Entrampado. Intentos de diálogo con mediación del gobierno fueron estériles. Todo se limitó a firmar actas que no tenían seguimiento. Lo real es que hay demandas insatisfechas de las comunidades pero también la angustia de nueve mil trabajadores que podrían quedarse sin empleo si MMG suspende operaciones.
Toman posesión. La República llegó a la comunidad de Hatun Collana. Los comuneros levantaron ahí sus chozas en la ruta por donde pasaban 600 encapsulados Foto: La República
Zaida Tecsi
12/12/2021
La continuidad de las operaciones, en el yacimiento de cobre Las Bambas, está en riesgo. MMG, la compañía que explota esta mina en la región Apurímac, anunció la suspensión de sus actividades debido a los bloqueos en el corredor minero. Hace tres semanas no moviliza el mineral al puerto Matarani para embarcarlo al Asia. Tampoco se abastece de insumos que demandan los procesos de producción.

Los pobladores de Hatun Collana, comunidad ubicada en el distrito de Velille de la región Cusco, bloquearon la vía. Tomaron posesión de la misma con el asentamiento de las chozas de paja.

Hatun Collana es una de las más de 40 comunidades asentadas a lo largo del corredor minero que atraviesa las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa.

Se encuentra a 3 800 metros sobre el nivel del mar. Llegar ahí demanda casi ocho horas desde la ciudad del Cusco. Desde Velille, ingresamos al corredor minero que, por estos días, se muestra sin tráfico. Al costado de la vía, recorre el río Velille y, por todo el trayecto, pastorean vacas, ovejas y caballos. A 20 minutos una primera choza alerta del bloqueo.

Son decenas de estas construcciones precarias que se colocaron en medio de la vía. Casi al llegar al puente Paracaylla, un grupo de pobladores está apostado. Nos recibe con arengas. “Que se vaya la mina”, repiten una y otra vez.

“Estas son nuestras tierras de nuestras chacras”, dicen. Se quejan de la contaminación provocada por el polvo que levantan los encapsulados a su paso. Dicen que afecta a su ganado y también a su salud. “No queremos que vengan por acá, que se vayan por donde quieran”, cuenta Augusta Mendoza. Se estima que a diario transitan decenas de encapsulados por el corredor minero.

Esta comunidad originaria exige ser considerada como área de influencia directa ambiental y social por los impactos que causan el paso de los carros que llevan el concentrado de cobre, cisternas con combustible, camionetas y transportadores de insumos.

Según Huamaní, la carretera nacional fue abierta abruptamente y sin consulta previa. “Estas tierras no eran vía. Nos arrebataron nuestra propiedad. Un día llegaron con sus maquinarias sin licencia alguna”, recordó el vocero.

El dirigente resalta que la protesta es recurrente. La minera incumple sus compromisos. Dijo que el último acuerdo fue que serían parte de la tercera modificatoria de impacto ambiental. Pero nada, por eso las protestas se reavivan una y otra vez.

En la comunidad de Cruzpampa del distrito de Ccapacmarca también hay bloqueo. Los comuneros aspiran a convertirse en proveedores de Las Bambas con transporte de encapsulados, camionetas y mantenimiento de la carretera. La minera no admite esos planteamientos.

Afectación

Entre tanto, el corredor minero ya tiene 20 días de bloqueos. La minera anunció que, si para la quincena el problema social no se soluciona, corren el riesgo de paralizar sus actividades por falta de insumos. Ese escenario resulta nefasto para la región de Apurímac que percibe regalías de la explotación del mineral.

Según la Sociedad Nacional de Minería, Las Bambas aporta el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Además, es responsable del 16% de las exportaciones del cobre peruano. La paralización de sus operaciones generaría pérdidas de 9.5 millones de dólares diarios.

El gobernador de Apurímac Baltazar Lantarón pidió declarar en emergencia el corredor minero y se restablezca el orden. Asegura que cada día de bloqueo significa 1.5 millones de soles de pérdida en regalías contractuales.

