La contaminación por metales pesados persigue desde hace décadas a la ciudad de Antofagasta, que paga con creces los costos de ser la capital minera de Chile, el primer productor mundial de cobre.

«No es normal que todos se mueran de cáncer», se lamenta Jaqueline Jiménez, una activista que decidió denunciar la contaminación ambiental en Antofagasta, la región con mayor índice de cáncer del país tras convivir por décadas con la contaminación por metales.

En los años 60, la ciudad vivió una grave emergencia por los altos niveles de arsénico en sus aguas y en 1998 otra por los elevados índices de plomo en niños que vivían cerca del ferrocarril hacia Bolivia.

Hoy lo que preocupa es el denso polvo negro que cubre gran parte del borde costero de una ciudad que en paralelo disfruta los beneficios de albergar a gigantes de la minería como BHP Billiton o la estatal Codelco.

Es un polvo espeso, que cuesta retirar de las superficies y que el viento costero expande por toda esta ciudad ubicada a unos 1.200 km al norte de Santiago.

Un estudio del Instituto de Salud Pública determinó que contenía al menos 16 metales distintos, mientras que la filial de Antofagasta del Colegio Médico encontró «contenidos totales de arsénico, cadmio, zinc, cromo, cobre, plomo y manganeso que sobrepasan largamente las normas chilenas».

Jaqueline Jiménez, de 38 años, vivió cinco años frente al puerto internacional de Antofagasta (ATI), una terminal de carga y descarga de concentrado de cobre en pleno centro, desde donde emerge gran parte del polvo negro que envuelve a la ciudad.

En la azotea de un pequeño edificio a pasos del puerto, sus dos hijos jugaron por años expuestos a este polvo y hoy ambos muestran presencia de metales pesados en su organismo, según exámenes realizados en el extranjero.

«Es una sentencia de muerte para mi familia», afirma su madre con angustia.

– Una generación afectada –

Si la minería llevó a Antofagasta a tener un ingreso per cápita que casi dobla al del país (36.000 dólares anuales versus 20.000), es también uno de los factores que ha llevado a su población a tener tres años menos de esperanza de vida que la media.

En la región, la mortalidad por cáncer de pulmón duplica a la media nacional (34,7 casos cada 100.000 habitantes versus el 16,1), con una alta incidencia también de cáncer de vejiga y piel.

«Los científicos consideran que en la zona de Antofagasta se está haciendo una experimentación biológica al tener a la población expuesta a estos niveles de contaminación», alerta a la AFP el presidente del Colegio Médico en Antofagasta, Aliro Bolados.

La grave exposición al arsénico entre los años 1958 y 1971 -cuando en el agua potable superó 86 veces la norma- es hasta ahora el único factor comprobado que explica el incremento del cáncer y otras enfermedades cardiovasculares en la región.

Especial preocupación hay sobre unas 16.000 personas que nacieron antes de 1970 y que tuvieron una alta exposición temprana al arsénico.

Hoy, con 40 ó 50 años, y en su mayoría siendo grandes fumadores, tienen un alto riesgo de padecer cáncer, según las investigaciones de Catterina Ferreccio, subdirectora del Centro de Estudios Avanzados de Enfermedades Crónicas, Epidemiología y Cáncer de Chile.

«Es toda una generación que tiene todas estas cosas y que hace que a pesar de que son los que tienen el mayor ingreso per cápita tienen la menor sobrevida en Chile», explica a la AFP.

– Sacrificar Antofagasta –

Con niveles de arsénico dentro de la norma, el foco se concentra en la contaminación que emana desde el puerto de Antofagasta, del grupo Luksic, que ocupa unas 10 hectáreas en el centro de la ciudad y que en los últimos 14 años ha transferido 35 millones de toneladas de carga.

Pese a que suscribió un Acuerdo de Producción Limpia, en octubre la justicia lo condenó por contaminación y lo multó con 1,3 millones de dólares, ordenándole, además, limpiar la zona aledaña al puerto. Pero no cesó sus funciones.

