Pueblos indígenas que habitan en los límites de Colima y Jalisco han denunciado a nivel local y nacional que empresas mineras están detrás de los asesinatos de Abelino Monroy Sandoval y Alejandro Monroy Denis, así como de la desaparición forzada de Celedonio Monroy Prudencio, este último egresado de la Universidad de Colima y quien fue sacado de su casa por un comando armado el 23 de octubre de 2013.
Estas tres personas son el padre, el hijo y el sobrino respectivamente de Félix Monroy Rutilo, quien desde hace 40 años ha sido desplazado, intimidado y agredido por el Consorcio Minero “Benito Juárez Peña Colorada”, que hoy en día tiene interpuesta una denuncia en su contra por tala ilegal.
La PGR le está cobrando al campesino 150 mil pesos de multa, dinero imposible de pagar para su familia.
Pescadores ribereños que laboran en el Golfo de Ulloa, frente a la municipalidad de Comondú, al norte de Baja California Sur, solicitaron a Juan José Guerra Abud, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cancelar el proyecto de minería marina “Don Diego”.
El MINEM asegura que toda la información registrada en el Estudio de Impacto Ambiental es a nivel de factibilidad. Sin embargo, Convoca detalla que nunca se adjuntó un estudio de factibilidad en el EIA del proyecto.
Ahora, el jefe de estado mayor de la región policial de Arequipa, el coronel PNP, Manuel Echegaray, confirmó este dato luego de que se difundiera un video en el que se aprecia a un policía disparar su pistola en contra de los manifestantes.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) denunció un nuevo hundimiento en la cúspide del Cerro Rico de Potosí e informó que de continuar la explotación minera ningún proyecto de preservación dará buenos resultados.
Gabriela Meza, gerenta de la Junta de vigilancia del Río Lluta, explicó a Semillas de Agua los puntos principales que determinaron la decisión del Consejo de Ministros para rechazar definitivamente el proyecto minero Los Pumas. Así también narró todo el proceso judicial que fue acompañado en todo momento por un movimiento social fuerte.
Como es de conocimiento público año tras año las aguas ácidas de la mina San José son descargadas sin tratamiento alguno, estas aguas acidas recorren la ciudad por el canal Tagarete e ingresan a los lagos Uru Uru y Poopó, fuente de vida para las comunidades que viven y conviven con el lago. Es un problema tan serio que afecta a la ciudad, también a las comunidades aledañas, a los lagos y a toda la población de Oruro, por ello las decisiones no pueden ser pensadas solo en beneficio de un solo sector y menos si tienen característica privada.
Grandes minas a cielo aberto, deforestación y expulsión de famílias y comunidades enteras. Pueblos indígenas y comunidades tradicionales amenazados por intereses mineros sobre sus territorios. Contaminación del agua, la tierra y el aire. 
Tras dos décadas del ingreso de la minería a gran escala no ha sido posible –en su gran mayoría- la convivencia con las poblaciones de las zonas de influencia directa de estos proyectos, cada vez las relaciones se han tornado más conflictivas debido a la defensa del agua y a su modelo de producción local, como es la agricultura y la ganadería, versus un modelo que impulsa a rajatabla las industrias extractivas bajo un crecimiento desordenado y sin una política de ordenamiento territorial. Las concesiones mineras y la aprobación de los proyectos se dan sin medir el impacto social ni ambiental, y el costo de ello viene cobrando muchas vidas.