10/10/2021
Durante tres días, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se trasladó a la comuna para sostener reuniones con adherentes al proyecto minero Dominga y gente que está en contra. Sin embargo, un común denominador fue el abandono que sufren por parte del Estado.

Si bien no es interviniente en el proyecto minero portuario Dominga, el INDH entiende que por ser este uno de los conflictos socioambientales más relevantes de la actualidad en el país, algo debía hacer.

Y lo hizo. Primero presentó un informe en derecho ante la Corte Suprema, respecto de la etapa judicial en que se encuentra el proyecto, lo que finalmente fue rechazado por el máximo tribunal del país, y luego se reunió con autoridades y dirigentes de la comuna de La Higuera para actualizar el Mapa de Conflictos Socioambientales existentes en el país.

Esto, porque a juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existen varios aspectos de protección a los derechos humanos involucrados, y no sólo la conservación del medio ambiente.

«Desde ese punto de vista, el INDH ha tomado ciertas iniciativas relevantes, y sin ser intervinientes, sin ser terceros, entregamos este insumo de estándares sobre derechos humanos al tribunal para que lo considere en su determinación».

PUEBLOS INDIGENAS EN CHUNGUNGO

Fue esta semana, y con el propósito de conocer eventuales impactos del proyecto, que el equipo regional se trasladó hasta el territorio ubicado al norte de la región (profesionales de distintas disciplinas) y por tres días se entrevistó con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y comunidades del pueblo indígena Chango.

«El objetivo principal fue actualizar los datos del mapa de Conflictos Socioambientales del INDH y contar con información imparcial y relevante sobre el ejercicio de ciertos derechos humanos, tales como el derecho a la manifestación, a la libre asociación, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la información, al agua…», contó Tarcila Piña, jefa regional del INDH.

Una de las primeras actividades fue reunirse con el alcalde Yerko Galleguillos, luego con la Asociación Comunal de La Higuera y sus representantes, y dirigentes de distintas localidades como La Higuera, Chungungo y Totoralillo. También se juntaron con las y los dirigentes de juntas de vecinos, de los APR, de las asociaciones gremiales de pescadores de Los Choros y Punta Choros y con las comunidades indígena Changa Juan Vergara e hijos y comunidad indígena Changos Álvarez Hidalgo de la caleta Chañaral de Aceituno, toda vez que el área de influencia del proyecto minero abarca una parte de la región de Atacama.

«El mapa de conflictos se inició en el año 2012 y es una plataforma que se pone a disposición de la gente de manera actualizada, cuyo catastro hoy es de 127 conflictos en diferentes estados. Algunos están activos, latentes y otros cerrados. Y cuando la información esté actualizada, pues también nos reunimos con la gobernadora Krist Naranjo, la idea es volver a las comunidades y explicar cómo funciona el mapa».

Este mapa se elabora desde la perspectiva de los derechos humanos sobre disputas de esta índole y que tienen o han tenido lugar en el país. ¿Cómo se define un conflicto socio medioambiental?

«Para nosotros son disputas entre diversos actores y que se expresan a través de diversas opiniones, posiciones, demandas por una afectación a los derechos humanos, lo que deriva al acceso y uso de recurso naturales e impactos», dijo.

Otro punto importante del mapa, destaca Piña, es que se encuentra el involucramiento de tierras de territorios indígenas, lo que indica que si los actores involucrados en el conflicto socio medioambiental invocan afectación a tierras, o territorios indígenas, inclusive cuando estas no sean parte del registro de la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena)».

Las reuniones fueron con adherentes al proyecto y gente que está en contra, pero en los tres días hubo un denominador común: Un abandono por parte del Estado.

«Nos manifestaron como un común denominador, todas las agrupaciones a favor y en contra con las cuales conversamos, que la comuna de La Higuera sufría hace muchos años de un abandono total por parte del Estado en cuanto al desarrollo económico, a la conectividad. De hecho, recién hace muy poco terminaron un alcantarillado, y también nos comentaron de la situación de los Cesfam o postas rurales, por lo que existe una brecha grande sobre el acceso a la salud. Es decir que todo esto respondía claramente a un abandono total por parte del Estado en esta comuna», señala la directora del INDH.

INDH se reúne con vecinos de La Higuera para actualizar «Mapa de Conflictos Socioambientales»

Se espera anular la votación que llevó adelante la comisión regional y que se declare rechazado el controvertido proyecto minero portuario.
Negocios e industria
07/10/2021
Buscando revertir la aprobación entregada por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (COEVA) al proyecto minero portuario Dominga, los abogados de Alianza Humboldt presentaron la primera de las reclamaciones ante el Comité de Ministros, instancia presidida por la titular del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

“Esta primera reclamación está relacionada a la falta de consideración de las observaciones hechas por Oceana en el procedimiento de evaluación ambiental. En la aprobación que se hizo por la COEVA de Coquimbo, no cambió nada del proyecto original, que otrora fuera rechazado”, señaló Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA y abogado de Oceana en la causa.

