Chile, Litio

SQM y el litio: nulidad de todo lo obrado

por Roberto Mayorga 10/08/2021
El litio es un elemento para producir tritio, combustible de futuras fusiones nucleares, de uso no solo pacífico sino que también bélico y, estando este recurso administrado por una empresa no confiable, acusada de corrupción, como lo es Soquimich, se compromete seriamente tanto la seguridad nacional como internacional.

Detrás de la impunidad en que el Ministerio Público y el SII han dejado recientemente a una treintena de personajes que habrían recibido dineros ilícitos de SQM, se oculta un trasfondo de graves irregularidades, mucho más allá de infracciones tributarias, y que se refieren a la vulneración del orden público, la moral, la seguridad nacional y al medio ambiente, y que implican la nulidad absoluta del acuerdo por medio del cual Corfo extendió el control del litio a SQM hasta el año 2030.

En su art. 19 ,“La Constitución asegura a todas las personas”, N. 21, “El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan”.

En los próximos párrafos describiremos cómo se ha violado esta norma y la sanción de nulidad absoluta e imprescriptible que acarrea dicha violación.

Partamos primero por constatar que el hechor activo que ideó y ejecutó los ilícitos es Soquimich (SQM), al proporcionar dineros ilegalmente a los referidos personajes, hechores pasivos. ¿Con qué propósito SQM entregó esas prebendas? Supuestamente para neutralizar la voluntad de un abanico de individuos y entidades de carácter público y hacerse irregularmente del control del litio chileno.

Es explicable que los medios y la opinión pública concentren la atención en los hechores pasivos por ser figuras políticas que, por cierto, deben ser condenadas, sin embargo, lamentablemente se olvidan y dejan prácticamente en las penumbras al hechor activo, SQM, que hace tres años quedó en la más absoluta impunidad.

Entre Pascua y Año Nuevo del año 2017, el entonces Fiscal Regional Pablo Gómez, bajo la permisividad e indiferencia del Fiscal Nacional Jorge Abbott, concedió a SQM la impunidad –incluso sin concluir una prolija investigación–, a cambio del pago de una incipiente multa de US$3 millones de dólares, habida consideración de que el control del litio podría proporcionar ingresos por alrededor de $800 millones de dólares anuales.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), oponiéndose a dicha impunidad, expresó literalmente ante el Juez de Garantía Luis Avilés y frente a la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago: “La empresa SQM paga coimas a políticos para obtener ventajas. Y, ¿cómo soluciona sus problemas? De la misma manera, pagando”.

El caso Soquimich no es, por tanto, un tema meramente tributario, de boletas falsas, que involucra a una treintena de personajes, sino de alta política de Estado que envuelve aspectos de la más grave índole.
Vulneración del orden público

La Constitución en su art. 19, N. 24, incisos 7 y 10, señala que el litio no es concesible y que su exploración, explotación o beneficio solo podrán ejecutarse por el Estado o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación fijados por decreto supremo del Presidente de la República. El acuerdo Corfo-SQM no solo incumplió esos requerimientos sino que también involucró a una empresa públicamente criminalizada. El Estado no puede ni debe, legal ni moralmente, contratar con entidades criminalizadas. En dichas circunstancias, el referido acuerdo, al transgredir la Constitución, adolece de nulidad absoluta.

La criminalización de Soquimich consistió en haber proporcionado dineros ilícitos a un abanico de funcionarios del Estado supuestamente para neutralizarlos en la libertad de oponerse o denunciar actuaciones irregulares relacionadas con el litio.

Art. 19, N.15, inciso cuarto, en concordancia con el numeral 21 antes transcrito, señala: “Prohíbanse las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado”. La Constitución no se refiere a qué tipos de asociaciones, pudiendo estas ser de cualquier carácter, políticas, comerciales o no comerciales.

¿Transgredió Soquimich el orden público constitucional, violando las disposiciones constitucionales citadas? ¡Evidentemente que sí!

Cuando en la materia llegó a imputarse y/o formalizarse a más de 160 individuos por financiamiento ilícito y/o cohecho, vinculados directa o indirectamente al Congreso Nacional o al Gobierno, esto es, por delitos que implican conductas contrarias a sus deberes y responsabilidades constitucionales y legales, evidentemente se ha vulnerado el referido orden público.

Recordemos que el concepto de orden público nos ilustra que este está conformado por el “conjunto de normas, reglas y principios que regulan el armónico funcionamiento de la sociedad”. ¿No es más que obvio que, al comprarse la conciencia de altos personeros del Congreso y del Ejecutivo, para servir a intereses particulares y no los intereses del Estado, amén de la inmoralidad, se ha trastrocado el mencionado “armónico funcionamiento de la sociedad”, esto es, el orden público?

¿No ha sido ello, sin duda alguna, una de las causas más importantes del descrédito generalizado de la política, que ha afectado dramáticamente a nuestro sistema democrático?

¿Cómo se gestó esta ilicitud? ¿Quiénes al interior de Soquimich lo tramaron? ¿Lo sabían sus diferentes órganos, socios y accionistas, y, al saberlo, lo aceptaron o encubrieron, lo denunciaron o se opusieron? Pues bien, todo ello quedó en las penumbras al suspender la Fiscalía las investigaciones y dejar en la impunidad tanto a Soquimich como a quienes recibieron ilícitamente prebendas.

¿No era un deber del juez de Garantía Luis Avilés y de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago haber rechazado de plano la insólita petición del Ministerio Público, que dejó sin investigar hechos que han violado gravemente la Constitución?
Vulneraciones a la seguridad nacional

El litio es un elemento para producir tritio, combustible de futuras fusiones nucleares, de uso no solo pacífico sino también bélico y, estando este recurso administrado por una empresa no confiable, acusada de corrupción, como lo es Soquimich, se compromete seriamente tanto la seguridad nacional como internacional.

En un artículo publicado en los medios, los prestigiosos científicos Gonzalo Gutiérrez, doctor en Física, y José Zagal, doctor en Química, señalan que “son tres las nuevas aplicaciones (del litio), y que abren inmensas oportunidades de investigación y desarrollo. Primero, el litio se utiliza para almacenamiento de energía, a través de su uso en baterías eléctricas y acumuladores termosolares. Segundo, contribuye a la eficiencia energética, empleándose en aleaciones de aluminio-litio en aviones, barcos y rodados. Tercero, el litio es el elemento del cual se produce el tritio, que es el combustible de la futura fusión nuclear”.

Consultado al respecto, el Dr. Gutiérrez, expresidente de la Sociedad Chilena de Física, explica: “El litio posee propiedades físicas y químicas de carácter singular por su alto potencial electroquímico y su bajo peso específico, que lo han convertido en un elemento clave en numerosas aplicaciones energéticas de alto nivel tecnológico, como baterías eléctricas y aleaciones livianas. Pero tiene también gran importancia en la energía nuclear. De hecho, el tritio usado en la fusión nuclear se obtiene a partir del isótopo Li-6 de litio. A diferencia de la fisión nuclear, que consiste en la división de núcleos de elementos pesados y es el principio físico en el cual se fundamenta la bomba atómica y la energía nuclear controlada actualmente en uso, la fusión nuclear consiste en la unión de dos o más núcleos de elementos livianos para dar origen a un núcleo más pesado. La fusión nuclear es el principio en el cual se basa la bomba de hidrógeno…”.

Es evidente entonces que la extracción, explotación, industrialización, comercialización y exportación de litio a otras naciones, están directamente relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad internacional, tanto por la importancia estratégica en energía como por el rol clave en la fabricación de armamento nuclear. El elevado riesgo de que mentes insensatas pudieran hacer uso de este tipo de armamento podría implicar una masiva destrucción de parte importante de la humanidad.

Chile se ha comprometido ante las naciones del mundo, como suscriptor del “Tratado de No Proliferación Nuclear” de 1968, a adoptar las salvaguardias allí señaladas para evitar en cualquier forma la construcción, proliferación y utilización de armas nucleares.

Es la explicación de que por mandato constitucional la ley declare al litio sustancia no concesible, salvo con autorización expresa, y a nuestro juicio indelegable, de la Presidencia de la República.

Pero la institucionalidad del país es aún más exigente al requerir la participación formal de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) en todo lo relacionado con la extracción, explotación, industrialización, comercialización y exportaciones del litio. Efectivamente, ya el año 1976 el litio es incluido como sustancia de “interés nuclear” en la ley orgánica de la CCHEN, la cual, por tratarse de materias de seguridad nacional, está integrada por representantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, rectores de universidades y otros altos personeros.

En relación con Soquimich, la potestad y responsabilidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear respecto del litio quedó consagrada en una resolución que dictó la propia CCHEN, el 10 de octubre de 1995. Allí se establece:

“Cualquier acto jurídico que celebre la sociedad (SQM) sobre el litio, sus concentrados, derivados o compuestos, deberá ser previamente autorizado por la CCHEN. Así, dicha sociedad deberá someter a esta comisión los contratos de venta y otros actos jurídicos sobre el litio extraído… Para esos efectos deberá comunicar anticipadamente los siguientes datos: volumen y características técnicas; precio de venta; comprador y uso final”.

La misma resolución estableció la facultad de “revocar la autorización en cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna para el Estado de Chile, si a su juicio no se diera cumplimiento íntegro y oportuno a las condiciones bajo las cuales la autorización se ha acordado”. Ahora bien, desde que Corfo cedió el año 1995 a Soquimich la explotación y administración del litio, esta empresa se ha saltado la supervisión y autorizaciones de la CCHEN.

