En defensa del agua pura   —   18/05/2022
Desde LRA 6 Mendoza Quino, el periodista Rodrigo Sepúlveda Reyes se refirió a la protesta encabezada por asambleístas que defienden el agua pura en la provincia ante un proyecto de zonificación impulsado por el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, que pretende exceptuar al sur de la provincia del alcance de la Ley 7722, conocida como “guardiana del agua”.

El punto de protesta fue frente al Hotel Hyatt, en la capital mendocina, donde tenía lugar el Primer Foro Metalmecánica y Minería, organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEm) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) que contaba con la presencia de Ojeda.

Por su parte, en el marco de ese encuentro, empresarios, especialistas, autoridades y público en general plantearon la necesidad de avanzar con la actividad minera en la provincia de Mendoza, prohibida desde 2007 por la Ley 7722 y smo, se enfatizó en las posibilidades concretas de generar trabajo y qué ocurre en otras zonas del país donde la minería es una actividad pujante.

En Mendoza, rige la Ley 7.722 sancionada el 20 de junio de 2007, que regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera, modificaba a fines de 2019 y derogada a los 10 días de aprobada por la Legislatura provincial por el Poder Ejecutivo.
https://www.radionacional.com.ar/mendoza-se-vuelve-a-movilizar-contra-los-proyectos-mineros/

13/05/2022
La megaminería casi no aporta al fisco sino al revés. Según estudios de la Secretaría de Ingresos públicos de la Nación, el gasto fiscal de la megaminería es de cien millones de dólares anuales.
Por Federico Soria
A CONFESIÓN DE PARTES, RELEVO DE PRUEBAS
“La Secretaría de Ingresos Públicos de la Nación ha efectuado una estimación de los gastos tributarios en la Argentina. Este estudio identifica como gasto tributario al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo especial que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria»
Para el caso de la actividad minera, esta investigación estimó que el gasto fiscal para 2009 ascendía a $372,5 millones (U$S 97 millones al cambio de ese entonces). Para el año 2008 ascendía a $397 millones (U$S 124 millones).

«Cabe aclarar que el gasto tributario del Estado en el caso de la minería es teórico, ya que no se trata de subsidios directos para la promoción de la actividad. El Estado no destina fondos para pagar subsidios, sino que deja de percibir impuestos al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del general” (informes de sostenibilidad 2008 y 2009 de Minera Alumbrera). Ver => Informes sostenibilidad Alumbrera

Estos números hacen referencia a la suma total de los beneficios fiscales a la minería establecidos en las leyes nacionales 24.196, 22.095 (mencionadas en ese mismo documento) y demás normas modificatorias y/o complementarias, que benefician a la minería a gran escala por sobre el resto de los contribuyentes, excluyéndola de una gran cantidad de obligaciones fiscales que el común de los ciudadanos y empresas no extractivas deben afrontar. En este y otros informes, la corporación remarca que “no recibe subsidios del gobierno”, una retórica que constituye una suerte de oxímoron, a la luz de los hechos concretos; y una contradicción flagrante, ya que contrasta en un todo con la cita referida al principio.

Para el año pasado (2021), se ha calculado que el gasto tributario minero del Estado fue de $ 7.689 millones, con el agregado de que el presupuesto de la Secretaría de Minería de la Nación destinado a promocionar la actividad (en su mayoría destinado a fomentar la explotación de oro, cobre y litio) fue de $ 335 millones. Con lo cual, los valores en dólares se mantienen a un promedio de U$S 100 millones anuales de subsidio encubierto a la actividad. Ver => Presupuesto 2021

Obviamente, el asunto es proclive a la falta de transparencia, consecuentemente existen numerosas denuncias, ya que esta sangría en las arcas públicas adolece de falta de fiscalización y rendición de cuentas. Ver => Gasto tributario

De acuerdo a lo que se puede leer en los propios informes corporativos de las empresas y a los datos aportados por reparticiones del gobierno nacional, el subsidio implícito del Estado a la megaminería está solapadamente reconocido por los propios saqueadores, que no sólo lo son del territorio, sino también de las arcas públicas, más allá del discurseo oficial y/o corporativo que arenga lo contrario para la tribuna. La megaminería está muy lejos de solventar los gastos del Estado (sueldos, obra pública, salud, educación, justicia, seguridad, etc.), ya que no paga la mayoría de los impuestos que afronta el resto de los contribuyentes; y los aportes por regalías y dividendos de los socios estatales, resulta ser ínfimo en relación a los presupuestos oficiales aprobados y vigentes.

EL FALSO ARGUMENTO DE QUE LA MEGAMINERÍA PAGA LOS SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FINANCIA OBRAS EN CATAMARCA

A fin de demistificar la falacia de que la mineria solventa el gasto público en las provincias mineras, vamos a analizar a modo de ejemplo el caso de Catamarca, con datos de fuentes concretas.

Presupuesto de Catamarca 2022 aprobado por ley: $ 216.000 millones

Regalias mineras recibidas en 2021 (va al presupuesto 2022): $ 1.030 millones

Reparto de dividendos de YMAD en 2021 (va al presupuesto 2022) $ 317 millones

Esto quiere decir que la suma de las regalías mineras, más los dividendos de YMAD, representan para el Gobierno de Catamarca alrededor del 0,6 % del presupuesto provincial.