«Prefieren sacrificar Antofagasta y evitar que Chile deje de ganar dinero», dice a la AFP Ricardo Díaz, del movimiento Este polvo te mata, que exige trasladar el puerto a una zona alejada de la ciudad.

Pese a la comprobada presencia de metales pesados en este polvo, las autoridades llamaron a la calma, afirmando que las poblaciones más expuestas tienen niveles de contaminación bajo la norma, ya que al tratarse de metales pesados no es respirable y debe ingerirse para una intoxicación.

A fines de 2015, a 243 niños de jardines infantiles y colegios cercanos al puerto se les midió su nivel de plomo en sangre. El 99,2% arrojó valores bajo los 5 ug/dl (microgramos en decilitro de sangre), en línea con recomendaciones internacionales.

Pero el Colegio Médico de Antofagasta cuestionó los resultados y exigió nuevas mediciones para medir los metales acumulados. Desconfiada de los resultados oficiales, Jaqueline Jiménez le realizó exámenes de pelo en el extranjero a sus hijos, que arrojaron altas concentraciones de metales.

La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, exige por su parte «hacer obligatorio el análisis a los niños a partir del año de vida hasta los 6 años de edad para determinar anualmente el daño que pueda tener la población», según declaró a la AFP.

Y si bien expertos avalan a las autoridades chilenas, alertan sobre la necesidad de reducir a un mínimo la exposición de niños ante la incertidumbre de sus interacciones en el futuro.

Fuente:http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/8359032/05/17/Cancer-y-contaminacion-por-metales-la-otra-cara-de-la-mineria-en-Chile.html

La historia de la vida en el planeta nace hace miles de millones de años, y las cosas como las conocemos hoy, nuestro sistema solar, son parte de procesos de creación  y destrucción. Somos el inicio de la muerte de una estrella y la gran fuerza que domina el universo es la gravedad.

Autoridades de la región de Coquimbo rechazaron presiones para influenciar su voto negativo al proyecto minero Dominga.

El principal sindicado por éstas, el intendente Claudio Ibáñez, recalcó que no estaban obligados a aprobar el proyecto tras la recomendación de sí hacerlo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Además de Ibáñez, los seremis de Energía, Marcelo Salazar y Oscar Pereira, fundamentaron su rechazo debido a que la evaluación realizada por el SEA no consideró las externalidades marítimas.

No obstante, el UDI Sergio Gahona, indicó que las respuestas no dejan claro si se ejercieron presiones y que las respuestas no aclaran la situación.

El proyecto tendrá una nueva oportunidad de ser analizado por el Comité de Ministros, si se acepta el recurso presentando por la minera Andes Iron.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/05/09/intendente-de-coquimbo-niega-presiones-tras-rechazar-proyecto-minero-dominga.shtml

El lunes recién pasado, en reunión realizada entre habitantes del Valle del Elqui y la empresa Barrick Gold, donde se realizó una intervención de protesta contra la empresa y su proyecto Alturas, resultaron dos personas arbitrariamente detenidas por Carabineros.

En los últimos 10 años, la perspectiva de un derecho ambiental que reconozca la naturaleza como sujeto de derecho se ha instalado en la esfera global. Aparece en un contexto de degradación ambiental avanzada ocasionada por modos de producción y consumo que nunca han considerado los límites naturales. Paralelamente, desde finales de los años 1970, se ha ido forjando una nueva conciencia ambiental, una nueva ética que asume que debemos cambiar imperativamente las formas actuales de relación entre humanidad y naturaleza.

