Redaccion 21/04/2026

SANTO DOMINGO, RD.– Diversas organizaciones sociales, populares y ambientales anunciaron la realización de una jornada de movilizaciones a nivel nacional que incluirá marchas, concentraciones y huelgas en distintos puntos del país, en rechazo a lo que califican como políticas gubernamentales que afectan a los sectores más vulnerables.

En ese sentido, convocaron a una gran concentración-marcha para el viernes 24 de abril a las 10:00 de la mañana, la cual partirá desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, en la ciudad de Santiago.

Asimismo, declararon el lunes 27 de abril como “Día Nacional de la Rebeldía”, fecha en la que se desarrollarán múltiples acciones simultáneas. Entre ellas, destacan jornadas huelgarias de 24 horas en los municipios de San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, iniciando desde las 6:00 de la mañana.

Para ese mismo día, las organizaciones también convocaron a una concentración a las 10:00 de la mañana frente al Palacio Nacional, en el Distrito Nacional, junto a movilizaciones en diferentes comunidades del territorio nacional.

Los convocantes rechazaron además la represión que, según denunciaron, fue desatada por el gobierno el pasado domingo 19 de abril en la región del Cibao. En ese contexto, exigieron el cese del cerco contra la residencia del dirigente del Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, José Mercado, así como la liberación inmediata de decenas de activistas detenidos en San Francisco de Macorís y Navarrete.

Las protestas se enmarcan en la conmemoración del 61 aniversario de la Revolución de Abril y en medio de un incremento de manifestaciones en todo el país. Las organizaciones señalaron que estas acciones buscan enfrentar medidas que, a su juicio, trasladan el peso de la crisis económica a los sectores populares, mientras favorecen a grandes corporaciones, especialmente del sector minero.

Demandas principales

Entre sus principales exigencias, las organizaciones plantean la cancelación inmediata de proyectos mineros en la Cordillera Central, Septentrional y Bahoruco Oriental, vinculados a empresas como GoldQuest, Unigold y Belfond. También demandan la paralización de la presa de colas de El Naranjo, en Sánchez Ramírez, y la cancelación del proyecto de vertedero en la comunidad Los Aguacates, en La Cuaba, municipio Pedro Brand.

De igual forma, exigen el fin de la imposición de proyectos sin “licencia social”, citando casos como Los Negros, en Azua, y Las Placetas, en San José de las Matas. También reclaman la protección de Loma Miranda y su restablecimiento como parque nacional, así como el cese de operaciones de la empresa Docalza en la comunidad de El Pomier, en San Cristóbal.

Propuestas

Las organizaciones proponen un modelo socioeconómico alternativo basado en la sostenibilidad ambiental, el fortalecimiento de la agricultura, el uso de energías renovables y la protección de los recursos hídricos.

Entre las medidas planteadas figuran la aplicación estricta de la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la recuperación de ríos afectados por actividades extractivas, la entrega de tierras a familias campesinas, la promoción de la soberanía alimentaria y la eliminación de privilegios fiscales y económicos que, aseguran, benefician a sectores de altos ingresos.

También plantean atender la deuda social con sectores vulnerables, enfrentar el alto costo de la vida, mejorar los salarios y frenar la privatización de servicios básicos.

Las convocatorias están respaldadas por múltiples organizaciones, entre ellas la Coordinadora Popular Nacional (CPN), el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, la Coalición Ambiental de la Región Noroeste (COANOR), el Campamento Loma Miranda, la Articulación Nacional Campesina, el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer (CUDEM), entre otras plataformas sociales y comunitarias del país.

A continuación, los detalles de la nota de prensa.

Movimientos sociales y ambientales llamamos a la población a la movilización.

Convocamos Gran concentración -Marcha el viernes 24 de abril a las 10.00 de la mañana desde el Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago.

Declaramos el lunes 27 de abril DIA NACIONAL DE LA REBELDIA y anunciamos para ese mismo día:

• Jornadas huelgarias de 24 horas en San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, desde las 6.00 de la mañana.
• Convocamos también para el lunes 27 a las 10.00 de la mañana, concentración de trabajadores y movimientos socio ambientales frente al Palacio Nacional en el Distrito Nacional y movilizaciones en diferentes comunidades del país.
• Rechazamos represión desatada por el gobierno este domingo 19 de abril en el Cibao, que se detenga el cerco contra la residencia del dirigente del Colectivo de Organizaciones Populares de SFM José Mercado y demandamos la inmediata puesta en libertad de decenas de activistas apresados en San Francisco de Macorís y Navarrete.

En el 61 aniversario de la revolución de abril, y en medio de crecientes protestas que recorren todo el territorio nacional, las organizaciones sociales, populares, ambientales, anunciamos esta serie de movilizaciones masivas en rechazo a las políticas gubernamentales que pretenden que los pobres, los trabajadores y la clase media paguen el precio de la crisis global y de la guerra, mientras se favorece a las grandes corporaciones mineras y a la oligarquía nacional y extranjera”.

