Panamá

Minería vs. Medio ambiente: el debate que divide a Panamá

Laura Cedeño 17/06/2025
En los últimos años, Panamá se ha convertido en el epicentro de una batalla entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Esta lucha ha alcanzado su punto más álgido con el debate en torno a la mina Cobre Panamá, una de las más grandes de Centroamérica. Mientras algunos defienden el empleo y la inversión extranjera que genera, otros alertan sobre los daños irreversibles al medio ambiente y la vida silvestre. He leído y me he informado con opiniones de personas de ambos lados y he llegado a una conclusión clara: necesitamos pensar en el futuro, no solo en el presente.

“Aquí antes había jaguares, tucanes y ríos cristalinos. Ahora es ruido, polvo y desmonte”, dijo don Efraín González, un agricultor de 63 años que vive cerca de Donoso, en la provincia de Colón. Don Efraín ha visto cómo, en cuestión de años, el bosque que rodeaba su comunidad fue talado para abrir paso a caminos, maquinaria pesada y campamentos mineros. Él, como muchos otros, se siente abandonado por un sistema que promete desarrollo, pero deja a su paso un ecosistema deteriorado.

Según un informe de la Sociedad Audubon de Panamá, la mina ha afectado más de 13,000 hectáreas de bosque tropical, hábitat de especies vulnerables como el mono araña de Geoffroy y el águila harpía. “Una vez que se pierde ese hábitat, no hay forma sencilla de restaurarlo”, señaló la bióloga ambiental María del Carmen Núñez, quien ha investigado el impacto ecológico de la minería en la región.

Pero no todos piensan igual. Andrés Rodríguez, ingeniero ambiental que trabaja para una subcontratista de la mina: “No podemos ignorar que esta operación genera miles de empleos directos e indirectos. Además, se aplican medidas de mitigación y reforestación”, explicó. Andrés no niega que haya impactos, pero asegura que el proyecto sigue estándares internacionales y que, sin la mina, muchas familias se quedarían sin sustento.

Y ahí está la gran contradicción: el desarrollo económico depende de explotar los recursos naturales, pero hacerlo sin control pone en riesgo la biodiversidad y la salud ambiental del país. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar naturaleza por dinero?

Personalmente, me cuesta aceptar que en pleno siglo XXI, cuando el cambio climático ya nos golpea con más fuerza cada año, sigamos apostando por modelos económicos que priorizan lo extractivo sobre lo sostenible. Me pregunto si esos empleos que hoy se defienden valdrán lo mismo cuando los suelos ya no produzcan, cuando el agua esté contaminada o cuando la fauna desaparezca de nuestras selvas.

También me impactó escuchar entrevistas a jóvenes de la Universidad de Panamá, quienes han participado en protestas contra la minería. “No estamos en contra del progreso, estamos en contra de la destrucción disfrazada de desarrollo”, dijo Laura Caballero, estudiante de Biología. Como ella, cientos de jóvenes han salido a las calles con pancartas, consignas y propuestas para un Panamá más verde y justo.

Es evidente que necesitamos repensar nuestro modelo de crecimiento. Panamá tiene el potencial de apostar por energías renovables, ecoturismo, agricultura orgánica y educación ambiental. Pero mientras sigamos el camino fácil de la explotación minera, estaremos hipotecando el futuro de las próximas generaciones.

Lo que más me duele no es solo la tala de árboles o el desplazamiento de animales. Es esa sensación de que nos estamos alejando de nuestra identidad natural, de la conexión con la tierra, con los ríos, con las montañas. Esa desconexión nos vuelve insensibles, nos hace pensar que lo que le pasa al bosque no nos afecta. Pero sí nos afecta. Nos afecta en el agua que bebemos, en el aire que respiramos, en la estabilidad del clima.

No estoy en contra de que las personas tengan trabajo. Lo que propongo es que el país promueva empleos que no destruyan el entorno, sino que lo protejan y lo regeneren. La minería puede dar ingresos rápidos, pero la naturaleza es la que nos sostiene a largo plazo.

Panamá está en una encrucijada. Podemos seguir dividiéndonos entre los que quieren conservar y los que quieren explotar. O podemos unirnos para buscar un modelo que integre ambas necesidades: desarrollo con justicia ambiental.

