20/08/2025
La Primera Sala Mixta – Sede Sicuani de la Corte Superior de Justicia de Cusco, el 13 de agosto, realizó una audiencia cuyo propósito era que un juez superior emita voto dirimente para configurar fallo de segunda instancia en el proceso de amparo sobre omisión de consulta previa seguido por las comunidades campesinas quechuas de Huini Coroccohuayco, Pacopata y Huano Huano contra el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la Compañía Minera Antapaccay S.A.

Se trata de un proceso judicial en el que dichas comunidades reclaman la consulta previa, libre e informada de la aprobación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero Antapaccay – Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco.

Esta audiencia se produce luego de que, en abril de 2025, el juzgado de Espinar resolviera declarar infundada la demanda de las citadas comunidades, que estas apelaran la sentencia y que dos jueces superiores (Sumire López y Villa Humpiri) votaran por declarar nula la sentencia de primera instancia, mientras que el tercer magistrado (Gil Caviedes) votara por confirmarla. Al no alcanzarse tres votos con el mismo fallo —requisito en materia constitucional según la Ley Orgánica del Poder Judicial—, se convocó a un cuarto juez para dirimir.

Durante la audiencia del último miércoles 13 de agosto, los abogados defensores de las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata reiteraron que el acto administrativo de aprobación de la MEIA debe ser consultado porque define las afectaciones se sufrirán en estas comunidades y las medidas para evitarlas, mitigarlas o compensarlas.

La defensa de la parte demandante de las comunidades señaló que “En el caso concreto de la comunidad de las comunidades demandantes, como podemos ver el mapa, hay afectación directa del territorio, porque el proyecto se superpone a los territorios de la comunidad de Huini y de Pacopata. El informe que sustenta la aprobación de la modificatoria del EIA dice que las comunidades van a reducir su territorio, perderán infraestructura colectiva e hidráulica”, advirtió.

Por su parte, la abogada de una de las comunidades señaló: “La consulta previa, señor magistrado, garantiza que la opinión de los pueblos indígenas sea tomada en cuenta antes de la adopción de cualquier decisión que se les pueda afectar. En este caso, el voto de discordia sostiene que el EIA no debía ser consultado porque no incide directamente en las comunidades. Sin embargo, la propia MEIA prevé reasentamiento y prevé afectación a los medios de vida, a la cultura y al territorio”.

De otro lado, la defensa de la empresa Antapaccay reiteró que la aprobación de un estudio de impacto ambiental no constituye un acto sujeto a consulta previa, argumentando que este instrumento no autoriza el inicio de actividades y que la responsabilidad de convocar a la consulta corresponde al Ministerio de Energía y Minas.

El caso Coroccohuayco es emblemático porque pone en debate si la consulta previa debe realizarse antes de aprobar estudios de impacto ambiental o sus modificatorias, etapa clave en la definición de impactos y obligaciones socioambientales de los proyectos extractivos. La decisión que adopte la Sala en los próximos días será un precedente importante para la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto de los estándares ambientales en el Perú.

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Brasileña Nexa Resources informó el reinicio de las actividades en sus minas El Porvenir y Atacocha.
La inversión polimetálica de Nexa: US$ 347 mlls. para Perú y Brasil este 2025
Hace una semana, los pobladores del anexo de San Juan de Milpo iniciaron una protesta que interrumpió labores en minas El Porvenir y Atacocha. (Foto: Nexa – El Porvenir).
19/08/2025
La brasileña Nexa Resources comunicó la reanudación de las actividades mineras en sus unidades polimetálicas El Porvenir y Atacocha, ubicadas en el Complejo Cerro Pasco; en un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

De acuerdo con la empresa, las protestas que venían realizando algunos pobladores del anexo de San Juan de Milpo (Pasco) han cesado, permitiendo retomar las labores interrumpidas en las minas desde hace una semana.

“Nexa continúa sosteniendo un diálogo constructivo con los representantes de la Comunidad, y sigue comprometida con el desarrollo sostenible de sus comunidades del área de influencia de sus operaciones”, resaltó la compañía.

Expand IconNexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial. (Foto: Nexa).
Nexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial. (Foto: Nexa).

Presencia y operaciones de Nexa
Con más de 65 años de operaciones en América Latina, Nexa es uno de los cinco mayores productores de zinc a nivel mundial, según Wood Mackenzie. El portafolio de la compañía incluye cuatro minas subterráneas polimetálicas, una mina a tajo abierto y tres fundiciones —incluida Cajamarquilla, la más grande de las Américas— con operaciones en Perú y Brasil.
https://gestion.pe/economia/empresas/nexa-retoma-operacion-minera-en-el-porvenir-y-atacocha-tras-cese-de-protestas-noticia/

Entre 2023 y 2025, el gobierno de Dina Boluarte incrementó en más de 63% los fondos para controlar movilizaciones, mientras que la lucha contra la minería ilegal solo creció 1,9%, según un informe de La República
Nicol Chauca Alendez
20/08/2025

La Policía se enfrenta con manifestantes durante protestas en las que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso hoy, en Lima (Perú). EFE/Aldair Mejía
La distribución del presupuesto nacional vuelve a poner bajo la lupa las prioridades del Ejecutivo. Un reciente informe de La República reveló que, durante el gobierno de Dina Boluarte, se destinaron recursos muy superiores al control de protestas sociales en comparación con la lucha contra la minería ilegal, una de las actividades ilícitas más lucrativas y violentas del país.

