Venezuela

El Arco Minero, el peor ecocidio de la historia de Venezuela

“Las etnias indígenas y demás habitantes se han visto considerablemente afectados causando daños irreparables en la biodiversidad de las especies”
Por
Redacción Web – 01/11/2020
(Cortesía)
Desde que inició la crisis económica en el año 2016, trajo como consecuencia la intervención de El Arco Minero, al decretar su explotación.

Aurimare Rodríguez, coordinadora Internacional de Profesionales y Técnicos de Un Nuevo Tiempo, asegura “este es el mayor acto de ecocidio en la historia de nuestro país, violando los preceptos de nuestra constitución, los tratados internacionales establecidos y las leyes orgánicas que amparan todos los recursos de nuestro país”.

Rodríguez, puntualizó que el cauce del río Orinoco transita por el área afectada y es contaminado por el Mercurio y Cianuro de El Arco Minero lo cual resulta alterado desde el punto de vista ecológico por el extractivismo del oro, coltán, bauxita, diamante, hierro, cobre, entre otros minerales extraídos en seis zonas ABRAE.

Ubicado al norte del estado Bolívar, al noroeste de Amazonas y parte del estado Delta Amacuro representa el 12.2% de territorio Nacional con una extensión de 111.843,70, una extensión del tamaño de Suiza actualmente.

En tal sentido, la representante de la tolda azul, relata que en estas zonas habita el 4.69% de la población venezolana, lo representa 1.660.000 habitantes en 465 poblados; de los cuales 54.686 son comunidades indígenas, esto según el censo realizado en el año 2011.

“Las etnias indígenas y demás habitantes se han visto considerablemente afectados causando daños irreparables en la biodiversidad de las especies”.

En tal sentido, Patricia Salazar, secretaria Regional de Profesionales y Técnicos del estado Bolívar, refirió que “el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expone que los trabajadores de El Arco Minero están sometidos a graves abusos y violencia que han causado alrededor de 150 fallecidos desde el año 2016”.

Además, este conflicto atenta contra el derecho humano a un ambiente sano, lesiona los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo económico minero y agrícola desde la modernidad, ya que es un hecho global que todas estas prácticas pueden ser realizadas sin dañar en absoluto el ambiente en pro del mejor porvenir del país, sobre todo en un Estado minero, agrícola, pecuario y productor tan grande, extenso y preparado por generaciones.

Ambas expertas coinciden que la violencia generada en esta zona es innecesaria y resulta importante que nuestro país detenga los daños de hoy en día para fomentar la apertura de la Bolsa Nacional de Oro y Diamante, proyecto financiero y económico que traería orden y progreso, no solo al Estado Bolívar en lo social, cultural y económico sino estabilidad a todo nuestro majestuoso país.

Desarrollando en primera línea a los municipios Sifontes, Roscio, El Callao y La Gran Sabana y en pleno a todo el estado Bolívar. Dando un verdadero giro a las precarias condiciones de pobreza y salubridad en la entidad que hoy son parte de la cotidianidad del Estado Bolívar, aumentando la aparición de enfermedades como la Malaria y Paludismo aunado al Covid-19, aseguró Salazar, reseña el Centro de Comunicación Nacional.

El Arco Minero, el peor ecocidio de la historia de Venezuela

Colombia

Mineros y ambientalistas protesta por Santurbán

En la entrada a Cenfer, ambientalistas pedían al presidente Duque rechazar proyectos, mientrás que los mineros quieren que los escuchen.
Nataly Ayala Mendoza
Bucaramanga 31/10/2020
Tras la visita del presidente Iván a Duque a Bucaramanga, ambientalistas y mineros alzaron su voz de protesta pacíficamente para ser escuchados.

Por un lado, los miembros del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán llegaron hasta la entrada a Cenfer, en donde el mandatario estará liderando un taller, para pedirle que se impidan los proyectos mineros en el ecosistema.

«No nos vamos a dejar engañar con esa limitación del Páramo, porque tenían todos los argumentos para negar la licencia pero lo que hicieron fue rechazarla», dijo Mayerly López, miembro del Comité para la Defensa del Agua.

Habitantes de Soto Norte también pedían al presidente ser escuchados. «Queremos que el presidente nos escuche y no se haga politiquería con nuestro futuro».
https://caracol.com.co/emisora/2020/11/02/bucaramanga/1604320534_632285.html

Mexico

Habitantes de la Sierra de Manantlán denuncian asedio de minera Peña Colorada

Habitantes de los poblados La Astilla y El Mameycito, en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima, denunciaron que la minera pretende desalojarlos con ayuda de la policía
Instalaciones de la minera Peña Colorada. Foto: Especial
Por Pedro Zamora Briseño
31/10/2020
COLIMA, Col. (proceso.com.mx).– Representantes de comunidades indígenas de la Sierra de Manantlán denunciaron que los poblados La Astilla y El Mameycito, ubicados en la zona de conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima, se encuentran desde hace más de un año bajo el asedio de la minera Peña Colorada, que pretende desalojarlos con apoyo policiaco del gobierno de la segunda entidad.

