Perú

Crisis del gobierno agudiza los conflictos sociales

Agenda con Cusco. Hace 11 días, se iniciaron los bloqueos en el Corredor Minero del Sur que perjudican a MMG Las Bambas. También podrían encenderse en otros tramos. Agricultores y comuneros de Camisea amenazan con otras protestas.
Otra vez. Comunidades asentadas en el Corredor Minero son una amenaza permanente, Ccapacmarca tiene bloqueada la vía hace 11 días sin tregua a la vista. Foto: Archivo La República
Zaida Tecsi
06/02/2022
El 2022 comenzó con los reiterados, pero encendidos conflictos sociales. La crítica al Ejecutivo era su tardía intervención, actuaba como bombero, cuando prendía el incendio. Hoy el fuego persiste y ese bombero ya ni llega para remediar.

Hace once días se bloqueó el Corredor Minero del Sur que pone en riesgo la actividad minera de Las Bambas.

Las comunidades de Ccapacmarca en Cusco ratificaron su huelga en medio de la crisis, pese a que no tienen con quien conversar en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

No es el único problema. Las negociaciones del gobierno con las otras ocho comunidades que levantaron su huelga el pasado 30 de diciembre, también se estancaron. El conflicto podría extenderse en cualquier momento. “No hay con quien hablar, no hay premier, no hay ministro de Energía y Minas para seguir conversando”, dijo Víctor Villa, asesor de las comunidades.

La conversión del corredor minero en una Zona de Atención Especial (ZAE), está en pausa. Ese compromiso asumido por la expremier Mirtha Vásquez, logró una tregua y que reinicie el diálogo.

Igualmente, las comunidades de Collana y Tuntuma, tienen agendas particulares. De no ser atendidas, anunciaron, bloquearán el corredor minero también. “Si Ccapacmarca levanta la huelga, volveremos a la huelga porque ni la minera, ni el gobierno, nos escuchan”, advirtió Daniel Collque, presidente de Collana.

Según la Defensoría del Pueblo, la conflictividad en el corredor minero del sur es cíclica, se activa ante el incumplimiento de los compromisos. Su representante, Rosa Santa Cruz, señaló que un 80% de los conflictos de la región imperial están ubicados en esta zona.

El reporte mensual de conflictos sociales de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM), señala que el 19% de los conflictos en el país se presentaron en el corredor vial sur, entre Cusco y Apurímac.

El informe detalla que se tienen más de dos mil compromisos asumidos en las mesas de diálogo desde el 2011. En el corredor minero se tiene 517 compromisos pendientes.

Para el secretario del sindicato de trabajadores de Las Bambas, Erick Ramos, ese clima no garantiza la estabilidad para la minera y el gobierno solo lo agrava más.
Otros conflictos

Los agricultores cusqueños suspendieron una huelga, que incluía el bloqueo de la vía férrea a Machupicchu, el 26 de enero, bajo el compromiso de diálogo con la premier de entonces, Mirtha Vásquez. El encuentro no se dio porque Vásquez resultó positivo al COVID 19 y la cita se suspendió para el 9 de febrero.

“Estamos desesperados. Ayer (4 de febrero) nos reunimos con el nuevo ministro de Agricultura y pactamos para que la mesa de diálogo sea el 14 de febrero, pero ahora no sabemos si el ministro continuará”, contó Marco Pino, presidente de la Junta de Usuarios del Cusco.

Explicó que la situación de la agricultura es crítica debido al alto costo de los fertilizantes e insumos agrarios. Entre sus reclamos exigen la modificación de las normas que entregan bonos a los agricultores que tienen más de dos hectáreas de cultivos. “En Cusco, la mayor parte trabajamos por topos. Es la agricultura familiar, no llegamos a hectáreas, para nosotros no hay bonos. Cómo se vive con esa alza de fertilizantes. Aunque sabemos que hay una crisis, como vivimos los agricultores entre tanto”, cuestionó.

Otro problema pendiente de resolver, es la protesta de los comuneros nativos del Bajo Urubamba que conviven con los yacimientos del gas de Camisea. Exigen un resarcimiento económico por un supuesto derrame de líquidos de gas en el 2016. La empresa TGP (Transportadora de Gas del Perú), ha negado el incidente y asegura que no corresponde tal indemnización monetaria. Con Mirtha Vásquez se habían comenzado una serie de conversaciones que se paralizaron.
Ccapacmarca quiere sí o sí a presidente Pedro Castillo

El integrante del Comité de Lucha del distrito de Ccapamarca (Chumbivilcas), Luis Huamaní, manifestó que el problema en el gabinete ministerial no debe ser pretexto para que el Gobierno deje atender las demandas de las comunidades. Reiteró que ellos no quieren a nadie de la Presidencia del Consejo de Ministros, sino al propio presidente de la República, Pedro Castillo.

