Chile, Internacional

Científicos y profesionales chilenos solicitan a Canciller moratoria sobre minería de fondos marinos en aguas internacionales

La solicitud es firmada por Gustavo Lagos Cruz-Coke, Sandor Mulsow, Eduardo Bonilla, Guillermo Ugarte, Sergio Hernández y Gastón Fernádez.
25/08/2020
MINERÍA CHILENA
Un grupo de destacadas personalidades chilenas ligadas de distinto modo a la actividad minera, presentaron este martes a la Cancillería, una solicitud de moratoria ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), para evaluar la estrategia nacional sobre el impacto económico negativo que esta nueva minería -en aguas internacionales- ocasionará a nuestro país.

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos revisa probable impacto de la minería submarina
La misiva dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, es firmada por Gustavo Lagos Cruz-Coke, Sandor Mulsow, Eduardo Bonilla, Guillermo Ugarte, Sergio Hernández y Gastón Fernádez.

“Basados en el principio precautorio, estimamos que todavía no existen las condiciones que aseguren una explotación sostenible de los referidos recursos minerales”, plantean.

A continuación, el texto íntegro de la carta:

Señor Ministro,

Los abajo firmantes, científicos y profesionales chilenos ligados de distinto modo a la actividad minera nacional, venimos en dirigirnos respetuosamente a Ud. para -mediante su intermedio- lograr que Chile asuma una política definida hacia la minería submarina en aguas internacionales.

Esta posición política no es otra que demandar ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) una moratoria para evaluar la estrategia nacional sobre el impacto económico negativo que esta nueva minería ocasionará a nuestro país.

La minería submarina internacional está a las puertas de iniciarse una vez que la AIFM apruebe el Código Minero para explotar los recursos mineros ubicados en la Zona, considerados Patrimonio Común de la Humanidad por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Basados en el principio precautorio, estimamos que todavía no existen las condiciones que aseguren una explotación sostenible de los referidos recursos minerales por la alta inseguridad que aún persiste en cuanto a:

1.- Un impacto socioeconómico negativo en los países productores terrestres de minerales (DLPS);

2.- Un impacto negativo en la biodiversidad submarina de la Zona;

3.- La destrucción del hábitat profundo con consecuencias globales;

4.- La falta de conocimiento suficiente para diseñar planes de manejo ambiental a escala local y regional de estas minas;

5.- La imposibilidad de definir límites de riesgo ambiental de las funciones fundamentales de los océanos profundos en la escala global;

6.- La incapacidad administrativa y técnica de la AIFM como único ente regulador del patrimonio común de la humanidad en la Zona.

Chile, en el Decreto Supremo N° 1393, promulgatorio de la Convención, definió una posición política sobre su implementación el 18 de noviembre de 1997. Esta declaración hace referencia a la Parte XI y su Acuerdo Complementario, en relación a la contaminación, el rol de la AIFM y la aprensión sobre el impacto socioeconómico potencial en ese entonces (artículo 151 de la CONVEMAR). Hoy esto es una realidad.

Advertimos serias debilidades estructurales en la AIFM como ente regulador y comprobamos con el Estudio de Impacto de la Extracción de Nódulos Polimetálicos en la Zona sobre los efectos en los países en desarrollo productores terrestres, entre los que se encuentra Chile como productor de cobre, estudio elaborado por iniciativa del Consejo de la AIFM por la “Institución de Investigación Científica de Recursos Minerales de toda Rusia”, que advierte y demuestra las graves repercusiones económicas y sociales para el país por la explotación de nódulos de menor ley de concentración de finos que sulfuros y costras de mejor ley de fino, donde el impacto sería mayor y catastrófico para el nosotros.

Dada la precariedad del borrador del Reglamento para la Explotación de Recursos Minerales en la Zona (Código de Minería Submarina) a la fecha, y el reconocido deterioro del medio ambiente actual, estimamos oportuno solicitar por su intermedio la aprobación de una moratoria temporal en esta materia, la cual ya ha sido propuesta por el Parlamento Europeo y numerosas otras organizaciones científicas.