El debate está abierto, pero el tiempo corre. Y la naturaleza no espera. No necesitamos volver a una protesta masiva donde muchas personas fueron afectadas, solo debemos aprender a ser más empáticos y concientizar que no es solo velar por nosotros, sino también el país donde vivimos.
La autora es Estudiante de Periodismo
https://upinforma.com/nuevo/info.php?cat=opinion&id=2071

Colombia

Protesta minera: once campesinos de Jericó enfrentarán procesos penales en libertad

Charlyn García Vélez 17/06/2025
@Charlyngarcia7
Estas personas están siendo procesadas por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales.
Tras la audiencia que se realizó este lunes, un juez decidió dejar en libertad a los 11 campesinos del municipio de Jericó, Suroeste antioqueño que afrontan el proceso por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales.

Según explicó la abogada de los 11 campesinos, Claudia Serna, en esta audiencia la fiscal del caso se encontraba solicitando la medida de aseguramiento, pero lograron comprobar que no era necesaria esta medida e indicaron que estás personas no representan un peligro para la sociedad.

«Este proceso no ha terminado, estamos culminando las audiencias preliminares, las que tienen que ver con la medida de aseguramiento, pero este proceso continúa. estamos atentos a que nos hagan la citación para una audiencia de acusación para continuar con el proceso. Estamos contentos que se continúe el proceso en su presunción de inocencia y en libertad», dijo Claudia Serna.

Además, argumentó que, el juez promiscuo del municipio de Jericó decidió imponerles medida de aseguramiento no privativa de la libertad y deberán cumplir con algunos compromisos como no salir del país y presentarse a cualquier requerimiento.

La abogada defensora aseguró que en próximos días comenzará la etapa de acusación.

Cabe resaltar que los campesinos de este municipio del Suroeste antioqueño llevan más de 15 años oponiéndose a la minería ilegal, pero los hechos por los que hoy enfrentan este proceso judicial se presentaron entre mayo de 2022 y diciembre de 2023, cuando los habitantes del corregimiento de Palocabildo protestaron por la presencia de la multinacional AngloGold Ashanti.

Este caso ha generado posiciones dividas en el país., pues diferentes líderes políticos se han pronunciado al respecto, entre ellos el presidente Gustavo Petro, quien afirmó que, «El campesinado de Jericó da una lección a toda Colombia. Mi gobierno buscara la manera de apoyarlos en todo lo que podamos”.
Fuente Sistema Integrado de Información
https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/protesta-minera-once-campesinos-de-jerico-antioquia-enfrentaran-procesos-penales

Chile

Vecinos de El Molle buscan revertir aprobación de proyecto minero

19/06/2025
La comunidad alega que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental declaró inadmisible su solicitud de invalidación.

La Junta de Vecinos el Molle, en la Región de Coquimbo, presentó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental para revertir la aprobación ambiental del proyecto Minero Arqueros, impulsado por la Compañía Minera Arqueros S.A., filial de la empresa japonesa Nittetsu Mining Co.
La comunidad alega que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declaró inadmisible su solicitud de invalidación, basándose en que no habría existido un tiempo suficiente para resolverla, pese a que fue presentada dentro del plazo que establece la normativa. Plantean que la interpretación del SEA contraviene tanto el Acuerdo de Escazú como la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Sostienen que su solicitud de invalidación se fundó en diversos vicios en la evaluación de impacto ambiental del proyecto, en particular respecto de la fundamentación de la localización del proyecto y de su línea de transmisión (LTE), destacando que ésta última se ubica en sectores con bosques que contienen especies en estado de conservación, donde se alterará su hábitat y se producirá la eventual perdida de ejemplares de fauna de alta y baja movilidad.

Afirman que esto lo reafirma el que dicho proyecto haya ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental mediante un estudio justamente por la afectación significativa de la flora. Añaden que en la localidad de El Molle se identificaron seis cementerios indígenas de la cultura Molle, uno de los cuales se ubica al lado de la torre 13 de la línea de transmisión.

Asimismo, argumentan que se descartaron efectos sobre el valor ambiental del territorio de forma incorrecta, centrando el análisis sólo en el recurso hídrico, excluyendo la afectación de los servicios ecosistemas que presta éste para la comunidad. Plantean que el trazado de la LTE afectará la diversidad biológica.