En una diligencia realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) con motivo de la queja 609/2019, habitantes de esa región expusieron situaciones que consideraron violatorias de sus derechos por parte de la empresa, así como de los gobiernos del municipio de Minatitlán y del estado de Colima.

Inicialmente la queja había sido presentada el 28 de octubre de 2019 por la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero este organismo determinó que el asunto es competencia de la CDHEC y le canalizó el expediente.

Después de pedir el informe a las autoridades señaladas como responsables, la comisión estatal citó a los quejosos a la audiencia de vista, donde el visitador Pedro Alejandro Mejía Chávez les dio a conocer el informe justificado rendido por el gobierno estatal y la Dirección de la Policía Estatal Acreditable (PEA).

A través de los documentos, el gobierno estatal negó que elementos de la PEA hayan participado en los actos violatorios de los derechos humanos señalados en la queja suscrita por el presidente de la RJDH, Óscar González Garí, quien fue exhortado a aportar más datos, como números de placas de circulación o números de identificación de las unidades policiacas que habrían participado en los hechos.

Los representantes de las comunidades estuvieron acompañados por el representante legal del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” de Ayotitlán (CAANTA), Fermín Flores Elías, y por el presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco (Fremmar), Mario Ciprián Flores.

Durante la diligencia ante la CDHEC, el visitador Mejía Chávez preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con la respuesta de la autoridad señalada como responsable, a lo que aquellos expresaron su desacuerdo.

Mario Ciprián argumentó que las patrullas de la Policía Estatal de Colima habían ingresado hasta el crucero de Cerro Prieto, aproximadamente a un kilómetro de la comunidad La Astilla, y rememoró que estas incursiones han sido comunes en los últimos años, como cuando en 2007, en el contexto del conflicto limítrofe, fueron detenidos temporalmente siete ejidatarios de la comunidad Plan de Méndez por parte de agentes de la Procuraduría General de Justicia de Colima, sin que se abriera un expediente.

Fermín Flores leyó un documento dirigido al presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, en el que señaló que desde el año pasado las localidades nahuas de El Mameycito y La Astilla se encuentran amenazadas por el Consorcio Minero Peña Colorada, que “sentenció que los desalojaría, sin tomar en cuenta que los campesinos nahuas hace siglos habitan diversos poblados que forman parte del estado de Jalisco y de la Sierra de Manantlán”.

Añadió que, en febrero de 2020, la minera “empezó a hacer la tala a matarraza de las áreas forestales de ambas localidades y la apertura de caminos para maquinaria pesada”, con “apercibimientos por el personal minero a la población indígena de que no podrían seguir realizando las actividades en sus parcelas y potreros, lo que en conjunto representa un proceso de desplazamiento forzado y cuya atención y solución compete a instancias federales relacionadas con la expedición de permisos de cambio de uso de suelo, concesiones mineras, impactos ambientales, protección del ambiente, derechos agrarios, entre otros”.

Suscrito por pobladores de La Astilla y El Mameycito, así como de las organizaciones que los respaldan, el documento consideró necesario que la CDHEC se pronuncie sobre “las cuestionables y hostiles actuaciones de la Policía Estatal contra la población indígena y sobre los procedimientos amañados de las autoridades ministeriales estatalescontra indígenas asentados en el área de conflicto territorial entre los estados de Colima y Jalisco”.

Así también, pidió que se investigue “el impedimento por la fuerza de la realización de obras y prestación de servicios públicos a la población indígena en la zona en litigio por las autoridades del estado de Jalisco para imponer en su lugar obras y servicios por parte del estado de Colima con el fin de aparentar legalidad de la imposición de actos de autoridad en la zona de conflicto”.
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/10/31/habitantes-de-la-sierra-de-manantlan-denuncian-asedio-de-minera-pena-colorada-251913.html

Chile

La dura carta de la CEO de Aguas Andinas contra el proyecto de US$3.000 millones de Minera Los Bronces

Una de las consideraciones que se hace en el escrito es que el área de influencia determinada en el EIA para la evaluación de los componentes asociados a impactos en el ámbito hidrológico, hidrogeológico y glaciológico no se aborda adecuadamente y en toda su extensión.
02/11/2020
(La Tercera / Pulso) Un complejo camino es el que tiene el emblemático proyecto Los Bronces Integrado, ligado a Anglo American. Y es que no solo tienen a comunidades y vecinos en su contra, acusando que la iniciativa atenta contra el medioambiente y glaciares, sino que la misma CEO de Aguas Andinas, Marta Collet, envió una carta a distintas autoridades expresando su preocupación.

El proyecto, que involucra unos US$ 3.000 millones, se encuentra en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el escrito redactado por Collet se enmarca en esa línea. El año pasado se abrió la etapa para las consultas ciudadanas y revisión de antecedentes del estudio de impacto ambiental (EIA) por parte de los servicios públicos. En ese proceso, Aguas Andinas manifestó inquietudes referidas a los efectos del proyecto en los recursos hídricos de la cuenca alta del río Maipo. Respecto a esa y todas las otras consultas, Anglo American ya respondió, sin embargo, lejos de lo que la sanitaria esperaba. Por ello, envió una carta a diversas autoridades (11), desde el director general de Aguas, Óscar Cristi, hasta los alcaldes de las comunas de Lo Barnechea (Cristóbal Lira), Las Condes (Joaquín Lavín) y Vitacura (Raúl Torrealba). El documento también iba con copia al intendente de la RM, Felipe Guevara, y seremi de Salud del mismo, Paula Labra.