Chile, como país minero y oceánico, goza de suficiente autoridad y respeto en los medios mineros mundiales para impulsar una moratoria sobre el particular y generar alianzas con países con las mismas visiones (“like minded”), entre ellos Sudáfrica, Congo, Indonesia, Myanmar, Camerún, Brasil, México, Perú, Papúa Nueva Guinea, Marruecos, Zambia, Ghana y Guatemala, y otros.
https://www.mch.cl/2020/08/25/cientificos-y-profesionales-chilenos-solicitan-a-canciller-moratoria-sobre-mineria-de-fondos-marinos-en-aguas-internacionales/

Latinoamerica, Perú

LO QUE ESTÁ EN JUEGO CON EL ACUERDO DE ESCAZÚ

Luis Gárate, COOPERACCION
25/08/2020
Imagen: DX
Más allá de lo sanitario, son varios los temas que han entrado en disputa en plena pandemia del COVID-19 y el plano de los acuerdos internacionales no ha sido la excepción. Es el caso del Acuerdo de Escazú, que ha despertado airadas reacciones de rechazo de algunos sectores de la sociedad peruana.

El nombre completo de este compromiso internacional es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este ya había sido firmado por el gobierno peruano en el año 2018, y debe ser discutido y eventualmente ratificado en estos días por el Congreso de la República, que tendría hasta el 26 de setiembre para hacerlo. Sin embargo, pareciera que el gobierno se ha replegado en el momento de dar el debate y esclarecimiento del mismo, pues el canciller Mario López señaló que se debe seguir analizando y debatiendo antes de la ratificación.

A mediados de julio los principales gremios empresariales: Confiep, Sociedad Nacional de Industrias, Adex, entre otros, se opusieron mediante un comunicado al acuerdo señalando que “puede atentar contra la soberanía del país al tener que llevar discusiones que se deben resolver en el ámbito local, a instancias internacionales”. En esa misma línea se han pronunciado sectores políticos conservadores, como la Asociación de Generales y almirantes en retiro de las FFAA y la llamada Coordinadora Republicana.

A esto se ha sumado un reciente comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú, que señala que no debería ratificarse el acuerdo pues argumentan que ya existirían normas vigentes que garantizarían la trasparencia en temas ambientales. Asimismo repiten el argumento de que se vulneraría la soberanía nacional, que se crea la figura de los “defensores ambientales” y que se ahuyentaría a las inversiones privadas.[1]

El Acuerdo deberá ser ratificado por 11 países para entrar en vigencia. El Perú sería el décimo en firmarlo. Recordemos que el acuerdo busca “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.[2]

En su informe de julio de 2020 en el que analiza el impacto del COVID-19 en América Latina, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló que el Acuerdo de Escazú es “un valioso instrumento para buscar soluciones centradas en las personas y basadas en la naturaleza.”

Cabe recordar también que la ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, promovió la firma de este acuerdo y salió en defensa del mismo en su momento. Señaló que este servía para proteger a los defensores ambientales, dándoles derecho a la participación, y que con más transparencia se podría prevenir los conflictos sociales. Asimismo señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó suscribirlo y avanzar en esta línea.[3]

La ex titular del Minam explicó que este instrumento fue firmado por el Perú en el 2018 luego de un largo proceso de discusiones, y tuvo la opinión favorable de los ministerios de Energía y Minas, de Economía y Finanzas, del Ambiente y de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la actual ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, aseguró recientemente que el Acuerdo de Escazú no afecta la soberanía del Perú y servirá para prevenir los conflictos sociales.

“En su momento ya emitimos nuestra opinión como Ejecutivo, y ahora está en manos del Congreso tomar la decisión. Nuestra obligación es presentarle toda la información a ellos y a la ciudadanía, por eso estamos participando en todas las comisiones sobre el tema”, dijo en entrevista con Radio Nacional.[4]

De esta manera nos queda más claro que algunos sectores están jugando a la desinformación y la posverdad respecto el acuerdo. Nos cabe la pregunta del por qué estos sectores se oponen a un instrumento de política internacional que promueve más transparencia, participación y protección de los defensores ambientales, si parece estar claro que el Estado peruano en sus diferentes niveles lo respalda. Además cuenta con opiniones favorables de la más alta instancia de las Naciones Unidas, de la OCDE, y correspondería la ratificación al congreso, como un estado que asume de manera responsable sus compromisos internacionales, tras habar firmado el acuerdo en primera instancia.

