El presidente electo, Pedro Castillo, tiene una serie de desafíos por delante. El primero de ellos será la gobernabilidad, pues el sector derrotado en las elecciones no sólo se ha resistido a reconocer el resultado electoral, sino que se ha involucrado en lo que algunos analistas han llamado un “golpe lento”. La derecha política y ciertos grupos de poder parecen dispuestos a desestabilizar al país para impedir que el nuevo gobierno pueda concretar sus promesas de cambio.
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Imagen: Boletín APM
Ya han pasado más de 20 días desde las elecciones y, pese a que los números son claros y Pedro Castillo ha sido elegido presidente por la mayoría de peruanos y peruanas, aún el fujimorismo denuncia un supuesto “fraude” inexistente. La OEA, la Unión Europea, los gobiernos de Canadá y Reino Unido se han pronunciado reconociendo que las elecciones han sido limpias y justas; Ipsos Perú ha publicado un análisis estadístico que no encuentra irregularidades que favorezcan a uno u otro candidato; decenas de miembros de mesa de las provincias andinas y amazónicas -sorteados antes de las elecciones- han tenido que salir a ratificar que no hubo ninguna irregularidad en sus locales de votación. Pero ningún argumento es suficiente: el fujimorismo continúa con su narrativa golpista, utilizando todos los resortes legales y no legales, como el llamamiento de militares en retiro para que las Fuerzas Armadas desconozcan al gobierno electo. Esperamos que la democracia prevalezca y que pronto las autoridades electorales proclamen al nuevo Presidente y empiece el proceso de transferencia.

La crisis política originada por las intentonas golpistas no ha permitido que la agenda pública se enfoque en lo más importante: los planes y prioridades del próximo gobierno. Aquí queremos revisar algunas de esas propuestas en torno a la agenda minera, ambiental y de recursos naturales.

Existen dos documentos a tomar en cuenta para analizar las propuestas políticas de Pedro Castillo y el partido Perú Libre: el ideario y programa, presentado por el partido de manera formal ante el Jurado Nacional de Elecciones; y el plan “Perú al bicentenario sin corrupción”, elaborado por un equipo técnico más amplio de cara a la segunda vuelta.

El documento “Ideario y Programa” dibuja el horizonte ideológico del partido Perú Libre y orientará probablemente la actuación de su bancada parlamentaria. En este documento se plantea la necesidad de una nueva Constitución que “desmantele el neoliberalismo” y se propone un nuevo modelo de “economía popular con mercados” que se inspira en las experiencias del Movimiento al Socialismo en Bolivia y de la “revolución ciudadana” de Ecuador. En cuanto a los recursos naturales, son vistos como la principal fuente de riqueza del país y se plantea su “nacionalización” a fin de “invertir la proporción de ganancias a favor del Estado peruano”.

Como hemos señalado en una editorial anterior, este documento presenta vacíos importantes en el ámbito ambiental, en especial en relación al cambio climático, que se encuentra completamente ausente. Además, el programa propone un “extractivismo sostenible” y cuestiona el “medioambientalismo fundamentalista (…) que cree que superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables”. Este discurso puede considerarse afín a lo que, en América Latina, algunos han llamado el “neo-extractivismo”, que se enfoca en recuperar el control estatal sobre la renta de los recursos naturales, sin cuestionar los impactos territoriales ni la dependencia excesiva de la exportación de materias primas.

Al mismo tiempo, sin embargo, este documento hace énfasis en el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, reconociendo no sólo el derecho a la consulta previa sino también al consentimiento y la capacidad de “veto” de proyectos en sus territorios. También se plantea la necesidad de una zonificación económica y ecológica “con autonomía real” por parte de las regiones, que les permita demarcar sus áreas protegidas e intangibles, así como sus áreas hídricas.

Una de las cosas que preocupa del ideario y programa de Perú Libre es su visión sobre la minería informal e ilegal. De hecho, el documento se refiere a ella como “la mal llamada minería ilegal” y se apuesta por su formalización. Como se sabe, la actividad minera ilegal tiene graves impactos ambientales y sociales, especialmente en territorios amazónicos donde es un factor de deforestación y contaminación de los ríos.