“Revisadas las respuestas a nuestras consultas y también las respuestas a otras personas que manifestaron preocupaciones similares frente al proyecto, hemos llegado a la conclusión que el titular no reconoce ni se hace cargo de los efectos negativos del proyecto que se manifestaron en esas observaciones y consultas”, manifestó la CEO de Aguas Andinas. Agregó que “nuestras preocupaciones dicen relación con los efectos del proyecto en los recursos hídricos de la cuenca alta del río Mapocho y sus impactos en el suministro de agua potable a una zona del Gran Santiago, especialmente por la escasez hídrica que sufre la zona en la que se emplaza el proyecto y la afectación de los glaciares por depositación de material particulado sedimentable y por vibraciones que provocaría la ejecución del proyecto”.

Una de las consideraciones que además se hace en el escrito es que el área de influencia determinada en el EIA para la evaluación de los componentes asociados a impactos en el ámbito hidrológico, hidrogeológico y glaciológico no se aborda adecuadamente y en toda su extensión, pues, se argumentó que el titular tampoco revaluó el área de influencia según las observaciones presentadas, lo que también fue solicitado por los Servicios Públicos con competencia ambiental.

“La información entregada en el EIA no es suficiente para asegurar que no será necesario incorporar aguas frescas al proceso. Los antecedentes y cálculos presentados por Anglo American Sur S.A. hacen referencia formal a derechos de aprovechamiento de agua, lo que no asegura la disponibilidad real del recurso en la cuenca, sobre todo en épocas prolongadas de sequía y cambio climático”, resaltó Collet. La misma concluyó la carta asegurando que en general las respuestas del titular están orientadas a negar los impactos observados por las personas y Servicios Públicos que han participado en la evaluación ambiental. “Por esas consideraciones, manifestamos a usted nuestra preocupación por las características del proyecto y los efectos que puede tener en los recursos hídricos de la cuenca del río Mapocho, la que es fuente de abastecimiento de agua potable de una parte de la ciudad de Santiago”, manifestó.

Anglo American no quedó indiferente a la postura de Aguas Andinas y respondió a PULSO Domingo el escrito. “En relación con la carta de Aguas Andinas, esta está fuera del marco del proceso de evaluación ambiental del proyecto. Con respecto a la calidad y disponibilidad de agua para Santiago, creemos que Aguas Andinas realiza afirmaciones que carecen de fundamento. No existen obras del proyecto que puedan alterar al cauce superficial o subterráneo del Estero Yerba Loca, como es de su preocupación, lo que se ha dicho en innumerables presentaciones y no ha sido cuestionado por las autoridades competentes”, sostuvo la minera.

Respecto a los glaciares, dijeron que la iniciativa no contempla obras ni actividades próximas a glaciares. “Los estudios que hemos realizado demuestran que es posible implementar una minería sustentable y que conviva en armonía con su entorno. Invitamos a Aguas Andinas a revisar en detalle y con rigurosidad los estudios disponibles en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), y considerar debidamente el entorno de montaña, sus dinámicas ambientales y los factores globales que están produciendo cambios en nuestro clima, lo que está modificando los regímenes hídricos en todo el mundo”, concluyó Anglo American.
https://www.mch.cl/2020/11/02/la-dura-carta-de-la-ceo-de-aguas-andinas-contra-el-proyecto-de-us3-000-millones-de-minera-los-bronces/

Campaña contra el uso de cianuro, Chile

Sindicato de División Andina solicita a Comisión de Minería de Senado incorporar excepción para Codelco en ley de Protección de Glaciares

En la misiva enviada al presidente de la instancia se afirma que la empresa solo afectaría aproximadamente el 1,5% de la superficie de los glaciares.
02/11/2020

(La Tercera / Pulso) El Sindicato de Unión Plantas de la División Andina de Codelco (Suplant) envió una carta al senador Alejandro García Huidobro, presidente de la Comisión de Minería y Energía, solicitando la incorporación de una excepción para Codelco en la ley de Protección de Glaciares.

En la misiva, firmada por la directiva del Sindicato, se afirma que “entendemos claramente y compartimos la necesidad y urgencia de proteger los recursos hídricos que dispone el país y la obligatoriedad de una minería responsable y sustentable. Sin embargo, también queremos señalar que Codelco se ha comprometido con el cuidado de los glaciares ubicados en el entorno de sus faenas”.

En esta línea, el Sindicato señaló que en 2015 la empresa se comprometió públicamente a que ninguna operación o proyecto futuro intervendría glaciares y que el compromiso se vio refrendado, cuando a principios de 2018 en la División Andina se rediseñó la mina rajo y los depósitos ya autorizados, alejándose de la zona de glaciares y renunciando a explotar un sector del yacimiento minero.

