Renato Rivera Rhon
Investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC) y profesor especializado en seguridad y economía criminal. PhD en Estado de Derecho y Gobernanza Global.
20/10/2025

Han transcurrido cerca de 30 días desde que inició el paro en Imbabura por el alza del costo del diésel, un incremento que, sin entrar en detalles técnicos, golpea con fuerza al sector agrícola que vive de ingresos diarios en un mercado altamente especulativo, apenas suficiente para cubrir la canasta básica.

Sin embargo, el gobierno, siguiendo la receta de sus antecesores, ha optado por una estrategia de criminalización de la protesta, sugiriendo que “probablemente” la minería ilegal y contrabandistas de diésel estarían detrás del financiamiento de las movilizaciones. No existe, hasta el momento, una sola prueba que lo sustente.

Para que una acusación de este tipo sea verificable y judicialmente sustentada, deberían existir evidencias concretas y rastreables: flujos financieros o reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que conecten dinero ilícito con los actores de la protesta; testimonios sólidos y verificables; interceptaciones o actas judiciales que respalden la hipótesis; y, en última instancia, sentencias firmes. Ninguno de estos elementos ha sido presentado en casi un mes de manifestaciones, lo que permite concluir que estas afirmaciones, una vez más, se sostienen en el terreno de la conjetura o del discurso político.

Acusar de manera general al “crimen organizado” de financiar la protesta se ha convertido en una herramienta discursiva común en países atravesados por altos niveles de violencia, como hoy ocurre en Ecuador. Esta estrategia cumple una doble función: por un lado, desvía la atención de la ineficacia estatal en la lucha contra el crimen organizado, y por otro, deslegitima el descontento popular, justificando la represión y dividiendo a la sociedad entre “los buenos que quieren trabajar” y “los malos que estarían del lado del crimen”.

El proceso de eliminación del subsidio a los combustibles es un ejemplo claro de ello. En los últimos años, toda medida impopular ha estado acompañada por una narrativa de criminalización que convierte la protesta legítima en sospecha de delito. Debemos ser cautelosos ante esta tendencia, pues este tipo de retórica no solo erosiona la confianza pública, sino que además desvía la atención de los verdaderos problemas estructurales que alimentan el malestar social y las economías criminales, como la minería ilegal.

La pregunta entonces es: ¿qué hace realmente el Estado frente a la minería ilegal? Los resultados son débiles frente a la magnitud del problema. A pesar de que desde 2023 el Estado la declaró una amenaza a la seguridad pública y del Estado, los datos oficiales siguen siendo contradictorios. Según la Cámara de Minería, existen 21 provincias con minería ilegal; el gobierno, en cambio, reporta 287 en 16 provincias. Esta disparidad refleja la ausencia de un diagnóstico coherente y la falta de coordinación institucional frente a un fenómeno que ya desborda las capacidades de control del Estado.

Los registros judiciales tampoco respaldan el discurso oficial. Nueve de cada diez casos de minería ilegal corresponden a flagrancias, con pocos detenidos y escasas incautaciones. Ninguno ha derivado en procesos por lavado de activos. Desde 2015 no existe una sola condena por lavado vinculada a minería ilegal, y desde 2022, cuando entraron en funcionamiento los jueces especializados, no se ha tramitado un solo caso con delito precedente en esta materia. En cambio, sí hay evidencia de infiltración en las fuerzas de seguridad: militares activos y pasivos custodiando material aurífero en zonas como Buenos Aires, junto con registros de actos terroristas y redes de protección institucional que operan con impunidad, tal como sucedió en Guayaquil.

El problema radica en entender que, cuando la política sustituye al sistema de justicia, la democracia se erosiona. El gobierno, debe abandonar la narrativa de securitización que divide y deslegitima la protesta social, y priorizar una estrategia sostenible y basada en evidencia para enfrentar la minería ilegal. Mientras no se atienda la raíz del problema, las finanzas ilícitas que las sostiene y la corrupción que la protege, el país seguirá atrapado entre la improvisación institucional, el fortalecimiento del crimen organizado y el deterioro progresivo de su democracia.
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17/10/2025
Liderado por la Conaie, la mayor organización indígena del país, el paro nacional en Ecuador lleva cuatro semanas contra medidas del gobierno de Daniel Noboa, entre las que se encuentran el aumento del precio del combustible y la expansión de actividades extractivas. Las organizaciones denuncian «dictadura minera», violencia y represión. Ya son tres las personas asesinadas por las fuerzas estatales.
Foto: Karen Toro / La Periódica
Por Catalina Roig

