OCM en el Perú 22/08/2024
El pasado 3 de agosto ha sido prorrogado, una vez más, el Estado de Emergencia en el denominado Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, el Decreto Supremo Nº 078-2024-PCM, por 30 días calendario. Cabe resaltar que ésta no es la primera prórroga ya que ha sido ampliada hasta en cinco ocasiones, una situación que se ha vuelto casi crónica en la región. En la práctica, las comunidades aledañas al corredor viven en un estado de emergencia constante, marcado por conflictos sociales y tensiones que afectan su vida diaria

Al respecto, Elsa Merma, representante de la organización Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana de Espinar, declaró para este Observatorio que esto demuestra “que el gobierno de Dina Boluarte solo prioriza los proyectos mineros, como Tía María en Arequipa y otros proyectos mineros en Cusco y Apurímac, ignorando las necesidades y demandas de la población que estamos afectados, no hay capacidad para solucionar por ello amplía el Estado de Emergencia”.

Como se sabe, en este Corredor Vial Sur se ubican proyectos mineros como Las Bambas (Apurímac), Constancia y Antapaccay (Cusco), entre otros. Según el enunciado del decreto supremo, esta medida tiene la finalidad de “preservar y/o restablecer el orden interno, así como garantizar los derechos constitucionales de la población, frente a la proyección de escalamiento de las acciones de fuerza y actos violentos en el territorio por donde atraviesa el referido corredor vial”. Las instituciones encargadas de intervenir son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Parecería que estamos secuestrados y bajo constante vigilancia del Estado y la minería. Las zonas aledañas a la extracción, donde la pobreza y la contaminación por metales pesados son más graves, siguen desatendidas” comenta Elsa Merma, Ex Presidenta de la Plataforma de Afectados por Metales Pesados Espinar y actualmente asociada.

El Decreto Supremo justifica la extensión del Estado de Emergencia bajo el pretexto y recomendación de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú que indica: “Con el objetivo de continuar ejecutando las acciones necesarias para el mantenimiento del control del orden interno, así como garantizar los derechos constitucionales de la población frente a la proyección de actos violentos y acciones de fuerza a lo largo del Corredor Vial Sur”. Al mantener este régimen de excepción, el Estado no solo limita algunos derechos fundamentales, sino que también crea un marco legal que atemoriza a la población, restringiendo su derecho a libertad de tránsito y la libertad de reunión.

Frente a ello, la lideresa Elsa Merma hace un llamado a la organización de los pueblos que conforman el Corredor Vial Sur: “Es urgente reorganizarnos para responder a estas medidas que amenazan nuestros derechos de las comunidades originarias y revisar el impacto del corredor minero y la presencia policial y militar, que solo ha incrementado la inseguridad y el temor”.

El Estado de Emergencia es un régimen de excepción reconocido en el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que se implementa: “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”[1] .

Esta medida implica consecuencias directas en los derechos de las personas que se ubican en la zona delimitada. Lejos de abordar las causas de los supuestos actos violentos, esta medida parece estar más enfocada en controlar y reprimir a la población. Las comunidades aledañas al corredor, que conviven con la presencia de proyectos mineros como Las Bambas, Constancia y Antapaccay, han visto cómo sus derechos fundamentales han sido vulnerados, por la falta de respuesta del Estado en atender sus necesidades y demandas básicas.

Al respecto, Yovana Mamani, coordinadora del programa Sur Andino de CooperAcción, señaló que “cuestionamos esta decisión por parte del Estado, pues ha dejado de ser excepcional y se ha convertido en una medida permanente que, además, ha resultado ser ineficaz para mediar los conflictos de la zona, los cuales se mantienen como una medida para viabilizar el funcionamiento de la empresa minera, sin dar respuesta al malestar de la población, su disconformidad por el limitado acceso y transparencia de información y el incumplimiento de los compromisos por parte de las empresas mineras”.
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Cooperaccion 09/08/2024
En una conferencia de prensa realizada el 7 de agosto de 2024, 11 defensores y defensoras de derechos humanos y protectores del territorio de las provincias de Cotabambas y Grau se pronunciaron sobre la reciente sentencia emitida por el juez Andrés Abelino Flores Aguilar, del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, que los condenó a penas de entre 8 y 9 años de prisión efectiva. Además, se les impuso el pago de reparaciones civiles de manera «solidaria» por un total de 50 mil soles a favor del Estado y 88,600 soles a favor de la empresa minera MMG Las Bambas.