Según la investigación periodística, el Ministerio del Interior recibió S/1.125 millones en 2025 para el programa “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”. En contraste, el mismo año, los fondos dirigidos al combate de la minería ilegal apenas alcanzaron S/63.2 millones, cifra considerada insuficiente frente a la magnitud del problema.

Cifras que evidencian las prioridades del Ejecutivo
De acuerdo con los registros revisados por La República, el presupuesto contra la minería ilegal mostró variaciones mínimas entre 2023 y 2025. En 2023, Boluarte destinó S/62 millones a este objetivo; en 2024, la cifra se elevó a S/79.7 millones; y en 2025, el monto volvió a reducirse a S/63.2 millones.

Sin embargo, el asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz, La Libertad, fue un punto de quiebre. El hecho obligó a la presidenta a viajar a la zona y anunciar un “enfrentamiento sin cuartel” contra las mafias del oro. A raíz de la tragedia, el presupuesto inicial para este año fue modificado a S/83.6 millones, un incremento de poco más de S/20 millones.

La diferencia se acentúa al contrastarlo con el gasto destinado en programas contra protestas. En 2023 se asignaron S/687.4 millones, en 2024 se subió a S/715.6 millones y en 2025 se disparó a S/1.125 millones. Es decir, mientras los fondos para conflictos sociales aumentaron 63,74% en el período, el presupuesto contra la minería ilegal apenas creció 1,98%.

La brecha resulta más llamativa si se considera que, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería ilegal aurífera mueve aproximadamente US$6.840 millones al año, superando al narcotráfico y la trata de personas.

Policías con pocos recursos
Fuentes policiales consultadas por el medio señalaron que la asignación resulta insuficiente para enfrentar a las bandas criminales. “La minería ilegal ha superado al narcotráfico. Un kilo de cocaína se cotiza en US$2.500, mientras que uno de oro supera los US$100.000. Sin embargo, contamos con pocos recursos para combatir a las mafias del oro”, comentaron.

El kilo de oro ilegal
El kilo de oro ilegal puede alcanzar los 100 mil dólares en el mercado negro, superando con creces al narcotráfico, según el Mininter. (Composición Infobae/ Fotos Sector Minero Energético/Política Exterior)
Los efectivos añadieron que apenas disponen de 40 vehículos para sus operativos, cuando se requieren al menos 200 para cubrir las principales zonas afectadas. “Se combate de manera desigual con organizaciones criminales que manejan mucho más presupuesto que la Policía”, enfatizaron.

De los S/63,2 millones asignados en 2025, solo S/15 millones llegaron a la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, unidad especializada en enfrentar la minería ilegal. El resto fue distribuido en otras dependencias, diluyendo la capacidad operativa.

Operativos limitados frente a un negocio millonario
En lo que va del año, la Dirección de Medio Ambiente de la PNP realizó 3.860 operativos a nivel nacional, de los cuales 1.360 estuvieron vinculados directamente a la minería ilegal. Se incautaron maquinarias, motores, combustible y armas por un valor cercano a S/2.000 millones.

Más de cinco horas duró el operativo en La Libertad, donde se incautó armamento militar usado por grupos armados que protegían actividades de minería ilegal.
A pesar de los resultados, las autoridades reconocen que el impacto sigue siendo limitado, ya que la estrategia se concentra en los eslabones más débiles de la cadena: los mineros ilegales en los socavones. Los grandes exportadores que adquieren el oro ilícito, sin embargo, permanecen fuera del radar de las operaciones.

Estado de emergencia y fondos mal distribuidos
Tras la masacre en Pataz, el gobierno declaró el estado de emergencia en la provincia e incorporó S/52,6 millones adicionales para intensificar la fiscalización del transporte de insumos químicos y explosivos.

De ese monto, S/26 millones fueron transferidos a las Fuerzas Armadas, mientras que apenas S/6 millones se dirigieron a la Policía Nacional, institución que cuenta con personal especializado en minería ilegal.
https://www.infobae.com/peru/2025/08/20/dina-boluarte-destino-mas-presupuesto-para-sofocar-protestas-que-para-combatir-la-mineria-ilegal/

Thomas Niederberger 19/08/2025
El gobierno de China estaría adquiriendo oro a un ritmo voraz, como parte de un esfuerzo estratégico para reducir la dependencia del dólar estadounidense. De esta manera, estaría fomentando la minería ilegal en los países del sur, según una investigación del Washington Post. Al mismo tiempo, observamos un crecimiento acelerado de exportaciones de concentrado de oro desde el Perú a China. ¿Es parte de la misma tendencia?