En tiempos en que la vida y la salud deben ser lo primero, la firma de este acuerdo aparece como importante para proteger los derechos humanos y ambientales. El gobierno peruano no debe dejarse presionar por algunos grupos de interés que claramente no desean que se genere mayor transparencia, participación y justicia para las personas que defienden el ambiente.

Puede ver el documento completo del Acuerdo de Escazú aquí:
https://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/203_Acuerdo_Escazu.pdf

[1] Comunicado del Colegio de Ingenieros del Perú del 21 de agosto de 2020

[2] https://larepublica.pe/economia/2020/07/20/acuerdo-de-escazu-citaran-a-ministra-del-ambiente-y-de-relaciones-exteriores-al-congreso-ambiente-fabiola-munoz/

[3] https://andina.pe/agencia/noticia-ministra-del-ambiente-acuerdo-escazu-fortalece-posicion-del-peru-805348.aspx

[4] https://elperuano.pe/noticia-ministra-del-ambiente-acuerdo-escazu-no-afecta-soberania-nacional-101269.aspx

Chile

Hallan restos arqueológicos y momias durante construcción de Quebrada Blanca Fase 2

En las excavaciones donde se construye el puerto para el proyecto que busca extender la vida útil del yacimiento de Teck se localizaron los restos humanos que podrían corresponder al período Formativo Temprano entre los años 1.100 y 400 AC.
24/08/2020
(Reuters) Cuatro fosas mortuorias en perfecto estado de conservación con momias ataviadas de vivos colores fueron encontradas durante las obras para la ampliación de la mina Quebrada Blanca, en el norte de país, informó el viernes la canadiense Teck.

En las excavaciones donde se construye el puerto para el proyecto que busca extender la vida útil del yacimiento de Teck se localizaron los restos humanos que podrían corresponder al período Formativo Temprano entre los años 1.100 y 400 AC.

“En el marco de los trabajos de construcción del Proyecto Quebrada Blanca Fase 2, 60 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique, fueron encontrados restos humanos momificados, con sus ropas completas -incluidos turbantes y sandalias- de vivos colores y avanzada técnica de confección”, dijo la firma en un comunicado.

La empresa dijo que aún deben hacerse pruebas para determinar la antigüedad del hallazgo.

“Producto de las condiciones salinas del suelo, la falta de lluvia y baja humedad relativa, los restos humanos se aprecian momificados, con sus ropas completas (…), así como una serie de elementos que dan cuenta de su forma de vida”, detalló.

En el descubrimiento se identificaron espacios de cocina, de habitación y múltiples instrumentos, adornos, cestería, anzuelos, esteras y elementos de caza, entre muchos otros, destacó Teck.

La empresa dijo que seguirá estudiando los hallazgos y mantendrá el monitoreo arqueológico durante lo que resta de las obras del proyecto, que busca extender la vida útil de la mina por casi 30 años.
https://www.mch.cl/2020/08/24/hallan-restos-arqueologicos-y-momias-durante-construccion-de-quebrada-blanca-fase-2/

Chile, Litio

Mayor competencia reduciría peso de Chile en mercado del litio

Nuevas estimaciones de Cochilco apuntan a que los autos eléctricos impulsará fuertemente su demanda, pero la pandemia seguiría impactando los precios.
26/08/2020
(El Mercurio) El boom de los autos eléctricos sigue siendo el motor del impulso de la demanda mundial del litio, que continuará al alza en la próxima década, según las últimas proyecciones realizadas de Cochilco.

Si en 2016 la demanda destinada a estos autos era un 18% del total, en 2019 creció al 32%, mientras que mirando a 2030, las perspectivas apuntan a que sea responsable de hasta el 80% del consumo global de litio, lo que implica 1,4 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).

La tendencia se explica por la intensidad de uso del mineral la baterías de estos vehículos, cada vez más utilizados, ante los esfuerzos por encontrar fuentes de transporte menos contaminantes que sustituyan el uso de combustibles fósiles.

El resto de la demanda viene de usos más maduros, como lo son equipos electrónicos, los que presentan una proyección de crecimiento menos variable.