Los defensores sentenciados, quienes enfrentan cargos relacionados con las protestas de 2015 contra la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas, expresaron su total rechazo a la decisión judicial injusta que busca silenciarlos. Durante la conferencia, calificaron la sentencia de «irregular» y manifestaron su intención de apelar el fallo, argumentando que, durante el proceso, que se ha extendido por casi 9 años, no se han podido probar los hechos que se les imputan.

Entre los sentenciados se encuentra Jacinto Limaluca, ex dirigente del Frente de Defensa del Distrito de Challhuahuacho, quien en la conferencia manifestó “Este proceso ha sido discriminatorio y selectivo, a los que provenimos del campo. La justicia no hace nada por nosotros, en el año 2015 hubieron 3 compañeros fallecidos y no hay justicia para ellos, en cambio para nosotros que hemos defendido nuestro ambiente, la vida y los derechos humanos nos han sentenciado”.

Del mismo modo, Maximiliano Huachaca, integrante de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio y del Ambiente de las provincias de Espinar Chumbivilcas, Cotabambas y Grau aseveró: “Nosotros no somos criminales, no somos antimineros, no somos terroristas, así nos han tildado, nosotros somos defensores del medio ambiente, de la naturaleza, de la tierra, la queremos sin contaminación”, refiriéndose así a su sentencia.

Así mismo, los defensores sentenciados hicieron un llamado público a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para que investigue el actuar del juez Flores Aguilar. Sostienen que la sentencia es desproporcionada y que podría tener como objetivo disuadir futuras protestas sociales en defensa del territorio, medio ambiente y los derechos humanos en la región.

A lo largo de la conferencia, los defensores compartieron cómo este prolongado proceso judicial ha impactado sus vidas personales y profesionales, denunciando haber sido objeto de estigmatización y acoso a través de medios de comunicación digitales, lo cual ha afectado no solo a ellos sino también a sus familias.

Lisbeth Abarca del distrito de Tambobamba, condenada a 9 años de prisión, declaró: “Mi delito fue ser representante de mi barrio Huancalle y defender mi pueblo. Han sido 9 años de tortura, maltrato psicológico y emocional, nos ha afectado en nuestro planes de vida, por defender al pueblo”. De la misma manera, Juan Pablo Conishlla, también sentenciado a 8 años con 8 meses, dirigiéndose a la prensa mencionó que: “a nosotros nos miran como asesinos, como ladrones, nosotros somos de las comunidades campesinas, somos defensores de nuestro territorio”, refiriéndose así a lo vertido a los diferentes medios de comunicación locales.

Tras la conferencia, se realizó un plantón frente al Poder Judicial de Abancay, en el que participaron defensores y defensoras ambientales, así como organizaciones de la sociedad civil que expresaron su solidaridad con los defensores. Durante el plantón, se corearon consignas en defensa de los derechos humanos y del territorio, denunciando lo que consideran una criminalización de la protesta social y una injusticia hacia aquellos que defienden el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

Virginia Pinares Ochoa, conocida defensora ambiental y Premio Nacional de Derechos Humanos (2022), manifestó ante medios de comunicación “Me han sentenciado a 8 años con 10 meses por expresar mi preocupación por el tema ambiental, la mayoría de los que vivimos ahí, vivimos de la agricultura y la ganadería con eso comemos, nos vestimos y educamos a nuestros hijos” Además, afirmó: “en el pueblo hay esa preocupación pero nadie dice nada por miedo”

A pesar de la adversidad, los defensores y defensoras de derechos humanos condenados reafirmaron su compromiso con la causa. Declararon que continuarán la protección de sus territorios y con la lucha que intenta silenciarlos, enfatizando que el caso ha trascendido el ámbito meramente jurídico para convertirse en una batalla por la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la defensa de los derechos humanos en el Perú.

Cooperaccion 20/08/2024
Con el lema “Kawsayninchis Hampiq Warmikuna” – Mujeres que sanan, se desarrolló la Escuela de Mujeres Quechuas Afectadas por Metales de la Macro Región Sur de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas (PLANAMETOX).

Durante los tres días de actividades, 36 mujeres de las regiones de Apurímac, Cusco, Moquegua y Puno abordaron en quechua las temáticas de atención integral, cuidados, justicia fiscal, vocería e incidencia con relación a la problemática de las personas afectadas con metales pesados. Además lo hicieron desde una mirada intersectorial, entendiendo que la complejidad del problema requiere la intervención de distintas entidades del Estado.

Las mujeres participantes compartieron casos de impactos de contaminación ambiental en sus modelos de vida, actividades productivas y actividades de cuidado asignadas en familia.

En cuanto a salud, se profundizó sobre los principales signos y síntomas de contaminación pertinentes para el monitoreo y la atención oportuna en salud, así como las rutas de atención intercultural y las medidas de adaptación ante la problemática de metales pesados.