Adicionalmente, aseveran que parte del proyecto se emplaza en una zona de interés turístico, pese a lo cual la autoridad descartó afectación significativa sobre el valor paisajístico y turístico. Afirman que en la localidad existen diversos hoteles y prestadores de servicios como excursiones y cabalgatas, entre otras, debido al paisaje intacto y sin líneas de alta tensión característico del lugar, reafirmando con esto que la LTE afectará el valor paisajístico asociado a la visibilidad panorámica del lugar.

Finalmente, la Junta de Vecinos alega que el SEA omitió un pronunciamiento respecto a la existencia de modificaciones sustantivas durante la evaluación de impacto ambiental, que habrían hecho procedente la apertura de un segundo periodo de participación ciudadana sobre la base de una supuesta infracción al principio de congruencia. Al respecto, indican que dicha interpretación es contraria con lo previsto en la legislación, que faculta a la autoridad para invalidar de oficio sus actos contrarios a derecho.

Finalmente, la Junta de Vecinos solicita se declaren nulas las resoluciones reclamadas y se ordene retrotraer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, para que el titular ingrese un Estudio de Impacto Ambiental ajustado a la normativa vigente o, en su defecto, lo que el tribunal estime procedente.

El proyecto
El Proyecto Minero Arqueros consiste en la extracción y procesamiento de mineral de cobre mediante la operación de una mina subterránea, la construcción de una planta concentradora y un depósito de relaves, además de diversas obras complementarias necesarias para su funcionamiento, como sistemas de suministro de agua, energía y acceso vial. Sus principales componentes se agrupan en cuatro áreas: mina, planta concentradora, depósito de relaves y obras de apoyo que incluyen impulsión de agua, líneas y subestaciones eléctricas, y caminos.

La iniciativa contempla una vida útil de 21 años y una inversión de 200 millones de dólares.

Los siguientes pasos
Con la admisión a trámite se da inicio al proceso judicial de reclamación, dentro del cual el SEA deberá emitir un informe con los fundamentos que tuvo para declarar inadmisible la solicitud de invalidación de los reclamantes.
https://www.mch.cl/negocios-industria/vecinos-de-el-molle-buscan-revertir-aprobacion-de-proyecto-minero/

Mexico

La minería en Canadá no es un ejemplo para seguir, Equinox Gold debe cumplir en México

Comunicado
remamx 19/06/2025
En la conferencia matutina del martes 16 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a una pregunta del periodista Zósimo Camacho sobre la devastación provocada por la empresa minera canadiense Equinox Gold en el ejido de Carrizalillo, Guerrero, tras casi 20 años de operación de la mina de oro Los Filos.

Durante la conferencia, el periodista señaló que la empresa no ha presentado su programa de cierre y remediación de las tierras del Ejido. Además, expuso que Equinox Gold, de forma unilateral, declaró la suspensión indefinida de las actividades en Los Filos el 1° de abril, luego de fracasar en su intento por imponer recortes drásticos en los convenios de ocupación de tierras y de cooperación social con la comunidad.

Frente a esto, la presidenta respondió [1]:

“Tienen que remediar […] la empresa tiene que cumplir, es lo que siempre dijimos; si cumplen en Canadá ¿por qué no van a cumplir en México?”

A partir de su respuesta, desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) consideramos fundamental compartir información clave para desmentir la falsa idea de que la minería opera con buenas prácticas en Canadá y, por tanto, podría hacerlo también en el nuestro. Al mismo tiempo, reconocemos que la declaración de la presidenta en torno a la remediación en Carrizalillo es un paso alentador y exhortamos a las autoridades competentes -la Presidencia de la República, SEMARNAT, PROFEPA y la Procuraduría Agraria- a utilizar todas las herramientas a su alcance para asegurar que Equinox Gold inicie inmediatamente un proceso riguroso de cierre y post-cierre, que incluya remediación ambiental y una compensación justa para la comunidad. Es imprescindible que el gobierno cumpla su deber de garantizar el derecho a la vida, la salud y el territorio.

Los argumentos de Carrizalillo hacia han sido contundentes, en el boletín que la Mesa Agraria de Carrizalillo publicó por los 60 días en paro frente a la mina de Equinox Gold, los ejidatarios afirmaron:

La empresa “está vulnerando y violando todos nuestros derechos, por lo tanto, HA PUESTO EN RIESGO LA VIDA DE NUESTRA POBLACIÓN, porque al no tener ingresos ni tierras rehabilitadas para sembrar, estamos expuestos para vivir en marginalidad, situación que luego quieren resolver entregando despensas.”