“Esta reclamación se produce en paralelo a las casaciones que esperamos prontamente sean oídas y resueltas por la Corte Suprema, y al recurso de protección ante la Corte de La Serena, relativo a la ilegalidad de haber votado este proyecto nuevamente, estando pendiente el pronunciamiento del máximo tribunal”, agregó.

La reclamación es la primera de varias que presentarán desde la Alianza Humboldt. De acuerdo a la ley, la resolución de la COEVA es reclamable ante el Comité de Ministros dentro de 30 días hábiles desde la publicación en el diario oficial del permiso ambiental, plazo que vence el 28 de octubre. Una de las solicitudes de la reclamación interpuesta es que se suspenda la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), cuestión que es urgente para que Dominga no pueda comenzar las obras, según lo informado.

Por otra parte, las reclamaciones se interponen mientras se espera que la Corte Suprema resuelva los cuatro recursos de casación presentados por los abogados de la Alianza Humboldt, y que buscan invalidar la sentencia del 1° Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA) que ordenó que el proyecto Dominga se volviera a votar en la COEVA de Coquimbo, cuestión que finalmente ocurrió el pasado 11 de agosto.

Desde la Alianza Humboldt recalcaron que en 2017, tanto la COEVA de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.
Cruz Grande

Pero Dominga no es la única industria que amenaza el archipiélago de Humboldt, de acuerdo con la Alianza Humboldt. En 2015, el puerto Cruz Grande, de la Compañía Minera del Pacífico (CMP) obtuvo el permiso ambiental para construir un megapuerto en la localidad de Chungungo. En 2020, Oceana solicitó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) caducar dicha autorización ya que la empresa no inició la ejecución del proyecto dentro del plazo de cinco años tal como lo establece la ley de bases de medio ambiente.

Sin embargo, la SMA no acogió la solicitud, ante lo cual Oceana recurrió al tribunal ambiental, donde se llevarán a cabo alegatos en noviembre de 2021.

“Al igual que Dominga, Cruz Grande pretende instalarse al medio del archipiélago de Humboldt, la zona de alimentación más importante para las especies que abundan en este lugar como las ballenas fin, los delfines nariz de botella y el pingüino de Humboldt”, señaló Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana.

“La evaluación del proyecto Cruz Grande no consideró los impactos en este ecosistema, y no es compatible con la protección de un área que ha sido declarada prioritaria para la conservación”, añadió.
https://www.mch.cl/2021/10/07/proyecto-dominga-abogados-de-la-alianza-humboldt-presentan-reclamacion-ante-el-comite-de-ministros/

La determinación del tribunal dejó sin efecto la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que aprobó el Programa de Cumplimiento (PdC) de la empresa, en particular respecto al monitoreo de material particulado.
08/10/2021
Minería Chilena
El Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación de la Junta de Vecinos Kamac Mayu de Calama por incumplimientos ambientales de la empresa Recimat.
La determinación del tribunal dejó sin efecto la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que aprobó el Programa de Cumplimiento (PdC) de la empresa, en particular respecto al monitoreo de material particulado.

Los ministros Mauricio Oviedo (presidente); Marcelo Hernández (hoy exministro en ciencias) y Erick Sepúlveda explicaron en la sentencia que “se evidencia la falta de sustento científico para descartar los efectos negativos de la infracción en la calidad del aire y los riesgos a la salud de la población de Calama, al menos en los sectores de la Junta de Vecinos Kamac Mayu, Teletón y comunidad indígena Yalquincha, siendo insuficiente el descarte que hace Recimat y la SMA”.

También, se da a conocer que en la visita inspectiva realizada por el tribunal a la empresa, “se apreció que en el horno rotatorio (donde se funden los materiales con plomo) se generan gases fugitivos que no son capturados por el sistema de extracción y filtrado, ni contenidos en la campana externa del horno”.

En la misma línea, los magistrados aseguran que la falta de encapsulamiento del galpón no permite capturar el 100% de los gases fugitivos. A lo que se suma que los informes, mediciones y análisis que realiza la empresa, han sido efectuados por una entidad no acreditada, “lo que genera una situación de incertidumbre y riesgo no tolerable para resguardar la calidad del aire y la salud de la población en el área de influencia de Recimat”.

A lo anterior se suma la omisión y falta de la debida incorporación, análisis y ponderación del hecho que la comuna de Calama se encuentra declarada como Zona Saturada por MP-10.

Todos estos aspectos llamaron la atención del tribunal, por lo que en el fallo se plantea la interrogante respecto a las razones por las cuales el organismo fiscalizador no ha requerido a la empresa medidas más eficientes. “Llama la atención a estos sentenciadores, por qué la SMA no ha exigido a Recimat abordar diligentemente las medidas técnicas, constructivas y operativas que permitan dar absoluto confinamiento a los gases fugitivos emanados del horno rotativo y su campana, a fin de evitar que dichos elementos contaminantes se dispersen al medio ambiente afectando la calidad del aire y poniendo en riesgo la salud de la población de Calama”, dice el documento.