I. EXIGIMOS

1. Cancelar de inmediato y de manera definitiva todos los proyectos mineros en las cordilleras Central, Septentrional y en el Bahoruco Oriental, a favor de las corporaciones extranjeras GoldQuest, Unigold, Belfond y otras.
2. Detener la nueva presa de colas de El Naranjo en la provincia Sánchez Ramírez.
3. Cancelar el proyecto de vertedero en la comunidad de Los Aguacates, Distrito municipal de La Cuaba, Pedro Brand.
4. Detener la práctica abusiva de imponer a las comunidades proyectos mineros y energéticos sin licencia social (casos: Los Negros en Azua, Las Placetas en San José de Las Matas, y muchas otras).
5. No tocar Loma Miranda y restablecer el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo.
6. Cese de las operaciones de la empresa Docalza en la comunidad de El Pomier, Provincia San Cristobal.

II. PROPONEMOS UN MODELO SOCIOECONÓMICO ALTERNATIVO NO DEPREDADOR, SOLIDARIO E INCLUYENTE:

1. Nuestras montañas, valles y cuencas generan más beneficios económicos y sociales si se utilizan para preservar el agua, la agricultura, la ganadería, la agroindustria, artesanías, agro silvicultura, pesca, turismo comunitario, energías renovables y desarrollo integral, que dedicándolas a la minería destructiva y contaminante.

2. Proteger todos nuestros ríos, retirar granceras y empresas contaminantes de sus cauces, y aplicar estrictamente la Ley 64-00 de Medio Ambiente a todos los proyectos sin excepción.
3. Declarar de utilidad pública a favor de familias campesinas y urbanas miles de porciones de terrenos, prohibiendo despojos, expropiaciones y desalojos abusivos en todas las regiones del país. Reubicar dignamente a las familias en zonas de riesgo.
4. Priorizar la agricultura campesina, la seguridad y soberanía alimentaria. Entregar la Presa de Monte Grande y el Ingenio Barahona a sus verdaderos y únicos dueños: la población de la Región Enriquillo.
5. Eliminar las trabas que los intereses de las corporaciones de los combustibles fósiles e impulsar el desarrollo de energías limpias. Asumir el proyecto cooperativo y social 100% renovable.
6. Atender la deuda social de los sectores (mujeres, jóvenes, cañeros, pequeños transportistas y comerciantes, dominicanos de ascendencia haitiana, trabajadores migrantes, otros) y comunidades territoriales movilizadas por sus derechos.
7. Enfrentar el alto costo de la vida, los bajos salarios, la privatización de la salud y los servicios, la violencia e inseguridad, eliminando los privilegios de los ricos: exoneraciones fiscales, salarios multimillonarios, barriles, regalos de combustible, gastos superfluos, corrupción, impunidad y los abusos contra los más pobres.
8. Defender la soberanía nacional y el derecho internacional, y sacar a la República Dominicana de las guerras por petróleo impulsadas por la administración Trump.

FIRMADO:
Coordinadora Popular Nacional (CPN).
Movimiento Suroeste Unido Por el Agua y la Vida.
Movimiento Unidos Somos Más.
Movimiento No Vertedero en La Cuaba.
Unión Anti-Barcazas, Los Negros Azua.
Coalición Ambiental de la Región Noroeste(COANOR).
Campamento Loma Miranda.
Justicia Climática Republica Dominicana.
Bloque Popular Jesús Adon.
Coalición de Organizaciones Populares, Ambientalistas, Feministas y Gremiales del Cibao.
Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís.
Movimiento Los Peregrinos de Moca.
Articulación Nacional Campesina.
Coalición Enriquillo.
Comité Por la Unidad y Los Derechos de La Mujer-CUDEM-
Movimiento Reconocido.
Red Urbano Popular en Defensa del Territorio (RUP).
Conjunto Comunitario en Defensa de la Salud Publica
Coordinadora de Organizaciones Barriales don Bosco (CODONBOSCO).
Centro de Educación para la Paz, la tolerancia y el Desarrollo (CEPATODE).
Asoc. De Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional y Sto Dgo (ACADISANDO).
Y decenas de plataformas y organizaciones comunitarias de la Republica Dominicana.

¡Se calientan las calles! Protestas y huelgas sacuden el país contra minería y alto costo de la vida

Alexis Álvarez 20/04/2026

Lenin De la Rosa, alcalde del municipio San Juan de la Maguana, indicó que existen “dudas legítimas” en amplios sectores sociales sobre el impacto que tendría la actividad minera en las fuentes hídricas, la producción agrícola y el equilibrio ecológico.

En medio de crecientes protestas ciudadanas contra la explotación minera en la provincia San Juan, Lenin De La Rosa, alcalde del municipio San Juan de la Maguana, advirtió que es “innegociable” la estabilidad de los recursos hídricos de esa zona.

Las declaraciones del ejecutivo municipal surgen en un contexto de movilizaciones de munícipes que rechazan la posible explotación de oro en la provincia, particularmente el denominado Proyecto Minero Romero, impulsado por la empresa GoldQuest Mining Corp..
“San Juan es, por esencia, una provincia agrícola. Nuestra historia, nuestra economía y nuestro futuro dependen del agua. Sin agua no hay producción; sin producción no hay desarrollo. Por eso, la defensa de nuestros recursos hídricos es innegociable”, manifestó.