Pero existen también algunos más volátiles, tales como las baterías de ión-litio para bicicletas eléctricas o e-bikes, o los sistemas de almacenamiento energético.

Con todo, y a nivel agregado, se espera que la demanda de litio pase de 317 mil toneladas en este ejercicio, a 839 mil toneladas en 2025 y a 1 millón 793 mil toneladas en 2030.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario] https://digital.elmercurio.com/2020/08/26/B/EC3RAHHL#zoom=page-width
https://www.mch.cl/2020/08/26/mayor-competencia-reduciria-peso-de-chile-en-mercado-del-litio/

Colombia

Por la vía jurídica, indígenas de la Sierra Nevada piden protección de sus derechos

La Corte Constitucional estudia una sentencia unificada con base en dos tutelas tramitadas por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, con las cuales pretenden evitar los procesos exploratorios realizados por las compañías de hidrocarburos y los proyectos de minería.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no quieren minería ni exploración de hidrocarburos en sus territorios. Foto: Archivo Semana Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada no quieren minería ni exploración de hidrocarburos en sus territorios. Foto: Archivo Semana
Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta esperan que con una sentencia de la Corte Constitucional se les garanticen y protejan sus derechos tanto ancestrales, como culturales y ambientales.

El alto tribunal tomaría la decisión con base en la revisión de dos acciones de tutela presentadas con el fin de evitar los procesos exploratorios realizados por las compañías de hidrocarburos y los proyectos de minería que también afectan los recursos naturales de la región.

Precisamente, uno de los actos jurídicos fue contra la petrolera canadiense Azabache Energy, que realizaba trabajos de exploración petrolera en la cuenca del río Aracataca.

Las aspiraciones de las comunidades indígenas apuntan, además, a que la Corte obligue al gobierno a implementar el decreto 1500 de agosto de 2018, mediante el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo y que se obligue a adelantar procesos de consulta previa dentro de la línea negra.

Según Hermes Torres, secretario general de la Confederación Indígena Tayrona, la preocupación no solo de los indígenas, sino en general de los pobladores de la zona, pues en este momento hay más de 140 títulos mineros otorgados, de los cuales por lo menos el 80 por ciento se ha tramitado en los últimos 10 años. Para Torres, lo más preocupante es que están en proceso de adjudicación más de 200.

Edwar Álvarez, asesor jurídico de los pueblos indígenas en temas territoriales y ambientales, precisa que la Corte tomó la decisión de unificar las dos tutelas, lo que prevé que sacará una sentencia unificada sobre territorio ancestral, consulta previa en territorio ancestral y proyectos mineros en la zona.

Delimitación de territorio

“La sentencia de la Corte va a ser la primera unificada sobre delimitación del territorio de la línea negra para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra y lo que busca es hacer cumplir el decreto 1500 que el presidente Iván Duque no les quiere cumplir”, manifiesta Álvarez.

La Corte le otorgó un plazo de 5 días al gobierno y a los pueblos indígenas para dar respuesta a una serie de preguntas y una vez surtido este trámite, se debe pronunciar. Los indígenas esperan que la sentencia se conozca antes de finalizar el presente año.

Para los indígenas esta decisión sería un salvoconducto que les permitiría mitigar los riesgos y las amenazas de la minería, en términos culturales, sociales y ambientales, así como la exploración de hidrocarburos y represas en los ríos. “Estas actividades se suman a los efectos generados por el cambio climático y si se permite que se siga explotando la Sierra de esta forma, en una o dos décadas podría desaparecer”, dice Torres.

Lo más grave, asegura, es que esta situación no solo afectaría a la población indígena, sino a los más de 3 millones de habitantes que dependen de los servicios ambientales de la Sierra Nevada, por ejemplo, Valledupar que depende netamente del río Guatapurí, al igual que Santa Marta. La situación de desgaste de la Sierra también afecta a productores de arroz, palma de aceite y otra serie de cultivos que hay en la región.

La decisión de los indígenas de acudir a la vía jurídica es que no han sido escuchados por el gobierno; pues en 2017 cuando decidieron movilizarse se planteó una mesa de diálogo de alto nivel con la idea de constituir un instrumento jurídico que permitiera proteger la Sierra a todo nivel; sin embargo, no hubo una respuesta por parte del ejecutivo de ese momento; como tampoco la ha habido con el actual.