Pensar los Derechos de la Naturaleza en el Antropoceno

En la esfera jurídica, los tratados y las convenciones ambientales internacionales suelen ser el resultado de largas negociaciones que conducen a normas no vinculantes y/o cuasi legales, de tal manera que su aplicación e impacto no siempre resulta clara. A nivel nacional, muchos países han reconocido el “derecho a vivir en un ambiente sano”, derivado del primer principio de la Declaración de Estocolmo en 1972 [1]; y han ampliado su cuerpo legal para la protección del medio ambiente [2]. Sin embargo, concretamente, esta extensión del cuerpo legal no ha permitido frenar la crisis ambiental.

La pregunta que deriva de estas observaciones es si no resulta necesario y urgente reconsiderar nuestra organización social en el antropoceno. Esta columna de opinión parte del supuesto de que nuestros actuales sistemas de gobierno, así como también la moral y la ética societal, no protegen adecuadamente la naturaleza de la que somos parte. Dado la separación histórica entre “la cultura” y “la naturaleza”, entre la sociedad y el medio ambiente, no hemos sido capaces de construir una fuerte ética de la naturaleza y las barreras contra la destrucción generalizada de la naturaleza son insuficientes y débiles frente a una fuerte tendencia a valorar el desarrollo (crecimiento) económico y el bienestar humano a corto plazo, sin inscribirlo en los metabolismos socio-ambientales globales.

Durante el primer decenio del siglo XXI, aparece con más fuerza la idea de que el derecho a vivir en un ambiente sano no se puede alcanzar sin asegurar derechos al medio ambiente mismo. Algunos movimientos sociales incluyen la idea de otorgar Derechos fundamentales a la Naturaleza en sus repertorios, asumiendo que el ser humano es una especie entre otras que participa, de manera interdependiente, al ecosistema global. Esta idea no es nueva a pesar de que se hace más visible y notable en los últimos 10 años. Entre los antecedentes relacionados a la idea de reconocer Derechos a la Naturaleza podemos mencionar las matrices culturales de los pueblos autóctonos en varias partes del mundo que otorgan, desde miles de años, alma, vida y respeto a todos los elementos bióticos y abióticos, la acción legal y texto fundacional de Christopher Stone (“Should trees have standing – toward legal rights for natural objects” en 1972), En 1973 en Chile, las propuestas de Godofredo Stutzin (fundador de CODEFF), entre otros antecedentes; pero sobre todo la adopción de la nueva Constitución de Ecuador en 2008 que consagra Derechos para la Naturaleza (primer país en el mundo en reconocer formalmente los Derechos de la Naturaleza y establecer una Constitución Biocéntrica), seguido por Bolivia que decreta la ley de derechos de la Pacha Mama en 2012, y más recientemente, en 2017 el acuerdo en nueva Zelanda para reconocer derechos al rio Whanganui y la comunidad Whanganui como su administrador legal, y en India la consagración de derechos iguales a los Derechos Humanos a los rio Ganga y Yamuna.

Estas propuestas (no exhaustivas) transforman radicalmente la idea de naturaleza como propiedad y abren la vía para pensar la naturaleza como sujeto de derecho. Sin embargo, han sido marginadas de los debates mundiales sobre calidad de vida, dignidad u otros objetivos del desarrollo sostenible. ¿Por qué?

Las dificultades de transición hacía la sustentabilidad socio-ambiental

Se puede encontrar un primer elemento de respuesta en la tensión entre el movimiento ecologista y los defensores del humanismo moderno. La reivindicación de Derechos para la Naturaleza no es parte del repertorio clásico de movimientos altermundialistas de finales de los años 1990 y principios de 2000. Según estas oposiciones, reactivar una suerte de holismo pre-moderno reinscribiría al hombre en un orden natural, contrario al humanismo de los Derechos Humanos. Así, estigmatizado durante muchos años por su crítica a la modernidad, el ecologismo ha sido marginado de los debates humanista y altermundialista hasta la XV Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático en Copenhague en 2009 en la que estos movimientos se acercan y fusionan.