No se trata solo de pérdida económica, tierra y alimentación. El verdadero problema es que se están vulnerando derechos a la soberanía alimentaria, la economía local y la forma de vida, así como el derecho al agua, el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y el derecho a la salud, establecidos en el Artículo 4° Constitucional.

La situación de Carrizalillo no es un caso aislado ni excepcional. Contrario a la imagen que difunde la industria, en Canadá no existe tal cosa como “buena minería”, y mucho menos cuando se trata del cierre, remediación o control de contaminantes. Ni en México ni en Canadá estos procesos ocurren sin lucha: sólo la resistencia de comunidades y poblaciones ha frenado, en algunos casos, el avance destructivo del modelo extractivo.

Hay un problema estructural -y demasiado común- en asumir que, en Canadá, como supuesto país “desarrollado” o de “primer mundo” regula adecuadamente su industria minera. Lo que en realidad hace este país colonialista, racista, neoliberal y capitalista, es exportar un modelo de extracción rapaz, que ha devastado territorios indígenas y rurales, y también zonas urbanas. De oeste a este, en Canadá existen comunidades destruidas por la minería y empresas que operan con mucha impunidad.

Tal como lo documenta la investigadora Joan Kuyek en el libro Extraer Justicia– investigadora comprometida con las luchas por la justicia ambiental y la autodeterminación indígena- en Canadá existen más de 10 mil minas cerradas y abandonadas, la mayoría sin un cierre adecuado. Hoy son las comunidades, la ciudadanía y el propio Estado quienes asumen los costos de la remediación, mientras que las empresas se deslindan de su responsabilidad.

Desde REMA nos resulta clave desmentir falsas ideas de la Minería Canadiense que siguen reproduciéndose sin fundamento, tanto en México como en muchos otros lugares, confundiendo a la sociedad sobre los verdaderos riesgos y peligros del modelo extractivista minero. Precisamente por estos antecedentes de engaño, despojo e impunidad, luchamos desde los territorios para evitar que las empresas mineras logren instalarse. Es inaceptable que la industria siga sosteniendo mentiras acerca de las “buenas prácticas” para justificar su actividad sistemática de carácter destructivo. Llamamos a las autoridades a no permitir la expansión de esta industria y asumir la responsabilidad de garantizar la restitución de los derechos de los pueblos que ya han sido afectados, como Carrizalillo.

¡Inicio inmediato del Proceso de Cierre y Remediación de las Tierras de Carrizalillo con Compensación Justa para la Comunidad!

¡Alto a los Mitos de la Minería Canadiense Colonialista y Devastadora!

Red Mexicana de Afectadas/Afectados por la Minería (REMA)

[1] Ver video completo de la conferencia matutina, 16 de agosto del 2025. https://drive.google.com/file/d/1DMpqez6_Zpk6K2wG-DUEenEPQ3b5TVm4/view?usp=sharing

Ecuador

Conoce la cartilla «𝐊𝐈𝐌𝐒𝐀𝐊𝐎𝐂𝐇𝐀, 𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐚𝐦𝐞𝐧𝐚𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐞𝐫í𝐚»


Conflicto Relacionado: Quimsakocha -Azuay

A través de esta cartilla educativa, podrás conocer el páramo de Kimsakocha y la amenaza que representa el proyecto minero Loma Larga para su principal función: fuente de agua para Cuenca, Girón y San Fernando.

En sus 14 páginas, con un lenguaje amigable, podrás comprender la problemática con la ayuda de ilustraciones, mapas, fotografías, testimonios y datos bien fundamentados.

La cartilla está dividida en las siguientes secciones:

 

1) ¿Qué es Kimsakocha?

2) ¿Dónde está ubicado el proyecto minero Loma Larga?

3) ¿Cuáles son los principales impactos del proyecto Loma Larga sobre el páramo de Kimsakocha? (basado en el informe técnico de ETAPA EP).

4) ¿Cuáles son los mayores sistemas de agua en riesgo?

5) El problema del arsénico en el proyecto Loma Larga.

6) Dundee Precious Metals ya contaminó una ciudad africana.