Desde la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto con otras organizaciones sociales, se declaró Paro Nacional en todo el país el 18 de septiembre, y fue ratificado más tarde en varias ocasiones, en rechazo a diferentes medidas del gobierno de Daniel Noboa —entre ellas la eliminación del subsidio al diésel y las políticas de expansión de actividades mineras y petroleras—. Noboa fue reelegido en abril pasado, pero el país atraviesa crisis en salud, educación, ambiente y seguridad.

Las protestas comenzaron con el anuncio de la subida del combustible, en el que se anunció un aumento de 1,8 a 2,8 dólares el galón. Sin embargo, aunque esta medida fue la que detonó el Paro Nacional, las protestas se dirigen a hacer una crítica estructural al gobierno de Noboa.

Luego de un mes de paro, desde la Conaie sumaron como exigencias al gobierno «la liberación de los doce presos de Otavalo, que se hagan cargo de gastos de los heridos y muertos en enfrentamientos y las disculpas públicas por parte del Gobierno por usar armas letales en contra el pueblo», explicó Javier Toro, comunicador independiente de la provincia de Imbabura.

Denuncias de represión y censura a los movimientos indígenas y sociales

Desde el comienzo, distintos organismos de derechos humanos han denunciado las diferentes tácticas represivas y de persecución del gobierno ecuatoriano contra las personas protestantes. Ya tres personas de nacionalidad kiwcha fueron víctimas letales: Efraín Fuerez, Rosa Elena Paqui y José Alberto Guamán. La Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador reportó 346 vulneraciones a derechos humanos: 172 personas detenidas, 282 heridos y 15 personas desaparecidas temporalmente.

“Se ha utilizado al Estado para realizar acciones de guerra contra la población civil” denunció Vivían Idrovo, integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. “El ingreso de convoyes en la provincia de Imbabura y al norte de la provincia de Pichincha ha causado profundo terror, tenemos un reporte de 130 personas heridas en los días 13 y 14 de octubre. Se han denunciado graves violaciones de derechos humanos”, contó.

Entre los detenidos se encuentra un grupo de manifestantes que fue apresado el 26 de septiembre en la ciudad de Otavalo, epicentro de las movilizaciones. Fueron acusados con cargos de terrorismo y enviados a una de las cárceles de máxima seguridad, donde el día anterior a su traslado se había producido una masacre carcelaria en la que murieron 17 personas.

“El Gobierno ha estigmatizado permanente a personas y manifestantes indígenas, y ha intentado involucrarles en grupos de delincuencia organizada, como a los manifestantes detenidos en Otavalo”, explicó Idrovo y resaltó que otro hecho muy grave ocurrió el 12 de octubre, cuando dos militares mutilaron las trenzas de dos manifestantes, siendo que éstas representan una forma de identidad y cultura para las personas kiwchas.

Otra de las medidas de persecución del gobierno fue económica: distintas organizaciones (entre las que se encuentra la Conaie, Alianza Ceibo y el Frente Nacional Antiminero) denunciaron que sus cuentas bancarias fueron congeladas sin previo aviso.

La política ambiental de Daniel Noboa

Además de exigir que se elimine el decreto de subida del diésel, la Conaie exige puntos en el plano ambiental: el fin del modelo extractivo y el respeto a las consultas previas a las comunidades (derecho establecido en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos), la revocatoria de las licencias mineras en diferentes puntos del Ecuador y el cumplimiento del histórico voto popular por la Reserva Nacional de Yasuní, que rechazó los proyectos de extracción petrolera y el gobierno intenta desoírlo.

En esta línea, el paro se da en un contexto de emergencia ambiental en Ecuador. Desde la reelección del Presidente, se sucedieron distintas políticas que generaron un retroceso en el plano ambiental. Entre las medidas se encuentra la fusión del ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas, el despido de 30 guardaparques y el envío de un proyecto de ley para la recuperación de Áreas Protegidas y promoción del desarrollo local. Entre las respuestas sobresale un pronunciamiento de organizaciones que señaló que el proyecto ignora los derechos colectivos de las comunidades y promueve la privatización.