Podemos encontrar otro elemento de respuesta en las pretensiones universalistas de los modelos de desarrollo occidentales. Como lo hemos visto, esta propuesta de los Derechos de la Naturaleza no aparece de la nada y saca sus raíces de los movimientos ecologistas y postcolonialistas y en ciertas aplicaciones prácticas en países del “Sur Global”. El hecho que la reivindicación provenga de países dichos “subdesarrollados” o del “Sur Global” introduce claras contradicciones con la idea de una emulación universal del “Norte Global”. Más aún, aparece incómodo para el pensamiento occidental, que se autoproclama como la imagen misma del progreso y de la ética universal, asumir que los pueblos designados por las ciencias sociales occidentales como “primitivos” sean detentores de una verdad ecológica que pretende asegurar la capacidad de sobrevivencia en el antropoceno, cuando la modernidad eurocéntrica está amenazada de desaparecer.

Los opositores al proyecto de los Derechos de la Naturaleza han afirmado que sólo los seres humanos pueden ser agentes morales y la naturaleza sería incapaz de reclamar sus propios derechos y por lo tanto no debe ser un sujeto de la ley. Y sin embargo, desde un punto de vista técnico, el derecho moderno no impide la constitución de la naturaleza como sujeto de derecho. De hecho, los niños recién nacidos tienen derechos, cuando no pueden reclamar sus derechos. Del mismo modo la doctrina legal corporativa otorgan personalidad jurídica a las empresas como si tuvieran vida. Así, el derecho es un mero instrumento legal y moral de protección. El problema no viene de ahí. De hecho, la propuesta de los Derechos de la Naturaleza se justifica sin mayores dificultades a nivel pragmático.

En realidad, las críticas y los opositores no tienen que ver con este nivel pragmático sino con el hecho de que la propuesta biocéntrica de Derechos de la Naturaleza se percibe como profundamente antagónica con la democracia liberal y la economía capitalista de mercado. Hemos señalado las sospechas al proyecto supuestamente reaccionario de los ecologistas. De hecho, es contra la idea de una naturaleza completamente instrumentalizable que se levanta la idea de Derechos de la Naturaleza, como obligación de respetar a lo no-humano.

Siguiendo Stutzin (1984), “El reconocimiento de los derechos de la naturaleza, lejos de atentar contra los derechos de los seres humanos, constituye una garantía de que estos derechos sean apreciados en su verdadero significado y alcance y de que sean debidamente resguardados ante las presiones ejercidas por una tecnocracia deshumanizada”. En este sentido, el humanismo de los defensores de los Derechos de la Naturaleza parte de la premisa que el mundo no puede ser humano si no otorga dignidad a los seres (bióticos) y elementos (abióticos) de la naturaleza, y menos si sus vínculos se fundan en una relación de barbarie, explotación e imperialismo ecológico.

[1] “El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.”

[2] Muchas veces más bien para asegurar la salud pública que para proteger la naturaleza por su valor intrínseco. Por ejemplo, como sucedió con el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de Ozono.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2017/05/08/los-derechos-de-la-naturaleza-un-alegato-por-la-vida/

Andacollo es una localidad ubicada en la provincia de Elqui, en la IV Región de Coquimbo, con una población estimada según proyecciones anteriores en más de diez mil habitantes. Con una historia preexistente a la república y a la hispánica, con antecedentes que revelan a un territorio con lugares  de gran significancia cultural y espiritual de tipo ancestral inmemorial, donde predomina la figura de la Virgen del Rosario de Andacollo, instaurada por la corona española y la Iglesia en periodos de la inquisición, manteniéndose la tradición de una masiva fiesta religiosa hasta el día de hoy, donde asisten decenas de miles de pelegrinos anualmente.