Torres precisa que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas, pero se ha desconfigurado porque se ha tomado para informar y socializar, pero no para tener en cuenta la opinión de las comunidades, por eso consideran importante avanzar en una política minera.

Otra alternativa en la que trabajan los pueblos indígenas es en la visibilización de sus temores y riesgos en diferentes escenarios tanto nacionales como en el exterior, al punto que Torres manifiesta que si sus peticiones no tienen efecto en la Corte, recurrirán a instancias internacionales.

De esta forma, estas comunidades esperan ser escuchadas con el fin de llegar a acuerdos en búsqueda de una protección no solo de los recursos naturales de la región, sino de su propia cultura.
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/por-la-via-juridica-indigenas-de-la-sierra-nevada-buscan-proteger-derechos/43966

Perú

IIMP: inversión minera requerirá respaldo político y buen manejo de conflictos sociales

24/08/2020 Bryan Quinde
mineria-general
A pesar de los altos precios de los metales, las inversiones mineras en el Perú cayeron 25% entre enero y junio de este año en parte por la suspensión de las actividades productivas durante la cuarentena, pero también porque el Gobierno no tiene un mensaje claro sobre la salida de la crisis que incluya la reactivación económica y la actividad minera, señala Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Geológicamente, tenemos una concentración alta de algunos metales como cobre y plata, tenemos un buen ecosistema, con mano de obra y firmas especializadas, pero el inversionista también requiere claridad y predictibilidad. Hay un ingrediente que está faltando, que es el respaldo político, y cada día que pasa se pierde la oportunidad de comunicar”, indicó.

Consideró que más allá de sacar adelante Tía María o algún otro proyecto en concreto, se requiere pensar en el largo plazo, difundiendo entre la población, congresistas y autoridades regionales y locales, la importancia de la inversión privada.

“Justamente como es un Gobierno que está por salir y no se puede reelegir, debería aprovechar en hacer un rol de estadista, de mirar no el corto plazo, sino dejar sentadas las bases para el largo plazo”, agregó Gobitz.

Conflictos sociales

Por su parte, Roberto Casanova-Regis, socio de Tax & Legal, experto en mining de KPMG, coincidió en que de nada sirve tener un buen precio de los metales si no se aprovecha la oportunidad y los proyectos siguen sin desarrollarse.

“En el Perú tenemos cerca de 15 proyectos mineros importantes, que todavía no entran en operación falta de temas como la licencia social, Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Estudios de Factibilidad, entre otros”, señaló.

Uno de los grandes problemas, que afronta la minería es que la viabilidad de los proyectos no está asociada solo al potencial minero y geológico, sino con tener una buena relación con las comunidades adyacentes”, precisó.

Consideró que, debido a las elecciones generales del 2021, muchos proyectos extractivos pueden servir como instrumentos de politización, pero en esos casos, la respuesta del Estado tiene que ser técnica, porque si no, nunca se podrán sacar adelante los proyectos.

“Es un tema crucial destrabar ahora los proyectos mineros. Si todos los ‘stakeholders’ no se sientan y resuelven los problemas para tener soluciones integrales, no se va a poder desarrollar nada”, advirtió Casanova-Regis.
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/iimp-inversion-minera-requerira-respaldo-politico-y-buen-manejo-de-conflictos-sociales/

Perú

Minem: No se impondrán proyectos de minas sin aceptación social

20/08/2020 Bryan Quinde
tia maria proyecto minero
Diversos sectores económicos en el país, públicos y privados, han coincidido en que uno de los principales motores para sacar de la recesión al país es el de la actividad minera, en particular la puesta en marcha de diversos proyectos hoy paralizados. No obstante, el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, indicó que el Gobierno no quiere imponer los proyectos minero energéticos, sino que promoverá que se desarrollen aquellos que logren tener la aceptación social.

“Y los que no tengan la aceptación social que se inicie el diálogo multiactor, con toda la paciencia, para poder absolver cualquier duda y preocupación que exista”, anotó.

Posteriormente, en particular dijo que el Ejecutivo no forzará la ejecución de los proyectos mineros Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) si estos no tienen aceptación social.