Asimismo, el dirigente refirió que aparentemente, tanto la minera MMG Las Bambas y el propio Gobierno quieren “cansarlos”, pero reitera que continuarán con su medida. Recordó que así han acordado el último viernes las cuatro comunidades del distrito de Ccapacmarca.
https://larepublica.pe/sociedad/2022/02/06/crisis-del-gobierno-agudiza-los-conflictos-sociales-cusco-lrsd/

Argentina

AMBIENTE, EXTRACTIVISMOS Y DESARROLLO: LAS PREMISAS ERRADAS PARA DEBATIR ALTERNATIVAS

06/02/2022
Ambiente, extractivismos y desarrollo: las premisas erradas para debatir alternativas
El 22 de enero pasado, La Nación publicó el artículo Cómo conciliar el cuidado del ambiente con la explotación de recursos naturales Lo que sigue, es la imprescindible reflexión/respuesta de Eduardo Gudynas.

Cualquier institucionalidad ambiental organizada desde juicios errados entorpece o hace imposible atender adecuadamente los impactos socioambientales y las demandas ciudadanas. Es por eso que a la ciudadanía no le queda otra alternativa que movilizarse.
Por Eduardo Gudynas
Fuente: América Latina en Movimiento

La discusión sobre la gestión de los recursos naturales aunque siempre presente en Argentina, se ha acentuado después de las protestas ciudadanas contra la minería en el sur o frente a la intención de explotar petróleo en la costa atlántica. En ese contexto, dos académicos, Roy Hora y Juan Carlos Hallak, publicaron en el periódico La Nación de Buenos Aires, una columna sobre cómo “conciliar” la “explotación” de los recursos naturales con el “cuidado” del ambiente. Ese aporte, desde la academia, y específicamente desde la economía y la historia, es bienvenido en tanto demostraría una mayor atención a la problemática ambiental desde el mundo universitario.

Sus conclusiones, tales como señalar la carencia de credibilidad institucional, también son atendibles. Esos señalamientos no son novedosos, porque han sido repetidos desde por lo menos la década de 1980, mientras que las oposiciones entre fines económicos y preservación ambiental son todavía anteriores, desde los años sesenta.

Sin embargo, el modo por el cual estos autores abordan los conflictos sobre desarrollo y ambiente expresan varias limitaciones que merecen analizarse. Algunas tal vez se deban a que desconocen la evidencia e información acumulada en las últimas décadas en el campo de las políticas ambientales, en tanto estos autores provienen de otras disciplinas.

Pero lo preocupante es que su abordaje no es inusual sino que expresa concepciones que, en vez de contribuir a un mejor manejo de los recursos naturales, alimentan y repiten los problemas actuales que desembocan en conflictos socioambientales.

Es así que los autores plantean una interrogante inicial que condiciona las respuestas. Se preguntan si las personas están conscientes de las pérdidas de empleo, ingresos fiscales y divisas que ocurrirían cuando se cancelan proyectos extractivos mineros o petroleros. En esa pregunta se da como un hecho verdadero que esas actividades tienen esos beneficios netos en empleo y dinero. Sin embargo, esa es una premisa errada.

A medida que se acumula más información, sea en Argentina como en otros países, se encuentra que los balances económicos de los extractivismos son modestos o incluso negativos. Las esperadas ganancias en la práctica se reducen e incluso se anulan por los subsidios explícitos o implícitos que el Estado otorga a esas empresas, o cuando se contabilizan sus impactos ecológicos y sociales. Argentina está repleta de ejemplos en ese sentido.

Desde aquella postura, Hora y Hallak afirman que las granjas de salmón o la megaminería en la Patagonia no sólo son posibles, sino que además son “deseables”. Redoblan su apuesta porque ellos ya sabrían que pueden llevarse adelante con “sólidas salvaguardas ambientales”. Otra vez hay juicios previos anclados en asumir que esas actividades son ventajosas económicamente, que existe tecnología que puede manejar o anular sus impactos, y que ello aseguraría el desarrollo. Pero en todo eso aún no hay certezas ni conclusiones finales.

En efecto, la experiencia de actividades similares en Argentina o en la región muestra que los beneficios económicos son limitados como ya se indicó, que los riesgos de impactos son altos, que los accidentes se repiten, y que los efectos terminan siendo sufridos o financiados por la sociedad y el ambiente.

¿Para salir del “subdesarrollo” hay que apostar a más extractivismo?

El artículo avanza con otro juicio previo: “Argentina está muy lejos del desarrollo” y, por esa razón, sus necesidades de bienestar y empleo obligarían a exportar sus recursos naturales. O sea, que para salir del “subdesarrollo” se debería ser más extractivista –una idea ya muy conocida en varios países latinoamericanos.

Otra vez debe señalarse que para muchos la vinculación es exactamente la inversa: seguir exportando materias primas acentúa la pobreza, el subdesarrollo y la subordinación a la globalización. Disponemos ahora de información recopilada en las últimas décadas sobre las desigualdades ecológicas en el comercio global, de cómo los países del sur global terminan padeciendo desproporcionadamente más impactos sociales y ambientales.