En una investigación efectuada por Ciper, publicada en marzo del 2016, sin que haya sido desmentida a la fecha, se señala: “SQM ha podido saltarse todos los controles que desde 1995 obligan a la minera a solicitar la autorización de la CCHEN para vender y exportar el litio, no reportando para ello el volumen, características técnicas, litio extraído, sus concentrados, derivados o compuestos, el comprador final y el uso que le dará este al mineral”.

El mencionado medio detectó que, en la mayoría de las autorizaciones de exportación que pidió SQM a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la minera tampoco especificó con claridad ni el destinatario final del litio, ni para qué se usaría. “Se consignaba algo general, que se usaría para batería, vidrio y generalmente para ‘usos industriales’, concepto que abarca prácticamente todo”.

Se agrega, en el mismo reporte periodístico, que “la principal tarea que le corresponde ejercer a la CCHEN es cautelar que el litio por razones de interés y de seguridad nacional no sea utilizado ‘para fines de fusión nuclear’. Para ello, resultaba imperativo no perder de vista la trazabilidad del litio. No fue así. Esa omisión se convierte en un grave problema si se considera que en la última década SQM ha vendido más de 6.500 partidas de litio a cerca de 30 países, entre ellos potencias nucleares como China, los Estados Unidos e incluso podría haber llegado a Corea del Norte».

Sabemos que Chile, Argentina y Bolivia en las fronteras del norte poseen las mayores reservas de litio que existen en la Tierra, lo que ha llevado a considerarlo como el triángulo virtuoso del litio. No obstante, y hasta la fecha, ninguno de sus tres gobiernos ha generado una mesa tripartita para una política común del litio ante el resto del mundo. Bolivia, velando por sus intereses patrios, lo mantiene bajo control del Estado, y en Argentina el Estado de Jujuy hace lo mismo, sin acudir al acomplejado argumento de inferioridad científica y profesional para su procesamiento. Chile, a través de Corfo, lo entrega a una empresa no confiable, cuestionada por sus acciones ilícitas, que vende el litio en bruto sin ningún tipo de procesamiento a potencias que pueden darle una nociva destinación para la humanidad. De hecho, menos de dos años atrás el 24% de las acciones de SQM fueron traspasadas a la empresa estatal China Tianqui, por la suma de 4 mil millones de dólares, que se transaron fuera del país.
Vulneraciones a la moral

Las transgresiones al orden público y a la seguridad nacional poseen un lastimoso trasfondo: una decadencia valórica y moral y una turbia motivación de los hechores involucrados activa y pasivamente en los ilícitos, así como de las entidades responsables del imperio del derecho y el cumplimiento y respeto a la Constitución y las leyes, entidades que han dejado en la impunidad a aquellos hechores. La motivación es lo que en Derecho Civil constituirá “causa ilícita”.

En otras palabras, una especie de descomposición moral colectiva: de una empresa que, pagando, neutraliza a personeros públicos; de estos que, al ser neutralizados, declinan de sus deberes ante el país; y de organismos del Estado que los dejan en la impunidad.

Ha existido así una claudicación ética que ha afectado gravemente la institucionalidad de la nación y la confianza de la ciudadanía, en medio de un velo de silenciamiento casi unánime de la clase política, incapaz de levantar la voz y oponerse con vigor a perniciosas conductas en perjuicio del país.
La nulidad de todo lo obrado

Los ya mencionados numerales 21 y 15, inciso cuarto del art. 19 de la Constitución, y que prohíben las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado, han de interpretarse en armonía con las disposiciones sobre validez de los contratos establecidas en el Código Civil.

El art. 1443 del Código Civil, entre los requisitos para que un acto o contrato sean válidos, señala el que posean objeto y causa lícita.

El art. 1462 establece que hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno.

El art. 1466 agrega que hay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes.

El art. 1467 dispone que se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato, y por causa ilícita la prohibida por la ley, contraria a las buenas costumbres o al orden público.

El art. 1681 prescribe que es nulo todo acto o contrato que falte a algunos de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato.

El art. 1682 indica que la nulidad producida por un objeto o causa ilícita son nulidades absolutas.

Por tratarse de violaciones a la Constitución, al orden público, la moral y la seguridad nacional, esas nulidades absolutas son imprescriptibles, por lo que bastará en el futuro que un Gobierno con voluntad y poder político las impetre para que el control del litio retorne 100% a poder de Chile, al que, conforme a la misma Constitución, le pertenece irrevocablemente.

En efecto, sabemos que la Constitución en su art. 19, N.24, inciso 6, expresa que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todos los minerales.

El art. 5 de la Carta Fundamental mandata al Estado a respetar y promover los derechos garantizados por la Constitución, así como por tratados internacionales ratificados por Chile.

Al respecto, tengan presentes el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos tratados fueron ratificados y están vigentes en Chile. En el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su art. 1, inciso 2, dispone que “para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”, agregando que “en ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”.

Por consiguiente y en mérito de lo expuesto, nos permitimos sostener que, conforme a las normas y disposiciones señaladas, existe un deber ineludible y actual del Estado de recuperar el control y administración del litio y destinar sus utilidades en beneficio de la población del país y de sus más urgentes y apremiantes necesidades.

Sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, las citadas ilicitudes permiten privar a la entidad transgresora (SQM) de sus bienes societarios. El Art. 19, N. 7, letra g, de la Constitución dispone: “No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes; pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas”.
Transgresiones al Medio Ambiente y a comunidades atacameñas

Finalmente, y de relevancia similar a lo anteriormente expuesto, deben tenerse presentes las transgresiones de SQM al medio ambiente, tanto de carácter ecológico como hacia los pueblos originarios que habitan en la región donde se explota el litio.

En una exhaustiva y reciente investigación de los académicos José Aylwin, Marcel Didier y Oriana Mora, bajo el título “Evaluación de impacto en derechos humanos de SQM en los derechos del pueblo indígena Lickanantay”, se señalan en la Introducción las razones y fines de este estudio: “La realización de este trabajo ha estado motivada por las múltiples denuncias que durante los últimos años han venido formulando tanto el Consejo de Pueblos Atacameños como las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama por lo que consideran como graves afectaciones por parte de esta empresa a los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos indígenas, tanto en el derecho nacional como internacional. Tales denuncias adquieren mayor gravedad teniendo presente que el año 2018 CORFO celebró con SQM nuevos contratos que le permitirán seguir desarrollando sus operaciones en el Salar de Atacama hasta el año 2030, aumentando significativamente el volumen de extracciones de litio y, por lo mismo, sus impactos en las comunidades atacameñas y en el ecosistema de dicho salar”.

En resumen, el caso SQM no es únicamente un tema tributario de boletas falsas sino también una cuestión de Política de Estado, en la que, a partir de un profundo quiebre moral y valórico, se ha lesionado gravemente el orden público, el interés nacional, la seguridad internacional y el medio ambiente humano y ecológico

Por consiguiente, es imprescindible que, con el apoyo de una amplia mayoría, transversal, más allá de diferencias político-partidistas, se intervenga Soquimich en conformidad con la Constitución, a fin de recuperar el control de este estratégico recurso natural y gestionarlo con estricto celo ecológico, respeto a las comunidades aledañas y en beneficio de las necesidades más esenciales y urgentes de todos los habitantes del país.
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/08/10/sqm-y-el-litio-nulidad-de-todo-lo-obrado/

Mexico

Minería a cielo abierto: crimen contra el medio ambiente en México

La actividad de las empresas mineras tiene consecuencias en su mayoría irreversibles, tales como severos daños a la salud, así como contaminación de agua y suelos. A la par, se incrementan los asesinatos de ambientalistas.
Antonio Vázquez
09/08/2021
Desde hace algunas décadas viene implementándose la llamada minería a cielo abierto, técnica que consiste en remover grandes cantidades de suelo y subsuelo que será procesado con materiales altamente tóxicos como cianuro o mercurio para obtener los minerales buscados.

Esto tiene consecuencias desastrosas no sólo en cuanto al deterioro del paisaje y la pérdida de la biodiversidad de la región, sino también por la contaminación de aire y agua que provoca enfermedades entre los habitantes de las zonas aledañas.
Por ejemplo, graves problemas dermatológicos, daños a la vista, caída del pelo, partos prematuros, malformaciones congénitas y abortos. Otra peligrosa secuela que se detectó fueron los niveles altísimos de metales pesados en la sangre de las personas.

En nuestro país se ha luchado desde hace décadas contra estas prácticas, pero con el decreto de la ley minera que reglamentó al artículo 27 constitucional, se multiplicaron las concesiones en favor de las grandes mineras, aumentando el despojo territorial y las violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios.

Un reciente mapa de conflictos mineros que elaboró el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), registró 284 conflictos sociales por la megaminería vigentes en Latinoamérica durante 2020, 58 de los cuales se concentran en México, seguido por Chile con 49 y Perú con 46.

Ganancias a partir del saqueo

A esto hay que sumarle el paraíso fiscal que México representa para los inversionistas gracias a la reforma hacendaria aprobada en 2014, la cual permite que las empresas paguen por las concesiones mineras únicamente 1.18% de los recursos que extraen del territorio mexicano, sin importar el deterioro ambiental y social que provocan y la explotación laboral que conlleva.