Entonces, a modo de ejemplo, podemos calcular que un empleado público o docente de Catamarca que percibe $ 100.000.- de sueldo, sólo está recibiendo $ 600.- procedentes de regalías y ganancias mineras.
Del mismo modo, alguien que cobra $ 50.000.- solo esta recibiendo $ 300.- de la minería. Y asi proporcionalmente…
Del mismo modo se puede calcular cuánto aportan verdaderamente los fondos mineros a la obra pública, mas alla de lo que se dibuje en el discurso o pa propaganda oficial o privada al respecto…
El grueso de ese dinero no viene de la minería, sino que lo aportan en partes más o menos iguales el pueblo y las otras actividades económicas no extractivas.

El 99,4% del presupuesto provincial no proviene de la mineria, sino de 1) los ATN, 2) la coparticipación federal y 3) la recaudación propia.

1) Los ATN (aportes del tesoro nacional) están conformados por dinero del tesoro nacional que la Casa Rosada gira de manera discrecional a las provincias todos los meses, en base a negociaciones y acuerdos políticos con cada administración. Como todos sabemos, en un país con marcado deficit fiscal, el tesoro nacional se financia con deuda pública, a traves de la emisión de títulos, letras y bonos que la van engrosando. El costo de todo eso lo paga en su gran mayoria el bolsillo del pueblo, a través de la inflación.
2) La coparticipación federal es un mecanismo mediante el cual la Nación reparte a las provincias el dinero proveniente de la recaudación fiscal de impuestos nacionales, como el IVA, ganancias, renta mínima presunta, bienes personales, combustibles, cheques, aduanas, retenciones, etc. La minería no paga la mayoría de estos impuestos, ya que está exenta o puede deducirlos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 24.196, con lo cual su aporte a la coparticipación es ínfima. Casi la mitad de la recaudación nacional de impuestos proviene del IVA que pagamos todas y todos, cada vez que compramos cualquier cosa, o sea que este aporte es solventado mayormente por el dinero del pueblo. Los demás impuestos nacionales los pagan las otras actividades económicas no extractivas que no tienen exenciones impositivas nacionales (comercio, servicios, agricultura, ganadería, turismo, etc).
3) La recaudación propia es el dinero que ingresa al gobierno provincial por impuestos y servicios que cobra por su cuenta a la población. La minería no paga ningún impuesto provincial o municipal fuera de las regalías ya mencionadas, puesto que también está exenta, de acuerdo a la misma ley nacional, a la cual adhiere la provincia. La recaudación provincial se conforma de ingresos brutos, inmobiliario, automotor, sellados, multas y servicios que presta por su cuenta. O sea que, también el aporte sale en gran medida del bolsillo del pueblo y de otras actividades económicas no extractivas que no tienen exenciones impositivas provinciales (comercio, servicios, agricultura, ganadería, turismo, etc).

Las corporaciones megamineras justifican el subsidio implícito del estado a la actividad (a través de facilidades financieras y cambiarias, estabilidad fiscal, deducciones y/o exenciones impositivas establecidas por ley), aduciendo que supuestamente el Estado gana tres o cuatro veces más en impuestos, regalías, retenciones, etc, que dicen estar pagando. Sin embargo, el resto de las actividades lo pagan en mayor proporción y sin recibir ningún beneficio fiscal a cambio. Además, el aporte fiscal de la masa conformada por contribuyentes particulares y PYMES, significa un número varias veces mayor que el de las corporaciones extractivistas.

El otro dato no menor es que con este subsidio fical a la megaminería, el Estado está invirtiendo enormes cantidades de dinero para una actividad que apenas ocupa al 0,7% de la masa laboral total empleada, número que con mucha suerte trepa al 1,6 en las zonas mineras. Mientras tanto, las actividades económicas no subsidiadas y el propio estado, ocupan en conjunto a más del 80% de la masa laboral total empleada (INDEC). Ver=> Inversión estatal

En el cálculo costo-beneficio que hacen las corporaciones mineras para la recaudación fiscal, omiten incluir las externalidades de las explotaciones, que básicamente consisten en la sumatoria de todos los impactos ambientales sociales y económicos negativos que se manifiestan en los territorios (daño ambiental, salud, pobreza, éxodo de la población, etc). Este gasto deliberadamente indeterminado, es asumido en primera instancia por el estado y en segunda instancia por las propias comunidades. Por ello es que los datos de esos informes corporativos en relación a los supuestos beneficios a la comunidad, están completamente sesgados, con ecuaciones por demás incompletas y plagadas de omisiones ex-profeso.
Concluyendo con esta idea, los datos duros demuestran que la realidad económica es lo contrario de lo que pretenden hacerle creer a la gente los gobiernos y las empresas megamineras: las arcas públicas (sostenidas por el pueblo y las actividades productivas no extracttivas) financian el saqueo y la destrucción de nuestros territorios por parte de las corporaciones megamineras (y no al revés).