Otra dificultad conceptual análoga ocurre cuando esos autores sostienen expresiones como “prohibicionismo” o “extractivismo” implican una banalización. Es difícil saber a qué se refieren con la etiqueta de “prohibir”, porque hay muchas actividades que por sus impactos están sujetas a regulaciones que las limitan. Por ejemplo, prohibir arrojar residuos tóxicos en un arroyo es legítimo o necesario; nada hay de banal ni extremista en ese tipo de regulaciones.

Pero es todavía más sorpresivo que se diga que usar la palabra “extractivismo” es una polarización o una banalización. Esa palabra corresponde a modos específicos de apropiación de recursos naturales; la megaminería, la explotación petrolera o el monocultivo de soja son extractivismos, y esa es la calificación adecuada. No usarla, rechazarla o cuestionarla, puede deberse a manías académicas o maniobras políticas para disimularlos, pero no anula sus severos impactos ambientales ni la subordinación global.

El pedido de Hora y Hallak de una nueva institucionalidad ambiental tambalea si se funda en impedir que se utilicen ciertos términos o se anula la posibilidad que existan actividades que deban ser prohibidas por sus impactos sociales o ambientales. Al mismo tiempo, parecería que el artículo por momentos no tiene en cuenta informaciones acumuladas en los últimos veinte años en ecología política. Es como si nos regresaran a posiciones de fines de la década de 1990.

¿Conciliar con las comunidades locales o con las empresas extractivistas?

Llegar a la conclusión que las instituciones públicas tienen un déficit de credibilidad en su capacidad de control es obvio. Eso se viene denunciando en Argentina y en los demás países desde hace décadas. Distintos arreglos institucionales se han ensayado, desde ministerios de ambiente a agencias autónomas. De organismos de contralor a tribunales, y más. Pero ninguna de ellas ha resuelto los problemas de fondo ni evitado los conflictos. La cuestión es, por lo tanto, ¿por qué se repiten esos fracasos bajo todo tipo de ideologías políticas?

Ante esas situaciones, lo que asoma en estos años es que eso se debe a que la política convencional aunque puede producir distintos arreglos institucionales, a la vez los limita o condiciona. Se los blinda por medio de posturas previas y metas que se dan como obvias o válidas, con componentes que no están dispuestas a cuestionar, y asuntos que sistemáticamente se evitan. De ese modo, las contradicciones entre ambiente y desarrollo se repiten, y eso hace que una y otra vez estallen los conflictos ambientales.

Toda esta explicación sirve para mostrar que el artículo de Hora y Hallak demanda una alternativa, pero lo hacen desde juicios previos que son funcionales a la explotación de la naturaleza e impiden alternativas de desarrollo. Entre ellos está el de indicar que hablar de extractivismo es un extremismo banalizador, que deben aprobarse proyectos de salmoneras o mineras, que hay tecnología que anula los impactos, que hay beneficios económicos indudables, y así sucesivamente.

Esa mirada hace que ese intento de “conciliar” muchas veces caiga en el extremo de habilitar la depredación ecológica y excluir a las comunidades locales. El drama es que la conciliación puede terminar operando como un apaciguamiento de la protesta local. Aquel es un reclamo de alternativas condicionado por ideas previas, muchas de las cuales son causantes de los problemas ambientales actuales.

De ese modo, cualquier institucionalidad ambiental organizada desde aquellos juicios previos entorpece o hace imposible atender adecuadamente los impactos sociales y ambientales, y muchas demandas ciudadanas. Entonces a esos actores no les queda otra salida que movilizarse.

Una verdadera alternativa no solo debe permitir, sino que debe poner en discusión todo el espectro de ideas, llegando a las bases conceptuales que sostienen al desarrollo y el papel de los extractivismos. Cualquiera de sus componentes debe revisarse, desde los justificativos económicos al papel de las soluciones tecnológicas, y así sucesivamente. Habrá, por lo tanto, opciones conciliables y otras que no lo serán. En ese esfuerzo deben participar todos los interesados, también sin exclusiones.
https://noalamina.org/argentina/item/45797-ambiente-extractivismos-y-desarrollo-las-premisas-erradas-para-debatir-alternativas

Chile

CORTE SUPREMA ACUSA A PASCUA LAMA DE INCUMPLIR EL PLAN DE CIERRE Y ORDENA FISCALIZACIÓN DE AUTORIDADES


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

06/02/2022
Corte Suprema acusa a Pascua Lama de incumplir el plan de cierre y ordena fiscalización de autoridades
La máxima instancia judicial señala que la empresa ha ejecutado obras «incompatibles con el plan de cierre», por ello dispuso una coordinación entre la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Geología y Minería, para supervisar el cumplimiento efectivo del proceso.
Fuente: La Tercera
Parecía que tras ordenarse la clausura de las operaciones y la ejecución de un plan de cierre de Pascua Lama, emblemático proyecto binacional de explotación aurífera ligado a Barrick Gold, no habría más novedades en el caso. Sin embargo, esta jornada la Corte Suprema emitió una resolución en que acusa a la compañía de no cumplir con el mentado plan e incluso, mantener actividades.