Esto debido a que sólo aportan al fisco el pago de derechos por concesiones, como se establece en el artículo 27 de la ley en la materia. Lo anterior demuestra que la sed de ganancias de las trasnacionales mineras está por encima de la vida de las comunidades y de los trabajadores del sector.

Los dueños de las minas, agrupados en la Cámara Mexicana de la Industria Minera (Camimex), defienden su negocio, argumentando que generan unos 379 mil empleos en el país. Pero los costos que deja este modelo extractivo son inmensamente mayores que sus supuestos beneficios.
Daños irreparables y criminalización

Actualmente hay 13 minas principales operando a cielo abierto, de las cuales las mas relevantes son las de Cananea, en Sonora, con 2,100 millones de toneladas en reservas; y La Caridad de Nacozari, el complejo minero metalúrgico mas importante de México, de donde se extraen 120 mil toneladas al año de cobre.

Un caso escandaloso que ejemplifica las consecuencias de la minería a cielo abierto es el de Minera San Xavier, que operaba en el cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Actualmente éste ha desaparecido del paisaje, a un alto costo: el peligro de derrumbe de lo que queda del cerro que se cierne sobre la población, además de 32 millones de litros de agua contaminados con cianuro.

Otro gran desastre ocurrió en Sonora el 6 de agosto de 2014, cuando de la Mina Buena Vista del Cobre, perteneciente a Grupo México, se derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando con esto no sólo los ríos, sino también las cosechas, el ganado y con ello la vida de los habitantes del lugar.

En “retribución”, las agresiones y la criminalización contra defensores del medio ambiente incluyen todo tipo de violencias y abusos: amenazas de muerte, arrestos y acoso judicial, agresiones sexuales, persecuciones, secuestros o desaparición forzada, chantajes, represión de manifestaciones pacíficas, ocupación por la fuerza de territorios y asesinatos.

Tan solo en 2020, 18 ambientalistas fueron asesinados. Al presentar su informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2020, CEMDA dio a conocer que luego de ocho años de registro y documentación, en México prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio. Las autoridades, al igual que en sexenios anteriores, con el actual gobierno de la 4T mantienen estos crímenes impunes.

A los grandes capitalistas, dueños de las mineras, no les importa arrasar con el suelo, el agua, el aire y las vidas del lugar; solo pretenden aumentar sus fortunas.
Los socialistas pensamos que la clase productora –los trabajadores– debemos luchar por la cancelación de las concesiones mineras, así como por la expropiación y nacionalización bajo control obrero, sin indemnización, de las minas, las industrias estratégicas y los servicios esenciales que han sido privatizados.

A través de nuestra autoorganización democrática, en alianza con las comunidades y los movimientos ambientalistas, se puede planificar la producción en función de las necesidades de las mayorías, acabar con la explotación indiscriminada de los recursos naturales y garantizar la preservación del medio ambiente. Es también luchando unidos como podrán lograrse mejores salarios, atención médica, seguridad en el empleo y plenos derechos, como han demandado los trabajadores mineros en diversas partes del país.
https://www.laizquierdadiario.com/Mineria-a-cielo-abierto-crimen-contra-el-medio-ambiente-en-Mexico

Ecuador

Detenidos por protestas en Buenos Aires tienen medidas sustitutivas

05/08/2021
Resistencia. Más de 100 días estuvo bloqueada la entrada principal de Buenos Aires, en protesta contra la minería legal e ilegal. (Fotos: Agencia Tegantai / @Tegantai)
La fuerza pública logró quitar el bloqueo de más de 100 días en el ingreso a la parroquia, permitiendo el paso a la empresa internacional dueña de la concesión.
Redacción IMBABURA

Tras 106 días de bloqueo, la empresa minera internacional Hanrine pudo ingresar a su campamento ubicado en la parroquia Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Ahí tienen alrededor de 12.000 hectáreas concesionadas para su explotación.
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Cuatro personas detenidas, enfrentamientos entre comuneros, militares y policías, donde se usó gas lacrimógeno, fue el resultado del operativo que logró despejar la vía principal del pueblo, este 3 de agosto de 2021.

El ingreso a la parroquia permaneció bloqueado desde el 19 de abril de 2021, cuando los comuneros decidieron acogerse a su derecho a la resistencia, haciendo plantones cada jornada, durante el día y la noche, para no permitir el paso de los camiones y camionetas de Hanrine.

En un pronunciamiento público, la Defensoría del Pueblo denunció que agentes policiales ingresaron durante la madrugada de este 3 de agosto a la comunidad La Merced de Buenos Aires, “vulnerando los derechos de sus moradores, con el uso excesivo de la fuerza, lanzamiento de gases y agresiones a mujeres de la comunidad, con el objetivo de permitir el ingreso de la empresa minera”.

Desde Hanrine, Favio Ocampo, jefe de operaciones, dijo a un medio nacional que “hay un grupo de pobladores de La Merced de Buenos Aires que está contaminando con la minería ilegal y que ahora se disfraza como un grupo antiminero. Este grupo se ha tomado la entrada (…), aduciendo que el pueblo está contra la minería legal e ilegal, pero son los mismos que tienen procesos legales por minería ilegal”.

Sin embargo, grupos de derechos humanos y ecologistas coinciden en que la comunidad de Buenos Aires en su mayoría se dedica a la agricultura y ganadería, pero fue invadida por la minería ilegal, que ahora está en pie de lucha contra la legal, adjudicada por el Estado a una empresa transnacional.
Vigilia. Durante el día y la noche los moradores del sector resguardaban el ingreso a la parroquia. (Fotos: Agencia Tegantai / @Tegantai)
Vigilia. Durante el día y la noche los moradores del sector resguardaban el ingreso a la parroquia. (Fotos: Agencia Tegantai / @Tegantai)

Liberados, pero con medidas sustitutivas

Pablo Ponce, Jesús Enríquez, Orlando Caicedo y Juan Ruano fueron las cuatro personas detenidas durante la madrugada del 3 de agosto en Buenos Aires, en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los moradores.

Según la Defensoría del Pueblo, fueron retenidos al ejercer su derecho a la resistencia, que se mantuvo desde abril de 2021, para prohibir el ingreso de la empresa minera Hanrine, siendo liberados casi a la media noche, pero recibiendo medidas alternativas a la libertad, como presentarse ante la fiscal a cargo de la investigación los días viernes y la prohibición de salida del país.

«A nosotros nos criminalizan de mala fe. Solo estábamos auxiliando a las mujeres que estaban ahogándose con el gas que arrojaron los policías», dijo Juan Ruano, uno de los detenidos, quienes hasta el 23 de agosto de 2021 deberán cumplir las medidas sustitutivas, día en que se realizará la audiencia de juicio por el delito de paralización de servicios públicos.

Monserrat Vásquez, del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne), dijo que la situación en Buenos Aires viene siendo conflictiva desde hace dos años. “Hasta el día de hoy el Estado no ha reparado los derechos de la población que fue afectada por minería ilegal, sin embargo otorgó una concesión minera a una empresa transnacional australiana, Hanrine, que viene con una violencia sistemática hacia los defensores del territorio de Buenos Aires”.

Denunció que la justicia también estaría parcializada en esta zona, explicando que a los comuneros no les reciben denuncias contra la empresa minera, pero a ellos sí les siguen juicios por parte de la empresa extranjera. “Hace una semana uno de los compañeros, en un enfrentamiento con los trabajadores de la empresa minera, fue acuchillado, pero cuando fue a la Fiscalía no se le tomó la denuncia. En cambio, hay más de 30 moradores de Buenos Aires que tienen denuncias en su contra, siendo criminalizados por la Fiscalía”.
Dos sentencias están en pie

En agosto de 2020 se reportaron los primeros enfrentamientos entre los pobladores y los trabajadores de la empresa minera Hanrine, cuando quemaron uno de sus campamentos y prácticamente los expulsaron de la parroquia Buenos Aires.

Desde abril de 2021, los moradores se acogieron al derecho a la resistencia y bloquearon, con plantones y vigilias la vía principal de ingreso, sin permitir el paso de personal ni vehículos de Hanrine.

A partir de ello se lograron medidas cautelares por parte de un juez de Urcuquí, para que se retiren los camiones de la empresa minera, que estaban apostados frente al bloqueo ciudadano, para evitar conflictos con la población y garantizar la paz ciudadana.

Por otro lado, el 8 de julio de 2021, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la provincia de Pichincha, aceptó una acción de protección interpuesta por la compañía minera en contra de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno, disponiéndoles que se garantice el libre tránsito por Buenos Aires, observando los principios constitucionales sobre el uso progresivo de la fuerza, aplicando cualquier medida para evitar el bloqueo de la vía de ingreso a la parroquia.

El primer arribo policial se dio el 27 de julio de 2021, pero sin lograr mover a los pobladores. La madrugada del 3 de agosto, con mayor personal y usando gas lacrimógeno y a empujones la Policía despejó la vía, dando paso a más de 10 vehículos de Hanrine.
Detenidos. Se los acusa de paralización de servicios públicos.
Detenidos. Se los acusa de paralización de servicios públicos.
El tema espera debatirse en la Asamblea Nacional

El asambleísta imbabureño de Pachakutik, Mario Ruiz, anunció que pedirá que se modifique el orden del día de la siguiente reunión de la Comisión de Derechos Constitucionales de la Asamblea Nacional, para que se analice la problemática de la parroquia Buenos Aires.