Agradecemos el informe a Federico Soria

Megaminería y gasto fiscal

12/05/2022
Matías Kulfas es un claro ejemplo del funcionario que funciona para las multinacionales desde el alto cargo de Ministro que ocupa en el gobierno argentino. El respaldo presidencial, el impulso a sus políticas, el staff que lo acompaña, sus discursos y argumentos, están siempre al servicio de las empresas que, esta vez, piden quedar fuera del impuesto a la renta inesperada.

En un masivo encuentro empresario por el día de la industria, reclamaron ante Kulfas acceso al mercado de cambios y garantizar insumos; mantienen la «expectativa» de quedar fuera del impuesto a la renta inesperada

Los empresarios mineros esperan consolidar inversiones por u$s 20 mil millones para la próxima década por lo que muchos proyectos ya anunciados se encuentran sin avances. En el sector piden acceso libre al mercado de cambios, eliminar retenciones y garantizar insumos y energía para la producción. Mantuvieron reuniones con el Gobierno y tienen la “expectativa” de quedar fuera del impuesto de renta inesperada. Así se reflejó en un evento que organizó la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) este martes en Parque Norte para celebrar el Día de la Industria Minera. Los pedidos al Gobierno fueron realizados ante la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, participación que fue muy bien visto por el sector. En su discurso, Kulfas puso a la minería como un sector central: “Queremos una Argentina que además de industrial y agropecuaria sea también minera”.

Franco Mignacco, presidente de CAEM, informó en su discurso ante un auditorio completo los datos de la actividad: “Fuimos uno de los 3 sectores que en el momento de mayor necesidad generaron entrada de divisas, junto al agro y la informática, y a esto se suman aportes realizados al Estado por $100 mil millones”. Y agregó cuáles son las proyecciones: “Contamos con 13 yacimientos mineros metalíferos en producción, la puesta en marcha de los proyectos mas avanzados permitiría triplicar las exportaciones anuales, llegando alrededor de u$s 10 mil millones”.

Para dar una dimensión del potencial, mencionó los datos de Chile, que “con la misma cordillera”, exportó 20 veces más, por u$s 62 mil millones en 2021, contra u$s 3200 de Argentina. “¿Realmente podemos lograr este desarrollo? La respuesta es un si rotundo”, dijo ante los comensales, entre los que se encontraban decenas de empresarios, funcionarios del gobierno nacional y provinciales, y los embajadores de Estados Unidos, Australia, Canadá y Corea.

Inclusive, agregó que Argentina podría entrar al podio del tercer país productor de litio a nivel global (hoy en cuarto lugar), por las ampliaciones de proyectos como Olaroz y Mina Fénix, la entrada en producción de Caucharí Olaroz y los avances en Sal de Oro, Sal de Vida, Centenario Ratones, 3Q y Mariana. Sin embargo, pese a que el país cuenta con los recursos minerales y un contexto internacional favorable que cada vez demanda más cobre y litio, Mignacco aseguró que para eso Argentina tiene que ser “más competitiva”.

Por eso, mencionó los reclamos del sector: “Seguimos planteando que hay que revisar las retenciones, tendiendo a su eliminación, para equipararnos con los países que competimos que no tienen esas cargas. También es esencial el acceso al mercado único y libre de cambios, y revisar los regímenes de devolución de IVA y garantizar las importaciones de los insumos necesarios para la producción y construcción de los proyectos”.

Sin nombrarlo, Mignacco habló del proyecto para un impuesto a la renta inesperada: “A veces cuando surgen iniciativas de seguir sumando presión impositiva, se pierde de vista el efecto que produce en la llegada de inversiones y cómo impacta en la vida útil de proyectos. Es algo que hablamos con las autoridades, a quienes les agradezco la buena predisposición”.

Luego, en diálogo con periodistas, Mignacco destacó que las expectativas es que las exportaciones trepen en 2022 a u$s 4000 millones, y se alcancen inversiones de u$s 2000 millones en el 2022. Pese a que hubo anuncios millonarios de inversión, algunos no se concretaron, frenados ante la definición del acceso al dólar, al futuro de las retenciones (por un proyecto de retenciones móviles que trabaja el Ministerio de Economía) y a la implementación del impuesto a la renta inesperada.

“Es un impuesto adicional que no alienta que nuevos proyectos hagan sus evaluaciones. Hay empresas que están volviendo al país por la situación política y social de Chile y Perú, hay que aprovechar esta oportunidad. Tenemos la expectativa de que la minería quede afuera del impuesto”, dijo a Ámbito el presidente de CAEM. Según pudo saber este diario, las mineras podrían quedar afuera debido a cómo está siendo diseñado el impuesto.

Kulfas asistió a Parque Norte para estar presente de la celebración del día de la minería. En un extenso discurso, aseguró que la minería está “a media máquina” y por el contrario, dijo que hay un momento bisagra: “Estamos recibiendo interés inversor como no lo habíamos visto en mucho tiempo. Tenemos un enorme potencial para que la minería sea una de las palancas del desarrollo del siglo XXI”.