La resolución, emitida por la Tercera Sala del máximo tribunal, está firmada por el ministro Sergio Muñoz, además de las ministras Ángela Vivanco y Adelita Ravanales. Esta da cuenta de un recurso de protección interpuesto por Edith Ardiles y Abdón Escobar, en que detalla la presencia de actividades de sondaje en la zona de naciente de las aguas.

El documento establece que pese al fallo del Primer Tribunal Ambiental -de septiembre de 2020- el que ordenó el cierre de las actividades del proyecto de Pascua Lama, esta “ha incumplido la sanción de clausura a la que se encuentra obligada, ejecutando obras incompatibles con el plan de cierre aprobado por la autoridad”.

Por ello, la resolución en su punto 10 ordena “a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Servicio Nacional de Geología y Minería actuar coordinadamente supervisando el cierre efectivo del proyecto como fuere ordenado en la resolución de clausura del mismo iniciándose un procedimiento de fiscalización activo”, incluso, con la facultad de disponer “la apertura de un sumario administrativo, si correspondiese”.

Corte Suprema acusa a Pascua Lama de incumplir el plan de cierre y ordena fiscalización de autoridades

Chile

Deberán fiscalizar que Pascua Lama cumpla con plan de cierre tras pronunciamiento de la Corte Suprema


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

07/02/2022
Deberán fiscalizar que Pascua Lama cumpla con plan de cierre tras pronunciamiento de la Corte Suprema
Una vez más la minera Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, da que hablar en tribunales. Esta vez fue la Corte Suprema la que puso en la palestra a la empresa emplazada en la región de Atacama, acusándola de mantener actividades pese a que su clausura se ordenó hace más de un año y que estas serían incompatibles con su plan de cierre.

Por Juan Contreras Jara
Luego del pronunciamiento de la Corte Suprema, será la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) los organismos encargados de fiscalizar que la empresa minera realmente cumpla con lo mandatado tras su clausura definitiva. Es decir, se deberá destinar recursos y personal para obligar que Pascua Lama realmente cierre sus faenas, como si el fallo del 1er Tribunal Ambiental que clausuró la minera de Barrick Gold en septiembre de 2021 no fuera suficiente.

Según consignó La Tercera, el pronunciamiento del máximo tribunal del país se dio a raíz de las denuncias realizadas por la comunidad, de sondajes ilegales, que consistían en diferentes estudios por parte de Pascua Lama en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, aún cuando se encontraba clausurada.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, las comunidades del Alto del Carmen, en la provincia del Huasco, denunciaron nuevamente a Pascua Lama, esta vez por la inminente contaminación del río Estrecho producto de las faenas de su plan de cierre, que contemplarían descargas de agua sin tratamiento a dicho río.


Este es uno de muchos litigios protagonizado por Pascua Lama durante los 20 años que lleva intentando concretar su proyecto minero en la región de Atacama. Después de más de un año del veredicto del 1er Tribunal Ambiental que ordenó una multa de $7 mil millones y su clausura, esta aún no se concreta y al contrario, Pascua Lama estaría infringiendo su mismo plan de cierre.

Debido al incumplimiento legal por parte de Pascua Lama, la Corte Suprema ordenó tanto a la SMA como al Sernageomin, » actuar coordinadamente supervisando el cierre efectivo del proyecto, como fuera ordenado en la resolución de clausura del mismo, iniciándose un proceso de fiscalización activo, disponiéndose la apertura de un sumario administrativo si correspondiese».
https://resumen.cl/articulos/deberan-fiscalizar-que-pascua-lama-cumpla-con-plan-de-cierre-tras-acusacion-de-la-corte-suprema-de-no-respetar-plan-de-cierre

Chile

Alcalde reclama ante el Tribunal Ambiental contra minera Vizcachitas


Conflicto Relacionado: Vizcachita-Putaendo-Andes copper

El Mostrador 04/02/2022
La primera autoridad comunal de Putaendo se amparó en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que los municipios deben velar por el medio ambiente.

Cumpliendo con el compromiso de defender los ecosistemas cordilleranos y el patrimonio natural de Putaendo, el alcalde Mauricio Quiroz presentó un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental, con el objetivo de anular una resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que pretende impedir que el municipio siga alegando en materias ambientales.

La acción surge luego que el SEA rechazara el recurso de invalidación que el municipio había presentado en contra de la aprobación del proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”. Una iniciativa que la Comisión Regional de Evaluación Ambiental aprobó en abril de 2021, provocando indignación generalizada en la comunidad putaendina.

Dado lo anterior, el alcalde de Putaendo, manifestó: “Vamos a demostrar que el proyecto de sondajes mineros no debió ser aprobado por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, porque omitió información relevante sobre la enorme biodiversidad que presenta la zona que se va a intervenir”.
Protección

El argumento del Servicio de Evaluación Ambiental se sustenta en que los municipios no pueden ser parte de causas medio ambientales, pero el alcalde Quiroz insiste en que aquello es totalmente ilegal.