 

Tod@s en Cuenca debemos conocer esta información.
𝘋𝘦𝘴𝘥𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘦𝘯𝘭𝘢𝘤𝘦, 𝘱𝘶𝘦𝘥𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘴𝘤𝘢𝘳𝘨𝘢𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘪𝘭𝘭𝘢 𝘦𝘯 𝘗𝘋𝘍 👉🏼 https://bit.ly/Kimsa
𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 💦

Con el respaldo del Cabildo por el Agua de Cuenca, la Junta de Agua Victoria del Portete-Tarqui, Fundación Savia Roja y Yasunidos Guapondelig.

Chile

“Dominga no tiene permiso ambiental pero la empresa usa una estrategia comunicacional que trata de confundir”, explica abogada


Conflicto Relacionado: Dominga-Andes Iron-Higuera

María del Mar Parra 14/06/2025
¿Tiene luz verde el proyecto Dominga? A la espera de sentencias de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema sobre el polémico proyecto minero, la abogada ambiental, Antonia Berríos, aclara el complejo escenario legal del caso y acusa que la empresa se aprovecha de la desinformación.
Rechazado en tres ocasiones por el Comité de Ministros, el proyecto minero portuario Dominga sigue en titulares debido a la ardua batalla judicial que lleva adelante la empresa para construir el proyecto en una de las áreas marinas más biodiversas del país y con mayor relevancia para la pesca artesanal y el turismo marino en el norte de Chile: el Archipiélago de Humboldt.

El estudio de impacto ambiental presentado por la empresa data de 2013, y fue rechazado por primera vez en 2017, tanto por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo como por el Comité de Ministros. El Primer Tribunal Ambiental ordenó retrotraer el proceso y el proyecto fue calificado favorablemente en 2021 por la COEVA, pero rechazado por el Comité de Ministros en 2023.

Ante este rechazo del Comité, un fallo del Tribunal Ambiental obligó a los ministros a votar por tercera vez el proyecto, y la instancia lo volvió a rechazar en enero de 2025. El Tribunal Ambiental volvió a reclamar sobre el tercer rechazo del Comité de Ministros, ordenando que la secretaría regional del Servicio de Evaluación Ambiental se vuelva a pronunciar sobre la decisión del Comité.

¿Luz verde a Dominga?
Se han presentado diversas reclamaciones legales contra esta última decisión del tribunal. Entre ellas, una contienda de competencias llevada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta semana, el TC declaró que el procedimiento de contienda de competencias no era el adecuado para resolver el dilema, ya que se trata más bien de una contienda de legalidad, que debe ser resuelta por la Corte de Apelaciones.

Así, está pendiente una respuesta de esta corte para conocer si la reclamación del Tribunal Ambiental es legal o no. Además, está pendiente un fallo de la Corte Suprema que, durante toda la evaluación, no se ha pronunciado sobre el fondo del caso Dominga.

Sin embargo, desde la empresa han tomado el pronunciamiento del TC como una victoria o una “luz verde” al proyecto. “El proyecto Dominga no tiene un permiso ambiental, pero la empresa usa una estrategia comunicacional que trata de confundir sobre cuál es la verdadera decisión habilitante, que tiene que venir del órgano público con competencia para hacerlo. En este caso, el Comité de Ministros”, explica la abogada de la fundación FIMA, Antonia Berríos.

Según declara, el proyecto no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental favorable y el rechazo del Comité de Ministros aún está vigente ya que no se ha impugnado su legalidad. La empresa ha difundido la calificación favorable de la COEVA en 2021 como una aprobación del proyecto, ignorando que tras ello hay un rechazo del Comité de Ministros.

Ahora, mientras se espera el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones sobre la legalidad o no de la última resolución del Tribunal Ambiental, que pide una nueva decisión sobre el proyecto, los ojos también están puestos en la Corte Suprema.

“Es importante declarar que la Corte Suprema nunca se ha pronunciado sobre el fondo del caso, y nunca ha validado la teoría de Andes Iron de que el proyecto está suficientemente evaluado”, explica Berríos. “Hasta ahora, esta corte ha sido la gran ausente en este debate judicial”, agrega.