Durante el almuerzo, el discurso fue bien ponderado por algunos de los participantes, por el impulso a la actividad que se le da desde un ministerio nacional, y las iniciativas lanzadas, como el sistema de información virtual y la mesa minera abierta a la comunidad, en el que se permitirá debatir a todos los actores del sector. Del encuentro participó la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, y la nueva subsecretaria Pamela Morales, quien reemplazó a Andrés Vera tras su salida. Morales se desempeñaba en la Unidad de Gabinete de Asesores, que depende de Alejandro Sehtman, persona de confianza de Kulfas.
Fuente: ámbito

Kulfas, el ministro de las mineras

14/05/2022
El discurso de la megaminería tiene raíces en la última dictadura cívico-militar y en el neoliberalismo de la década del 90. Un análisis del accionar de los organismos financieros internacionales, los gobiernos progresistas, el consenso extractivo, la complicidad mediática y, en los territorios, las comunidades que defienden el agua, los cerros y la vida.
Fuente: TIERRAVIVA AGENCIA DE NOTICIAS
Por Horacio Machado Aráoz*
Desde Catamarca
A solo 24 horas de la rimbombante inauguración de la así llamada “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (Memac), fuerzas policiales dispararon contra los cuerpos de los pobladores de Andalgalá (Catamarca). El objetivo de los disparos fue abrir paso a vehículos al servicio del mega-proyecto MARA, una explotación minera de polimetálicos diseminados, controlada por la trasnacional canadiense Yamana Gold y proyectada sobre la cuenca hidrográfica del río Andalgalá, a 17 kilómetros en línea recta de la localidad homónima y cabecera departamental.

A 1600 kilómetro de aquel pulcro escenario donde encumbrados funcionarios de gobierno articulaban una guionada apologética de una actividad que presentaban como tan “beneficiosa como incomprendida”, el peso de los hechos marcaba un abismo. El adalid de la embestida, el ministro de la Producción, Matías Kulfas, señalaba que la minería se hallaba obstruida por una “desconfianza de la sociedad civil” y que “la manera de resolverlo es la construcción de confianza, que implica explicar, comunicar y deconstruir algunos mitos en torno a la actividad”. Vaya manera de construir confianza.

A decir verdad, los planteos de Kulfas y compañía no tienen un ápice de originalidad. Son los últimos actores de una larga lista de funcionarios que, desde el riojano Ángel Masa (secretario de Minería del gobierno de Carlos Menem) hasta la actualidad, vienen ejerciendo el mismo libreto que décadas atrás diseñó el Banco Mundial para “legislar” e impulsar la actividad en los países del Sur Globali.

Son aquellas mismas leyes —sancionadas en 1993 en la Argentina, a imagen y semejanza del Decreto Legislativo 600 con el que el dictador Augusto Pinochet cortó de cuajo la “afrenta” nacionalizadora de Salvador Allende en el “país del cobre”— las que hoy siguen vigentes. Igual que en Chile, esa legislación (la Ley 24.196 y correlativas) expresa el mismo espíritu que sus antecesoras de la última dictadura, la Ley 22.095, del 26 de octubre de 1979. No sé si lo sabrá el ministro Kulfas, pero las asambleas nacidas al calor de la defensa de las aguas cordilleranas lo saben y tienen bien clara la genealogía de estas leyes y de este modelo de minería.

Un discurso con antecedentes en la Dictadura Cívico-Militar

El guion del ministro Kulfas fue escrito décadas atrás. Antes que él, José Alfredo Martínez de Hoz, emblemático ministro de Hacienda de la dictadura, señalaba: “La minería ha sido una actividad permanentemente incomprendida y generalmente no alentada en el país. Durante el período 1976-80 la política minera tuvo el objetivo fundamental de cambiar tal mentalidad, procurando la eliminación de las restricciones para explorar, explotar y comercializar la producción de minerales”ii. Y justificaba los extraordinarios privilegios fiscales y comerciales que concedía a “los inversionistas”, con los mismos “argumentos” y disposiciones que hoy se hallan vigentes, bajo el resguardo de los actuales funcionariosiii.

Como tantas otras, la revisión de las leyes mineras de los ’90 (émulas de las de la Dictadura) sigue siendo una deuda pendiente de la democracia. Como en aquella época, el poder de turno se propone “cambiar la mentalidad” de la población; catequizar sobre los beneficios de una “actividad incomprendida”.

Tachar a la población como “ignorante”, estigmatizarla y descalificar las resistencias como “irracionales” e “injustificadas” tampoco es una novedad. Por el contrario, es un antiquísimo reflejo que se remonta a los orígenes mismos del discurso colonial, formalizado por Ginés de Sepúlveda —en la conocida como “Disputa de Valladolid”— cuando procuraba justificar ante las denuncias de Bartolomé de las Casas, la masacre de indígenas operada por la conquista. En perfecta lógica aristotélica, el argumento de Sepúlveda pasaba por afirmar que, si los indígenas fueran razonables, no habría necesidad de recurrir a la fuerza, pues ellos mismos “se darían cuenta” que la dominación española se ejercía para “su propio beneficio”iv. Dando continuidad a esa misma cadena “argumental”, hoy se nos dice que, si las poblaciones del interior fueran “sensatas”, aceptarían que las explotaciones mineras traen “grandísimas utilidades… para el bien universal de todos”.