Otro sector angustiado son los trabajadores. El secretario del sindicato de Las Bambas, Erick Ramos, sostuvo que son nueve mil personas que dependen laboralmente de la minera. Corren el riesgo de quedarse sin trabajo. Para este lunes se alista una marcha nacional para que el conflicto social en Chumbivilcas cese.
No hay presencia del Estado

La representante de la Defensoría del Pueblo, Rosa Santa Cruz dice que no hay varita mágica para resolver los conflictos sociales. Empero, en la mayoría predomina la intervención tardía e inoportuna del Estado. Sobre Chumbivilcas, la Defensoría tiene registrados múltiples demandas. Por ejemplo, impactos medio ambientales que generan el paso de encapsulados.

Santa Cruz pide fiscalizar más, no solo se debe promover de inversiones. Los acuerdos que se asumen no son sostenibles y el incumplimiento de compromisos motiva que los conflictos sean permanentes.

Para la Defensoría, todos los actores involucrados, las comunidades, representantes del gobierno y de las mineras, deben esforzarse por lograr consensos y que la actividad se dé en una convivencia armónica. Santa Cruz dijo también que se detectó que hay mucha ausencia del Estado y que a veces, la responsabilidad de esa ausencia se distorsiona y se responsabiliza a la actividad minera o la inversión contra la que se protesta.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/12/12/las-dos-caras-del-conflicto-minero-las-bambas-cusco-apurimac-lrsd/

13/12/2021
En el marco de la presentación del reporte del 29° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM se analizará la problemática socio ambiental en torno al corredor minero sur y, en especial, el reciente caso del conflicto social en torno al proyecto minero Las Bambas que tiene impacto en comunidades campesinas de la regiones Apurímac y Cusco.

El reciente anuncio de la minera MMG Las Bambas sobre la posible paralización de sus operaciones desde el próximo 15 de diciembre debido al bloqueo de la carretera en Chumbivilcas (Cusco) por parte de las comunidades de la zona, prendió las alarmas en el Perú y en el mundo, considerando que la empresa de capitales chinos es el cuarto mayor productor de cobre a nivel global.

Según el reporte 29° del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, el mayor número de conflictos de este tipo se encuentra en la macro región sur, que registra un total de 42 conflictos socio ambientales relacionados en su mayoría con la actividad minera. El epicentro de la conflictividad en esta zona es el corredor minero sur que articula grandes minas como Las Bambas, Antapaccay y Hudbay con el puerto de Matarani en Arequipa.

Otro dato que llama la atención en el reporte es que la mayoría de los conflictos se producen en los lugares donde el presidente Pedro Castillo obtuvo el mayor respaldo electoral, especialmente en zonas rurales. Por ejemplo, en las provincias del corredor minero, obtuvo votaciones por encima del 90%. La expectativa de las comunidades campesinas y población rural de que un Gobierno que sienten como suyo resuelva las demandas pendientes es enorme.

Sin embargo, el análisis del OCM muestra que no existe, por el momento, un pico de conflictividad social como los registrados en anteriores gobiernos, por ejemplo durante las gestiones de Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Por otro lado, en este 2021, se viene consolidando un nuevo super ciclo de precios de los minerales, el cual se podría prolongar en los próximos años. El informe evalúa el impacto tributario y social de la implementación de un marco tributario que permita captar una mayor renta minera. Asimismo se destaca que los países de América Latina se ven favorecidos nuevamente por los altos precios de los minerales que se prolongaría en los próximos años.

El informe también advierte que la minería formal e ilegal continúa siendo una preocupante fuente de conflictos sociales y contaminación ambiental en varias regiones del país, sobre todo en la amazonía norte y el sur andino.

En la conferencia de prensa participarán Giselle Huamaní, secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Concejo de Ministros; Ana Leyva, abogada y especialista en temas ambientales de CooperAcción; Mirtha Villanueva, abogada e integrante de GRUFIDES y David Velasco, abogado e integrante de FEDEPAZ.

La presentación se realizará de manera presencial en una rueda con periodistas el día martes 14 de diciembre a las 9.00 a. m. Igualmente se va a transmitir en vivo para todo el público en general vía el portal Wayka y por la página de Facebook del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

Puede acceder al enlace de la transmisión en vivo aquí: https://bit.ly/3oPgei8

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El gremio indicó que el jefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, cuya labor era la reanudación del diálogo, se dedicó a atacar a la mina -el ultimo martes- decidiendo de manera abrupta y unilateral dar por terminada la reunión en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.
(Foto: GEC)
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09/12/2021
Lejos de facilitar el entendimiento constructivo entre las partes a fin de evitar la paralización de Las Bambas, la errática actuación de los representantes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en Cusco esta semana, ha terminado exacerbando el conflicto, impidiendo que se reestablezca el tránsito en el Corredor Minero del Sur, luego de más de 21 días consecutivos de bloqueos.