Andacollo además de cultura y tradición, también se ha caracterizado por la pequeña minería, esa para la subsistencia, en medio de uno de los cielos más expeditos para la astronomía y las rutas para el turismo estelar con un observatorio propio, siendo parte importante en la denominada “ruta de las estrellas”, sin embargo,  a esta prospera realidad, contrasta uno de los episodios más atroces causados por el extractivismo minero y la sobre explotación industrial,  con graves daños al territorio y su población, quienes literalmente viven sumergidos en los yacimientos mineros, colindando con las zonas de explotación,  en medio de múltiples relaves (desechos mineros contaminados) que se han levantado prácticamente como altares de la avaricia humana y la depredación de la naturaleza, donde el plomo, el mercurio, el arsénico, conviven diariamente con sus habitantes.

Andacollo desde el año 2009 es zona declarada “saturada”  por material particulado respirable mp10, como concentración de 24 horas y como concentración anual a la localidad y sectores aledaños y a pesar de supuestos “planes de descontaminación”,  han existido múltiples y graves episodios que se relacionan directamente con sus consecuencias: casos de niños/as intoxicados, aumento de enfermedades cardiorrespiratorias y congénitas, aumento de la mortalidad infantil en más de un 20 %,  exceso frecuente de los niveles permitidos sobre material particulado en el aire, casos de derrames con cianuro,  irregularidades en las torres de medición y un sin número de otros hechos que dan cuenta de un estado de depravación minera a lo que vecinos de Andacollo denominan “producción con sangre”, actividad que no merma por parte de dos empresas canadienses (TECK y Dayton) y que ante intentos de denuncia y protesta, buscan ser silenciadas por el dinero y/o la censura.

A continuación, sobre estos hechos, las palabras de:

–          Elvis Ruiz, Presidente de la Agrupación medio ambiental y desarrollo comunal de Andacollo, CMA

–          Carmen Jofré Vicentelo, Presidenta de la Junta de Vecinos de la población Chepiquilla de Andacollo

–          Javier Cifuentes, integrante de CMA y concejal en la comuna de Adacollo

–          Luis Pouchocq, director investigación de CODECIAM y académico de la UTEM

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Fuente: Mapuexpress

Este sábado diversas organizaciones territoriales desde Atacama hasta Chiloé se reunieron en Concepción en el Quinto Encuentro anual por la Defensa del Agua y los Territorios, donde discutieron cómo coordinar y fortalecer sus luchas frente a la multitud de iniciativas que buscan convertir en mercancía bienes comunes imprescindibles para la vida humana. Luego de las conversaciones y el establecimiento de acuerdos, unas tres mil personas marcharon por el centro penquista, visibilizando cada una de sus preocupaciones y anunciando el comienzo de un nuevo ciclo, donde, con una organización más nutrida, esperan responder con mayor eficacia a los embates del empresariado.

Este mismo día se cumplieron 8 meses desde que se encontró sin vida a Macarena Valdés, de quien se presume fue víctima de sicarios que actuaron bajo órdenes de los interesados en la instalación de ocho centrales hidroeléctricas en las cercanías de Panguipulli, Región de los Ríos. Macarena junto a su compañero, Rubén Collío, habían hecho una persistente oposición al emplazamiento de estos proyectos, exigiendo que se aplicara una Consulta Indígena a la población directamente afectada y denunciando las arbitrariedades de la empresa RPGlobal. Sin embargo, estas acciones tuvieron una interrupción trágica cuando sus familiares la encontraron muerta el 22 de agosto de 2016. Lo ocurrido desde esa fecha hasta ahora está marcado por la negativa del poder judicial a colocar a disposición todos los medios para esclarecer este hecho, manteniéndose impune.