El Sindicato defendió su propuesta y expresó que “la actividad minera solamente afectaría al 5% de la superficie de estas masas de hielo que están en la zona centro-norte del país, coincidiendo con áreas donde hay presencia de operaciones y proyectos mineros, mientras el 95% está en las zonas sur y austral, donde no hay minería”.

De esta forma, en la misiva se argumenta que dado que Codelco representa solo el 30% de la actividad minera del país, se podría decir que la empresa solo afectaría aproximadamente el 1,5% de la superficie de los glaciares, lo cuál sería un costo menor en relación a la rentabilidad social que la empresa aporta a Chile.

Además, el Sindicato de Unión Plantas advirtió que la aplicación de la ley de Protección de Glaciares tendría como consecuencias la detención inmediata de las operaciones de las divisiones Andina y El Teniente, lo que significaría una enorme pérdida para el país, dado que afectaría el 64% de los recursos geológicos de Codelco.

Según el Suplant, sólo la División Andina tiene un valor de US$7.500 millones.

Por último, El Sindicato afirmó que “en el caso de Codelco, es evidente que los beneficios sociales son muy superiores a la minería privada y, dado estos antecedentes, creemos perfectamente posible que el proyecto de ley de Protección de Glaciares, incorpore una excepcionalidad en cuanto al tipo de minería que permita a Codelco seguir siendo un aporte al desarrollo de Chile”.
https://www.mch.cl/2020/11/02/sindicato-de-division-andina-solicita-a-la-comision-de-mineria-del-senado-incorporar-una-excepcion-para-codelco-en-la-ley-de-proteccion-de-glaciares/

Argentina

SOMOS MÁS DE 30.000 ESPERANDO UNA LEY

23/10/2020
En un escenario complejo, la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH), decidió volver a presentar un Proyecto de Ley generado por el pueblo mediante el mecanismo de Iniciativa Popular. Así fue, que el 22 de junio del corriente año nos echamos a andar. Nuestra férrea voluntad de proteger el territorio que habitamos, hizo que no nos detenga la pandemia, ni las inclemencias climáticas, ni la criminalización de la protesta, ni la profunda crisis provincial. Y en 100 días lo logramos, en menos de la mitad del tiempo que la Primera Iniciativa Popular, más del doble de firmas de chubutenses acompañando el proyecto. En ella, participamos 48 comunidades y obtuvimos 30.916 firmas que hoy se encuentran en el Tribunal Electoral comenzando un proceso cuyo resultado está en manos de los legisladores y las legisladoras. Nosotros sabemos que, o nos representan o nos traicionan.

Documento de la UACCH para la presentación de la

SEGUNDA INICIATIVA POPULAR

Hoy, 16 de octubre del 2020, las asambleas que conformamos la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses nos presentamos aquí, en el Tribunal Electoral, a poco más de cien días de su lanzamiento, a presentar las 30.000 firmas de ciudadanxs chubutenses que acompañan y apoyan la presentación de nuestra Segunda Iniciativa Popular.

Desde su lanzamiento, y sin ceder la convicción que desde hace 18 años sostenemos, sumamos voluntades a lo largo y ancho de Chubut y nos echamos a andar. Hemos transitado un camino con innumerables dificultades, en el peor escenario posible: en el contexto de la pandemia por COVID -19 que trajo aparejado el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO); que nos obligó a elaborar protocolos de cuidado comunitario para la recolección de firmas, ocasionando demoras en el proceso; que nos impidió encontrarnos en asambleas provinciales y levantó el fantasma de la criminalización sobre nuestra práctica asamblearia. En plena pandemia, mientras buscábamos las formas de cuidarnos como comunidades en lucha, las diferentes formas de extractivismo fueron habilitadas como “actividades esenciales” y tuvimos que soportar el tránsito por nuestros territorios de maquinarias y contingentes mineros hacia el sur y una nueva estocada lobbysta en instituciones vaciadas de participación por el ASPO.

Al mismo tiempo, mientras algunas localidades eran, y aún hoy son azotadas por la enfermedad, otras, del espacio rural, atravesaban emergencias climáticas que sepultaban sus animales bajo la nieve, aislándolas del resto de la provincia, siendo los pueblos vecinos quienes se aprestaron a extender su mano, como tantas veces, como siempre. En ese contexto también hemos realizado este trabajo.

La provincia de Chubut está sumida en una profunda y prolongada crisis, con un gobierno que adeuda salarios y medio aguinaldo, que intenta negociar derechos al tiempo que reprime las justas demandas del pueblo. No nos cansaremos de señalarlo y cada vez más sectores se suman en esta dirección: Esta crisis ha sido diseñada por las clases gobernantes con el fin de imponer la megaminería bajo discursos de “sustentabilidad” y “ampliación de la matriz económica”.

A pesar de Arcioni, Sastre y todo el gabinete provincial; a pesar de la criminalización de nuestrxs compañerxs por luchar; a pesar del COVID y de la reconfiguración del escenario público en contexto de pandemia; a pesar de las operaciones mediáticas cómplices de la prensa hegemónica; a pesar del gobierno nacional y sus espaldarazos al extractivismo minero, hemos realizado este trabajo con enorme alegría y participación.