La intención de Ruiz es que a través de la Comisión se llame a comparecer al Ministerio de Gobierno, a las máximas autoridades de la Policía y el Ejército, así como al Gobernador de Imbabura, para explicar la incursión de la madrugada del 3 de agosto de 2021.

El asambleísta también ha mencionado la intención de fiscalizar el proceso de concesión de áreas mineras del país a la empresa minera Hanrine, resaltando que en este caso nunca se ha socializado el proyecto con los moradores de la parroquia, peor aún con alguna consulta popular, que considera debe ser obligatoria porque influye en territorios de la nacionalidad Awá.

Tras ser detenidas, las cuatro personas permanecieron en la UPC de Urcuquí, hasta ser llamadas a la audiencia.

En 2019 se desalojó a cerca de 10.000 personas de Buenos Aires, cuando la minería ilegal se metió en la vida de los campesinos de la zona.

“La gente una vez que vivió la amenaza de la minería ilegal, es consciente de que la minería sea legal o ilegal va a generar daños irreparables a nivel social y ambiental en la parroquia”.
Monserrat Vásquez, vocera de Omasne

“Es sorprendente observar que la Policía y los militares estén custodiando, protegiendo y dando seguridad a la empresa minera y no a quien se debe, que es la ciudadanía”.

Katherine Andrade,defensora del Pueblo en Imbabura
https://www.lahora.com.ec/detenidos-por-protestas-en-buenos-aires-tienen-medidas-sustitutivas/

Bolivia

Empezó la mediación al conflicto minero en La Joya

07/08/2021
Ambos grupos en el lugar de la vigilia, el ambiente se tornó tenso / Archivo LA PATRIA

La pasada jornada, con una reunión por separado con el directorio de la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña S.A. (Emcoisa) y luego con dirigentes de los “mineros del cerro”, empezó la mediación a los conflictos que existen en el cerro Huayna Potosí de La Joya, cada parte expuso su versión ante las autoridades departamentales.

Sin importar el feriado, cerca del mediodía, el gobernador Johnny Vedia, junto a representantes de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado, Secretaría Departamental de Minería, entre otros, recibieron a ambos sectores para escuchar sus demandas y postura frente al conflicto.

EMCOISA

Primeramente, fueron recibidos los miembros del directorio de Emcoisa, quienes denunciaron el bloqueo que sufrieron en recientes días, además llevaron documentos que garantiza su legalidad.

“Fue una reunión muy beneficiosa para que no siga pasando estos problemas, y nos han señalado que si a futuro vuelven estos inconvenientes la Policía podría intervenir para que no haya enfrentamientos”, apuntó el vicepresidente de Emcoisa, Simer Huacota.

En la reunión ellos hicieron conocer la existencia de siete supuestas plantas clandestinas dentro de las concesiones que tiene la empresa por lo que pidieron investigación y solución.

MINEROS DEL CERRO

Posteriormente, ingresaron los representantes de los “mineros del cerro”, en la misma línea hicieron conocer su reclamo y denuncias.

Elías Atahuichi, uno de los representantes del sector, informó que explicaron a las autoridades respecto a posibles irregularidades que estarían ocurriendo en la empresa Emcoisa, las cuales tienen que ver con el tema impositivo y de regalías mineras, otras con la carga mineralizada, y hasta conflictos internos con el directorio.

Asimismo, negaron la acusación en su contra de ser posibles avasalladores o de estar realizando explotación ilegal.

ANTECEDENTES

El reciente jueves la tensión se apoderó del cerro Huayna Potosí de La Joya, ya que hubo amagues de enfrentamiento entre “mineros del cerro” y los Trabajadores de la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña S.A., por los motivos expuestos líneas arriba.

Ambos sectores están a la espera de una nueva convocatoria por parte de las autoridades para encontrar una solución definitiva.

Empezó la mediación al conflicto minero en La Joya

Perú

A PROPÓSITO DEL PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA DE MINERA BUENAVENTURA

CooperAcción
¿El pago de la empresa minera Buenaventura de una deuda tributaria por S/. 2,134 millones es una buena noticia? Sí y no. A continuación vamos a desarrollar algunos aspectos que deben ser considerados en el análisis:

– En primer lugar es algo muy positivo que se haya concretado el pago. Después de varios procesos, finalmente la empresa se ha allanado a las decisiones del Tribunal Fiscal y de todos los procesos seguidos. Esto significará un ingreso adicional en un contexto complicado en el que se necesita aumentar la recaudación tributaria.

– Sin embargo, al mismo tiempo este hecho muestra la estrategia que siguen varias empresas -que forman parte de una suerte de Club de Deudores- para no asumir sus obligaciones tributarias y darle largas al pago de sus impuestos. No hay que olvidar que en el caso de Buenaventura, como ha sido informado por la propia Sunat, la deuda fue identificada y determinada por la propia entidad tributaria en los procesos de fiscalización del impuesto a la renta (IR) correspondientes a los períodos 2007, 2008, 2009 y 2010. Como se puede constatar, han pasado 10 años y recién esta empresa va a pagar sus obligaciones tributarias, por supuesto con las debidas moras y multas que corresponden. Se comenta que para hacer efectivo el pago la empresa se ha endeudado en bonos a mediano plazo (en términos financieros es lo que más le conviene).

– Por lo tanto, queda claro que la estrategia de los grandes deudores (que por lo general son grandes empresas) es judicializar sus deudas y someterlas a procesos engorrosos que pueden durar 10 y hasta 15 años. Hace algunos años, un informe de Ojo Público identificó que las grandes empresas habían judicializado no menos de S/. 20 mil millones en deudas tributarias en más de 800 procesos, lo que representa una enorme carga procesal para el Estado peruano. Incluso, algunos de estos procesos han servido de argumento para llevar al país a arbitrajes internacionales.

– Las asimetrías también caracterizan estos procesos. Como lo ha señalado el Grupo de Justicia Fiscal , “la existencia de estos dilatados litigios por millonarias deudas tributarias expresa una profunda desigualdad en el tratamiento al contribuyente: mientras que la gran empresa disfruta de sus recursos, asesoría e influencia que le permiten rehusarse a pagar y demandar al Estado, el pequeño contribuyente no cuenta con tales opciones”.

¿Qué hacer frente a este tema que tiene un impacto en la capacidad de recaudación del Estado peruano?

– Si bien en el derecho tributario se reconoce la libertad que tienen los contribuyentes de impugnar deudas que consideran indebidas, es necesario que esos procesos sean transparentes, neutrales, debidamente fundamentados, legítimos y deben ser resueltos en plazos razonables y no como viene ocurriendo en el Perú.

– El Grupo de Justicia Fiscal ha sugerido los siguientes criterios para enfrentar el tema de los deudores tributarios : revisar los mecanismos de reclamo e impugnación tributaria, identificando la ruta crítica que siguen los procesos en el ámbito administrativo y judicial; fortalecer la capacidad de la Sunat para intervenir en el desarrollo y resolución de litigios en el ámbito judicial; fortalecer la fiscalización sobre la actuación y decisiones de la Sunat, el Tribunal Fiscal y la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero en los procesos; identificar y resolver posibles conflictos de interés; establecer responsabilidades en los representantes legales de los contribuyentes que solo buscan dilatar sin sustento los procesos de reclamo e impugnación.

– En las evaluaciones que hacen las autoridades tributarias se dice que en la actualidad habrían aproximadamente S/. 10 mil millones de deudas tributarias pendientes que deben ser resueltas. Sin discusión este es un tema fundamental para lograr un adecuado balance fiscal.

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Chile

Estudio analiza el impacto de relaves mineros en la contaminación atmosférica por polvo

por El Mostrador 08/08/2021
Estudio analiza el impacto de relaves mineros en la contaminación atmosférica por polvo
La investigación de la Universidad de Concepción busca caracterizar los lugares según la producción de anomalías de temperatura y el tipo de recubrimiento, y su relación con el transporte de polvo en distintas condiciones ambientales, objeto científico de gran relevancia, dada la importancia de esta actividad productiva en Chile. Según el catastro de Sernageomin de 2018, a la fecha existen más de 600 relaves de desechos mineros en el norte del país y más del 85% de éstos, están abandonados o inactivos, los cuales son mas propensos a ser erosionados.
Un estudio de la Universidad de Concepción analiza el impacto de relaves mineros en la contaminación atmosférica por polvo.

Se trata de un trabajo del investigador del Instituto de Geología Económica Aplicada (GEA), Alexey Novoselov, también miembro del claustro del Programa de Doctorado en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Químicas de la UdeC.

En él, se busca caracterizar los relaves de la gran minería de Chile según la producción de anomalías de temperatura y el tipo de recubrimiento, y su relación con el transporte de polvo en distintas condiciones ambientales, objeto científico de gran relevancia, dada la importancia de esta actividad productiva en nuestro país.


Este tipo de iniciativas son criticas para visibilizar un problema que afecta a ciertos territorios y, eventualmente, minimizar los impactos negativos que pueden tener los relaves mineros en el medio ambiente y salud de las personas que habitan las zonas aledañas, destaca el director del Doctorado, Joaquín Cortés Aranda.

En cuanto al proyecto, Novoselov explica que “actualmente existe un paradigma tratando que la contaminación por las rutas eólicas pasa depende solo la velocidad del viento. Las zonas contaminadas coinciden con el viento más fuerte predominante. Pero la teoría no explica la contaminación alrededor de los depósitos de relave en forma de parches. Dicha contaminación está asociada con la emisión de polvo tóxico y probablemente relacionada con la circulación atmosférica termal”.