En el transcurso de la marcha, conversamos con representantes de algunas organizaciones presentes, quienes nos actualizaron respecto a lo ocurrido en sus territorios y respecto a sus luchas. Aquí está el registro de sus afirmaciones:

Michel Donoso, miembro de la Coordinadora de Defensa de los Territorios, plantea que el propósito del Movimiento es levantar una propuesta de forma de vida distinta a la impuesta por este sistema. “Podemos decir que no tenemos ninguna decisión sobre cuáles son los proyectos energéticos existentes en nuestro territorio; respecto a la alimentación tampoco tenemos control, no podemos decidir si queremos tener alimentos orgánicos o no; por lo que pudimos ver durante los recientes incendios, el tema de las forestales urge, pues estamos arriesgando nuestra vida y eso lo pudimos ver este verano; el agua es imprescindible y seguimos siendo uno de los pocos países que tenemos privatizada el agua; también debemos abordar la lucha por una salud integral, lo que incluye un ambiente sano”.

Lucio Cuenca, miembro de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales [OLCA], afirma que se ha ido extendiendo el reconocimiento de la necesidad de decidir qué se hace en cada uno de los territorios y sobre los límites a los cuales se puede llegar respecto al uso de los ecosistemas. Además planteó que esta instancia se ha mostrado una convergencia en cuanto a esta preocupación y a entender que las amenazas y las fuentes de los daños son transversales, y, en este sentido, lo que se acordó para el resto del año, es estratégico.

Patricio Cavieres de Agua y Soberanía de Puente Alto, Región Metropolitana, involucrada en la lucha por detener el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, denuncia el evidente contubernio entre la clase política y el empresariado interesado en el funcionamiento de éste, de cual se ha reconocido que ha sido aprobado bajo condiciones fraudulentas, desoyendo sus nefastas consecuencias para la salud de la población santiaguina.

Lautaro López del Movimiento Salud para Todos, asevera que el modelo privatizador de los servicios sanitarios ha devenido en una precarización progresiva de la salud pública y una inmensa acumulación de utilidades por parte de quienes hacen negocio en este rubro. Esto debe enfrentarse con una propuesta que permita sumar a la comunidad a una lucha por acceder, de forma integral, a condiciones de salud.

Angélica Maripil de la comunidad Cauñicú y Los Chenkes, expresa que están enfrentándose a la ocupación realizada por la industria forestal y los intentos de instalación de centrales hidroeléctricas en el cajón del río Queuco. Explica que la defensa de su territorio es imprescindible para seguir habitándolo y en consecuencia lucharán para para ello.

Lucía Sepúlveda de la Red de Acción contra los Plaguicidas, expone que la posibilidad de acceder a alimentos sanos y seguros, no va a poder ser realidad en tanto la industria agrícola y forestal siga teniendo el poder que ostenta y el agua siga en manos de privados. Denuncia que en Paine, la transnacional Monsanto busca construir una planta de semillas transgénicas lo cual representa una nueva amenaza ambiental, fundamentalmente, por el uso de cuantiosas dosis de agrotóxicos, como el glifosato, del cual se ha reconocido sus nocivos efectos en los organismos vivos. Hasta ahora, plantea Lucía, el Estado chileno no ha posibilitado realizar una consulta ciudadana donde la comunidad pueda presentar sus observaciones al proyecto, por cual a ésta no le cabe otra alternativa que movilizarse en su propia defensa.

María Cecilia Bartolín de Antimafia Chile y miembro de Chile mejor sin TPP, afirma que el inicio del gobierno de Trump representó, entre otras cosas, el comienzo de una serie de gestiones orientadas a modificar las condiciones de los tratados bilaterales con EE.UU., buscando mejores condiciones para el empresariado de tal país. También se busca aprobar el TISA [Acuerdo sobre el Comercio de Servicios entre Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Nueva Zelandia, Noruega, Paquistán, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía, Unión Europea y Panamá], que extremará la pauperización a la cual está sometida la sociedad chilena y de otras naciones.

Sara Antulaf de la Coordinadora de Defensa de los Territorios se refirió a las catastróficas repercusiones de la expansión del negocio forestal en la Región, donde muchas comunidades han perdido las condiciones de habitabilidad de sus territorios, debiendo depender, ahora, de empleos precarios y de la asistencia de camiones aljibe (convertidos en un negocio sin regulación alguna), reproduciendo su pobreza.