Este pueblo digno y consciente logró juntar mucho más del doble de firmas, en menos de la mitad de tiempo, de las que se juntaron para la primera Iniciativa Popular, aquella que fuera bastardeada en la Legislatura en el año 2014. Desde su lanzamiento, la rueda de la decisión comunitaria se puso en marcha y nada la pudo frenar. Se tejieron y fortalecieron redes en los más diversos puntos y se recolectaron firmas por todo el territorio: Camarones, Telsen, Facundo, Villa Futalufquen, Lago Rosario, Sierra Colorada, Lago Puelo, Cushamen, Esquel, Trevelin, Corcovado, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, El Escorial, Dique Ameghino, Alto Río Senguer, Aldea Apeleg, Aldea Beleiro, José de San Martín, Paso de Indios, Las Plumas, Paso del Sapo, Gualjaina, Los Altares, Tecka, Vuelta del Río, Cerro Cóndor, Chacay Oeste, Yala Laubat, Gan Gan, Gastre, Gobernador Costa, Ricardo Rojas, Facundo, Gaiman, Dolavon, Trelew, Rawson- Playa Unión, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo, Río Pico, Puerto Pirámides y Puerto Madryn.

Ahora es el turno de lxs legisladorxs, quienes deberán elegir entre escuchar al pueblo o volver a traicionarlo. Es su oportunidad para dejar de ser cómplices silenciosos desde la omisión cobarde o la acción inescrupulosa. Sabemos que el lobby minero se ha hecho presente en todas las escalas del Estado y que luchamos contra un poder transnacional que compra voluntades en todo el planeta. La ya debilitada democracia de la provincia está en riesgo. La crisis de diseño seguirá estallando en sus rostros si no empiezan a escuchar al pueblo. Con esta herramienta legislativa, están en sus manos la vida y el futuro de todas las personas que habitamos Chubut.

Una vez más, nuestra labor como pueblo está hecha. Seguiremos en las calles y convocamos a todo el Chubut a seguir sumándose a la defensa de esta herramienta participativa y democrática, y a acercarse a las asambleas para seguir tejiendo resistencias frente al lobby minero que seguirá expandiéndose por nuestras vidas hasta que le pongamos un freno, de una vez y por todas.

Volvimos a tomar la iniciativa, retomando nuestro cauce – como el agua -, porque «nos deben una ley».

Foto: Aníbal Aguaisol

Enlace video:

https://www.facebook.com/watch/?v=376804890125665

Argentina, Litio

Los mitos del oro blanco

Vanina Lombardi – 26/10/2020
La explotación del mineral, postulado como una promesa para el desarrollo de Argentina, Bolivia y Chile, conlleva riesgos socioambientales. ¿Es posible su explotación mediante una práctica sustentable? ¿Vale le pena el sacrificio ambiental? Especialistas e investigadores analizaron el dilema en el marco de una jornada organizada por el Conicet.

Existe una ventana de oportunidad relativamente corta para el litio frente a los cambios tecnológicos, la transición energética y la movilidad eléctrica; pero también hay un contexto de conflictividad socioambiental en los territorios que no se puede soslayar”, afirmó Jeannette Sánchez, directora de la División de Recursos Naturales e Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, durante el seminario “ABC del litio sudamericano, ¿commodity minero o recurso energético estratégico?”.

En la jornada que organizaron el Conicet y la Fundación InnovaT, y de la que participaron referentes de los tres países que componen “el triángulo del litio”, Sánchez advirtió que la pandemia intensificó los problemas estructurales que registra la región: “Se necesitan agudizar las políticas económicas y sectoriales para retomar el crecimiento y promover una agenda de transformación que sea estructural e incorpore mayor valor, tecnología y ciencia”.

Nueve de cada diez países del mundo decrecieron en el contexto de la pandemia. Sin embargo, el problema es más agudo en América latina. Hacia fin de año, la caída del PBI per cápita se traducirá en un retroceso de diez años. Unas 2 millones 700 mil empresas formales cerraron, el desempleo alcanzaría este año a 44 millones de personas en la región, la pobreza se ubicará en un nivel similar al que registraba hace quince años y la indigencia volverá a los niveles que exhibía tres décadas atrás. En el mejor escenario, la recuperación recién llegará en 2023, aunque los panoramas más desalentadores extienden el plazo por diez años, o incluso más.

La crisis global puede estancar la demanda de litio, que durante la última década aumentó a un tasa promedio del 11 por ciento traccionada principalmente por el uso para la producción de baterías, particularmente en vehículos eléctricos. A esto se suma que los países de la región no ingresan en la cadena de valor agregado del litio. Solo lo extraen y lo exportan como carbonato de litio a los países desarrollados, en especial a China y Japón, donde se realiza el refinamiento electroquímico, se producen las celdas y se fabrican las baterías, además de otras fases más avanzadas de la cadena.
Las baterías son ajenas

Según la Cepal, la Argentina explica el 14 por ciento de la extracción mundial y Chile el 29 por ciento. Australia representa el 50 por ciento. La etapa siguiente de la cadena de valor – la del refinamiento – se hace en un 90 por ciento en China, y el resto en Chile. Los datos agregan que el gigante asiático concentra el 50 por ciento de la producción de celdas, Japón el 20 por ciento y Corea del Sur otro tanto. Por último, la mitad del ensamblado de baterías se concreta en Japón, un 14 por ciento en Corea del Sur y un 20 por ciento en China.