“Según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (18.695), los municipios tienen como función ‘la protección del medio ambiente’. Lo anterior ha sido ratificado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia al establecer que resulta incuestionable que los municipios tienen la calidad de interesados en los procedimientos ambientales y, en consecuencia, están en el derecho de ejercer las acciones pertinentes en los casos y formas que señala la jurisprudencia ambiental. Por lo tanto, la municipalidad de Putaendo está ejerciendo su legítimo derecho de defender el territorio ante un proyecto que resulta dañino para la comuna, razón por lo cual estamos recurriendo al Tribunal Ambiental para que ratifique nuestra calidad de interesados en esta materia”, declaró la autoridad comunal.

Por su parte, Salvador Donghi, biólogo y director de Simbiosis Bioconsultora, que asesora al municipio de Putaendo en aspectos medioambientales, explicó que “el recurso que presenta la municipalidad de Putaendo ante el tribunal ambiental tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho, por cuanto los municipios tienen la facultad de alegar y hacerse parte de las causas ambientales, específicamente contra este proyecto minero que, a través del municipio y por parte de la comunidad, es fuertemente resistido porque va en contra de los ejes de desarrollo estratégico que tiene la comuna en cuanto al cuidado ambiental y el desarrollo de sus ciudadanos”.
Amenaza

El proyecto de la Compañía Minera Vizcachitas Holding, que es parte de la empresa canadiense Andes Copper, pretende realizar hasta 350 sondajes en la cuenca del Río Rocín, principal fuente de agua de Putaendo, comuna que lleva más de una década en situación de sequía.

Por esto, es una amenaza directa para la riqueza de flora y fauna que existe en el último valle sin presencia de gran minería en la zona centro norte del país, según los denunciantes.

“Tenemos la convicción que este es un proyecto que la gran mayoría de la población de Putaendo y Aconcagua rechaza porque no se inscribe en la línea de desarrollo sostenible que nosotros hemos definido hace mucho tiempo atrás en base a la agricultura, en base al turismo, en base al patrimonio y al comercio”, agregó el alcalde Mauricio Quiroz, quien junto a la totalidad del Concejo Municipal de Putaendo, ha decidido recurrir a los tribunales para defender a la comuna de estos grandes proyectos mineros.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/02/04/alcalde-reclama-ante-el-tribunal-ambiental-contra-minera-vizcachitas/

Perú

Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa Confirma Sentencia que absolvió a 10 agricultores del Valle del Tambo, Región de Arequipa

Después de casi 7 años de injusto proceso penal

Lima 03/02/2022
Aunque también confirma, de manera contradictoria e inexplicable, la condena de dos agricultores.

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa, el día de ayer confirmó la Sentencia expedida por el Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa leyó, por la cual, en uno de sus extremos, se absuelve a 10 agricultores del Valle del Tambo (distrito de Cocachacra, provincial de Islay, Región Arequipa) y 1 abogado; injustamente acusados por la Fiscalía de la comisión de delitos de asociación ilícita para delinquir, extorsión, disturbios, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, motín y conspiración para motín (Expediente No. 2545-2015); cuando en realidad sólo estaban ejerciendo, en forma legítima, su derecho fundamental a la protesta social durante el paro provincial realizado entre marzo y mayo de 2015, en rechazo a la decisión estatal de autorizar el desarrollo del Proyecto Minero Tía María.

En efecto, la antes referida Sala de Apelaciones confirma la sentencia de primera instancia cuando ésta señala que oponerse a la realización de un Proyecto minero no es un acto delictivo en sí mismo, citando la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 2 de junio de 2020 (STC 0009-2018-PI/TC) y recogiendo los argumentos de la defensa a cargo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ.; precisándose, además que el derechos a la protesta social es un derecho fundamental con el que cuenta toda persona para oponerse a una decisión de cualquier instancia de gobierno con la que no se esté de acuerdo.

Al respecto, es importante recordar que, entre el 23 de marzo de 2015 y 24 de mayo de 2015, los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, desarrollaron una serie de manifestaciones públicas en contra la decisión estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero denominado Tía María, que consideraban que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas, así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado. Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo NO al Proyecto minero y SI a la agricultura.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa denunciaron, falsamente, la comisión de diversos delitos por parte de los agricultores, que no hacían otra cosa que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social.

Este proceso judicial se ha vuelto emblemático por la firme decisión de los agricultores del Valle del Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú y una de las primeras en Latinoamérica en la que la población, que en forma abrumadora se opuso al desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en desarrollar el Proyecto Minero Tía María.

En el desarrollo de este proceso, el Ministerio Público acusó a los agricultores de formar una asociación ilícita para delinquir, a través del denominado Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo. Al respecto, la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones confirmó, igualmente, la sentencia de primera instancia cuando en ella se sostiene que, si bien se había acreditado que existo una organización para oponerse a la realización del proyecto minero antes referido, ello no es un hecho ilícito en sí mismo, en tanto, además no se había acreditado dicha organización tuviese fines ilícitos o delictivos (punto 4.7 de la Sentencia).