El actuar del Primer Tribunal Ambiental, cuestionando en reiteradas ocasiones la decisión del Comité de Ministros, ha sido clasificada como ilegal y excedente de sus competencias.
https://eldesconcierto.cl/2025/06/14/dominga-no-tiene-permiso-ambiental-pero-la-empresa-usa-una-estrategia-comunicacional-que-trata-de-confundir-explica-abogada

Chile

DGA sanciona a Minera Las Cenizas por contaminar aguas en Cabildo: deberá pagar multa de $51 millones

Alberto González 12/06/2025
Comunicado de Prensa | DGA
La Dirección General de Aguas (DGA) sancionó con dos multas que suman 51,2 millones de pesos a la minera Las Cenizas por la contaminación del río Ligua y la Quebrada Chinchorro en la comuna de Cabildo, región de Valparaíso.

Según informó el organismo en un comunicado de prensa, las sanciones se emitieron un año después del derrumbe del relave en pasta de la minera.

Al respecto, se indicó que la primera multa a la Minera Las Cenizas, de 451 UTM (31 millones), corresponde a la afectación del río Ligua, mientras que la segunda, de 403 UTM (20,9 millones), es por daños en la Quebrada Chinchorro, cercana al sector de Peñablanca.

De acuerdo a la Dirección General de Aguas, en los análisis que se realizaron tras la contaminación, se confirmó la presencia de diversos compuestos contaminantes, como arsénico, plomo, cobre y cromo, entre otros.

Así también, encontraron calcio, magnesio, potasio, sodio, cloruros, sulfatos, nitritos, nitratos, hierro y molibdeno.

En ese sentido, el organismo aseguró que mantiene un monitoreo activo de la situación y trabaja en medidas correctivas para resguardar la salud pública y los recursos hídricos de la zona.

“Desde el primer día estuvimos presentes en terreno, fiscalizando y estableciendo normas transitorias para garantizar la seguridad de la población a través de obras de contención, recirculación y comunicación constante con las autoridades”, afirmó el director regional de la DGA, Camilo Mansilla.

“Hoy, con los resultados de esta fiscalización, podemos confirmar la gravedad de la afectación sobre nuestros cauces. Esta situación pone en riesgo tanto a las personas cercanas a los cuerpos de agua como los usos vitales del agua en la región”, concluyó.

Mientras, el seremi de Obras Pública, Dennys Mendoza Castillo, apuntó que “la afectación al río Ligua y la Quebrada Chinchorro no solo compromete el ecosistema, sino también la seguridad hídrica de las comunidades”.
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/06/12/dga-sanciona-a-minera-las-cenizas-por-contaminar-aguas-en-cabildo-debera-pagar-multa-de-51-millones.shtml

Chile

Revés judicial para minera Aclara: Corte Suprema revoca sentencia contra defensores ambientales


Conflicto Relacionado: Penco-Biolantanidos-Tierras Raras

11/06/2025
La Corte Suprema revocó un fallo que favorable para la minera Aclara, marcando un revés judicial para la empresa luego que la Corte de Apelaciones de Concepción aceptara un recurso de protección interpuesto contra defensores ambientales de Penco que criticaban su proyecto de tierras raras.

Por J. Arroyo Olea
Este martes se hizo pública la resolución de la Corte Suprema ante el recurso interpuesto en defensa de Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, ambos vecinos de Penco a quienes la empresa Aclara apuntó como quienes gestionarían una cuenta de redes sociales vinculada a la organización Keule Resiste y, mediante esta, se publicaran cuestionamientos al proyecto minero como también críticas a rostros visibles de la empresa.

Para esto, la empresa minera -que pretende instalar un proyecto extractivo de tierras raras en los cerros de Penco- ingresó en febrero de este año un recurso de protección contra ambos defensores ambientales, sobre el cual la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor ordenando «a los recurridos la eliminación de toda publicación de mensajes o imágenes o finalmente contenido que hayan á replicado de la página de Instagram cuenta @Keuleresiste o Facebook Keule Resiste, (…) debiendo asimismo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos como el que dio origen a la presente acción».

Sin embargo, el máximo tribunal del país le ha dado un portazo al fallo de la Corte de Concepción. En concreto, la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y, en esta línea, rechazó la acción constitucional.

Así, el fallo de la Suprema establece que considerando «los antecedentes acompañados en autos, no resulta posible tener por acreditado que los actos que se denuncian como ilegales o arbitrarios hayan sido cometidos por los recurridos, desde que en parte alguna existe referencia, mención o aparece algún elemento identificatorio de los mismos».

Esto, ante una cuestionada decisión de la Corte de Apelaciones, la cual no acreditó que los vecinos individualizados sean administradores de la página en cuestión, por lo que se interpretó como una decisión que limitaba la publicación y replicación de contenido que cuestionara al proyecto minero.