También se contó con un espacio de interaprendizaje sobre los costos y cargas de cuidado a causa de la contaminación, reconociendo a las mujeres de comunidades originarias como la población que asume mayor proporción de costos de cuidado en el país. Entre las participaciones se destacaron casos en los que las mujeres que atienden a niños con metales se encuentran a distancias de entre 30 minutos y 4 horas para llegar al establecimiento de salud más cercano, tiempos y costos asumidos por mujeres en su rol de cuidado.

En la temática de justicia fiscal, las participantes integraron saberes sobre los fondos destinados al sector salud, provenientes de actividades productivas en sus territorios, así como las brechas presupuestales de atención integral en cada región. Se profundizó sobre el contraste de presupuesto asignado a poblaciones afectadas y los costos e impacto ocasionado en ellas, sus familias y comunidades a causa de la presencia de metales pesados en el ambiente.

A nivel colectivo, se plantearon como alternativas el fortalecimiento de las bases locales de la Plataforma, la articulación con gobiernos locales para la prestación de servicios con enfoque intercultural y el monitoreo a las condiciones de salud afectada a causa de la contaminación por metales. Así también, el seguimiento del presupuesto para la atención a personas afectadas y el diálogo en espacios de concertación en las seis provincias de donde provinieron las participantes.

Esta actividad fue coorganizada por la PLANAMETOX, la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar Cuzco (PAMETEC), CooperAcción, Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) y OXFAM.

www.conflictosmineros.org.pe 16/08/2024
El día 15 de agosto, las autoridades de la región Moquegua, junto a representantes provinciales, distritales y de la sociedad civil, han emitido un enérgico pronunciamiento exigiendo al ejecutivo nacional que cumpla con los compromisos asumidos para enfrentar la contaminación en la cuenca del río Coralaque. Han fijado el 20 de agosto como fecha límite para la instalación de una mesa de diálogo donde se formalicen acuerdos cruciales para la remediación ambiental.

La cuenca del río Coralaque enfrenta una crisis ambiental que pone en riesgo la salud pública y la actividad económica en la región. A pesar de los compromisos del Gobierno Central, las autoridades locales denuncian el incumplimiento de varias promesas, incluyendo la emisión de un Decreto de Urgencia para el cierre definitivo de la Unidad Minera Florencia Tucari, operada por ARUNTANI SAC, responsable de la contaminación. Ante la falta de acción, las comunidades afectadas amenazan con una movilización social permanente para hacer valer su derecho constitucional a la protesta.

En su pronunciamiento, las autoridades regionales reconocen el cumplimiento parcial de los compromisos asumidos durante la visita in situ a Quinistaquillas el 12 de julio de 2024, y ratificados el 16 de julio en la sede de la PCM, que incluyeron la declaratoria de estado de emergencia y la instalación de la oficina descentralizada del OEFA. Sin embargo, subrayan la necesidad de extender el estado de emergencia a los distritos de Carumas, San Cristóbal y Torata, también afectados por la contaminación, pero excluidos del decreto inicial.

Las autoridades expresan su preocupación por la falta de avances del Ministerio del Ambiente en la aprobación del Plan de Recuperación de la Calidad Ambiental de la Cuenca del río Coralaque, el cual debería ser formalizado mediante un Decreto Supremo. Este plan es crucial para la remediación y recuperación del recurso hídrico, pero a la fecha no se han destinado los recursos necesarios para su implementación. Además, rechazan las declaraciones ambiguas de los representantes del Ejecutivo sobre el cierre de la mina, recordando que se había prometido un Decreto de Urgencia para el cierre definitivo de la Unidad Minera Florencia Tucari.

Asimismo, se denuncia que el Ejecutivo Nacional no ha cumplido con la transferencia de recursos para el financiamiento del Plan de Atención Integral en Salud de las personas expuestas a metales pesados y metaloides, un compromiso asumido desde el primer trimestre de 2024. Esta falta de cumplimiento sigue poniendo en riesgo la salud de la población en Moquegua.

En paralelo, el Consejo de Ministros aprobó un decreto que declara el estado de emergencia en varios distritos de Arequipa y Moquegua debido a la contaminación hídrica. Esta medida, anunciada por el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, permitirá la realización de estudios durante 60 días para abordar la crisis. No obstante, la desconfianza persiste entre las autoridades y la sociedad civil de Moquegua, quienes exigen acciones concretas y efectivas.

