El Consejo de Autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wcounaan, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó – OREWA ante el paro Departamental minero programado a partir del 17 de julio quiere fijar una posición clara ante las comunidades y la opinión pública nacional e internacional.

En primer lugar es nuestra decisión franca y sincera de no participar en el mencionado paro y por tanto orientamos a las comunidades que hacen parte de nuestro proceso organizativo a no movilizarse hacia la capital del departamento o a otras cabeceras municipales como los quieren obligar.

Tomamos esta decisión pues para nosotros es muy claro que tanto la minería legal e ilegal están afectando directamente la integridad física y cultural de nuestras comunidades, tal cono lo ha reconocido la corte constitucional en su Auto 04 de 2009.

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Diálogo con Esperanza Salazar, del M4

Nadie escucha. Ni los organismos del Estado mexicano que se presume deberían velar por los derechos de los pueblos indígenas amenazados en sus derechos básicos, ni los que están dedicados a evitar daños ambientales. En el estado mexicano de Colima, el consorcio minero Peña Colorada extrae 16 mil toneladas diarias de materiales para la explotación de hierro mediante uso de grandes cantidades de agua. Para la ampliación de su explotación se plantea expulsar a tres comunidades indígenas Nahua-Otomí y las amenaza con sepultarlas bajo desechos venenosos.

Así lo comentó a Radio Mundo Real Esperanza Salazar, integrante del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) y acompañante de este proceso que tiene como protagonistas a tres comunidades indígenas y a la minera, de origen ítalo-argentino-indio.

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El Foro Regional Golfo Centro– Norte de Morena, en defensa de los ríos, bosques y territorio, rechazó todos los proyectos de minería a cielo abierto que se pretenden instalar en los estados de Puebla y Veracruz, solidarizándose con la lucha de los pueblos originarios, como es el caso de Zacapoaxtla.

El documento fue entregado a Andrés Manuel López Obrador durante su visita el sábado al municipio serrano de Teziutlán, donde cerró su gira por seis localidades del estado de Puebla, previo a los comicios del 7 de julio.

La intención de que llegue a sus manos es que frene la construcción de los llamados “proyectos de muerte” en ambas entidades, que impulsan los gobiernos estatales y federales.

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El día de hoy se agotó la posibilidad de resolver de manera conciliatoria el conflicto entre minera Excellon Resources y el Ejido La Sierrita.

Excellon continuará con la posesión de las 1,100 hectáreas, hasta que el Tribunal Unitario Agrario no resuelva la demanda agraria.

Torreón, Coahuila 27 de junio del 2013. Nuevamente la empresa minera Excellon de México, filial de la canadiense Excellon Resources Inc., rechazó la posibilidad de resolver, mediante el diálogo, el conflicto que mantiene con el Ejido La Sierrita, de Tlahualilo, Durango, el cual se originó por una serie de violaciones al derecho a la tierra, territorio y bienes naturales de las y los ejidatarios.

En la audiencia del 9 de mayo de 2013, los representantes de la empresa minera presentaron una propuesta al comisariado ejidal para devolver 1,090 hectáreas de las 1,100 hectáreas arrendadas bajo un contrato de ocupación temporal firmado en el 2008. La empresa propuso al ejido comprar las 10 hectáreas restantes,  sin indicar el monto que pagarían por ellas.

En dicha audiencia, David Espinoza, presidente del comisariado ejidal, se comprometió a informar sobre la oferta de Excellon a la Asamblea Ejidal, máximo órgano de gobierno del ejido La Sierrita, y así entregar una respuesta por escrito. En la contrapropuesta enviada a Excellon, la Asamblea Ejidal refrendó su posición, indicando que su tierra NO se vende y mantuvo su decisión de recuperar las 1,100 hectáreas. Además manifestó su disposición para llegar a un acuerdo razonable para la devolución de la totalidad de las hectáreas.

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¿Cómo llegaron los empresarios chinos a Zautla, municipio de Puebla? Nadie sabe la respuesta con precisión.

Un buen día se presentaron con permisos federales, firmados por el ex presidente, Felipe Calderón, y con estatales, avalados por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para la explotación de una mina de oro en la única zona boscosa de la comunidad Tlamanca, donde hay nacimientos que proveen de agua a la región. El rechazo de los habitantes de la zona, fue unánime. Tanto que en noviembre del año pasado, literalmente, corrieron a los chinos.

Hoy, en pleno proceso electoral, la clausura de la mina es promesa de campaña de los candidatos a presidentes municipales, pero para los vecinos, también es riesgo latente. Aún más, cuando la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio luz verde para la operación.

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