En la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el ministro indicó que se buscará iniciar un diálogo con la empresa y las comunidades de las zonas para que se generen los consensos correspondientes, sin imponer el avance de proyectos.

“Nuestro compromiso es no forzar los proyectos que no tengan aceptación social y trabajaremos para que eso se consiga”, declaró Incháustegui. “Sin consensos ni aceptación social, los proyectos van a ser difíciles (de avanzar) y el gobierno no tiene una actitud de querer imponer, sino de concertar”, añadió.

Tanto en Conga como en Tía María, Incháustegui sostuvo que “se tienen los permisos listos, pero se tiene que hacer una acción con la población y autoridades de la zona”.

Apuntó a que otro enfoque del gobierno será revisar la manera en que los proyectos mineros con aceptación social inicien en un plazo breve posible.

SIT Gas y el proyecto 7 regiones

Respecto al proyecto del Sistema Integrado de Transporte de Gas Natural (SIT Gas), el ministro indicó que se trata de “un proyecto que está avanzando”, apuntando a que se viene evaluando su cronograma y que para setiembre u octubre se tendrá el informe final que determine si este proyecto es viable o no.

Sobre el proyecto de masificación de gas natural que beneficiará a 7 regiones del país, Incháustegui recordó que para setiembre de 2020 se adjudicará el proyecto. “Va a ser una concesión autosostenible, de 32 años años y con una inversión de 200 millones de dólares”, explicó.
*foto referencial
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/minem-no-se-impondran-proyectos-de-minas-sin-aceptacion-social/

Colombia

Continúa enfrentamiento entre AngloGold y los habitantes de Jericó en Colombia

20/08/2020
Fernando Jaramillo, miembro de la Mesa Ambiental de la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la Defensa del Patrimonio Ecológico y Cultural de Jericó, municipio de Antioquia, dijo que AngloGold Ashanti no les ha permitido el paso en el proyecto minero Quebradona para una visita en los predios.

Según Jaramillo, esto se trata de una vulneración a los derechos humanos para una Veeduría constituida legalmente. “Desde el 9 de agosto anunciamos una visita a los predios donde están las actividades para su proyecto de infraestructura de explotación minera en Jericó. Desde el anuncio, la empresa se ha negado solicitando postergaciones”.

Debido a la renuencia de la minera, los miembros de la Veeduría creen que existen irregularidades por parte de la empresa.

La Veeduría está compuesta por cerca de 80 personas que en su mayoría son campesinos de la región. De hecho, para la visita nuevamente programada para este 21 de agosto, explicaron que 30 de ellos estarán allí; y temen porque se habla de que podrían encontrarse con una barrera de la Fuerza Pública.

Por su parte, AngloGold explicó que “Minera de Cobre Quebradona en coordinación con la Personería municipal, propuso a la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila, como fecha alterna a la inicial, el lunes 24 de agosto para efectuar la visita. En caso de que ninguna de las dos opciones funcione, la minera manifestó la disponibilidad para coordinar conjuntamente una nueva fecha posterior al 25 del presente mes”.

La empresa minera se apoya en que la Ley 850 de 2003, que reglamenta el funcionamiento de las veedurías ciudadanas dice que uno de los principios fundamentales para su funcionamiento es la coordinación entre las partes. “Adicionalmente, la actual emergencia sanitaria por covid-19 requiere por parte de la compañía de protocolos que permitan garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad ante cualquier visita”.
Fuente: La República

Continúa enfrentamiento entre AngloGold y los habitantes de Jericó en Colombia

Bolivia

Minera San Cristóbal de Bolivia vuelve a suspender producción

24/08/2020
Foto: Minera San Cristóbal
Por segunda vez, la minera San Cristóbal suspende actividades por un brote de COVID-19 en su campamento. La minera es la más grande de Bolivia y se ubica en el departamento de Potosí, cerca de la frontera con Chile.

“La Minera San Cristóbal determinó priorizar la vida y rediseñar el sistema de trabajo para reiniciar las operaciones en condiciones seguras sin poner en riesgo a ninguno de los más de 1.400 trabajadores, empresas contratistas y habitantes del municipio de Colcha K (en Potosi)”, señala un comunicado de la empresa de la japonesa Sumitomo.

La suspensión de actividades afecta la producción y exportación de minerales concentrados de zinc, plomo y plata.

