Cooperaccion 23/06/2025
En el Perú se confirma una tendencia que también se observa en otros países de la región, especialmente en territorios amazónicos: el avance de economías criminales que plantea hoy en día una disputa clara y abierta por el control de territorios y de diversas actividades ilícitas que van cambiando de peso o jerarquía a lo largo de los años.

Un informe elaborado por las instituciones Amazon Watch, InfoAmazonía, Amazon Under World y Global Iniciative, sobre economías criminales en la Amazonía -la mayor selva tropical del mundo (Amazon Underworld 2023)-, da cuenta de un entramado complejo de organizaciones que está en plena expansión, con el común denominador que cada vez ejercen un mayor dominio en varios territorios de los diferentes países de la cuenca amazónica.

Intervienen actores vinculados históricamente al narcotráfico, pasando por grupos armados, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares, a los que en los últimos años se han sumado organizaciones criminales poderosas de Brasil, como el Comando Vermello, La Familia Do Norte o el Primeiro Comando da Capital. Las fronteras no son para nada un impedimento para estas organizaciones, es más, en varios casos las controlan y tienen establecidos corredores transfronterizos que desde Perú pueden llegar a puertos del Atlántico o a la zona del Arco Minero en el Orinoco en Venezuela.

A mediados del mes de mayo del 2025, en la Amazonía ecuatoriana, en Alto Punino, cerca del Parque Nacional Sumaco Galeras, 11 militares ecuatorianos fueron abatidos en un enfrentamiento con el denominado Comando de la Frontera, una organización disidente de las FARC que controla esta zona y que tiene una fuerte presencia en la minería ilegal y otras actividades delictivas. Además, esta organización estaría vinculada a otra banda de crimen organizado del Ecuador, conocida como Los Lobos, especializada en el tráfico de drogas y el sicariato.

Todas estas organizaciones vienen librando “una batalla sin cuartel” por el control de la Amazonía, incluido el territorio peruano, los diversos corredores que existen, diversificando y ampliando actividades criminales, desplazando la atención hacia la minería ilegal de oro, aunque cada vez más conectadas entre sí. Por ejemplo, la frontera entre Perú y Ecuador (en el norte de Cajamarca y en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas); la zona de la triple frontera entre Ecuador, Perú y Colombia; o la otra triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, en el denominado Trapecio Amazónico[1]; la de Ucayali con Brasil; Madre de Dios y Puno con Bolivia, son claros ejemplos de territorios en los que estas organizaciones ya están presentes, aunque con diferentes grados de intensidad.

“La minería ilegal de oro es también una actividad codiciada para blanquear los beneficios del narcotráfico, y genera los ingresos necesarios para financiar la violencia utilizada por los grupos criminales para controlar territorios y comunidades”

“Desde una perspectiva criminal, el oro ofrece una serie de ventajas que lo hacen atractivo: es fácil de transportar y más resistente a los daños que sustancias como la cocaína; es una inversión estable, ya que incluso pequeñas cantidades tienen un valor significativo que tiende a subir en épocas de incertidumbre económica; y se puede sacar fácilmente de un país”.

“Además, las consecuencias legales del tráfico de oro suelen ser menos graves que las del tráfico de drogas ilícitas”.

(Amazon Underworld 2023).

Más allá de la Amazonía

Se sabe que este tipo de minería también está presente en zonas andinas e incluso en la costa del Perú. En varios de estos territorios, sobre todo en las zonas con mayor explotación aurífera en provincias andinas también hay presencia de bandas que se disputan la producción minera, buscando controlar las operaciones de los miles de pequeños mineros e, incluso, desde hace unos años, incursionando en las concesiones y labores de grandes empresas mineras formales, como es el caso de Minera Poderosa.

El caso más notorio es el de la provincia de Pataz, en la sierra de La Libertad, donde hay diversas bandas identificadas que se disputan el control de la producción de oro. Todas las versiones y testimonios recogidos coinciden en señalar que, en un primer momento, estos grupos llegaron a la zona contratados por los propios mineros para protegerse como respuesta al incremento de invasiones y los robos de los minerales extraídos, así como también para resolver disputas locales entre los propios mineros.

Sin embargo, rápidamente estas bandas vieron la oportunidad de controlar el negocio, en primer lugar, de la pequeña minería y la minería informal, para luego pasar a disputarle las concesiones y zonas de producción a la minería formal en el propio subsuelo. Un momento de expansión clave de estas bandas fue el período de la pandemia.

Entre las bandas identificadas más importantes que operan en esta provincia de La Libertad, se encuentran la denominada Gran Alianza[2], Los Pulpos y los Parqueros de Pataz[3], todas con presencia previa y una amplia acción delictiva en temas de narcotráfico extorsión, sicariato, en localidades como Trujillo, el valle de Virú y otras zonas de La Libertad. También hay otras bandas, como La Jauría, Los Ochenta, Los Malditos de Río Seco y, según algunas versiones también estaría el Tren de Aragua de Venezuela, que controlaría las actividades de extorsión. Ente estas organizaciones también se producen alianzas orientadas a mantener cuotas de poder en una compleja red territorial, con diferentes especialidades delictivas y ámbitos de influencia.

Si bien en el caso de Pataz predominan por el momento bandas nacionales, hay algunas evidencias de lazos con el crimen organizado de otros países de la región. Además de la las menciones a la posible presencia del Tren de Aragua, se puede señalar que uno de los líderes de la Gran Alianza, el peruano Josué Oliver Blas Lezama, fue asesinado en Colombia, país a donde había llegado escapando de una orden de captura en el Perú. Algo parecido ha ocurrido con Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, sindicado como el principal responsable del asesinato de las 13 personas en una galería minera en Pataz, en mayo de 2025 y que también huyó a Colombia, donde, aparentemente, cuenta con redes de apoyo.

Las economías ilegales son delitos: lo que corresponde es erradicarlos y evitar que se sigan expandiendo, más aún si operan conectados con el crimen organizado. ¿Existe en el Perú una política clara y decidida de lucha contra estas actividades ilícitas? En absoluto. Lo que encontramos es que el Estado atiende esta problemática desde dos líneas de acción, por un lado, intentos desarticulados y esporádicos para reducir la actividad y por otro, las acciones erráticas de formalizar la pequeña minería y minería artesanal que no han dado resultados. Además, los presupuestos destinados para combatir la minería ilegal son ridículos.

La presencia de organizaciones criminales, en varios casos con capacidad de operación en varios países de la región, representa todo un desafío que hasta el momento no tiene respuesta de parte del Estado peruano. Además, todo indica que las acciones nacionales serán insuficientes: cada país enfrentando de manera aislada una actividad que cuenta con actores con capacidad operativa a nivel transnacional, es difícil que pueda obtener algún tipo de resultado. Todo indica que, por lo menos, se necesitaría un acuerdo entre todos los países amazónicos para enfrentar la minería ilegal y sus operadores transnacionales articulados en organizaciones criminales.

[1] Las localidades de San Rosa (PERU), Tabatinga (Brasil) y la de Leticia (Colombia) forman el Trapecio Amazónico que delimita a los tres países.

[2] Algunos informes dan cuenta que la Gran Alianza controla el 50% de la extracción de oro en Pataz.

[3] Algunas son divisiones de grupos mayores o ramas especializadas en determinadas actividades delictivas.

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