Las leyes secundarias en materia energética que están discutiendo en este momento los senadores mexicanos han levantado múltiples cuestionamientos sobre los efectos perniciosos que las mismas tendrán en la sociedad mexicana. La Ley Minera entró en vigor en 1992 y contiene algunos artículos que ahora se han copiado para introducirlos a las leyes energéticas. Es el caso del artículo 6º de dicha ley que establece que la minería es una actividad de «utilidad pública» y por tanto tienen preferencia respecto a cualquier otra actividad.
Dicha legislación tiene tal alcance que, de aprobarse tal como quiere el gobierno de Enrique Peña Nieto, tendrían múltiples impactos negativos, según se ha observado por legisladores, representantes de organizaciones campesinas, académicos, ciudadanos y colectivos especializados como la Alianza Mexicana Contra El Fracking.