De sorpresa, las organizaciones del Valle del Huasco que se resisten al proyecto Pascua Lama hace más de 14 años, se enteraron que el martes 30 de septiembre recién pasado Barrick Gold, a pesar de estar paralizada, castigada y a la espera de una nueva sanción que incluso puede terminar en la revocación de su permiso ambiental (RCA), inauguraría sus oficinas en la ciudad de Vallenar con la presencia de su vicepresidente Eduardo Flores Zelaya.
Ofuscados y con la convicción en la defensa de la vida que los ha acompañado durante todos estos años, un grupo de representantes de diversas organizaciones se hizo presente a las afueras de la propiedad de la trasnacional para denunciar y demostrar el gran rechazo a ésta nueva estrategia comunicacional de la trasnacional que por medio de los hechos consumados intenta viabilizar un proyecto que se encuentra moribundo por la acción y fiscalización de las propias comunidades así como por la serie de infracciones en las que ha incurrido esta empresa que se jacta de minera responsable.
El Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y la Red Pío XII, en coordinación con la Universidad Técnica de Oruro y Fundación ACLO-Potosí, realizaron el foro debate sobre MINERÍA NACIONAL Y POLÍTICAS REGIONALES, el pasado miércoles 24 de septiembre. El evento se desarrolló con la participación de 150 representantes de las organizaciones sociales del sector minero, estudiantes, representantes políticos, juntas vecinales y universitarios.
En la medida que el 5 de octubre se aproxima, posibles resultados en algunas regiones y municipios del país, han provocado que el nerviosismo aflore en algunos sectores. Lo cierto es que los procesos electorales también sirven para medir cuál es el sentimiento de la población frente a algunos temas claves que influyen en ámbitos regionales, provinciales y de los propios distritos. Uno de esos temas es sin duda el minero.
Desde hace algunos meses circula el rumor del regreso de San Jorge. Este proyecto megaminero de oro y cobre que busca instalarse en Uspallata fue rechazado de forma unánime por la legislatura provincial en agosto de 2011. Sin embargo, hoy, tras la compra del 70% de las acciones por capitales rusos, se pretende desenterrar un proyecto ya rechazado y actualizar la Declaración de Impacto Ambienta (DIA) que se archivó en la legislatura.
La Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale pretende unificar al sector pesquero de Baja California Sur y nacional, para crear un frente contra minería en mares en el Golfo de Ulloa frente a las costas de Comondú.
Con una argumentación jurídica construida sobre hechos falsos, Barrick Gold pretende revocar el fallo de los Tribunales Ambientales que determinó que la sanción contra el proyecto Pascua Lama, aunque siendo la más alta posible, era insuficiente considerando la totalidad de los daños al territorio.
El líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que las acusaciones en su contra por el presunto desvió de 55 millones de dólares del fideicomiso minero fueron una persecución política. 
El gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Asambleas de vecinos de la provincia se manifestaron en alerta por la idea de una firma canadiense de extraer cobre mediante el proyecto Cerro Amarillo, al que se siguen sumando ribetes, ya que se conoció que la empresa busca instalar una planta de tratamiento de este mineral a la vera del río Grande. Esto podría afectar los recursos del río más caudaloso de la provincia, que es parte de proyectos sumamente importantes para el futuro de Mendoza, como Portezuelo del Viento y el propio trasvase al Atuel, para mejorar el caudal del agua de este último.
En estos días la multinacional sacará con la fuerza del ESMAD a 64 familias Wayúu de terrenos que, según expertos, hacen parte de territorios ancestrales de los indígenas. La comunidad Wayúu, de Jamiche, ubicada en el área urbana del municipio de Barrancas, La Guajira, será expulsada de su territorio por la empresa de carbón Cerrejón. Pero los indígenas no tienen a donde ir.