Edison Neira, vocero de la Coordinadora Penco Lirquén, expuso que el proyecto Octopus se ha retrotraído luego que la Corte Suprema reconociera la ilegalidad de su Resolución de Calificación Ambiental, sin embargo la empresa persistirá buscando su aprobación definitiva, por cuanto la comunidad de la provincia de Concepción y Bulnes debe estar alerta.

Alejandro Campana y Mario González de la Coordinadora Territorial Barrio Norte, plantean que el río Andalién y las siete lagunas situadas en Concepción sufren una contaminación extrema producto de la permisividad de las instituciones públicas al empresariado inmobiliario y de otros rubros, permitiendo la progresiva degradación de estos ecosistemas. Denuncian que los estudios hechos en torno a estos ecosistemas no muestran antecedentes nuevos y tienen el propósito de pagar favores políticos.

Gabriela Torres de Triagrama afirma que los usuarios y cultivadores de marihuana han logrado establecer en la jurisprudencia chilena que su cultivo es legal para uso personal, sin embargo falta que se exprese en la práctica, pues se sigue criminalizado a quienes cultivan. Recientemente han interpuesto Recursos de Amparo en Concepción y Santiago, y próximamente en otras ciudades, donde se exigirá al Estado que los usuarios y cultivadores sean protegidos del actuar de la policía, pues la soberanía personal no puede ser transgredida por el Estado.

Fuente:https://resumen.cl/2017/04/fotos-y-audios-encuentro-anual-por-la-defensa-del-agua-y-los-territorios/

10 de Junio del 2014/ SANTIAGO
Una joven muestra una pancarta a un costado del Ministerio de Medio Ambiente durante la reunión del Comité de Ministros, llevado a cabo en la calle San Martín, que analizará el futuro del proyecto de Hidroaysén
FOTO:JUAN GONZALEZ/ AGENCIAUNO

Según un análisis del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (Cnid), organismo asesor de la Presidencia de la República, Chile es uno de los países del mundo con más conflictos ambientales por habitantes.

Según consigna este sábado La Tercera, desde el organismo, que entre otras misiones identifica las principales trabas para el desarrollo del país, señalan que Chile ocupa el lugar doce en el Atlas de la Justicia Ambiental (EJA, sus siglas en inglés), con 46 conflictos, pero que sube al quinto puesto si la cifra se analiza por número de habitantes.

En nuestro país, la mayoría de los conflictos están vinculados al agua. Según el medio, “la preocupación por el agua, llevó al Cnid a encargar una investigación sobre los conflictos ambientales relacionados con este recurso desde 1998 (un año después de la puesta en marcha del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) hasta 2015. El estudio detectó que 49 megaproyectos, cuyas inversiones superan los US$ 100 millones, han estado o están envueltos en controversias desde la década de 1990“.

El informe agrega que de las 28 iniciativas energéticas en conflicto, 17 corresponden a centrales termoeléctricas, 10 a centrales hidroeléctricas y un proyecto eólico, entre las que figuran los casos de la planta de celulosa de Nueva Aldea, Alto Maipo, Pascua Lama e HidroAysén, entre otros, que demandan altas cantidades de agua para sus procesos productivos o la generación de energía.

El reclamo al derecho de la participación ciudadana y la consulta indígena, la solicitud de incorporar el conocimiento de los habitantes del territorio, la demanda por ordenamiento territorial, y la localización de proyectos en el borde costero, son las principales causas de los conflictos analizados, según el estudio.