El pronunciamiento de la Sala Penal de Apelaciones en este proceso se hizo necesario porque tanto la Fiscalía como la Procuraduría Pública apelaron la sentencia de primera instancia en su extremo absolutorio, argumentando que el Juzgado Colegiado había incurrido en la vulneración del debido proceso porque no motivó, debidamente, el sentido de su absolución por los delitos de extorsión, disturbios, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, motín y conspiración para motín, a lo antes citados 10 de los agricultores 1 abogado.

Al respecto de dichas apelaciones, la Primera Sala Penal de Apelaciones señaló, en el punto 3.15 de su sentencia que para ésta “… no se aprecia falta de motivación interna por una incoherencia narrativa en los fundamentos desarrollados …” por el Juzgado Colegiado (primera instancia).

Agrega en el punto 3.20 de la misma sentencia que las apelaciones “… se sostienen en afirmaciones genéricas sin una mínima mención a los medios de prueba que sustenten su posición …”. Siendo así concluye en el sentido de que “… al no haberse enervado las razones justificativas de la decisión absolutoria, debe declarase infundado el recurso de apelación y confirmar la sentencia absolutoria …”.

Por otro lado, debemos mencionar que esta misma Sala de Apelaciones, en forma contradictoria a sus argumentos de confirmación de las absoluciones, inexplicablemente, condenó a otros dos agricultores, Jesús Mariano Cornejo Reynoso y Jaime Trinidad De La Cruz Gallegos, a pesar que durante el desarrollo del juicio oral y en las Audiencias de Apelación no se acreditó, con prueba alguna, la responsabilidad penal de los mismos en los delitos disturbios, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y motín.

En relación a ello, si bien la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, que en este proceso judicial asumió la defensa legal de 5 de los agricultores absueltos; expresa su satisfacción por esta decisión judicial de absolución, también, al mismo tiempo, expresa su enérgico rechazo por la injusta y contradictoria condena a los dos agricultores arriba mencionados, con la confianza de que su caso sea revisado en Casación y absueltos por la Corte Suprema de Justicia de la República.

Finalmente, desde FEDEPAZ, deseamos precisar que en este innecesariamente dilatado proceso penal, se evidencia que todos fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves en el contexto de una condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar sin razón ni prueba alguna a todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando; situación que urge cambiar en ejecución de una política gubernamental que considere acciones y normas que protejan la libertad e integridad de los defensores de derechos humanos (los agricultores del Valle del tambo lo son), como la urgente aprobación de una ley de debida diligencia empresarial, la implementación del Mecanismo Intersectorial de protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, etc.
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Chile

Mineras de Chile rechazan eventual norma constitucional para nacionalizar industria del cobre

02/02/2022
Crédito: Codelco.
Las mineras que operan en Chile mostraron “extrema preocupación” por una propuesta para nacionalizar la vital industria del cobre, como parte de la discusión de una nueva Constitución en el país.

Más temprano, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó una norma “por la Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir”.

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería -que agrupa a las empresas del sector-, dijo en un comunicado que la decisión no pondera el impacto que tendría una medida de esa naturaleza.

“Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger”, afirmó.

“Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía en un contexto de globalización, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses”, agregó.

Miembros de la Convención Constitucional han señalado que las aprobaciones iniciales de las comisiones podrían sufrir ajustes, adiciones o incluso podrían suprimirse por lo que no representan el resultado que tendrá el texto final.

Los debates sobre el contenido de la nueva Constitución, que busca reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, iniciarán el 15 de febrero.

Las eventuales decisiones del organismo, dominado por independientes y partidarios de izquierda, han generado incertidumbres en diversos sectores.

La industria minera ha llamado a conservar la certeza jurídica que ha distinguido al mayor productor mundial de cobre y segundo mayor de litio para evitar impactos en las cuantiosas inversiones que requiere el sector para los próximos años.
Fuente: Reuters

Mineras de Chile rechazan eventual norma constitucional para nacionalizar industria del cobre

Litio, Mexico

Propiedad del litio evitará disputas con potencias extranjeras: gobierno

Alfonso Ruiz Sánchez
01/02/2022
Foto: Especial
Luego de que la Cofece autorizó la venta de una mina con litio en Sonora a una empresa china, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su gobierno busca que el mineral sea propiedad estatal y así evitar confrontaciones con potencias extranjeras.

En su conferencia de prensa matutina, destacó que Estados Unidos ya “reclamó” por la venta de la concesión, pues tiene diferencias “comerciales” con China.

Recalcó que el litio es un mineral estratégico, por lo que si se entrega a “potencias extranjeras” llevaría al país a meterse en “guerras comerciales”.

Subrayó que la propuesta de reforma eléctrica busca que el mineral sea propiedad del estado, por lo que indicó que no busca la confrontación con otros países, sino “defender lo nuestro y ser autónomos”.

Criticó que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tenga “más poder” que el ejecutivo y pueda “entregar bienes estratégicos a extranjeros”.