La anunciada paralización de la mina Las Bambas constituye un duro golpe a la recuperación económica del país, poniendo en peligro la continuidad de más de 8,000 puestos de trabajo, y generando grandes pérdidas para el fisco, proveedores y gobiernos locales.

Así lo advirtió la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) al señalar su extrañeza y preocupación frente a la pasividad y falta de liderazgo que viene demostrando el Ministerio de Energía y Minas para atender el conflicto que afecta a la empresa MMG, operadora de Las Bambas en Apurímac.

“Resulta francamente sorprendente que, en medio de una de las peores crisis que enfrenta el sector, el titular del Minem, Eduardo González Toro, haya preferido asistir a una conferencia fuera del país, desatendiendo la solución de un conflicto que podría llevar la próxima semana al cierre de una de las principales minas del país”, comentó el gremio.

En ese sentido la SNMPE denunció que, ante la inexplicable ausencia del ministro, el Minem designó a Marco Sipán, jefe de la Oficina General de Gestión Social, a fin de que conduzca la reanudación del diálogo entre la compañía y las comunidades de Chumbivilcas.

“Durante la reunión del último martes, lamentablemente la intervención del señor Sipán resultó deplorable, pues lejos de intervenir como representante del Estado, propiciando la mediación entre las partes, actuó de forma absolutamente parcializada, exacerbando los ánimos y atizando el conflicto”.

En esa línea, el gremio denunció que el citado funcionario se dedicó a atacar a la empresa, decidiendo de manera abrupta y unilateral dar por terminada la reunión en la provincia cusqueña de Chumbivilcas.

“La conducta de los representantes del Minem ha demostrado ser errática y sesgada, avalando el chantaje del que es objeto Las Bambas por parte de un grupo de dirigentes que demandan ventajosos contratos para el transporte de mineral”, remarcó.

La SNMPE detalló que no estamos frente a un conflicto socioambiental, sino ante demandas de índole comercial, bajo una situación de inaceptable presión.

“Se ha bloqueado el Corredor Minero desde hace tres semanas para asfixiar a Las Bambas, dado que con el cierre de las vías no se le permite el libre tránsito de los trabajadores, el ingreso de insumos y el transporte de la producción hacia el puerto de Matarani”, puntualizó.

El gremio minero energético reiteró que la paralización total de la mina, prevista para la próxima semana, significará un duro golpe para la reactivación de la economía nacional, pues esa unidad minera aporta el 1 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).

“Las Bambas es una de las minas cupríferas más importantes del mundo, responsable del 16% de las exportaciones de cobre peruanas. La paralización de sus operaciones generaría pérdidas de US$ 9.5 millones diarios”, explicó.

Asimismo, indicó que el propio gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, formuló un llamado al Gobierno Central para que solucione este conflicto urgentemente, porque su región pierde S/ 1.5 millones diarios en regalías por la interrupción de las operaciones.

En ese contexto, también el Sindicato Único de Trabajadores de Las Bambas ha manifestado que la inoperancia del Ejecutivo en este conflicto ha puesto en grave peligro el sustento de más de 8,000 familias peruanas, casi la mitad de las cuales residen en las regiones de Apurímac y Cusco.

De igual forma, las asociaciones de empresarios y emprendedores de la provincia de Challhuahuacho (Apurímac), han expresado su preocupación porque la suspensión de las operaciones causará la quiebra de cientos de empresas y el colapso de la economía local y regional.

Finalmente, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía invocó al Gobierno a que actúe con imparcialidad, liderando el proceso de diálogo y coordinando con la fiscalía y el Ministerio del Interior para desbloquear la carretera y restituir el libre tránsito.
https://gestion.pe/economia/funcionario-del-minem-exacerbo-los-animos-y-agravo-conflicto-en-las-bambas-denuncia-snmpe-noticia/

Ana Leyva
Cooperacción 09/12/2021

Toda sociedad tiene conflictos sociales y tiene mecanismo institucionalizados para procesarlos, resolverlos o transformarlos. Eso es algo normal. Lo poco común es que en el Perú existan tantos conflictos sociales y que los mecanismos institucionalizados no puedan procesarlos y tengan que crearse mecanismos ad hoc para atenderlos, tales como las mesas de diálogo. Sería un trabajo interesante, para estudiantes y en general investigadores, determinar qué otro país en el mundo tiene una realidad parecida a la peruana. Creo que la respuesta no agradaría a nuestra clase política que evita que algo cambie.