Si despejamos la colonialidad de quienes se creen “superiores” (acaso por vivir en grandes urbes, alejadas de zonas rurales y paisajes que describen como “inhóspitos”; acaso por representar los intereses de grandes inversiones), el único argumento “atendible” de la actual escalada extractivista es la desesperada “necesidad de dólares” de la economía “nacional”. Como en la época de Martínez de Hoz —en la que se consumó el desmantelamiento del aparato industrial-dependiente y la imposición del doble grillete de la reprimarización y el endeudamiento externo—, hoy no hay otro argumento para “justificar” la embestida extractivista que la “necesidad y urgencia” de contar con dólares para pagar la deuda (y “hacer funcionar” un aparato productivo fallido, estructuralmente dependiente, que tiende sistemáticamente al estrangulamiento del sector externo).

Territorios para la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional

De la firma del “acuerdo” con el Fondo a la inauguración de la “Memac” y a los gatillos detonados en Andalgalá, pasando por el frustrado intento de derribar la Ley 7722 ganada en la calle por el pueblo mendocino en diciembre de 2019 a la balacera en Chubut con el mismo propósito, y la cruzada por la exploración petrolera en el litoral marítimo (y cuanto descabellado proyecto de mercantilizar y exportar bienes naturales se les ocurra). Son todos eslabones de una misma cadena, la cadena del extractivismo que nos mantiene atados a un régimen de dominación global y sus ramificaciones cómplices internas, nacionales y locales, políticas y empresariales, pero también sindicales, periodísticas y hasta dichas “científicas”. Esa cadena es la que dictamina la sacrificialidad de los territorios y la superfluidad de poblaciones desplazables; de cuerpos sobrantes.

Como advirtiéramos casi al inicio de este Gobierno, el problema de la deuda no es apenas financiero, sino principalmente ecológico-político. El conocimiento científico muestra que el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquistav; es decir, opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización, creando nuevas zonas de apropiación y aprovisionamiento desigual de materias primas, habilitando el saqueo y la sobreexplotación de territorios “marginales” y poblaciones subalternizadas.

Tanto más importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre vía pagos de la deuda, es el drenaje de materia (suelo, agua, nutrientes, biodiversidad) y energía que fluye desde las economías deudoras hacia los centros de industrialización y consumo.

Consenso miope para el extractivo

Mientras los sectores presuntamente progresistas al interior del actual Gobierno se pelean por las condicionalidades que el FMI pudiera poner en materia de variables macroenómicas y “reformas estructurales” (régimen previsional, legislación laboral), pasó por alto la aceptación (absolutamente unánime e indiscutida) de la intensificación del extractivismo como patrón estructural de la economía “nacional” y medio único de pago al que “echar mano”.

Más allá de cuánto y cuándo pagar, la cuestión decisiva del «cómo» quedó completamente al margen de toda discusión. Intensificar y “diversificar” las exportaciones primarias refleja el consenso miope de prácticamente todo el arco ideológico y partidario de la clase política. La convalidación de un nuevo ciclo de despojo estructural de los territorios suprime todas las polarizaciones; no hay grieta para el extractivismo. Se da por hecho que “hay que pagar” y que el superávit exportador “es la única forma de pagar”; las “grandes peleas” son por nimiedades de montos y plazos.

Por ello, la presencia estelar del presidente del Banco Central en la “Memac”. Tenía el único objeto de destacar la presunta magnitud y relevancia del sector como “aportante de divisas”. En perfecta sincronización “público-privada”, semanas antes del lanzamiento de esa Mesa (y de las balas de goma), la gerencia de Yamana Gold organizó un generoso “tour informativo” por el Proyecto MARA, que se reflejó luego en profusas “notas periodísticas” que, a coro, ensalzaban los “beneficios económicos” de la explotación. Igual que para los funcionarios, para las empresas periodísticas la única variable relevante es la de los dólares: las notas destacan casi exclusivamente que el proyecto MARA representa inversiones por más de 4000 millones de dólares y exportaciones por 1200 millones de dólares a lo largo de toda su explotación. Nada se dice de otras variables también mil millonarias: las toneladas de escombreras y desechos tóxicos que quedarán a perpetuidad; las de gases efecto invernadero que emitirá la explotación; los millones de metros cúbicos de agua y combustibles y los gigavatios de energía que consumirá. Nada de eso les parece relevante.

Igualmente, si fuera todavía aceptable la anacronía de hacer caso omiso de los “costos ambientales” del proyecto, ni siquiera la sola “razón” de “la necesidad de dólares” es mínimamente verosímil ni realista.

La confesión del despojo

La legislación minera de los ’90, aún vigente en Argentina, está hecha a la medida de los capitales mineros, no del país. Como admitiera Fernando Sánchez Alvabera, conspicuo conocedor del negocio (Ministro de Energía y Minas del Perú durante el gobierno de Fujimori, impulsor de las reformas del Banco Mundial en ese país, luego director de la división de Infraestructura y Recursos Naturales de la Cepal y CEO de la Barrick Gold).

