Ni empresas canadienses ni Frisco podrán hacer trabajos de exploración o explotación. Activistas evalúan recurrir a instancias internacionales pues los proyectos no están aún cancelados.
México, DF.- En una decisión que sentará precedente porque se reconocen los derechos espirituales de los huicholes, las concesiones mineras otorgadas a empresas canadienses y a Frisco fueron suspendidas por un juzgado de distrito de San Luis Potosí.
Las mineras, señalan los pobladores del desierto, dueños de las tierras de la región, les han dicho que los huicholes les quieren quitar sus tierras, todo con el fin de confrontarlos con este pueblo indígena y convencerlos de los “beneficios” de las minas.
Real de Catorce, San Luis Potosí. El pueblo antes fantasma de Real de Catorce cobra vida. En 1990, con la salida de las mineras que estuvieron asentadas por más de 150 años, se fueron casi la totalidad de sus habitantes. Llegaron a poblarlo menos de 500 personas, pero hoy son mil 300 que dependen en su mayoría del comercio y del turismo. Aquí, dice una de las lugareñas, “nadie se murió de hambre cuando se fueron las minas”.
El Frente en Defensa de Wirikuta envió un pronunciamiento del Consejo Regional Wixárika, y denunciaron el incremento de las amenazas y hostigamiento por parte del Presidente Municipal de Real de Catorce, Héctor Moreno.
Asimismo, señalaron que el presidente municipal realiza campañas de desinformación para las y los habitantes locales del territorio sagrado, en donde dicen que el pueblo Wixárika se quiere apropiar de las tierras y patrimonios de la zona, lo cual ha provocado que se formen grupos que buscan prohibir el acceso.
Por ello, solicitaron la intervención del Estado mexicano para remediar y erradicar la problemática existente en la región, también exhortaron que es necesario que el presidente municipal de Real de Catorce deje de perturbar a habitantes de la zona y que proceda a favor del orden público.
Acusan dictámenes amañados para explotación mineral pretendida por poderosas trasnacionales
Wixárikas entregan segunda carta a Peña en la que acusan la imposición de Héctor Moreno, presidente municipal de Real de Catorce
Las autoridades tradicionales y agrarias de las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Santa Catarina Cuexcomatitlán y Bancos de San Hipólito dirigieron una segunda carta al Presidente Enrique Peña Nieto, en la que señalan que aunque desde el 7 de febrero pasado entregaron una primera misiva en Palacio Nacional, «de lo cual no se ha obtenido ninguna respuesta efectiva», el paso de tiempo sin definiciones federales «están permitiendo el agravamiento de las condiciones para la protección real del santuario y sus ecosistemas, lo que hace cada vez más urgente contar ya con una decisión y una acción clara por parte del Jefe del Estado Mexicano».
El pasado 8 de noviembre, el Frente en defensa de Wirikuta aseguró que se congratula por el decreto de reserva de la biósfera en la región sagrada del pueblo Wixárika pero advierte que las autoridades federales deben asegurar que en la región que se proyecta como reserva no debe permitirse ninguna actividad minera, con el objetivo de que sea garantizada la seguridad de la herencia biocultural de los pueblos wixárikas.
Agobiado por la miseria y la marginación, el pueblo maya de Mesoamérica tendrá poco que celebrar el 21 de diciembre, cuando comience una nueva era. Su situación contrasta con el anuncio de fastuosas celebraciones y ofertas turísticas promovidas por gobiernos y privados.
«Es una ofensa, un insulto y un contrasentido para los indígenas que, mientras siguen debatiéndose en la pobreza, se derrochen recursos del Estado para celebrar el 13 B’aktun», cuestionó ante IPS el activista Ricardo Cajas, del no gubernamental Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala.
El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta pidió a las autoridades prohibir cualquier tipo de minería en el “territorio ceremonial de Wirikuta”, en San Luis Potosí, y que la zona se proteja como patrimonio biocultural.
En conferencia de prensa los integrantes del organismo se congratularon con el proyecto de decreto de la Reserva de la Biósfera de Wirikuta emitido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), aunque consideraron que debe reconocer los derechos humanos de las particularidades de los pueblos indígenas.
La Cámara Minera de México (Camimex) calificó de totalmente parcial, no incluyente, radical y protectora de un solo sector de la población, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la actividad minera en dicha zona, que abarca los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas.
En un desplegado publicado en medios de comunicación, la Camimex afirma que la actividad minera en la región Wirikuta tiene como objetivo fomentar el desarrollo en la región, donde existen miles de personas viviendo en la pobreza extrema, y donde se han creado fuentes de trabajo de largo plazo, con salarios superiores 35% de la media nacional.
El Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada, anunció que antes de que concluya el sexenio del Presidente Felipe Calderón se tendrá la resolución para determinar si la zona sagrada de Wirikuta es declarada Área Natural Protegida y de esta manera salvaguardar el medio ambiente del sitio ubicado en el municipio de Catorce.
«Queremos ponerle un candado adicional que sería la declaratoria de área natural protegida, pero no lo vamos a poner a capricho de alguien que lo solicite. Si hay criterios de biodiversidad, de protección ecológica que lo amerite, lo vamos a hacer. Todo va a ser con una metodología muy firme.
«Estamos en la recta final para determinar este último camino y darle a la sociedad nacional la certeza de que si se dio un permiso fue legal y si no se dio fue porque nunca llenaron las expectativas», afirmó el funcionario federal durante su participación en el Noveno Foro Internacional desde lo Local, que tiene como sede San Luis Potosí.
“Propiedad privada, minera Real Bonanza”, se observa esta leyenda sobre carteles en la entrada de los sitios más emblemáticos de los lugares circunvecinos al Pueblo Mágico de Real de Catorce, se trata de la privatización de los lugares denominados Socavón de la Purísima, Socavón de San Agustín y el legendario Pueblo Fantasma.
Lo anterior ha causado gran inconformidad por parte de la población local que se beneficia de prestar servicios turísticos como son los que transportan turismo con las camionetas Willys y los caballerangos que organizadamente rentan caballos para recorrer esos lugares.