En un reportaje publicado el 12 de agosto en el Washington Post (ver un resumen en español por Infobae), se plantea que la adquisición de oro para aumentar sus reservas estratégicas responde a una política del gobierno chino para aislarse de posibles sanciones de Estados Unidos y reforzar su posición en el sistema monetario internacional. Facilitada a través de redes de empresas chinas, pero también alimentada por operaciones vinculadas a organizaciones criminales, esta política estaría fomentando un aumento de la extracción ilegal de oro en todo el sur global, con impactos ambientales y sociales desastrosos.

Se trataría de una tendencia global, con los ejemplos detallados en el reportaje de Indonesia, Ghana y la Guayana Francesa, sin mención a Perú. Sin embargo, los hallazgos resuenan con una tendencia notable en los datos nacionales: el crecimiento de exportaciones de concentrados de oro de Perú a China, por un factor de casi 20 desde el 2019.

Como se sabe, el oro se exporta típicamente en lingotes de oro doré, por avión, hacia las refinerías situadas en Suiza, Canadá y, cada vez más, hacia India y Emiratos Árabes. Mientras, en el caso del concentrado de oro, clasificado con código del sistema armonizado de mercancías HS 261690 (“Minerales de oro y sus concentrados”), se trata de un concentrado polimetálico, cuyo elemento más valioso es el oro, pero que también contiene cobre, plata, plomo, zinc u otros elementos que requieren de una fundición especializada para separarlas.

Esta última modalidad de la exportación de oro en concentrados por vía marítima no tuvo mayor relevancia hasta muy recientemente. Hasta 2019, no llegó a tener más de 24 mil toneladas anuales, a un valor de US $45 millones. En 2020, casi se triplicó comparado con el año anterior. Y en 2024 llegó a casi 400 mil toneladas, valorizadas en US $884 millones, es decir, un aumento en factor 20 comparado al 2019. Este auge corresponde, justamente, al período post-pandémico, en paralelo al crecimiento de la minería informal e ilegal en el país. Casi la totalidad de concentrados de oro se exportan a China y, en mucho menor medida, a otros destinos como Alemania.

¿Quién exporta concentrados de oro?

A base de una revisión inicial de los datos detallados de declaraciones de exportación por empresas (a los que se tuvo acceso via el portal panjiva.com), dos características de esta modalidad de exportación de concentrados de oro nos llaman particularmente la atención:

Casi todos son exportados por empresas comerciantes (traders) que no operan minas, es decir, lo compran de otras fuentes. Varios de ellos se han creado recientemente.
Muchos de los envíos por vía marítima son cantidades relativamente pequeñas, a veces no más de 100 toneladas de concentrados, empacados en bolsas o ‘big bags’.

El hecho de que las exportaciones se hagan vía traders significa que no conocemos el origen del mineral, ya que no figura en su declaración al momento de embarcar. Sin embargo, podemos asumir que se trataría, en gran parte, de concentrados producidos en las cientos de pequeñas plantas de beneficio a lo largo del país que reciben mineral extraído por mineros artesanales informales e ilegales, algo parecido a lo que pasa con los concentrados de cobre de la minería informal. Otra fuente posible serían pequeñas y medianas minas formales.

Si miramos la lista de las empresas exportadoras de concentrado de oro en los últimos 5 años, las primeras tres son Trafigura (568 mil toneladas), IXM (127 mil toneladas), y Humon Latin America S.A. (50 mil toneladas). Trafigura, con sede en Suiza y Singapur, es el principal trader con depósitos en el Callao. IXM (anteriormente Luis Dreyfus) también tiene su sede matriz en Suiza y opera depósitos grandes en el Callao, pero pertenece al consorcio chino CMOC. Humon Latin America forma parte del grupo empresarial Humon, que opera fundiciones en China.

El restante, aproximadamente una cuarta parte del total, se divide entre una treintena de empresas comerciantes, desde nombres conocidos, que principalmente exportan concentrados de cobre, como MCC / Metallica Commodities, Andina Trade, Metco Trading, Hartree Metals Peru, u Optamine, hasta otros que son de creación reciente y que muestran relativamente pocos envíos, de cantidades pequeñas.

Otro dato llamativo es que Perú también importa concentrados de oro desde Ecuador, Colombia (vía marítima) y Bolivia (por camión). Si bien son cargas relativamente menores, típicamente por unas 100 toneladas, en bolsas, el total de los últimos 5 años llega a 83 mil toneladas, por un valor declarado de 549 millones de dólares. También acá, la mayor parte es del último año y, principalmente, a cargo de Trafigura e IXM, que aparentemente utilizan sus depósitos en el Callao como centro de acopio para luego embarcar estos concentrados, junto con otros de origen peruano, hacia China.

Sabiendo muy bien que la extracción de oro, tanto en Perú como en los países vecinos, es en gran parte ilegal o, por lo menos, de un área gris llamada ‘informal’, y que este sector se encuentra crecientemente vinculado con el crimen organizado y hasta controlado por grupos armados, nos preguntamos: ¿Qué está pasando acá? ¿Estas empresas traders pueden garantizar el origen legal del concentrado de oro que exportan?

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