La relevancia del valor agregado es notoria. El carbonato de litio tiene un precio casi tres veces menor al hidróxido de litio, que se logra mediante su procesamiento. “Con subsidios del gobierno japonés, Orocobre y Toyota están construyendo en Japón una planta para obtener hidróxido de litio con el carbonato impuro que extraen en Jujuy a un costo de 3 mil dólares la tonelada, que se eleva a 28 mil dólares una vez procesado”, destacó Ernesto Calvo, director del del Instituto de Química Física de Materiales, Medio Ambiente y Energía (UBA-Conicet).

La conclusión es obvia: la actividad no genera empleos de calidad, ni valor agregado en la región. Tampoco regalías importantes. “Las instituciones de ciencia y tecnología deberían estar conectadas, pensando en cómo trabajar las otras fases de la cadena y también en cómo coordinar con los otros países que tienen reservas para ver cómo se reparten de manera más complementaria y funcional las oportunidades de desarrollo de las diferentes fases de la cadena del litio. Todo esto teniendo en cuenta las circunstancias económicas, sociales y ambientales”, agregó Sánchez.

Fuente: Cepal sobre la base estadística de Australian Mining Equipment, Technology and Services.
Química y mercado

Solo dos de los veinte proyectos de extracción que se distribuyen en los salares de Catamarca, Jujuy y Salta se encuentran operativos. El Salar de Olaroz, en Jujuy, es operado por la australiana Orocobre, la automotriz Toyota y la nacional Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, lo explota la norteamericana Livent Corp. ¿Por qué no se avanza con otros proyectos? Según Calvo, se debe al tiempo necesario para poner a punto el proceso extractivo. No menos de siete años.

“Hace falta mucha hidrogeología para entender el recurso, la cuenca y la química de cada salar. A veces, se dice que la producción en el país se multiplicará por cinco o diez veces, pero eso es imposible”, dijo el especialista. Una razón: el proceso de evaporación, que es muy lento. Las salmueras son sistemas químicos complejos que dependen de factores ambientales, como la cantidad de lluvia o la relación entre el magnesio y el litio.

Los procesos se deben ajustar a cada salar y cambian totalmente entre uno y otro. “El método evaporítico actual, de cal sodada, lleva casi un año, pierde muchísima agua y tiene baja eficiencia de extracción. No importa el país ni el régimen político, es algo que determina la química”, explicó Calvo. El especialista actualmente trabaja en el desarrollo de un método electroquímico para la extracción sostenible de litio a partir de salmueras. Un desarrollo por el que fue premiado.

“Las leyes del mercado no pueden superar a las de la química. Deben tenerse en cuenta los enormes volúmenes de salmuera involucrados y la baja concentración de litio. Muchas empresas canadienses y australianas desarrollan procesos y los venden a las compañías que quieran operar en nuestra región, pero esos procesos fueron desarrollados a nivel del mar, sin cambios bruscos de temperatura como los que hay en la Puna”, precisó el especialista.

Ingrid Garcés Millas integra el Centro Regional de Educación Ambiental del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos de Chile. Durante su intervención explicó que por cada tonelada de litio que se obtiene se pierden dos millones de litros de agua evaporada. “El consumo de agua fresca en la zona de Atacama es de 764 millones de litros por día, mientras que en una ciudad alemana de 200 mil habitantes es de 27 millones diarios”, comparó Garcés Millas. La especialista investiga sobre minerales industriales y depósitos salinos desde hace más de tres décadas.

Su lectura advierte que en el Salar de Atacama existe “un desequilibrio total” debido al efecto de la extracción de salmuera. “Se ha comprobado la afectación de la diversidad biológica, una situación que impacta en la vida de las comunidades. Los sistemas lagunales, por ejemplo, están prácticamente muertos, sobre todo al sur, y hay una reducción muy grande de flamencos, que mantienen un equilibrio con las cianobacterias, lo que ocasiona una reducción en la cantidad de oxígeno en el agua”, puntualizó.
El bombeo y la evaporación vacían el salar. A su vez, el procesamiento impacta por el consumo de agua dulce necesario para el mismo procesamiento y la disposición final de los precipitados. “El impacto más importante es en el agua. Hay dos indicadores. Uno relacionado con el agua fósil y otro con el ciclo del agua, que es el agua dulce que usan las comunidades”, coincidió Vera Mignaqui, del equipo de vinculación y transferencia tecnológica del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Según las estimaciones del instituto, el consumo de agua para la producción de litio oscilaría entre los 5 y los 10 millones de metros cúbicos por año a partir de 2022. El contraste es notable. Las poblaciones de las cuencas del Salar del Hombre Muerto requerirían entre 6 mil y 70 mil metros cúbicos por año, y las de las cuencas de Cauchari Olaroz entre 23 mil y 240 mil metros cúbicos.

