esto fue interpretado por diversos sectores de la población de Espinar como una traición a la causa principal de lucha relacionada con la entrega de este bono solidario. El comunicado de Alto Huarca parece que va en esa línea de deslinde, y plantea las brechas que existen al interior de la Asamblea Multicomunal por la posición que ha tomado la dirigencia y los asesores de este grupo de comunidades en torno a su participación en el Comité de Gestión del Convenio Marco y los esfuerzos que han venido realizando otros sectores de la población de Espinar para la entrega del bono solidario.

En esa medida, ¿este Grupo de Trabajo aprobado por el Gobierno puede contribuir a destrabar la situación de conflicto social en Espinar? No, porque como señala el objeto de la norma que la aprueba, esta se orienta a “Desarrollar acciones orientadas a evaluar los posibles daños en el ámbito de las comunidades originarias de Huano Huano, Huini Coroccohuayco, Pacopata, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Suero y Cama, Huisa Ccollana, Huisa y Anta Ccollana de la provincia de Espinar, departamento de Cusco, y el plan de reparaciones que corresponda de ser necesario”. La norma no precisa qué tipos de daños se van a evaluar en el ámbito de estas comunidades, ¿a los generados por la antigua mina Tintaya, por su sucesora Antapaccay?, o si estos están relacionados con la contaminación provocada por años de minería o las afectaciones a la salud de cientos de personas afectadas con metales pesados en su organismo ¿Por qué ahora se decide formar la comisión respecto a impactos que siempre se han denunciado y nunca atendido?

Para cumplir esas metas, la norma señala que el Grupo de Trabajo se compone de representantes de diversos sectores (MINAM, MINEM, MINSA, OEFA, etc.) y también del GORE Cusco y la Municipalidad Provincial de Espinar. Sin embargo, de los 14 miembros de este Grupo de Trabajo, solo se ha considerado a 2 representantes de las 13 comunidades en cuestión, lo cual representa una desproporción absoluta por el sentido y la finalidad de este Grupo de Trabajo. Además, si el Gobierno sabía de antemano que este grupo de 13 comunidades no formaban un solo bloque único, como se ha descrito líneas arriba, ¿no se pudo prever que destinar solo 2 representantes para las 13 comunidades iba a generar problemas de representación y conflictos entre las mismas comunidades?

Como se indicó al inicio de este artículo, lo que viene ocurriendo en Espinar es el último capítulo de años de minería sin control, contaminación, desidia y abandono de sucesivos gobiernos, y empresas que tuvieron el control de la mina que no se han comportado con responsabilidad para respetar los derechos humanos de las comunidades y de la población de Espinar en general. Lamentablemente, medidas como la creación de este Grupo de Trabajo pareciera no permitirán modificar esta situación compleja y tensa en la provincia en el corto plazo.

[1] Como se recordará, existe un Convenio que fue suscrito en el 2003 para destinar 3% de utilidades de la empresa para financiar proyectos de inversión social para la provincia. En 2012 hubo una escalada muy violenta que derivó en muerte de 4 personas, y tuvo como uno de sus principales motivos el pedido para aumentar el porcentaje destinado por la empresa para alimentar este fondo social.
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