Esta investigación recientemente recibió financiamiento del Concurso Iniciación de la Vicerrectoría de Investigación y de Desarrollo (VRID) de la UdeC, y en él, además, participa la geóloga Javiera Gerding González, Magíster en Mineralogía Aplicada del Instituto GEA y estudiante del mencionado programa de Doctorado. «Efectos de la circulación atmosférica local sobre el transporte de polvo de relaves chilenos» es el título del proyecto.


Según el catastro de Sernageomin de 2018, a la fecha existen más de 600 relaves de desechos mineros en el norte del país y más del 85% de éstos, están abandonados o inactivos, los cuales son mas propensos a ser erosionados.

«Alexey trabaja sobre estos temas que a mí también me interesan, por lo que le propuse ser mi profesor guía de tesis, junto con Juan Morales de la Universidad de Salamanca, España, y fuimos armando este proyecto a partir de la sola idea, sin contar con financiamiento, por eso es tan importante haber adjudicado este concurso de la VRID”, detalla Gerding.

“En presente estudio”, especifica Novoselov, “formulamos una hipótesis señalando que las superficies de los depósitos de relaves, debido a su albedo anormal a diferencia del entorno natural, proporcionan el calentamiento adicional y forman los termales ascendentes. Queremos detectar y caracterizar esas anomalías térmicas y estudiar cómo cambian en función de las condiciones climáticas. Además, esperamos detectar los parches de contaminación con las herramientas de teledetección, es decir, índices de NDVI (índice de vegetación de diferencia normalizada)”.

En el mismo sentido, Gerding explica que “lo que queremos implementar ahora es la definición de termales que son columnas de aire más caliente que asciende y puede sacar las partículas que están en la superficie del relave a una cierta velocidad y ascender a niveles más altos en la estratificación atmosférica, pudiendo alcanzar distancias más grandes también en la dispersión de estas partículas. Estas termales se dan por cambios de temperatura en la superficie, lo que está ligado al albedo, a la reflexión del calor”.
Proyecto nacional

“En mi tesis estudio las costras y las superficies que se erodan de los relaves y su impacto en el ambiente”, explica Gerding, “pero este nuevo proyecto va más allá e incorpora drones y datos de otros trabajos que Alexey había realizado con respecto a las termales».

Su proyecto es un estudio puntual a un par de relaves y ahora la idea es extenderlo a un nivel nacional, expandiendo este conocimiento y poder influir en las decisiones que se tomarán a futuro para planificar el trabajo que se realizará con la gran cantidad de relaves existentes en Chile en estado de abandono, porque hoy existe una ley de remediación que obliga a la mineras a recultivarlos o cubrirlos.

«Somos un país minero desde hace muchos años atrás y por eso, hay muchísimos relaves que están sin remediación y ubicados en regiones áridas y semiáridas que es donde más se produce la erosión, porque a menor humedad, mayor es la cantidad de partículas que pueden salir emitidas por acción del viento, sobre todo con una cantidad importante de metales y fases solubles que pueden impactar al ambiente y a la salud de las personas y de animales de pastoreos. Esperamos contribuir a las futuras políticas públicas que se implementen en el futuro en estas materias”, afirma.

Esto es especialmente grave, detalla la investigadora, porque hay lugares como la comuna de Andacollo (provincia de Elqui, Región de Coquimbo), donde “los relaves están en medio del pueblo, se ocupan como estacionamiento, como cancha de fútbol o como plaza de juegos para niños, en fin, la gente se acostumbró a vivir al lado de un relave”.
Imágenes satelitales

Este estudio se realizará a partir de imágenes satelitales térmicas y multiespectrales, para llegar a definir, a través de un modelo desarrollado en el contexto del mismo proyecto, los lugares más afectados y los factores que más inciden positivamente en la contaminación aérea por polvo proveniente de estas unidades industriales.

“Nosotros buscamos explicar los mecanismos de contaminación por las rutas aéreas, encontrar las zonas más contaminadas y proponer las técnicas de la mitigación del transporte termal”, afirma Novoselov, dado que, explica, “la emisión de partículas en el aire es una de las numerosas preocupaciones sanitarias y medioambientales de las comunidades cercanas. Las respuestas a estas preocupaciones pueden ayudar a la industria minera en el dialogo con la población local y al revés”.

Finalmente, el investigador destaca que este proyecto fue “diseñado para trabajar durante las circunstancias de la pandemia presente. Ahora nosotros no podemos trabajar en terreno, no podemos muestrear el polvo volante y los suelos contaminados. En este contexto, consideramos el estudio como un paso preliminar para testear la hipótesis del transporte termal como un mecanismo predominante de contaminación por las rutas aéreas. El próximo paso debe ser un proyecto más grande y asociado con los trabajos en el terreno”.

El Concurso VRID Iniciación está dirigido a apoyar financieramente las labores científicas de académicos y académicas de la UdeC que se encuentren iniciando una carrera en el ámbito de la investigación, contribuyendo a facilitar su inserción en este ámbito e incrementando su productividad científica.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/08/08/estudio-analiza-el-impacto-de-relaves-mineros-en-la-contaminacion-atmosferica-por-polvo/

Mexico

Yacimiento de litio más importante de México pasará a manos chinas

Braulio Carbajal
Periódico La Jornada
05/08/2021
Aunque las negociaciones se han prolongado más de lo previsto, será en octubre cuando la empresa china Gangfeng se haga del control total del yacimiento de litio en Sonora, considerado como el más grande del mundo, y que por ahora es propiedad en su mayoría de la inglesa Bacanora Lithium.

De acuerdo con una fuente cercana a la negociación, Bacanora aceptará la oferta de 67.5 centavos de libra esterlina por acción hecha por la compañía asiática para quedarse con su proyecto en México, no por falta de interés o potencial, sino porque para desarrollarlo se necesita una fuerte inversión y tecnología de punta con la que sólo cuenta Gangfeng.

El litio que hay en México, específicamente en el yacimiento de Sonora, explicó la fuente, es de arcilla, lo que significa que se encuentra dentro de rocas, por lo que se necesita de una gran inversión y tecnología de última generación para extraerlo, a lo cual tiene acceso la empresa china, dado que es una de las productoras de litio más importantes del mundo.

A principios de mayo pasado Gangfeng International Trading emitió una oferta en efectivo con la que podría adquirir la totalidad de Bacanora Lithium, firma que desarrolla el Proyecto de Litio de Sonora. Originalmente la fecha para concretar la operación era finales de dicho mes, pero el límite se ha prorrogado en tres ocasiones, siendo ahora el 31 de agosto.

De acuerdo con la fuente consultada, no hay ningún problema en la negociación, sino simplemente hay retrasos en trámites legales. De hecho, aseguró que la empresa china ya ha aprobado la oferta de manera interna, mientras los accionistas de Bacanora no tienen inconveniente, dado que se trata de una propuesta por encima del precio de la acción por un proyecto que aún no está terminado y que todavía necesita mucha inversión.

“No hay problema a fondo en la negociación, sólo trámites legales. Gangfeng ya aprobó la compra internamente, y en Bacanora es difícil que no se acepte. La transacción es lógica, la empresa china ya tiene la mitad del yacimiento, Bacanora es una empresa pequeña que no cuenta con el capital para desarrollar sola el proyecto, en tanto, Gangfeng no sólo tiene capital, sino la tecnología necesaria”, apuntó.

La empresa china destacó que ve en el yacimiento de Sonora, un “lugar fácil y barato” para extraer el mineral.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/05/economia/yacimiento-de-litio-mas-importante-de-mexico-pasara-a-manos-chinas/

Perú

Gobierno de Castillo tendrá que resolver 80 conflictos socioambientales

Defensoría del Pueblo presentó reporte a junio. Mayoría de casos son por actividad minera. Conocimiento anticipado permite manejo pacífico
04/08/2021 Martha Valencia
Foto: Camiper
En el Perú hay al momento un registro de 193 conflictos sociales (138 activos y 55 latentes) de acuerdo al Reporte de Conflictos Sociales que presentó la Defensoría del Pueblo, correspondiente al mes de junio de 2021. Además, reporta cinco conflictos nuevos, siendo las regiones de Loreto, Cusco y Áncash los que concentran la mayor cantidad de ellos.

Asimismo, precisan que, dentro de esa cifra hay 125 conflictos socioambientales activos y latentes registrados durante este mes. Son 80 los casos relacionados a la actividad minera, lo que corresponde al 64.0%, seguidos por actividades hidrocarburíferas, con 20.8% (26 casos).

La Defensoría del Pueblo considera que “hay hechos cuyo conocimiento anticipado puede permitir el manejo pacífico de un conflicto. Por lo que presenta los casos y/o situaciones que merecen una intervención prioritaria por parte de las autoridades competentes correspondientes”.