De la Rosa reconoció que la inversión privada puede generar oportunidades económicas, pero señaló que estas no pueden colocarse por encima de la seguridad ambiental ni del derecho de la población a un entorno saludable.

En ese sentido, indicó que existen “dudas legítimas” en amplios sectores sociales sobre el impacto que tendría la actividad minera en las fuentes hídricas, la producción agrícola y el equilibrio ecológico de San Juan. En consecuencias, debe prevalecer la prudencia cuando no hay garantías.

“Hoy existen dudas legítimas en amplios sectores de la sociedad sobre el impacto que este proyecto…Como ingeniero y estudiante de ciencias, creo en la minería responsable. Pero también creo que, cuando no existen garantías claras, suficientes y confiables, la prudencia debe prevalecer.
Una de las movilizaciones sociales realizadas en San Juan en contra de la explotación minera.

El edil sostuvo que, aunque cree en una minería responsable, la falta de garantías claras obliga a asumir una posición prudente. Por ello, manifestó su rechazo a la explotación del proyecto en las condiciones actuales, citando su ubicación en la Cordillera Central, dentro del área de influencia de la Presa de Sabaneta, principal fuente de agua de la provincia.

“Reconocemos que la inversión privada es importante, como es el caso del Proyecto Minero Romero, impulsado por GoldQuest Mining Corp., ya que puede representar oportunidades económicas. Sin embargo, ninguna inversión puede estar por encima de la seguridad ambiental ni del derecho de nuestra gente a vivir en un entorno sano”, expresó.

Las protestas en la provincia han ido en aumento en las últimas semanas, reflejando la preocupación de distintos sectores sociales ante una posible intervención minera en una de las zonas agrícolas más importantes del país. Mientras tanto, la discusión sobre el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental continúa marcando el debate público en San Juan.
https://elnacional.com.do/alcalde-san-juan-advierte-es-innegociables-agua/

ARMANDO PASCUAL MADE 15/04/2026

SAN JUAN DE LA MAGUANA.– El rechazo al proyecto minero Romero continúa ampliándose y consolidándose en esta provincia del sur dominicano, sumando no solo a organizaciones sociales, campesinas, religiosas y profesionales, sino también a diversas fuerzas políticas y reconocidas personalidades de la vida pública nacional.

El Movimiento Popular Dominicano (MPD) reiteró su firme oposición al proyecto, calificándolo como un “crimen ecológico” y responsabilizando al gobierno encabezado por Luis Abinader y al oficialista Partido Revolucionario Moderno por impulsar políticas extractivistas que, según afirma, ponen en riesgo recursos estratégicos del país.

A esta postura se han sumado organizaciones políticas de izquierda y progresistas como Fuerza de la Revolución, Partido Comunista del Trabajo y el Movimiento Caamañista, las cuales han expresado su rechazo categórico al proyecto, argumentando que representa una amenaza directa al equilibrio ambiental, la soberanía sobre los recursos naturales y la seguridad alimentaria del país.

Asimismo, figuras reconocidas del ámbito intelectual, social y político han alzado su voz contra la iniciativa minera. Entre ellas se destacan el dirigente de izquierda Narciso Isa Conde, quien ha advertido sobre las implicaciones geopolíticas y ambientales del modelo extractivo, así como profesionales y académicos vinculados a la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

El MPD también señaló como corresponsable al representante en el país de la empresa Gold Quest Mining Corporation, Luis Santana Pereyra, indicando que el interés corporativo se centra en la extracción de oro sin considerar los impactos sobre el agua, la agricultura y las comunidades.

En los últimos días, las protestas han cobrado mayor intensidad, con movilizaciones que incluyen caravanas, concentraciones comunitarias y la activa participación de productores agrícolas. Las consignas reflejan la preocupación colectiva, destacándose: “el agua es un tesoro y vale más que el oro”.

Los opositores al proyecto advierten que la experiencia minera en Cotuí, donde opera Barrick Gold, ha dejado secuelas ambientales y sociales que no deben repetirse. Señalan que San Juan, como principal zona agrícola del sur, podría enfrentar consecuencias aún más severas si se permite la explotación minera en su territorio.

Diversos sectores han alertado que intervenir la cabecera de la cuenca del río San Juan pondría en riesgo el suministro de agua para amplias zonas de la región, afectando tanto el consumo humano como la producción agrícola.

Las organizaciones y personalidades que integran este creciente bloque de resistencia han reiterado su disposición a mantener y ampliar las jornadas de lucha, responsabilizando a las autoridades y a la empresa minera de cualquier daño ecológico o social que pudiera derivarse del proyecto.

En este contexto, el conflicto en torno al proyecto Romero se consolida como uno de los principales focos de tensión socioambiental en la República Dominicana, con un respaldo cada vez más amplio que articula sectores populares, políticos e intelectuales en defensa del agua, la tierra y la soberanía nacional.

Amplio rechazo social y político al proyecto minero Romero en San Juan