Mi hipótesis es que la existencia de numerosos conflictos sociales es propia de sociedades muy desiguales e injustas y el fracaso de los mecanismos institucionalizados es producto de un Estado que no ha logrado democratizarse y que sigue gobernando principalmente para un sector de su población.

Vayamos a la realidad para entender un poco mejor qué pasa. Para documentar el tema, me remitiré a mi testimonio como asesora de muchas comunidades o poblaciones en mesas de diálogo.

Por ejemplo, las comunidades de Chuicuni y Chiñahui estaban muy descontentas porque decían que la chancadora de Las Bambas emitía polvo que les llegaba hasta sus tierras y viviendas. Al respecto, la empresa minera señalaba que tal situación no era posible porque sus procesos eran altamente tecnificados, tal como lo sentencia cierta periodista de nuestro medio respecto de toda la gran y mediana minería. Ante el problema, estas dos comunidades no sabían qué hacer ni a dónde ir. En la mesa de diálogo del año 2018, que se abrió principalmente por el problema del transporte minero, los comuneros de estas comunidades reportaron el caso a la ministra del Ambiente de ese entonces, mostrando sus fotos y videos grabados con sus celulares. Nunca olvidaré cómo esos comuneros hacían fila para mostrarle a la ministra sus grabaciones. La ministra, ante tanta evidencia, planteó abrir un proceso de supervisión o fiscalización ambiental y canalizó el conflicto por una vía institucional tal y como correspondía. El marco de la mesa de diálogo, que es un espacio de construcción de acuerdos políticos, muchas veces no permite resolver los problemas que se agendan, principalmente si son ambientales. Esto pasa porque existe un marco institucional con procedimientos establecidos que debe respetarse para que la solución sea válida y exigible. La dificultad suele ser que esa institucionalidad está lejos o tiene fallas que no permiten alcanzar justicia.

Para seguir ilustrando el tema, otro caso que ocasiona conflicto es el problema de la contaminación generada por el transporte minero de la citada empresa minera a través de una vía sin asfalto. En la mesa de diálogo del 2018 se estableció que la contaminación se resolvería con el asfaltado de la carretera. La empresa señaló que esa no era su responsabilidad y la tarea fue asumida exclusivamente por el Estado, dejándose de lado el principio “contaminador pagador”. Hasta la fecha no se realiza el asfaltado de la carretera porque el costo estimado es de más de 1000 millones de soles. Esta solución fue aceptada en el diálogo por los dirigentes sociales pese a ser percibida como injusta. Se aceptó porque la población estaba harta de sufrir la contaminación y quería que el problema se solucionara pronto. Con ello, también se planteó el problema del mantenimiento de la carretera ya que por ella transitan camiones de más de 50 toneladas que harán que ésta se deteriore pronto.

Paralelamente a ello, las comunidades afectadas por los impactos del transporte minero de la provincia de Chumbivilcas denunciaron el caso ante OEFA, que acababa de asumir competencias sobre este tipo de actividad. Luego de un proceso de fiscalización, que determinó la existencia de la contaminación, este organismo ordenó la identificación de zonas de influencia, la determinación de impactos y de medidas de mitigación del transporte minero a través de una cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental. Este procedimiento permitirá que la empresa asuma su responsabilidad en el problema que viene generando.

Un tercer caso es el de las comunidades de Pacopata y Huini Coroccohuayco (Espinar, Cusco). Se dice que la exploración es inocua, no contamina. Estas comunidades manifiestan ser afectadas por las actividades de exploración de minera Antapaccay. El año pasado se estableció una mesa de diálogo sobre reparación de daños. El problema de una mesa de este tipo es que para reparar los daños, estos deben estar determinados siguiendo los procedimientos correspondientes, algo que en una mesa de diálogo no se puede hacer. Y el no canalizar institucionalmente el problema conduce a soluciones no satisfactorias. Hasta la fecha, las dos comunidades esperan que la pérdida de sus fuentes de agua se solucione.