Fuente: Cepal sobre la base estadística de U. S. Geological Survey Mineral Commodity Sumaries.
Minería sin desarrollo

“El discurso hegemónico habla del litio como una gran oportunidad para el desarrollo local, pero la realidad es que en términos de producto e ingresos a nivel país no es tan relevante”, cuestionó Mignaqui. Su mirada destaca el volumen del beneficio neto que se quedan los accionistas que realizan la inversión para desarrollar el emprendimiento extractivo. “Otra parte importante, un treinta por ciento aproximadamente, se explica por impuestos nacionales y coparticipables. Lo que queda para los programas de responsabilidad social corporativa con las comunidades originarias es despreciable”, explicó Mignaqui. Para peor, las regalías provinciales también son muy pequeñas.

La especialista, además, advirtió que muchos informes de las empresas se refieren al desarrollo de proveedores locales, pero que los insumos más importantes – como los reactivos, por ejemplo – son provistos por empresas multinacionales. Si bien la mano de obra que requiere la industria extractiva es relevante, genera pocos puestos de trabajo en región. La mayor parte de los ocupados proviene de otras provincias, o de las grandes ciudades.

Hay otros problemas. La legislación minera promueve el ingreso de las inversiones extranjeras, pero son muy escasas las políticas de vinculación y desarrollo que impliquen un agregado de valor local y la integración con el sistema nacional de innovaciones científicas. “Además, si bien existe un marco regulatorio ambiental, hay poca implementación en cuanto a un manejo integral de las cuencas hídricas. La mayor parte de los datos sobre gestión del agua, monitoreos e indicadores ambientales proviene de las propias empresas”, señaló Mignaqui. En cuanto a las políticas sociales, aunque también existe un marco normativo, su aplicación es dudosa. “Muchas comunidades de la zona están en conflicto por cómo se implementa la consulta previa, libre e informada”, sintetizó Mignaqui.

La investigadora dejó planteadas varias preguntas. “Si la extracción del litio aporta muy poco al desarrollo regional: ¿por qué hacer un sacrificio ambiental si la legislación permitiría controlar correctamente las operaciones?; ¿por qué no garantizar condiciones para el desarrollo regional con planes monitoreados, transparentes y con objetivos claros?; ¿por qué no mejorar la vinculación con el sistema científico nacional?”.
(Agencia TSS-Unsam)
http://socompa.info/social/los-mitos-del-oro-blanco/?fbclid=IwAR2Aa1vAQ4btYOmTWNMrnSPZpyq4LkDl5kEoQSAQGrXjmvY1igni2bffO2k

Chile

Quiebre entre senadores de oposición y Gobierno acelera trámite de proyecto de glaciares

Duro intercambio de posturas entre los senadores Guido Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC) y ministro de Minería Baldo Prokurica, alejó la opción de acuerdo en la fase inicial de tramitación de la iniciativa que preocupa a firmas mineras.
30/10/2020
(El Mercurio) Un fuerte intercambio de posiciones hubo ayer entre partidarios de oposición de la comisión de Minería y Energía del Senado y el Ministro Baldo Prokurica, lo que alejó la posibilidad de un acuerdo en torno al proyecto de protección de glaciares que preocupa a la industria de la minería y al Ejecutivo.

El proyecto original de iniciativa parlamentaria -Boletín N°11.876-12 que se tramita desde julio de 2018- apunta en síntesis a proteger los glaciares el ambiente periglaciar y permafrost-suelo congelado-, para conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos.

Los detalles actualizados de estos puntos fueron expuestos ayer en sesión telemática por Matías Ortiz, asesor del Senador Guido Girardi, uno de los promotores del proyecto. Tras esa presentación surgió la pugna que aceleró la votación de la iniciativa para la próxima semana. Esto fue solicitado por Girardi tras expresar su molestia por los argumentos señalados por el ministro de Minería. Prokurica advirtió que de aprobarse como está el proyecto, generará la pérdida de 46 mil puestos de trabajo de cinco faenas mineras.
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https://www.mch.cl/2020/10/30/quiebre-entre-el-senadores-de-oposicion-y-gobierno-acelera-tramite-de-proyecto-de-glaciares/

Internacional

La pesadilla viviente de los activistas ambientales que protestan contra la expansión de la mina

Khaya Koko
Oupa Nkosi
29/10/2020
Fikile Ntshangase, de 65 años, era un miembro destacado de la Organización de Justicia Ambiental Comunitaria de Mfolozi (MCEJO) y fue asesinado el jueves pasado. Se opuso abiertamente a los planes de ampliar la mina de carbón de Somkhele, una de las minas de carbón abiertas más grandes de Sudáfrica, situada en la frontera de iMfolozi-Hluhluwe Game Park en el norte de KwaZulu-Natal. (Foto: Oupa Nkosi)

Mujeres y niños aterrorizados huyen de sus hogares todas las noches mientras el temor de ser asesinados se apodera de Somkhele en KwaZulu-Natal.

Este terror sigue al asesinato a tiros el jueves pasado de Fikile Ntshangase , de 63 años, quien recibió seis disparos y murió dentro de su casa en la aldea de Ophondweni, mientras su nieto de 13 años jugaba afuera con dos de sus amigos, a metros de la espantosa muerte.