El mandatario aseguró que el gobierno de Estados Unidos ha sido muy respetuoso con su gobierno y existe un diálogo sobre la reforma eléctrica, la cual también busca dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado.
https://www.angulo7.com.mx/2022/02/01/propiedad-del-litio-evitara-disputas-con-potencias-gobierno/

Chile

Chile: resistirse a convivir con desechos mineros

Las protestas de hace unas semanas contra el tranque de relaves El Mauro, uno de los más grandes de América Latina, volvieron a llamar la atención sobre el problema de los desechos mineros en Chile.

Los Pelambres Bergwerk Chile Damm El Mauro
La vía de acceso al tranque de relaves de El Mauro, en Chile fue, hace un par de semanas, el escenario de protestas de los habitantes de la comunidad de Caimanes, ubicada a 12 kilómetros.

Las particularidades de El Mauro han puesto al tranque en el punto de mira desde su puesta en marcha, hace casi dos décadas. “El muro de este relave mide más de 200 metros de altura, es del tamaño del edificio más alto de Latinoamérica. Su ancho es de aproximadamente 10 kilómetros”, dijo a DW Raimundo Gómez, director de la Fundación Relaves de Chile, que analiza la situación de los desechos mineros, que contienen grandes cantidades de metales pesados como plomo, arsénico y mercurio, entre otros.

Por ese motivo, organizaciones de la sociedad civil alertan sobre los peligros que puede acarrear. “Si estos relaves afectaran cursos de agua o llegaran a zonas habitadas, el daño podría ser irreversible, y, de hecho, las comunidades denuncian que este es el caso”, explicó a DW Gitte Cullmann, Directora de la Oficina Regional para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, cercana a Los Verdes de Alemania. Además, “en caso de colapsar, los habitantes tendrían menos de cinco minutos para escapar”, agregó, por su parte, Gómez.

A los riesgos medioambientales se agrega un aspecto cultural. “Cuando se construyó, se habló de la destrucción arqueológica más grande en la historia de Chile, ya que se sepultaron bajo lodo tóxico más de 1.500 hectáreas con petroglifos y riqueza arqueológica de alto valor”, recordó el experto chileno.


Infografik – Tranque de relaves El Mauro – ES
Un conflicto con largo recorrido

Ambos factores, entre otros, motivaron a la comunidad a llevar el caso a los tribunales. “La comunidad de Caimanes ha llevado a cabo un sinnúmero de batallas judiciales contra esta minera (Los Pelambres), hasta el punto de que hubo tribunales de justicia que dieron la orden de demolición del tranque. Sin embargo, gracias a las estrategias legales de la minera, posteriormente otro tribunal desestimó esa orden”, lamentó el director de la Fundación Relaves.

Eso forzó a ambas partes a entenderse. No obstante, “los movimientos territoriales acusan a la minera de haber dejado de asistir a las mesas de diálogo, donde se estaban discutiendo las medidas de compensación hacia las comunidades por los daños que han sufrido por El Mauro”, puntualizó Cullmann.

“La minera solamente se hizo cargo de la gente que había demandado, y no de la comunidad en general, como lo debería haber hecho con respecto a la conciliación que hubo en la Corte Suprema. Eso gatilló las protestas nuevamente, pero estas se vienen dando desde hace años, y no solo por ese episodio”, dijo Cristián Flores, vocero de la comunidad de Caimanes, en entrevista con DW.
Chile | Proteste in Caimanes


Corte de los accesos en enero. El vocero de la comunidad no descarta nuevas acciones si la empresa minera se queda «solamente con buenas intenciones».

“De partida nos cortaron el río. El agua que está pasando es minoritaria y contaminada porque el tranque está sobre el lecho del río, y en el aire apareció el polvo en suspensión en la comunidad con mayor o menor frecuencia”, subrayó el vocero, lamentando que “todo eso ha gatillado a un desencanto con la minera, con procesos de malos acuerdos y acuerdos incumplidos anteriormente”.

Fuentes de la Minera Los Pelambres indicaron a solicitud de DW que la compañía está construyendo una planta desalinazadora, la cual, además de permitir adaptarse al cambio climático, incorporará agua no continental a los procesos mineros, “de modo que al año 2025 Minera Los Pelambres ya no emplee agua del Río Choapa para sus procesos productivos”.

Igualmente, recordaron que “los procesos judiciales se encuentran cerrados” y que la compañía asumió una serie de compromisos, entre los que se encuentran medidas de compensación y mitigación de los impactos de la construcción del tranque El Mauro, entre ellas, el registro y rescate de petroglifos que se encontraban dispersos en los distintos sectores del Mauro, y la inversión de 1.100 millones de pesos en la comunidad local para el desarrollo de 75 proyectos».

Asimismo, confirmaron la seguridad del tranque, “capaz de soportar terremotos mayores, al máximo esperable en la zona”, y se mostraron con disposición a “renovar compromisos”. “En el caso de Caimanes, los acuerdos alcanzados con la comunidad poseen un sistema de mutua verificación a través de las Comisiones de Seguimiento y el Comité de Desarrollo, en donde la comunidad ha escogido y designado a sus participantes”, pormenorizó.