Finalmente, la situación en el sur del Perú sigue siendo alarmante, con denuncias de contaminación por metales pesados en la sangre de niños en Arequipa, atribuidas al río Tambo. Este problema de salud pública subraya la urgencia de que el Ejecutivo tome medidas inmediatas para proteger a las comunidades afectadas. Las autoridades regionales enfatizan que el cumplimiento de los compromisos es clave para evitar un agravamiento de la crisis y asegurar la sostenibilidad de las actividades económicas y sociales en la región.

www.conflictosmineros.org.pe 16/08/2024
Tras la inasistencia del Viceministro de Energía y Minas, Ing. Henry John Luna Córdova, a la mesa de diálogo programada para el 13 de agosto, los espinarenses han decidido conformar un Comité de Lucha que coordinará las medidas de fuerza en los próximos días.

El 14 de agosto, en una asamblea multisectorial celebrada en el auditorio de la Municipalidad Provincial, los dirigentes de diversas organizaciones sociales de base de Espinar se reunieron para discutir la situación. La convocatoria se realizó en respuesta a la ausencia del viceministro en la reunión de la mesa de diálogo, la cual fue suspendida hasta que se garantice la presencia de autoridades con capacidad de decisión. Esta falta de compromiso fue percibida como una falta de respeto a los acuerdos alcanzados en la reunión del 17 de julio en Lima.

Durante la asamblea, los líderes locales y la ciudadanía acordaron tomar medidas contundentes para defender los derechos de la provincia y exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos. En este contexto, se conformó el Comité de Lucha de la Provincia de Espinar, con Oscar Washington Pila Uchasara como presidente, Nicanor Alccaccahua Huaypuna como vicepresidente, Leonarda Zinanyuca Medrano como secretaria de actas y Víctor Katata Chuchullo como secretario de organización. Este comité será el encargado de coordinar las protestas en defensa de la provincia.

El 16 de agosto, el Comité de Lucha emitió un documento titulado Memorial en el que se pone de conocimiento el reinicio de la plataforma de lucha de la provincia de Espinar, en el documento se insta a la presencia inmediata del premier y otros ministros con capacidad de decisión. Además, que se otorgó un plazo de 72 horas al gobierno central para responder a estas demandas, advirtiendo que, de no recibir una respuesta, se convocará a un paro indefinido en toda la provincia.

La población de Espinar, respaldada por organizaciones como la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE) y la Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE), ha dejado claro que no tolerará más incumplimientos y continuará luchando por el respeto de sus derechos y el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Además, se ha solicitado a la Defensoría del Pueblo que garantice que las medidas de protesta no sean criminalizadas.

Como se recuerda, la mesa de diálogo se originó en junio de 2012, tratándose de un caso de mesa “reactiva”, que se gestó como consecuencia posterior a un conflicto social. Inicia a partir de distintos cuestionamientos ambientales y la necesidad de renegociar el convenio marco, desencadenando en el inicio de un paro indefinido el 21 de mayo, produciendo enfrentamientos entre la policía y la población, lo que causó pérdidas humanas, heridos, daños a la propiedad, detenciones; para posteriormente el 21 de junio se instale la mesa de diálogo.

Finalmente, cabe recordar que en Espinar opera la unidad cuprífera Antapaccay, de la empresa suiza Glencore, cuya actividad minera, que se extiende por más de 40 años, ha sido fuente constante de conflictos sociales, principalmente debido a la contaminación por metales tóxicos y a la distribución de los beneficios económicos.

Vidal Merma: La Mesa de Diálogo en Espinar, estancada por falta de voluntad política

Vidal Merma, Ex dirigente AUPE, actual presidente de la Plataforma de Afectados por Metales Pesados de Espinar (PAMETEC) y presidente de Asociación de periodistas ANP Espinar, comenta: “He sido testigo de la compleja evolución de nuestra Mesa de Diálogo desde 2012. Hemos visto intentos de reactivarla en 2019 y 2022, pero la falta de compromiso, la voluntad política de las autoridades para resolver nuestros problemas y la escasa presión social han frenado nuestro progreso.

Hemos logrado incluir temas cruciales como la contaminación ambiental y la salud en la agenda, pero seguimos enfrentando problemas graves, especialmente el aumento de casos de contaminación por metales pesados, y las demandas de la población sobre los problemas socioambientales y la declaración de emergencia ambiental no avanzan, mientras que las demandas de criminalización contra los dirigentes sí están teniendo efectos.

La empresa minera parece trabajar para dividirnos. He visto cómo nuestras organizaciones sociales se han debilitado por tácticas de neutralización y criminalización, que vulnera nuestro liderazgo comunitario. A pesar de nuestros esfuerzos legales, nos encontramos en una situación de estancamiento, sintiéndonos vulnerables y sin soluciones efectivas a los problemas que afectan nuestra vida diaria en Espinar”.