“Presentamos algunos de los conflictos socioambientales de todo el país, que pese a su antigüedad, están activos o latentes. Muchos de estos casos están también en pleno diálogo con los participantes, otros casos iniciaron y dejaron sus consultas y en otros, no hay diálogo o se dejó de lado. Las autoridades respectivas, están informadas”, señala.
En Arequipa no hay diálogo por proyecto Tía María

En relación al conflicto en torno al proyecto minero, la Defensoría del Pueblo señala:

Caso: Agricultores, pobladores y autoridades locales de la provincia de Islay se oponen al proyecto Tía María de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC) por temor a posibles daños ambientales y afectación a la agricultura. Este caso fue reportado en agosto de 2009. En abril de 2011 se declara inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental mediante Resolución Directoral N° 105-2011–MEM-AAM. En agosto de 2014 se aprueba el EIA y el conflicto se reinicia produciéndose graves hechos de violencia. Actualmente, ante el vencimiento del plazo de vigencia del EIA, el Gobierno le ha otorgado a la empresa la licencia de construcción. Esta decisión ha reavivado las protestas en las provincias de Islay y Arequipa. Ingresó como caso nuevo en octubre de 2013. Ubicación: Distritos de Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón, provincia de Islay, región Arequipa. NO HAY DIÁLOGO.
Cusco reclama estudios de impacto ambiental

Caso: La comunidad campesina de Ccollana solicita ser declarada como área de influencia directa ambiental y social de la empresa minera Hudbay, la firma de un convenio con la comunidad, la paralización de la tercera modificatoria del estudio de impacto ambiental de la unidad minera Constancia, indemnización y compensación de daños ambientales y sociales y fiscalización participativa a la unidad minera. Ingresó como caso nuevo en mayo de 2021. Ubicación: Comunidad campesina de Ccollana, distrito de Velille, provincia de Chumbivilcas. HAY DIÁLOGO.

Caso: El Frente Único de Intereses de la provincia de Chumbivilcas, autoridades y otras organizaciones sociales de la provincia exigen la firma de un convenio marco provincial a la empresa Minera Hudbay Perú, la nulidad de la tercera modificación al estudio de impacto ambiental de la unidad minera Constancia y fiscalización ambiental participativa. Ingresó como caso nuevo en enero de 2021. Ubicación: Provincia de Chumbivilcas. HAY DIÁLOGO.

Caso: Las comunidades campesinas de diversos distritos, el Alcalde distrital de Pallpata, frentes de defensa exigen la nulidad de una Resolución Directoral que aprobó la “Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado del Proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”, de la Compañía Minera Antapaccay, por haberse presuntamente vulnerado su derecho a la consulta previa. Ingresó como caso nuevo en diciembre de 2019. Ubicación: Distritos de Pallpata, Alto Pichigua, Pichigua Pichigua, Condoroma y Ocoruro, Provincia de Espinar, región Cusco. HAY DIÁLOGO.

conflictos mineros
Piden a mina Las Bambas modificación del estudio de impacto ambiental

Caso: Las comunidades campesinas de Huano Huano, Cala Cala, Huisa, Paco Pata, Tintaya Marquiri, Alto Huancané, Huancané Bajo, Alto Huarca, Huarca, Anta Ccollana, Huisa Ccollana, Huisa Ccollana y Huini Coroccohuayco exigen consulta previa para el proyecto Antapaccay Expansión Tintaya. Ingreso como caso nuevo en noviembre de 2019. Ubicación: Distrito de Espinar, Provincia de Espinar. HAY DIÁLOGO

Caso: El alcalde provincial, los alcaldes distritales y dirigentes de organizaciones sociales de Chumbivilcas demandan al Estado y a la empresa Minera Las Bambas la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Las Bambas debido a los daños ambientales y sociales que ocasiona el transporte de mineral por el corredor vial sur, que cruza la provincia. Ingresó como caso nuevo en marzo de 2019. Ubicación: Provincia de Chumbivilcas. HAY DIÁLOGO.

Caso: El Alcalde provincial, alcaldes distritales y dirigentes de la provincia Paruro denuncian que la carretera Cusco – Paruro viene siendo afectada en su estructura por el paso de vehículos de carga pesada que transportan combustible y maquinarias de la empresa MMG Las Bambas, además de la contaminación ambiental que produce en la zona. Ingresó como caso nuevo en marzo de 2019. Ubicación: Provincia de Paruro. HAY DIÁLOGO.
Espinar exige también cumplimiento de acuerdos

Caso: La comunidad campesina de Fuerabamba cuestiona la reclasificación como Ruta Nacional de la carretera que cruza el Fundo Yavi Yavi (RM 372-2018 MTC/01.02) realizada en mayo del 2018 porque afectaría su propiedad y señala que la empresa MMG Las Bambas construyó el tramo de la mencionada carretera sin contar con el permiso de la comunidad tal como lo exige la Ley 26505. Ingresó como caso nuevo en diciembre de 2018. Ubicación: Distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas. HAY DIÁLOGO.

Caso: Pobladores de la provincia de Espinar exigen al Estado y a la compañía minera Antapaccay S.A. el cumplimiento de los acuerdos asumidos en la mesa de diálogo que concluyó en julio de 2013, los cuales estarían recogidos en un plan de acción ambiental y sanitaria, y en un programa de inversión. Ingresó como caso nuevo en mayo de 2005. Ubicación: Provincia de Espinar. HAY DIÁLOGO
Huánuco: se oponen a instalación de torres de alta tensión

Caso: El Frente de Defensa del anexo de Huayrajirca y un sector de la población de la comunidad campesina Santa María del Valle se oponen al proyecto de instalación de torres de alta tensión de la empresa Transmantaro. Demandan el resarcimiento de los daños ocasionados en su propiedad por la ejecución de la obra de tendido de cables y antenas de electricidad y señalan su disconformidad a la autorización del contrato de servidumbre. Ingresó como caso nuevo en abril de 2021. Ubicación: Distrito de Santa María del Valle, provincia de Huánuco. NO HAY DIÁLOGO

Caso: Pobladores del distrito de San Miguel de Cauri solicitan, a través del alcalde distrital, un espacio de diálogo en la localidad de Cauri a fin de que la compañía minera Raura S.A. informe entre otros puntos: el cumplimiento de compromisos que constan en un convenio general del 20 de enero de 2016, medidas adoptadas para la explotación responsable y cumplimiento del programa de Adecuación y Manejo ambiental (PAMA). Ingresó como caso nuevo en julio de 2019. Ubicación: Distrito de San Miguel de Cauri, provincia de Lauricocha. NO HAY DIÁLOGO.
En Junín minería podría contaminar ríos Cunas y Consac

Caso: La comunidad campesina de Quilcas pone en conocimiento que la empresa minera COMACSA vendría explotando en su territorio comunal sin contar con la autorización correspondiente y causando afectaciones ambientales en su territorio. Ingresó como caso nuevo en septiembre de 2019. Ubicación: Distrito de Quilcas, Provincia de Huancayo. HAY DIÁLOGO.

Caso: Los pobladores del distrito de San José de Quero y sus anexos se oponen a las labores mineras de la Empresa Minera Sierra Sumac Rumi S.A (Proyecto Azulcocha) que se encuentra en proceso de reinicio de las actividades de explotación situación que consideran que atentan contra el medio ambiente pues se contaminaría los ríos Cunas y Consac. Ingresó como caso nuevo en julio de 2019. Ubicación: Distrito de San José de Quero, Provincia de Concepción. NO HAY DIÁLOGO.


Foto: Midagri
Huancayo demanda tratamiento y disposición final de residuos sólidos

Caso: Pobladores del centro poblado menor Andaychagua reclaman por presunta contaminación ambiental y afectaciones a la salud de las personas por las actividades mineras de la empresa Volcan Compañía Minera. Ingresó como caso nuevo en marzo de 2016. Ubicación: Centro poblado menor Andaychagua, distrito de Yauli, provincia de Yauli. HAY DIÁLOGO.

Caso: La población de la provincia de Huancayo demanda la atención de la problemática del tratamiento y disposición final de residuos sólidos a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancayo. A pesar de las coordinaciones realizadas ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Junín, no se ha logrado convocar a la reunión entre las partes. Las municipalidades siguen disponiendo sus residuos sólidos en botaderos los cuales se encuentran en la faja marginal del Río Mantaro. Ingresó como caso nuevo en julio de 2008. Ubicación: Distritos de Chilca y El Tambo, provincia de Huancayo.

Caso: El Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del distrito de Morococha rechaza el proceso de reasentamiento al lugar denominado Carhuacoto, por no haberse suscrito un Convenio Marco con la empresa Chinalco Perú S.A. Ingresó como caso nuevo en febrero de 2008. Ubicación: Distrito de Morococha, provincia de Yauli. HAY DIÁLOGO.
La Libertad: Rondas campesinas rechazan actividades exploratorias

Caso: Ciudadanos y dirigentes del caserío Shiracmaca denuncian que la empresa minera Summa Gold Corporation afecta sus redes de abastecimiento de agua potable y que personal de seguridad de la empresa minera agredió a un dirigente local cuando realizaba una inspección de las redes de agua. Ingresó como caso nuevo en noviembre de 2020. Ubicación: Caserío Shiracmaca, distrito Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. HAY DIÁLOGO.