Según sus palabras, la nueva legislación “fue consolidando un paradigma que asume que el patrimonio natural mundial debe estar a disposición de los inversionistas y que son éstos quienes deben definir la oportunidad y racionalidad de las explotaciones. Desde esta óptica, el valor del patrimonio natural está determinado solamente por la demanda y por la escasez relativa de recursos, lo que implica una valorización básicamente de corto plazo y frecuentemente cíclica, sin considerar su valor intrínseco y permanente. (…) Los países deben competir por atraer capitales, lo que implica —en términos muy claros y simples— que, en recursos naturales, la competitividad se define por la proporción de las rentas de explotación que están dispuestos a ceder en beneficio de los inversionistas. Es más competitivo el país que otorga los mayores incentivos y que hace menos uso de su soberanía nacional”vi.

En materia de divisas, la Ley 24.196 (y correlativas) es un colador gigantesco. Bajo ese régimen, las empresas mineras (todas trasnacionales) no operan como “fuentes de divisas”, sino como fugadoras seriales. Son ellas las que, por ley, disponen de los dólares, así como del subsuelo, de los cerros y los cursos de agua.

Las pruebas están a la vista y se cargan (muy asimétricamente) sobre las espaldas la sociedad toda: tras el extraordinario ciclo de las commodities del 2003-2013 (la era de los superávits gemelos, el “crecimiento con inclusión” y las ganancias levantadas “en pala”), hoy una vez más nos hallamos con la soga al cuello, las reservas vacías y la deuda asfixiante.
No es apenas “la corrupción” ni los desmanejos de las últimas décadas. Es la historia económica de la minería colonial en América Latina. Como lo sintetiza un reconocido historiador y geógrafo inglés: “Tanto el Siglo XIX como el XX han estado plagados de boom mineros cuyos efectos finales no significaron sino el surgimiento de una clase política rentista, la generación de economías de enclave y el irremediable deterioro del medio natural del cual depende la sobrevivencia de una población rural, mayoritariamente campesina y crecientemente empobrecida”vii.

Si nada estructuralmente ha cambiado sino en todo caso para peor, ¿por qué ahora cabría esperar resultados diferentes?

*Equipo de Investigación de Ecología Política del Sur (IRES, Conicet-UNCA).

NOTAS

i Banco Mundial (1996) “A Mining Strategy for Latin America and the Caribean”. Technical Paper N° 345.

ii José A. Martínez de Hoz, (1981) “Bases para una Argentina Moderna 1976-80”. Buenos Aires, pp. 175.

iii “El negocio minero requiere un muy largo período de retorno del capital invertido, así como de espera de la rentabilidad, para lo cual es necesario correr un alto nivel de riesgo (…) La estructura de la minería moderna sólo es factible mediante la participación de grandes empresas con organización, capital y tecnología adecuados a la magnitud del esfuerzo que se requiere. (…) Para que ello pudiera suceder en la Argentina era necesario modificar la legislación básica vigente en la materia, modernizándola y adecuando su orientación de acuerdo a los conceptos expresados. (…) La Ley 22.095 [26 de octubre de 1979] estableció el nuevo régimen de promoción para el desarrollo de la minería en el país, otorgando beneficios impositivos a los capitales que se vuelquen hacia esta actividad, propugnando el retorno de la libre iniciativa privada y alentando la inversión de capitales extranjeros en el campo de la minería”. José A. Martínez de Hoz, (1981) “Bases para una Argentina Moderna 1976-80”. Buenos Aires, pp. 176.

iv «La primera [razón de la justicia de esta guerra y conquista] es que siendo por naturaleza siervos los hombres bárbaros [indios], incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos; imperio que les traería grandísimas utilidades magnas commoditates, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma, el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los brutos al hombre, la mujer al marido, lo imperfecto a lo perfecto, lo peor a lo mejor, para el bien universal de todas las cosas.» (Ginés de Sepúlveda, [1550] (1979) “De la justa causa de la guerra contra los indios”. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 153).

v Rosa Luxemburgo (1912) “La acumulación de capital”. Edicionl Internacionals Sedov.

David Harvey (2004) “El ‘nuevo’ Imperialismo: acumulación por desposesión”. En Socialist Register N° 40, “El Nuevo Desafío Imperial”. Buenos Aires: Clacso.

Jason Moore (2013) “El auge de la ecología-mundo capitalista”. Laberinto N° 38.

vi Fernando Sánchez Alvabera (2005) “Bases conceptuales para la elaboración de una nueva agenda sobre los recursos naturales”. Santiago de Chile: CEPAL, pp. 11.

vii Anthony Bebbington, (2007) “Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas”. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp. 284.

Del “acuerdo” con el Fondo Monetario a la represión en Andalgalá, eslabones de la misma cadena

16/05/2022
Algunos medios comienzan a visibilizar la conflictividad que genera la megaminería, a dar entidad a las voces y el conocimiento de las asambleas y comunidades y a reconocer la necesidad de aplicar el recientemente aprobado Acuerdo Escazú.

Dos episodios de la semana pasada muestran la necesidad de avanzar en un mecanismo que garantice la consulta a las comunidades en cuestiones ambientales, tal como lo establece el Acuerdo de Escazú.

Américo Schvartzman*

El lunes 2 de mayo se realizó en la ciudad de Buenos Aires la primera Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac), promocionada por el Gobierno como “un espacio para el diálogo público, constructivo y federal sobre minería”.