El tribunal, además, reprocha que la SMA no haya advertido durante un período tan prolongado (desde 2016) la inobservancia de los compromisos ambientales de la empresa respecto al monitoreo de la calidad del aire y la falta de coordinación con las Seremi de Salud y Medio Ambiente para los efectos que la empresa establezca y opere la estación de monitoreo y calidad conforme a los estándares que exige la ley.
Aspectos descartados

Los otros dos hechos controvertidos en la reclamación tenían relación con el monitoreo del suelo y el supuesto incumplimiento al Convenio 169 de la OIT por falta de consulta indígena. Ambos fueron descartados por el tribunal.

En lo que respecta al muestreo de suelos en sectores aledaños, los ministros explicaron que las medidas comprometidas por la empresa cumplen las exigencias normativas, por lo cual desestima la alegación en este punto.

Además, estimaron que tampoco es procedente la consulta indígena porque “para que proceda la consulta indígena debe tratarse de un acto que sea susceptible de generar una afectación directa, causando un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales. Debe identificarse cuál es el impacto específico que la decisión generará, para luego revisar su significancia. No basta con hacer referencia de manera genérica o vaga a la cercanía de un proyecto con el territorio de una comunidad, sino que debe precisarse la manera concreta en que dicho acto afectará”.
https://www.mch.cl/2021/10/08/tribunal-ambiental-acoge-reclamacion-de-vecinos-de-calama-contra-recimat-por-incumplimientos-ambientales/

Los reclamantes, aseguran que existe un fraccionamiento del proyecto para no ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
07/10/2021
Minería Chilena
El archivo de dos denuncias que dan cuenta de diversos hechos que evidenciarían que el proyecto minero NuevaUnión comenzó a realizar actividades sin ingresar a evaluación ambiental dieron pie a dos reclamaciones que fueron admitidas a trámite por el Primer Tribunal Ambiental.

Se trata de causas en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo que archivó las denuncias efectuadas por la Comunidad Diaguita Huasco Altinos y por diversos habitantes de la cuenca del Río Huasco.

Los reclamantes aseguran que la empresa estaría efectuando sondajes sin contar con la evaluación de impacto ambiental del proyecto y que se estarían afectando sectores no evaluados ambientalmente.

Los fundamentos entregados dicen relación, por una parte, con los sondajes que realizaría la minera y el eventual fraccionamiento del proyecto para eludir el ingreso vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA); y por otra, con el inicio de diversas obras, además del vertimiento de aguas desde el túnel de exploración, que evidenciarían que el proyecto minero comenzó a ejecutar actividades.
Fundamentos

Tanto los comuneros Huasco Altinos como los vecinos de la cuenca del Huasco afirman que para contabilizar la totalidad de los sondajes realizados se excluyeron los que fueron efectuados en plataformas antiguas relacionadas al proyecto minero El Morro. También, se denuncia que “podrían provocar o estarían provocando una grave afectación a la calidad de las aguas, a los ecosistemas frágiles como las vegas altoandinas, a la fauna protegida, sitios arqueológicos y a la vida de crianceros, entre otros”.

Lo anterior porque se advierte de la realización de, al menos, 193 sondajes que, de acuerdo a lo estipulado en ambas reclamaciones, no cuentan con evaluación ambiental a pesar de que la ley establece que dicho tipo de proyectos deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, con el fin de evaluar y evitar impactos ambientales.

“Pese a la solidez y gravedad de la información, la SMA decidió desestimar toda fiscalización en terreno, de esta forma no tomó ni siquiera análisis de aguas, no corroboró en terreno el número de sondajes y sus impactos”, asegura la reclamación de los vecinos.

En ese mismo sentido, la comunidad diaguita establece en su escrito que “la SMA no ha considerado en este procedimiento el hecho de que las denuncias solo son una manera de conocer sobre posibles infracciones, recayendo en ella el deber de fiscalizar y constatar que los titulares cumplan con los compromisos contemplados en las resoluciones de calificación ambiental”.
Denuncias

La denuncia presentada ante el organismo fiscalizador por los habitantes del Río Huasco en mayo de 2019 “acusa la realización de sondajes sin pasar por un proceso de evaluación correspondiente, lo cual lleva al indeseable escenario que no es posible tomar las medidas necesarias para la preservación del ecosistema en general, y del recurso hídrico, flora y fauna en particular”.

En tanto, la comunidad indígena Huasco Altinos presentó dos denuncias ante la SMA: La primera en febrero de 2017 y la segunda en enero de 2018; y además de entregar el mismo argumento respecto a los sondajes, explica que el 2017 la comunidad tomó conocimiento de diversos trabajos que se estaban realizando en el área del antiguo proyecto El Morro -hoy proyecto Nueva Unión-, sin haber ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA.
En ese mismo ámbito, la comunidad diaguita asegura que hay un fraccionamiento del proyecto con el fin de evitar la evaluación ambiental.
https://www.mch.cl/2021/10/07/comunidades-de-cuenca-del-rio-huasco-aseguran-que-proyecto-nuevaunion-comenzo-a-realizar-actividades-sin-ingresar-a-evaluacion-ambiental/