En contacto con RESUMEN, Camila Arriagada estableció como positiva la decisión de revocar el fallo «para dejar en claro que la empresa minera Aclara se equivoca y tiene malas prácticas con la comunidad de Penco al judicializar a personas con voces críticas a este proyecto minero».

De igual forma, Arriagada planteó que esta resolución «deja en evidencia el mal funcionamiento de una Corte de Apelaciones, que da un fallo sin tener pruebas, de forma arbitraria, y que claramente todo intento de censura y de acallarnos a la oposición de este proyecto no tiene lugar».
https://resumen.cl/articulos/reves-judicial-para-minera-aclara-corte-suprema-revoca-sentencia-contra-defensores-ambientales

Perú

NASCA EN DISPUTA: EXIGEN REVERTIR RECORTE A RESERVA ARQUEOLÓGICA

06/06/2025
La reciente decisión del Ministerio de Cultura de reducir en más de 2.300 km² la zona protegida de las Líneas y Geoglifos de Nasca ha generado una ola de rechazo. Aunque el gobierno asegura que la zona de los geoglifos reconocida por la Unesco no será afectada, la resolución ha despertado fuertes cuestionamientos sobre su sustento técnico y los intereses que estarían detrás de esta medida.
En su edición del 5 de junio, La Hora Verde, el programa de CooperAcción, reunió a Diana Cotaquispe (regidora de la Municipalidad Provincial de Nasca), Luis Huertas (arqueólogo y gestor cultural) y Rafael Mallco (arqueólogo), quienes coincidieron en que la reducción de la reserva es una medida apresurada, sin estudios de campo y que abre paso a la presión de grandes intereses mineros y económicos.

Diana Cotaquispe expresó la preocupación del gobierno local por la falta de información clara y la ausencia de consulta. Afirmó que la medida no responde a las necesidades urbanísticas de la provincia, sino a “presiones políticas y económicas” que han dado lugar, en pocos días, a más de 200 petitorios mineros en las zonas recién desprotegidas. “Esto no beneficia a los pequeños mineros ni al desarrollo urbano de Nasca. Son los grandes intereses los que se están imponiendo”, advirtió.

Por su parte, Luis Huertas explicó que la reserva no solo incluye los geoglifos más conocidos, sino un amplio conjunto de caminos, tambos y estructuras prehispánicas aún poco investigadas. “No todo el patrimonio es visible o monumental. Muchas de estas evidencias aún esperan ser estudiadas. Esta medida nos deja sin garantías para protegerlas”, señaló. Cuestionó además que la reducción se haya decidido “desde escritorio, sin estudios de campo y sin participación de las autoridades locales”.

Rafael Mallco fue enfático al señalar que no existe ningún informe técnico arqueológico que justifique el recorte. “No se ha hecho ningún proyecto de evaluación arqueológica que permita delimitar adecuadamente la reserva. Y lo que es más grave: el ministro cita estudios que no tienen como objetivo redefinir el área protegida, sino registrar nuevas evidencias. Está usando investigaciones ajenas para avalar una decisión política”, denunció. También alertó que esta decisión sienta un peligroso precedente para otras zonas patrimoniales del país.

Los tres invitados coincidieron en que esta resolución debe ser retirada y reevaluada con base en estudios técnicos independientes, participación local y criterios de sostenibilidad. “No estamos en contra del desarrollo, pero este no puede darse a costa de destruir el patrimonio. Nasca no puede dejar de ser un símbolo cultural para convertirse en un enclave minero”, concluyó Cotaquispe.

La Hora Verde dejó en claro que lo que está en juego no es solo una delimitación técnica, sino el futuro de un patrimonio cultural único en el mundo, cuyo valor trasciende fronteras y exige un compromiso real con su protección.