Caso: La Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Santa Cruz de Chuca rechaza las actividades exploratorias del proyecto minero Supaypacha y acuerda dar un plazo a la empresa minera Fresnillo Perú S.A.C. para que retire su maquinaria y personal. Ingresó como caso nuevo en noviembre de 2020. Ubicación: Distrito de Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco. NO HAY DIÁLOGO.
Loreto: conflictos por derrames petroleros

Caso: Las comunidades nativas San Juan Campesino, San Juan Nativo y Nueva Libertad demandan a la empresa Pluspetrol Norte S.A. el pago de una suma dineraria como indemnización por motivo de contaminación. Además, señalan que la empresa no vendría cumpliendo los acuerdos referidos a la estabilidad laboral del 8% correspondiente a cada comunidad. Ingresó como caso nuevo en junio de 2021. Ubicación: Distrito de Trompeteros, provincia de Loreto. NO HAY DIÁLOGO

Caso: Un sector de pobladores de la comunidad nativa Santa Elena exigen la remediación de los daños ambientales en su territorio, la titulación total de sus territorios, la realización de nuevos estudios ambientales para la infraestructura vieja como pozos que están en producción, así como estudios ambientales y medidas de seguridad para los pozos de inyección. Además, demandan la construcción de una posta médica, creación de una vereda peatonal, creación de una IPRESS y la indemnización por daños y perjuicios a la salud humana, ambiental y daños al territorio ancestral. Ingresó como caso nuevo en mayo de 2021. Ubicación: Distrito de Trompeteros, provincia de Loreto. NO HAY DIÁLOGO
Comunidad nativa achuar pide alternativas para atender situación ambiental

Caso: Pobladores de la comunidad nativa achuar de San José de Nueva Esperanza, solicitan espacio de diálogo con representantes de la empresa Pluspetrol, Ministerio de Energía y Minas, Perupetro, y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, con el propósito de encontrar alternativas que permitan atender la situación ambiental en la localidad, a partir del último derrame producido como parte de los trabajos de aseguramiento que viene realizando la empresa. La comunidad, a través de una carta suscrita por el presidente de FECONACOR demanda la remediación del derrame y una compensación por los presuntos daños producidos. Ingresó como caso nuevo: Abril de 2021. Ubicación: Distrito de Trompeteros, provincia de Loreto. HAY DIÁLOGO.

Caso: La comunidad nativa Fernando Rosas demanda a Petroperú la remediación correspondiente ante la contaminación de la quebrada Shifeco. Asimismo, presenta una plataforma con demandas específicas en cuanto a saneamiento básico en la comunidad, construcción de un puesto de salud y becas para jóvenes de la comunidad. Ubicación: Distrito de Morona, Provincia de Datem del Marañón. HAY DIÁLOGO.
Foto: Pólemos

Pobladores piden atención al problema ambiental y de salud

Caso: Pobladores y comunidades nativas del distrito de Puinahua demandan la titulación de todas las comunidades del distrito afectadas por la actividad petrolera, construcción de un hospital en la capital del distrito de Puinahua (Centro poblado Bretaña), manejo de recursos del canon petrolero que ingresa a la municipalidad por parte de la organización que las representa (AIDOCOPAC), cumplimiento del incentivo económico por parte de la empresa Petro Tal a las comunidades, así como la atención de salud efectiva a las comunidades nativas ante el COVID-19. Ubicación: Distrito de Puinahua, provincia de Requena. HAY DIÁLOGO.

Caso: La comunidad nativa Nuevo Progreso demanda a la empresa Pluspetrol el cumplimiento de la entrega de la obra de sistema de agua que lleva en construcción desde el año 2015, así como la de dos proyectos de infraestructura, una escuela y un puesto de salud, que presuntamente se encuentran aún a nivel de expediente técnico. Se solicita también el cumplimiento en la remediación por daños ambientales y el pago de una compensación económica. Ingresó como caso nuevo en enero de 2020. Ubicación: Distrito de Urarinas, Provincia de Loreto. HAY DIÁLOGO.

Caso: Miembros de la comunidad nativa de San José de Saramuro demandan a la empresa Pluspetrol Norte S.A, el pago de servidumbre petrolera por el derecho de uso de tierra. Ingresó como caso nuevo en octubre de 2019. Ubicación: Distrito de Urarinas, provincia de Loreto. HAY DIÁLOGO.
Pluspetrol Norte debe atención a afectación de salud

Caso: Los anexos de la comunidad nativa Sinchi Roca demandan que se atiendan el problema ambiental, salud y social generado por el derrame de petróleo el 18 de junio de 2019, en el 237+746 del Ramal Norte del Oleoducto Nor Peruano – ONP. Ingresó como caso nuevo en octubre de 2019. Ubicación: Distrito de Manseriche, provincia de Dátem del Marañón. HAY DIÁLOGO.

Caso: Pobladores de Villa Trompeteros demandan al gobierno y a la empresa Pluspetrol Norte, que atiendan sus demandas por contaminación del medio ambiente, afectaciones a la salud, desarrollo social y temas laborales. Ingresó como caso nuevo en octubre de 2019. Ubicación: Distrito de Trompeteros, provincia de Loreto. HAY DIÁLOGO.

Caso: La comunidad nativa de Santa Rosa demanda que se atiendan los impactos ambientales y sociales generados por el derrame de petróleo el 1 de enero de 2019, en el Km 323 del Oleoducto Norperuano. Ingresó como caso nuevo en octubre de 2019. Ubicación: Distrito de Manseriche, Provincia del Datem del Marañón. HAY DIÁLOGO.
Compensación e indemnización a comunidad nativa

Caso: Pobladores de la comunidad nativa Chapis demandan que el Estado y Petroperú atiendan sus demandas vinculadas a la compensación e indemnización por los daños ocasionados, el cambio de oleoducto Ramal Norte, entre otras, a razón del derrame de petróleo detectado por la empresa el 7 de noviembre, en el kilómetro 221,5 del Oleoducto Norperuano. Ingresó como caso nuevo en octubre de 2019. Ubicación: Distrito Manseriche, provincia Datem del Marañon. HAY DIÁLOGO.

Caso: Las organizaciones indígenas ACONAKKU, FEPIAURC, FECONAT, ORIAP y FEDINAPA protestan por los derrames de petróleo en el oleoducto norperuano en la región Loreto y por el impacto ambiental que habría ocasionado la actividad petrolera en los lotes 8 y 192; y las comunidades indígenas de las cuencas del Bajo Corrientes y del Marañón, en los distritos Trompeteros y Urarinas de la provincia de Loreto, exigen la paralización de actividades en la Estación 1 del oleoducto norperuano. Ingresó como caso nuevo en agosto de 2016. Ubicación: Provincia de Loreto. HAY DIÁLOGO.
Organizaciones nativas piden consultas previas

Caso: La comunidad nativa Mayuriaga y la Federación de la Nacionalidad Wampis del Perú, entre otras organizaciones, reclaman a la empresa PetroPerú y al Estado la atención de sus demandas sociales relacionadas al derrame de petróleo ocurrido en febrero de 2016. Ubicación: Distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón. HAY DIÁLOGO.

Caso: La Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACOR), la Federación de Pueblos Indígenas Quechuas del Pastaza (FEDIQUEP), la Organización de Pueblos Indígenas Kichwas, Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador (OPIKAFPE) y Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), demandan la implementación de un proceso de consulta previa ante la posible suscripción de un nuevo contrato para la exploración y explotación del Lote 192; que el Poder Ejecutivo cumpla con los acuerdos suscritos en el marco de los espacios de diálogo (Actas de Lima, Teniente López, José Olaya, Andoas) y los acuerdos derivados del proceso de consulta previa del Lote 192 del año 2015. Ingresó como caso nuevo en agosto de 2016. Ubicación: Provincias de Datem del Marañón y Loreto. HAY DIÁLOGO.
Foto: Andina

Piura: no más quema de caña de azúcar

Caso: Pobladores de los distritos de La Huaca y de Miguel Checa exigen a la empresa Agroaurora S.A.C. que no queme caña de azúcar debido a que contamina el ambiente y afecta la salud de las personas que viven en el distrito. Asimismo, exigen a las instituciones competentes supervisar las actividades que realiza aquella empresa. Ingresó como caso nuevo en abril de 2016. Ubicación: Distrito de La Huaca, provincia de Paita y distrito de Miguel Checa, provincia de Sullana. HAY DIÁLOGO.
Puno exige atención de salud de pobladores por arsénico y mercurio

Caso: Pobladores de los distritos de Potoni, San Antón y Asillo de la provincia de Azángaro, de la provincia de Huancané y el Distrito de Crucero de la provincia de Carabaya iniciaron el 25 de mayo un paro preventivo de 48 horas exigiendo la construcción de la presa Huacchani, declaratoria de emergencia en la cuenca Ramis y el cese de actividades mineras informales, por contaminación de la cuenca del río Ramis. Ubicación: Distritos de Potoni, San Antón y Asillo de la provincia de Azángaro, de la provincia de Huancané y el Distrito de Crucero de la provincia de Carabaya. HAY DIÁLOGO.

Caso: Autoridades municipales y organizaciones sociales de Cabanillas se oponen al funcionamiento de las celdas transitorias instaladas en su jurisdicción (Huanuyo) por disposición de la Municipalidad Provincial de San Román, por temor al impacto ambiental que podría generar en las actividades agrícolas de la zona. Ingresó como caso nuevo en abril de 2016. Ubicación: Distrito de Cabanillas, provincia de San Román. HAY DIÁLOGO.
Comunidad de Chilla se opone a botadero de residuos sólidos

Caso: Comuneros de la comunidad de Chilla se oponen a que las áreas colindantes de su territorio sean utilizadas como botaderos de residuos sólidos de la ciudad de Juliaca por parte de la Municipalidad provincial de San Román. Ingresó como caso nuevo: Febrero de 2017. Ubicación: Distrito de Juliaca, provincia de San Román. HAY DIÁLOGO.

Caso: Autoridades y dirigentes de los Coata, Huata, Capachica y Caracoto exigen al gobierno nacional instalar una comisión multisectorial de atención de salud, atendiendo a los resultados emitidos por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) en julio de 2020 en base a las muestras remitidas por la Dirección Regional de Salud de Puno para determinación de arsénico y mercurio.