Al otro día, el martes 3 de mayo, la Policía de Catamarca reprimió a asambleístas reunidos en Choya, en la localidad de Andalgalá. Hubo varias personas heridas trasladadas al hospital zonal y una vecina manifestante fue detenida (Karina Orquera) y liberada al día siguiente.

La minería es una de las actividades que mayor controversia genera en todo el continente. Tanto que encabeza el ranking continental de conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe, con 324 conflictos, casi el 35 por ciento de un total de 937 relevados (datos de diciembre de 2020). Los riesgos ambientales y la distribución de beneficios y perjuicios son parte de las denuncias de organizaciones especializadas y movilizan a las comunidades afectadas.

En muchas ocasiones los conflictos se producen tras la instalación del emprendimiento, ante hechos consumados, que quienes impulsaban la empresa, o sus expertos consultores, negaban enfáticamente que pudieran ocurrir. Es el caso del derrame de cianuro en Veladero, en la provincia de San Juan, que sacudió a la Argentina en 2015 y se ha convertido en emblemático.

La experiencia de la consulta. En la Argentina son numerosas las situaciones de conflicto socioambiental producidas por la megaminería, y las comunidades de distintos puntos del país -así como las organizaciones ambientales- acreditan una larga experiencia que se enriquece con cada nuevo conflicto. No obstante, desde los referendos de Esquel (hace casi veinte años) y de Loncopué (del que se cumplirán diez años el próximo 3 de junio), el poder político y los sectores empresariales no parecen haber aprendido demasiado.

En esos dos casos, la movilización social logró arrancar a los poderes públicos un proceso virtuoso de “licencia social”. ¿Por qué digo “virtuoso”? Porque el reclamo vecinal logró que se llevara adelante un mecanismo secuencial que proporciona los rasgos fundamentales de un proceso de licencia social:

◆ primero, la disposición de toda la información al alcance de la ciudadanía posiblemente afectada;

◆ segundo, la deliberación de la ciudadanía con participación de técnicos, científicos, juristas y demás personas expertas para esclarecer las diferentes posiciones confrontadas;

◆ tercero, tras un plazo razonable, una consulta popular o referéndum, para que la ciudadanía se exprese por “sí” o por “no” respecto del emprendimiento;

◆ cuarto, el poder político debe convalidar la decisión ciudadana y actuar en consecuencia.

En ambos casos la población rechazó los proyectos mineros por mayorías abrumadoras. En Esquel, con el 81 por ciento y en Loncopué, con el 82 por ciento de los votos. Algo parecido ha ocurrido con procesos similares en todo el continente: en los últimos veinte años se realizaron cerca de cien consultas populares sobre minería metálica en diferentes países de América Latina. Todas dijeron “no”. Todas. Los emprendimientos mineros no han ganado una sola. Esa es la razón por la que los poderes reales no quieren “licencia social”: cuando deben explicar a las comunidades con sencillez lo que quieren hacer, parece que no hay modo de convencerlas. Aun en condiciones socioeconómicas complicadas (como Esquel por aquellos años) las poblaciones no se muestran proclives a permitir el avance de proyectos que amenazan con la destrucción del ambiente.

Hechos consumados. Sin embargo, pese a los tratados internacionales que el país ha firmado en el medio, los poderes políticos de la Argentina no han hecho nada por convertir esos compromisos en normas jurídicas. Al contrario: la política sigue siendo la de hechos consumados. Por eso los conflictos continúan, y lo seguirán haciendo.

El más reciente tuvo como epicentro (todavía irresuelto) la provincia de Chubut, que se vio sacudida por el cambio de rumbo de un gobernador que en campaña se oponía a la “minería contaminante” y ya en funciones cambió brutalmente su posición para impulsar un proyecto que generó rechazo en sectores sociales, ambientales y académicos.

Pero lo que ocurrió la semana pasada fue de alto simbolismo: apenas un día después de lanzar las “Memac” en la ciudad de Buenos Aires, presentadas como “encuentros federales en donde todos los actores involucrados en la minería pueden debatir en base a información fidedigna” (y cuyo objetivo declamado es “potenciar una minería que cuida el ambiente, genera puestos de trabajo, mejora las comunidades donde se inserta y es clave para el desarrollo productivo nacional”), en Catamarca fueron reprimidas y encarceladas por unas horas personas que se oponen a la minería y cuyas voces no son incluidas en ninguna de esas mesas.

Fue en Andalgalá, donde asambleístas de la comuna de Choya -que tiene menos de 500 habitantes- denunciaron que fueron víctimas de una represión policial destinada a desalojarlos cuando protestaban e impedían el paso de camiones con maquinaria y combustible para el proyecto minero de exploración de la empresa Agua-Rica.

Preguntas y respuestas. ¿Esas mesas –las Memac– pueden ser el mecanismo que explore un diálogo social que apunte a una minería sustentable? La respuesta es negativa. Las mesas impulsadas por el gobierno (al menos la del lanzamiento, lo cual es ilustrativo del espíritu que las anima) no prevén la presencia de personas expertas del lado “crítico” de la experticia, es decir aquellas que fundamentan por qué la minería no puede ser sustentable. Tampoco incluyen a las comunidades que se verían afectadas al ser en sus territorios donde se llevarán a cabo los proyectos anunciados.