Si deseas ver el programa completo, ingresa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=_Q-VA8WWFYY&t=1s

www.cooperaccion.org.pe

Chile

Ambientalistas llevan a minera Aclara a la Corte Suprema acusando vulneración a la libertad de expresión


Conflicto Relacionado: Penco-Biolantanidos-Tierras Raras

06/06/2025
Vecinos de Penco, junto a sus abogados, apelaron ante la Corte Suprema en contra de la sentencia que acogió un recurso de protección presentado por minera Aclara, acusando censura y vulneración a la libertad de expresión. La empresa, dueña del proyecto de tierras raras que busca instalarse en Penco, los vinculó a publicaciones críticas en redes sociales, pese a no existir pruebas directas de su autoría.
J. Arroyo Olea
A fines de mayo, la Corte de Apelaciones de Concepción falló a favor de un recurso de protección interpuesto por el representante legal de REE UNO SpA -filial propiedad de la empresa minera de tierras raras Aclara Resources- contra dos vecinos de Penco, luego que la empresa los apuntara como quienes gestionaran una cuenta de redes sociales vinculada a la organización Keule Resiste y, mediante esta, se publicaran cuestionamientos al proyecto minero como también críticas a rostros visibles de la empresa.

El fallo ha sido duramente cuestionado por diversas organizaciones, como también por las partes acusadas. Esto, luego que la Corte de Concepción ordenara «a los recurridos la eliminación de toda publicación de mensajes o imágenes o finalmente contenido que hayan á replicado de la página de Instagram cuenta @Keuleresiste o Facebook Keule Resiste, (…) debiendo asimismo abstenerse, en lo sucesivo, de realizar actos como el que dio origen a la presente acción».

En la práctica, esto limitaría la publicación o replicar contenido que cuestione el proyecto minero, señalando que «si existen elementos de juicio que ponderados bajo este tipo de acción constitucional, que han permitido establecer que los ó recurridos han replicado los mensajes, publicaciones e imágenes que se á encuentran alojadas en la plataforma de la cuenta @Keuleresiste»

Aclara es llevada a la Suprema
Tras conocerse el fallo, los vecinos Arnoldo Cárcamo y Camila Arriagada apelaron a la Corte Suprema para revertir el fallo. En un punto de prensa realizado este miércoles, el hecho se dio a conocer públicamente en compañía de diversas personas, como también por su defensa jurídica.

En este contexto, Arriagada señaló que «esperamos que esta instancia revoque este fallo, y de en favor de nosotros para que no se atente a nuestros derechos de libre expresión y que pueda también corregir las incongruencias del fallo, en donde no tenemos derecho a defendernos y donde también injustamente se nos está censurando y hostigando por solo estar en oposición a este proyecto minero de larga data».

De igual forma, la exconsejera regional del Biobío y vecina de Penco enfatizó en que «esta empresa insiste en buscar recursos y figuras para poder acallarnos y para que no levantemos más las voces críticas del proyecto», caracterizando la decisión de la Corte como un fallo insólito y haciendo un llamado a que «sería prudente que se pronunciaran por los argumentos» tras no comprobarse los argumentos iniciales de la empresa.

Por su parte, en contacto con RESUMEN, Antonia Figueroa Parra, abogada representante de los vecinos, enfatizó en que estos «no tienen ninguna relación con esta cuenta de Instagram, y tampoco han hecho esas publicaciones, las cuales se les sindica como responsables, ante lo cual no se acompañó tampoco ninguna prueba que los vinculara».

En este sentido, la abogada planteó que se realizaron los alegatos y entregaron informes correspondientes para dar cuenta de esta situación, pero finalmente la Corte de Concepción «acoge el recurso de la minera sin esbozar mucha fundamentación», ordenando la eliminación de las publicaciones y, además, obliga a los vecinos involucrados a abstenerse de hacer publicaciones en línea crítica al proyecto.

Asimismo, Cristian Urrutia, también abogado representante de los vecinos, señaló que «de toda la prueba que existe, no hay prueba que pueda responsabilizar directa o indirectamente lo que se imputa a nuestros representados», quienes «son reconocidos dirigentes vecinales de la comuna de Penco, por ende consideramos que ante la falta de argumento y pruebas del recurso hay un abuso del recurso como tal e instrumentalización de las instituciones y el recurso para el objeto de silenciar la participación de dirigentes sociales en este tipo de legítimas causas contra proyectos de este estilo».

En esta línea, el abogado planteó que la oposición al proyecto de los vecinos «siempre se ha enmarcado dentro de lo que la Constitución misma garantiza, sobre la libertad de emitir opinión por cualquier forma y sin censura previa», como también de instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.

Por ende, enfatiza, «vamos a seguir adelante con la tramitación del recurso de apelación, y esperamos que ante la evidente falta de pruebas y el actuar de la minera se deje sin efecto la sentencia».
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