La empresa dijo que realizó 8.093 controles médicos a los trabajadores y personal de empresas contratistas, lo que permitió identificar 168 casos sospechosos, de los cuales 41 han sido confirmados. De esos 41 casos confirmados, uno terminó en fallecimiento y 27 estaban aún activos este 24 de agosto.

Bolivia exportó en 2019 minerales en bruto y refinados por un valor de casi 4.400 millones de dólares, de los cuales poco más de la mitad correspondió a la producción de San Cristóbal.

Minera San Cristóbal de Bolivia vuelve a suspender producción

Mexico

FRANCISCO QUIROGA; UN VENDEDOR DEL TERRITORIO MEXICANO

El pasado 13 de agosto del 2020 durante el “III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería y la Nueva
Normalidad” organizado por la Cámara Minera de Minera de México (Camimex), el Subsecretario de
Minería de la Secretaría de Economía (SE) Francisco Quiroga Fernández, se presentó nuevamente
ante los empresarios mineros como un gran vendedor de nuestro patrimonio y no como un funcionario
encargado de proteger el interés nacional. Al mismo tiempo que se sienta a cenas de navidad con
empresarios, le ofrece “protección especial” contra el crimen organizado a la iniciativa privada
minera; cuando son las mismas empresas quienes fomentan la operación de dichos grupos, ocasionando
que varias comunidades vivan verdaderos infiernos de inseguridad. El oro que esté libre de violencia,
mientras la gente tendrá que esperar otro sexenio de promesas contra la impunidad y la violencia.
No es la primera vez que el Sr. Quiroga le miente a la nación, esta vez, al mismo tiempo que afirmó, de
forma por demás cínica que: “las empresas mineras en México realizan las mejores prácticas del
mundo y que la minería está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho”; se atrevió
a advertir que: “a quienes traten de extorsionar al sector minero no lo va a lograr”, dejando en claro que,
desde su ascenso al cargo, nunca ha dejado de rematar los minerales del país y de utilizar los recursos
nacionales para proteger a los todopoderosos empresarios mineros nacionales e internacionales.
Cómo se atreve el Sr. Quiroga Fernández al hablar de buenas prácticas, cuando ni siquiera es capaz de
mantener su portal de información abierto al público, prácticamente desde que asumió el cargo, lo cual
demuestra lo poco transparente con la que realiza sus actividades, a pesar del discurso pregonado por la
4T.
Qué hará este Sr. con las poco más de 25 mil concesiones mineras otorgadas a lo largo y ancho de la
República Mexicana que generan permanentemente conflictos socio-ambientales, algunos de ellos
considerados como los más graves de los que se tenga memoria en las últimas décadas, por ejemplo:
hostigamientos, criminalización, asesinatos y desplazamientos.
Qué significa, para el Subsecretario de Minería, el crimen ocasionado por la imprudencia de Grupo México,
que derivo en una explosión dejando 65 mineros sepultados en los túneles la mina de carbón Pasta
de Conchos ubicada en Nueva Rosita Coahuila desde el 2006.
De verdad para él, los 40 millones de litros de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora
provocado por la Minera Buenavista del Cobre S.A., de C.V., filial de Grupo México, ¿son fruto de las
excelentes prácticas mineras? Cada año hay decenas de derrames mineros en México y Latinoamérica
Qué le dice al Sr. Quiroga el último informe de Global Witness, en el cual se señala que la minería es el
sector más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente en México.

Qué le parece si lo invitamos a alguna mina, por ejemplo esta: https://www.proceso.com.mx/644770/guerreros-
unidos-toma-la-presidencia-de-teloloapan-retiene-al-alcalde-y-bloquea-minera-de-penoles, para que sienta en carne

propia, las verdaderas “buenas prácticas” de sus todopoderosas empresas mineras, responsables
de la generación de violencia a partir del patrocinio de grupos armados en varios rincones de México.
Desde su ingreso al gobierno de la llamada 4T, el Sr. Francisco Quiroga Fernández se ha dedicado a
apoyar de forma incondicional al sector minero depredador, en consecuencia, deja ver el estigma y
racismo que guarda contra las comunidades indígenas, las/os comuneros y ejidatarios, así como contra
los activistas y las organizaciones que, frente a la devastación y depredación de la minería, estamos
dispuestos y decididos a defender la vida, así como los derechos humanos, sociales, ambientales y
culturales. De la misma manera el Sr. Quiroga trata a los trabajadores y sindicatos mineros, en donde son
palpables las prácticas abusivas y el abandono por parte de las empresas para con los
trabajadores, muchos de ellos en huelgas que por lo menos llevan una década. Así que sus tenues
llamados para los empresarios para que realicen procesos de integración de las comunidades es una
burla.