Lugar de duelo: La casa donde el activista ambiental Fikile Ntshangase fue asesinado la semana pasada mientras los niños jugaban afuera. (Oupa Nkosi / M & G)
También hay una supuesta lista de blancos, con los nombres de acérrimos activistas contra la minería.

Ntshangase era el vicepresidente de la Organización de Justicia Ambiental Comunitaria de Mfolozi (Mcejo) y fue descrito como un feroz oponente a la expansión de las operaciones de Tendele Coal Mining, el dueño de la mina Somkhele en el área.

The living nightmare of environmental activists who protest mine expansion

Perú

EN AREQUIPA, OTRA VEZ CON TÍA MARÍA

Luis Gárate – 29/10/2020
Imagen: HBA Noticias
En medio de la pandemia del COVID-19 que ha llevado a que el gobierno peruano decrete un estado de emergencia nacional desde la quincena de marzo, algunas empresas como Southern Copper han insistido con presionar para que proyectos mineros socialmente inviables puedan iniciarse.

La empresa ha insistido recientemente en que mantiene vigente su objetivo de sacar adelante el proyecto minero Tía María, pues recibió los resultados de una revisión del entorno social del proyecto minero la cual mostraría mejoras en las relaciones con las comunidades.

Southern Copper presentó el martes 27 de octubre los resultados financieros del tercer trimestre del año y nueve meses del 2020. El informe señala que la empresa recibió los resultados de una revisión del entorno social del proyecto Tía María, que fue realizado por una empresa líder mundial en evaluaciones de medio ambiente, sociales y de gobernanza.

Dicha evaluación concluyó que la compañía habría mejorado las relaciones con las comunidades y el plan para el sistema de gestión del agua en el lugar, para el proyecto Tía María, estaría alineado con los estándares internacionales. Además, concluye que la compañía habría alineado sus prácticas corporativas con los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, una iniciativa de múltiples partes interesadas que promueve principios para guiar a empresas extractivas en el proceso de proveer seguridad para sus operaciones, en una manera en la que respeten los derechos humanos.

“Estamos complacidos y animados con estos resultados, que reflejan el impacto positivo de nuestra Compañía en programas sociales para Tía María y la región de Arequipa. Reiteramos nuestra visión que el inicio de las actividades de construcción de Tía María generará oportunidades económicas significativas para la provincia de Islay y la Región de Arequipa”, señala el informe según un diario nacional.[1]

El documento también dice que dada la actual situación económica peruana, la empresa minera considera que es crucial seguir adelante con proyectos que estimularán un ciclo de crecimiento sostenible. Así, precisa que durante la fase de construcción y operación, la prioridad será contratar mano de obra local para cubrir los 9,000 puestos de trabajo (3,600 directos y 5,400 indirectos) que esperan se puedan generar durante la fase de construcción de Tía María. En la fase de operación, se espera que se emplee directamente a 600 trabajos e indirectamente provea trabajo para otros 4,200.

Southern señaló que “ha venido trabajando consistentemente para promover el bienestar de la población de la provincia de Islay y como parte de estos esfuerzos, se han implementado exitosos programas sociales en educación, cuidado de la salud y desarrollo productivo para mejorar la calidad de vida de la región. También se ha promovido actividades agrícolas y ganaderas en el Valle de Tambo y se ha apoyado el crecimiento en manufactura, pesca y turismo en Islay.”

Recordemos que hace unos meses y en pleno estado de emergencia, la empresa ya había expresado que el proyecto Tía María debía iniciarse, pues sería una forma de aplacar la crisis económica y social provocada por la pandemia. Esto generó el rechazo de las autoridades locales y de diversos sectores de la población, que organizaron hasta 2 cacerolazos nocturnos para expresar su oposición a estos anuncios.

Resulta llamativo que Southern vuelva a las andadas señalando que, según sus nuevos estudios, ya habría ganado legitimidad y aceptación entre la población de Islay y el Valle de Tambo. Como sabemos, este proyecto, cuyo primer EIA fue presentado el 2009, generó una serie de cuestionamientos mayoritarios de la población del valle que se dedica a la actividad agrícola. Asimismo se dieron varios momentos de conflicto, que produjeron desde entonces 7 fallecidos y varios heridos, así como una consulta ciudadana en Islay donde el 95% de la población expresó su oposición al proyecto.

La población encargó estudios técnicos independientes que mostraron que el EIA y los estudios de la empresa no desmintieron el posible impacto a la sostenibilidad de las actividades agrícolas de la zona. Es por eso que se mantiene un rechazo generalizado al proyecto hasta el momento. Seguramente las organizaciones sociales anunciarán medidas de protesta en los próximos días, de persistir la empresa en estos anuncios unilaterales. Esperemos que el ministro de energía y minas Luis Miguel Inchaústegui, intervenga pronto en este asunto con el espíritu de diálogo y concertación que ha expresado es la marca de su gestión, escuchando a todas las partes, lo que por supuesto incluye a las autoridades regionales, locales y a las organizaciones sociales.

[1]https://gestion.pe/economia/tia-maria-southern-copper-mantiene-objetivo-de-sacar-adelante-tia-maria-noticia/?ref=gesr

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