Santa Cruz, Bolivia, 11 junio 2014
Desde la colonia el modelo de desarrollo exportador de materias primas ha tenido como centro la minería y la expoliación de nuestros recursos naturales y nuestra fuerza de trabajo.
Las privatizaciones llevadas a cabo en nuestro continente desde la década de los 80, llevaron a ampliar las áreas concesionadas para la explotación minera e hidrocarburifera, a costa de nuestros territorios. En este sentido se firmaron convenios internacionales relacionados a la compra de acciones, pago de regalías, etc, que obligan a los estados a cumplir sus compromisos con las empresas transnacionales, para establecer climas favorables para la inversión extranjera, mediante tratados que garantizan la estabilidad jurídica.
El Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y Bios Iguana /REMA Colima informan que, a través del Lic. Benjamín Luna Alatorre, abogado del Consejo, nos fue notificada la sentencia del expediente 81/14, dictada por el Lic. Antonio Luis Betancourt Sánchez, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario de fecha 27 de mayo de 2014, en la que otorga el reconocimiento a la Asamblea del 23 de Febrero que fue celebrada por los comuneros de la Comunidad Indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, Colima. En esa Asamblea se rechaza el proyecto minero promovido por el Sr. Rigoberto Verduzco Rodríguez, así mismo se declara el territorio de Zacualpan Libre de Minería. Por lo que por primera vez en la historia de este país un Tribunal reconoce un Territorio Libre de Minería.
Una serie de violaciones a los derechos humanos que Minera Los Pelambres, del grupo Luksic y Antofagasta Minerals, ha cometido contra el pueblo de Caimanes, en el valle del Pupío, en la región de Coquimbo fueron expuestas por la Fundación Danielle Miterrand en conjunto con varias ONGs, el 23 de mayo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En los cinco años recientes, al menos otros tres dirigentes opositores a la explotación que realizan las compañías mineras fueron asesinados: Bernardo Vázquez Sánchez en Oaxaca, Ismael Solorio Urrutia en Chihuahua y Mariano Abarca Roblero en Chiapas, sin que se hayan resuelto los casos satisfactoriamente.
En el marco de la celebración del Día de la Libertad de Expresión, el XIV Ayuntamiento de La Paz que preside Esthela Ponce Beltrán decidió cortar servicios de agua y luz eléctrica, así como impedir el acceso al estacionamiento, a los manifestantes del Plantón a Favor del Agua y la Vida que celebrarían un mes de exigir a la municipalidad principie estrategias para blindar a la demarcación de la minería a cielo abierto.
Durante dos días fue velado el cuerpo de Antonio Esteban Cruz, quien fue uno de los fundadores de la Tosepan Titataniske y dirigente regional en Cuetzalan del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP–CNPA–MN). Su cadáver se situó sobre un par de tabiques, sobre los cuales se colocaron provisionalmente tres tablones de madera que fueron forrados de azul.
El viceministro de Medio Ambiente Ángel Ibarra, aplaudió la decisión del Presidente Salvador Sánchez Cerén de no permitir la explotación minera del país, que destruya los ecosistemas y contamine los ríos y mantos acuíferos de la nación, «la minería metálica, es incompatible con El Salvador de hoy», añadió el funcionario.
Sus descargas y puerto se ubican a pocos kilómetros del lugar donde se inhabilitó la conocida termoeléctrica Barrancones, que fue rechazada por el ex Presidente Sebastián Piñera.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respaldó ante la Corte Suprema a las comunidades diaguitas que denunciaron la presunta ilegalidad del permiso otorgado al proyecto minero de El Morro de la canadiense Gold Corp, que se ubicará en la zona cordillerana de la Región de Atacama.