¿De qué maravillosas prácticas mineras “realizadas” en México habla usted? Cuando en ese sector
se encuentran los personajes más siniestros de este país, como Larrea, Slim, Bailléres, Salinas Pliego,
Alonso Ancira, etc., todos ellos generadores de despojo, violencia, destrucción ambiental y
desplazamiento forzado. ¿De verdad a estos rufianes les brindará protección del estado? ¿De verdad
usted cree que con estos personajes le hará creer a la gente que sus prácticas mineras son maravillosas
a nivel mundial?
En la REMA nos queda claro que no le da vergüenza cuando refiere “buenas prácticas”, y omite
que, en los principales municipios mineros de oro, plata y cobre en este país, se mantienen niveles de
pobreza más altos que el promedio nacional. Ahí pondera este dicho: “oro y plata para pocos, miseria
para todos”.
Los ejemplos de impactos negativos de la minería en México, y en el mundo, son inconmensurables, igual
que el cinismo con el cual el Sr. Quiroga Fernández las pondera como si continuara siendo el
empleado de una compañía minera.
No hay manera de que alguien, en su sano juicio y desde la academia con conciencia, pueda
sostener que hay minería justa, segura, responsable, verde, libre de violencia. Tampoco hay manera de
que prueben el “progreso y desarrollo” minero como el camino ideal para los pueblos; menos aun, pueden
demostrar que no destruyen y contaminan el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo de México. Las
empresas nunca tendrán la sensibilidad para incorporar es sus fórmulas financieras la atención y
reparación de los daños a la salud que ocasionan a miles de personas que habitan en el entorno de
una operación minera. Menos, como sector, se harán responsables de la división comunitaria, la
destrucción de identidades, de la pérdida de la cultura y del deterioro de la comunalidad, porque ni
siquiera saben que significa ello. Qué opinión tiene el Sr. Quiroga, sobre los dichos de varios empresarios
quienes en medios han dicho que el sector minero es precursor o sostenedor de grupos armados
utilizados para hostilizar y asesinar a los defensores del territorio.
La 4T continúa sin propuesta, plan o por lo menos algo de rumbo diferente de la minería en México
y, aunque al presidente Obrador no le guste, continúa siendo lo mismo que sus antecesores, incapaz de
entender siquiera que, el no dar nuevas concesiones no tienen ningún significado con la amenaza
que enfrentamos desde hace años. Es una pena que la nueva política minera en México sea eso o
repartir “bien” los recursos del fondo minero. Para REMA no dar más concesiones, es una postura que
cualquier estudiante de preparatoria sugeriría como un primer paso de una política mucho más amplia
y acorde a la realidad que se vive, así que, el sólo acto no más entrega de concesiones es una
verdadera tomada de pelo a la nación.
Está claro que, tanto al gobierno como a las compañías mineras, no les importa en lo más mínimo las
comunidades, ya que, a las legítimas exigencias de respeto de los derechos de las comunidades, son
ellos -el gobierno y las compañías mineras privadas extranjeras y nacionales- quienes responden con
hostigamiento, criminalización y asesinatos. En ese contexto de impunidad, de asimetrías y de
cinismo, está claro que, la obtención de la “licencia social” de las comunidades y la intensión de
conseguir el apoyo activo de las mismas para la operación de las compañías mineras, no es otra cosa
que una estrategia más para lograr que sean las mismas comunidades las que promuevan su
suicidio ambiental, social, sanitario, económico y cultural.

25 de agosto del 2020
¡EL MODELO EXTRACTIVO MINERO NO ES JUSTO, NO ES SEGURO Y ES VIOLATORIO DE

LOS DERECHOS COLECTIVOS!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA