Mexico

AMLO declara a la mina Calica de Vulcan Materials como área natural protegida

Kevin Hinostroza 24/09/2024
La nueva Área Natural Protegida (ANP) se llama Felipe Carrillo Puerto.

El decreto invoca el artículo cuarto constitucional que establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó el decreto por el que se crea una nueva Área Natural Protegida (ANP) en el estado de Quintana Roo. El ANP se llama Felipe Carrillo Puerto, con una extensión de 53,061 hectáreas, que incluye a la mina Calica, propiedad de Vulcan Materials Company.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el decreto que declara área de protección de flora y fauna al sitio Felipe Carrillo Puerto, que son parte de tres municipios de Quintana Roo: Solidaridad, Tulum y Cozumel.

Sobre el decreto
El decreto invoca el artículo cuarto constitucional que establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Igualmente cita al artículo 27, párrafo tercero, que refiere que “la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”. Y que el Estado dictará “las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques (…) para preservar y restaurar el equilibrio ecológico”. Así como “para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”.

Dicho documento está firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón.

En la extensión protegida, está la mina Calica de 2,000 hectáreas, propiedad de la estadounidense Vulcan Materials, donde explotaba piedra caliza.

De las 53,061 hectáreas que abarca la nueva ANP, un pequeño porcentaje (4.4 %) corresponden a las 2,387 hectáreas divididas en cuatro predios que pertenecen a Vulcan Materials. Es propietaria de Calizas Industriales del Carmen (Calica) y del muelle Punta Venado, desde donde embarcaban hasta el año pasado el material pétreo extraído del subsuelo mexicano para exportarlo a la Unión Americana.
https://www.rumbominero.com/mexico/amlo-mina-calica-de-vulcan-materials-area-natural-protegida/

Perú

Protestas en Tabalosos: La población se moviliza contra la minería extractiva

Voces 30/09/2024
En un claro acto de resistencia, Juan Cortegana Rodríguez, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Tabalosos, lideró una masiva marcha en oposición a la actividad minera-extractiva en este distrito.

Según Juan Cortegana, cientos de pobladores del distrito y sus anexos se congregaron desde las 6 de la tarde del pasado sábado 28 de septiembre 2024, bloqueando momentáneamente la carretera FBT-Norte, principal vía de acceso a Tabalosos, en una acción simbólica para demostrar su rechazo a la intervención minera.

Este bloqueo, que duró alrededor de 20 minutos, afectó el tránsito entre Tarapoto y Moyobamba, pero, según el dirigente, los conductores y pasajeros comprendieron la situación y mostraron su apoyo a la causa. «Muchos entendieron que esta lucha es por los intereses del distrito. La mayoría está en contra de la minería en Tabalosos», expresó Cortegana. Esta acción deja en claro que, de continuar las intenciones de la empresa Hannan Metals Perú SAC de realizar actividades extractivas en la zona, las protestas podrían intensificarse.

La manifestación, organizada con el respaldo de autoridades locales, partió desde el acceso principal hacia la Plaza de Armas de Tabalosos. En este punto, el alcalde y los miembros del concejo edil se unieron a la protesta, alzando pancartas y gritando consignas en contra de la minería y las políticas del gobierno central. Los manifestantes critican que, sin un conocimiento profundo de la realidad local, el gobierno autorizó estudios preliminares para que Hannan Metals realice «cateo» y otros estudios en los caseríos de Pucayoc y Cinchiyacu.

Entre los participantes destacados estuvo Elidelgio Mori Trigoso, Procurador Público Regional de San Martín, quien, según Cortegana, se mostró sorprendido por la magnitud de la respuesta popular. También se sumaron a la marcha Óscar Nuñes Cobeñas, vicepresidente de las Rondas Campesinas de San Martín, junto a delegaciones de la comunidad nativa de Panjui y los caseríos de Machingao y Chunchiyacu, reafirmando un rechazo total a la presencia de la empresa minera.

En la reunión que siguió a la marcha, se acordaron varias acciones a futuro. Entre ellas, la organización de una nueva movilización por parte del Frente de Defensa de Tabalosos y el compromiso del Procurador Público Regional de presentar una acción de amparo para anular la aprobación del estudio de impacto ambiental de Hannan Metals Perú SAC. Además, se buscará prohibir cualquier futura autorización de exploración o explotación minera en la región.

Uno de los acuerdos más importantes fue la instalación de una garita de control en el Barrio El Calvario, con el objetivo de impedir el ingreso de trabajadores o personal de la empresa minera hacia los caseríos de Pucayoc y Cinchiyacu. Este control, según los organizadores, es crucial para proteger el territorio de cualquier intervención.

La movilización fue contundente: en una sola voz, la población de Tabalosos reiteró su rechazo a la minería y a las pretensiones de la empresa Hanna Metals. Sin embargo, las autoridades y los pobladores saben que esta lucha apenas comienza, y que será necesario mantenerse vigilantes ante cualquier nueva medida que amenace sus territorios. (César Gonzaga)

Protestas en Tabalosos: La población se moviliza contra la minería extractiva

Chile

Proceso de participación cerrado: cientos de observaciones fueron ingresadas al proyecto minero de tierras raras en Penco


Conflicto Relacionado: Penco-Biolantanidos-Tierras Raras

25/09/2024
[resumen.cl] Hasta adentrada la noche de este martes fueron cientos de observaciones ciudadanas las que se ingresaron al proyecto minero impulsado por Aclara que pretende instalarse en la comuna de Penco, las cuales se suman los cuestionamientos que presentaron diversos organismos públicos en una de las primeras etapas de tramitación.

Este 24 de septiembre terminó el plazo para el ingreso de observaciones en el contexto de la participación ciudadana del proyecto minero que busca explotar tierras raras en los cerros de Penco.

Si bien la semana pasada el Servicio de Evaluación Ambiental publicó el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), donde recopila cientos de observaciones de los organismos públicos que se pronunciaron sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, fue este martes el plazo para que organizaciones, comunidades e incluso empresas -como fue el caso de CEMARC- ingresaran las dudas y cuestionamientos que deberá responder el titular REE UNO SPA -hoy en manos de Aclara Resources-.

Así las cosas, durante los próximos meses la empresa minera debería dar respuesta a cada una de las observaciones mediante un documento consolidado (llamado Adenda), por lo que el proceso de tramitación ambiental continuará en curso.

Esto, en un contexto de progresiva presión para acelerar el cuestionado proyecto minero, más aún a partir del Plan de Reconversión impulsado por el Ministerio de Economía tras el proceso de cierre que vive la siderúrgica Huachipato -de la cual el Grupo CAP es propietaria, al igual que de parte del proyecto de tierras raras-.
https://resumen.cl/articulos/proceso-de-participacion-cerrado-cientos-de-observaciones-fueron-ingresadas-al-proyecto-minero-de-tierras-raras-en-penco

Chile

Estudio identifica brechas y recomendaciones para promover una minería responsable

26/09/2024
La investigación, entre la regulación chilena y el estándar minero IRMA, establece que las principales brechas están asociadas a la conducta empresarial responsable, gestión de impactos ambientales, mecanismos de participación y de reclamación.

De la mano del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el estudio jurídico peruano Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, el Proyecto MinSus de la GIZ lanzó un estudio comparativo que identifica las principales brechas entre el Estándar IRMA y la normativa de Chile y de Perú relacionada a la minería.
El documento, elaborado por 10 expertas y expertos chilenos y peruanos, analiza las complementariedades entre la legislación chilena y peruana, con cada uno de los 426 criterios de IRMA, identificando que más de la mitad de estos no están cubiertos en la normativa nacional.
La Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA por sus siglas en inglés) es uno de los estándares voluntarios más completos de la industria minera, según un estudio comparativo del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) del 2022, y fue fundado en 2016 por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas compradoras de minerales y metales, inversores, comunidades afectadas, sindicatos y empresas mineras. Su objetivo es establecer un sistema de evaluación de la minería responsable, verificado de manera independiente a través de auditorías de terceros.

La investigación, titulada “Estudio comparativo entre la normativa chilena y peruana con los requerimientos auditados por el estándar IRMA”, revela que las brechas en ambos países se presentan principalmente en normas vinculadas a: 1) la Conducta Empresarial Responsable (CER); 2) la gestión de impactos ambientales; 3) los mecanismos de participación ciudadana; y 4) las exigencias de los mecanismos de reclamación.

Para el caso chileno, el estudio concluye que un 53% de los 426 de los requisitos de IRMA son categorizados como “más exigentes” que la normativa chilena, un 11% no está cubierto en la ley, solo un 29% del total son “igual de exigentes” y un 2% “menos exigentes”.

Para medir el cumplimiento de las empresas mineras de gran escala, IRMA evalúa el nivel de cumplimiento en cuatro principios fundamentales: 1) integridad empresarial, 2) planificación y gestión de legados positivos, 3) responsabilidad social, y 4) responsabilidad ambiental. Al analizar el cumplimiento entre la normativa chilena y estos principios, el estudio reveló que la legislación chilena cubre menos del 3% del primer principio, un 38% del segundo y tercero, y un 26% del cuarto.

Sin embargo, al enfocarse en los requisitos críticos del estándar (los 40 aspectos más relevantes y necesarios para obtener la certificación), el cumplimiento de la normativa chilena sube a un 40%, registrando nuevamente las mayores brechas en el primer principio “Integridad empresarial” y en el cuarto principio “Responsabilidad ambiental”, con un 14% y 13% de correspondencia respectivamente. Destaca el alto nivel de cumplimiento con los requisitos críticos de la “planeación y gestión de legados positivos” y “responsabilidad social” con un 75% y 70% de correspondencia respectivamente.

Al examinar el análisis cualitativo, el estudio concluye que la normativa chilena muestra un alto nivel de alineación con los requisitos de IRMA en temas ambientales y laborales, incluyendo la evaluación y gestión del impacto ambiental y social, el reasentamiento, las condiciones de trabajo justo, la salud y seguridad laboral, el patrimonio cultural, y la calidad del aire. Pese a ello, existen capítulos en materia socioambiental que simplemente no están contemplados en la normativa chilena como lo son el ruido y vibraciones; emisiones de gases de efecto invernadero; biodiversidad; servicios del ecosistema y áreas protegidas; gestión de cianuro; y gestión del mercurio. Se espera que algunas de estas brechas se acorten cuando entren en vigencia la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

En términos prácticos, el estudio informó que, en Chile, hasta noviembre de 2023, dos operaciones mineras habían sido auditadas por IRMA (con resultados publicados), correspondientes a la empresa chilena SQM y la estadounidense Albemarle, cuyas instalaciones de extracción de litio se ubican en el Salar de Atacama. Cada una alcanzó los niveles 75” y 50” respectivamente.

Al respecto, Juan Eduardo Ibáñez, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Universidad Católica y uno de los autores del estudio, comentó que “la obtención de estos niveles refleja un esfuerzo por parte de las empresas en cumplir con los rigurosos requisitos de IRMA, demostrando un trabajo serio y profundo en mejorar sus estándares de conducta empresarial responsable y de sostenibilidad. Esto considerando que la normativa chilena aún presenta importantes brechas en comparación con el Estándar”.

Ibáñez agregó que estas auditorías son una oportunidad para que las empresas mineras comprueben el desempeño socioambiental de sus operaciones y se adelanten a posibles cambios normativos en la legislación nacional o de los mercados donde exportan sus productos.

Finalmente, el estudio entregó recomendaciones para avanzar en una mejor gobernanza minera y concluye que, pese a los avances en las legislaciones de Chile y Perú, que recientemente han incorporado mejores estándares en gestión socioambiental, aún existen brechas por cerrar que, para Juan Eduardo Ibáñez “pueden motivar una reflexión pública y privada sobre la conveniencia y la factibilidad de reducirse progresivamente con el objeto de que la normativa nacional alcance una mayor correspondencia con las normas internacionales de Conducta Empresarial Responsable”.
https://www.mch.cl/negocios-industria/estudio-identifica-brechas-y-recomendaciones-para-promover-una-mineria-responsable/

Brasil

Aclara Resources iniciará producción de tierras raras en Brasil en 2027

Sandra Martel 16/09/2024
Estudios destacan enorme potencial de proyecto de tierras raras de Aclara en Brasil.
Brasil posee la tercera mayor reserva de tierras raras del mundo y se está convirtiendo en un foco de proyectos en fase inicial.
Aclara Resources planea solicitar un permiso ambiental crucial a principios del próximo año para su proyecto insignia de tierras raras en Brasil, con el objetivo de iniciar la producción en 2027, dos años antes del cronograma inicial.

La empresa dijo que el yacimiento de Carina, en el estado de Goiás, podría generar 191 toneladas al año de disprosio (Dy) y terbio (Tb), que son tierras raras pesadas utilizadas en la fabricación de vehículos eléctricos (VE).

Aclara actualizó la evaluación económica preliminar (PEA) para el proyecto de arcilla de adsorción de iones alojada en regolito, ahora fija el valor actual neto del proyecto en $ 1.5 mil millones, utilizando una tasa de descuento del 8% y una tasa interna de retorno (TIR) ​​del 27% durante los 22 años de vida útil de la mina.

Los costos de capital iniciales se estiman en $593 millones, con costos de mantenimiento bajos de $86 millones.

Se prevé que el proyecto genere 505 millones de dólares en ingresos netos anuales y 366 millones de dólares en EBITDA.

En declaraciones a Reuters el director ejecutivo, Ramón Barua, dijo que una vez en operaciones, la producción de Carina representaría alrededor del 13% de la producción china de estos materiales en 2023.

Aclara está avanzando más rápido de lo esperado en el proyecto Carina, originalmente programado para producción en 2029. Aclara ha ganado impulso principalmente gracias a acuerdos con los gobiernos estatales y locales para acelerar el proceso de permisos.

Si se conceden las aprobaciones necesarias dentro de 18 meses, como se anticipa, la producción podría comenzar ya en 2027, o posiblemente en 2028.

El proceso de extracción de Aclara reduce su impacto ambiental al eliminar la necesidad de explosivos y molienda. La empresa recicla el 95% del agua que utiliza y utiliza fertilizantes comunes, por lo que no deja residuos líquidos que requieran la construcción de presas de relaves.

Durante el resto del año y el próximo, Aclara planea realizar perforaciones y estudios metalúrgicos adicionales para respaldar un estudio de prefactibilidad y la construcción de una planta piloto.

Además del proyecto Carina, Aclara también está buscando aprobaciones ambientales para un depósito más pequeño en Chile, conocido como Penco, que se espera que siga un plazo de aprobación similar de 18 meses.

El proyecto planificado no cuenta con una instalación de almacenamiento de residuos. Después del procesamiento, Aclara planea colocar arcillas lavadas en zonas de deposición y revegetarlas
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/internacionales/aclara-resources-tierras-raras-brasil/

Republica Dominicana

Afirman proyecto minero Romero debe garantizar agua en SJM

Por El Nacional 13/09/2024
Santo Domingo.- El presidente de la Mesa Redonda de los Países de la Mancomunidad en la República Dominicana, Fernando González Nicolás, enfatizó este viernes la necesidad de que el proyecto minero Romero garantice que no afectará el suministro de agua en la región de San Juan.
González Nicolás subrayó la importancia de la socialización del proyecto con los líderes comunitarios de esa provincia y de obtener su apoyo para la realización de estudios de impacto ambiental. Estos estudios determinarán si el agua de la región se verá afectada o no por la actividad minera.

El presidente de la Mesa Redonda también destacó la importancia de que los estudios sean supervisados por líderes comunitarios, la Academia de Ciencias y las autoridades dominicanas. Además, la empresa que se seleccione para llevar a cabo los estudios debe tener un reconocimiento mundial en la materia.

Los resultados de estos estudios confirmarán la viabilidad del proyecto, su impacto ambiental y, crucialmente, su efecto sobre el agua.

González Nicolás señaló que las recientes protestas contra la mina y el proyecto de ley para convertir a Romero en un Parque Nacional evidencian la necesidad de una mayor socialización del proyecto.

Ante esta situación, recomendó prudencia y una mayor socialización por parte de las autoridades y la empresa antes de aprobar cualquier permiso.

Finalmente, concluyó que las empresas mineras responsables están en la obligación de ganarse el apoyo social de las comunidades donde operan, ya que este apoyo será fundamental para el éxito a corto y largo plazo del proyecto.

Sobre la Mesa de los países de la Mancomunidad

Esta organización promueve las relaciones entre la República Dominicana y los 56 países que componen la Mancomunidad, en el mundo.

Los países de la mancomunidad están localizados en todos los continentes y son el 33% de la población mundial. Se caracterizan por tener un mismo origen el británico, el idioma el inglés, y tienen similar sistema legal y político que es la democracia.

En la Mancomunidad se respeta el medioambiente y en estos se encuentran las empresas mineras más importantes del mundo.
https://elnacional.com.do/afirman-proyecto-minero-romero-debe-garantizar-agua-en-sjm/

Criminalización de la protesta, Perú

11 DIRIGENTES DE COTABAMBAS Y GRAU SOLICITAN LA NULIDAD DEL JUICIO QUE CRIMINALIZÓ SU DERECHO A LA PROTESTA

19/09/2024
Foto: Aprodeh
El día jueves 12 del presente mes, la defensa legal de 11 dirigentes campesinos condenados de las comunidades campesinas de Cotabambas y Grau en Apurímac, mediante adelanto de sentencia por el Juzgado Unipersonal de Cotabambas en Apurímac, interpuso un recurso legal solicitando el quiebre (nulidad) del juicio oral en el que fueron juzgados en primera instancia y, al mismo tiempo, solicitó la realización de un nuevo juicio oral, conforme lo establece el Código Procesal Penal cuando entre sesiones de la Audiencia se superan 8 días en procesos no complejos o 16 días en caso de procesos declarados complejos

En efecto, con fecha 25 de julio de 2024, al considerar el juez del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, que no iba a terminar la redacción íntegra de la Sentencia, sólo adelantó unos argumentos y señaló el sentido de su fallo, con cargo a leerse en la siguiente sesión de Audiencia el íntegro de la Sentencia y notificarla a las partes procesales (Expediente No. 41-2016).

Sin embargo, dicho magistrado no ha cumplido con leer el íntegro de la Sentencia y notificarla dentro del plazo de ley, por lo que la defensa legal de dichos dirigentes campesinos condenados, argumentando el respeto al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, a que se conozca la verdad y a que se respete el debido proceso judicial recogidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú y el código procesal penal, ha solicitado se anule el juicio oral y se lleve a cabo uno nuevo en el que sí se respeten estos derechos. El proceso actual lleva ya casi 9 años desde que ocurrieron los hechos y 2 años de juicio sin sentencia.

En efecto, como se recordará, a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional iniciaron una serie de protestas públicas. Esto se dio ante el desinterés del Estado peruano de atender sus demandas por afectación a sus derechos fundamentales, generada por la actuación de la empresa MMG Las Bambas (propietaria del mencionado proyecto minero) que, entre otras cosas, venía afectando su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una brutal e indiscriminada represión contra los integrantes de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social. Este proceso judicial se volvió emblemático porque fueron denunciados y luego acusados 17 dirigentes de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero antes referido, en el intento del gobierno y la empresa de desmovilizar a los campesinos que protestaban encarcelando a sus dirigentes.

En relación a ello, la FUNDACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ – FEDEPAZ y COOPERACCIÓN, instituciones que vienen asumiendo el patrocinio legal de los dirigentes campesinos, reiteran su protesta y rechazo a esta grave vulneración del debido proceso judicial, expresado en la violación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y exigen, al Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas, que declare el quiebre del juicio oral y ordene la realización de uno nuevo por otro juzgado. Finalmente, reiteran la condena a la estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos fundamentales colectivos e individuales, se oponen a las, también, arbitrarias decisiones criminalizadoras con el único propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Chile, Litio

Gobierno reveló las primeras seis áreas priorizadas para desarrollar nuevos proyectos de litio

El salar Coipasa, en la región de Tarapacá; Ollagüe y Ascotán, en la de Antofagasta; Piedra Parada, Agua Amarga y Laguna Verde, en Atacama, son los sistemas salinos en que inicialmente se asignarán contratos especiales de operación. En octubre comenzarán las consultas indígenas.
26/09/2024.- El salar Coipasa, en la Región de Tarapacá; Ollagüe y Ascotán, en la de Antofagasta; Piedra Parada, Agua Amarga y Laguna Verde, en Atacama. Esos son los seis sistemas salinos priorizados por el Consejo Estratégico del Comité de Litio y Salares -considerando criterios de viabilidad económica, geológicos y ambientales- para desarrollar nuevos proyectos de exploración y explotación de este mineral en Chile, según lo indicó hoy el Gobierno, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

«Hemos priorizado seis sistemas salinos que representan el 38% de las manifestaciones de interés que realizaron los privados en el procedimiento RFI (solicitud de información) que llevamos a cabo hace unos meses. Dado que los cinco salares y laguna priorizadas presentan susceptibilidad de afectación, durante octubre iniciaremos las correspondientes consultas indígenas en estos sistemas tal como es nuestro compromiso y como lo ha señalado el presidente Gabriel Boric. Durante el último trimestre de este año, se dará a conocer un segundo listado de sistemas salinos y yacimientos que vamos a priorizar conforme también, a criterios de viabilidad y consideraciones geológicas así como también aspectos ambientales», explicó la ministra de Minería, Aurora Williams.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó: «En la actualidad tenemos 12 proyectos potenciales: dos de Codelco, cuatro de Enami y seis que estamos presentando para desarrollo íntegro por parte de inversionistas privados. Mirando ese conjunto y los datos que tenemos más precisos respecto de cada uno de ellos, va a permitir que Chile aumente en más de 70% su producción de litio de aquí al 2030, y más que la duplique dentro de la próxima década. Entonces, en términos del desarrollo de esta industria se están dando todos los pasos necesarios para cumplir con esas metas que se fijaron dentro del Pacto Fiscal y en el caso del litio, en particular, como parte de la Estrategia Nacional del Litio que anunció el Presidente hace ya más de un año».

Cabe señalar que el Ministerio de Minería solo entregará un CEOL para cada salar o laguna priorizados. Para habilitar este proceso de asignación, se iniciarán las respectivas consultas indígenas, tras lo cual se abrirán licitaciones públicas en las cuales se considerará la experiencia en cualquier etapa de la cadena de valor de la industria del litio y capacidad financiera de la empresa o consorcio para llevar adelante su proyecto.

El proceso también contempla un procedimiento simplificado para agilizar la celebración de CEOL en los seis sistemas salinos priorizados, con miras a asegurar la pronta ejecución de los proyectos más viables. Para acceder a este procedimiento las empresas o consorcios deberán sumar a los requisitos mencionados un porcentaje de concesiones mineras equivalente o superior al 80% del polígono en cualquiera de los sistemas salinos priorizados.

Los interesados en participar del procedimiento simplificado tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para ingresar una solicitud de CEOL por sistema salino, debiendo adjuntar los documentos que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados, según lo dispuesto en una resolución que dictará el Ministerio de Minería dentro de las próximas semanas.

El ministro de Economía, Nicolás Grau resaltó que es «una forma de agilizar este proceso y avanzar de manera decidida en este objetivo que ha planteado el Gobierno del presidente Boric, es decir, avanzar en la producción de litio en salares distintos al Salar de Atacama».

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el Ministerio de Minería presentará al solicitante un modelo de CEOL y en el caso de existir acuerdo entre las partes se procederá a la firma del contrato, solo una vez concluida la consulta indígena -recogiendo los eventuales acuerdos que allí se alcancen- y dictado el decreto supremo que fija los requisitos y condiciones del contrato.

Sustentabilidad

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente (s), Maximiliano Proaño, explicó que «la tarea del Ministerio de Medio Ambiente es dar sustentabilidad a la Estrategia Nacional de Litio. Los salares son ecosistemas de alto valor y frágiles. Por ello, hemos trabajado en la inclusión en la Estrategia Nacional del Litio de altos estándares ambientales para la utilización de las mejores técnicas disponibles que disminuyan el impacto ambiental en el proceso de extracción de litio, donde el Instituto Tecnológico y de Investigación Público (ITIP) de Litio y Salares jugará un rol clave. Además, impulsamos la creación la Red Nacional de Salares Protegidos que representa la protección de, al menos, un 30 % de los salares y lagunas que existen en el altiplano chileno».

A su vez, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Aisén Etcheverry, comentó que «cuando se entreguen los CEOLes ya va a existir el Instituto Tecnológico y de Investigación de Litio y Salares y vamos a haber avanzado en varios ámbitos de investigación relevantes para esta estrategia. El ITIP se encuentra en la fase final del proceso administrativo para su constitución, de modo que cuando esté con toma de razón de Contraloría, sesionará por primera vez su directorio y comenzará su trabajo de lleno».
https://www.induambiente.com/gobierno-revelo-las-primeras-seis-areas-priorizadas-para-desarrollar-nuevos-proyectos-de-litio

Perú

Apurímac: comunidades campesinas de Cotabambas exigen amnistía política en encuentro contra la criminalización de la protesta

26/09/2024
El pasado viernes 30 de agosto se desarrolló el Primer Encuentro de Comunidades Campesinas por la Amnistía Política contra la Criminalización de la Protesta en la comunidad de Pumamarca, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, en la región Apurímac.

El encuentro contó con la participación de representantes de diversas comunidades adyacentes a la minera Las Bambas, incluyendo comuneros que enfrentan denuncias y procesos judiciales. Además, asistieron familiares de los cuatro jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande del distrito de Pisaq, departamento de Cusco, recientemente sentenciados por la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco en segunda instancia, por los delitos de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. También estuvieron presentes en el encuentro Guillermo Bermejo, congresista de la República por Lima, e Isabel Taipe, congresista por Apurímac.

El objetivo principal del encuentro fue solicitar a los congresistas la presentación de un proyecto de ley que otorgue amnistía política a los comuneros que, al ejercer su derecho a la protesta, fueron identificados, denunciados y procesados por disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, entre otros cargos.

Rubén Huamaní, presidente de la comunidad de Pumamarca, declaró: “La comunidad de Pumamarca está al lado del tajo de Charcas, el tajo de Fuerabamba, y colindamos con la empresa Las Bambas. Cuando nosotros reclamamos, la empresa nos denuncia”.

En la reunión, que contó con la presencia de congresistas, Guillermo Bermejo expresó su compromiso de presentar un proyecto de ley de amnistía política para comuneros y comuneras que son procesados judicialmente por protestar contra la contaminación de la minera Las Bambas. “Yo los entiendo porque también he sido perseguido. Voy a presentar un proyecto de ley para apoyarles legalmente”, afirmó.

“Compañeros, están escuchando lo que pasa en la provincia de Cotabambas. Estamos presentando nuestra propuesta de ley de amnistía política. La empresa Las Bambas informa al Estado que están trabajando, pero no es así. Ustedes ven que aquí no hay apoyo ni de la empresa ni del Estado. Ni en agricultura, ni en salud, ni en educación. No tenemos locales, infraestructura, ni posta de salud. Nuestra agricultura no ha mejorado nada”, añadió Rubén Huamaní.

Así mismo, Julián Castro, comunero denunciado de la comunidad de Huancuire, provincia de Cotabambas dijo: “Cuando reclamamos, nos denuncian. Hay contaminación en nuestros ríos, el agua parece gelatina. Por eso protestamos y ahora nos encontramos denunciados. ¿Ya no podemos hablar? ¿Ya no tenemos derechos? Estamos denunciados injustamente. Nos sentimos abandonados por el Estado. Antes comíamos bien nuestro queso y papa, ¿dónde está el desarrollo que nos prometieron? Solo hay contaminación”.

Por otro lado, los familiares de Richars Camala, Ferdinan Huaccanqui, Redy Huamán y Joel David Hivallanca asistieron al encuentro para unir esfuerzos en la solicitud de amnistía política para estos jóvenes, quienes enfrentan sentencias ratificadas de entre 6 y 7 años de prisión efectiva. Los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando los jóvenes participaron en las marchas convocadas contra el gobierno de Dina Boluarte. Desde entonces, están detenidos en el penal de Quenqoro, en Cusco.

Finalmente, la congresista Isabel Taipe presentó el proyecto de ley N° 8742/2024-CR, que busca conceder amnistía general a los miembros de las comunidades campesinas y organizaciones sociales que participaron en las protestas en el ámbito del proyecto minero Las Bambas entre 2011 y 2019. Este proyecto, presentado al Congreso de la República el 29 de agosto, “busca restablecer la paz social y evitar la criminalización de la protesta, beneficiando a quienes fueron denunciados, procesados o sentenciados por delitos como coacción, extorsión y entorpecimiento de servicios públicos durante las manifestaciones en la zona”, según el texto del proyecto presentado. (Con información del OCM)
cooperaccion.org.pe

Honduras

Luto y repudio por el asesinato de Juan López, líder ambientalista

Javier Suazo 26/09/2024
Fuentes: Rebelión [Imagen: COPINH, Honduras]
“Hermana Bertha cómo hago para hablar con el rio, simplemente sígueme rio arriba” (Juan López)
Con el Ajuste Estructural Agrícola en 1990 se profundizaron los negocios y actividades extractivas en Honduras, al permitirse la privatización del recurso forestal y agro negocios tóxicos como la palma africana y explotación camaronera sin control que destruye el bosque de mangle. A ello se suman la ganadería extensiva y contaminación del agua, por el uso de contaminantes en cultivos como el café.

Después del huracán y tormenta tropical Mitch (1998), en el gobierno de Carlos Flores Facusse (1998-2001), se aprobó la Ley General de Minería, mediante Decreto N. 292-98 del 6 de febrero de 1999, que otorga concesiones mineras y permite la explotación de cielo abierto y uso de cianuro. El gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio 2009), prohibió este tipo de minería, declarándose inconstitucional la legislación después de protestas de pobladores afectados por dichas concesiones. Su Plan de Gobierno enfatizaba en la aprobación de una nueva Ley de Minería benigna con el ambiente y salud de la población, además de la elaboración del mapa mineralógico nacional que no se concluyó.

Aunque se aprobó también una nueva Ley Forestal, donde se eleva a la categoría de sector al subsector forestal, se cuestionó la aprobaciónde la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables (Decreto N. 70-2007 de octubre de 2007), que permite el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica con recursos naturales, otorgándose incentivos a la inversión nacional y extranjera, caso de la exoneración del pago de impuestos, como aquellos cobrados a la importación de equipos y maquinarias, tasas, aranceles, derechos de importación, impuesto sobre la renta y activo neto, entre otros.[1]

El golpe de Estado a Manuel Zelaya trajo consigo, entre otras “reivindicaciones” al capital, una Nueva Ley de Minería que, curiosamente, deja el espacio libre para la explotación a cielo abierto y uso del cianuro, aunque en teoría se fortalece la institucionalidad en la materia. Esta Ley fue aprobada en el gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2013), acusado de tener vínculos con el narcotráfico, el 2 de abril de 2013, mediante decreto 238-2012. El argumento de fondo, además de los esfuerzos por consensuar el anteproyecto de Ley con varios actores desde el Congreso de la Republica, fue la adhesión de Honduras a la Iniciativa para las Trasparencia de las Industrias Extractivas (IEITI, por sus siglas en ingles), lo que supone una garantía de trasparencia, rendición de cuentas y responsabilidad aplicable a las actividades extractivas.

Para el movimiento ambientalista, las violaciones a esta legislación han sido evidentes: El ARTÍCULO 19 reza que la “Autoridad Minera, en ningún caso otorgará la Concesión de Explotación o de beneficio, en tanto el concesionario no acredite la correspondiente licencia ambiental, la que será emitida por la autoridad correspondiente en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles. Y el ARTÍCULO 20 dice que en “la construcción de las obras y en la ejecución de los trabajos de Explotación, deben adoptarse y mantenerse las medidas sobre Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, Comunitaria y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a la empresa y de terceros, de conformidad con las normas vigentes. El Estado adoptará estrictas medidas de supervisión, para garantizar la conservación y manejo adecuado de los recursos”.[2]

A ello se suma la evidencia que parte de las explotaciones mineras penetran las áreas protegidas declaradas como Patrimonio Público Forestal, zonas productoras de agua y aquellas donde se reclaman derechos ancestrales sobre las tierras y bienes comunales por las comunidades étnicas y pueblos originarios. Estas concesiones se otorgan por decreto, sin consulta a las comunidades o en cabildos abiertos controlados por los alcaldes municipales, muchos de ellos acusados de corruptos y estar ligados al Narcotráfico.

Un ejemplo es la reforma al Decreto Legislativo 127-2012 que reduce el área núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras[3], mediante la aprobación de un nuevo decreto N. 252-2013, con el propósito que la empresa Inversiones Los Pinares amplié sus operaciones con mayores áreas de extracción minera, siendo la reducción mayor a 217 has. de tierra.