Asimismo, pobladores de los distritos de Coata, Huata y Capachica, exigen al alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román y a la empresa SEDA Juliaca, no continuar con el vertimiento de aguas residuales de la ciudad al río Torococha, ya que son descargadas directamente al río Coata contaminando así el agua que consumen los pobladores. Ingresó como caso nuevo en febrero de 2017. Ubicación: Distritos de Coata, Huata, Capachica de la provincia de Puno, y distrito de Caracoto de la provincia de San Román. HAY DIÁLOGO.
Río Chacapalca podría ser afectado por minera

Caso: Los pobladores del distrito de Ocuviri provincia de Lampa, acusan a la empresa minera Aruntani de afectar el río Chacapalca y exigen la presencia de autoridades competentes. Ingresó como caso nuevo en febrero de 2017. Ubicación: Distrito de Ocuviri, provincia de Lampa. HAY DIÁLOGO.

Caso: Pobladores del distrito de Llalli expresan su preocupación por la presunta contaminación de la microcuenca Llallimayo por la actividad minera que se desarrolla en la zona. Ingresó como caso nuevo en noviembre de 2011. Ubicación: Distrito de Llalli, provincia de Melgar. NO HAY DIÁLOGO.
https://elbuho.pe/2021/08/gobierno-tendra-que-resolver-80-conflictos-socioambientales/

Mexico

Por concesiones mineras, advierten conflictos sociales y daños ambientales en 7 municipios de Oaxaca

El Frente No a la Minería exigió a la Secretaría de Economía la cancelación de todas las concesiones mineras en los territorios de las comunidades que integran la organización
Por concesiones mineras, advierten conflictos sociales y daños ambientales en 7 municipios de Oaxaca
Foto: Frente No a la Minería
03/08/2021 Juan Carlos Zavala
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/por-concesiones-mineras-advierten-conflictos-sociales-y-danos-ambientales-en-7-municipios
Oaxaca de Juárez.— El Frente No a la Minería advirtió de conflictos sociales y afectaciones ambientales en al menos siete municipios y cuatro comunidades de diferentes regiones del estado de Oaxaca por las concesiones mineras en sus territorios que el gobierno federal ha otorgado.

En las comunidades El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas del municipio de San Pablo Cuatro Venados, cuyos territorios están concesionados para minería, aseguró que han sufrido hostigamiento, amenazas y violaciones a sus derechos.

Otra población es Capulalpam de Méndez donde asegura que la minería ha afectado el entorno ambiental, causando graves impactos ambientales como la desaparición de manantiales, derrame al río grande, muerte de mineros, conflictos sociales, la minería es una amenaza para Capulalpam para la región y el estado.

Desde 2005, por medio de la Asamblea general acordaron hacer frente de manera legal contra la compañía minera Natividad y anexos y la Secretaría de Economía por emitir las concesiones vigentes en su territorio, por localizarse en zonas que abastecen de agua a dichas comunidades.

Sin embargo, informó que las actividades mineras se están desarrollando de manera ilegal al no contar con los permisos ambientales correspondientes.

En 2015, interpusieron el amparo y en octubre de 2019 resuelve realizar la consulta a los habitantes de Capulalpam, ante lo que la comunidad se ampara.

En Magdalena Teitipac la empresa minera llegó en 2009 realizando diferentes acciones de exploración sin respetar a las personas de la comunidad. En 2013, afirma que la gente ya estaba descontenta por una contaminación al agua.

Lee: Frente No a la Minería rechaza consulta para aprobar MIA de proyecto minero en los valles de Oaxaca

En San Pedro Quiatoni la empresa minera ha solicitado permisos de estudios desde 2005 – 2006 mismos que se empezaron a realizar en 2010.

“Dos empresas amenazan estos territorios Don David Gold y El Prado con siete concesiones en el territorio de San Pedro Quiatoni. Los efectos de la explotación minera en San Pedro Totolapam se perciben en Quiatoni, el túnel de la mina esta en nuestra colindancia y ya se empiezan a percibir las afectaciones al agua”.

Aquí, en el año 2011 se levantó un acta de asamblea donde la comunidad acordó prohibir los estudios de exploración y la minería y, nombraron un Comité de defensa del territorio para dar la lucha legal y movilizaciones en 2020 y 2021.

En Santa María Chimalapa, menciona, la comunidad se ha declarado en contra de la explotación minera, para “garantizar la preservación de la vida, los recursos naturales y bienes de nuestro territorio”.

Además, recuerda en los Valles Centrales de Oaxaca 80 mil hectáreas de territorio de ejidos y comunidades agrarias están concesionados por la empresa minera Fortuna Silver Mines por medio de sus filiales: Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V., Compañía Minera Media Luna y Faustino Reyes Ruiz.

Lee: Promete Semarnat analizar argumentos de comunidades de Oaxaca en contra de proyecto minero

“Todas estas concesiones emitidas por la Secretaría de Economía con una vigencia de 50 años, las cuales se sobreponen sobre las tierras de agricultura, fuentes de agua, centros de población y espacios públicos. Estas concesiones mineras no tienen el consentimiento y permiso de nuestras asambleas generales, esto significa que se violentan sistemáticamente nuestros derechos”, denuncia.

El Frente No a la Minería exigieron a la Secretaría de Economía la cancelación de todas las concesiones mineras en los territorios de las comunidades que integran el Frente, en particular los títulos de concesión minera denominadas: San José, Los Ocotes Dos, Los Ocotes Cuatro Fracc 1, Los Ocotes Cuatro Fracción 2, Los Ocotes Tres, Ejutla Fracc 2, Ejutla Fracc 1, Marissa, Los Ocotes Cinco Fracc 1, Los Ocotes Cinco Fracc 2, Los Ocotes, Los Ocotes Seis, Fracción 1.

Estas concesiones fueron otorgadas a las empresas mineras: Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Faustino Reyes Ruiz.

Internacional

Estudio Accenture: Minería se encuentra entre las industrias que más impacto tiene para alcanzar objetivos sustentables de la ONU

Nuevo reporte de la consultora analiza doce sectores industriales y cómo cada uno de ellos se encuentra en una posición única para avanzar.
05/08/2021
Minería Chilena
La pandemia ha tenido un importante impacto en el camino para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para 2030 y mitigar futuras crisis económicas de la magnitud del Covid-19.

Un nuevo reporte de Accenture analiza doce sectores industriales y cómo cada uno de ellos se encuentra en una posición única para avanzar. De acuerdo con el informe, la minería tiene un importante impacto en alcanzar estos objetivos, sobre todo en aspectos como uso del agua; mejorar el mercado laboral y el crecimiento mundial; impulsar el consumo y producción responsable; y disminuir el cambio climático.

Accenture identificó tres acciones clave que la industria minera debe impulsar para ayudar a alcanzar los objetivos ODS. En primer lugar, acelerar la transición a modelos circulares.

Martín Tavil, director ejecutivo para la Industria Minera explicó que “las principales oportunidades circulares para la industria minera y metalúrgica incluyen la energía e insumos renovables, el aprovechamiento de los residuos o la implementación de nuevos modelos de negocio para la recuperación de residuos. El aumento del uso compartido/alquiler de vehículos, la valorización de los residuos de fabricación y la reventa de materiales reciclados y baterías pueden tomar parte del mercado de masas, permitiendo a la industria generar valor a través de la desmercantilización. La industria también puede influir en los modelos de negocio circulares adoptando la fabricación inteligente y aplicando soluciones digitales que reduzcan las tasas de retirada de productos y los costos de las piezas defectuosas”.

El experto agregó que, en segundo lugar, “las empresas mineras y metalúrgicas deben trabajar en conjunto con las comunidades en las que operan sus minas y plantas. Las empresas pueden facilitar el acceso equitativo a oportunidades de empleo y centrarse en la capacitación de su fuerza laboral actual a través de programas de formación y aprendizaje. También pueden trabajar directamente con las comunidades para comprender sus posibles impactos positivos y negativos, con el fin de invertir mejor en iniciativas económicas y sociales. Al hacerlo, debe hacerse hincapié en ampliar las oportunidades para fortalecer la voz de los grupos marginados, incluidas las mujeres, y apoyar la toma de decisiones locales de las operaciones mineras, para reducir la desigualdad de oportunidades”.

En tercer lugar, ayudar a alcanzar la meta de emisiones cero. Martín Tavil explicó que “la extracción de materiales que actualmente emplea la industria tiene graves consecuencias medioambientales, desde las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el agua y la degradación del suelo. La industria puede reducir su intensidad de recursos -y los costos y riesgos asociados-, empleando estrategias como el uso de insumos y energías renovables, reduciendo el agua dulce utilizada para el procesamiento del mineral mediante el uso de fuentes de agua alternativas y tecnología que minimiza dicho uso, y fomentando la planificación de diseño de proyectos”.

El experto concluyó que “la pandemia ha reforzado la importancia de la sustentabilidad de los negocios y todas las empresas tenemos un rol fundamental que cumplir. La oportunidad es de US$4,5 billones en crecimiento a nivel mundial y la industria minera tiene un papel protagónico en alcanzar esa oportunidad”.
https://www.mch.cl/2021/08/05/estudio-accenture-mineria-se-encuentra-entre-las-industrias-que-mas-impacto-tiene-para-alcanzar-objetivos-sustentables-de-la-onu/