India y Colombia, liderando el ranking

Entre los países con más conflictos ambientales figuran India (246 conflictos), Colombia (121) y Brasil (83), de un total de  2.081 existentes en el planeta, según el listado, coordinado por expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2017/04/22/alto-maipo-pascua-lama-nueva-aldea-e-hidroaysen-chile-entre-los-paises-con-mas-conflictos-ambientales-del-mundo/

La minera cuprífera China.Co busca, por tercera vez, agrandar su planta instalada en la localidad de Pejerreyes construyendo un depósito de relaves con una capacidad de 1.734.265 metros cúbicos. Según los vecinos que se oponen al proyecto, la extensión se emplazaría al lado de sus casas y traería un sinnúmero de efectos colaterales: contaminación; lluvia ácida y daños a la flora y fauna local.

Este sábado 8 de abril, la comunidad se reunió por primera vez con representantes de la empresa minera y con el Servicio de Evaluación Ambiental, bajo el Proceso de Participación Ciudadana, amparado en el Decreto 40/2012 y la Ley 19.300.

Según informan vecinos de la localidad, y donde algunas situaciones constan en un video registrado por Limarí Televisión, la reunión no finalizó en buenos términos: Belisario Gallardo, ingeniero en minas y quien actuó como vocero del proyecto técnico habría empujado a Clara Herrera a la salida de la reunión, quien vestía una polera con la consigna “No a la Minera China”. Posteriormente, debió ser sacado del lugar, visiblemente molesto por lo acontecido. Una vez afuera, los asistentes reaccionaron molestos por su agresión contra Herrera- entre esos un vecino le dio otro empujón.

Fernando Elorza Retamal, presidente de la Junta de Vecinos, se percató de la situación y fue a comentarla frente a la cámara del canal local, ante lo cual Gallardo le insinuó un ofrecimiento de dinero que consta en el video. “Me mostró la billetera, gestualizando como que me iba a pagar, si quería plata”, denunció.

Tras el lamentable desenlace de la primera reunión del Proceso de Participación Ciudadana, ahora la comunidad de Pejerreyes tiene hasta el 27 de abril para enviar sus indicaciones por escrito al SEA. Por su parte, la Municipalidad de Ovalle solicitó otra reunión para dar a conocer los posibles impactos y contaminación que podría generar el proyecto para la ciudad, dada su ubicación en una de las principales subcuencas hidrográfica de la comuna.

Fuente:http://www.eldesconcierto.cl/2017/04/11/vocero-de-minera-ofrece-dinero-para-chantajear-a-dirigente-vecinal-de-limari-que-se-opone-a-instalacion-de-relaves/

A 30 kilómetros de Ovalle, en la carretera que una dicha ciudad con La Serena, existe una pequeña comunidad que actualmente enfrenta un complejo conflicto. Se trata de la localidad de Pejerreyes, que convive desde 2013 con la empresa minera “China Co”, planta minera de procesamiento de cobre.

Mensualmente la empresa trabaja con 4.800 toneladas de material bruto, aunque pretenden ampliar el proyecto minero para alcanzar las 60 mil toneladas. Esta iniciativa llevó a los vecinos de la zona a rechazar la iniciativa debido a los altos niveles tóxicos de los residuos, que amenaza con la salud de la comunidad y la amplia biodiversidad de la provincia.

El presidente de la Junta Vecinal de Pejerreyes, Fernando Elorza Retamal, señaló que el impacto de esta situación es grave, considerando la extracción de agua que realiza la compañía en medio de la sequía que azota a la zona.

“El impacto para la comunidad sería la muerte. Pejerreyes desaparece, tendríamos que cerrar nuestras casas e irnos de acá”, advirtió.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, destacó el incentivo al empleo que realiza la empresa, aunque criticó el deterioro en la vida social del proyecto. “Nos están engañando a todos”, criticó.

Luego de reuniones con el Servicio de Evaluación Ambiental y representantes de la firma cuprífera, la Junta Vecinal -que agrupa a 300 familias- tiene hasta el próximo jueves 27 de abril -cuando culmina la Participación Ciudadana- para enviar los descargos a la entidad medioambiental.

Fuente:http://