Tal es el llamativo diálogo que proponen, al que (más llamativamente) califican como “federal”, término remarcado en dos ocasiones. Pero ¿cómo se puede hablar de “diálogo federal” y no incluir a las comunidades que recibirán el impacto de los emprendimientos que se impulsan? ¿En qué pensarán las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo cuando usan la palabra “federal” en este contexto, cuando ni siquiera se les ocurre que las comunidades deberían formar parte de ese diálogo?

En cambio, sí invitaron a participar a un par de organizaciones ambientales. Para muchos sectores del movimiento ambiental fue una sorpresa desagradable encontrar sentadas allí a dos organizaciones como Eco House y Jóvenes por el Clima, agrupaciones juveniles con una trayectoria de lucha destacada y valiosa, y con posiciones definidas en contra de la megaminería.

Miradas contrapuestas. Ambas organizaciones comenzaron a recibir durísimas críticas (algunas de ellas muy injustas) por haber sido parte del lanzamiento de las Memac. Y cuando un día después llegó la noticia de la represión en Catamarca (primero por Whatsapp y redes sociales, y luego con algún módico impacto nacional) las dos entidades juveniles salieron públicamente a difundir su postura en una suerte de doloroso descargo.

Es que el movimiento ambiental, como cualquier otro campo de actividad humana, no es homogéneo: conviven en él matices y posiciones contrapuestas, y a veces las discusiones son duras y afiladas. También en el ambientalismo se observa con frecuencia la conducta que caracteriza a sectarismos de otros ámbitos: a la primera divergencia se cancela, o se condena “ad hominem”. Desde “traidores”, “alcahuetes” y “colaboracionistas” hasta “ingenuos”, les dijeron de todo.

Jóvenes por el Clima emitió un comunicado titulado “Dijeron diálogo, eligieron represión”. Allí explicaron que asistieron a la Mesa porque “creemos fundamental avanzar en la construcción de políticas activas que integren los reclamos de la sociedad civil, la juventud y las comunidades afectadas por la actividad minera”. Pero aclararon que esa tarea “está muy lejos de ser una realidad”. Algo similar dijo Eco House en sus redes.

También se quejaron de que las coberturas de los medios no reflejaron sus exposiciones, en las que marcaron “la inconsistencia en la constitución de la mesa, que jamás será posible sin esas voces” (las de las comunidades afectadas). Tienen razón: la difusión del encuentro reveló la intención de utilizarlos como una presencia legitimadora, al no hacer referencia a las exposiciones de las dos organizaciones juveniles, lo que significó nafta al fuego de las diferencias internas en el campo ambiental.

Para despejar dudas, Jóvenes por el Clima remarcó que “un día después del evento, el pueblo de Andalgalá recibe garrotes policiales y violencia institucional como respuesta a sus reclamos”. Y apuntaron hacia el ministro: “Matías Kulfas publicó una foto reivindicando al responsable de la represión en Catamarca burlándose de las comunidades abiertamente”.

Quizás hubo ingenuidad en las organizaciones juveniles al asistir o en su demora en difundir el discurso con el que participaron del diálogo: ambas dejaron claro allí mismo que no estaban en representación de las comunidades, que estas debían ser incluidas en las mesas de diálogo, y expresaron su rechazo a la megaminería.

¿Qué dice el Acuerdo de Escazú? Un detalle que es preciso enfatizar: iniciativas como la Mesa impulsada por el ministro Kulfas -y avalada por el Ministerio de Ambiente- desoyen el Acuerdo de Escazú, que fue ratificado por el Congreso de la Argentina a fines de 2020.

Ese Acuerdo (cuyo nombre formal es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”) establece en su artículo 7° “el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales cuando existan acciones que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente o la salud de la población”. Ese artículo consta de 17 incisos con un nivel de detalle inédito acerca de las formas en que se debe garantizar esa participación, ya sea a través de “consulta o audiencia pública”.

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y fue firmado por 24 de los 33 países de la región. Y como desde la reforma constitucional de 1994 los acuerdos en materia de derechos humanos que la Argentina firma tienen jerarquía constitucional, el de Escazú tiene la misma validez que cualquier otra disposición de la Constitución Nacional.

En otras palabras, cada proyecto minero (o de cualquier otro tipo que pueda tener “impacto en el ambiente o la salud de la población”) que no consulte a la comunidad potencialmente afectada, es inconstitucional. Y no hay mesa de diálogo (amplia o no, sincera o no) que pueda reemplazar ese derecho ni disimular esa violación a la máxima ley argentina. Va siendo hora de entenderlo, de enterarse, de empezar a exigirlo.

Ese principio (la obligación de consultar a las comunidades que se puedan ver afectadas) se llama “licencia social”. Y mientras no haya licencia social, como dicen las banderas ambientales desde hace años, no habrá paz social. En minería, o en cualquier otro asunto que involucre el ambiente o la salud de las comunidades.

*Licenciado en Filosofía y periodista. Integra la cooperativa periodística y cultural El Miércoles, de Entre Ríos.
Fuente: Perfil

Minería: sin licencia social no habrá paz social