Durante la segunda vuelta, Perú Libre convocó a un diálogo con fuerzas sociales y políticas, dando paso a la elaboración del Plan de Gobierno Perú Al Bicentenario Sin Corrupción, que enfoca de manera más específica medidas de corto y mediano plazo que serán impulsadas por el nuevo gobierno.

En los temas económicos, el Plan plantea medidas para el “relanzamiento del empleo y la economía popular” con un aumento de la inversión social pero manteniendo el equilibrio macroeconómico en el mediano plazo. Se plantea un enfoque de “economía mixta” y fortalecer el rol regulador del Estado, en particular una regulación más activa de los monopolios y oligopolios.

El Plan proyecta una inversión significativa en el sector rural y campesino, dándole una prioridad a este sector que no ha tenido en décadas. Se plantea el inicio de la “segunda reforma agraria”, entendida como “el desarrollo rural agrario y participativo como una decisión política importante para la gestión de una agricultura con enfoque territorial y desde abajo”. En ese marco, las propuestas incluyen disminuir y reorientar la importación de alimentos, dado preferencia a la agricultura andina y orgánica. Todo ello, en el marco de “un Ordenamiento Territorial basado en el desarrollo local”.

En los aspectos tributarios, el Plan Bicentenario se plantea aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud, para lo cual busca “nacionalizar” las riquezas del país, término que se entiende como “hacer que éstas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías”. El Plan toma nota del nuevo contexto de precios de los minerales, así como de los reducidos costos de producción del cobre en el Perú, lo que justifica un impuesto a las sobreganancias. Otras medidas son la eliminación de las exoneraciones de tributarias, la renegociación de los contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas, así como una política activa contra la elusión fiscal, el lavado de activos y los paraísos fiscales. Se plantea así mismo una modificación de las regalías, las mismas que en la reforma de 2011 fueron asociadas a las utilidades: Perú Libre plantea regresar a un esquema de regalías sobre las ventas, lo que permite mayor estabilidad y predictibilidad de la recaudación, así como hace mayor justicia al concepto de pago por el uso de un recurso no renovable que no depende de la ganancia de las empresas.

Este plan también aborda la búsqueda de una nueva Constitución que reconozca expresamente y garantice los derechos a la salud y la educación, a la alimentación, a la vivienda, el reconocimiento a los pueblos originarios y a nuestra diversidad cultural, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el buen vivir. La propuesta de cambio constitucional también incluye un Estado que practique la planificación estratégica, regule e invierta; y donde el interés público prime sobre el privado. El Plan hace hincapié en que este cambio se promoverá respetando los mecanismos constitucionales vigentes.

Sin embargo, aún es incierta la viabilidad del cambio constitucional, pues el referéndum para que la ciudadanía se exprese al respecto depende de una Ley del Congreso, donde las fuerzas conservadoras parecen ser mayoría. Ese será, probablemente, uno de los primeros grandes conflictos políticos de los próximos meses.

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Por Los Andes Arequipa
28/06/2021
Por Zenaida Zea Olivera
Las familias de Edwin Félix Yrpanoca Turpo, Raúl Cancapa Huaricallo, Peronila Coa Huanca, Gregorio Huamán Mamani, Antonia Campos Huanca y Javier Perlacio Limachi, aún no encuentran sosiego. Han pasado 10 años pidiendo que la muerte de sus seres queridos no quede impune; sin embargo, solo el silencio doloroso los acompaña.

El “Azangarazo” o “Juliacazo”, como otros lo llaman, representa una de las luchas sociales más atípicas en lo que a defensa ambiental refiere. Quienes fueron parte de la escaramuza, tuvieron la valentía de levantarse contra la minería ilegal, pero el Estado les dio la espalda incluso al ver la desolación que esta actividad dejaba a su paso.

El clamor popular se fundamentaba en la derogatoria del Decreto Supremo N° 10, con el que las poblaciones de Asillo, San Antón, Progreso y otras localidades de Azángaro podrían verse aliviadas de la contaminación provocada por la minería ilegal de La Rinconada, Ananea y zonas aledañas, que envenenaban el río Ramis y sus afluentes.