El conflicto se agravó por la judicialización de la defensa de derechos sobre la tierra y demás recursos naturales, penalizando las acciones reivindicativas de los pobladores como delitos comunes, lo cual abarca a miembros de la Comunidad de Guapinol en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

“Varios habitantes de Guapinol dicen que, en lugar de ayudar, el Gobierno los ha afectado al aprobar concesiones mineras que han puesto en peligro sus fuentes naturales como el agua y la tierra. Es el caso del proyecto en construcción de Inversiones los Pinares, de los empresarios Lenir Pérez y Ana Facussé, ubicado en el Parque Nacional Carlos Escaleras —al que también llaman Montaña Botaderos—. Es por eso que, desde que inició este proyecto, la comunidad de Guapinol y otras aldeas vecinas se mantienen en una resistencia que les ha costado la vida y el encarcelamiento de varios compañeros”. [4]

En octubre de 2021, la Organización de las Naciones Unidas exigió la liberalización de ocho (8) defensores del ambiente pertenecientes al Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), de la comunidad de Guapinol, los que fueron liberados hasta febrero de 2022, con el gobierno de Xiomara Castro, y después de ser privados de su libertad desde 2019. Con el asesinato de Juan López, hay evidencia que el expediente por delitos ambientales sigue abierto al presentarse requerimientos fiscales en contra dedefensores ambientales e implicados “supuestamente” en delitos contra el ambiente de la montaña “Botaderos”.

Las protestas por el asesinato de Juan López no se han hecho esperar, desde organizaciones de sociedad civil que trabajan en la protección de los recursos naturales y fuentes de agua, iglesia, derechos humanos y agencias de cooperación internacional, que exigen la captura de los responsables, sean ejecutores directos o miembros de grupos de poder en contra de las acciones que ejecutan organizaciones ambientales. Bajo el liderazgo del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se han generalizado las protestas y exigencias para que el gobierno capture a los responsables de su asesinato.

Recién el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra Lenir Pérez y demás socios y participantes, acusándolos de explotación ilegal de recursos naturales, daños ambientales y violaciones a la normativa ambiental vigente. Las organizaciones y grupos ambientalistas esperan que se paren las actividades de las empresas que conforman el complejo empresarial creado, ya que, además de los daños al ambiente, los costos futuros para las comunidades, pobladores y país resultarán prohibitivos.

Una crítica de los defensores de derechos humanos al gobierno, es que no se garantizó la protección debida al ambientalista y su familia, tal como lo demandada la Corte Internacional de Derechos Humanos, por lo que Honduras puede enfrentar una demanda internacional que implique altos costos para las finanzas públicas y el país e institucionalidad, en tanto han habido varios asesinatos de dirigentes ambientales, como es el caso de Bertha Cáceres.

En temas ambientales y agrarios, el tiempo se acabó. Las acciones a ejecutarse incluyen:a) La revisión y/o derogación de Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA); b) Revisión de toda la legislación ambiental y forestal vigente, por falta de aplicación y violaciones a su normativa y reglamentos técnicos; c) Cierre total de la carretera denominada el “corredor” narco en la Mosquita y Patuca Hondureño; d) Programa de descentralización de competencias, recursos y poder del Estado a favor de gobiernos locales y comunidades; e) Consulta Previa, Libre e Informada a los pobladores para ejecutar proyectos como práctica en todos los municipios de Honduras, f) Derogación de Ley de Minería ( hay que aprender de Costa Rica), g) Política Nacional de Derechos Humanos; h) Protección efectiva de los defensores ambientales y sus familias; i) Integración de los dirigentes ambientalistas a las instancias de decisión y coordinación del gobierno como los consejos ambientales, coordinación forestal y agroalimentarios; j) Deforestación “Cero” y hoja de “Coca” Cero, tal como lo han propuesto las FFAA y la presidenta Xiomara Castro.

Notas:

[1]Un problema de fondo lo fue la falta de regulación de las concesiones otorgadas y la ejecución de los proyectos sin consenso con los pobladores, muchos de ellos en tierras de reserva forestales y áreas pertenecientes a las comunidades. Fue evidente también la prestación de nombres para desarrollar los proyectos, pero que eran promovidos y propiedad de empresarios no muy visibles.

[2] Ver Ley General de Minería, Decreto 238-2012.

[3]Carlos Escaleras Mejía, dirigente ambientalista y de derechos humanos, del municipio de Tocoa, Departamento de Colón, asesinado la noche del 18 de octubre de 1997 por oponerse a la instalación de una planta extractora de aceite de palma en el margen del rio Tocoa, por lo cual el gobierno de Honduras fue condenado internacionalmente.

[4]Ver Contracorriente (medio digital), “Entre el conflicto y el abandono estatal, Guapinol resiste con alternativas económicas y sociales”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Luto y repudio por el asesinato de Juan López, líder ambientalista