Finalmente, llego al punto que quería plantearles para concluir, el caso de las poblaciones de Lucanas, Parinacocha y Páucar del Sara Sara, en Ayacucho, que alegan contaminación y disminución de caudal producidos por las unidades mineras de Apumayo, Pallancata, Inmaculada y Breapampa, las cuales se ubican en cabeceras de cuenca. Son minas en proceso de cierre y con pretensión de ampliación. Evidentemente, estos problemas ambientales que reportan no pueden ser solucionados en la mesa de diálogo instalada, como hemos señalado deben canalizarse institucionalmente. Eso pasa por fiscalizar si los estudios de impacto ambiental, su posibles modificatorias y planes de cierre son adecuados y si se están cumpliendo satisfactoriamente. Pero también es importante establecer si otras ampliaciones son posibles, y para ello servirá determinar si esas cabeceras de cuenca tienen la capacidad de acogida para más actividades mineras y hasta qué punto pueden soportar sin ser afectadas significativamente. La única vía para hacerlo institucionalmente es la aplicación de la metodología de identificación, determinación y zonificación de caberas de cuenca que debe realizar la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y que lamentablemente ha sido diseñada con muchas deficiencias técnicas que probablemente dejarán varias cabeceras de cuenca importantes sin protección. Al margen de ello, este camino es lo responsable y racional. Sin embargo, por declaraciones poco pertinentes de la presidenta del Consejo de Ministros y un acta mal redactada, se quiere restar legitimidad a las vías institucionales existentes que deben aplicarse para la solución de los problemas. Todo ello hace que las poblaciones vuelvan a percibir como injusto al Estado y puede llevar a que las protestas se reactiven, situación que no debería suceder pero que varios empresarios, políticos y periodistas parecen estar forzando.

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08/12/2021
Mina Las Bambas en Apurímac, Perú. / Crédito: MMG.
Los funcionarios del gobierno peruano no lograron negociar un acuerdo el martes para desbloquear un corredor de distribución clave utilizado por la mina de cobre Las Bambas de MMG Ltd, según las actas de la reunión a las que tuvo acceso Reuters.

El camino de tierra desde la mina de propiedad china hasta un puerto marítimo ha sido bloqueado durante 18 días por residentes de la provincia de Chumbivilcas, quienes están negociando contratos para que los lugareños sean contratados como conductores de la mina.

Las Bambas advirtió el viernes que tendría que suspender la producción la próxima semana si la situación no se resuelve porque no puede llevar suministros a la mina.

Eso provocó la caída de las acciones de MMG, con sede en Australia y que cotiza en Hong Kong. La compañía confirmó las actas de las reuniones que mantuvo con los líderes de la comunidad local y el gobierno el martes, pero declinó hacer más comentarios.

Perú es el segundo productor de cobre del mundo y Las Bambas es el cuarto mayor productor de la mina roja.

“Las comunidades reafirman la decisión de seguir protestando de manera pacífica”, se lee en el acta de la reunión.

Muchos habitantes de Chumbivilcas, ubicado a varias horas de Las Bambas, viven a lo largo del camino de tierra, que se ha convertido en un foco de protestas por preocupaciones ambientales y sociales.

Los residentes habían llegado a un acuerdo en octubre para asegurar trabajos de transporte a cambio de no bloquear la carretera, pero las negociaciones se estancaron desde entonces.

Las actas de la reunión del martes indicaron que los representantes locales pidieron a Las Bambas que contrate residentes por el 5% de las camionetas que utiliza para transportar cobre, así como 50 camionetas pickup adicionales. Sin embargo, la mina no ha aceptado esos términos.
El Dato

Recientemente, los alcaldes de la provincia de Cotabambas anunciaron que pedirán al Gobierno un fondo de compensación social de 800 millones de soles (USD 196.1 millones) si no solucionan los bloqueos a la carretera hacia la Minera Las Bambas.

Precisamente, el fondo de compensación social que plantean obedece al dinero que la región proyectaba percibir por concepto de regalías y canon, para cumplir con los proyectos de desarrollo programados para el ejercicio 2022.

Además, proponen al Ejecutivo que se habilite una ruta alterna para el traslado del concentrado de cobre.
Fuente: Reuters y Gestión

Perú: Se estancan las conversaciones para desbloquear el corredor utilizado por Las Bambas