Fueron años de protestas. El ganado, peces, pastizales y todo vestigio de vida, sucumbía ante la presencia de metales pesados en el agua. En las protestas, los lugareños llevaban como evidencia sus animales muertos, y entre lágrimas invocaban ayuda porque sentían que esas sustancias nocivas causaban estragos en su organismo.

INDOLENCIA Y APATÍA

Las protestas de los pobladores fueron escalonadas. Al no ser escuchados en sus localidades, adoptaron como estrategia trasladarse al epicentro de la integración regional. Al estar Juliaca sitiada y perjudicaba todas las actividades con las regiones vecinas, por fin el gobierno giraría la cabeza hacia este sector olvidado.

Los comités de lucha invocaron la instalación de mesas de diálogo, sus autoridades viajaron a Lima para gestionar soluciones, pero como acostumbra el Estado, no actúa hasta que estalle el conflicto social. La problemática ameritaba una comisión de alto nivel, pero la apatía era mayor.

ESTALLÓ EL CONFLICTO

Juliaca estuvo paralizada una semana y no resistía más. Diversas organizaciones de la sociedad civil se solidarizaron con los pobladores de Azángaro y se plegaron a la lucha. El 24 de junio, una fecha emblemática en el mundo andino, decidieron radicalizar sus medidas de protesta.

La tensión se agravó cuando los piquetes se trasladaron al aeropuerto internacional Manco Cápac. La situación provocó que el gobierno del presidente Alan García, en lugar de entablar diálogo con los manifestantes, optara por reprimirlos, y sin la menor clemencia.

Se desató una balacera descomunal. Para socorrer a los heridos, los bomberos y ambulancias del sector salud se trasladaron a la zona de conflicto, próxima al Aeropuerto y la salida a Cusco. Al hospital llegaron personas con impacto de bala y otras lesiones que hicieron colapsar sus instalaciones.

En gran parte de Juliaca se aspiraba bombas lacrimógenas hasta caer la tarde, y cuando la población conmocionada por los sangrientos hechos salía de nuevo a las calles, no faltaron las personas de malvivir e infiltrados que perpetraron saqueos en algunos establecimientos comerciales.

IMPUNIDAD

Aún no se asimilaba lo sucedido y todavía se hacía la evaluación de la tragedia. Abogados de derechos humanos se sumaron para apoyar a los deudos y conformaron la “Asociación de Víctimas del 24 de junio”. La batalla legal que iniciaron hace una década duerme hoy el sueño de los justos.

Según el abogado de este colectivo, Carlos Torres Rodríguez, son más de 200 procesados, entre miembros de las Fuerzas Armadas, autoridades y dirigentes. El proceso se encuentra en etapa de control de acusación, y desde el 2019 se suspenden las audiencias bajo el argumento de que no se puede notificar a los sujetos procesales.

El caso está en manos del fiscal Ernesto Rojas Cayllahua, mientras que la jueza Penélope Nájar Pineda, del primer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román, para el 10 de agosto próximo, estaría llevando la audiencia de control de acusación, de no haber otro inconveniente.

LOGROS

A pesar del alto costo social de este levantamiento, con un saldo de seis muertos y más de 30 heridos, los deudos de las víctimas no fueron resarcidos de ninguna forma. Por ello, al conmemorarse una década de esta tragedia los deudos salieron nuevamente a clamar justicia, ávidos de que alguna ONG pueda apoyarlos con las reparaciones.

Gonzalo Yrpanoca, presidente de la Asociación de Víctimas del 24 de junio, sostiene que los pocos proyectos agrícolas y de irrigación que se ejecutan en la zona son por parte de los gobiernos distritales. Mientras que en materia de remediación ambiental las acciones serían nulas.

Las poblaciones asentadas en la cuenca del río Ramis siguen sumidas en la pobreza y extrema pobreza. Entretanto, la minería ilegal de La Rinconada, que enriquece a unos, explota a otros y da origen a otros flagelos sociales, sigue devastando el medio ambiente.

A una década del ‘Azangarazo’ o ‘Juliacazo’ la herida sigue abierta y sangrante