“El paro fue convocado a nivel nacional por la Conaie motivados por al eliminación del subsidio del diésel y el alza de los precios, que iba a resultar en un incremento del costo de la vida y en un mayor empobrecimiento de las comunidades rurales e indígenas. Aunque este fue el disparador es importante entender que, en diversas regiones, se incluyó entre las demandas temas relacionados con el extractivismo”, explicó José Cueva, vocero del Frente Nacional Antiminero.

Respecto a las licencias mineras, durante este año hubo protestas en distintos puntos del país en las que se denunció que el Gobierno busca otorgar licencias de explotación minera.

La manifestación más masiva ocurrió dos días antes del inicio del Paro Nacional: más de 100 mil personas marcharon en Cuenca, la tercera ciudad más grande del país, en contra del proyecto de minería de Loma Larga en el páramo de Kimsacocha, una reserva hídrica que alimenta los ríos de la ciudad.

La principal demanda fue “el acatamiento y la ejecución de la consulta popular que prohibió la explotación minera en nuestras zonas de recarga hídrica, que incluyen el páramo de Kimsacocha”, explicó Kléver Calle, miembro del Cabildo Popular por el agua de Cuenca. En esta ciudad ya había existido una consulta en 2022, cuando el 80 por ciento votó a favor de prohibir la minería.

Situaciones similares se vivieron en las localidades de Las Naves (provincia de Bolívar) y Palo Quemado (provincia de Cotopaxi). Ambas comunidades fueron reprimidas durante el último año en manifestaciones cuando se realizaron consultas previas por parte del Ministerio de Ambiente. Ambos procesos se realizaron bajo la militarización de las comunidades y fueron denunciadas como fraudulentos, ya que no se permitió participar a la población que estaba en contra de las actividades mineras.

“En Ecuador lo que esta sucediendo es una suerte de dictadura minera, donde las corporaciones trasnacionales agrupadas en la cámara de Minería del Ecuador están marcado el guion para el Gobierno”, afirmó Cueva. “Son las empresas las que han impulsado una serie de reformas legales para favorecer, por un lado, la represión y por otro lado facilitar su ingreso en el territorio”, explicó.

Por otro lado, en el oriente ecuatoriano, las organizaciones que representan a las comunidades indígenas amazónicas exigieron el cese de la explotación petrolera en sus territorios. Piden que se respete la consulta popular que se realizó en 2023 (luego de más de diez años de lucha) para el freno a la explotación en el territorio ITT del Parque Nacional del Yasuní. Es la zona donde viven las comunidades indígenas Tagaeri-Taromenane, pueblos no contactados y amparados por el derecho internacional de respetar y garantizar la intangibilidad de esos territorios y con prohibición de actividades extractivas.

Por otro lado, organizaciones denunciaron que el Gobierno anunció que se van a reactivar las subastas petroleras de 22 bloques —Ronda Subandina y Ronda Suroriente— que afectarían a más de 3,5 millones de hectáreas de selva amazónica, de las que 89 por ciento es territorio indígena. Esto va en contra de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanas, que estipulo que cualquier norma que afecte territorios ancestrales debe someterse a consulta previa, libre e informada. Además, en el 2020 la población Waoraní de Pastaza había ganado en la Corte una demanda contra el Estado por la explotación de petróleo en su territorio.

“Basados en nuestro derecho a la autodeterminación y consentimiento, respetando nuestra forma de gobierno y derecho propio, nuestra decisión ya fue tomada en el 2018 y no queremos que nos vuelvan a consultar”, explicó Opi Nenquimo, presidente de la Organización Waoraní de Pastaza (OWAP) y afirmó que “los pueblos y nacionalidades indígenas, tenemos derecho a decidir sobre lo que pasa en nuestra casa, ya que nadie conoce estos territorios y ecosistemas, y tenemos derecho a decir ‘no’ a las empresas petroleras y mineras, y que esa decisión sea determinante”.
https://agenciatierraviva.com.ar/un-mes-de-huelga-y-represion-en-ecuador-un-gobierno-aliado-al-extractivismo-y-lejos-del-pueblo/