No obstante, Cristián Flores criticó que, a pesar de que se han reanudado las conversaciones, que terminaron con las últimas movilizaciones que se llevaron a cabo durante dos semanas, “aquí no hay nada amarrado, solamente buenas intenciones, así que esto se puede retomar. Hay varios puntos sobre la mesa que no sabemos si la minera va a cumplir o no, como la erradicación voluntaria de la gente de la comunidad”, consideró.
Infografik – Relaves en Chile

“Por una tonelada de cobre, se generan al menos 150 toneladas de relaves”, recalca Gómez, recordando que “solo en 2020 se generaron más de 600 millones toneladas de relaves en Chile”.

El problema de los relaves

Según datos facilitados por el departamento de prensa del Ministerio de Minería de Chile, actualmente existen 757 relaves, de los cuales 117 están activos.

“La mayoría de la gran minería se desarrolla en el desierto o altiplano nortino, porque allí se hace más fácil la exploración y explotación, debido a que muchas de esas zonas se encuentran despobladas o tienen baja densidad de población”, explicó Gómez.

“Existen otros casos emblemáticos de un mal manejo, como los relaves de minera Choquelimpie en la Reserva Nacional Protegida Las Vicuñas, o los relaves de Cerro Chuño, que se importaron desde Suecia en los años 80, durante la dictadura, y que fueron depositados en la ciudad de Arica”, detalló el experto chileno, criticando que “no existe una ley ni regulación en Chile que se haga cargo de los cientos de relaves abandonados”.

“Conforme al último catastro del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), de agosto de 2020, existen 173 relaves en situación de abandono”, informaron a DW fuentes del departamento de prensa de Minería de Chile, agregando que para hacer frente a la problemática que estos suponen, se han desarrollado una serie de iniciativas, entre ellas el programa “Adopta un relave”. Recogida en el Plan Nacional de Depósitos de Relaves (PNDR), la medida “tiene como objetivo utilizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como herramienta para remover y trasladar los relaves en situación de abandono y utilizarlos como medida de compensación de emisiones”, se indicó en el Ministerio de Minería chileno. De este modo, apuntaron que “dos empresas ya se han comprometido a remover y trasladar a un depósito autorizado 2 de los 102 relaves en situación de abandono que representan un mayor riesgo para la población”.

Aunque los relaves abandonados son los más problemáticos, Gómez también criticó la gestión que se está llevando con los relaves activos, ya que “tampoco hay fiscalización, ni un monitoreo real de parte del Estado”.

En este sentido, el Ministerio de Minería avanzó que se prevé modificar próximamente el decreto que regula la aprobación de proyectos de depósitos de relaves y se “exigirá a las empresas monitorear sus relaves de forma remota y en tiempo real”.
https://www.dw.com/es/chile-resistirse-a-convivir-con-desechos-mineros/a-60615624

Litio, Mexico

Una empresa estatal explotará el litio, anuncia López Obrador

Laura Poy y Fabiola Martínez
02/02/2022
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se creará una empresa de la nación para la explotación del litio. Agregó que “no queremos además, ser territorio de conflicto entre potencias ni Rusia ni China ni Estados Unidos. México, nuestra soberanía. No es nada más que se tiene una concesión de minería y de repente se hace una operación en el extranjero, y ya el litio mexicano pasa a formar parte de los inventarios de una empresa o un gobierno extranjero”.

Tras señalar que la empresa china Ganfeng Lithium no podrá explotar el litio en Bacanora, Sonora, afirmó que ese mineral es de la nación. “El litio, para que se entienda bien, es de la nación, no es ni siquiera del gobierno ni del Estado, el litio es del pueblo y de la nación mexicana”.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario afirmó que el caso amerita una investigación a quienes en diciembre pasado aprobararon en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) una concesión a dicha empresa.

López Obrador se refirió a la Cofece como uno “de estos supuestos organismos autónomos, que fueron un andamiaje que crearon para nulificar al gobierno, para que si llegaba un gobierno nuevo, del pueblo, no pudiese tomar decisiones, porque el neoliberalismo significa atar a los gobernantes y tener a gerentes, a empleados”.

Recordó que cuando se entregaron esas concesiones “no era litio, era para la explotacion de minerales, y el litio es otra cosa. Es un mineral estratégico, es de la nacion, no es como el oro o la plata, no es como el cobre, es otra cosa. Tiene que ver más con un recurso de la nación, estratégico, como el petróleo. La concesion para el litio es especial, y ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos”.

López Obrador informó que la próxima semana acudirá a Sonora para realizar un recorrido por diferentes localidades, incluido Guaymas, Ciudad Obregón y comunidades de la sierra, donde abordará temas de seguridad y aplicación de los programas sociales.
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/02/02/politica/se-creara-una-empresa-de-la-nacion-para-explotar-litio-amlo/